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Historia y Región 1, año I, Octubre 2013: 131-150

LA REVOLUCIÓN APRISTA DE TRUJILLO. IMPACTO EN LA

SOCIEDAD TRUJILLANA: 1932

Enma Vásquez Yupanqui

[email protected]

RESUMEN

Durante la década de 1930, en el Perú se originaron cambios en la política. Para las

elecciones de 1931 surgen dos organizaciones políticas, la cuales polarizaran la

escena: el APRA, y su líder Víctor Raúl Haya de la Torre, y la Unión Revolucionaria

encabezada por el presidente Luis Sánchez Cerro. Entre ambas organizaciones se

produjo un enfrentamiento extremo, cuyo momento de mayor intensidad se expresó

en la revolución de Trujillo. En 1932 Trujillo se convierte en el escenario de una

revolución, con múltiples consecuencias desde el plano político- legal, económico,

social y demográfico. Por otro lado, al ser el Apra el principal protagonista de este

suceso, afronta consecuencias más severas, como su paso a la clandestinidad.

PALABRAS CLAVES: APRA, Unión Revolucionaria, Luis Sánchez Cerro, Víctor Raúl

Haya de la Torre, Revolución de Trujillo 1932.

ABSTRACT

During the 1930s, Perú experienced policy changes. For the 1931 elections there are

two political organizations, which polarized the scene: APRA, and its leader Victor

Raul Haya de la Torre, and the Revolutionary Union, headed by the President Luis

Sanchez Cerro. Between both organizations there was a confrontation, whose peak

intensity is expressed in the revolution of Trujillo. In 1932 Trujillo becomes the scene

of a revolution, with multiple consequences from the political-legal, economic, social

and demographic. On the other hand, being the Apra the main protagonist of this

event, facing more severe consequences, as was his way underground.

KEY WORDS: APRA, Revolutionary Union, Luis Sánchez Cerro, Víctor Raúl Haya

de la Torre, Trujillo Revolution 1932.

Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Trujillo.

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INTRODUCCIÓN

Antecedentes político-económicos

urante la década de 1930, en el Perú se originaron políticamente grandes

cambios. Con las elecciones de 1931 se produjo una nueva forma de hacer

política: las masas se convirtieron en actores protagónicos que, mediante su

accionar, pudieron alteraron una determinada correlación política.

Bajo este contexto, son dos las organizaciones que polarizaron la escena

político-social peruana: el APRA y su líder Víctor Raúl Haya de la Torre y la Unión

Revolucionaria con su líder Luis M. Sánchez Cerro, entre ambas organizaciones se

originó una serie de enfrentamiento, que abarcó desde 1931 hasta 1933.

Enfrentamientos cuyos momentos de mayor intensidad se expresó en la revolución de

Trujillo, en julio de 1932.

Los antecedentes de la revolución de Trujillo han sido estudiados por Peter

Klaren, Percy Murillo y Margarita Giesecke. De acuerdo a sus aportes, influyeron la

economía norteña y el descontento causado por el capitalismo agro-exportador, a

través de la modernización de la industria azucarera y algodonera.129

El período político comprendido entre 1919 y 1930, es llamado el “oncenio”.

Daniel Masterson lo describe como “un período de once años en que el poder político

fue concentrado en un solo hombre: ‘Leguía’.” (Masterson 2001: 54). Asimismo, este

período se caracterizó por su vinculación con el imperialismo norteamericano, por

ende, no podemos desligar la inestabilidad política del leguiísmo de la depresión

económica mundial de 1929.130

El impacto social de la depresión desestabilizó al leguiísmo, provocando toda

suerte de conspiraciones contra el gobierno, llegando a su término el 22 de agosto de

1930, con un golpe de estado dirigido por comandante Luis M. Sánchez Cerro, quien

con ayuda de la guarnición de Arequipa se convirtió en presidente temporal de una

primera Junta de Gobierno transitoria que habría de durar casi seis meses (22 de

agosto de 1931 hasta febrero de 1931). Sin embargo, esta junta de gobierno llegó a su

fin cuando el presidente Sánchez Cerro manifestó sus intenciones a ser candidato en

las elecciones, pero sin renunciar a la presidencia. Esta actitud generó en la población

gran malestar, lo que prontamente se tradujo en oposición de parte de varios grupos

129 Una fuente importante sobre la economía peruana durante la época de nuestro estudio es el libro de Rosemary Thorp – Geoffrey Bertran. 130 Más información sobre la crisis de 1929 véase en: Eric Hobsbawn (1998).

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políticos y sectores militares que hicieron público su deseo de convocar a elecciones,

en la que sólo candidatos civiles podían participar.

El 20 de febrero se produjo un intento de asalto al palacio de gobierno, así

como levantamientos en diferentes puntos del país. En Arequipa los insurrectos

proponían una junta civil, cuya presidencia recaía en David Samanez Ocampo. “El

país se vio tan convulsionado que se temía una guerra civil” (Tamariz 1945: 203).

Sánchez Cerro trató de reducir a los insurgentes. Envió una expedición al norte

y otra más numerosa al sur, al mando Gustavo Jiménez, quien debía combatir las

tropas de la II y IV divisiones que dominan el sur de la República. Sin embargo, la

expedición fue detenida por intervención de la Marina131.

Ante este clima revolucionario, a Sánchez Cerro no le quedó otra opción que

renunciar, pero al hacerlo prometió regresar para reclamar el supuesto lugar que le

correspondía en la política peruana. El comandante Jiménez se hizo cargo del

gobierno, instalándose en palacio el 05 de Marzo de 1931. Llegando al acuerdo con

los rebeldes de formar una Junta de Gobierno presidida por Samanez Ocampo.

