183-2005

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez

horas con cincuenta minutos del da diecisiete de noviembre de dos mil seis.

El presente proceso de amparo se inici mediante demanda presentada el da treinta de

marzo de dos mil cinco por los seores Martha Vilma Vsquez de Marroqun, Gustavo

Antonio Cerros Urrutia y Jos Rigoberto Valentn Rodrguez Hernndez, mayores de edad,

el segundo del domicilio de Mejicanos, San Salvador y los dems del domicilio de

Sensuntepeque, Cabaas; contra actos del Tribunal de la Carrera Docente de San Salvador,

que considera vulneran sus derechos constitucionales.

Han intervenido en el proceso, adems de la parte actora, la autoridad demandada y el

Fiscal de la Corte.

Analizado el proceso y considerando:

1. Los demandantes manifestaron en su demanda y escrito de prevencin lo siguiente: Que

el seor Carlos Orellana a travs de su apoderado- promovi en contra de ellos como miembros de la Junta de la Carrera Docente de Cabaas- el procedimiento administrativo

identificado bajo la referencia 2-2004 ante el Tribunal de la Carrera Docente de San

Salvador, por supuestas irregularidades que haban cometido. Notificados que fueron de la

demanda comparecieron ante dicho Tribunal, solicitando nombraran como su defensora a la

licenciada Sandra Noem Castro de Abrego, sin que el mismo se pronunciara sobre dicha

peticin y tramit el proceso sin la intervencin de dicha profesional, en la calidad

manifestada.

Expresaron, adems, que en la resolucin que sealaba la audiencia de recepcin de

pruebas se nombr a la mencionada abogada como defensora nicamente del seor Jos

Rigoberto Valentn Rodrguez, sin hacer relacin a los otros demandados. Agregaron que

no obstante ello, en el momento en que se celebr la audiencia el Tribunal demandado no

permiti la intervencin de la licenciada Castro de Abrego aduciendo que su personera no

estaba suficientemente acreditada y la audiencia se celebr sin su participacin.

Continuaron diciendo que a pesar de que la contestacin de la denuncia fue hecha por los

tres, al seor Gustavo Antonio Cerros Urrutia nunca se le tuvo por parte dentro del

procedimiento.

Por otra parte, que en el procedimiento cuestionado se les aplic indistintamente el

procedimiento especial contemplado en el artculo 98 de la Ley de la Carrera Docente y las

reglas del procedimiento comn.

Que interpusieron el incidente de recusacin al Tribunal en mencin, pero ste se neg a

dar trmite al mismo, habiendo llegado a pronunciar sentencia sin sustanciar dicho

incidente.

Y finalmente concluyeron que la sentencia dictada a las trece horas y diez minutos del da

veinticuatro de febrero de dos mil cinco, mediante la cual se ordena la remocin de sus

cargos no les fue notificada en la direccin que ellos sealaron para recibir las

comunicaciones, sino que la misma fue notificada en otro lugar y a una persona que no ha

sido comisionada para tal efecto.

En virtud de lo anterior, consideraron que sus derechos de defensa, audiencia, peticin,

seguridad jurdica y estabilidad laboral han sido vulnerados.

Por auto de las nueve horas con quince minutos del da dos de junio de dos mil cinco, se

admiti la demanda presentada por los seores Martha Vilma Vsquez de Marroqun,

Gustavo Antonio Cerros Urrutia y Jos Rigoberto Valentn Rodrguez Hernndez,

circunscribindose dicha admisin al control de constitucionalidad de los actos y omisiones

que se le atribuyen al Tribunal de la Carrera Docente; asimismo, se declar sin lugar la

suspensin de los actos reclamados, por haberse ejecutado stos a plenitud, pidindose,

adems, informe al Tribunal de la Carrera Docente de conformidad a lo preceptuado en el

artculo 21 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Dicho informe fue rendido por

los miembros que conforman dicho Tribunal, en el cual mencionaron no ser ciertas las

acciones y omisiones que se les atribuan por parte de los demandantes.

A fs. 21, se confiri audiencia Al Fiscal de la Corte, quien no hizo uso de la misma.

