Aquí, allá y en todas partes… - ANALISIS DE COYUNTURA ... · REVISTA MENSUAL DICIEMBRE DE 2008...

REVISTA MENSUAL

DICIEMBRE DE 2008

AÑO VII • Nº 102

DOS PESOS

ISSN 1669-9122

Aquí, allá y en todas partes…

Crisis y recesión se combinan en un escenario global en el que se dirime la economía real y las políticas posibles, las políticas de siempre y las posibles alternativas.

EQUIPO DE TRABAJO Redacción: Claudio Adrianzen Bei, José María Dunn, Sebastián Juncal, Julián Kan, Sebastián Ortiz, Mariano Ronzoni, Diego Tavormina, Fabián Ulmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak. Corrección: Martín Yuchak y Claudio Adrianzen Bei. Dibujo de tapa: Colectivo El Furgón Responsable de la publicación: Alejandro Viegas. Página web: www.analisisdecoyuntura.com.ar Para contactarnos: [email protected] Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ), New York Times (NYT); Washington Post (WP); Usa Today (UT). – Francia: Le Fígaro (LF); Le Monde (LM) – Gran Bretaña: The Economist (TE); BBC News (BBC) – España: El País (EP); suplemento Nueva Economía de El Mundo (NEEL) – México: La Jornada de México (LJdM) – Venezuela: El Universal (EUn) – Colombia: El Tiempo (ET) – Bolivia: Los Tiempos de Cochabamba (LTC) – Perú: La República (LR) – Brasil: Folha de Sao Paulo (FSP); O estado do Sao Paulo (OSP); Folha da Tarde-Folha de Sao Paulo (FDT-FSP) – Argentina: Clarín (C); La Nación (LN); Página 12 (P/12)

Aquí, allá y en todas partes… 3. Editorial 4. Crisis mundial: Esperando a Godot Por Sebastián Juncal y Fabián Ulmann 16. Elecciones regionales en Venezuela: Muy disputadas antes, durante y después Por Alejandro Viegas 19. La batalla ideológica: Cada vez más, el corazón descubierto Por José María Dunn 21. El fin de las AFJP en el medio de la crisis mundial Por Claudio Adrianzén Bei 25. Industria y Movimiento obrero: El delgado hilo de la alianza social en el gobierno Por Diego Tavormina y Sebastián Ortiz

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DICIEMBRE DE 2008 AÑO VII * Nº 102 ISSN 1669-9122

DICIEMBRE DE 2008

Editorial

En el editorial del número anterior, señalábamos como una de las contradicciones inherentes al sistema capitalis-ta –y uno de los fundamentos centrales de la crisis mun-dial en la que estamos insertos– a la apropiación cada vez más privada de una producción que tiende a ser cada vez más social y mundial. Esto es, cada vez son menos los que se llevan el producto de lo que elaboran en el mundo cada vez más brazos y cerebros trabajadores.

No obstante, esta puja material entre lo individual y lo colectivo no empieza hoy. Ha atravesado la historia de la humanidad, adoptado diferentes formas; y ha planteado al ser humano los problemas más diversos y complejos en cuanto a las formar de organizar la vida en sociedad.

A mediados del siglo XVI, en los albores del capita-lismo, el filósofo inglés Thomas Hobbes se refería a la naturaleza del ser humano, afirmando que “si dos hombres desean la misma cosa, y en modo alguno pueden disfrutarla ambos, se vuelven enemigos y […] tratan de aniquilarse o sojuzgarse uno a otro.” Y concluye que “los hombres no experimentan placer al-guno (sino, por el contrario, un gran desagrado) reuniéndose, cuan-do no existe un poder capaz de imponerse a todos ellos”.1

Un siglo después, Jean-Jacques Rousseau le respondía que no es el hombre naturalmente malvado, sino que “la necesidad de satisfacer una multitud de pasiones [es] obra de la so-ciedad”, por lo tanto, a los hombres solitarios (o salvajes) “la calma de las pasiones y la ignorancia del vicio les impide obrar mal”.2

Pese a las visibles diferencias, existe una coincidencia básica entre ambas posturas: el individuo es anterior a la sociedad, la naturaleza del hombre es individual y lo co-lectivo es algo que está subordinado al individuo. En un caso, el conjunto convierte al hombre en un ser perverso y maligno; en otro, el hombre por naturaleza desprecia el conjunto.

Este modo de pensar puede constatarse cotidiana-mente en hechos y palabras de la actualidad nacional y mundial. Un ámbito a considerar en este sentido es el de los derechos. A menudo se habla de la defensa de diver-sos derechos. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos? Por lo general, siguiendo la línea de pensa-miento mencionada, suele hablarse de derechos individuales, fundamentalmente del derecho a la libertad individual por encima de todo. El llamado “sentido común”, con frases tales como “la libertad de uno termina cuando empieza la de los demás”, es subsidiario de esa forma de concebir, de mirar el mundo que nos rodea. El otro, según dicha frase, sería una traba, un impedimento para desarrollar nuestra liber-tad, nos corta, nos coarta nuestras potencialidades humanas.

Ahora bien. Uno de los temas más controvertidos que ocuparon la agenda política argentina durante el pa-sado mes de noviembre fue el fallo de la corte sobre la

1 Thomas Hobbes, Leviatán, cap. XIII. 2 Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, primera parte.

denominada “libertad sindical”, que otorga el mismo rango de representación sindical a un gremio reconocido oficialmente como tal y a otro que no lo está. Esto per-mite –entre otras cosas– que no haga falta que un traba-jador esté asociado a un sindicato con personería para ser elegido delegado gremial.

Es notable la encendida defensa que recibió el fallo por parte de los sectores más concentrados de la econo-mía y sus voceros en la prensa. Un ejemplo puede obser-varse en la nota editorial que el jueves 13 de noviembre publicó el órgano de la oligarquía terrateniente, La Na-ción. Allí se sostiene que “rige en Argentina desde hace déca-das un régimen de afiliación sindical coercitivo, monopólico y de ra-íz fascista en función del cual el Estado otorga la personaría gremial a un solo sindicato por rama de actividad”. Frente a este supuesto atropello a la libertad del individuo, La Nación menciona la adscripción de nuestro país a algunos trata-dos de derecho internacional que “confieren a la libertad de asociación gremial un rango superior entre los derechos de la perso-na”.

Observamos aquí una nueva manifestación nacional del conflicto que viene planteándose mundialmente entre la primacía de lo individual o de lo común. Para el sector más concentrado del capital en nuestro país –los dueños de la tierra–, su derecho individual a competir, exportar, fijar precios, explotar mano de obra en negro y con sala-rios y condiciones miserables está por encima de cual-quier otro derecho, por más básico que sea. Es, por lo tanto, coherente con sus intereses particulares, la defensa de una medida que concierne a la organización de los trabajadores pero que no parte de los trabajadores mis-mos. Sobre todo si se trata de una sentencia que busca desregular la actividad sindical y fragmentar al movi-miento obrero para quitarle fuerza; al afirmar la primacía de derechos e intereses del trabajador individual por so-bre los del conjunto, ocultando el hecho histórico de que sólo la concreción de los derechos colectivos de la clase trabajadora ha llevado al disfrute de los mismos por par-te del individuo trabajador. Si tomamos en cuenta también el momento en que surge el fallo –momento en que se produce un histórico acercamiento entre ambas centrales sindicales, y entre estas y los movimientos sociales que nuclean principalmente a sectores de la clase trabajadora desocupada–, podemos inscribir al mismo como uno de los múltiples territorios en que se libra la batalla entre los intereses particulares de unos pocos –cada vez menos– propietarios de tierras e instrumentos de producción y los intereses generales del conjunto de los trabajadores y del pueblo argentino en general.

4 Crisis mundial: esperando a Godot

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La repetida historia de las crisis capitalistas y sus salidas momentáneas

Crisis mundial: esperando a Godot Por Sebastián Juncal y Fabián Ulmann

Estábamos en crisis... y así seguimosEn los dos Análisis... anteriores (Nº 100 y 101) analiza-mos la crisis mundial como una serie de episodios de conflicto y enfrentamiento, propios de un momento del proceso de acumulación del sistema capitalista y del con-cierto de regímenes políticos que lo estructuran. Lejos de tratarse de una anomalía o mal funcionamiento, este momento es inherente y necesario para el proceso de acumulación global del capital. Esto quiere decir que, in-eludiblemente, más tarde o más temprano, el capital glo-bal requiere de un ajuste. La forma que adopta dicho ajuste es tributaria de la composición del capital global y la integralidad de las formas nacionales que adopta. Es identificable en las múltiples categorías que lo componen, las que tienen un origen y desarrollo histórico. El diferen-te nivel de agregación de las categorías específicamente económicas (empresa, grupo económico, rama y sector) que se conectan en el mercado y los segmentos que lo constituyen, en un momento de conflicto abierto sus per-sonificaciones reclaman a la esfera política y sus niveles (locales, provinciales, nacionales y supranacionales) el ejercicio de la relación suprema que detenta a fines de re-organizar los fundamentos de la acumulación.

El Estado vuelve a confirmar así su supremacía sobre la sociedad. Pero ese Estado no es una entidad abstracta: adquiere formas concretas afines al despliegue histórico del capital. En tanto el capital es una relación –aunque también se identifique dicho término con el producto de la misma y principal motor de su conformación, el capital acumulado–, el movimiento de auge y crisis tiene una fuerte incidencia sobre los grupos sociales que la compo-nen. El Estado, mediante el rol que despliega para garan-tizar la reproducción social y evitar la entropía o la des-composición, refleja esa historia y actúa en conformidad con ella, a menos que los grupos sociales intervengan po-líticamente sin ambages –momento en el cual analítica-mente se convierten en clases sociales– y modifiquen su cauce de manera sustancial.

De cualquier modo, en cada accionar modifican esa historia y se transforman al transformar. La pregunta que debemos hacernos es por el sentido y el alcance de dichas transformaciones. A partir de ello, en el presente artículo continuaremos analizando el desarrollo de la crisis, para intentar observar y caracterizar las disputas al interior de la burguesía y las tensiones existentes en el seno de las re-laciones capitalistas –entre la burguesía de conjunto y el resto de las clases sociales, cogenerantes de la sociedad política y su contrapeso, la sociedad civil.

Debido al grado alcanzado por la crisis, el Estado, en sentido amplio, se convierte en la unidad de análisis más adecuada. ¿Significa un desequilibrio de nuevo cuño en-

tre mercado-Estado y Sociedad Civil? ¿Los dos primeros se vuelven de manera concertada contra ésta última, a juzgar por las exhortaciones inconfundibles al libre co-mercio emitidas por el G-20? Probablemente haya más de un incauto que se permita afirmar que la Ronda de Doha avanzó mucho más gracias a la crisis que a las ne-gociaciones previas. Tiene razón en pensar así. Pero es probable que el “tomo y obligo” del G-7 ampliado, con algunas fisuras en cuanto al cómo pero en absoluto acuerdo con el que: ¿qué hacemos con EE.UU.? Todos parecen estar esperándolo.

El Post Scriptum de ayer Es preciso recapitular los principales eventos de la cri-

sis que desarrollamos en números anteriores, para luego continuar con su desarrollo. A mediados de 2006 co-mienzan a aparecer claros signos de que el ciclo expansi-vo comienza a detenerse. Este agotamiento es desparejo y desigual: hay numerosas fracciones del capital que con-tinúan amasando fabulosas ganancias y espacios de acu-mulación (países y sus mercados) que reflejan un gran di-namismo. Pero aquellas ramas y sectores que reflejan problemas van a sufrir por ese desmejoramiento de la performance. El capital financiero comienza a exigirle mejores retornos, porque debe refinanciar una actividad con perspectivas negativas y, por ende, mayores riesgos. En cierta medida, estos mayores retornos suponen mo-vimientos de diversa índole, en la forma en que se vincu-lan las finanzas y la producción, entendida esta última en sentido amplio (producción y circulación).

Por un lado, hay un paulatino desplazamiento de capi-tales hacia las actividades con mejores perspectivas y se-guridad. Este flujo de fondos, en busca de ganancia, permite comportamientos especulativos que hacen osci-lar permanentemente el valor de las inversiones sobre una tendencia alcista permanente. El petróleo por un tiempo largo –por sus condiciones particulares– y los commodities agrícolas brevemente, fueron ejemplos claros en los últimos dos años. Pero también el abandono de determinadas inversiones genera acciones especulativas de carácter usurario, dada la delicada situación de los re-ceptores de fondos, es decir, los deudores. La dinámica se reproduce combinadamente, de tal manera de hacer aún más pronunciada la desigualdad entre las inversiones.

Por un tiempo, el proceso continúa profundizando las diferencias sin interrupción. Para ello, resultan importan-tes las mediciones que combinan rentabilidad y riesgo pa-ra el manejo de las inversiones, pero decisivas las relacio-nes de todo tipo –principalmente políticas– que establezca cada fracción. Cuando la situación ya está ma-

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dura –en el sentido de que son contados los nichos de in-versión que sostienen su rentabilidad, denominados bur-bujas en la jerga: petróleo, inmuebles, materias primas–, resultando desproporcionado el precio al que se transan sus instrumentos financieros respecto del resto, un even-to casual (desastres naturales) o causal (procesos revolu-cionarios o ataques especulativos) desata el ajuste forza-do. Vale aclarar que, muy habitualmente, el significado estricto de rentabilidad para los inversionistas varía de país a país, de acuerdo a sus cualidades, su historia, su geografía, su clima, su cultura3, etc.

La caída de la Bolsa de Shangai, en febrero de 2007, fue un evento causal, puesto que se derivó del intento del gobierno chino de controlar los mercados financieros, mediante una apropiación de una parte de esa renta a tra-vés de la suba de impuestos. Pero, a su vez, al desarro-llarse en un punto nodal de la reproducción global, ter-minó por ser el evento causal del colapso financiero planetario. A partir de ello, mientras el gobierno nortea-mericano –en tanto representante político principal del capital global en su forma financiera– intentó que el go-bierno chino reviera sus pasos, estableciendo el Diálogo Estratégico con ese país, el sector financiero desarmaba posiciones de inversión, centrando su atención en el ries-go y apartándose de consideraciones en torno de la ren-tabilidad.

No se trata de falta de confianza en las tratativas del gobierno –aunque probablemente en parte sí–, sino que la velocidad actual de las transacciones hacen obligatorio precaverse, lo cual hace más violento el movimiento del conjunto del capital. En ese período –llamémoslo delibe-rativo–, la actividad bursátil tuvo un desempeño extre-madamente desigual, registrando fuertísimas alzas y bajas por igual, aunque con tendencia general a la baja. Los ca-pitales fluyeron a inversiones seguras: el petróleo y las materias primas alcanzaron valores récord antes de caer definitivamente. Los intentos, inicialmente exitosos por parte de Wall Street de absorber capitales del resto de las plazas financieras, permitieron suavizar el colapso y dar más tiempo de resolución y balance.

A partir de diciembre de 2007, cuando queda claro que las principales entidades financieras privadas de EE.UU. no formarán parte de la “solución”, al rechazar el conduit ofrecido por la Reserva Federal (Fed), comienza la inter-vención de los gobiernos mediante la inyección de fon-dos. Cabe preguntarse en qué medida influyó en la deci-sión la reducción de tasas por la Fed iniciada en noviembre de ese mismo año, habitualmente resistida por

3 El “Diego” en Argentina, además de ser un maravilloso juga-dor, deportista y artista, remite al 10% de ganancia o comisión habitualmente en las conversaciones en ese país. Esto da una pauta de lo que en los sectores populares se considera un buen retorno de un emprendimiento. Podemos pensar para cada es-trato y actividad un porcentaje. Por ejemplo, es sabido el bajo margen de los cigarrillos para los kioskeros, que en la bebida está la diferencia de determinados restaurantes, etc.

los bancos. El tiempo permitiría a los bancos forzar un rescate masivo, aunque no completo, a la vez que demos-traría la inaplicabilidad de soluciones previas en la actual organización del capitalismo global.

El Estado, ese oscuro objeto de deseo La inyección de liquidez tenía la finalidad de revitalizar

los mercados de crédito, que resultan fundamentales para el funcionamiento de las empresas de mayor capital, tan-to para financiar operaciones diarias como nuevas inver-siones y procesos de concentración y centralización del capital –adquisiciones y fusiones. Pero lo que ocurría con dichos fondos era que las entidades financieras los desti-naban a resolver sus propios problemas, quedando blo-queada su salida al mercado financiero, donde abundaban empresas ávidas de los mismos. Resolver sus propios problemas, cabe resaltar, es ni más ni menos que los pro-pios y, hasta cierto punto, los de las fracciones de capital con las cuáles se vincula, siguiendo un orden de priorida-des de acuerdo al grado de asociación. De ahí que, a me-dida que se despliega la crisis, se desarrollan múltiples rupturas por este abroquelamiento. Pero, además de esa confluencia entre capitales –que podíamos llamar de pri-mer grado, porque son relaciones empresarias explícitas y directas–, hay otra de un segundo grado, que remite al sector: las finanzas como actividad posee intereses de si-milar naturaleza, aunque al estar dividido en fracciones que la integran competitivas entre sí, sólo excepcional-mente confluyen en acciones concertadas, y aún así habi-tualmente quedan grupos económicos fuera (tal es el caso de Lehman Brothers o Washington Mutual). La depura-ción de capital, elemento inherente a las crisis, tuvo esta doble caracterización, pero cabe preguntarse por qué fue tan violenta para las finanzas. Un indicador de ello es la oscilación bursátil, que registra desde hace meses fuertes oscilaciones en su tendencia descendente: el principal ín-dice de New York, el Dow Jones, “hasta octubre, nunca había subido 10% en una jornada; ahora lo ha hecho en dos oca-siones en 15 días” (WSJ 29/10).

Las crisis cíclicas siempre comienzan en la circulación de moneda, para luego extenderse al resto de las activida-des que conforman el proceso global de producción. Pe-ro, como vimos en los Análisis... anteriores, la actividad financiera modificó definitivamente su fisonomía a partir de la desregulación de 1999. La creación de instrumentos crediticios insondables por su complejidad y por la incer-tidumbre acerca de sus efectos, implicó en la práctica, pa-ra las entidades financieras, detentar la potestad de in-crementar la masa monetaria total, ya que todos ellos podían utilizarse en casi cualquier transacción. Con el agregado de poder usufructuar la obligatoriedad de su in-termediación mediante el cobro de comisiones.

Es decir, a partir del cambio de milenio, el capital pri-vado expandió la masa monetaria de manera incontrola-da. Mejor dicho, controlada pero por ella misma, tal co-mo postulan los lineamientos del sector conocidos como


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Basel II. A su vez, las propias empresas industriales y comerciales conformaron filiales de crédito e inversión destinadas a obtener una parte de las fabulosas ganancias que parecía prometer la actividad. Por añadidura, el as-censo de Bush supuso el incremento exponencial del gas-to (principalmente militar) que agregó aún más moneda y sus sucedáneos al sistema capitalista global. Cabe resaltar que buena parte de dichos instrumentos permitieron la reorganización productiva mundial con eje en Asia, prin-cipalmente en China, aunque la competencia entre capita-les impedía reconocer la medida de equilibrio. Esa reor-ganización también brindó el cauce para apropiar ese mayor valor derivado del incremento exponencial de la productividad, tal como desarrollamos en el Análisis... an-terior.

El agotamiento del ciclo antes descrito, y la forma en que el capital financiero se comportó en ese reflujo, en-contraron un punto de quiebre que profundizó el desca-labro hacia fines de septiembre de este año. En ese mo-mento, se hizo evidente que la inyección de fondos por parte de la Fed y los demás bancos centrales eran absor-bidos por las entidades financieras de manera ininte-rrumpida. Es preciso aclarar que la inyección de fondos –que principalmente asume la forma de líneas de crédito con tasas excepcionalmente bajas– tiene como contrapar-tida la emisión de bonos del tesoro. Al ser consideradas, paradójicamente, las inversiones más seguras del planeta, las mismas entidades que buscaban seguridad, en su huí-da de inversiones riesgosas, justamente adquirían esos mismos títulos de deuda del gobierno federal. Por lo tan-to, recibían crédito con el que compraban los títulos que sustentaban ese mismo crédito. La paralización del crédi-to se agravó en ese momento, no sólo porque había que salvar el capital invertido con la menor pérdida posible, sino porque el uso de los instrumentos financieros “crea-tivos” se había extendido como práctica en empresas in-dustriales, comerciales y de servicios, más sensibles a la iliquidez por tener obreros a cargo, elevados planes de pensiones, gastos fijos más decisivos, etc. Todas hacían fila para recibir ayuda de los gobiernos, que hasta enton-ces caía con cuentagotas, en parte como resultado de una concepción ideológica extremadamente confiada en el mercado como solución, pero también para dejar actuar a las fuerzas de este en la corrección de los “excesos”.