1. LA REVOLUCIÓN DE TRUJILLO 1932

La revolución de Trujillo es uno de los episodios más importantes de la etapa que,

genéricamente, se denomina insurgencia del aprismo.

La dirección política del movimiento estaba a cargo de comité departamental

del Partido Aprista Peruano (PAP) en Trujillo, cuya Secretaría General fue asumida

por Agustín Haya de la Torre, hermano menor del líder aprista. Manuel “Búfalo”

Barreto fue el encargado de organizar a los trabajadores de las haciendas, teniendo

como colaborador a Remigio Esquivel Diestra. Entre los apristas trujillanos había un

grupo dispuesto a la acción inmediata, dirigido por Alfredo Tello Salavarría, un joven

maestro de escuela.

Según Thorndike, en Trujillo las opiniones de la jerarquía del PAP estaban

divididas respecto a la estrategia que debía seguir la revolución. Agustín Haya y gran

parte del comité ejecutivo del partido favorecían una actitud cautelosa, con

planteamiento cuidadoso y énfasis en el carácter militar del movimiento. Para ellos la

clave del éxito de la revolución era el comandante Gustavo Jiménez, de quien esperaban

pudiera atraer al movimiento al cuerpo de oficiales jóvenes (Thorndike 1980: 186-187).

131 Domingo Tamariz indica que la intervención se ejecutó por orden del comandante de escuadra Alejandro

Vinces, quien suscribió un manifiesto expresando el deseo de la Marina de evitar derramamiento de sangre y la urgente necesidad de nombrar una Junta de Gobierno bajo la jefatura del Presidente de la Corte

Suprema (1945: 2003).

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Por otra parte, Barreto y Esquivel, que reflejaban al creciente e impaciente de los

afiliados sindicales de las haciendas, pedían una acción inmediata, bajo el supuesto de

que contaba con elemento civil capaz de asumir las responsabilidades del movimiento.

Barreto, al igual que muchos de los dirigentes y militantes, temía por la seguridad de

Haya y desconfiaba de Jiménez, creía que los iba a traicionar (Murillo 1976: 215).

La revolución, planeada inicialmente para el 15 de julio, fecha en que se

tomaría por asalto el cuartel O´Donovan, se adelantó a la madrugada del 7 de julio de

1932 por decisión de Barreto, que lo consideró más oportuno por razones tácticas,

aprovechando que gran parte del contingente militar se movilizó hacia Piura. El

ataque se ejecutó por dos flancos: Tello dirigiendo a los estudiantes, trabajadores

portuarios y miembros de la Guardia Dorada por el frontis, y Barreto y sus “Tigres de

Laredo” por la parte posterior, donde la puerta supuestamente debía haber estado

abierta.

La señal de ataque sería el momento en el que el reloj de la catedral anunciara

las dos de la mañana. Los revolucionarios contaban con la seguridad de que el

centinela los dejaría pasar y que, además, el grupo de artillería N°1, compuesto en su

mayoría por trujillanos y simpatizantes apristas, los dejarían actuar sin combatir.

Entonces, la lucha solo debía librarse con los soldados de Infantería, siendo para ello

necesario apoderarse del arsenal.

El talabartero del cuartel Salomón Arancibia proporcionó a Barreto los planos

del cuartel y era el enlace para dominar a los centinelas. Sin embargo, éste los

traiciona. Entrega a Barreto unos planos falsos y no hace nada respecto a los

centinelas. Llegado el momento Barreto delante del grupo avanzó para ingresar por la

puerta que debió estar abierta, encontrándola cerrada. Enfurecido, cargó contra la

puerta y la derribó. Unos metros más adelante cayó en tierra, alcanzado por los

disparos del centinela (Bazán 2003: 107-113).

El fracaso del plan supuso que los principales jefes fueran eliminados en las

primeras horas, dejando así a Alfredo Tello como responsable de los rebeldes. En el

transcurso del combate, los hombres de Tello recibieron información de soldados que

simpatizaban con los apristas, lo que les permitió localizar 200 máuseres, municiones

y catorce cañones pesados (Thorndike 1980: 137-142).

A las 7 de la mañana, los apristas triunfantes entraron en Trujillo con los jefes,

oficiales y soldados capturados, logrando tomar más posiciones dentro de la ciudad. .Agustín Haya de la Torre fue nombrado Prefecto, la principal autoridad en la ciudad.

Para propagar la revolución se enviaron destacamentos a diversos lugares del valle de

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Chicama y provincias vecinas, con instrucciones precisas de tomar las estaciones de

policía locales, la estación radial, y haciendas.

Enterado el gobierno de la escala de la revolución en Trujillo, planeó un

movimiento envolvente para derrocarla. Se enviaron tropas por aire, mar y tierra

desde distintas partes del país. El mando supremo le fue confiado al coronel Manuel

Ruiz Bravo, comandante en jefe de la Primera Región Militar. Él coordinó el ataque

sobre Trujillo, asistido por el teniente coronel Eloy Ureta y sus oficiales.132

Se diseñaron dos frentes (La Industria 1932: Julio 13). El primero de ellos fue

abierto por las tropas que se aproximaban a Trujillo desde el norte. La línea de

vanguardia, asentada al noreste del aeródromo, en el extremo opuesto de Salaverry.

