Apuntes Para Una Historia de Las Luchas Campesinas en Bolivia - Silvia Rivera

HISTORIA P O L IT IC A DE LOS CAMPESINOS

LA TINOAM ERICANOS

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coordinado por

PABLO GONZLEZ CASANOVA

F L A C 5 0 - Biblioteca

msigloventilinoeditoies

MEXICOESPAAARGENTINACOLOMBIA

C O LA BOR A D O RES

VOL. 1

M x ic o : a r t u r o w a r m a n c u b a : a d e l f o m a r t in b a r r io sHAIT: SUZY CASTORREPBLICA d o m in ic a n a : p a b l o a . m a r e z PUERTO R ico : FELIPE PREZ

VOL. 2

GUATEMALA: ANTONIO BRAN HONDURAS: MARIO POSAS EL SALVADOR: CARLOS R. CABARRSn ic a r a g u a : o r l a n d o n e z so to COSTA r ic a : VLADIMIR DE LA CRUZ PANAM.' MARCO A. GANDSEGUI (h i jo )

VOL. 4

BRASIL: JOS DE SOUZA-MARTINS CHILE: SUSANA BRUNAARGENTINA: ATILIO BORN Y JUAN PEGORARO URUGUAY: MANUEL A. CLAPS

m ________________________________

siglo veintiuno editores, sa de cvCERRO DEL AGUA 248. DELEGACIN COYOACN. 04310 MXICO. O.F.

siglo veintiuno de espaa editores, saC/PLAZA 5. MADRID 33. ESPAA

siglo veintiuno argentina editores, sa

siglo veintiuno de Colombia, ltdaAV. 3a. 17-73 PRIMER PISO. BOGOT, D E. COLOMBIA

primera edicin, 1985 siglo xxi editores, s. a. de c. v.ISBN 9GS-23-1305-8 (obra completa) isbn 968-23-1352-X (vol. 3)

la presente obra se publica por acuerdo especial con el instituto de investigaciones sociales de la universidad nacional autnoma de mxico

derechos reservados conforme a la ley impreso y hecho en mxico printed and made in mexico

NDICE

CAMPESINADO, LUCHAS AGRARIAS E HISTORIA SOCIAL EN COLOMBIA: NOTAS PARA UN BALANCE HISTORIOGRFICO, por JESS ANTONIO BEJARANO

i. Campesinado e historia social, 9; n. El malestar rural: aos veinte y treinta, 31; m . La violencia, 47; Bibliografa, 65

UN SIGLO DE LUCHAS POLTICAS CAMPESINAS EN VENEZUELA, pO Y RAL DOMNGUEZ C.

i. El campesinado venezolano y la accin poltica, 73; n. Los campesinos en la Venezuela prepetrolera, 74; m . Ezequiel Zamora lanz el grito: Oligarcas temblad! Viva la libertad!, 78; iv. Primera insurreccin campesina y popular, 80; v. Un largo parntesis en las luchas campesinas, 84; vi. Se derribaron los muros de contencin, 88; vil. Nuevam ente el terror, la tortura y la muerte, 93; Bibliografa, 95

NOTAS PARA UNA HISTORIA POLTICA DEL CAMPESINADOe c u a t o r i a n o (1900-1980), por d ie g o a . i t u r r a l d e g.

i . Introduccin, 96; I I . De la lucha por la tierra a la disputa de la hegem ona, 102; Bibliografa, 123

HISTORIA POLTICA DEL MOVIMIENTO CAMPESINO PERUANO EN EL SIGLO XX, por MARIANO VALDERRAMA L.

i. Introduccin: estudio del m ovim iento campesino contem porneo en Per, 128; ii. Principales perodos en el desarrollo del m ovim iento rural contemporneo en Per, 129; ni. Movilizacin espontnea y organizacin embrionaria del campesinado en el contexto del desarrollo inicial de la hacienda vinculada al comercio internacional, 132; v. Constitucin transitoria de los primeros sindicatos modernos bajo el impulso de los partidos aprista y comunista, 135; v. Constitucin masiva de sindicatos rurales y lucha generalizada del campesinado por la tierra que resquebraj el rgimen de dom inacin poltica oligrquica (1956-1964), 136; vi. Movilizacin campesina en el contexto d