Como para llenar un recipiente excesiva y artificialmen-te ampliado, y en plena reducción, el goteo era poco efec-tivo. Entonces los países implementaron rescates masi-vos, que luego intentarían concertar, una vez comprendido el nivel de interrelaciones globales y la ra-pidez de sus medios. Tuvieron que hacerlo porque, en la práctica y por el momento, era una especie de blanqueo a la emisión privada descontrolada. Caso contrario, hubie-sen debido afrontar la quiebra de importantes fracciones del capital y su posterior absorción por los que sí fueron rescatados. Es por ello que todos los países, en mayor o menor medida, se vieron empujados a “emitir”, a imple-

mentar políticas keynesianas, en muchos casos contradi-ciendo las líneas políticas gobernantes.

Las autoridades económicas de EE.UU. (Departamen-to del Tesoro y Fed) actuaron con rapidez, lanzando un programa de rescate de 700.000 millones de dólares, la mitad disponible inmediatamente y la otra mitad para el próximo gobierno, cuando este comenzara a actuar. Da-da la urgencia que cobraba la situación, era evidente que sería de inmediato.

Y así fue. Apenas declarado vencedor, Obama comen-zó a incidir, con métodos sutiles y otros no tanto, sobre el sentido de las medidas que en lo sucesivo adoptasen quienes quedaban a cargo del gobierno de Bush en reti-rada. Cabe ser suspicaces en todas las direcciones, pero lo cierto es que, mínimamente, Government Sachs –como se denomina coloquialmente a la facción encaramada en la Departamento del Tesoro– se encargaría de distribuir apresuradamente los fondos frescos entre la red de frac-ciones de capital que integra y, quizás, lidera. Posible-mente, el rescate a Citigroup –ya con Obama y su gabine-te económico (que quizás pronto va a tener su propio apodo como facción encaramada en el Tesoro y en el re-sto de los organismos del área de economía– a cargo del Ejecutivo sea el primer y mejor ejemplo de cómo la nue-va facción aún no apodada va a repartir su mitad.

En los hechos, se acaba de disponer para Paulson y sus equipos un rol meramente técnico, poco más que firman-tes. Es lógico preguntarse si este acuerdo estaba explici-tado entre los legisladores que lo aprobaron antes de la victoria de Obama. Es por ello que probablemente toda-vía no empezó el verdadero rescate, sino que recién se acaban de encomendar las “imputaciones contables y el cierre de balance” para cuando los fondos de la segunda mitad lleguen a manos de las entidades financieras ali-neadas con la línea partidaria que acaba de asumir el po-der del Estado. Lo que hay que reconocer es la habilidad y la predisposición a negociar las transiciones y la facili-dad con la que se forja un acuerdo al respecto.

Para el capital global, comenzaba un lento proceso de transparentación del resultado final del ciclo ascendente que culminó hacia fines de 2006. El reconocimiento en exceso del capital acumulado, por imposibilidad de alcan-zar una depuración más consistente de las distintas frac-ciones, sienta las bases para que en la fase ascendente del próximo ciclo los procesos inflacionarios dispongan del terreno adecuado en donde abrevar. La depuración par-cialmente fallida es tributaria de las correlaciones de fuer-za, en política internacional, entre los estados y, en políti-ca doméstica, entre las clases que en ellos residen, con el agregado de los efectos de la globalización en difuminar las fronteras entre ambas. La preparación del terreno in-flacionario será, a su vez, resultado del desenlace de la presente crisis inconclusa.


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Hoy no se fía, mañana tampoco La idea originaria del rescate era disponer de la primera

mitad de los fondos aprobados para adquirir los activos denominados tóxicos, es decir, aquellas inversiones ries-gosas y complejas que mencionamos anteriormente. Las entidades financieras disponían de un mes y medio para utilizarlos: el 14 de noviembre vencía la opción para soli-citarlos. Sólo podían acceder a ellos los bancos comercia-les o similares, que están sometidos a mayor regulación. Es por ello que American Express se apresuró a anunciar su conversión en holding bancario, para acceder a parte de los 60.000 millones de dólares que quedaban –de los 350.000 millones originales– a sólo dos días de vencer el plazo. Dichos fondos eran objeto de un intenso lobby por parte de numerosas entidades. Probablemente, ya no quedaba nada cuando el Departamento del Tesoro anun-ció un giro en el eje central del rescate: a partir de enton-ces, se dejaría de lado la finalidad de adquirir inversiones problemáticas, para pasar a financiar a los consumidores con buenas calificaciones crediticias.

Con las manos vacías quedaron las automotrices, al menos en esta parte de la asistencia gubernamental. Un día antes de la elección presidencial, el Departamento del Tesoro anunció que rechazaba el pedido de General Mo-tors de una línea de crédito para financiar su fusión con Chrysler, pese a que la cifra era insignificante (10.000 mi-llones de dólares) para el volumen de fondos comprome-tidos por el Estado hasta el momento.

Es preciso resaltar que la industria automotriz nortea-mericana se encuentra en franco deterioro desde su últi-mo año bueno (1999). La competencia de terminales ex-tranjeras llevó a las tres grandes de Detroit (General Motors, Ford y Chrysler) a perder sistemáticamente par-ticipación en el mercado norteamericano. Las pérdidas eran parcialmente compensadas por las ganancias de las filiales financieras, que habían apostado un capital signifi-cativo en los instrumentos financieros complejos. Cuan-do comenzó el derrumbe financiero, quedaron al desnu-do sus problemas en la esfera de la producción. La presión al gobierno fue sistemática a partir de mediados de 2007, la administración Bush eludía cualquier com-promiso. La victoria de Obama le aportó nuevos bríos al lobby automotriz, que comenzó a utilizar principalmente a los demócratas del Congreso para presionar aún más al gobierno. El rápido deterioro de la situación financiera de las tres empresas hizo de noviembre un mes de inten-sas negociaciones, obligando al equipo de Obama a in-tervenir a favor de ellas, sin resultados al cierre del pre-sente número.

Lo que llama la atención es que las automotrices no es-tuviesen entusiasmadas en recibir otro tipo de ayuda del gobierno. Se trata de una línea de crédito por 25.000 mi-llones proveniente del Departamento de Energía, para fi-nanciar la conversión de plantas e instalaciones, que pu-diesen fabricar de aquí en más modelos más eficientes en el uso del combustible. Seguramente, el compromiso que

supone desalienta a las automotrices a tomar esos fon-dos, dado que no obtienen otro tipo de ayuda, que no re-quiera inversiones adicionales. Teniendo en cuenta que todo parece indicar que Obama impulsará dicho tipo de medidas, las tres grandes de Detroit se encontrarán con ellas tarde o temprano.

¿Por qué la reluctancia entonces? Las firmas constata-ron que la ventanilla de acceso a los fondos gubernamen-tales se cerraba para ellos. Aunque no del todo, porque el gobierno abría una de otro tipo para el sector automotriz. Se trata de la primera que está guiada por el futuro y no por el pasado. El rescate a las entidades financieras fue el medio de resolución de los problemas anteriores, la que se abrió para las automotrices es la primera que supone transformaciones hacia adelante. No es que Detroit re-chace dicha ayuda en un momento tan delicado, simple-mente no quiere perder la oportunidad de obtener fon-dos incondicionales que resuelvan problemas pasados. Probablemente, aceptarlos sin sentar precedente les quite capacidad para obtener una mayor cuantía.

Las exigencias a las automotrices, entonces, constitu-yen la primera y única medida de estímulo a la economía del gobierno de Bush. Mal que les pese a las automotri-ces, el préstamo del Departamento de Energía es la única de las medidas que al menos apunta a modificar estructu-ras productivas. Al destinarlo a transformaciones en los productos –incrementar la eficiencia en el consumo de combustible– y por ende en los procesos de producción, se diferencia de todo el resto, que constituye un mero rescate de fracciones de capital, un saneamiento de la descontrolada emisión privada de instrumentos financie-ros que actuaron virtualmente como moneda.

El anuncio de cambiar la naturaleza del plan, por parte del Departamento del Tesoro, el 12 de noviembre –ya con Obama como presidente electo–, debía refrendar en la práctica su carácter de estímulo. El hecho de comenzar a financiar el consumo de manera directa no resolvía el problema porque aún requiere de intermediación de las entidades privadas para llegar al consumidor. No tardaría en constatarse que el anuncio era más para el mercado que para ser implementado estrictamente en ese sentido aludido.

Tal como sucedió con la primera partida de fondos con AIG, ampliamente la entidad más auxiliada, ahora llegó el turno a otra facción. El Departamento del Tesoro salió al rescate de Citigroup, que dispone de varios ejecutivos en el nuevo equipo económico de Obama (Robert Rubin, principalmente). El momento del cambio y los efectos del mismo son brutalmente sinceros. Basta describir el proceso de caída y resurrección de la entidad financiera más grande del planeta, hasta entonces. Los problemas de Citigroup no eran diferentes de los de la mayoría de las empresas del sector: sus balances estaban plagados de “activos tóxicos”. La solución buscada como medio de resolución fue adquirir al Wachovia, pero Wells Fargo se


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le adelantó y mejoró la oferta. El reclamo ante la justicia por parte de Citigroup fue desechado por inconducente.

Este mecanismo, habitual en las crisis, de recurrir a la concentración y centralización del capital, jurídicamente manifiesto en compras de empresas, adquisición de ac-ciones, recompra de acciones, conversión de títulos de deuda en acciones, ejercicio de opciones de compra de acciones, cambios de status jurídico de las empresas o grupos económicos y fusiones, es particularmente impor-tante en el momento actual, toda vez que esas operacio-nes se financian con dinero federal. Pero no sólo por ello. Una reforma de la sección 312 del código impositi-vo, establecido en el año 1986, introdujo una excepción en la forma de imputar las pérdidas de las empresas ad-quiridas en momentos de crisis, para permitirles acumular efectivo. Las empresas adquirientes pueden absorber las pérdidas de las empresas que compran, lo que reduce el cálculo de impuestos. PNC Financial, que compró Na-tional City en 5.100 millones de dólares, pudo ahorrar va-rios millones de dólares (WP 10/11).

El fracaso en la expansión de Citigroup constituye una señal muy negativa para el mercado. Al agotarse las posi-bilidades de hacerlo –pues los candidatos potenciales a ser adquiridos iban siendo absorbidos por competidores–, sus acciones se desplomaron sistemáticamente. A me-diados de 2007, cotizaban a 50 dólares cada una, el 21 de noviembre alcanzaron 3,77 dólares la unidad luego de perder un 50% de su valor en cinco días. Cuando el De-partamento del Tesoro anunció el cambio en el objetivo del plan, Citigroup comenzó a estudiar salidas radicales, como venderse a otra entidad o acogerse a la protección de la ley de quiebras –procedimiento similar a la convo-catoria de acreedores. La ventanilla estaba cerrada y sólo podía ser abierta por el gobierno electo mediante presión. Así fue que la intención de modificar el propósito del plan de rescate –destinar el dinero a estimular los créditos a los consumidores, en lugar de comprar inversiones in-cobrables o de dudosa solvencia a las entidades financie-ras– fue anulado a sólo diez días de ser anunciado. Las urgencias de Citigroup llevaron al equipo económico de Obama a forzar un nuevo rescate el 23 de noviembre. El gobierno garantizaría 306.000 millones en préstamos del Citigroup e inyectaría 20.000 millones en fondos de ma-nera inmediata –5.000 el Departamento del Tesoro, 10.000 la Corporación Federal de Garantía de Depósitos y 5.000 la Fed. A cambio, las agencias reguladoras del gobierno recibirían 7.000 millones de dólares en acciones y el gobierno federal 20.000 millones, todas ellas preferi-das y con un dividendo de 8% garantizado. La empresa asume los primeros 29.000 millones de dólares en pérdi-das futuras, derivadas de los 306.000 millones garantiza-dos, mientras que a partir de esa cifra el gobierno federal afronta el 90% y Citigroup el 10%. Por otra parte, Citi-group se compromete a limitar pagas a ejecutivos, sus-pender el pago de dividendos y despedir a 52.000 em-pleados.

Dicha solución, aunque erosiona el valor de los accio-nistas existentes, logró revertir la tendencia descendente del valor de la acción. Sólo el lunes siguiente al domingo 23, en que se anuncio el rescate, sus acciones subieron un 58% (WSJ 25/11). Averiado y con su capacidad merma-da, Citigroup parece continuar con vida como capital “independiente”, condición entendida como derivada de la capacidad de gestionar directamente tanto capital pro-pio como ajeno. “‘Lo que Paulson y su equipo están haciendo es criminal’, afirmó el representante republicano Darrell Issa, de Cali-fornia, en una entrevista el lunes. Issa, uno de los 171 representan-tes que votaron en contra del paquete de rescate de 700.000 millo-nes de dólares en octubre, dijo que el Tesoro estaba eligiendo ganadores y perdedores en la industria bancaria” (WSJ 25/11).

El rescate a Citigroup pone en duda la convicción de cambio expresada sistemáticamente por Obama durante la campaña. Gran parte de los integrantes del futuro equipo económico son viejos conocidos en la trama teji-da que dio cauce propicio y mecanismos aceleradores a la crisis. Tal es el caso de los nombramientos de Timothy Geithner, actual Presidente del Banco de la Reserva Fe-deral de New York para Secretario del Tesoro; de Law-rence Summers, ex Secretario del Tesoro de Clinton para presidente del Consejo Nacional Económico; y Paul Volcker, ex Presidente de la Fed durante Carter y Reagan. Los dos primeros y un buen número de subalternos de segunda línea, son discípulos y ex colaboradores de Ro-bert Rubin, Secretario del Tesoro de Clinton y actual di-rectivo de Citigroup. Es prácticamente imposible consi-derar que dicho equipo no terminará de sanear al sistema financiero y sus empresas de capital privado, en parte por no haber recibido toda la asistencia requerida antes de la victoria de Obama. Pero cabe preguntarse si el tamaño de la crisis puede modificar algunas de sus convicciones res-pecto de la desregulación financiera. Más adelante po-dremos constatarlo. Por el momento, lo que hay que se-ñalar es que el plan de rescate de 700.000 millones de dólares no tuvo como meta revitalizar la economía sino fortalecer los mercados financieros.

De ahí que la titular del panel del Congreso encargada de controlar su uso, Elizabeth Warren, haya afirmado que “el gobierno aún no tiene una estrategia para aligerar la crisis fi-nanciera, pese a los miles de millones de dólares que ha gastado con ese fin” (NYT 2/12). Fortalecer en el argot del Departa-mento del Tesoro no es más que otorgar fondos, liqui-dez, a los inversionistas que en actúan en dichos merca-dos.

Es por ello que, dos días después del rescate a Citi-group, se volvió a lanzar el plan de revitalización del cré-dito, un poco admitiendo que la segunda parte de los fondos no seguirían el rumbo anunciado, sino que termi-narían en manos de las entidades que no recibieron su parte en la primera entrega. El Tesoro y la Fed abrieron una línea de 200.000 millones de dólares en créditos titu-larizados y garantizados –con casas, automotores, etc.–, sólo para candidatos con las mejores calificaciones credi-


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ticias y la Fed. Otra de 600.000 millones para adquirir las hipotecas garantizadas por las empresas Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae y Federal Home Loan, bajo control directo del gobierno. El 25 de noviembre, enton-ces, comenzó a implementarse un plan de cara al futuro. Hasta el momento, todas las medidas tuvieron como fi-nalidad resolver el balance previo.

En este escenario, las automotrices parecen quedar afuera del “rescate hacia atrás”. Si bien todavía es posible recibir fondos “sin contraprestación”, las grandes de De-troit precisan acentuar la presión. Está claro que estarán comprendidas en el plan de estímulo que se encuentra elaborando el equipo de Obama –se habla de un paquete de entre 500.000 y 700.000 millones de dólares, destina-dos a planes sociales, obra pública, estímulos fiscales, etc.–, pero las firmas norteamericanas, principalmente General Motors, están retrasadas en su salida como sec-tor respecto del resto de la economía.

Una serie de indicios permite considerar que su mo-mento político no es el mejor. En medio de febriles ne-gociaciones en Washington con el Congreso, el Repre-sentante por Michigan, John Dingell, fue desplazado del Comité de Energía y Comercio, el más poderoso de la cámara baja, por Henry Waxman de California (NYT 21/11). Luego de 28 años de ejercer la presidencia de di-cho comité, Dingell, el miembro del Congreso más anti-guo –ingresó en 1955– y que está casado con una direc-tora de General Motors, fue reemplazado por un ambientalista, en una interna demócrata bastante dura. Es decir, las automotrices perdieron a su mayor defensor en el Congreso. Situación que no puede ser contrapesada en el Senado, porque allí las atribuciones equivalentes a las de dicho comité están divididas en tres comités diferen-tes.

Es por ello que las tres automotrices comenzaron a cambiar su postura. Sin dejar de advertir los efectos de una posible quiebra de cualquiera de ellas –se calcula que alrededor de 3 millones de empleos dependen directa o indirectamente del sector–, comenzaron a admitir la ne-cesidad de implementar transformaciones radicales. El anuncio es también una confirmación de los efectos ad-vertidos, sólo que ahora son los propios gestores y pro-pietarios de esas fracciones del capital los que las llevan a cabo para salvarse. General Motors anunció que, pese a encontrarse reduciendo sus operaciones desde hace tres años, recortará un 20% de su personal, cerrará 9 fábricas y disminuirá de 6.450 a 4.700 sus concesionarias (NYT 3/12).

La tediosa repetición de las lecciones ignoradas Aún es temprano para realizar diagnóstico alguno so-

bre el plan económico de Obama. Los anuncios dan cuenta de cierta pretensión de cambiar algunas estructu-ras del sistema productivo de manera radical, en particu-lar la matriz energética. Pero hay que resaltar que a me-diados de la década del ’70, el presidente demócrata

Jimmy Carter tuvo iniciativas similares, que fueron des-echadas ante el implacable movimiento crítico del capital. Además de ello, vimos que los futuros integrantes del ga-binete son viejos conocidos del establishment, varios de ellos actores centrales en el diseño que llevó al sistema fi-nanciero mundial al borde del colapso.

Por supuesto, hay que tener presente que la crisis re-parte lecciones de vida como ningún acontecimiento so-cial puede hacer, por lo que hay que dejar que decanten esos impactos sobre quienes detentarán el poder del Es-tado de manera completa a partir de enero próximo. En definitiva, son los efectos de la crisis y las reacciones de las diferentes clases ante ella lo que terminará por esta-blecer en qué medida las personificaciones del capital y demás cuadros técnicos modifican sus posiciones y nego-cian una salida para el capital.

Distinto sería si en EE.UU. una fuerza social impulsase un cambio radical y tuviese la capacidad suficiente como para instalar en el gobierno del Estado a una facción con algún grado de antagonismo al capital. Por el momento, Obama parece ser lo más “revolucionario” que la socie-dad norteamericana pudo encaramar en el poder, aunque es evidente que el mandato que le otorga es la renovación del ciclo del capital y no su interrupción o alteración. De ahí que de la descripción de la crisis actual y de sus efec-tos podamos comenzar a proyectar cuáles son las condi-ciones en que debe establecerse la salida planificada por EE.UU. y hasta que punto será replicada en el resto de los países.