Constaba de 150 hombres – 35 pertenecientes a la Guardia Civil bajo el mando del

comandante Daniel Matto, además de otros 55 soldados de Regimiento de Infantería

Nº 11 dirigido por el mayor Juan Dongo. El segundo frente estuvo formado por las

tropas enviadas desde Lima por mar. El 7 de Julio, 180 hombres dejaron la capital a

bordo del Grau, subordinados al mayor Alfredo Miró Quezada, con destino a

Salaverry. El Mantaro llevó un número igual perteneciente al Regimiento de Artillería

Nº 7, comandado por el mayor Santiago Benvennutto. Posteriormente se enviaron

más tropas desde Lima: 100 guardias de la escuela de policía bajo órdenes del capitán

Vargas Machuca. (Merino s/f: 210-211).

El 8 de julio, al mediodía, un escuadrón de seis aviones de guerra e

hidroaviones bombardeó la ciudad, utilizando como base el puerto de Chimbote

(Bazán 2003: 170). Con ello los trujillanos apristas entendieron que el gobierno no se

detendría hasta recuperar Trujillo. La ciudad estaba siendo rodeada por el ejército,

obligando a los rebeldes a retirarse.

Cerca de las cinco de la mañana del día 9 de julio, Agustín Haya de la Torre se

trasladó a la hacienda de Laredo, pensando que desde allí podría organizar la

resistencia de la sierra. El único líder que quedó en la ciudad era Alfredo Tello

Salavarría quien valiéndose de las trincheras, permaneció en Trujillo con un pequeño

grupo. Su objetivo fue detener a las fuerzas del gobierno.

El asalto se inició a las 7:10 de la mañana, y para las 8:30 las tropas del

gobierno habían recuperado Salaverry. Asimismo, el capitán del puerto había

reasumido su cargo. A las 11 de la noche la guardia civil cortó los caminos que

conducen a la sierra con Trujillo, los apristas se vieron en peligro de ser atacados por

la retaguardia, emprendiendo el camino hacia Otuzco (Thorndike 1980: 161). A eso

132 Rómulo Merino muestra un interesante mapa donde se puede apreciar el desplazamiento militar de

tropas designadas a la reconquista de Trujillo (pág. 196).

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de las 3 de la mañana del 10 de julio, cuando los principales jefes apristas y la mayor

parte de los combatientes estaban en camino a Otuzco, y Trujillo parecía

completamente cercado por el ejército, se produjo el asesinato de oficiales, soldados y

guardias civiles que habían sido encarcelados. La cifra de muertos llega a un total de

52 personas. “Las victimas incluían oficiales, entre ellos el comandante Silva Cáceda

y el teniente Villanueva, un soldado de artillería, quince policías de la guardia civil y

veintitrés civiles”.133

No se realizó ninguna investigación para conocer la causa del crimen, ni la

identidad de los asesinos, La masacre tuvo un impacto considerable sobre la forma

como el gobierno manejó la derrota de los revolucionarios. Si bien las opiniones

coinciden en que el gobierno lo utilizó para justificar los juicios sumarios y las

ejecuciones clandestinas, Basadre señala que con ello se afianzó una política de

aniquilación: “Predominaba la política no solo de castigo o represalia sino con miras

al exterminio del adversario que, al fin y al cabo, también eran peruanos” (Basadre

1968: 238).

El 10 de julio las fuerzas del gobierno rodearon la ciudad y atacaron a las

restantes barricadas apristas. Al mismo tiempo, aviones e hidroaviones lanzaron

bombas sobre una serie de objetivos fuera de la ciudad. Al caer la noche, las fuerzas

del gobierno, encabezadas por el general Manuel Ruiz Bravo, había recuperado la

mayor parte de la ciudad. Al día siguiente, las fuerzas del Gobierno recuperaron todas

las posiciones aprista restantes, incluyendo la Prefectura, el cuartel O´Donovan,

algunas torres de campana de las iglesias, la oficina de telégrafos y otros edificios

públicos. Sin embargo, la escala de la revolución se había extendido mucho más allá

de Trujillo. Se produjeron levantamientos en otras ciudades del norte como

Cajamarca y Huaraz. Los apristas combatientes que escaparon de la ciudad a los

pueblos cercanos, con la esperanza de continuar con la insurgencia en las montañas,

se vieron obligados a esconderse. En la mañana del 12 de julio Trujillo se hallaba

completamente bajo el poder de las tropas del gobierno.

133 El diario La Industria de Trujillo proporciona una relación completa de todos los cadáveres (oficiales,

soldados y guardia civil) asesinados en la cárcel (1932: Julio 28).

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2. LA REVOLUCIÓN DE TRUJILLO Y SUS SECUELAS PARA EL PERU Y

TRUJILLO

ASPECTO POLÍTICO-LEGAL

Ley de Emergencia: Implicancia política y debate parlamentario

El pleno del Congreso de la República el 8 de enero de 1932 debatió un

proyecto de Ley, el cual facultaba al Poder Ejecutivo para escoger acusados, dar

sentencias sobre ellos sin oírlos, e incluso expatriarlos. Asimismo ocupar o suspender

medios de comunicación que perturben el orden público. Según Clemente Ravilla,

esta ley conocida como “Ley de Emergencia” se aprobó el 9 de enero con 64 votos,

pero Eguiguren, quien era el presidente del congreso en ese momento, sostiene que no

pudo ser posible porque ese día no hubo quórum (Eguiguren 1933: 15).

El gobierno, amparado en la Ley de Emergencia y con el objetivo de evitar

trastornos del orden constitucional el 3 de febrero, clausuró la Universidad Manuel

Gonzales Prada, de Lima, así como los locales apristas del Callao, la Punta y de

Bellavista. De la misma forma se cerró la revista APRA, dirigida por Serafín del Mar,

los periódicos La Noche y Buen Humor, ambos de Lima, que no eran apristas, y el

diario La Hora de Chiclayo, dirigido por Nicanor de la Fuente Sifuentes.