A PU NTES PARA UN A H IS T O R IA DE LAS LUCHAS CAMPESINAS EN BOLIVIA (1900-1978) *

SILVIA RIVERA CUSICANQUI

H ablar de luchas campesinas en Bolivia supone una necesaria aclaracin. El trm ino campesino, oficialm ente adoptado desde la revolucin nacional de 1952, suele enm ascarar los contenidos de las luchas que desarrollaron las poblaciones rurales predom inantem ente indgenas (quechua, aymara, guaran) durante el perodo republicano.1 E n el ltim o censo que registra la composicin tnica de la poblacin boliviana (1950), se mencionan los siguientes porcentajes: 62% indios, 25% mestizos y 13.5% blancos (Antezana y Rom ero, 1971:126). Estas cifras revelan slo indicativam ente la com pleja red de relaciones sociales que se tejieron en tre los distintos sectores de la sociedad boliviana, cuyo carcter estam ental y desarticulado perm aneca como un rasgo definitorio hasta muy en trado el presente siglo, a pesar de las transform aciones que trajo consigo el desarrollo de la acum ulacin capitalista. El profundo cisma que atraviesa a la sociedad y que reproduce las dos repblicas coloniales contin u ar m ediatizando los antagonismos de clase, y se expresar en la doble naturaleza de las relaciones de dom inacin que pe

* Una versin muy prelim inar de este trabajo apareci en Bolivia en la edicin aniversario del vespertino ltima Hora, en abril de 1979. En las sucesivas correcciones del texto original, varios amigos y colegas me aportaron comentarios y sugerencias valiosas. Agradezco en especial a Xavier Alb, Jorge Dandler y R en Zavaleta. Dedico este trabajo a Genaro Flores, que herido y exiliado por la dictadura de Garca Meza, contina la lucha por la liberacin del campesinado boliviano.

1 En este trabajo me centrar exclusivam ente en los movimientos campesinos del occidente boliviano, concentrados en el A ltiplano y los valles intercordilleranos de los Andes. La falta de estudios y monografas sobre el oriente, aadida a mis propias lim itaciones, explican aunque no justifiquen que no haya podido tomar en cuenta toda una otra dimensin de la lucha campesina e indgena, rica en sucesos y problemas, que van desde los levantam ientos chiriguanos a fines del siglo pasado,-hasta la conformacin de un nuevo campesinado y sem proletariado agrcola con base en la migracin y en la disolucin de las tribus orientales.

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saban sobre la masa de trabajadores rurales, explotados como productores, pero al mismo tiem po oprim idos colonialm ente como sociedad y como cultura.

A lo largo de la p rim era m itad de este siglo este conflicto se m anifiesta en distintos niveles. Por u n lado, la o ligarqua 2 encuentra en sus relaciones con el indio el m ayor lm ite a sus posibilidades de form ulacin de u n discurso nacional, y comprime su espacio de apelacin poltica e ideolgica a una estrecha m inora de doctores y letrados que se sentan dueos del pas pero lo despreciaban (Almaraz, 1967). La sociedad oligrquica se ve con ello im posibilitada de construir una im agen coherente de s misma, y expresa su am bigua relacin con el territorio y la poblacin del pas m ediante la dicotom a en tre civilizacin y barbarie, que prolongaba el racismo colonial de la vieja casta dom inante, aadindole u n m atiz ms a tono con los tiempos. Por otro lado, el campesinado indio desarrollar reiterados intentos de rep lan tear sus relaciones con la sociedad y de form ular sus dem andas en el lenguaje de sus contem porneos. Tropezar, empero, invariablem ente, con la represin y la masacre. As, la rebelin acabar siendo el acto y el lenguaje a travs del cual el indio form ula las reinterpretaciones que la sociedad le exige en sus momentos crticos.