En los dos últimos Análisis... observamos la crisis co-mo una profunda desarticulación en la esfera de la circu-lación del dinero. La interrupción del crédito era resulta-do de la búsqueda de las empresas del sector financiero de inversiones seguras, luego de sufrir enormes pérdidas. El temor esparció una demanda incrementada de liquidez para salvar el capital que se desvalorizaba rápidamente por el efecto simultáneo de:

1) las dudas sobre la capacidad de convertir los acti-vos financieros en dinero, al precio reflejado en los balances de las empresas;

2) un endurecimiento en las condiciones del endeu-damiento –incremento de tasas e imposibilidad de refinanciar deudas y/o utilizar líneas de crédito disponibles.

Cabe aclarar que la dinámica económica de los países de mayor desarrollo, que precisan exportar capital por el grado de acumulación alcanzado, hace del endeudamien-to una práctica imprescindible y extendida. Es decir, las multinacionales operan con cifras de activos y pasivos que en valor de mercado representan cifras multimillona-rias. El nivel de endeudamiento –la relación entre activos y pasivos, entre ingresos y pasivos, y entre ganancias y pasivos, principalmente– es uno de los indicadores más habituales a la hora de observar la salud económica y fi-nanciera de una empresa. Cualquier alteración violenta de unos y otros tiene efectos disruptivos en el ciclo normal


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de la empresa. Más aún si sus acciones y bonos de deuda cotizan en bolsa: las oscilaciones en el valor de las accio-nes públicas pueden conducirla al escándalo o al home-naje.

Lo que ocurrió principalmente en esta crisis fue una in-certidumbre muy fuerte acerca de los valores de los acti-vos. Las inversiones –en hipotecas, en títulos de deuda, etc.– de la mayor parte de las empresas en los mercados financieros estaban sospechadas de estar sobrevaloradas. Por añadidura, la contabilidad creativa había permitido hacer a un lado a toda una serie de instrumentos que ge-neraban renta pero cuyo activo de respaldo estaba en riesgo, o bien garantizaba múltiples obligaciones. En el colapso de Shangai, se hizo patente que no había más si-tios de inversión a las tasas consideradas apropiadas don-de colocar esos instrumentos financieros, u obtener acti-vos que sirvieran para constituirse como garantía. La señal de alerta dio paso a la deliberación y a los intentos de buscar el lugar propicio donde descargar los efectos del próximo colapso. Mientras ello ocurría, las empresas y grupos de mayor envergadura y con mejores conexio-nes, desarmaban esos activos, trocándolos con pérdidas en inversiones seguras. El desparrame del miedo empezó a presionar a los balances por el lado de los pasivos, hasta que se secaron los mercados financieros y los gobiernos intentaron en vano calmarles la sed.

El colapso del crédito tuvo sus víctimas variadas en el mundillo financiero, como vimos en anteriores Análisis..., pero no tardaría en llegar a los consumidores, atizados por el miedo que infundían los formadores de opinión. El efecto inmediato de ese miedo fue acelerar aún más la retracción de la demanda. El miedo en la población gene-ró las condiciones para que las empresas de mayor tama-ño comiencen a impulsar reducciones de personal en sus múltiples formas –despidos, jubilaciones anticipadas, reti-ros voluntarios, suspensiones, etc.–, reduciendo las posi-bilidades de afrontar el escarnio social en un buen núme-ro de países. La crisis se trasladó de los consumidores a la relación capital-trabajo, fundamentalmente a los trabaja-dores. Los despidos comenzaron en aquellos lugares más comprometidos y con un importante componente de trabajo vivo: automotrices, entidades financieras y aerolí-neas. Pero no tardaría en hacerse extensivo a la mayor parte del resto de las actividades, a medida que se reducía el nivel de actividad –las excepciones principales son, por el momento, las empresas de energía y las mineras.

Los términos en boca de analistas y gobiernos dan cuenta de lo que se da en llamar la “economía real”. Se trata, en rigor, del momento en que el colapso en la cir-culación –de dinero primero y de mercancías después– impacta en la relación capital-trabajo. Esta situación es observable en el hecho de que el capital acumulado glo-balmente registra una tendencia a destruir más relaciones concretas que a crearlas y renovarlas, lo que constituye su fin y su fundamento. La velocidad y el sentido en que es-ta destrucción de empleo tiene lugar no son casuales, si-

no que se realizan a partir de la organización alcanzada por el sistema global, su historia y sus relaciones de fuer-za actuales. El silencio de las empresas energéticas –pese a la violenta reducción del precio del petróleo–, el des-consolado llanto de las automotrices y el consolado de las entidades financieras son quizás los ejemplos modélicos más relevantes e impactantes.

Ese momento debe ser acompañado por los gobiernos, con el objetivo de generar el consenso necesario para un ajuste. Por ello, las fuentes gubernamentales, organiza-ciones multinacionales de la producción y el crédito y consultoras actualmente rivalizan por arrojar datos deso-ladores acerca de las perspectivas de la economía mun-dial. El temperamento era otro a medida que retrocede-mos atrás en el tiempo, hasta llegar al momento en que la confianza era absoluta y cualquier pronóstico sombrío era un dislate.

La mayor parte de los países se declararon en recesión o en vías de estarlo próximamente. Definida técnicamen-te como la sucesión de dos trimestres de crecimiento económico negativo, hacia mediados de noviembre, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Econó-mico (OCDE), que agrupa a las economías más indus-trializadas, reducía sus previsiones de crecimiento en 2008 para la eurozona, Japón y EE.UU., concluyendo con una proyección de crecimiento negativo del 0,3% pa-ra el conjunto de la economía mundial en 2009 (LF 14/11).

Según informes de Eurostat, la agencia de estadísticas de la Unión Europea (UE), el PBI de los 15 países que componen la eurozona –es decir, que comparten el euro como moneda común–, habría retrocedido un 0,2% en el tercer trimestre, lo que colocaba al bloque a las puertas de la recesión, luego de un segundo trimestre con creci-miento nulo. Este fenómeno se da por primera vez, a 10 años de formación de la zona euro (LF 15/11).

Por su parte, la economía japonesa se halla también en estado de recesión, luego de dos trimestres de retracción del 0,1%. Además, el Banco de Japón dio a conocer una radical reducción de sus proyecciones de crecimiento de la economía japonesa, que registrará un crecimiento de apenas 0,1% en el año fiscal 2008-2009 –que va de abril a marzo. La previsión anterior, que databa de julio, baraja-ba un crecimiento del 1,2% (LN 1/11).

En cuanto a EE.UU., el gobierno admitió que el país entró en recesión a comienzos de diciembre de 2007 (NYT 2/12). El National Bureau of Economic Research (NBER), una agencia federal, determinó que, pese al cre-cimiento del PBI en 2008 –que en el primer trimestre fue de un 1% y en el segundo, de un 2,8%–, “la caída de la ac-tividad económica en el país durante el año reunió los estándares de una recesión. (…) Una recesión es un descenso significativo de la actividad económica que se extiende durante varios meses a través de sus distintos sectores y es apreciable en la producción, el empleo, el ingreso real y otros indicadores. La recesión empieza cuando la


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economía alcanza un pico de actividad y termina cuando la econo-mía toca su fondo” (LF 2/12).

¿A qué se debe el abandono de la heterodoxia para ex-plicar que la recesión comenzó antes? Violentar las esta-dísticas –aunque pase desapercibido este hecho en medio del descalabro– parece ser preferible a sostener una en-trada en recesión posterior. Es probable que el recurso explicativo a cierta noción subjetiva, como son los efec-tos apreciables sobre la economía en comparación con la dureza de un porcentaje, tenga que ver con la pretensión de acelerar la finalización de sinceramiento, que habi-tualmente se traduce en un retorno de los capitales a los mercados financieros de los cuales huyeron.

Más allá de las sutilezas estadísticas, casos como el de España y EE.UU. ilustran cierta llamativa ansiedad por parte de gobiernos y agencias –comúnmente tan optimis-tas en sus evaluaciones– por propagar sus problemas. Todo sucede como si la “crisis internacional” pudiera operar como caballito de batalla para efectuar los ajustes en la esfera laboral que antes se justificaban en aras de la productividad y la “competitividad global”. La aceptación de la crisis ha tenido como correlato una oleada de anun-cios de destrucción de empleos sin que se haya generado, al momento, una reacción sindical apreciable. Y esto pese a que el director general de la Organización General del Trabajo (OIT), se ha visto obligado a deplorar las políti-cas de ajuste típicas como “parte del pasado”, afirmando que “la solución a la crisis económica global no puede fundarse en las viejas políticas de ‘apretarse el cinturón’ impulsadas tradicio-nalmente por el Fondo Monetario Internacional” (LM 14/11). Klaus Schmidt-Hebbel, economista jefe de la OCDE, se encargó de preparar los ánimos para lo que viene, al anunciar que “la cantidad de desocupados pasará de 34 millones en la actualidad a 42 millones dentro de 18 meses en las 30 eco-nomías más industrializadas” (LF 3/12). La tasa de desem-pleo de este grupo de países pasaría, según las estimacio-nes de la OCDE, del 5,9% en 2008 a 6,9% en 2009 y 7,2% en 2010. Sólo en EE.UU., se perdieron 533.000 puestos de trabajo durante noviembre, según los cálculos del Departamento de Trabajo, la cifra mensual más alta desde la crisis del petróleo de 1973, que ocasionó el re-corte de 602.000 puestos de trabajo.

Un aspecto paradójico de la crisis es la repentina aprensión con que los cuadros técnicos del capital –hasta hace poco tan preocupados por el “recalentamiento de la economía” y sus consecuencias inflacionarias– se enfren-tan a las amenazas de deflación, es decir, a la tendencial baja de precios. El fenómeno es especialmente sensible en el caso de las commodities. El petróleo registró a princi-pios de diciembre su nivel de precios más bajo desde 2004 (40,81 dólares el barril en el mercado WTI), movi-miento que arrastra impiadosamente los precios, hasta hace poco en explosivo crecimiento, de los bienes agríco-las. De julio a principios de diciembre, la soja y el maíz habían perdido, a cotizaciones del mercado de Chicago, un 51,7% y un 57% de sus valores, respectivamente. De

la mano de la suba de los precios del petróleo en el pri-mer semestre del año, se impulsaron emprendimientos para la producción de etanol de maíz –y en menor medi-da de soja– en EE.UU. “Cuando los analistas de Goldman Sachs salieron a estimar el crudo en un rango de 150 a 200 dóla-res, en mayo pasado, muchas empresas aceleraron sus planes de construcción y ampliación, para lo cual tomaron préstamos. Hoy son esos mismos préstamos, y la imposibilidad de devolverlos, los que las llevan a la quiebra” (LN 22/11). VeraSun Energy, la principal empresa de producción de etanol de los EE.UU., anunció a mediados de noviembre que se vería obligada a cerrar cuatro plantas procesadoras, tras ampa-rarse en la ley de quiebras. En el complejo de los agro-combustibles, todos los fenómenos asociados a la crisis operan en conjunto para provocar un desplome de natu-raleza tan febril como el que caracterizó su corto “despe-gue”: a la caída de la demanda –por la baja de los precios del petróleo y la crisis peculiar de la rama automotriz–, se suma la salida en masa de capitales de corto plazo, en su “huída hacia la calidad”, luego de los sucesivos desplo-mes bursátiles.

El temor a la extensión del fenómeno deflacionario hacia el resto de la economía se relaciona con el alto gra-do de endeudamiento de empresas y particulares. “‘El problema con la inflación negativa es que el valor real de la deuda se incrementa’, dijo James Nixon, economista de Société Générale” (The Economic Times 22/11). Pero la deflación también puede operar como un factor que neutralice los planes de estímulo que, en sucesión, disparan los gobiernos. Al respecto, Paul Krugman advirtió que “la ‘década perdida’ de Japón en los ’90 enseñó a los economistas que es muy difícil poner en movimiento la economía una vez que las expectativas de infla-ción bajan demasiado. En este momento la economía estadouniden-se está sometida a una presión deflacionaria y sin signos de recupe-ración, lo que aumenta la posibilidad de que quede atascada en una trampa tipo Japón durante años” (NYT, 22/11). En este pa-norama, los gobiernos continuaron implementando me-didas, dejando en claro que cualquier solución debía te-ner en cierto modo una aproximación global.

De la tragedia de Breton Woods a la farsa del G-20

La velocidad de la propagación de la crisis tuvo como uno de sus efectos más sorprendentes la rápida formula-ción de cierto consenso –hay que decirlo, bastante difu-so– acerca de la necesidad de reformular las “reglas del juego” de la acumulación de capital a escala global. Los efectos concretos del nuevo “consenso regulacionista” parecen bastante módicos. Probablemente, el único as-pecto en el cual las economías centrales parecen operar con cierta coordinación es en el abaratamiento del costo del dinero. Siguiendo una tendencia que comenzó a prin-cipios de octubre, los principales bancos centrales realiza-ron reducciones drásticas de sus tasas de referencia. El Banco Central Europeo (BCE) la llevó de 3,25% a 2,50%, la reducción más importante en la historia de la


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eurozona, lo que totaliza 1,75 puntos porcentuales en dos meses. La medida tiene implicaciones significativas, en tanto evidencia el definitivo abandono de la “lucha co-ntra la inflación”, que constituyó una piedra angular de la política monetaria de la eurozona desde su fundación.

Suecia y Reino Unido, que no participan de la zona eu-ro, adoptaron medidas similares. El Riskbank (Banco Central sueco) anunció una reducción de 1,7%, con lo que su tasa quedó en 2%, mientras que el Banco de In-glaterra bajó su tipo de referencia en un punto, colocán-dolo en 2%, el nivel más bajo de su historia desde su creación en 1694. El Banco Central de Japón, por su par-te, redujo su tasa de referencia de 0,5 al 0,3 %.

En cambio, las expectativas desatadas en ocasión de la reunión del llamado G-20 en Washington, a mediados de noviembre, fueron sensiblemente superiores a los hechos concretos acordados en dicha cumbre. El G-20 constitu-ye un grupo ad hoc de países industrializados y “economí-as emergentes”, que si bien tuvo su origen en el curso de las negociaciones fallidas de la OMC conocidas como Ronda Doha, fue resignificado y ampliado para la oca-sión por los países más industrializados del G-7 y la Unión Europea, con el objetivo de dotar de cierta legiti-midad política a las iniciativas surgidas de los gobiernos de las grandes potencias. Se compone de los miembros del G-8 (EE.UU., Japón, Alemania, Francia, Reino Uni-do, Rusia, Italia y Canadá), un representante de la UE (Francia, que ocupa la presidencia semestral y que cedió su asiento nacional a España), el llamado G-5 (Brasil, China, México, India y Sudáfrica) y un cierto número de “potencias menores” (Australia, Turquía, Corea del Sur, Argentina, Arabia Saudita e Indonesia).

Un párrafo aparte merece el ingreso de España al G-20. EE.UU. no deseaba su ingreso pero debió ceder a las presiones iberoamericanas y al artilugio francés de ceder-le el asiento de la UE. Curiosamente, para los medios fi-nancieros lo merecía largamente y exhortaban para que ello ocurriera: “Es el séptimo inversor externo del mundo. Tiene dos de los 20 bancos más grandes y ha desarrollado una buena re-gulación de su sistema bancario. (…) El Banco Santander se está quedando con bancos británicos y de EE.UU.” (TE 8/11). Quizás no agradó tanto la forma en que lo logró y las implicancias de su ingreso ad hoc: “El G-20, creado después de las crisis de mercados emergentes de hace una década, no es ideal para los problemas actuales. Excluye a una gran economía con un sistema de regulación financiero admirado –España–, pero contiene a un país de mediana envergadura que se ha vuelto irrelevante para las finanzas globales a causa de su mala administración: la Argen-tina” (TE 15/11). Seguramente, las negociaciones del go-bierno argentino con la empresa petrolera rusa Lukoil pa-ra adquirir una participación de Repsol YPF no agrade mucho al matutino londinense.

La posición europea en la cumbre se centraba en im-pulsar mecanismos de control para la banca de inversión y los paraísos fiscales. La posición previa del gobierno es-tadounidense no alentaba mayores expectativas. “La ad-

ministración Bush dijo que se resistiría a cualquier intento de crear agencias regulatorias con autoridad sobre todos los países, un tema que los franceses han planteado. Se opone a la regulación de los fondos de cobertura, que han propuesto los alemanes. Y no tiene ningún entusiasmo por reforzar los recursos del FMI, tal como han propuesto los británicos” (LN 15/11). Las “potencias del Tercer Mundo”, por su parte, insistieron en obtener un grado mayor de representación en el FMI y en la necesi-dad de compromisos para desbloquear el comercio de bienes agrícolas. El documento final abunda en declara-ciones vagas de buena voluntad y en una sorprendente fe compartida en las ventajas del libre comercio. Por otra parte, la decisión de reunirse recién en abril de 2009, da la pauta del carácter simbólico del cuerpo colegiado. Cumbre del G20 en Washington. Puntos principales

de la declaración final • Se reforzará la cooperación para restaurar el crecimien-

to global y reformar los sistemas financieros mundiales. • Se fortalecerá la regulación, supervisión y manejo de

riesgos, y garantizará que todos los mercados y actores financieros sean regulados o estén sometidos a supervi-sión.

• Se utilizarán medidas presupuestarias para estimular la demanda interna.

• Se vigilarán las agencias calificadoras de riesgos y re-glamentarán más estrictamente los "hedge-funds".

• Se rechaza el proteccionismo. No se levantarán nuevas barreras a la inversión y al comercio en los próximos 12 meses.

• El mercado, correctamente reglamentado, favorece el espíritu de empresa, indispensable para reducir la po-breza.

• El FMI debe ser reformado para dar mayor cabida a los países emergentes.

Al término de la reunión, el director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, dijo que el mundo necesita un estímulo fiscal de 1,2 billones de dólares para combatir la crisis. Pero sólo Japón se comprometió a dar 100.000 mi-llones de dólares de ayuda adicional. “Aunque las propuestas se presentaron como una reforma ambiciosa, reflejan sobre todo me-didas que los países ya habían puesto en marcha. (…) Para comu-nicar esto, no hacía falta tanto despliegue” (NYT 16/11).

En efecto, el mes fue pródigo en nuevos “planes de rescate” a escala nacional, aunque, a diferencia de los programas anunciados a comienzos de la “crisis subpri-me” en septiembre, el énfasis ha tendido a desplazarse del salvataje financiero a los planes de estímulo para la demanda. Ya mencionamos el nuevo plan de 800.000 mi-llones del Departamento del Tesoro de EE.UU. (600.000 para adquirir hipotecas y 200.000 para créditos titulariza-dos garantizados para deudores calificados). Observando el inédito plan que la Comisión Europea lanzó el 26 de noviembre, que demuestra un denodado esfuerzo del bloque por actuar en conjunto, destina 200.000 millones de euros (260.000 millones de dólares) para sostener la actividad económica en los 27 países del bloque. La ma-


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yor parte del paquete (170.000 millones de euros) será fi-nanciada por los estados y el resto saldrá del presupuesto de la UE y del Banco Europeo de Inversiones. Unos 5.000 millones de euros se destinarán a refinanciación de deudas del sector automotriz, y una cifra similar a inver-siones en redes de energía y telecomunicaciones.

Además de ello, las principales economías europeas plantearon nuevos paquetes (Francia) o bien complemen-taron con nuevas medidas de estímulo paquetes ya for-mulados (Alemania y Reino Unido). En el primer caso, se trata de un conjunto de medidas centradas en la inversión en obra pública y el estímulo al sector de la construcción y a la industria automotriz, con un costo estimado de casi 33.000 millones de euros. El plan incluye líneas de crédi-to para la adquisición de nuevos vehículos, inversión pú-blica para la construcción de “viviendas sociales”, devo-luciones impositivas para las empresas que no despidan personal y un aumento de las erogaciones para las fami-lias más pobres. Se calcula que estos gastos elevarán el déficit fiscal a más del 4% del PBI. Sarkozy renuncia así a su promesa de campaña de ajustar el presupuesto a los cánones fijados por el Pacto de Estabilidad y Crecimien-to, que establecía, en arreglo a la “lucha contra la infla-ción”, un tope del 3% para la deuda pública de los países miembros.