Además, el 29 de este mismo mes Luis A. Flores, Ministro de Gobierno, envió

al Congreso la lista de 23 parlamentarios a quienes el Poder Ejecutivo había decidido

deportarlos conforme a Ley de Emergencia, bajo la acusación de conspiración contra

el gobierno.

Con la Ley de Emergencia se juzgaba a un individuo sin escucharlo antes, y

sin ver los motivos que él tuvo para delinquir. ¿Se puede condenar a un individuo en

esas condiciones? ¿Qué dice la ley al respecto? La ley señala que la culpa no se

presume, sino que se prueba, por lo que todos los individuos son inocentes hasta que

se demuestre lo contrario, postulado general dentro del código penal. Además, existe

el derecho del reo de presentarse ante el juez, y que éste le autorice presentar sus

pruebas de descargo; en el caso de los representantes acusados no se les llegó a probar

nada, pero se les impuso el destierro, privándosele luego de su representación

parlamentaria.

Contra esta ley protestaron sectores políticos y jurídicos reconocidos, como

por el Colegio de Abogados de Arequipa, que solicitó al Congreso la inmediata

derogación de esta Ley. Así también la Confederación General de Trabajadores del

Perú (CGTP). y la Federación de Estudiantes de San Marcos.

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Con la ley de emergencia el gobierno manifestó su resolución de destruir a la

oposición. Tanto así que Giesecke lo asemejó a “la legislación represiva de Franco

luego de su victoria en la guerra civil española” (Giesecke 2010: 566). Sus

disposiciones eran muy amplias y draconianas, e involucraban la censura y la

prohibición de toda actividad opositora, castigando con multas y prisiones.134 Sánchez

Cerro tuvo la iniciativa de controlar a la oposición volviendo de una u otra manera

hacer lo mismo que el anterior régimen, sólo que entonces apoyándose en la Ley de

Emergencia.

Luego de un año de haber entrado en vigencia la Ley de Emergencia, la

bancada descentralista presentó ante el Congreso un proyecto de ley, que tenía como

objetivo conseguir la “amnistía general para los presos deportados por cuestiones

políticas y/o sociales”. Se argumentaba la incertidumbre por la que pasaba el país

causada por la contienda bélica con Colombia. Bajo ese panorama, se sugería

necesario producir y mantener la unidad, dejando de lado las rencillas políticas y

filiaciones partidarias. Sostenían que “si todos los sectores políticos estuvieran en paz

no existieran espíritus revolucionarios porque, como dijo el diputado Belaunde en uno

de sus discursos: “No hay mejor política que la política de la felicidad”.135

Sin embargo, este proyecto fue denegado por votación, la mayoría se impuso

y no permitió que este proyecto llegue siquiera a debate. La votación fue de 32 a favor

y 47 en contra. Este resultado nos traduce el pensar de muchos representantes de

mayoría, que creían que los medios empleados por el gobierno y las medidas drásticas

eran las únicas capaces de poder conservar el orden en la república.

Medidas legales adoptadas por el Gobierno luego de la Revolución

Acciones a nivel nacional: Estado de Sitio

El mismo día que estalló la revolución de Trujillo (7 de julio de 1932), en el

Congreso de la República se discutió un proyecto enviado por el Presidente de la

República, por intermedio del Ministro de Gobierno y Policía, en el cual se declaraba

el Estado de Sitio en toda la República por un plazo de treinta días, debido al

movimiento revolucionario.

Este proyecto originó un enérgico debate. Las bancadas de la minoría

parlamentaria dejaron en claro su postura en contra de esta ley, que pretendía tener en

estado de sitio al país, señalándose el derecho que tiene el hombre de manifestar sus

134 AGN. Prefecturas de Lima y Trujillo de marzo a diciembre de 1932. 135 Diario de debates del Congreso Constituyente. Sesión del 24 de febrero de 1933.

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pensamientos, actuar libremente y pronunciarse si el régimen le parece injusto,

aunque esto sea visto como un delito por los hombres que están en el poder.

El señor Emilio Romero, diputado por Puno, sostuvo que los movimientos

revolucionarios suceden en el Perú porque quienes ejercen el poder no se ciñen a la

constitución y a las leyes, siendo generalmente ellos los responsables de que se

cometan delitos políticos. “El día en que se respeten las leyes; el día en que exista

cierta comprensión gubernativa, cierta tolerancia, respeto, a las libertades y a las

ideas seguramente cesaran las revoluciones […].”136 A pesar de que se manifestaron

diferentes opiniones, el proyecto fue aprobado por mayoría, estableciendo en la

República Peruana el estado de sitio por treinta días.

Trujillo bajo el control del ejército

El día martes 12 de julio, la revolución había sido controlada por las fuerzas del

gobierno. De inmediato, las autoridades militares tomaron las medidas oportunas, con

el objetivo de restablecer la tranquilidad del vecindario.

El comandante general Manuel A. Ruiz Bravo, tras instalarse en la prefectura,

decretó un Bando Militar. Entre sus disposiciones se exigía a la población entregar en

un plazo de 24 horas las armas tomadas del O´Donovan. Igualmente se advertía que

de saber quienes las poseían, estaban obligados a informarlo a las autoridades; de lo

contrario, serían acusados por complicidad y por ende juzgados y fusilado en el acto.

Al mismo tiempo quedó prohibido el tráfico de los civiles a partir de las 6 pm, todo

esto bajo pena de muerte.

Con el paso de los días se restableció el orden público en Trujillo. Bajo estas

circunstancias, era necesario normalizar las actividades de la población. El prefecto

Manuel A. Ruiz Bravo, pensando en conseguir este objetivo, el 27 de julio amplió el

Decreto Bando, permitiendo a partir de ello realizar toda actividad social hasta las

diez de la noche, previa autorización de la prefectura o subprefectura (Bazán 2003:

193).