Por interlocutoria de las once horas y tres minutos del da doce de julio de dos mil cinco, se

confirm la resolucin pronunciada a las nueve horas y quince minutos del da dos de junio

de dos mil cinco, a travs de la cual se deneg la suspensin del acto reclamado;

pidindose, tambin, nuevo informe a la autoridad demandada, de conformidad al artculo

26 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Al rendir el referido informe, los

miembros del Tribunal de la Carrera Docente, dieron un detalle pormenorizado de todas las

acciones y omisiones que segn los demandantes ellos haban cometido. Presentaron

prueba documental fs. 31-55-.

Se confirieron los traslados que ordena el artculo 27 de la Ley de Procedimientos

Constitucionales al Fiscal de la Corte y a la parte actora. El primero, al evacuarlo, sostuvo:

Advierto que en el presente caso, hay una manifiesta inconformidad por las resultas del caso y, visto el informe rendido por el Funcionario demandado y, analizado el mismo, el

que goza de la presuncin de veracidad, estimo que caemos en la esfera del Art.13 L. Pr.

Cn., traducindose en un asunto de mera legalidad. Por su lado, la parte actora se limit a ratificar lo expresado en su demanda.

Por resolucin de las ocho horas con cuarenta y seis minutos del da veintisis de

septiembre de dos mil cinco, se abri a pruebas el proceso por el plazo de ocho das,

perodo dentro del cual los miembros del Tribunal de la Carrera Docente renuncian al plazo

probatorio concedido de conformidad al artculo 29 de la Ley de Procedimientos

Constitucionales, por no poseer ms pruebas que aportar al presente proceso. La parte

actora present como prueba documental certificacin del proceso administrativo

identificado con la referencia DENUNCIA 2-2004 que en el Tribunal de la Carrera Docente

se promovi en contra de ellos, documentacin que est agregada de fs. 70 al 408 de este

expediente judicial.

Por auto de las diez horas con dieciocho minutos del da veintisis de octubre de dos mil

cinco, se resolvi sin lugar la renuncia al plazo probatorio interpuesta por los Miembros

Propietarios del Tribunal de la Carrera Docente. En dicha interlocutoria, adems, se

confiri el traslado que ordena el artculo 30 de la Ley de Procedimientos Constitucionales

al Fiscal de la Corte, quien al evacuarlo, se limit a ratificar los conceptos vertidos en su

contestacin al primer traslado conferido.

Seguidamente, se confirieron los traslados correspondientes a esta etapa procesal, a los

actores y al Tribunal de la Carrera Docente. Los peticionarios ratificaron nuevamente su

demanda y expresaron que con la certificacin completa del expediente que presentaron en

el trmino de prueba haban probado los hechos denunciados. Por su parte, la autoridad

demandada explic detalladamente lo ocurrido en el procedimiento administrativo 2-2004;

asimismo, pidi que en sentencia definitiva se resolviera el proceso en sobreseimiento por

no haber violentado los derechos de defensa, audiencia, seguridad jurdica y estabilidad

laboral de los seores Martha Vilma Vsquez de Marroqun, Gustavo Antonio Cerros

Urrutia y Jos Rigoberto Valentn Rodrguez Hernndez.

A fs. 427 se resolvi sin lugar el sobreseimiento solicitado por los Miembros Propietarios

del Tribunal de la Carrera Docente. Con esta ltima actuacin qued el proceso en estado

de dictar sentencia definitiva.

II. En trminos generales, se han sealado en el considerando anterior los hechos en que se

fundamenta la pretensin de la parte actora, as como tambin, la posicin que sobre esos

hechos han manifestado la autoridad demandada y el Fiscal de la Corte; en ese orden, a fin

de resolver este proceso con plena sujecin a la normativa constitucional, es necesario

retomar los actos contra los que reclaman los solicitantes a efecto de delimitar el objeto de

control de este amparo.

As, de la demanda y los escritos posteriores, se colige que los actos en los que a criterio de

los actores se materializan las violaciones de sus derechos constitucionales son: (a) La

omisin de nombrarles como defensora a la licenciada Castro de Abrego y tramitar el

proceso sin la intervencin de dicha profesional; (b) que al seor Gustavo Antonio Cerros

Urrutia nunca se le tuvo como parte en el proceso; (c) la aplicacin indistinta del

procedimiento especial contemplado en el artculo 98 de la Ley de la Carrera Docente y las

reglas de procedimiento comn; (d) la negativa de dar tramite al incidente de recusacin

interpuesto por ellos; y (e) la notificacin en otro lugar de la sentencia en la cual se

ordenaba la remocin de sus cargos.