En Reino Unido, el primer ministro Gordon Brown anunció un plan de ayuda a desempleados que enfrentan el remate de sus viviendas por falta de pago de las hipo-tecas, que recibirán un período de gracia de dos años pa-ra pagar los intereses. Por su parte, el “paquete alemán”, por un costo de 31.000 millones de euros, se pondrá en marcha en enero, luego de su aprobación en la Cámara Alta del Parlamento. Sin embargo, el gobierno alemán se negó a respaldar el plan de la Comisión con aportes adi-cionales, como pretendía Nicolás Sarkozy, actual presi-dente del bloque. La canciller alemana, Angela Merkel, rehusó también seguir las recomendaciones de la Comi-sión de bajar el IVA para impulsar el consumo, medida que ya se puso en marcha en Reino Unido. “Merkel con-firmó que no tomará ninguna otra medida hasta enero. La canciller alemana se declaró a favor de medidas ‘que no cuesten dinero’ a los estados, como por ejemplo la flexibilización de ciertas reglas para las pymes. ‘Francia trabaja. Alemania reflexiona’, ironizó Sarko-zy” (LN 25/11). Sarkozy y Merkel coincidieron al menos en la necesidad de defender la industria automotriz euro-pea, que en Francia emplea al 10% de la población activa.

Merece resaltarse la diferente predisposición respecto de la industria automotriz en EE.UU. y en la UE. Proba-blemente, es una carta que Obama desea jugar él para ga-narse la lealtad del sector y de los 6 estados en donde re-side principalmente, aprovechando lo habitual que fueron los desencuentros de las automotrices con el go-bierno de Bush y, por ende, lo fácil que es diferenciarse de él. Además, EE.UU. es el único país atravesando la crisis durante una transición política, circunstancia que obliga a diferir el carácter de los planes de estímulo para

la “economía real”. Por otra parte, las diferencias al inter-ior de la UE continúan incidiendo en la capacidad de in-tervención política. Es altamente probable que las mis-mas nunca sean zanjadas.

China ya no es un cuento El gobierno chino también lanzó un plan de estímulo

por 586.000 millones de dólares, equivalentes al 16% del PBI y al total de gastos del gobierno central y los gobier-nos estatales (WSJ 10/11). Por ende, llegó a la reunión del G-20 habiendo lanzado el plan más amplio de todos. Casualidad o no, la cifra destinada es exactamente igual al valor de los bonos del tesoro norteamericano que ese pa-ís tiene en sus reservas. Dicho dato fue revelado en el momento en que China desplazaba a Japón como princi-pal acreedor de EE.UU. (WP 19/11), con reservas acu-muladas por 1,9 billones de dólares. Pero Pekín, a dife-rencia de buena parte del resto de los países, demasiado preocupados con sus problemas domésticos, continúa haciendo uso de su política exterior para complementar la interna. El presidente de China, Hu Jintao, visitó Cuba, Costa Rica y Perú, luego de asistir a la cumbre del G20 en Washington. Aunque no es la primera visita de un jefe de estado chino a la región, su importancia quedó a la vista de los resultados. Con Costa Rica, se avanzó en las tratativas para la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) que se comenzó a discutir hace un año. Hay que recordar que China ya tiene un TLC con Chile desde 2005 y sólo tiene otro en el mundo, con Nueva Zelanda.

Siguiendo un modelo ya vigente para el caso de África, lo que los chinos proponen es la firma de TLC’s con una sola condición política: la abstención de desarrollar rela-ciones oficiales con Taiwán. Aunque en principio los TLC’s abarcarían una gran cantidad de rubros, por las ca-racterísticas productivas de una y otra parte los intercam-bios consisten básicamente en un flujo de materias pri-mas –en especial metales ferrosos– y alimentos –soja fundamentalmente– desde América Latina hacia China, mientras que la contraparte china está constituida fun-damentalmente por textil barato, productos electrónicos de gama baja y mediana, créditos e inversiones –particularmente en el sector de la construcción. Un factor que favorece este acercamiento es la fuerte reducción de aranceles agrícolas por parte de China en la última déca-da: se ha reducido de un 42,2% (año 1992), al 21% (año 2001), y al 15,8% en el año a partir de 2004, aunque sub-siste un alto arancel (65%) para productos alimenticios elaborados a partir de cereales. En 2007 el volumen co-mercial bilateral entre China y América Latina se situó en 102.570 millones de dólares, superando las expectativas de 100.000 millones trazadas por el gobierno chino para esta fecha. El principal socio comercial es Brasil: China es el principal importador mundial de soja y acero brasile-ños. Como en el caso de África, lo que motiva ante todo el acercamiento chino es la necesidad de materias primas: la economía china representa un 4,5% del PBI mundial,


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pero consume 8% del petróleo, 31% del carbón mineral, 29% del hierro, 27% del acero laminado y 38% del ce-mento. Por supuesto, América Latina representa también un mercado limitado, pero en tendencial crecimiento, pa-ra la relocalización de capitales chinos en momentos en que la crisis en el centro de la economía mundial obliga, cuanto menos, a tomar en cuenta una retracción en la demanda.

No existe, para el caso de América Latina, un “libro blanco” en donde se estipulen claramente objetivos y es-trategias –como sí para el caso del acercamiento a la UE (2003) y a África (2006). Pero es interesante repasar algu-nas de las características del proceso que ha colocado a China como una potencia relevante en el continente afri-cano. Las relaciones se han oficializado, en este último caso, no mediante TLC’s, sino mediante acuerdos am-plios de cooperación económica, diplomática, cultural. En todos los casos, se ha planteado el mismo requisito que para sus potenciales socios latinoamericanos –corte de relaciones oficiales con Taiwán–, y el establecimiento de acuerdos en la esfera diplomática ha jugado un papel importante, por ejemplo, en el caso de gobiernos sujetos a un fuerte aislamiento internacional, como los de Zim-babwe o Sudán.

Pero en América Latina a China le ha salido un rival entre el grupo de potencias “emergentes”. Se trata de Ru-sia, cuyo presidente, Dimitri Medvedev, realizó su propia “gira estratégica” por Perú, Brasil, Venezuela y Cuba a fi-nes del mes de noviembre.

Waiting for Godot (o esperando al dólar) La crisis en los países centrales, y principalmente en

EE.UU., ha generado ríos de tinta acerca del fin del mundo unilateral. Ciertamente, hay indicios de intentos de concertación de políticas entre países de diferente pe-so. Esto no quiere decir, por supuesto, que la política in-ternacional se haya convertido al multilateralismo y la ne-gociación. Por lo pronto, dichos conceptos (unilateralidad y multilateralidad) son caracterizaciones no necesariamente excluyentes la una de la otra. En tanto abstracciones, in-tentan explicar una forma de hacer en materia de política internacional que presenta gradaciones. Son expresión de fuerzas en pugna entre sí, y que se materializan en accio-nes concretas que le imprimen a cada una su sentido. En definitiva, hablar de un mundo unipolar o multipolar es un resultado que puede ser observable como una instantá-nea, una fotografía que refleja cómo las fuerzas de la ne-gociación y el enfrentamiento se equilibran en determi-nado momento.

Esto es así porque la competencia, inherente al capita-lismo, se manifiesta también entre los países, por lo que la tensión entre lo multilateral y lo unilateral reside en cada uno de ellos. La lógica que subyace a ello es el despliegue de la contradicción entre la defensa del capitalismo fron-teras adentro, como su forma nacional, y la búsqueda in-

herente de mercados fronteras afuera, expresión de la esencia mundial del sistema.

Pero el equilibrio entre esas fuerzas en pugna al interior de los espacios políticos tiene marcadas diferencias a la hora de ponerse en acto en política internacional. Pon-gamos por caso la forma de integración del MERCO-SUR, que sistemáticamente procura fortalecer la auto-nomía del bloque. Se trata de algo radicalmente distinto de la política exterior norteamericana y su integración con los socios del TLCAN. Por su parte, la diplomacia china se distingue de ambas y así podemos catalogar a todo el concierto de naciones.

En buena medida, la política internacional se constituye en simultáneo con el despliegue de esa cuestión, y al mo-dificarse altera nuevamente el equilibrio de esa tensión. De ahí que todo lo que podamos afirmar actualmente sobre los cambios en los equilibrios globales responden a un momento de crisis y emergencia, en donde las trans-formaciones están operando y el resultado es incierto. La vocación expansionista o aislacionista de toda nación –por señalar los extremos ideales– emerge de las condi-ciones del conjunto y de las de cada una, y todas absolu-tamente registran en diferente medida esa tensión entre el afuera y el adentro.

EE.UU. parece haber comenzado a observar o privile-giar los asuntos domésticos. Luego de una presidencia sumamente intervencionista en política exterior, como la de Bush, la atención del personal político se centra en la resolución de acuciantes problemas en la economía in-terna. El ajuste de la economía, necesario en toda crisis, ha sido enfrentado hasta el momento por el gobierno de EE.UU. con una emisión descomunal. Es decir, se redu-ce el nivel de destrucción de capital de manera selectiva, eligiendo aquellos grupos económicos (fracciones de ca-pital) que pertenecen a las facciones que detentan capaci-dad de decisión o que están asociadas a ellas. El traspaso de ciertos resortes de poder genera una opción distinta acerca de quiénes son auxiliados por el gobierno.

Esa dinámica de respuesta se replicó a lo largo del pla-neta, siendo claro que es imposible para el resto de los países intentar otro camino. Automáticamente las frac-ciones de capital con asiento en ellos serían devoradas por capitales de envergadura, cuya expansión ficticia fue reconocida parcialmente.

Actualmente se encuentra en una fase de definición el resultado final de la depuración de capitales. ¿Que signi-fica esto? Que los estados procedieron a reconocer una parte –luego de una feroz lucha y negociación– del valor que las empresas reflejaban en sus balances. El exorbitan-te valor alcanzado por los activos fue sincerado por la violencia de las crisis, pero esa destrucción no pudo ser reconducida hacia fracciones de capital incautas: regiones sin experiencia del tipo de crisis financiera fueron las que sufrieron una fuga masiva de capitales. Se trata de lugares absolutamente nimios como para completar el ajuste glo-bal necesario: Hungría, Letonia, Ucrania, Islandia y Pakis-


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tán. El resto adquirió la experiencia para capear el tempo-ral y resistir la inevitable fuga, que no pudo alcanzar nive-les tales como para anular la moneda nacional. Cabe des-tacar que los casos más resonantes se concentran en el entorno europeo, principalmente en Europa del Este. Probablemente el mayor valor del euro entre las monedas mundiales haya sido el aspecto que incidió en esta situa-ción. La debilidad del dólar puede haber neutralizado la capacidad de la divisa para erosionar financieramente a los países en los que predomina.

El interrogante para el que aún no hay respuesta es la incidencia de la avalancha de dólares en los mercados. Está claro que este hecho impidió una mayor valoriza-ción de la principal moneda mundial. A su vez, la abun-dancia de capital líquido, a tasas bajas, es el lubricante ne-cesario para cualquier reorganización productiva que el capital disponga a través de los gobiernos. Pero un exce-so de lubricación también puede desequilibrar cualquier atisbo de salida, en cualquier región, sector, rama y em-presa. Los capitales, ávidos de nichos de inversión renta-bles, enseguida violentarán el ciclo creando burbujas es-peculativas cada vez menos consistentes.

Considerar posible un escenario repetitivo de fun-cionamiento socialmente disruptivo es inevitable sin

cambiar los fundamentos del sistema. Pero la forma que puede adoptar el mismo permite introducir anomalías que se acumulen para producir cambios con el tiempo y la experiencia. La respuesta, entonces, surge de establecer en qué medida la hegemonía del dólar es efectivamente desafiada. Por esto último, debemos entender no sólo las acciones antagónicas al predominio del billete verde en momentos críticos, sino –más precisamente y sobre todo– las que se implementan en momentos ascendentes del ciclo. Actualmente, hay acciones en uno y otro sen-tido, que reflejan la existencia de contradicciones entre países y al interior de ellos. Aunque aún se percibe con claridad que buena parte del resto del mundo lo que está haciendo es esperar el retorno de la demanda norteam-ericana al mercado mundial. Esa actitud significa, ni más ni menos, alentar a que las capas medias y la clase traba-jadora norteamericana continúen ostentando un nivel de vida acorde con un consumo desenfrenado. Pretensión que puede ser ejercida por un puñado de países, siendo aún así preocupantes los efectos sobre el planeta y los re-cursos naturales. Es por el ello que la exigencia de desar-rollo bajo los cánones occidentales es una quimera muy peligrosa.

16 Muy disputadas antes, durante y después

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Elecciones regionales en Venezuela

Muy disputadas antes, durante y después Por Alejandro Viegas

El 23 de Noviembre los venezolanos volvieron a las urnas para elegir gobernadores y alcaldes. Fue la primera contienda tras la derrota del chavismo en el referendo constitucional del 2 de Diciembre de 2007, que marcara el primer traspié de Chávez en el plano electoral. Se dirimie-ron en las urnas 22 gobernaciones más la alcaldía metro-politana (que agrupa a los cinco municipios capitalinos), 327 alcaldías y los legislativos estaduales y comunales. El primer dato importante de la jornada fue una moviliza-ción inédita para elecciones regionales: la abstención cayó al 34,6%, cuando durante los últimos 20 años solía super-ar el 50%. Los bolivarianos se impusieron en 17 goberna-ciones y 265 alcaldías. La oposición sumó 5 gobernacio-nes, la alcaldía metropolitana y 62 alcaldías. Desde este costado, el oficialismo arrasó con “77% de las gobernaciones y 81% de las alcaldías” tal como se expresara desde el Parti-do Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Y sin embargo se difundieron a mansalva análisis que podríamos sinteti-zar con una frase del editor de Tal Cual, Teodoro Petkoff: “la oposición le dio en la madre” a Chávez. ¿Cómo puede ser esto?

En nombre de un supuesto análisis cualitativo, se ha in-sistido hasta el cansancio en una serie de argumentos fala-ces. Por un lado, se destacó con múltiples variantes, que los estados más importantes de Venezuela habían dado la espalda a Chávez y sus políticas. Un ejemplo entre tantos otros posibles: la oposición ganó en los estados “más im-portantes por su demografía y su economía” (LN 1/12). Si bien no es poco importante que los distritos más ricos sean di-rigidos por fuerzas contrarias al Socialismo del siglo XXI, el voto de sus habitantes vale tanto como el de distritos más pobres. Y en ese caso, el peso de los estados obteni-dos por los opositores concentra casi 36% de los electores venezolanos. O sea que casi 2 de cada 3 electores habita distritos oficialistas.

Otro argumento reiterado ha sido el de la evolución respecto del año 2004, cuando se realizaron las elecciones regionales anteriores. Entonces la alianza de partidos ofi-cialista obtuvo 20 de 22 estados, y 270 alcaldías. Cierta-mente la comparación es desventajosa para el chavismo, pero no tiene en cuenta que la composición de dicha alianza ha cambiado. La profundización de las políticas de transformación y la consiguiente agudización de la lucha política tendió a polarizar las opciones y a perder aliados. Tal es el caso de PODEMOS4, agrupación que acompañó a Chávez hasta 2007, y que en 2004 dentro de la alianza con el Movimiento V República (MVR) obtuvo las go-bernaciones de Sucre, Yaracuy y Aragua más varias dece-nas de alcaldías. Los gobernadores de Sucre y Aragua pa- 4 Por la Democracia Social fue fundado en 2002 por disidentes del Movimiento Al Socialismo (de tendencia socialdemócrata e incor-porado a la Internacional Socialista) que rechazaron el paso del MAS a la oposición a Chávez.

saron a la oposición, pero no hicieron lo mismo el manda-tario de Yaracuy ni todos los alcaldes.

Guárico, Trujillo y Carabobo fueron también goberna-ciones inicialmente chavistas que pasaron sino a la oposi-ción, al menos a un “chavismo crítico” o “chavismo sin Chávez”: Acosta Carlez, gobernador en Carabobo, era miembro del PSUV hasta su expulsión en junio de este año por actos de indisciplina y se presentó como candida-to independiente quedando en tercer lugar. Manuitt, de Guarico, también era miembro del PSUV desde 2007 –dejó su agrupación Patria Para Todos (PPT)– y estaba imposibilitado constitucionalmente para una nueva re-elección. Apoyó a su hija como sucesora en las internas del PSUV, y siguió haciéndolo luego de que fuera derro-tada y ella se presentara a través de PPT, lo que le valió la expulsión del PSUV. Y Gilmer Viloria (de Trujillo) fue también expulsado este año al intervenir mañosamente para torcer las internas estaduales a favor de su propio candidato (que también quedó en tercer lugar en las re-gionales) y con acusaciones de cogobernar con miembros de AD y COPEI.

Todo esto indica que había más de dos estados oposi-tores, pero que el alejamiento de estos cinco gobernado-res respecto del proyecto socialista no lo hicieron acom-pañando a sus gobernados sino a espaldas de éstos. En cuatro de estos estados triunfó el chavismo por más de 10 puntos porcentuales (sobre el total de electores), y en Ca-rabobo ganó la oposición por 2 puntos.

Para tratar de desglosar mejor ganadores y perdedores hemos sumado los resultados regionales de las principales fuerzas políticas, para facilitar la comparación entre esas elecciones y las anteriores. Viendo los números absolutos, todas las fuerzas crecieron, salvo PODEMOS que eviden-temente se vio afectada por su giro opositor. Tomando los porcentajes sobre el total de electores, hubo más cre-cimiento de la suma de fuerzas en oposición que en el ofi-cialismo: un 53% contra 40%. Tomando los partidos por separado, es de notar que en el oficialismo se concentró el apoyo en torno al PSUV en mucha mayor medida de lo que pasó en 2004 con el MVR: uno de cada cuatro electo-res votó por un candidato del PSUV, con el agregado de que en ningún distrito la proporción bajó de 1/4, lo que da al PSUV un alcance nacional fuera de toda posible comparación con las agrupaciones opositoras. Incluso en distritos obtenidos por la oposición, el PSUV fue la agru-pación política más votada.

De la oposición se destaca el crecimiento de UNTC COPEI y MPJ, que al contrario del PSUV tienen una in-fluencia marcadamente regional. Así, cada fuerza tiene sus propios feudos, y cada victoria fue mayormente propia de una agrupación distinta: Carabobo para Proyecto Vene-zuela, la Alcaldía de Caracas y Miranda para el MPJ, Tá-chira para COPEI, Zulia para UNTC, Nueva Esparta para


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AD, la única fuerza opositora que logró sumar más de 10% de votos emitidos en más de tres distritos.5

Desde la oposición: los valores contra la ira Los lineamientos generales que unen a estos grupos

opositores podemos verlos sintetizados en recientes de-claraciónes de la Iglesia venezolana y de Fedecámaras (la corporación de empresarios cuyo jefe fue presidente de la nación durante el frustrado golpe de 2002).

En el caso de la Iglesia, cumpliendo con el “grave deber pastoral de ofrecer una orientación ética y moral para el discerni-miento y la actuación de los fieles”, publicaba una exhortación pastoral titulada “Unidos en la justicia y la rectitud”. Allí se señalaba la gravedad del aumento de la delincuencia, para indicar que no se vislumbran “soluciones a corto o me-diano plazo, ante la carencia de políticas públicas efectivas de seguri-dad ciudadana que garanticen la paz social y el derecho a la vida de las personas.” Además de incluir un reclamo a las autoridades en torno a la actualización más veloz de las subvenciones a sus establecimientos educativos, la exhortación concluía denunciando “una crispación de los ánimos que no es saludable para el importante evento electoral que se avecina”, para rematar afirmando que “en este proceso electoral, más que unos cargos, es-tán en juego valores esenciales de la democracia, a saber: el pluralis-

5 AD y COPEI son los restos del viejo bipartidismo nacido a fines de la década de 1950, respondiendo respectivamente a tendencias socialdemócrata y socialcristiana. El resto de las agrupaciones surgió de la crisis de ese bipartidismo, que se hizo manifiesta con la victoria de Chávez en las presidenciales de 1998. Menos claramente que los anteriores, también pueden considerarse socialdemócratas a PODEMOS y UNTC, y cen-tro-derecha a PJ y PRVZ.

mo, la libertad, la honestidad, la justicia, la paz (…). El progreso de Venezuela no se logrará con una permanente conflictividad, sino me-diante un clima de paz, abierto al reconocimiento e inclusión de todos sus habitantes y sectores humanos. La construcción del país es tarea de todos. Nadie debe ser excluido” (10/07/08).