Corte marcial y sentencia

La represión legal del movimiento comenzó con la ley 7546, aprobada el 7 de julio de

1932, con la que se creaban las Cortes Marciales. Entre sus disposiciones establecía

que la sentencia final debía ser dictada en un plazo de tres días, y la sentencia tenía

carácter inapelable e inmediato.

136 Diario de debates del Congreso Constituyente. Sesión del 7 de julio de 1932.

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Los domicilios fueron registrados; y los ciudadanos detenidos por la acusación

más mínima. A todos se les examinaba si tenían huellas en los hombros de haber

disparado con arma larga. Los soldados acusaban por el color de la camisa o por la

forma de un sombrero, pudiendo ser éstos los argumentos definitivos de la

culpabilidad de un sospechoso. Todo aquel que parecía ser un combatiente era

ejecutado o encarcelado. Cada hombre que trabajaba en los cañaverales o vivía en los

pueblos vecinos resultaba ser sospechoso (Thorndike 1980: 223).

La corte marcial se instala en el local de la Beneficencia Pública de Trujillo,

bajo la presidencia del comandante de la policía Daniel Matto. En estas audiencias,

ciento dos personas fueron condenadas a muerte, sesenta y seis sentenciadas a diez

años de prisión, ocho a cinco a años de prisión, cuarenta fueron halladas culpables

pero no se anotó la pena, un muchacho fue enviado a juez de menores, y treinta y tres

fueron encontrados inocentes.137

Camiones repletos de sentenciados a la pena de muerte rodaron rumbo a la

ciudadela de Chan Chan donde fueron ejecutados. Tanto así que el escritor

norteamericano Carletón Beals comento al respecto diciendo: “Chan Chan fue un

matadero, su horrible hedor llegó hasta millas alrededor, casi hasta Trujillo. Muchas

osamentas se hallan aún insepultas. A lado de una gorra de chofer, un zapato de tenis

y una mohosa hebilla” (Tamariz 1945: 234).

No se sabe con exactitud cuántos apristas murieron en Chan Chan. Las cifras

varían según el cristal o la tendencia política del análisis o el investigador que ha

tratado este tema.

La Constitución Política y su posición respecto a la pena de muerte

A lo largo de 1932 se elaboró la constitución política, la cual entró en vigencia en

1933. Dentro de este debate se analizó los levantamientos ocurridos durante el

gobierno del presidente Luis M. Sánchez Cerro y las sentencias a la pena de muerte

sumariamente dictadas, por lo que se consideró si es o no correcto imponer la pena

capital en las sentencias.

En el Congreso el punto de vista de las bancadas de minoría era claro, la pena

de muerte no podía ser aceptada desde ningún punto de vista, pues si hay algo que

debe respetarse profundamente es la vida, porque tanto la vida como el honor y la

libertad constituyen los atributos más preciados de la persona humana.

137 Una la lista nominal completa de los sentenciados y su respectiva condena fue publicada en los diarios:

“La Industria” 1 de agosto de 1932 y “El Comercio” 7 de agosto de 1932.

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Cuando se castiga con la pena de muerte a un delincuente político se comete

un abuso o injusticia porque, como ocurre en nuestra historia nacional, si el

movimiento triunfa, los insurrectos captan el poder y son ellos quienes juzgan al

régimen anterior: “[…] se comete una excesiva injusticia porque se castiga con

excesiva crueldad a la simple tentativa, un delito frustrado. A la vez que el delito se

consumara los supuestos delincuentes no serían considerados como tales, sino que se

hicieran dueños del poder”.138

Después de un año, en el que las cortes marciales y sus sentencias en mayoría

fueron la pena de muerte el congreso aprobó el artículo 24 de la constitución política

donde indicaba que la ley protege la vida contra las injusticias y agresiones y que de

ninguna manera puede aplicarse la pena de muerte.

Nueva Constitución y partidos políticos de corte internacional

La constitución política peruana de 1933 declaró ilegal a todos los partidos políticos

de orden internacional, atropellando así los derechos que tienen los partidos políticos

a su acción libre dentro de la legalidad. El señor Luciano Castillo, del Partido

Socialista, criticó en uno de sus discursos esta medida. Castillo sostenía que no se

puede exigir a todos los hombres que tengan el mismo pensamiento sobre los

problemas de una nacionalidad, un país es un conjunto de problemas. Y un partido es

un sistema especial de plantear, interpretar y resolver dichos problemas. Los partidos

políticos traducen los diversos matices del pensamiento y del sentimiento de la

nación. “Cualquiera que fuese su tesis y técnica, no hay razón alguna que justifique

su exclusión de la legalidad”.139

Bajo esta ley no se pudo hablar de libertad de expresión. Irónicamente, la

nueva constitución promulgada el 31 de enero de 1933 en su Artículo 59 especificaba

que la libertad de conciencia y de creencia es inviolable. “Nadie será perseguido por

razón de sus ideas” se contrariaba con el artículo 53, que afirmaba el total

desconocimiento por parte del Estado a la existencia legal de los partidos políticos de

organización internacional.

Con esta Ley, Sánchez Cerro consiguió tener mayor control sobre los partidos

políticos y a la vez aumentar el número de sus militantes, tal como lo demuestran las

numerosas renuncias hechas por apristas y comunistas y sus solicitudes para integrar

la UR, publicadas en los diarios La Industria y el Comercio en los meses de agosto,

septiembre y octubre de 1932.; así mismo con el objetivo de evitar que mas ideas

138 Emilio Romero. Diario de debates del Congreso Constituyente. Sesión realizada el 19 de septiembre de 1932. 139 Ídem. Sesión del 07 de Enero de 1933 Ídem. Sesión del 07 de Enero de 1933.