Desde esa perspectiva, es menester acotar que el objeto de control del amparo de mrito se

centrar en determinar si los actores habran sido destituidos sin darle la oportunidad real de

exponer sus razonamientos y defender sus derechos dentro del procedimiento establecido

legalmente.

III. A efecto de realizar el anlisis correspondiente, se estima necesario hacer las siguientes

consideraciones respecto a: 1) las categoras constitucionales invocadas en el presente

proceso, esto es, al derecho de defensa, audiencia, peticin seguridad jurdica y estabilidad

laboral; 2) Determinar si los seores Martha Vilma Vsquez de Marroqun, Gustavo

Antonio Cerros Urrutia y Jos Rigoberto Valentn Rodrguez Hernndez, como Miembros

Propietarios de la Junta de la Carrera Docente de Cabaas, eran titulares del derecho a la

estabilidad laboral; 3) Establecer cul era el procedimiento o proceso previo que debi

tramitarse para la destitucin de los demandantes; y 4) Verificar si los pretensores fueron

destituidos sin que se le haya dado la oportunidad de exponer sus razonamientos y defender

sus derechos de manera efectiva.

1.a) El derecho de audiencia, de acuerdo al artculo 11 de la Constitucin, posibilita la

proteccin del resto de categoras jurdicas del gobernado, ya que las autoridades tienen la

obligacin de seguir de conformidad a lo previsto en la ley de la materia o, en su ausencia, en aplicacin directa de la disposicin apuntada- un proceso en el que se brinde

a las partes en conflicto la oportunidad de conocer sus puntos de vista y contradecirlos,

previo a que se provea un acto que cause un perjuicio en la esfera jurdica de alguna de

ellas. En este sentido, el derecho de defensa est ntimamente vinculado con el derecho de

audiencia, puesto que es dentro del proceso donde los intervinientes tienen la posibilidad de

exponer sus razonamientos y oponerse a su contraparte eficazmente.

Para que lo anterior sea posible, es necesario hacer saber al sujeto contra quien se inicia

dicho proceso, la infraccin que se le atribuye, y facilitarle los medios necesarios para que

ejerza su defensa. Lo anterior permite afirmar que existe violacin al derecho de audiencia

cuando el afectado no ha tenido la oportunidad real de defenderse, ya sea por: i) la

inexistencia de un proceso en el que tenga la oportunidad de conocer y oponerse a lo que se

le exige, o ii) el incumplimiento de las formalidades esenciales establecidas en las leyes que

desarrollan este derecho.

1.b) Acerca del derecho de peticin, el artculo 18 de la Constitucin prescribe: " Toda

persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las

autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que se le haga saber lo

resuelto".

Al respecto, la jurisprudencia de esta Sala ha establecido que este derecho queda satisfecho

cuando la autoridad o funcionario responde la solicitud presentada, en el sentido que

considere procedente, pero con estricta observancia a la normativa constitucional y a la ley

secundaria; sin embargo, eso no significa, bajo ninguna perspectiva, que esa respuesta deba

ser siempre favorable a los intereses del peticionario.

En efecto, lo que realmente incorpora este derecho es que, realizada una solicitud a la

autoridad judicial o administrativa respectiva, debe sta resolverla, pero dicha respuesta o

contestacin deber proveerse conforme a las facultades legales atribuidas a dichos

funcionarios, sin importar si sta es favorable o contraria a lo pedido por el peticionario.

1.c) Respecto al derecho de seguridad jurdica, ha sido caracterizado por esta Sala como

un derecho fundamental, que tiene toda persona frente al Estado y un deber primordial que

tiene el mismo Estado hacia el gobernado (). Por seguridad jurdica debe entenderse la certeza que el individuo posee de que su situacin jurdica no ser modificada ms que por

procedimientos regulares y autoridades competentes, ambos establecidos previamente.

Desde este punto de vista, resulta entonces vlido inferir, que una de las manifestaciones de

lo que implica seguridad jurdica, es el derecho de audiencia

1.d) En cuanto al derecho a la estabilidad laboral, jurisprudencialmente se ha establecido

que la estabilidad laboral implica el derecho de conservar un trabajo o empleo, y que dicha

estabilidad es insoslayablemente relativa, pues el empleado no tiene derecho a una

completa inamovilidad, quedndole nicamente el pleno derecho de conservar su cargo sin

limitacin de tiempo, siempre que concurran factores como los siguientes: que subsista el

puesto de trabajo, que el empleado no pierda su capacidad fsica o mental para desempear

el cargo, que ste se desempee con eficiencia, que no se cometa falta grave que la ley

considere como causal de despido, que subsista la institucin para la cual se presta el

servicio y que adems, el puesto no sea de aquellos que requieran de confianza, ya sea

personal o poltica.