Inseguridad, crispación y exclusión eran asociadas así al gobierno, sugiriendo que los valores esenciales de la demo-cracia están en peligro en es-tas elecciones. Esto sería pro-fundizado en octubre, cuando la Conferencia Episcopal de Venezuela publicara otra ex-hortación tras su 38º Asam-blea Extraordinaria Plenaria. Allí se ponía blanco sobre ne-gro, recordando que “En Oc-tubre de 2007, con motivo del refe-réndum, los Obispos alertamos a la opinión pública en el sentido de que la Reforma Constitucional era ‘mo-

ralmente inaceptable’. Dicha Reforma fue rechazada por el pueblo venezolano en diciembre del año pasado.” Pero ese rechazo no fue respetado: “vemos como un irrespeto a la voluntad popular soberana que se impongan muchos de los cambios rechazados me-diante la publicación inconsulta y sorpresiva de un conjunto de leyes con elementos de carácter estatizante, autoritario y centralizador.” Y acompañando la artillería mediática que destacaba frases descontextualizadas de discursos oficialistas, se cerraba apelando de nuevo a valores deseados: “Los venezolanos, en efecto, anhelamos vivir en paz y democracia. Nuestra vocación es convivir en armonía y fraternidad. Por eso rechazamos la violencia verbal y las amenazas que se han manifestado en esta campaña elec-toral. No queremos sufrir un permanente conflicto interno, que en-ciende las pasiones hasta el odio y la muerte y nos introduce en un ambiente de conflictividad internacional” (CEV 16/10).

Tras las elecciones y después de la presentación perma-nente del gobierno como el sujeto que impide el goce de valores universales, se insiste en que es posible resolver los problemas que vive la mayoría sin conflictividad, sin tocar los privilegios que son la contracara asociada a esos problemas: “Hacemos votos por que las autoridades, interpretando el sentir y la voz de los electores, respondan a las expectativas del pueblo y coloquen, en primer lugar, la búsqueda del bien común y el

Suma de las principales agrupaciones (más de 100.000 votos a nivel nacional) Elecciones regionales 2008

Agrupación Votos % sobre padrón Agrupación Votos % sobre

padrón

PSUV 5.016.252 28,6% UNTC 1.221.852 7,0%PPT* 181.479 1,0% Acción Democrática 796.641 4,5%PCV 141.153 0,8% MPJ 619.209 3,5%GE* 131.045 0,7% COPEI 470.354 2,7%TUPAMARO 114.598 0,7% Proyecto Venezuela 330.092 1,9% 5.584.527 31,8% PODEMOS 193.065 1,1%Todas las fuerzas 6.064.948 34,6% 3.631.213 20,7%* Presentaron candidatos propios en algunos dis-tritos. Todas las fuerzas 4.659.815 26,5%

Elecciones regionales 2004

Agrupación Votos % sobre padrón Agrupación Votos % sobre

padrón

MVR 2.186.491 17,5% Acción Democrática 629.715 5,0%PODEMOS 353.873 2,8% UNTC 303.581 2,4%P.P.T. 181.353 1,4% Proyecto Venezuela 268.998 2,1%PCV 135.736 1,1% COPEI 265.547 2,1% 2.857.453 22,8% MPJ 224.177 1,8% 1.692.018 13,5%MVR: Mov Quinta República PCV: Partido Comunista de Venezuela PPT: Patria Para Todos GE: Gente Emergente PODEMOS: Por la Democracia Social

UNTC: Un Nuevo Tiempo Contigo MPJ: Mov. Primero Justicia COPEI: Comité de Organización Política Electoral Independiente

Lo que falta para una oposición de alcance nacional Agrup oposi-tora

Distritos en los que obtuvo más del 10% de los votos válidos

MPJ Miranda, Amazonas, Dist. Metropolitano AD Anzoátegui, Apure, Cojedes, Falcón, Mérida, Mo-

nagas, Nueva Esparta, Sucre COPEI Falcón, Táchira UNTC Dist. Metropolitano, Miranda, Zulia PODEMOS Aragua, Sucre PRVZL Carabobo

18 Muy disputadas antes, durante y después

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bienestar de todos, por encima de los intereses partidistas o ideológi-cos, grupales o personales. Les exhortamos, particularmente, a que hagan su mejor esfuerzo para enfrentar y resolver, a través de sólidos planes inclusivos y participativos, los principales problemas que vive la población venezolana, como son, entre otros: la inseguridad y la violencia, la pobreza, el desempleo y la corrupción.” (CEV 1/12)

Por su parte, Fedecamaras también asoció las regionales con el plebiscito de 2007: “Así como los venezolanos salieron a votar el 2 de diciembre, así les pedimos que salgan a votar poniendo siempre por encima de todo los intereses del país, eligiendo a los me-jores”. Como aspecto concreto, se destacó la defensa de la descentralización frente a la supuesta concentración de poder en manos del ejecutivo nacional. El presidente de Fedecamaras, José Manuel González declaró en rueda de prensa: “Vamos a elegir a gobernadores y alcaldes que son la máxima expresión de la descentralización. Vamos a ratificar el pro-ceso de descentralización y a elegir a los genuinos líderes de cada re-gión” (fedecamaras 23/11) Tras las elecciones el tono fue similar al de la Iglesia: “Haya ganado quien haya ganado, todos participamos en las elecciones, el llamado es de unidad. Se hace nece-sario darle respuesta a la gente, sin importar quien haya ganado. (…) La crisis mundial que se está viendo en materia económica y que evidentemente va a tocar a Venezuela, obliga a que todos nos sentemos, a que todos nos pongamos de acuerdo, a que haya un re-cuentro de los venezolanos y poner nuestro grano de arena para sacar al país adelante” (fedecamaras 25/11).

Desde y hacia afuera Quien agrega también el dato de la coyuntura interna-

cional al análisis es la publicación anglo-americana The Economist. El escenario que plantea asume que existe algún riesgo de aumento del malestar social y de un final abrup-to para el gobierno de Chávez a raíz de que la respuesta que daría el oficialismo al impacto de la crisis internacio-nal sería radicalizar sus políticas, tensando aún más la si-tuación ya polarizada crecientemente desde 1998 (TE 25/11).

En cierto sentido la apreciación hace justicia al empuje hacia delante que mantiene el oficialismo. Si antes de las elecciones Chávez ponía todo en juego: “Se trata del futuro de la patria. Nos estamos jugando el 23 de noviembre el futuro de la

revolución, el futuro del socialismo, el futuro de Venezuela, el futuro del gobierno revolucionario, y también el futuro de Hugo Chávez. Se está jugando todo eso” (LJ 08/11), después de los resultados –en los que defendió la victoria que logró el PSUV– no esperó más que una semana para lanzar al PSUV a la siguiente batalla: iniciar el trámite que propon-ga una enmienda constitucional que habilite su reelección en 2013. Lo hizo al concurrir a la asunción de Jorge Ro-dríguez como alcalde del municipio Libertador (donde habitan dos tercios de los caraqueños). El día 9 de Di-ciembre se inició este proceso presentándose la propuesta ante la Asamblea Nacional para que luego (en febrero o marzo de 2009) sea refrendada en plebiscito.

Y a la inversa, la lucha política venezolana impacta más allá de sus fronteras. Por eso el carácter fundamental de disputar el aluvión de información construida en función de presentar al chavismo derrotado. Pues, tal como lo presenta un intelectual opositor y no causalmente en un medio de Miami: “Lo que viene para Chávez de ahora en ade-lante es una creciente dificultad de sostener la pegada de su modelo en el exterior. (…) Muy difícilmente puede Chávez ahora vender un modelo de socialismo que está siendo gradualmente rechazado en Venezuela, y cada vez de un modo más claro” (El Nuevo Herald 23/11). ¿Claro? Cerramos comentando un artículo de Na-talio Botana en La Nación que trata las elecciones regio-nales venezolanas y nos trae sus enseñanzas al Gran Bue-nos Aires y que, en cierta forma, tranquiliza a la oposición de aquí acerca de la eficacia de ciertas herramientas para torcer definiciones electorales frente a la hegemonía populis-ta. Frente a ella y el votante–cliente, puede abrirse paso la democracia ciudadana, a pesar de “la hipótesis de que es muy poco lo que se puede hacer para romper esas redes [clientelísti-cas]”. El detalle es que habría sido la inseguridad galopan-te la llave contra el populismo chavista en la propia Cara-cas. Más allá de lo real que pueda ser esto, no creemos que sea menor que Botana concluya que “estas advertencias se proyectan sobre todas las megalópolis en Iberoamérica. Nadie tie-ne definitivamente adquirida la victoria. Lección no desdeñable para nuestra política en el Gran Buenos Aires” (LN 30-11).


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La batalla ideológica

Cada vez más, el corazón al descubierto Por José María Dunn

Capitalismo para todo el mundo. Si no es salvaje, mejor

El estallido de la crisis financiera global profundizó el enfrentamiento entre las dos fuerzas sociales que confron-tan históricamente en la Argentina. El debate por la pro-piedad privada y la conformación de un nuevo escenario económico financiero, tanto nacional como internacional, ya no da lugar a eufemismos entre los diferentes actores sociales y los tiempos globales no permiten, a los referen-tes criollos del capital, retrasar posturas. Veamos cómo se comportaron en las turbulentas aguas de esta crisis.

“Los populistas hablan del capitalismo como si fuera una concep-ción política, social, económica del siglo XX. En realidad, tiene más de cinco siglos. Es la arquitectura humanística perdurable e influ-yente del genio renacentista. Como ocurre con las jóvenes democracias republicanas, el capitalismo ha resistido todo tipo de vendavales y sa-cudimientos históricos. Y ha resistido, adecuándose de forma reflexi-va y gradual, con leyes e instituciones, al transcurso inexorable del tiempo. El capitalismo es la institucionalización en todos los órdenes de la idea de libertad. Se profundizó y derramó hacia los más vastos confines de la sociedad con la Revolución Francesa, la industrializa-ción y el voto universal. La crisis financiera en desarrollo, con devas-tadoras consecuencias inmediatas y extensión destructora sobre la economía de las partes más diversas del planeta, prueba que no hay sistema humano sin imperfecciones, sin ciclos de progreso y de involu-ción”, señalaba así un editorial del diario La Nación mien-tras remarcaba una idea fuerza: que son condición huma-na las relaciones capitalistas, y que no hay posibilidad de que otro tipo de relaciones puedan dar solución a las dife-rentes crisis que se presenten (LN 26/10).

Como decíamos más arriba, no hay tiempo para postu-ras intermedias en los momentos actuales. El diario de los Mitre, en el mismo editorial, sostuvo: “Nadie ha llevado a la práctica un sistema superior que el fundado en la libertad de expre-sión, de comercio y de trabajo, en el derecho de la propiedad privada, en la división de poderes en el gobierno, en la representación ciuda-dana por el libre ejercicio del voto. Urge corregir lo que se encuentra tan mal en el país por graves fallas en la aplicación de la letra y el espíritu del sistema contemplado en la Constitución. No debe haber lugar para motivos que, en vez de disminuir, acreciente el número de los excluidos en el consumo de alimentos, de viviendas dignas y de conocimientos. Tampoco para que se frene y menos para que se des-truyan algunas de las fuerzas productivas que, como el campo, ha sido de los mayores aportes a la riqueza nacional” (LN 26/10). Para los continuadores de la denominada Generación del ’80, las fallas, cada vez más notorias, del sistema capitalista nada tienen que ver con sus relaciones. Lo que hay que corregir es equivocación de hombres, pura esencia indivi-dual. El aparato jurídico institucional que la oligarquía te-rrateniente construyó como marco para realizar sus inter-eses no debe modificarse ya que, para esta fuerza social, no hay defectos en lo escrito ni en el espíritu de la ley, si-no en su interpretación y aplicación.

La solución a estos errores de los, por ellos llamados, “populistas” (que han sido y son la expresión política de las alianzas sociales en donde el movimiento popular ac-tuó en América Latina), no debe tener ni un atisbo de in-tento de atacar el corazón del sistema: la propiedad priva-da. Cualquier cosa que se haga en este sentido será considerado un ataque, una violación, en el más amplio sentido de los términos. Leamos a La Nación: “De lo que se trata es de resolver los problemas sin dilaciones inexplicables, con los recaudos necesarios para procurar que su repetición se haga más difí-cil en adelante y sin manotazos violatorios a la propiedad privada” (LN 26/10).

Es así como la expresión más concentrada del capital en la Argentina preparó el terreno ideológico para la disputa que se daría en los días subsiguientes, haciendo uso de las categorías “mágicas”: propiedad privada, seguridad jurídi-ca, estatización ineficiente.

Como si el editorial del órgano de la oligarquía terrate-niente no bastara, dos de los referentes del librecambismo sentaron, pocos días después una postura similar, respecto de la estatización de los fondos acaparados por las AFJP. El primero en manifestar las ideas de la patronal campera sería el dirigente de la CRA Mario Llambías: “No nos opo-nemos, a que previo estudio, se modifique la ley de jubilaciones, pero hay que respetar los derechos adquiridos por los ciudadanos. Sin se-guridad jurídica, no hay democracia ni Republica” (LN 3/11). La maniobra discursiva es clásica: las decisiones gubernamen-tales no deseadas por el interés de la oligarquía terrate-niente atentan contra la seguridad jurídica lo que significa un avance contra la democracia y el sistema republicano por parte de un gobierno autoritario.

Un día después, desempolvando su pluma, desde una columna de opinión en el diario Clarín, hizo su entrada en escena la renovada expresión del librecambismo en la Ar-gentina: Ricardo López Murphy: “Lamentablemente nos acer-camos más a la chavización de la economía que a un verdadero de-sarrollo. Por eso, debemos defender la seguridad jurídica, terminar con la originalidad argentina y construir un país previsible” (C 4/11).

No conformes con haber marcado la cancha, la dirigen-cia rural salió a testear qué decían públicamente otros di-rigentes empresarios, vinculados a la industria.

Si bien la postura empresarial aparecería claramente en las conclusiones del 44º Coloquio de IDEA, en donde se afirmó que este espacio está a favor de “la propiedad priva-da, el respeto entre los vínculos legales de las partes, la inserción in-ternacional con alto contenido de valor agregado, el respeto por las instituciones y las articulaciones entre lo público y lo privado” (LN 1/11), el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, no se anduvo con rodeos. Sentó postura y toreó a la diri-gencia empresarial: “Hay un avance implacable de un Estado de una avidez sin límites. Estamos ante una de las invasiones sobre el sector privado más grave de nuestra convulsionada historia. Sólo el

20 Cada vez más, el corazón al descubierto

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actor agroindustrial ha sabido hacer frente y poner freno a este despo-jo” (C y LN 12/11).

Rápidamente, la fracción del capital que dirige la alianza social en el Gobierno tuvo que salir a responder. Muestra de la tensión de reinante en esa alianza y fiel a sus inter-eses, la UIA comunicó: “Hay necesidad de garantizar un marco que preserve la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad” (LN 12/11).

En este contexto de disputa, la Presidenta Cristina Fer-nández de Kirchner salió a contener a la alianza que re-presenta, sin dejar de profundizar las críticas al sistema global como viene haciendo desde los primeros atisbos de crisis de los mercados. El escenario fue el encuentro del G20: “Estamos no sólo ante un problema financiero sino frente a un fin de modelo económico que pregonaba la falta de controles como modelo. No estoy hablando del fin del capitalismo, sino que necesi-tamos otro capitalismo, que busque generar puestos de trabajo, pro-greso social, porque no hay crecimiento y desarrollo sin apoyarse en las estructuras productivas” (P12 y C 16/11).

Para aportar tranquilidad a industriales y trabajadores en la discusión coyuntural, afirmó: “Me siento muy orgullosa por-que creo que estamos superando tabúes financieros de siempre: el en-frentamiento entre lo público y lo privado, de la rentabilidad econó-mica y la rentabilidad social. La crisis que hoy envuelve al mundo nos ha enseñado a todos que cuando solamente hay rentabilidad fi-nanciera o económica que no se traduce en crecimiento, generación de empleo y la economía real, dura poco” (C 13/11).

No obstante, la Presidenta reveló la clave del este logro, adjudicándose para esta representación institucional la clave del éxito: “El período de crecimiento económico más impor-tante del país tiene que ver con no aplicar las recetas que nos habían

dado desde afuera, sino con la confianza de un proyecto de país, va-lor agregado y de crear trabajo” (C 18/11).

Como señalamos recién, este debate trasciende las fron-teras nacionales. Pero nada de lo que se diga en otras lati-tudes será lejano para estas tierras gauchas. Es así como el librecambismo criollo decidió responder a los dichos gu-bernamentales con textuales globales. La Nación levantó informes y dichos del corazón financiero mundial: Wall Street.

En un artículo que vaticina “Una tormenta para Argenti-na”, la prensa gaucha revela que, según el fondo de inver-sión Goldman Sachs (accionistas a su vez del Grupo Cla-rín), “más allá de la significante transferencia de recursos al Gobierno que tendrá lugar con la reforma provisional, creemos que el riesgo de un evento sobre el crédito soberano –sea un default o una reestructuración forzada– continúa siendo sustancial entre el 2009 y 2011” (LN 22/11). Más deterministas aún serían las con-clusiones de Oxford Analítica: “El año que viene puede repre-sentar una tormenta para la Argentina. Un clima global en deterio-ro, una pobre toma de decisiones y el aislamiento internacional podrían descarrilar su economía” (LN 22/11).

La respuesta de Cristina Kirchner fue igual de categóri-ca: “La crisis financiera mundial se trata de un momento de devas-tación de los grandes centros económicos mundiales. Un nuevo mode-lo que no tenga como objetivo la generación de riqueza en la especulación financiera, sino en el trabajo, en la producción, en el va-lor agregado a nuestras materias primas, y en el trabajo para nues-tras sociedades” (C 23/11).

La discusión está sobre la mesa. ¿Será Plan A o B? Ve-remos quien tiene los dos, uno de los dos o ninguno.


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Financiamiento

El fin de las AFJP en el medio de la crisis mundial Por Claudio Adrianzén Bei

“¿Dónde hay un mango, viejo Gómez...?” Como habíamos visto en el Análisis... Nº 101, de no-

viembre de 2008, en el marco de una profunda retracción mundial del crédito y el financiamiento industrial, el Go-bierno lanzó una medida que sorprendió a propios y ex-traños: el proyecto de ley para la eliminación del sistema privado de jubilaciones, conocido como AFJP o “capitali-zación”. La medida implica, en los números, el pase a las esferas estatales de la ANSES de unos 97.000 millones de pesos que podrían destinarse para financiar obras públicas u otorgar créditos para inversiones industriales. Pero tam-bién constituye un eje de disputa ideológico en los marcos de un mundo en el cual, desde los países centrales, se está interviniendo fuertemente en el mercado financiero desde posiciones estatales en, a veces, desesperados intentos por parar la hecatombe económica y social originada por déca-das de “libre mercado”. A su vez, veíamos, la medida hizo aparecer en forma casi patente la discusión sobre la pro-piedad (privada) de los fondos de pensión y sobre las dife-rencias entre un sistema de jubilación solidario y uno basa-do en el ahorro individual.

Así, a nivel nacional, el mes de noviembre estuvo signado por la disputa política, económica e ideológica, entre las fuerzas sociales en pugna, de los fondos que controlaban las AFJP. Los marcos de dicha disputa estarán dados por la discusión y aprobación de la medida en las dos cámaras le-gislativas, diputados y senadores; en el transcurso, se suce-derán golpes y contragolpes que incluso traspasarán los lí-mites nacionales e incluirán opiniones, augurios y acciones desde ambas fuerzas.

