LA HORA DE LA VERDAD Interesante la entrevista que sostuvo el secretario general del SME, con el maestro y conductor del programa “Plaza Pública” Miguel Ángel Granados Chapa en Radio UNAM. Martin Esparza demostró una vez más que pese a la supuesta constitucionalidad del decreto declarada por la SCJN, en lo que se refiere en materia administrativa el calderonato no cumplió con el procedimiento requerido, por lo cual dicho acto administrativo de decreto de extinción carece de la legalidad correspondiente. La cámara de diputados creo en 1994 la Ley de Procedimientos Administrativos con el fin de garantizar que todos los actos de los servidores públicos (entre ellos los decretos ) tenga la legalidad y la transparencia respectiva. Esta ley establece que deberá existir una Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) que tiene con finalidad que la regulación (normas o reglamentos tendientes a garantizar que el funcionamiento de la propia administración pública sea eficiente en sus actos y en su actuación) genere mayores beneficios que costos y el máximo beneficio para la sociedad.

Dice la norma correspondiente (Ley Federal de Procedimientos Administrativos, en su art. 8) que el acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso. Además el art 10 de la mencionada norma dice que si “el acto administrativo requiere de la aprobación de órganos o autoridades distintos del que lo emita, de conformidad a las disposiciones legales aplicables, se declara ineficaz hasta en tanto aquella no se produzca”.

La citada ley en su artículo 69 H establece que para cualquier acto administrativo (decreto de extinción) debe haber un anteproyecto respectivo, el cual debe ser presentado a esta comisión ( COFEMER ) con el fin de esta revise desde el punto de vista del interés nacional cuál sería el beneficio para la población la aplicación de este acto. Lo paradójico es que mientras el calderonato ha mencionado una y mil veces que la extinción de LFC lo hizo con legalidad, en el litigio que se lleva por este concepto, no hay prueba alguna que esta comisión haya recibido tal anteproyecto, es mas el gobierno alega que nunca lo realizo. La propia ley declara que una entidad paraestatal puede “eximirse” de este requisito únicamente cuando no implique costos para los particulares. Tal caso no es aplicable a la extinción de LFC.

Lo más importante de todo esto es que la citada ley exige a la COMEFER debe realizar su estudio 30 días antes de realizar el acto (decreto de extinción), lo cual nunca ocurrió. Este es un frente legal que tiene el SME para demostrar que no se cumplió con la formalidad requerida y cabe señalar que este juicio está a punto de sostener la audiencia de resolución en los tribunales de amparo en materia administrativa. Una vez más queda comprobado que el calderonato procedió ilegalmente a la supuesta extinción de LFC.

Además los frentes que tiene el movimiento electricista para una solución al conflicto generado por el “chaparrito y peloncito” el día 10 de octubre del 2009 y que a decir del maestro Antonio Almazan “nos robo el empleo, y les destruyo sueños, planes y

proyectos de vida, ilusiones, modos de vida, generando esa secuela de males, padecimientos y enfermedades que la Teoría Social asocia con el desempleo” son tres en si: el camino jurídico, en el cual se encuentra la demanda por despido injustificado la cual se encuentra actualmente en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, siendo esta etapa muy importante ya que ahí las partes aportaran sus pruebas sobre si el despido fue injustificado o no, esta etapa como sabemos la ha enlodado Lozano a través de la seudo presidenta de la junta Federal, con la finalidad de desgastar el movimiento, generar la desesperación del trabajador y que opte por su finiquito espurio.

Cabe mencionar que estas tácticas son usuales en todos estos juicios laborales, a fin de que el o los trabajadores se desistan, por ello no debe sorprendernos y más aun siendo el caso del SME que todo el aparato este en contra de nosotros. Considero que ante la mayor lentitud y artimañas (hechas y por hacer) que utilizara el pianista y su aprendiz de jueza para desesperar a los compañeros menos adoctrinados es con el único fin de ganar tiempo y tratar de desincorporar a más compañeros de la lucha que sostenemos.

Todavía faltaría cuando menos la audiencia de desahogo de pruebas y la audiencia de resolución y considerando lo “burocrático” que es dicha junta, estimo según mi percepción y los antecedentes al respecto que el laudo vendría en un periodo mínimo de año y medio a dos años aproximadamente. Esto como pueden analizar es un periodo largo relativamente (hay juicios que se llevan entre siete a nueve años) y sobre todo que sabemos que tenemos la razón jurídica y no tienen para donde hacerse. Opino que en materia jurídica (esta es una opinión muy personal) que la demanda por despido injustificado y patrón sustituto seria más sano y por la garantía de éxito que tendríamos que fuera dictamina después de que el espurio, el lozasno y la supuesta jueza estén fuera, o sea cuando se acabe este sexenio de marras. Lo justifico debido a que una resolución en estos momentos podría ser política más que jurídica en contra del SME, por el secuestro de la junta que tiene el pianista y aunque tengamos la razón, este tratara por todos los medios de negárnosla, a diferencia de que con otro gobierno (sobre todo si fuera progresista), podría dictar sentencia “histórica” a favor de la legalidad y del derecho.