Ahora bien, debe entenderse que tal derecho surte plenamente sus efectos frente a

remociones o destituciones arbitrarias realizadas con transgresin a la Constitucin y las

leyes. En ese sentido, no es posible la separacin de un servidor pblico sea empleado o funcionario- cuando el mismo no represente confiabilidad en el desempeo de su cargo o

concurran otro tipo de razones, sin que se haya dado estricta observancia a la Constitucin.

No obstante lo anterior, se insiste que el derecho a la estabilidad laboral de ninguna

manera supone inamovilidad absoluta, pues la Constitucin no puede asegurar el goce de

tal derecho a aquellos sujetos que hayan dado motivo para decretar su separacin o

destitucin.

2. En el caso de autos, de conformidad con la prueba aportada a este proceso,

especficamente, con la certificacin del expediente de remocin ref. 2-2004 de los

licenciados Vsquez de Marroqun, Cerros Urrutia y Rodrguez Hernndez, puede inferirse

que efectivamente dichos seores se desempearon como Miembros Propietarios de la

Junta de la Carrera Docente de Cabaas. As, constan a fs. 284-296, 333-376 copia de la

sentencia dictada por el Tribunal de la Carrera Docente y notificaciones hecha a los

miembros propietarios de dicha junta a travs de los cuales se resolvi y se les dio a

conocer la remocin de sus cargos, respectivamente, por haber incurrido en ineptitud o

ineficiencia manifiestas en el desempeo de sus cargos, por haber conculcado la Ley de

la Carrera Docente y Cdigo de Procedimientos Civiles, al sancionar de manera incorrecta,

causndole perjuicio, al profesor Carlos Antonio Orellana Ortiz. De todo lo anterior, se

colige entonces que los cargos desempeados por los pretensores son de carcter pblico

por sus propias caractersticas; y que por consiguiente, eran titulares del derecho a la

estabilidad laboral.

3. En cuanto al procedimiento o proceso previo que debi seguirse para destituir a los

impetrantes, es preciso establecer el rgimen legal aplicable al caso concreto. Al respecto,

cabe indicar que a la fecha en que se sancion a Martha Vilma Vsquez de Marroqun,

Gustavo Antonio Cerros Urrutia y Jos Rigoberto Valentn Rodrguez Hernndez veinticuatro de febrero de dos mil cinco ya se encontraba vigente la Ley de la Carrera

Docente, emitido por Decreto Nmero 665, de fecha siete de marzo de mil novecientos

noventa y seis, publicado en el Diario Oficial nmero 58, Tomo nmero 330, el da

veintids de marzo de aquel mismo ao. Dicho cuerpo normativo en su artculo 1,

establece: "La presente Ley tiene por objeto regular las relaciones del Estado y de la

comunidad educativa con los educadores al servicio del primero, de las instituciones

autnomas, de las municipales y de las privadas; as como valorar sistemticamente el

escalafn, tanto en su formacin acadmica, como en su antigedad. Asimismo, el artculo 2 expresa: "La presente Ley tiene como finalidad garantizar que la docencia sea

ejercida por educadores inscritos en el Registro Escalafonario del Ministerio de

Educacin, asegurndoles su estabilidad laboral, como medio para lograr una educacin

de calidad. Y el artculo 3 dice: La presente Ley se aplicar: 1) A los educadores que desempeen cargos docentes y de tcnica educativa al servicio del Estado; 2) A los

educadores que presten servicios docentes en centros privados de educacin, en todas

aquellas materias que no estn reguladas por el Cdigo de Trabajo; en materia

escalafonaria, slo en cuanto a su registro, clasificacin y capacidad para el ejercicio de

la docencia; y, 3) A los educadores pensionados y jubilados. De lo dispuesto en tales disposiciones se deduce que la normativa aplicable para la validez constitucional de la

destitucin que en este caso se discute, es la Ley de la Carrera Docente.