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liberales o extranjeras ingresaran al Perú prohibió el ingreso al país de todo material

bibliográfico que pudiese considerarse disociador para la sociedad peruana,

supervisando en los puertos el ingreso y decomiso de este material.140

Podemos afirmar que en el plano político la revolución de Trujillo de 1932 no

fue una derrota total para el APRA. Es cierto que después de ello se vieron aislados,

sin embargo, el APRA pudo ver crecer su poder político. Toda una ciudad y la región

circundante había respaldado a Haya y al APRA hasta el punto de alzarse en franca

rebeldía. Aunque el levantamiento había sido infructuoso, el APRA era reconocido

ahora como una seria amenaza a la hegemonía civilista. Resulta asimismo

significativo que la derrota le dejara al APRA una importante base regional. “El

Sólido Norte”, que habría de perdurar por décadas como el espinazo del APRA.141

Paz y concordia: de Sánchez Cerro a Benavides

La opresión sufrida por apristas y simpatizantes hizo que se maquinara la forma de

como neutralizar al gobierno, llegando hasta el magnicidio del presidente Luis M.

Sánchez Cerro, la tarde del 30 de abril de 1933, en las afueras del Hipódromo de

Santa Beatriz. Después que éste pasara revista a las tropas que iban a combatir en

el conflicto armado con Colombia, Sánchez Cerro fue abatido por las balas que el

aprista Abelardo Mendoza Leyva le disparó, llevándolo a la muerte (Chanduví 1988:

131-132).

Tras la muerte del presidente la constitución le otorgó el ejercicio del Poder

Ejecutivo al Consejo de Ministros por un plazo máximo de 3 días, se reunieron ese

mismo día con los representantes del Congreso Constituyente para elegir al nuevo

Presidente de la República. Votaron 88 representantes, y los candidatos propuestos

fueron los siguientes: el Sr. General de la división don Oscar R. Benavides, el señor

Carlos López Albujar, y el señor Manuel Bustamante la Fuente, imponiéndose por

votación de amplia mayoría con 81 votos Oscar R. Benavides.

Se violó así por unanimidad y flagrantemente el artículo 137 de la carta

magna, promulgada veinte días atrás. Dicho artículo dice que “son inelegibles

Presidente de la República: 1. Los Ministros de Estado y los miembros de la fuerza

armada que hallen en servicio, sino han dejado su cargo un años antes de la elección”.

140 AGN. Prefectura de Lima. Documento enviado al director de gobierno el 4 de febrero de 1933. 141 Con respecto a la fortaleza del voto aprista en esta región véase Liisa North. Orígenes y crecimiento del

partido aprista y el cambio socioeconómico en el Perú. Universidad Particular Ricardo Palma, Publicaciones, Lima 1970. También véase Imelda Vega Centeno. Aprismo popular. Tarea, Asociación de

Publicaciones Educativas, Lima 1991.

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143

Sin embargo, es conveniente aclarar que el general Benavides, jefe en función

del ejército, aunque era constitucionalmente inelegible, era políticamente la mejor

solución, quizá la única para el grave problema del momento (Sánchez, 1979: 157).

Era el hombre fuerte para ocupar el cargo del occiso como lo indica Villanueva:

“Benavides sería el hombre que por su rango militar y su cargo burocrático se

encontraba en mejores condiciones para controlar la situación en el país, ya que de

él dependía toda la fuerza armada” (Villanueva 1975:150).

A su ascenso al poder Benavides se encontró con un panorama político

bastante complejo: en el orden internacional el Perú afrontaba un conflicto con

Colombia por problemas fronterizos; en el interior del país la crisis económica

motivaba a la protesta popular y la oposición organizada del Apra. En cuanto a lo

primero, Benavides logró convencer a los mandos militares que el ejército no se

encontraba en capacidad de llevar a cabo una guerra con posibilidades de éxito.

En el ámbito interno Benavides procuro una tregua política con el Apra, para

lo cual estableció un gobierno de “Paz y Concordia”. Muestra de esta actitud fue la

amnistía que concedió a Haya de la Torre, la promesa de restablecer a corto plazo las

libertades públicas y, por último, alejar de su gobierno a los ministros

sanchezcerristas. Algo que sin duda cumplió, tres meses después de su ascenso,

cuando cambió a todo el gabinete.

Sin embargo, la estrategia política de Benavides descubrió un frente de

oposición en el seno mismo de la clase dominante, a la que él pertenecía. Cotler

indica que “la Unión Revolucionaria y El Comercio pasaron a la oposición, acusando

al gobierno de lenidad y complicidad con el APRA, creándose una situación que

podía llevar a la desintegración de la clase dominante y el ejército, provocando la

temida descomposición del cuerpo político” (Cotler 1988: 250). Causa por la cual

Benavides optó por postergar indefinidamente la realización de sus promesas respecto

al restablecimiento de las libertades públicas y la convocatoria a nuevas elecciones.

La tregua política duró menos de un año y la pugna entre el gobierno de la clase

dominante y los sectores populares se reinició.

ASPECTO ECONÓMICO

Carestía de los productos alimenticios

En siglo XIX las haciendas de La Libertad se dedicaban al cultivo de arroz, maíz,

frejoles, diversos tubérculos alimenticios, entre otros artículos de pan llevar. A la par,

se fomentaba la crianza de ganado vacuno, ovino y porcino (Días Ahumada s/f: 12).