Este orden de cosas se m antuvo, con altibajos, hasta la pacificacin revolucionaria del campo a p a r tir de la revolucin n acional de 1952 y la reform a agraria de 1953. L formacin, consolidacin y crisis de las estructuras de m ediacin que permitieron al Estado m antener una firm e y controlada base social en el campo, sern analizadas en la segunda parte a travs de tres casos representativos. F inalm ente, revisar las tendencias

2 A lo largo de este trabajo utilizo reiteradam ente el trm ino oligarqua, en diferentes contextos. Aunque no es e l caso entrar en una discusin detallada sobre su significado (discusin que, por otro lado, apenas empieza en Amrica L a tin a ), cabe aclarar que con este trmino quiero denotar: a] la expresin poltica y estatal de una alianza de intereses econm icos entre mineros (y otros sectores exportadores), terratenientes y grandes com erciantes que emerge en Bolivia en la segunda m itad del siglo x ix a partir de la consolidacin del pacto neocolonial ch los nuevos centros hgem- nicos mundiales, y b\ un m odo de dom inacin poltica cuyo sustento ideolgico es el derecho colonia] sobre el territorio y la poblacin del pas. Ambos elem entos contribuyen a reforzar la estructura de castas heredada de la colonia, y la im posibilidad de que los cambios en la estructura econmica (que se expresan en e l desarrollo de relaciones de produccin capitalistas en los sectores ms avanzados) tengan efectos pertinentes en la superestructura poltico-ideolgica de la sociedad.

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ms recientes del m ovim iento campesino boliviano, y la ruptura del pacto social que lo ligaba con los sectores dominantes de la sociedad posrevolucionaria.

I. DE ZARATE W1LLKA A LA REBELIN DE 1917

. . . e l prob lem a d e l in d io n o ha sido resuelto en B o liv ia por dos razones. La prim era razn es que Bo- liv ia n o ha resu elto n in g u n o d e sus p ro b lem a s... {La R azn, 10 de ju lio de 1947.)

D urante el ltim o cuarto del siglo xix se consolida en Bolivia la economa exportadora de la plata, superando la prolongada contraccin econmica de las prim eras dcadas de vida republicana. El fortalecim iento de la fraccin exportadora de ja oligarqua y Ja apertu ra de nuevos canales de expansin comercial perm itieron que por prim era vez desde la independencia los sectores criollos dom inantes em prendieran una ofensiva eficaz contra las com unidades indgenas que hasta entonces haban sustentado, a travs del tribu to , un porcentaje considerable del endeble presupuesto fiscal.3 A p a rtir de la Ley de Ex vinculacin de 1874, cuya puesta en prctica m arcara la historia rural de los prxim os cuarenta aos, se inicia en el A ltiplano y en menor m edida en otras regiones un intenso proceso de expropiacin de tierras comunales, que acabara m odificando sustancialmente el paisaje agrario heredado de la colonia (Rivera,1978).

La guerra civil de 1898-1899 y la rebelin del cacique avmara Pablo Zrate W illka, m arcan las dos fases de este perodo. Con la crisis de la o ligarqua de la p la ta y el fortalecim iento de los intereses m ercantiles de La Paz, sustentados en la amplia

3 En realidad, la primera gran ofensiva contra la comunidad fue la venta forzada de tierras comunales decretada por el gobierno de Melgarejo (1869-1871) . La historiografa tradicional gusta de atribuir a este grotesco personaje todos los males nacionales. La eficacia de sus medidas fue sin embargo muy relativa. En otro trabajo he demostrado que la expansin latifundista fue posible slo a partir de la consolidacin de la economa exportadora y el fortalecim iento de la alianza entre mineros, terratenientes y comerciantes, que era aun incipiente en tiem pos de Melgarejo (Rivera, 1978) .

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cin de las vinculaciones ferroviarias con la costa, la expansin de la frontera la tifundista y el desarrollo acelerado de nuevas actividades de exportacin (caucho, estao y otros m inerales), estn sentadas las bases para el desplazam iento regional del eje de articulacin de la economa boliviana con el mercado m undial, en torno a una nueva alianza m inero-terrateniente-com ercial, cuyo centro de dom inacin es La Paz y cuya ms acabada expresin poltica es el Partido L iberal (Rivera, 1978).