En ese contexto, dicha Ley seala el procedimiento a seguir y el Tribunal competente ante

los supuestos de faltas en las que incurrieran los educadores o miembros de los Organismos

de Administracin de la Carrera Docente. De esta manera, el artculo 41 expresa: La carrera docente ser administrada conjuntamente por los siguientes organismos: 1) La

unidad de recursos humanos del Ministerio de Educacin; 2) La Direccin del Centro

Educativo; 3) El Consejo Directivo Escolar; 4) El Tribunal Calificador; 5) Las Juntas de la

Carrera Docente; y, 6) El Tribunal de la Carrera Docente. Asimismo el artculo 65 dice: Para la imposicin de sanciones establecidas en esta Ley son organismos competentes las Juntas de la Carrera Docente y el Tribunal de la Carrera Docente, que en el texto de esta ley

se denominarn Junta y Tribunal respectivamente. El artculo 75 establece las causas por las cuales los miembros de la Junta de la Carrera Docente pueden ser removidos de sus

cargos. Y finalmente, a partir del artculo 77 de la referida normativa reglamentaria, se

establece el procedimiento disciplinario para aplicar las respectivas sanciones.

4. Luego de una breve resea del proceso administrativo aplicable al presente caso,

corresponde ahora hacer un anlisis de la prueba presentada y de los motivos de

inconstitucionalidad expuestos por la parte actora a la luz de dichas pruebas, a fin de

determinar la existencia o no de las violaciones constitucionales alegadas.

Tal y como se mencion anteriormente, los demandantes reclaman contra una serie de

irregularidades, surgidas en el procedimiento administrativo iniciado en su contra, por lo

que de la prueba agregada a este expediente judicial consta lo siguiente:

A fs. 70 al 72 fotocopia certificada de la demanda presentada por el abogado Jorge Alberto

Alvarado Ortiz, apoderado del seor Carlos Antonio Orellana Ortiz ante el Tribunal de la

Carrera Docente de San Salvador en contra de los seores Martha Vilma Vsquez de

Marroqun, Gustavo Antonio Cerros Urrutia y Jos Rigoberto Valentn Rodrguez, como

miembros de la Junta de la Carrera Docente de Cabaas; a fs. 77, fotocopia de la resolucin

de fecha veintids de julio de dos mil cuatro, en la cual se admiti la demanda presentada

por el apoderado del seor Carlos Antonio Orellana Ortiz; a fs. 35-37 y 78-83, se

encuentran las notificaciones hechas, el da veintisis de agosto de dos mil cuatro, a los

demandados de la admisin de la demanda en su contra; a fs. 50-51 y 86-87, fotocopia

certificada de auto de fecha siete de septiembre de dos mil cuatro en donde el Tribunal de la

Carrera Docente de San Salvador resolvi devolverle al licenciado Cerros Urrutia el escrito

presentado por ste, por verter en el mismo expresiones indecorosas, injuriosas o calumniantes incidente de recusacin-; asimismo se les previno a los demandados presentar la respectiva contestacin de la demanda; a fs. 38-39 y 88-89, escritos

presentados por los demandados, por medio de los cuales solicitaron al Tribunal de la

Carrera Docente, se les nombrara como defensora pblica a la licenciada Sandra Noem

Castro de Abrego; a fs. 96-98, fotocopia certificada de la contestacin de la demanda en

sentido negativo por parte de los demandados; a fs. 99-103, auto de fecha veintisiete de

octubre de dos mil cuatro con sus respectivas notificaciones en donde se les prevena a los

demandados que de conformidad a los artculos 71 inciso ltimo y 105 de la Ley de la

Carrera Docente con relacin al artculo 22 Procesal Civil, sealaran un lugar en la ciudad

de San Salvador para or notificaciones; a fs. 104, escrito presentado por los demandados en

el cual sealaron como lugar para or notificaciones: Calle Principal Colonia Polanco

nmero 1-B Mejicanos; a fs. 105-107, escrito en el cual los demandados nuevamente

contestaron la demanda en sentido negativo y solicitaron se les tuviera por parte en el

carcter en que comparecan; y a fs. 108, resolucin de fecha veintiuno de octubre de dos

mil cuatro, en el cual se tienen por parte a los licenciados Jos Rigoberto Valentn

Rodrguez y Martha Vilma Vsquez de Marroqun y en la cual se seal fecha y hora para

efectuar la audiencia de recepcin de pruebas, resolucin que fue notificada a las partes fs. 109-116.