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144

Posteriormente a la Guerra del Pacífico, en los valles costeros se insertaron

capitales británicos y norteamericanos en la producción de algodón y azúcar. Las

mejores tierras estuvieron sembradas de algodón y caña, no porque fuesen apropiadas

sólo a estos cultivos, sino porque, como dice Mariátegui: “solamente estos

importaban a los comerciantes yanquis e ingleses […]” (Mariátegui 2011: 238-239).

El desplazamiento de los tradicionales cultivos alimenticios por el algodón y la

caña en los valles costeños constituyeron una de las causas del encarecimiento de la

subsistencia en la población de la costa. En otras palabras, como sostenía Mariátegui

“[…] es urgente y claro para la economía del Perú, que en el país se produzca el

trigo necesario para el pan de su población” (Mariátegui 2011: 240). Con este

comentario Mariátegui deja en claro que si en el Perú se hubiera cultivado los

alimentos necesarios para satisfacer a toda la población, no se hubiera tenido que

pagar al extranjero millones de soles por subsistencias consumidas en las ciudades de

la costa.

En los primeros meses de 1932, por la bonanza agrícola, se llegó a disponer de

abundante producción y se registró también la baja de los precios. La clausura de los

centros mineros al interior del Perú permitió el ascenso a Trujillo de muchos

productos que antes eran consumidos solo en esos lugares. Entre los meses de mayo y

julio se produjo una baja considerable de precios en subsistencias y por ende de la

vida doméstica. Sin embargo, estos precios volvieron a incrementarse, producto de la

interrupción de las vías de comunicación y el tránsito con los distritos de la sierra,

producto de la construcción de trincheras y de los combates entre revolucionarios y

fuerzas del gobierno. Siendo para las autoridades locales la revolución la causa directa

de desequilibrio por el que atravesó Trujillo. En su análisis de la situación el alcalde

de Trujillo señala: “[...] ya desde antes del mes julio Trujillo había tenido que sufrir

todas las consecuencias de la crisis económica después de la revolución se habían

ahondado la crisis local hasta el límite extremo”.142

ASPECTO SOCIAL

Acciones realizadas por la sociedad trujillana

La sociedad privada del patronato de presos y liberados

Los detenidos por el cargo de participación en la revolución de Trujillo eran cientos, y

las clases sociales a las que pertenecían diversas. “Había toda clase de prisioneros,

políticos, estudiantes, obreros, profesionales y gente común” (Bazán 2003: 198).

142 Archivo Regional de La Libertad. Acta de sesiones del Consejo de Trujillo 04 de agosto de 1932. Libro

57.

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145

Muchos de estos detenidos no tenían los medios económicos para solventar su

alimentación durante su permanencia en la cárcel, por lo que la Sociedad Privada del

Patronato de Presos y Liberados, presidido por las señoras Eloísa Barrantes de

Escudero y Teófila de Iturri iniciaron una gestión humanitaria a favor de los presos

recluidos en la cárcel. A partir del día 19 de julio esta Sociedad proporcionó los

alimentos a los detenidos que no tenían familia en Trujillo.

Para realizar esta labor recibieron el apoyo de entidades y personas quienes

donaron arroz, frejoles, carne, pescado, verduras, yucas, pan, etc. Con este apoyo, más

el proporcionado por la Municipalidad y la Beneficencia Pública de Trujillo, pudieron

cumplir su objetivo de brindar apoyo a los presos hasta el día de su sentencia final (La

Industria 1932: Julio 22).

Las damas de la sociedad y sus acciones caritativas

Casi toda familia trujillana tenía un pariente, un amigo o un conocido entre los

ejecutados (León Echague 1934: 76). Incluso cuando no era así, sabían que los

fusilamientos se estaban llevando a cabo. Un grupo de mujeres de la alta sociedad

Trujillana presentó una petición al coronel Ruiz Bravo. Este documento manifestó el

sentimiento de incertidumbre que se sintió durante los días de la revolución.

Consideraban la medidas adoptadas por el gobierno para debelar el movimiento

revolucionario atinadas, pero también consideraban el cautiverio como remedio

heroico frente a ese mal, por lo cual imploraron clemencia por los detenidos y

sentenciados a la pena capital.143

En una guerra, ambos bandos dejan deudos en desamparo: hijos, madres, etc.

El gobierno procedió a recompensar a los jefes, oficiales y policía caído en la

revolución de Trujillo, pero por los parientes desamparados de las víctimas civiles no

hizo nada, y como peruanos era justo que también al igual que a los militares se les

ayudara.

Ante esta necesidad apremiante de numerosas familias a quienes la revolución

había dejado en la orfandad, se reunieron “Las Damas de la Sociedad Trujillana”,

quienes constituyeron un comité que asumió la labor y responsabilidad de organizar

una colecta pública con el fin enunciado. La acogida que tuvo esta labor fue realmente

buena, la municipalidad apoyo esta iniciativa determinando entregar mil soles que

iban a ser empleados para la organización de fiestas patrias. Y fue en el local de la

143 Memorial Nº 5743, dirigido al prefecto Ruiz Bravo. (Bazán, 2003: 254).

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146

municipalidad que los damnificados se registraron para recibir el auxilio

pecuniario.144

Las señoras y señoritas que pertenecían al comité de colecta hicieron visitas

domiciliarias para comprobar la necesidad de cada hogar, observando la presencia de

una madre y varias criaturas de variada edad y número en cada hogar. La colecta tuvo

gran éxito, dentro de la grave crisis por la que atravesó el Perú las comisiones

lograron recolectar la cantidad de 2380.96 soles, que fueron repartidas

equitativamente entre los diferentes hogares (La Industria 1932: Agosto 10).