El A ltiplano, escenario central de la rebelin de W illka, se convierte en una tensa frontera in terna de asedio a los territo rios comunales de los ayllu, que vean progresivam ente constreido su espacio de reproduccin y desm antelado su universo ideolgico con la ofensiva latifundista. Los vecinos de los pueblos rurales, gracias a la rp ida im plantacin de las com unicaciones ferroviarias, establecen una tup ida red de monopolios comerciales zonales, b loqueando el acceso directo de la produccin comunal al mercado, que a lo largo del siglo xix se haba manifestado en intensos intercam bios interecolgicos y rural- urbanos (Rivera, 1978; Assadourian ct al., 1980; Grieshaber,1979). La fusin de poder poltico y propiedad de la tierra dotar as a los terratenientes de un alto poder negociador en su alianza con fracciones ms m odernas de la oligarqua y les permitir u n frreo y duradero control sobre u n espacio rural fragmentado y crecientemente desmercantilizado.

Estas tendencias de desarrollo de la sociedad boliviana de principios de siglo se sintetizan en tres modalidades de apropiacin m onoplica de los bienes y recursos de la colectividad: el monopolio de la tierra, el m onopolio del mercado y el m onopolio del poder poltico, que constituyen el trasfondo restrictivo a las reform as que los liberal-federalistas paceos proponan a la sociedad. En el plano ideolgico, este tejido de intereses reforz la naturaleza excluyente y coactiva de la dom inacin oligrquica y le perm iti la reabsorcin de sus sustratos coloniales ms atrasados en el p lanteam iento de sus relaciones con el indio.

En este contexto, la rebelin de W illka no hace sino anticipar y poner en evidencia el carcter falaz de la propuesta liberal. Si bien los rebeldes partic iparon en una prim era fase de la guerra civil en el bando liberal, no tardarn en desarrollar objetivos autnomos, no siempre planteados en forma explcita. Su programa de reivindicaciones puede sintetizarse en cuatro puntos: restitucin de las tierras comunales usurpadas, lucha

frontal contra la m inora criolla dom inante, desconocimiento de la au toridad de liberales y conservadores sobre las tropas < indias y constitucin de u n gobierno indio autnom o bajo la au toridad de su mximo lder.4 Ello m uestra que los rebeldes : percib an sus intereses como radicalm ente ajenos a cualquiera de los bandos polticos en pugna, cuya p rofunda identidad ideolgica se deja ver en el telegram a enviado po r el jefe liberal Pando al presidente conservador Fernndez Alonso despus de la rebelin de Mohoza, donde m uri u n escuadrn liberal en manos de los sublevados: . . . Ind iada guerrea m otu propio contra la raza blanca. Aprovechando despojos beligerantes se har poderosa. Nuestras fuerzas unidas ahora apenas podrn dom inarla (Reynaga, 1970:280).

La rebelin de W illka, fue quizs la ltim a rebelin india autnom a del perodo republicano. E n ella, las poblaciones aym ara y quechua se com portaron como u n a nacin dentro de o tra nacin, expresando en su enfrentam iento abierto contra la m inora criolla dom inante la ideologa y la prctica de una lucha anticolonial. A travs de la crisis desatada por la rebelin de Zrate, lo indio, como categora colonial, se reproducir en las percepciones colectivas de la sociedad criolla. La violencia rebelde y la violencia estatal, en su lenguaje sin mediaciones, renovarn la lgica del enfrentam iento de castas y reforzarn por varias dcadas la nocin de barbarie aplicada al universo a-social de lo indio (Parrenin y Lavaud, 1980). Sin embargo, la rebelin de W illka m arca tam bin el fin de una poca. En su am plitud y coherencia, en su fundam ental auto- exclusin de todo mecanismo m ediador que traduzca las dem andas indgenas a trm inos legtimos para otros sectores de la sociedad, el aislam iento de la rebelin india no volver a repetirse en futuros conflictos.