Retomemos el final del mes pasado... Como veníamos observando, desde mitad del corriente año reaparecieron en la escena mediática algunos viejos conocidos de la polí-tica y el mundo financiero argentino. Esto, veíamos (ver Análisis... Nº 101), se producida con la anuencia y la pro-moción de los grandes multimedios locales, quienes llama-ban a volver a dejar en manos de “los técnicos” la econo-mía del país, dado que, argumentaban, el gobierno nacional no estaba en condiciones de capear el temporal financiero mundial. Así, hacia fines de octubre tendremos nuevamen-te en la prensa escrita de alcance nacional voces “expertas” que manifestarán su desacuerdo con la estatización de los fondos previsionales llevaba adelante por el Gobierno: “Las AFJP eran el único vehículo de financiamiento a largo plazo que tenían las empresas (...) si desaparecen las AFJP esto puede llegar a generar un apretón crediticio similar al que están sufriendo en los Estados Unidos”, señalaba el titular de la consultora Econviews, Miguel Ki-guel (C 25/10, resaltados en el original). En igual sentido se manifestaban los consultores Carlos Melconian, “El Go-bierno no ha tomado una decisión correcta en todo el año, y esta se suma a esa cadena de desaciertos”, y el ex funcionario del FMI Claudio Loser: “Por ineficiencia se ha actuado de ma-nera incorrecta. Si el Gobierno hubiera pedido plata prestada a

las AFJP, habría evitado convertir una oportunidad en una crisis” (C 25/10, resaltados en el original).

En concordancia con aquellos se manifestaban algunos de los ejecutivos de las AFJP: “No se sabe quién va a reempla-zar el rol de las AFJP en financiar el consumo y la inversión”, se-ñalaron Luis Lategana y Oscar Schmidt de MetLife AFJP (C 25/10) Así, el argumento principal que se esbozaba desde los sectores financieros afectados por la medida del Gobierno era que sólo las AFJP tenían la capacidad de ser el eje dinamizador de la economía local, aunque en 14 años su participación como dadoras de créditos a la industria haya sido prácticamente nula.

La pelea por los fondos traspasa fronteras A punto de comenzar las rondas de discusión y consultas

en las comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados, el Gobierno dictaminó la obligatoriedad de la repatriación de 1.800 millones de pesos que las AFJP tenían invertidos en Brasil mediante una resolución de la Superintendencia de AFJP firmada por su titular Amado Boudou (LN 28/10). Dicha medida tenía por objeto poner límites al movimien-to indiscriminado de fondos por parte de las AFJP, bus-cando, a su vez, evitar que dichos fondos fueran hacia la compra masiva de dólares en el mercado local, trayendo con ello una suba repentina de la cotización de la moneda verde. Al mismo tiempo, desde el Banco Central se daba a conocer un informe que señalaba que “entre julio-septiembre, en la Argentina hubo una fuga de dólares del sistema financiero por cerca de 6.000 millones de dólares. (...) Así, desde el inicio de la cri-sis internacional –a mediados de 2007– la salida de capitales suma unos U$S 25.000 millones...” (C 28/10). En igual sentido, la Superintendencia de AFJP daba a conocer que “en apenas 30 días, y a pesar de que recibieron aportes nuevo de los afiliados por unos $ 1.000 millones, el valor de los fondos de las AFJP se redujo en casi $ 8.000 millones. Al 15 de septiembre las cuentas de los afi-liados valían $ 94.189 millones y el 15 de octubre bajaron a $ 86.226 millones” (C 28/10)

Pero desde la otra fuerza social no se quedaban de bra-zos cruzados. Así, el paraguas de la oposición se abría nue-vamente desde los centros financieros mundiales cuando hacia fines de octubre la calificadora de riesgo financiero Standard & Poor’s dio a conocer que días atrás había “ba-jado la nota” de la deuda argentina en dólares y pesos (al-gunos bonos pasaron de “B” a “B-“ y otros de “B” a “C”), fundamentando su decisión por “las crecientes preocupaciones acerca del deterioro en el ambiente político y económico y su impacto en la situación fiscal [y por] la sorpresiva iniciativa de transferir nuevamente al Estado el sistema privado de pensiones [que] ha sa-cudido al mercado financiero local e impactado en el nivel de confian-za general” (LN 1/11) Así, desde las usinas más septentrio-nales de América bajaban críticas y augurios no precisamente navideños: “Lo único que busca la Argentina es dar una solución a sus problemas de caja”, señalaba el chileno Guillermo Arthur, presidente de la Federación Internacio-nal de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), a

22 El fin de las AFJP en el medio de la crisis mundial

DICIEMBRE DE 2008

quien secundaba Fernando Pozo, titular de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban): “La decisión del go-bierno argentino no genera confianza. La sensación es que los fondos jubilatorios los necesitan para financiar necesidades fiscales” (C 28/11).

Por otra parte, el día 28, el juez estadounidense Thomas Griesa trababa un “embargo preventivo” contra 553 mi-llones de dólares que las AFJP tenían depositados o inver-tidos en fondos, bonos o cuentas bancarias dentro del te-rritorio de Estados Unidos. Tres días después, Griesa volvería a la carga y esta vez trabaría un nuevo embargo (imposibilidad de mover o repatriar los fondos) contra los fondos de las AFJP por un monto cercano a los 1.000 mi-llones dólares (LN 1/11)

El día 31, en el cierre del 44º Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA), la tribuna de oradores se llenó de anuncios pesimistas sobre la mar-cha de la economía nacional y se convirtió, también, en ta-rima de críticas a la medida del Gobierno: “En los últimos días, operaciones de ventas que tenía como seguras, se cayeron. Me pasó con una distribuidora eléctrica, una automotriz y una siderúrgi-ca (...). Esto implica una fuerte desaceleración de la economía porque habrá un saldo negativo a fin de año”, manifestaba Javier Tiza-do, titular de Tubos Transelectric y ex secretario de indus-tria nacional. Asimismo, señalaba entre las causas de la cri-sis “la impericia del Gobierno al lanzar medidas como la de las AFJP” (C 1/11). En igual sentido se manifestaría Cristiano Ratazzi, titular de Fiat Argentina: “Ya veníamos con menos cre-cimiento, ahora estamos en recesión, sin duda. (...) Lo que está haciendo el Gobierno con las AFJP hará que se profunda, porque en el ’29 la recesión fue profunda porque los gobiernos le quitaron liqui-dez al mercado y eso es lo que está pasando aquí ahora.” Así, en base a las decenas de ponencias expuestas durante los días que duró el Coloquio, el encuentro empresario paso en limpio una serie de conclusiones, donde se manifiesta que “(recomendamos) la construcción de consensos básicos sobre los temas del hambre cero, la calidad educativa, la propiedad privada, el respeto entre los vínculos legales entre partes, la inserción internacional con un alto valor agregado, el respeto por las instituciones y las articu-laciones entre el sector público y privado” (C 1/11)

Próxima estación: diputados Con la llegada del proyecto de estatización de los fondos

a las comisiones del congreso, comenzaron las airadas ma-nifestaciones de los distintos sectores opositores que bus-caban, además, revivir cierta impronta de movilización na-cional de masas como fuera con motivo de la resolución 125 de retenciones a la exportación entre marzo y junio pasados. Para esto, las razones esgrimidas tendrán por ejes el respeto a la propiedad privada de los fondos, el llamado a la “cordura” de los diputados para votar en contra el proyecto de ley del Ejecutivo y la necesidad de que esos fondos permanezcan en manos privadas para incentivar así, según entienden, las inversiones de capital para los sec-tores productivos, restándole lugar al Estado como impul-sor de crédito.

Uno de los que en este sentido se manifestaba era el aho-ra mediático presidente de la Unión de AFJP (UAFJP), Se-bastián Palla, quien señalaba en una columna de opinión en el matutino Clarín que “el Gobierno ahora propone virtual-mente eliminar la libertad de opción que gozan los ciudadanos argen-

tinos (...). Por la trascendencia del tema, cae de maduro que merece un profundo debate de la sociedad y del Parlamento. (...) Los más de 92 mil millones de pesos están ahí, en activos a la vista, identifica-bles. Al ser recursos hereditarios, esto es, de las familias, el proyecto afecta los ahorros y derechos de la mitad de los argentinos. (...) Espe-ramos (...) que el Congreso de la Nación esté a la altura de lo que la representatividad de cada legislador exige.” (C 28/10) En sentido más colérico se manifestaba la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien vociferaba: “las jubilaciones no vuelven al Estado, van a caer en manos de una banda de ladrones, no es un ac-to de corrupción menor, es más grave que el tren bala.” (C 28/10) De igual manera, el presidente de la Sociedad Rural Argen-tina, Hugo Biolcatti, afirmaba: “en vez de confiscar la rentabili-dad de una serie de productos (como fue la resolución 125) se ha atentado nuevamente contra la propiedad, contra los ahorros de la población” (C 27/10)

El día 28, una marcha opositora convocaba a afiliados y empleados de las AFJP a las puertas del Congreso para presionar a diputados que se encontraban en sesión de comisiones tratando el tema. En dicha marcha se hicieron presentes el no-ingeniero Juan Carlos Blumberg, la diputa-da de la Coalición Cívica Patricia Bullrich y el entrerriano caudillo campestre Alfredo De Angeli, quien alentaba a los presentes diciendo que “tienen que unirse, y no dejar ni una fi-sura; este gobierno hace de una fisura una pared” (LN 29/10).

Finalmente, el mes se cerraba con un comunicado de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) titulado “Preocu-pación de AEA por el proyecto sobre jubilaciones”. En él, se hacía hincapié en las razones que antes mencionábamos como ejes de la motivación de las fuerzas opositoras: “Es funda-mental tener en cuenta los derechos de propiedad de los trabajadores sobre los aportes ya acumulados en sus cuentas de capitalización indi-vidual y la voluntad expresada ante la opción jubilatoria del pasado año; reglas de transparencia y de asignación de los aportes que brin-den garantías y generen confianza sobre su destino último; la contri-bución al régimen previsional al desarrollo del mercado de capitales y el financiamiento de la inversión productiva, de modo de impulsar la actividad económica de la cual dependen los ingresos que sustentan el sistema de seguridad social.” Asimismo, hacía el esperado lla-mado al consenso y el debate sin urgencias: “Por su enorme trascendencia para el futuro de nuestro país, la definición del régimen previsional requiere necesariamente la construcción de amplios consen-sos, y un análisis detallado y profundo sobre su sostenibilidad de largo plazo...” (LN 31/10). La entidad empresaria, que preside Luis Pagani, está integrada por Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Amalia Lacroze de Fortabat, Enrique Pescarmona (Impsa), Manuel Sacerdote (Loma Negra), Alfredo Coto, entre otros. Al pronunciamiento de AEA se habría de sumar, días después, la Asociación Cris-tiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), quienes señala-ban por medio de un comunicado que “nuestra Asociación comparte con AEA la preocupación sobre la gran trascendencia que tiene para el futuro de nuestro país la definición del régimen previsio-nal: el respeto por el derecho de propiedad de los aportes de los traba-jadores, la transparencia, la sustentabilidad del sistema y el finan-ciamiento de la inversión productiva (...). Desde esta perspectiva, entendemos que el proyecto de jubilaciones genera bajos niveles de confianza, privilegia el corto plazo, las soluciones fá-ciles y distrae a la dirigencia argentina en falsos dilemas. (...) Ante la crisis global, toda la dirigencia argentina debe unirse y convocar sin demora a la sociedad a construir consensos –dentro de la total vigen-


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cia del sistema democrático de independencia de los poderes...” (C 5/11 resaltados en el original).

Desde la otra vereda, la fuerza social expresada en el Gobierno comenzaba a cosechar apoyos y también se veía obligada a accionar de diversas maneras frente a los inten-tos por desestabilizar la moneda local frente al dólar y el movimiento especulativo de los fondos en poder de las AFJP. En este sentido, uno de los sectores que primero daban su apoyo era el de las organizaciones sindicales nu-cleadas en la CGT y en la CTA: “Creo que el mejor futuro que pueden tener los jubilados es que el Estado les garantice sus fondos”; “El sistema de las AFJP es una estafa legal (...). La mayor garan-tía tanto para los jubilados como para los trabajadores en actividad es que la ANSES invierta en proyectos que creen puestos de traba-jo...”, señaló Hugo Moyano, secretario general de la CGT (P12 y C 30/10) En igual sentido se manifestaba Hugo Yasky, titular de la CTA: “venimos a traer nuestro aliento para que esto se concrete, para animarlos (a los diputados) a hacer esto ahora” (C 30/10).

El día tres de noviembre, el Banco Central emitió una re-solución por medio de la cual se buscaba evitar la fuga ma-siva de capitales. La misma consistió en prohibir la posibi-lidad de revender antes de los tres días títulos, bonos o acciones de reciente compra en el mercado local, frenando así la especulación y el ataque al valor de la moneda local. A su vez, desde el mismo Banco Central, en conjunto con la Superintendencia de AFJP y la Comisión Nacional de Valores, se exigió la inmediata repatriación de unos 535 millones de dólares que las AFJP tenían en países del Mer-cosur, especialmente Brasil. A esto se sumó que el Gobier-no hizo trascender que estaba evaluando multar a las AFJP por no haber cumplido, en 14 años, con la obligación de invertir el 1% de sus fondos en proyectos productivos y de infraestructura (C 4/11).

Al día siguiente, desde el parlamento, la bancada oficial emitía el dictamen favorable a la ley de eliminación de las AFJP, cosechando el apoyo del bloque Solidaridad e Igual-dad (SI) que dirige Eduardo Macaluse, de Claudio Lozano (CTA), del Socialismo y del Movimiento Popular Neuqui-no (MPN). En la otra vereda, quedaban organizados los bloques de la Coalición Cívica (CC), del Pro, de la UCR, del Frejuli, los ex oficialistas dirigidos por Felipe Solá y los diputados de Confederación Federal, que dirige el vicepre-sidente Julio Cobos (LN 5/11)

La marcha de la bronca El día cinco, la oposición y los sectores de las cámaras

agropecuarias patronales convocaban una segunda marcha al Congreso en repudio de la estatización de las AFJP. Para esto, el entrerriano Alfredo De Angeli explicaba uno de los ejes que tendría la movilización: “Si el Gobierno hubiera pre-sentado un proyecto estatal, autárquico, en el que no pueda echar ma-no a la caja, yo sería el primero en pasarme y en apoyar. Pero el kirchnerismo sólo busca la caja y construir poder con dinero.” En igual sentido se manifestaba el titular de la UCR, Gerardo Morales, quien decía que “el Gobierno quiere la plata, no quiere un cambio de sistema; está apurado para hacer caja.” (C 5/11).

La marcha se realizaba así con dos oradores en el escena-rio, Alfredo De Angeli y el rabino Sergio Bergman, quien espetaba a las masas: “Ahora les toca a los jubilados y a la pro-piedad privada. ¿Cuánto tiempo más vamos a dejar que nos cocinen a

fuego lento?” (LN 6/11). A su vez, De Angeli esgrimía los argumentos antes mencionados: “En diciembre tuve la oportu-nidad de pasarme y no lo hice. No les tengo confianza. ¿Dónde está mi libertad, mi independencia para elegir? ¿Dónde está, señora Pre-sidenta? (...) Lo más sagrado es la vida y no la caja. En 20 días quieren definir la expropiación de los fondos” Y al igual que con la 125, el dirigente agropecuario se dirigía en tono amena-zante a los diputados: “Se tienen que olvidar de la obsecuencia. Si no, ¡váyanse a su casa! Para qué van a estar si no pueden frenar los superpoderes. Van a tener que rendir cuentas ante sus hijos y no van a poder volver a sus provincias” (C 6/11).

Además de ellos, se hicieron presentes en el estrado Hugo Biolcatti, de la SRA, Mario Llambías de CRA, repre-sentantes del Pro, de la Coalición Cívica, el “inyenieri” Juan Carlos Blumberg, diputados de la UCR.... el bloque opositor volvía a reunirse públicamente, aunque esta vez la convocatoria no superaba las 7.000 personas. Sin embargo, hubo algunos choques entre el sector campestre liderado por De Angeli y el cordón policial que rodeaba al Congre-so. Esto llevaba al entrerriano a señalar que “vinimos a bus-car respuestas, no a hacer lío. Pero si nos toca enfrentarlos, no vamos a aflojar” (LN 06/11). Era el mismo dirigente quien busca-ba explicaciones a la falta de convocatoria que esta vez te-nía la marcha opositora: “A diferencia de la 125, esta vez no se pudo explicar bien a la opinión pública lo que significan los superpo-deres cuando se discute el presupuesto, ni lo que implica la apropia-ción de los fondos jubilatorios privados” (C 6/11).

Pero las fisuras, como lo decía antes De Angeli, se hacían notar. La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, or-ganizaba por su cuenta, y en soledad, una vigilia en el obe-lisco para la noche del seis, cuando se efectuaría la vota-ción en la cámara baja, y así manifestaba sus propósitos políticos: “No estoy haciendo una convocatoria a la gente. Voy a ir solita al Obelisco. Quiero hacer una vigilia como un modo de acompañamiento a los diputados que van a estar en el recinto. No quiero que se sientan solos en una batalla que daremos hasta el final. (...) Nuestros diputados participan de la marcha, pero a mí no me corresponde la confrontación directa con el parlamento” (C 6/11 resaltados en el original).

Ya cerca de la votación, llegarían dos pronunciamientos más a sumarse a las filas heterogéneas del arco opositor. El Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, señalaría que “el proyecto de las AFJP, por tratarse de una cuestión de Estado, merece un tratamiento más profundo (...). Se me ocurre a mí que el sistema de capitalización puede permanecer como un complemento” (LN 7/11). En términos más duros llegaba un comunicado de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Repú-blica Argentina (AmCham) que “como parte de la comunidad de negocios en el país” afirmaba: “Las medidas propuestas respecto del sistema previsional argentino quebrantan el normal funcionamien-to de los mercados de capitales, perturban el desarrollo del sistema fi-nanciero, provocan la pérdida de la confianza y la credibilidad de los inversores nacionales e internacionales, aíslan a la Argentina del con-texto mundial y exponen al Estado nacional a litigios y a riesgos con-tingentes futuros” (LN 7/11). Esta cámara reúne a 760 em-presas estadounidenses con presencia en el país, y existe desde hace 90 años.

24 El fin de las AFJP en el medio de la crisis mundial

DICIEMBRE DE 2008

El individuo y la sociedad Sería una vez más el editorial del centenario diario nacio-

nal, La Nación, quien marcaría el eje ideológico de la dis-puta. En un editorial titulado “Sin libertad de elegir”, el ór-gano mediático de la familia Mitre señalaba: “Desde que se hizo pública la decisión del gobierno nacional de transferir al sistema de reparto estatal los ahorros jubilatorios que millones de argentinos habían confiado al gerenciamiento de las AFJP, se ha desatado un debate sobre las ventajas y perjuicios de uno y otro régimen, y sobre el procedimiento con que la Presidenta y su esposo adoptaron la medida. Las voces más críticas pusieron el acento en que es estatización repre-senta un menoscabo al principio de la propiedad privada. Esa posi-ción es acertada y desde estas páginas se la defendió desde un comien-zo, cuando afirmamos que estábamos ante la tentativa de un ‘robo legalizado’. (...) Sin embargo, hay otro derecho que se ve gravemente violentado con la decisión del Poder Ejecutivo y sobre el cual poco se ha dicho. Es una prerrogativa que está íntimamente ligada a la pro-piedad individual: el derecho a elegir. (...) La humanidad tardó bas-tante en alcanzar ese estado civilizador por el cual el orden público se regula a partir de las decisiones de quienes lo integran. En otras pa-labras, tardó en descubrir las virtudes, cada vez más evidentes, de la democracia y la República. Ambas se fundan en un derecho cuya vio-lación supone siempre una regresión en la calidad de la vida social: el derecho de elegir, que con la proyectada ley previsional impulsada des-de el Poder Ejecutivo volverá a violarse, al tiempo que se consagrará la existencia de un Estado autoritario que avanza cada vez más so-bre los ciudadanos” (LN 6/11).

Estación terminal: senadores La votación llegaría finalmente el día siete, consiguiendo

la propuesta oficial una aplastante victoria sobre los secto-res opositores por 162 votos a favor y 75 en contra –menos de la mitad. Ahora el nuevo choque se produciría en la cámara alta, Senadores, que para el día 20 del mes en curso llegaría a su propia instancia de votación.