A la vez que se hacía la colecta las señoras y señoritas visitaron diferentes

hogares de gente pobre, comprobando quienes tenían mayor necesidad. Visitaron 125

hogares, encontrando 377 niños, desde infantes hasta 15 años. En la distribución a

cada familia le fue entregada la cantidad de 4 soles sesenta centavos por persona.

Junta de los pro-desocupados

La crisis económica de 1929 causó el desempleo de miles de personas, por lo que en

1931 la Junta de Gobierno presidida por David Samanez Ocampo, con la finalidad de

apoyar a ese sector desempleado y evitar disturbios y manifestaciones por parte de

este sector, dio el Decreto Ley N° 7103, creando contribuciones especiales pro-

desocupados. En los fundamentos de esta norma se decía que la falta de trabajo había

creado una situación de emergencia y que la mejor forma de resolver este problema

era la realización de obras de carácter productivo que aumentasen la capacidad

económica del país.

En cada departamento se creó una Junta Pro-Desocupados. Estas Juntas

seleccionaban las obras. Los fondos se podían invertir en las siguientes obras: casas

para obreros; caminos y puentes, mercados, escuelas, cárceles, pavimentación, agua y

desagüe; y pequeñas irrigaciones.

En el periodo de Luis Miguel Sánchez Cerro la Junta Pro- Desocupados siguió

vigente. Luego de la revolución, fue declarada en receso. Se abrió un nuevo padrón de

desocupados, con el objetivo de eliminar al elemento aprista de esta junta. Para

presionar con esta medida, el gobierno de Sánchez Cerro no envió el dinero

correspondiente a la junta el mes de agosto. Muchos peruanos perdieron su empleo

solo por el simple motivo de ser apristas, situación que no solo ocurrió en Trujillo,

sino en todo el Perú, tal como lo sostuvo el diputado socialista Emilio Romero en su

discurso en el congreso el 13 de julio de 1932.

144 Acta de sesiones del Consejo. 5 de agosto de 1932.

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147

ASPECTO DEMOGRÁFICO

¿Cuántos muertos resultaron producto de la revolución de Trujillo de julio de 1932?

Los militares muertos dan un total de 87 entre ejército, guardia civil y policías

muertos en Trujillo y lugares aledaños donde también se propago el movimiento

revolucionario. Pero en cuanto a los civiles nadie lo sabe con exactitud, y es probable

que no se llegue a conocer una cifra real. Después de la revolución existieron grandes

intereses en mantener las cifras ocultas. Interés del gobierno y también del Partido

Aprista que, en palabras de Villanueva, hubiese sido posible si alguno de estas

instituciones lo hubiera querido: “Ese partido, con su organización y sus decantados

equipos técnicos, estuvo en condiciones de realizar una detallada investigación sobre

las víctimas de la revolución”. Sin embargo, Villanueva atribuye que no lo hizo

porque no les convenía hacerlo. Las cifras que se hubieran obtenido, posiblemente

hubiera sido inferior a los 2,000 que consigan Luis Alberto Sánchez, a los 4,000 que

hablo Haya en su manifiesto el 22 de noviembre de 1933, o de los 6,000 que después

menciona las publicaciones apristas. Esto hubiera significado una devaluación del

martirologio aprista, un recorte a la gloria partidaria que dicha mortandad supone.

Chanduví Torres también insiste que la cifra de muertos en este episodio

ocurrido en Trujillo es alrededor de 2000, pero que pasados los años, la propaganda

aprista dirigida por Haya infló el martirologio de Trujillo a más de 6000 (Chanduvi

1988: 85).

Los gobiernos que se han sucedido desde aquella época y el ejército tampoco

tuvieron interés en saber cuántos habían muerto. Una investigación seria habría dado

cifras quizás muy elevadas, lo que habría significado magnificar el crimen realizado.

Y como señala Villanueva el gobierno y el ejército, al igual que el Apra, no tuvieron

la intención nunca de saber cuántos murieron en esta revolución: “Y los militares no

tiene interés en saber cuántos mataron en forma legal, a cuántos se fusiló en forma

clandestina y cuantos fueron simplemente masacrados en Chan Chan. Han preferido

mantener un discreto silencio sobre el asunto”.

CONCLUSIONES

A inicios de la década de 1930, en el Perú se originaron políticamente grandes

cambios ejemplificados en las elecciones de 1931 por medio del voto secreto, así

como la participación de las masas en las elecciones. Bajo este contexto son dos las

organizaciones políticas que polarizaron la escena político-social peruana: el APRA y

su líder Víctor Raúl Haya de la Torre y la Unión Revolucionaria (UR) con su líder

Luis M. Sánchez Cerro.

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Entre los partidos políticos más importantes de la época (APRA Y UR) se originó una

serie de enfrentamientos, que abarcó desde 1931 hasta 1933. Enfrentamientos cuyos

momentos de mayor intensidad se expresó en la revolución de Trujillo, en julio de

1932.

Las consecuencias que resultaron producto de la revolución fueron múltiples. En el

aspecto político-legal se dieron leyes que el gobierno utilizó para castigar a los

revoltosos, y que generó una suerte de debates entre los grupos políticos existentes en

este periodo; en el aspecto económico, debemos recordar que el Perú atravesaba por

una fuerte crisis y la revolución ahondó mucho mas este problema en la ciudad de

Trujillo, causando desempleo y aumento de precios en los artículos de subsistencia;

en lo demográfico, se puede considerar el hecho de los miles de muertos y

desaparecidos y el desamparo de muchas familias; y en lo social se debe señalar que

de todo lo malo surgió algo positivo, y fue el cómo la sociedad trujillana se organizó

para afrontar y superar las secuelas que la revolución implicó.

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