El despido injustificado no es posible evitarlo, ya que nunca se nos aviso mediante un documento oficial la razón de no seguir laborando, antes del decreto. Tampoco lo realizo la junta por algún medio antes o después del decreto. Fueron los medios de información los que nos “informaron”, además fuimos impedidos de poder realizar nuestras laborales, al momento de que la PFP, el ejército y la marina impidieron que entráramos a las instalaciones. Por eso y por mucho más la tenemos ganada y por ello también el gobierno la hace cansada en dar una resolución. Quieren que seamos los “menos” y entre menos seamos mejor para ellos.

Sea como sea el laudo, recordemos que todavía el SME y el mismo gobierno tienen el derecho a presentar un amparo ante un juez de distrito, el cual estudiara el caso y dictara sentencia, a su vez cada parte tiene el derecho del recurso de reconsideración (lo que nosotros entendemos como apelación) ante un tribunal del circuito, el cual puede estudiar el caso y también dictar sentencia, por ultimo puede

llegar a la SCJN la cual es la última instancia y a diferencia del caso de la constitucionalidad del decreto, ahí tendrá que dictar sentencia al movimiento electricista. Como ven este es un proceso tardado y que requerirá de años su solución. Pero sabemos que el triunfo está asegurado y lo justifico de la siguiente manera: además de las pruebas contundentes sobre sustitución patronal, la propia clausula del CCT (Cl. 115) evidencian que existe la materia de trabajo que es el servicio público de energía eléctrica y que ni el supuesto alegato de “comodato” (en si es un traspaso de bienes, esto regulado por el propio CCT) podrá impedir que nos dé la razón. Lo complicado del asunto es que se vaticina que serán “pocos” los que lleguen hasta esa resolución. Y sobre todo si el gobierno ejerce una política de liquidaciones, reinserciones en cooperativas etc. a fin de que en lo individual retiremos la demanda y con ello indemnizar y reinstalar a la menor cantidad posible de gente.

Para los liquidados la suerte es todavía más complicada que para los compañeros en resistencia. Ellos tendrán que seguir el mismo procedimiento que mencione líneas arriba y no podrán “adelantar” sus juicios como el nefasto de Sánchez quiere hacerles creer a sus pocos seguidores. Todo juicio de ellos va a posteriori de nosotros y con diferente resultado. El bono tan cacareado por el espurio fue dado como “compensación de despido injustificado” con el afán de que la menor cantidad de trabajadores realizaran demandas.

A los supuestos “liquidados” se les dirá en sus audiencias respectivas que “hubo agravio, pero fueron compensados satisfactoriamente por el acto reclamado”. Un decreto seudopresidencial, no quita las garantías laborales de un trabajador, pero el objetivo del gobierno (del actual y probablemente del que venga) será impedir que la mayor cantidad de trabajadores posibles sea REINSTALADOS. Para ello hay diversas formas de impedir que los laudos que seguramente serán ganados surtan efecto para los agraviados, una de ellas dándole un mayor monto de indemnización, otra reincorporándolo a otra actividad etc. Esto solo para la gente que demando y está liquidado. Solo con paciencia y terquedad un “liquidado”, que haya demandado, que resista las dadivas del gobierno y con un todo el “vía crucis” podrá reinstalarse.

Menciono todo esto por las dudas que algunos compañeros me han manifestado en este aspecto y que trato de aclarar en estas líneas, ante ello los invito una vez más a mantener la unidad de esta lucha y como lo menciono nuestro secretario general, no vamos a ir por migajas, no vamos a ir por contratos de tres meses sin estabilidad laboral y sin antigüedad, no vamos por cooperativas o empresas contratistas que ya fracasaron (e incluso por hacer dichas cooperativas muchos excompañeros ya perdieron toda su indemnización) al preferir y favorecer a otras empresas trasnacionales para la adjudicación de los trabajos que realizan dignamente los electricistas del SME. Conclusión de este punto, la razón nos asiste y tiempo nos ha dado la razón, el camino jurídico es el más dilatado, pero el más efectivo, tenemos que transitar por él, porque es una vía de solución.