Adems, consta a fs. 117 resolucin de fecha veintiocho de enero de dos mil cinco, en la

cual se nombr a la licenciada Castro de Abrego defensora del seor Jos Rigoberto

Valentn Rodrguez, con el objeto de que asistiera a la audiencia de recepcin de pruebas

sealada para el da uno de febrero del mismo ao, la cual fue notificada a las partes fs. 122-125-; a fs. 126-158, certificacin del expediente nmero 2440104 promovido por la

seora Juana Rivera Martnez en contra del profesor Carlos Antonio Orellana Ortiz ante la

Junta de la Carrera Docente de Cabaas; a fs. 159-164, resolucin de fecha veintisiete de

mayo de dos mil cuatro, en la cual entre varios puntos se declar nula la sentencia

pronunciada por la Junta de la Carrera Docente del departamento de Cabaas, mediante la

cual se sancionaba al profesor Carlos Antonio Orellana Ortiz a la pena de treinta y un das

de suspensin sin goce de sueldo; se declar nulo, adems, el auto en el cual se declaraba

ejecutoriada la sentencia definitiva antes dicha y se orden a la Junta de la Carrera Docente

de Cabaas a reponer actos declarados nulos a partir de la sentencia definitiva y a

cancelarle el salario y emolumentos que el profesor Ortiz Orellana haba dejado de percibir

por la suspensin a la que fue condenado, y que deba ser pagada por cada uno de los

propietarios que integraban la referida Junta; a fs. 166, escrito presentado por el apoderado

del seor Orellana Ortiz, el da ocho de julio de dos mil cuatro, ante al Tribunal de la

Carrera Docente en la cual le solicitaba a dicho tribunal aplicara la multa a los miembros de

la Junta de la Carrera Docente del departamento de Cabaas, por haber transcurrido ms de

diez das del plazo que se haba sealado para hacerse efectivo dicho pago, situacin que

haca incurrir en la multa que estableca el artculo 86 de la Ley Carrera Docente; a fs. 265,

MioResaltado

auto de fecha cuatro de febrero de dos mil cinco, en el cual se les previno a los miembros

de la Junta de la Carrera Docente de Cabaas para que nombraran representante comn a

fin de que hiciera las gestiones y peticiones ante el Tribunal de la Carrera Docente,

prevencin que fue notificada a cada uno de ellos segn fs. 278-281; y a fs. 268, escrito

presentado por la licenciada Sandra Noem Castro de Abrego, en el cual solicit la

declaratoria de nulidad de los actos procesales practicados por el Tribunal de la Carrera

Docente de San Salvador, por no haberse llevado a cabo en observancia de los

procedimientos establecidos en la Ley de la Carrera Docente.

Asimismo, consta a fs. 273-274 resolucin de fecha veintiuno de febrero de dos mil cinco,

en el cual se resolvi no admitir el escrito y lo solicitado por parte de la licenciada Castro

de Abrego, por no ser parte en el procedimiento administrativo sancionador, circunstancia

que fue hecha de su conocimiento a fs. 277; a fs. 282, escrito presentado por los

demandados en dicho procedimiento administrativo, el da nueve de febrero de dos mil

cinco, en el que nombraron al licenciado Gustavo Antonio Cerros Urrutia como

representante comn para que realizara las gestiones y peticiones correspondientes; a fs.

284-296, sentencia dictada por el Tribunal de la Carrera Docente con fecha veinticuatro de

febrero del ao dos mil cinco, mediante la que se resolvi remover de sus cargos a los

miembros propietarios de la Junta de la Carrera Docente de Cabaas al sancionar de manera

incorrecta al profesor Carlos Antonio Orellana Ortiz; y de fs. 333-376, notificaciones

hechas a los miembros de la Junta antes dicha, a travs de las cuales se les dio a conocer la

remocin de sus cargos.