Entre la votación en la cámara de diputados y la votación en la de senadores (ambas necesarias para la aprobación definitiva del proyecto de ley del Ejecutivo), se sucedieron nuevamente manifestaciones de desacuerdo desde órganos empresariales y financieros, nacionales e internacionales: “En este escenario de falta de crédito mundial, los países tienen que tener en cuenta el financiamiento que ofrecen los organismos multila-terales, como el FMI que presta hasta cinco veces la cuota que se aporta al Fondo (aunque) tal vez para la Argentina esta línea de crédito no se tan accesible”, señalo Gustavo Cañonero, del Deutsche Bank, luego de participar de la conferencia de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamerica-nas (FIEL), tradicional bunker ideológico del liberalismo local. Daniel Artana, otro de los economistas principales de dicho organismo, vaticinó: “En FIEL el pronóstico es de un

crecimiento mínimo, pero personalmente creo que estaremos en rece-sión” (C 12/11).

Días después, con motivo de la cumbre del G-20 a la que asistía la presidenta Cristina Fernández en Washington, una nota del tradicional diario The Economist, golpeaba en duros términos a la política económica del gobierno na-cional: “(el Grupo de los 20) excluye una economía grande con un sistema de regulación financiera admirable, como España, pero in-cluye a un país mediano que se ha vuelto irrelevante para las finanzas globales producto de sus propios desmanejos como la Argentina.” A este respecto, desde el New York Times se afirmaba que “el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha perdido credibilidad en los mercados internacionales debido a su política populista, su falta de disciplina financiera y los cuestionables datos que proporciona acerca de la economía” (C 15/11 resaltados en el original).

Llegaba así el día 20, y en la cámara alta se sellaba con 46 votos a favor y 18 en contra –otra vez más de la mitad– el fin de las AFJP, dando paso a un sistema integrado estatal en base al existente en la Anses, con la consiguiente trans-ferencia de más de 74.000 millones de pesos hacia aquella (LN 21/11). Mostrando, a su vez, que el arco de alianzas del Gobierno en el parlamento es, de acuerdo al tema en discusión, más amplio de lo que algunos sectores de la oposición quisieran. Pero también mostrando los límites o limitaciones de la propia fuerza social en el gobierno del Estado, ya que, el mismo día, la Unión Industrial Argenti-na (UIA) daba a conocer su postura crítica en la voz de su titular Juan Carlos Lascurain: “Es la misma posición que ya di-mos: expresamos la necesidad de garantizar un marco que preserve la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad” (C 21/11).

La sociedad y la libertad individual Luego de finiquitada la discusión parlamentaria con la

aprobación de la ley que clausuraba la existencia del siste-ma de jubilación en base a la capitalización individual de ahorros, el titular de la Anses, Amado Boudou, discutía al-gunos de los supuestos que había tenido la disputa en boca de los sectores opositores: “Resultan raros algunos planteos de la oposición. Dicen estar de acuerdo con un sistema público de repar-to, pero... Entonces ahí viene: hagamos un sistema de cuentas indivi-duales. Bueno, un sistema de reparto no tiene cuentas individuales. Es un seguro social, un seguro colectivo, un seguro solidario. (...) Como sistema de cobertura social no es una buena idea que cada uno ahorre para sí. (...) Además, nadie se rasgaba las vestiduras por la elección cuando la gente iba obligatoriamente a una AFJP y no podía salir. Ahí a nadie le importó la libertad. (...) Acá hay otro punto in-teresante. En el año ’97 las AFJP tenían 22.000 trabajadores. Hoy tienen alrededor de 10.000. Quiere decir que en once años des-truyeron 12.000 empleos, y con esto nadie hizo lío. Nadie dijo na-da.” (P12 23/11).


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Industria y Movimiento Obrero

El delgado hilo de la alianza social en el gobierno Por Diego Tavormina y Sebastián Ortiz

La crisis histórica de la que tanto se habla implica, ante todo, un avance de los capitales más concentra-dos a escala mundial sobre los menos concentrados. En el caso argentino, fracciones enteras del capital vinculado a ramas de una industria no competitiva en el mercado global están condenadas a desaparecer en el marco del ré-gimen social capitalista. Ahora bien, mientras tanto, les cabe dar pelea. Como cabeza de la alianza social que ha venido gobernando el país desde 2002 en adelante, los ca-pitales con intereses en la industria local desplegaron un plan de salvataje, que de ninguna manera resuelve su atro-fia originaria, pero que plantea la posibilidad de estructu-rar un proyecto industrial de país, que difícilmente los dueños del capital puedan desplegar. En este sentido se entiende la demarcativa decisión de estatizar las AFJP que analizábamos recién.

A su vez, las formas en que la crisis del capitalismo glo-bal se expresa en nuestro país afectan directamente la re-lación entre capital y trabajo. Es allí precisamente donde nos adentraremos para ver cómo resultan las reac-ciones y cuáles son las tendencias principales en este te-rreno.

El punto es quién va a pagar los platos rotos: ¿Los due-ños de la tierra? ¿Los trabajadores? ¿Los capitales más pe-queños? ¿Cuánto le toca a cada uno?

El plan de los industriales (episodio II) El mes pasado, las expresiones del capital vinculado a la

industria redoblaron la presión sobre el Gobierno exi-giendo una fuerte devaluación del peso. El pedido no es una novedad (ver Análisis…N° 101 pp. 28 y 29) pero cabe señalar, por un lado su reiteración ante la resistencia del Gobierno a devaluar; y por el otro el protagonismo que cobraron esta vez las “usinas de pensamiento” no ya libe-rales sino aquellas que trabajan para los capitales de la in-dustria.

Así, en la 14° conferencia de la Unión Industrial Argen-tina (UIA), su titular, Juan Lascurain, advirtió que “un tipo de cambio competitivo favorece las exportaciones, induce a que se produzca en el país y no se pierdan puestos de trabajo” (P12 26/11).

Mientras que en el mismo marco, el economista Rober-to Frenkel del Cedes resumía así la demanda: “Me la pasé 10 años diciendo que el tipo de cambio estaba atrasado y no conseguí que me invitaran a la UIA. Algo hemos progresado: ahora me invi-tan.”

Lo mismo advertía Aldo Ferrer, cabeza del industrialista Grupo Fénix: “Perdimos una excelente oportunidad cuando se de-preciaron todas las monedas de la región. Se tendría que ha ver fija-do en cuatro pesos” (LN 25/11); y Javier González Fraga: “No es momento de pensar que una devaluación es inflacionaria. Las tasas de interés no van a bajar si se mantiene deprimido el tipo de cambio” (C 25/11).

Son los cuadros económicos de los industriales quienes ahora se separan críticamente de la política económica del kirchnerismo. El mismo Frenkel entrevistado por el diario La Nación afirmaba, por esa fecha, tras reprobar la políti-ca oficial en el Indec y la estatización de la AFJP: “El Go-bierno tiene un mal diagnóstico y va cometiendo error sobre error. No aprenden de los errores, no consultan a nadie. La fuente de in-certidumbre son las propias acciones del Gobierno” (LN 25/11).

La depreciación del peso argentino supone ante todo una baja en el costo de la mano de obra. La resistencia del movimiento obrero –partícipe necesario y subordinado de la alianza social en el gobierno– a que se modifique el tipo de cambio de manera brutal como sucedió en el fatídico 2002, mantuvo a raya las manos devaluadoras oficiales.

De esta manera, sin devaluación, se lanzó desde las altas esferas oficiales una nueva parte del plan de los industria-les.

Anunciado por la propia Cristina Fernández de Kirch-ner en la 56° Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, las medidas puntuales más destacables del mismo son:

• Para evitar una contracción violenta en el mer-cado interno, se dispuso que a través de la An-ses el Gobierno invierta en los fondos de las cadenas comerciales con que se financian las ventas en cuotas.

• Se crea el Ministerio de la Producción, a cargo de Débora Giorgi, quien trabajara en la UIA.

• Se otorgan subsidios a las empresas que blan-queen trabajadores no registrados. En síntesis el Estado subsidiaría el 10% del costo salarial du-rante un año en los nuevos empleos del sector privado.

• Se destinan 71.000 millones de pesos a la obra pública.

• Se propone un estímulo para la repatriación de activos en moneda extranjera en el exterior que no estén declarados. Para esto se los beneficia con exenciones impositivas y la no investiga-ción sobre su origen. Aquellos capitales que no se inviertan en la producción deberán permane-cer al menos dos años en el país.

A cambio de semejantes beneficios el Gobierno pidió a

los empresarios sostener el nivel de empleo. En palabras de la Presidenta frente a 500 industriales: “Ustedes tienen que demostrar ahora la responsabilidad empresarial. El objetivo de-be ser sostener la actividad y el nivel de empleo. De ninguna manera vamos a permitir que los sectores vulnerables se vean afectados por la crisis” (LN 26/11).

Pedido más o menos, lo cierto es que las medidas del plan calzaban a la perfección con las demandas del sector industrial. Una muestra de esto fue la expresión del jefe

26 El delgado hilo de la alianza social en el gobierno

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de Gabinete, Sergio Massa, quien no disimuló: “Aquí está el reclamo de la UIA” (C 27/11).

El apoyo de los popes industriales llegó el mismo día del anuncio de las medidas. Veamos el posicionamiento de las expresiones más importantes del capital con intereses en la industria local.

Desde la UIA, señalaron, Juan Lascurain: “El paquete de medidas anunciado es positivo. Además, lo del blanqueo de capitales es una idea que habíamos propuesto para el Pacto del Bicentenario”; e Ignacio De Mendiguren: “Comparto plenamente las medidas anunciadas. Sobre todo la creación del Ministerio de la Producción.”

También se manifestaron miembros de la mesa chica de la entidad industrial, como el directivo del Grupo Techint, Luis Betnaza: “Las medidas son muy importantes para el sector industrial”; y José Luis Basso, de los autopartistas: “Son me-didas para levantar el ánimo empresario, sobre todo por la creación del Ministerio de la Producción.”

El presidente de Fiat Auto, Cristiano Ratazzi, dijo que “son medidas importantes, sobre todo para las pymes. Además lo de las cargas sociales resulta interesante para las empresas.”

Desde la Unión Industrial de la Provincia de Bs.As. (UIPBA), Osvalo Rial apuntó: “Ha sido muy auspicioso haber creado el Ministerio de la Producción porque crea un vínculo entre el sector privado y el Estado.”

Del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CE-PA), Roberto Doménech: “Se trata de medidas trascendentes. Estuvimos analizando algunas en la UIA y sin que hubiera habido comunicación con el Gobierno las han anunciado. Esto demuestra el alto grado de entendimiento” (todas las citas en C 26/11).

Desde la Cámara de la Industria del Calzado, su presi-dente Alberto Sellaro: “Las medidas son acertadas porque gene-rarán aumento de puestos de trabajo en momentos de incertidumbre como los que atraviesa el mundo. Compartimos con Débora Giorgi muchas misiones comerciales, ella hizo un buen trabajo, tuvo un gran rol.”

El secretario de la Cámara Argentina de la Construc-ción, Gregorio Chodos señaló: “Estoy más que satisfecho. El paquete de medidas y el plan de obras públicas representan una polí-tica keynesiana como hace mucho no había en la Argentina. Yo le creo a la Presidenta. ¿Por qué no voy a creerle si el nivel de creci-miento de la construcción en estos últimos cinco años prácticamente no tiene antecedentes en la historia?”

En la Cámara Argentina de las Manufacturas del Cuero, Raúl Zylbersztein: “Son auspiciosos los anuncios. El hecho de darle independencia a la producción con respecto a la economía es darle la entidad que le corresponde en sus dos formas más importan-tes: industria y agro” (todas las citas en P12 27/11).

También los capitales más chicos dieron cuenta de su apoyo al plan de los industriales, en algunos casos con ciertos matices críticos que veremos más abajo. Por ejem-plo, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) conducida por Francisco Dos Reis afirmó que “la creación del Ministerio de la Producción es saludable y represen-ta algo que nosotros veníamos reclamando” (P12 27/11).

Daniel Millacci, de la Confederación General Económi-ca (CGE): “Nos alegra que se hayan tomado las medidas que oportunamente reclamamos, ya que como se está viendo en estos tiempos, las empresas que siguen sosteniendo el mercado laboral y la economía son mayoritariamente las Pymes.”

De la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CA-ME), Osvaldo Cornide, hizo manifiesto su apoyo condi-cional: “Los anuncios son positivos, pero la industria necesita con urgencia mayor protección contra la competencia extranjera, créditos que resuelvan el ahogo financiero y un tipo de cambio más competiti-vo” (C 26/11).

El movimiento sindical también salió a respaldar los anuncios. Gerardo Martínez, secretario general del sindi-cato de la construcción Uocra subrayó la necesidad de sostener la alianza social entre trabajo y capital vinculado a la industria, a la que consideró estratégica: “La indus-tria de la construcción se debe seguir afianzando sobre la base de una alianza estratégica entre todos los sectores, empresarios, trabaja-dores y Estado” (P12 26/11).

Quienes se posicionaron abiertamente en contra de las medidas oficiales fueron los mayores referentes de la opo-sición política. Elisa Carrió de la Coalición Cívica, Gerar-do Morales de la UCR y Rubén Guistiniani del Partido Socialista firmaron un comunicado conjunto donde pudo leerse: “La relativa modestia de los anuncios refleja su insuficiencia para estimular la demanda interna y proteger el empleo. Y, a la vez, profundizan la falta de realas claras sin las cuales es imposible el re-torno del crédito y el desarrollo de los proyectos que dice perseguir. Con el blanqueo de capitales propuesto, insólitamente se privilegia el financiamiento al Gobierno por encima de los proyectos productivos”; y propusieron “la promoción de nuevas pymes, un fondo de subsi-dios para el desempleo, créditos a tasa subsidiada para la produc-ción, rebaja del IVA a los productos de la canasta familiar junto a otras medidas que incentiven el consumo” (C 26/11).

El grito de las pymes Si bien algunas aristas del plan oficial protegen a las ava-

salladas pequeñas industrias locales, en rigor los benefi-cios se dirigen a los capitales más concentrados. Por esto, las pymes nacionales dieron su grito frente a un escenario de crisis que promete persianas cerradas.

El ya citado presidente de la CAME, Cornide, junto a 600 industriales medianos y pequeños, reclamó una baja en las tasas de interés que cobran los bancos que super-aron la marca del 25%. En una encuesta de propia elabo-ración la entidad publicaba que el 50,5% de las pymes es-tán operando con menos de la mitad de su capacidad instalada. Cornide apuntaría también a la relación comer-cial con países vecinos, demandando medidas de protec-ción aduanera “para minimizar la invasión de Brasil sobre el mercado argentino. Las cifras de la balanza comercial reflejan cómo Brasil invade a la Argentina con productos industriales y deja afue-ra del mercado a muchas pymes que no pueden competir” (C 11/11).

Por otro lado, las estaciones de servicio nucleadas en la CECHA denunciaron a la empresa YPF de obtener más del 50% de las utilidades del negocio: “YPF pretende que los empresarios Pymes nacionales de estaciones de servicio, trasladen una parte sustancial de sus ingresos a la mencionada empresa” (C 24/11). La entidad advertía sobre el inminente cierre de muchas estaciones y la subsiguiente pérdida de puestos de trabajo.

Sobre fines de mes, en la provincia de Buenos Aires, se formó un Foro Empresario Pyme integrado por federa-


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ciones y cámaras de comercio e industria de los pequeños y medianos como la Federación Económica Bonaerense (Feba), la Confederación Económica (Cepba), la Asocia-ción de Industriales (Adiba), la Confederación de Activi-dades Empresariales (Caebo), la Federación de Pymes de la construcción (Fepyco) y la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme). El Foro reclamó medidas es-pecíficas para el sector tales como líneas de crédito bara-to, congelamiento de impuestos, defensa arancelaria para los productos importados (particularmente de países asiá-ticos).

Sacrificio (“el hilo se corta por lo más delgado”) En uno de sus discursos frente a los empresarios, Cris-

tina Kirchner les recomendaba, reeditando la difícil pro-puesta keynesiana-fordista de ampliar el mercado interno como motor de la economía: “El gran desafío es profundizar un modelo que agregue valor. Cuando crean empleo, crean al mismo tiempo un nuevo consumidor para su propio producto” (C 7/11).

Más demarcativo fue el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien les advirtió que “no vamos a admitir los despi-dos preventivos” (P12 8/11).

Con todo, el dato de rigor el mes pasado fue que los despidos se hicieron realidad. En la industria automotriz el sindicato que nuclea a los mecánicos (Smata) presionó fuertemente a la patronal, evitando la expulsión de miles de trabajadores, aunque acordando la no renovación de 300 contratos, suspensiones de más de 1000 operarios, en algunos casos, y suspensiones rotativas en el 25% de la planta de Mercedes Benz. En total sumaron 10.000 los trabajadores con problemas laborales en la rama automo-triz. Ese fue el saldo.

La Federación de Trabajadores del Cuero denunció más de 1000 despidos, cercano a los 1500 calculados por Za-nola, secretario general del gremio de los bancarios.

Volvía así el fantasma de la desocupación creciente en la forma de suspensiones y de “retiros voluntarios.”

La reacción de las centrales sindicales no se hizo espe-rar. Tanto la CGT como la CTA exigieron la prohibición de las suspensiones y los despidos, agitando la espada de la doble o triple indemnización, tal como lo proclamó ex-plícitamente el abogado de la CGT y diputado del Frente Para la Victoria, Héctor Recalde.

Por su parte, Hugo Yasky, secretario general de la CTA, proponía la creación de “una suerte de consejo nacional de desa-rrollo que discuta un mapa del riesgo laboral provincia por provincia para orientar las políticas públicas en defensa del trabajo” (P12 18/11).

Pero fue el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, quién fue más allá que la mera defensa de los puestos de trabajo, advirtiendo la voluntad de sostener a ultranza el esquema de política económica del gobierno: “Queremos que este modelo siga adelante; la militancia y el peronismo lo van a apoyar hasta las últimas consecuencias” (C 18/11).

A la irreductible posición de los sindicatos le llegó, de manera inmediata, la respuesta lanzada por los industriales y empresarios del comercio. El presidente de la Unión In-dustrial Argentina (UIA), Juan Lascurain, amenazó “si hoy

un empresario tiene incertidumbre para hacer una inversión, esto le agrega un poquito más.”

Desde la Cámara Argentina del Comercio, Carlos de la Vega sumó lo suyo: “Nadie despide con alegría. Pero si lo único que escuchan es que después va a salir más caro, se obtiene el efecto contrario.”

Más significativas y brutales fueron las palabras del ex ti-tular de la entidad industrial y actual cabeza de la Cámara del Plástico, Héctor Méndez: “¿Qué pasa si nos quedamos sin empresas? No despedí a nadie pero el hilo se corta por lo más delga-do. Con lo que vale un empleado nadie va a echar caprichosamente a nadie, sino cuando no tenga más remedio. El laburo lo damos noso-tros. Los que ponemos los glóbulos rojos somos nosotros” (LN 18/11).

También la Central General Económica (CGE) que nu-clea a un sector de las pymes se alineó en la misma sinto-nía que los grandes industriales: “No hay que tomar medidas apresuradas porque eso podría traer más despidos” (P12 18/11). Por su parte, la CAME exigió que “se excluya del proyecto de la doble indemnización a las pymes para quienes pagar una triple indemnización los representaría la hipoteca de su capital”; e inter-pretó: “Esto es una reacción de Moyano para con algunas multina-cionales” (C 18/11).

En medio de este clima de unidad empresarial frente a las organizaciones sindicales, la UIA emitió un documen-to firmado por todo su Comité Directivo donde subrayó: “Frente a los proyectos que buscan aumentar los montos de las in-demnizaciones por despido la Unión Industrial quiere expresar su rechazo a estas iniciativas, que no hacen sino genera incertidumbre y reducen los incentivos a la creación de empleo y a la inversión” (C 19/11).