La otra vía es la de impulsar mediante el congreso la iniciativa de reforma a la Ley de servicio público de energía eléctrica y establecer que para la prestación en el país de la energía eléctrica es necesario dos empresas: CFE y una nueva que tentativamente se podría llamar Comisión de Electricidad del Centro, la cual garantizaría los trabajos

de control, supervisión y mantenimiento de las redes de transmisión y distribución de la zona central, ante la incapacidad, falta de pericia y de experiencia de la CFE y las supuestas compañías contratistas. La zona central es una de las redes eléctricas más complejas del mundo, además de tener subestaciones enlazadas a través de anillos (400, 230 y 85 kV) con distancias entre ellas cortas, y clientes importantes conectados en esos niveles de tensión (lo que dificulta mantener la estabilidad del sistema eléctrico) y si fuera poco tenemos cerca de dos mil alimentadores de distribución en media tensión que abastecen a los comercios, unidades habitacionales y centros comerciales, casa habitación y servicios de agua, gas, alumbrado público que actualmente han dejado al garete el supuesto personal de CFE. Han llegado hasta el absurdo de “tirar carga” en diversas colonias, para evitar los apagones masivos (blackout) y por ello las innumerables afectaciones del público usuario. Si no ha existido mayores repercusiones en la mala calidad del suministro se debe a que el sistema eléctrico es robusto y fue diseñado, construido y mantenido con estándares de calidad por ingenieros y técnicos miembros del SME. La CFE muestra su incapacidad y su incompetencia a tal grado, que a año y medio de tener ilegalmente las instalaciones, no pueden facturar y recuperar los adeudos de consumo de energía que millones de usuarios se han negado a pagar por su pésimo servicio.

Es por eso que el SME pugna por una nueva empresa. El camino por esta vía se facilito a raíz de la falta de respuesta sería de la Segob y su titular Blake por su actitud timorata, indiferente y pusilánime de dar una respuesta sería a la alternativa de solución que la comisión de la cámara de diputados solicito a ambas partes, aduciendo que todavía sigue en “consultas” con las dependencias del sector involucradas en el problema. Esta posición carece de toda veracidad, debido a que han tenido todo el tiempo para elaborarla, discutirla y proponerla, lo más seguro es que realmente ya la tienen, pero puede ser que presenten una muy por debajo de las pretensiones de los electricistas y es por ello que su táctica es tratar de que el SME se precipite y se salga de toda mesa de negociación.

Por eso es atinada la actitud de la dirigencia en haber mencionado ante los medios de comunicación la actitud de lentitud y de falta de solución de Segob, además de impulsar y de exigir el pronunciamiento de la Cámara de diputados sobre la solución del conflicto electricista. La oportunidad de conocer realmente si el PRI apoyara la iniciativa se verá reflejada el próximo martes 12 de abril en la comisión de energía, donde los 14 miembros del PRI que integran dicha comisión deberán manifestarse a favor o no de la iniciativa. El momento de las definiciones ha llegado y si el PRI quiere de una buena vez ayudar a la causa electricista, este día deberá hacerlo con hechos. Lo primero que deberá proceder es dictaminar a favor en esa comisión, junto con los diputados del PRD y PT (lo cual hace una mayoría calificada) y una vez hecho este procedimiento, se estará llevando al pleno para su aprobación.

Así que esperamos de la bancada del PRI una actitud responsable y de cara a la nación en el conflicto electricista, el cual ya no debe alargarse. Este camino a diferencia del jurídico, es el más rápido en llegar a la meta, por ello insisto no debemos desesperarnos ya que los pasos deben ser pocos pero concisos y debemos estará alerta de cualquier cambio de actitud del mismo gobierno, que viéndose en la encrucijada puede mostrar otro rostro y poder darnos una alternativa de solución. Así

que la vía de la Segob no debemos descartarla del todo, sobre todo conociendo el pragmatismo de la clase política y de los contextos que se vayan realizando.

En Resumen, compañero no te liquides, tenemos varias vías de solución: la jurídica, que es la más viable, pero la más dilatada de todas, la vía del congreso con la expedición de la nueva empresa, esa es la más inmediata, pero tiene la desventaja que dependemos de un partido (PRI) el cual siempre ha mostrado un mismo rostro igual al PAN, pero que por pragmatismo y contextos electorales puede darle un puntapié a su aliado histórico.

La ultima y la menos probable (hasta este momento) es la que pueda dar el gobierno y sin bien el SME se ha retirado de la mesa de Segob por la notoria displicencia y tardanza de supuestamente dar solución al conflicto por parte del calderonato, no la debemos de descartar del todo.

Sea rápido o bien que lleve su tiempo, la razón jurídica, histórica, social y política nos asiste. Hemos visto de lo que es capaz este gobierno espurio e ilegitimo por prevalecer a costa de los demás. La mentira, los supuestos ofrecimientos, la falta de oportunidades son lo que te puede ofrecer el calderonato. Veamos cómo se encuentran los excompañeros liquidados y como estamos nosotros y saquemos nuestras propias conclusiones.

Lo único que te puedo decir es que la victoria está más cerca de lo que te imaginas.

Saludos a tod@s.