De la prueba antes mencionada se hacen las siguientes consideraciones:

1. Que la demanda interpuesta por el apoderado del seor Carlos Orellana Ortiz en contra

de los miembros de la Junta de la Carrera Docente del departamento de Cabaas fue

notificada a cada uno de los demandados el veintisis de agosto de dos mil cuatro, y que las

solicitudes hechas por los miembros de dicha junta respecto a que se les nombrara como

defensora pblica a la licenciada Castro de Abrego, s fueron resueltas tal como aparece en

el auto a fs. 117 en el cual se nombr defensora a dicha profesional. Asimismo a fs. 40 y

117 se convoc a dicha profesional a la audiencia de pruebas, notificndoles dicha

convocatoria a los demandados tal como consta con las certificaciones de las respectivas

actas de notificacin.

Por otra parte se ha comprobado que el Tribunal de la Carrera Docente llev a cabo la

audiencia de recepcin de pruebas pero que previo a dicha audiencia al realizarse la

juramentacin de la licenciada Castro de Abrego, sta no legitim su personera, por lo cual

no pudo intervenir en dicha audiencia, segn consta a fs. 261y 262.

Adems, al afirmar los demandantes que dicho Tribunal violento su derecho de peticin al

no resolverles las solicitudes que ellos haban realizado, se ha constatado que dicha

afirmacin no es veraz pues una vez que fueron partes en el proceso administrativo

sancionador se les resolvi todas sus solicitudes, tal como aparece en el expediente

analizado.

MioResaltado

2. Se advierte que si bien es cierto en la resolucin de fs. 108 no se le dio intervencin

como parte al seor Gustavo Antonio Cerros Urrutia, dicha resolucin se le notific al

referido profesional fs.114-, as como todas las resoluciones que el Tribunal dict. Por otra parte, se les previno a los demandados que nombraran a un representante en comn para

que realizara todas las gestiones y peticiones, y ellos nombraron al licenciado Gustavo

Antonio Cerros Urrutia fs. 265 y 282-. Adems pese haber sido legalmente notificado al licenciado Cerros Urrutia, ste jams interpuso un recurso sobre esta situacin a dicho

tribunal por lo que qued subsanada cualquier ilegalidad.

3. Que la multa exigida en el artculo 98 de la Ley de la Carrera Docente fue aplicada a los

seores Vsquez de Marroqun, Cerros Urrutia y Rodrguez Hernndez en otro

procedimiento incidente de nulidad 1-2004- diferente al procedimiento administrativo sancionador que se llevaba acabo, tal como consta a fs. 33.

Asimismo, en el escrito presentado por los demandados ante el Tribunal de la Carrera

Docente en el cual solicitaban la recusacin de dicho Tribunal para que conociera sobre el

caso, al examinar dicho escrito se nota que ste no llenaba los requisitos necesarios para

darle trmite al incidente respectivo, pues no iba acompaado de la prueba, que segn el

artculo 1157 Pr.Cv. tenia que acompaar al mismo; por lo cual dicho Tribunal estaba en lo

correcto al negarse a darle trmite al escrito antes relacionado fs. 50-51 y 86-87-.

4. Y finalmente se advierte, de la prueba mencionada, especficamente a fs. 299-314 y 333-

376, que la sentencia se les notific en el lugar que los demandantes solicitaron, el cual era

Calle Principal Colonia Polanco 1-B Mejicanos.

Con lo anterior se evidencia que no se cometieron las infracciones constitucionales

alegadas por los seores Martha Vilma Vsquez de Marroqun, Gustavo Antonio Cerros

Urrutia y Jos Rigoberto Valentn Rodrguez en el procedimiento administrativo 2-2004

seguido ante el Tribunal de la Carrera Docente de San Salvador.

POR TANTO: A nombre de la Repblica de El Salvador, con base a lo expuesto en los

considerandos que anteceden, y con fundamento en los artculos 32, 33 y 34 de la Ley de

Procedimientos constitucionales, esta Sala FALLA: (a) Declrase no ha lugar al amparo

solicitado por los seores Martha Vilma Vsquez de Marroqun, Gustavo Antonio Cerros

Urrutia y Jos Rigoberto Valentn Rodrguez Hernndez contra actuaciones del Tribunal de

la Carrera Docente de San Salvador; por no existir vulneracin de sus derechos de defensa,

audiencia, peticin, seguridad jurdica y estabilidad laboral; y (b) Notifquese. ---A. G.

CALDERON---V. de AVILS---J. N. CASTANEDA S.---J. ENRIQUE ACOSTA---M.

CLAR---PRONUNCIADO POR LOS SEORES MAGISTRADOS QUE LO

SUSCRIBEN---M. A. MONTECINO G.--- RUBRICADAS.