Lo propio le tocó decir al presidente de la Cámara Ar-gentina de Comercio, Carlos De La Vega, quien apuntó los dardos al movimiento obrero: “El Gobierno anunció me-didas que despejan el horizonte económico por lo menos en el corto plazo. Hoy el principal problema para el sector de comercio son las negativas declaraciones de algunos voceros sindicales que, en vez de mejorar la confianza de la gente, se dedican mediante amenazas a hacer propuestas alocadas: pedir doble o triple indemnización sólo hace precipitar decisiones de despidos” (P12 26/11).

Procurando cuidar el equilibrio de fuerzas general, el di-putado Recalde bajó un tono la disputa dentro de la alian-za con las industrias: “La CGT viene apostando por el acuerdo con las cámaras empresarias y el Gobierno para evitar despidos. Las empresas y los trabajadores deben encontrar una manera conjunta de defenderse de la agresión exterior, la crisis internacional” (C 20/11).

Lo mismo dijo el ex presidente Néstor Kirchner en el acto de reelección de Hugo Moyano como secretario ge-neral del gremio de camioneros: “No venimos a tratar de ge-nerar falsos enfrentamientos y discusiones que nos quieren imponer. No enfrentemos empresarios con trabajadores. No caigamos en esa falsa discusión y no creamos en un mundo donde han caído los para-digmas de los países centrales, donde vemos cómo se está despidiendo a los trabajadores a mansalva. Sería lamentable pensar que este problema se soluciona despidiendo trabajadores” (P12 y C 22/11).

De todas maneras, las frases de Néstor Kirchner no agradaron a los popes industriales. El ya citado Héctor Méndez hizo mención a la fórmula clásica de los empresa-


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rios: “La variable de ajuste es que todos hagan el sacrificio. Si sólo hacen el sacrificio las empresa van a terminar yendo a la quiebra. Yo renuncio a los despidos, el trabajador renuncia a cobrar el ciento por ciento del sueldo y que el Estado renuncie a algunos impuestos” (LN 23/11).

Una vez más le tocaba al ex número uno de la UIA lan-zar la frase de oro: la variable de ajuste son todos… los trabajadores.

Claramente para las expresiones del capital que coman-dan la alianza con la mayor parte del movimiento obrero y el pueblo en general, la misma tiene sentido si estos per-manecen subordinados y sin chistar. La situación de crisis económica feroz echa por tierra este sueño de los héroes in-dustriales, dado que los trabajadores organizados no pare-cen estar dispuestos a pagar los platos rotos.

Entre la subordinación al plan de la UIA y la necesidad de posicionarse políticamente

Hemos visto que la reacción empresaria fue, ante los primeros síntomas, intentar mantener su nivel de rentabi-lidad reduciendo costos, fundamentalmente, en salarios. Es por ello que el conflicto estalló, fundamentalmente, por el nivel de empleo. Por eso, antes que nada, debemos observar algunos índices, que si bien se refieren sólo al trabajo en blanco, nos muestran una clara tendencia. Se-gún un relevamiento realizado por el Ministerio de Traba-jo, desde el 1° de octubre al 27 de noviembre se produje-ron 4210 despidos en todo el país, 5814 suspensiones, 3150 reducciones de la jornada laboral y 847 adelantos de vacaciones. Por lo tanto, un total de 14.201 puestos labo-rales se vieron afectados.

Fue ante este escenario que la CGT, a mediados de mes, se atrevió a reconocer la situación, pero siempre dentro del marco de subordinación al plan económico y político conducido por la UIA. Así lo explicaba el máximo diri-gente de UPCN, Andrés Rodríguez, al finalizar una reu-nión de secretarios generales: “Sería bueno que se subsidie a las empresas que se encuentran en concurso preventivo de crisis para que se pueda preservar el empleo” (C 14/11).

Como vemos, el reclamo aún es tímido, y consiste bási-camente en que las arcas fiscales subsidien a las empresas para que éstas garanticen los puestos de trabajo.

Sin embargo, por debajo mucho fue lo que sucedió en relación a este tema. Diversos sindicatos entraron en con-flicto reclamando, además de mejoras salariales y cuestio-nes puntuales respecto a las condiciones de trabajo parti-culares, el sostenimiento de las fuentes de trabajo. Ejemplo de ello lo tenemos con los bancarios, quienes se encuentran bajo conciliación obligatoria amenazando con inminentes medidas de fuerza, mientras realizan asam-bleas y actos en diversas entidades.

También estuvieron en conflicto los vendedores de dia-rios y revistas, realizando un cese de actividades el día 7 de noviembre, fecha en que celebran históricamente el día de la actividad canillita, lo que les generó entrar en con-flicto fundamentalmente con las grandes editoriales de diarios y revistas, los grupos Clarín y La Nación.

Quizás por su magnitud, uno de los conflictos sectoria-les con más repercusión haya sido el de los trabajadores

mecánicos, agremiados en SMATA. La industria automo-triz viene realizando recortes de personal en todo el mun-do, y los despidos y suspensiones afectaron también a sus plantas locales. El planteo del gremio en la negociación fue, precisamente, que la misma debía desarrollarse bus-cando soluciones que no fueran, bajo ningún motivo, los despidos, tal como lo explicaba el vocero de SMATA, Leonardo Almada: “La prioridad del Sindicato es negociar con las empresas, pero siempre con el compañero dentro de la fábrica” (C 8/11). Unos días más tarde, los mecánicos realizaban una numerosa manifestación desde la Ruta Panamericana, donde se encuentran las principales plantas automotrices, hasta el Ministerio de Trabajo en la Capital Federal, re-chazando las suspensiones unilaterales dispuestas por los empresarios. Y en dicha ocasión comenzaba, además, a articularse un discurso coincidente con los planteos políti-cos del gobierno nacional hacia el capital: “La industria ha tenido en los últimos cinco años una gran rentabilidad, pero ahora, ante el menor temblor, salen a suspender trabajadores, pero desde Smata vamos a estar de pie luchando para defender las fuentes de trabajo” (LN 11/11), señalaba el secretario adjunto del gremio, Mario Manrique.

Por su parte, enrolado en la CGT Azul y Blanca, cuya cabeza es el gastronómico Luis Barrionuevo, también se movilizó el gremio de trabajadores de la carne, pero en es-te caso, acorde con el alineamiento político de esta frac-ción sindical con el duhaldismo, culpando al gobierno na-cional por la situación. Así lo hizo explícito el gremio en un comunicado al señalar que “La única verdad es que hay 1.562 despedidos y la única realidad es que el Gobierno no nos es-cucha. Se deben tomar medidas inmediatas que frenen esta ola y la inmediata reincorporación de los trabajadores” (C28/11).

Pero también, siempre en el contexto de la defensa de las fuentes de trabajo y de los reclamos por salario y con-diciones laborales, dos gremios se posicionaron mediante solicitadas en la prensa escrita nacional enmarcando polí-ticas sectoriales dentro del proyecto de país propuesto desde el gobierno nacional. En primer término, los tele-fónicos, tanto en su organización FOETRA (Buenos Ai-res) como a nivel nacional, a través de la F.A.Tel., seña-lando que la política de telecomunicaciones debe combatir los monopolios y que debe plantearse desde su función social y no solamente desde la búsqueda de la ganancia empresaria (C 27/10).

Por su parte, también la federación nacional de gremios petroleros (FASP y GP) bajo el título “Respaldo a la política energética del gobierno nacional” publicó una solicitada en la que se posicionó respecto a las políticas para el sector.

Quizás, lo más significativo de estos posicionamientos no es su contenido, el cual se encuadra dentro de la suje-ción a la relación con los sectores del capital respectivo, pero sí que el movimiento obrero se vea obligado a sentar posición al respecto, lo que nos muestra el grado de poli-tización a que la situación lleva.

Por último, debemos señalar otro conflicto que, si bien está planteado como gremial, también trascendió de lo sectorial para posicionarse a nivel nacional, empujado en gran medida por haber sido, precisamente, contra los propios medios masivos de comunicación que debían in-


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formar sobre el hecho. Se trata de las movilizaciones rea-lizadas desde el gremio de Camioneros, conducido por Pablo Moyano. En los últimos días del mes en cuestión, los camioneros bloquearon las entradas de los dos princi-pales matutinos nacionales, Clarín y La Nación, reclaman-do por la responsabilidad que estas empresas tienen sobre los trabajadores camioneros de las empresas distribuido-ras de diarios y revistas. La lógica es la misma que este sindicato viene aplicando en conflictos desde hace tiem-po. Para enfrentar la flexibilización y la terciarización del empleo, se responsabiliza a las empresas más grandes de la rama en conflicto. Pablo Moyano, líder de camioneros, señalaba al respecto: “Clarín y La Nación son medios monopó-licos y contratan trabajadores por bajos sueldos” (C26/11).

El impacto de este conflicto trascendió sus fronteras, en primer lugar porque se alineó con el gobierno nacional en su enfrentamiento con los medios masivos de comunica-ción, y fundamentalmente con estos dos grupos empresa-rios. Precisamente unos días antes, en el Tercer Foro Anual del Progresismo que se desarrolló en Santiago de Chile, el ex presidente Néstor Kirchner había señalado: “En nuestros países tenemos enfrentamientos claros y concretos con los sectores concentrados de la economía y con los sectores neoliberales que no pueden ganar elecciones y tratan de quitarle legitimidad a los movimientos regionales y populares (…). [Los medios de comunica-ción] van a estar aliados siempre a los poderes para tenernos sojuz-gados a todos (…). Los medios están siempre pidiendo a los gobier-no, siempre quieren más, no se conforman con ser un medio de expresión, quieren gobernar a las sociedades (…) para que la demo-cracia se consolide no tiene que haber monopolios informáticos (…). La mayoría de ellos trabaja conscientemente con el poder económico” (C 15/11).

Pero en segundo lugar, la propia prensa escrita hizo trascender el hecho obligando a diversos sectores a posi-cionarse, al tratarlo como un “ataque a la libertad de prensa”. Todas las cámaras empresariales del sector sa-lieron a respaldar a ambos multimedios, y también hicie-ron lo propio la Asociación Argentina de Empresas (AEA), la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, el Colegio de Abogados de Buenos Aires y los partidos de la oposición (UCR, peronismo disidente, PRO, Coalición Cívica, el lavagnismo, Recrear, partido Nuevo Córdoba de Luis Juez, etc).

La campaña de prensa contra la acción de Camioneros duró casi dos semanas, e incluyó una nota, en plena sec-ción política del diario Clarín, titulada “Sin Moyano, Camio-neros esta vez perdió por goleada.” La noticia se refería a un partido de fútbol entre dos gremios, Camioneros y UTA, en el que el segundo venció al primero en el marco de la Liga Lujanense de fútbol.

Pero vayamos a los fundamentos utilizados por Clarín y La Nación, porque los mismos nos permiten observar en profundidad las bases del conflicto social general. Nos centraremos en unas pocas columnas editoriales, por ser las más representativas en cuanto a sus líneas argumenta-les, pero como dijimos, la campaña mediática incluyó artí-culos, reportajes y solicitas de los tipos más variados.

El día 26, el matutino La Nación publica una columna editorial en tapa a cargo de Joaquín Morales Solá, titulada “Un ataque a todos los argentinos”. Este argumento resulta central, porque pone por la negativa, es decir en tanto víc-tima, los intereses particulares de estas empresas en socie-dad con los intereses del conjunto de la ciudadanía. En dicho artículo, se señala que “La embestida de Moyano contra los dos principales diarios argentinos no puede entenderse solo como una disputa entre gremialistas. Hace unos diez días, Néstor Kirch-ner se refirió a los dos diarios peyorativamente, como suele hacerlo siempre, en una disparatada conferencia que dictó en Santiago de Chile. Fue Kirchner quien abrió el cauce de una acción más expedi-tiva por parte de su amigo sindical. Las palabras siempre preceden a los hechos y nunca hubo una mejor ejemplo que el de Moyano lle-vando a la acción las palabras previas del ex presidente (…). Mo-yano y Kirchner no están perpetrando un atentado que afectaría sólo los diarios. Afectaría a todos los argentinos que podrían verse impe-didos de acceder a la información que necesitan para ser ciudadanos plenos de una democracia plena y de un país normal.” La vincula-ción entre ambos hechos realizada por Solá permite en-tonces una deducción. Si Moyano ataca a la prensa porque Kirchner lo hace, y si el ataque de Moyano es un ataque a toda la ciudadanía, Kirchner, con sus palabras, está ata-cando a toda la ciudadanía. De un lado está la razón, los derechos de todos, frente a la fuerza de unos pocos, auto-ritarios, que pretenden imponernos su forma de pensar. El mismo nivel conceptual quedaba plasmado al día si-guiente en el título de una solicitada del conjunto de las cámaras empresariales del sector: “La ley de la selva: una vez más la fuerza se impone a los derechos ciudadanos.” Como ve-mos, no se trata ni siquiera de dos derechos contrapues-tos, sino de la fuerza de unos contra los derechos de otros. Pero resulta además que estos derechos no son los de dichas empresas, sino los de todos los ciudadanos. Son todos los ciudadanos los que son atacados por los camio-neros, por Moyano, y por Kirchner. Y esto afectaría el “normal” desenvolvimiento del país y de la democracia.

El mismo 26, en el editorial del diario Clarín titulado “Una intimidación que lesiona la libertad de prensa”, se señala que “la libertad de prensa es prioritaria en nuestro orden constitu-cional (…). La esfera pública, la dimensión política de la vida co-munitaria, necesita de las más extensa libertad para que circulen no-ticias y se expresen opiniones, ya que de lo contrario se ahoga la democracia y se asfixian los derechos ciudadanos. Cualquier medio de presión, directo o indirecto, contra la prensa es una forma de cen-sura, es una violencia ilegítima, es un retroceso al autoritarismo” (C 26/11). Por lo tanto, la agresión ya es a la democracia, porque la libertad de prensa, es decir, la libertar de estas empresas a publicar sus opiniones, es prioritaria. Cual-quier que ose atacarlos, será considerado como autorita-rio.

Pero al día siguiente, el diario La Nación, en su editorial titulado “Piquete a la libertad de prensa”, da un paso más, al señalar que “se amenazó con coartar las libertades de prensa y de expresión, únicas garantías de las sociedades libres y democráticas.” Por lo tanto, la acción gremial realizada pasó a ser un ata-que a la única garantía de libertad y democracia, por en-cima inclusive del voto popular.


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Como vemos claramente, los argumentos de Néstor Kirchner en Chile quedan absolutamente contrapuestos a los utilizados por ambos grupos empresarios en cuanto a cual debe ser el rol social de la comunicación masiva.

El problema de la unidad y de las libertades otorgadas

Pero hubo un hecho más que sacudió el mundo interno de las organizaciones sindicales. Se trata del fallo de la Corte Suprema respecto a la posibilidad de que sea elegi-do delegado una persona no afiliada al sindicato. Los ali-neamientos fueron claramente opuestos en lo que respec-ta a las dos centrales sindicales nacionales, CGT y CTA. Por el lado de la primera, el líder de judiciales Julio Piu-mato señaló que “Este fallo carece de sentido, afecta a los traba-jadores y habría que tomarlo como una provocación para enturbiar el clima social” (LN 12/11). A su vez, el abogado de esta misma central y diputado nacional por el FPV, Héctor Recalde, afirmaba: “Pensemos en una fábrica que tenga diez sin-dicatos simplemente inscriptos, donde cualquiera pueda ser delegado y se formen diez comisiones internas… Sería caótico y poco útil para los trabajadores. Fragmentar la representación gremial debilita” (P12 12/11).

Por el lado de la CTA, su Secretario General, Hugo Yasky, señaló: “Es un fallo histórico, porque establece un nuevo ordenamiento jurídico. Los trabajadores adquieren el derecho de ele-gir a sus representantes” (LN 12/11). En el mismo sentido opinaron Edgardo Depetri, dirigente de la Central y dipu-tado nacional por el FPV y el abogado de la CTA Horacio Meguira. A su vez, el fallo permitía a los dirigentes de esta Central traspolar al plano nacional la decisión de la Corte, exigiendo una salida política. El titular de ATE Pablo Mi-chel señalaba al respecto: “El Gobierno debería estar redactan-do ya el reconocimiento de la personería gremial” (LN 13/11). Fi-nalmente, mas allá de las declaraciones en dicho sentido, la cúpula de la CTA decidió el día 19 no recurrir a la Justi-cia y continuar esperando una solución política a su situa-ción.

Sin embargo, nos restan por analizar los núcleos argu-mentativos de un editorial del diario La Nación, por ser representativos de la visión del capital al respecto. Su títu-lo es “Un paso hacia la libertad sindical”, y en el mismo se se-ñala lo siguiente: “La Constitución nacional consagra, en el artí-culo 14 bis, el principio de la libertad sindical, reafirmado en muchas oportunidades por la Organización Internacional del Traba-jo (OIT), que nuestro país integra. Pese a eso, rige en la Argentina desde hace décadas un régimen de afiliación sindical coercitivo, mo-nopólico y de raíz fascista en función del cual el Estado otorga la llamada personería gremial a un solo sindicato por rama de activi-dad.”. Teniendo en cuenta que esta forma de organización sindical encontró históricamente expresión fundamental-mente en el peronismo, el diario de la familia Mitre vuelve

sobre uno de sus argumentos históricos: la igualación del peronismo con el fascismo. Y continúa dicho editorial: “Si se siguiera fielmente el principio tomado por nuestra Ley Fun-damental, cualquier trabajador en relación de dependencia podría asociarse como mejor le convenga para la representación de sus inter-eses específicos”. Para La Nación, por tanto, el derecho indi-vidual se encuentra por encima del derecho colectivo. Es éste uno de los principios de la democracia y la jurispru-dencia burguesa. La sociedad no es más que una suma de individuos. En este caso, se es individuo antes que traba-jador, y allí reside el derecho a la libre elección individual.

Más adelante, el editorial continúa señalando que “debe tenerse presente que el gobierno kirchnerista ha perdido la oportuni-dad de demostrar su respecto por el pluralismo sindical, que algunas veces proclamó, al demorar inexplicablemente el reconocimiento de la personería gremial a la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y convalidar el monopolio de la tradicional CGT, liderada por Hugo Moyano” (LN 13/11). De esta manera, además de posicionarse respecto al tema a favor de que existan dos centrales sindicales y no sólo una, este matutino concep-tualiza a la unidad de los trabajadores en una única central como monopolio, dándole un carácter peyorativo a la misma.

Unos días más tarde, llegaría la respuesta a estos argu-mentos en la pluma de Héctor Recalde, el ya citado abo-gado de la CGT, quien aprovecha además para contextua-lizar la situación política en la que se da el fallo de la Corte, y cómo el mismo se relaciona con la búsqueda de las cúpulas de ambas centrales por recorrer un camino de unidad: “La Corte Suprema dictó un fallo que merece severas críti-cas por cuanto contiene una definición liberal e individualista de la libertad sindical y porque parece alentar la ruptura de la organiza-ción sindical en los lugares de trabajo, con los graves perjuicios que ello puede ocasionar a los trabajadores (…) También llama la aten-ción la oportunidad: luego de estar casi tres años a estudio, en un momento en el que la CGT y la CTA se ponían de acuerdo en la reivindicación de temas fundamentales que hacen al interés de los trabajadores (AFJP, movilidad previsional, estatización de Aerolí-neas, ley de ART). (…) La sentencia contradice las políticas que apuntan a recuperar los lazos solidarios y combatir los resabios del neoliberalismo. Esta decisión va de la mano de las voces que se al-zan a favor de la libertad de elección en materia previsional, promo-viendo la capitalización individual antisolidaria y no es casual que haya recibido el respaldo de Domingo Cavallo y de Armando Caro Figueroa. La libertad planteada en términos abstractos en el sistema de economía de mercado es sinónimo de desigualdad social y de injus-ticia. Los trabajadores quieren libertad para poder tener delegados con poder, no para tener muchos delegados. La única fortaleza que pueden tener los trabajadores está en la unión de sus intereses. La respuesta a este fallo va a quedar, como ha ocurrido con decisiones similares, en manos de los trabajadores” (C 17/11).

Aquí, allá y en todas partes… - ANALISIS DE COYUNTURA ... · REVISTA MENSUAL DICIEMBRE DE 2008...

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