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4 Vase al respecto, Condarco Morales (1966:398), en su trabajo pionero sobre la rebelin de 1899. Condarco afirma que los rebeldes estaban empeados en una guerra de exterm inio contra la casta superior republicana, afirmacin que puede estar filtrada por la carga ideolgica de la crnica contempornea y por los estereotipos dom inantes sobre el indio. En este sentido coincido con el ahlisis que hace Andrew Pearsc sobre los datos de Condarco (1975:136-137).

JOCHAS C A M P E S IN A S E N B O LIV 1A .

La derrota de W illka y las reform as liberales

Con el ascenso del liberalism o al poder cobr orm a u n nuevo proyecto de dom inacin estatal: naci la segunda repblica, anclada sobre el Pacfico, apoyndose en la m inera y sobre los despojos de las masas campesinas (Almaraz, 1967). L a derrota militar del ejrcito indio y el censo de 1900 confluyen en la inauguracin de u n a esperanza salvadora: la inevitable ex tin cin de la raza autctona y con ello la posibilidad de sacudir el lastre que le im peda a la o ligarqua construir u n pas a su imagen y semejanza. Los autores del censo hacan el siguiente comentario:

Es preciso advertir que hace m ucho tiem po se opera en Bolivia u n fenmeno digno de llam ar la atencin: el desaparecimiento lento y gradual de la raza indgena. E n efecto, desde el ao 1878 esta raza est herida de m uerte. E n ese ao la sequa y el ham bre tra jeron tras s la peste, que hizo estragos en la raza indgena. Por o tra parte , el alcoholismo, al que son tan inclinados los indios, diezma sus filas de m anera notable; y tanto que el nm ero de los nacim ientos no cubre la m ortalidad (Grieshaber, 1979:49).

La explicacin del hecho estaba a la mano. Con ayuda de las ideas positivistas y socialclarwinistas im portadas de Europa, los cientficos bolivianos hallaran la envoltura propicia para prolongar su secular racismo. La inferioridad racial del indio, coreada a varias voces por los intelectuales de la o ligarqua y sus asesores europeos, lo condenaba de antem ano a la derro ta en la carrera ascendente de la hum anidad hacia el progreso. En palabras de G abriel R en M oreno, su "cerebro de m enor peso que el de u n blanco de p u ra raza era por cierto incapaz de concebir y practicar los ideales de la libertad repub licana (Demelas, 1980:96). Hom bres de estado, como Ismael M onteso Bautista Saavedra eran encarnacin de este pensam iento en su instancia ms eficaz. E ra preciso usar al indio como in stru mento del progreso criollo, o concluir de una vez con la m isin civilizadora de su exterm inio:

Si u n a raza inferior colocada jun to a o tra superior tiens que desaparecer, como dice Le Bon [y s i ] . . . hemos de explo tar a los indios aymaras y quechuas en nuestro provecho o hemos de elim inarlos porque constituyen u n obstculo y u n a rm ora en nuestro progreso, hagmoslo as franca y enrgicam ente (Saavedra, 1971:146).

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La energa y conviccin con que la o ligarqua emprendi esta misin fue quizs lo ms duradero de su proyecto. Todo lo dems acabara esfumndose en el hum o de los negociados ferrocarrileros y en las antesalas del poder m inero. Con todo, no puede negarse que las reformas eran ambiciosas. Se centraliz y profesionaliz el ejrcito nacional aunque su direccin fuera encom endada a generales franceses y prusianos. Se impuso el servicio m ilitar obligatorio que los gamonales utilizaron para dar caza a los indios revoltosos. Se cre u n a polica ru ra l para am pliar la presencia del Estado en las provincias, pero ella acabara subordinada al poder localista de los hacendados. Se realiz una reform a m onetaria que in ten taba transferir al Estado el m onopolio de la funcin emisora de la m oneda, pero con ello se trasladaba este dom inio de la pequea banca usuraria al im perio financiero de Patio. Pero quizs el esfuerzo que m uestra con m ayor nitidez las lim itaciones del proyecto liberal fue la im plem entacin de la reform a trib u taria y la abolicin de la com unidad decretadas por los conservadores en el siglo pasado. La abolicin jurdica de la com unidad es parte de las reform as liberales en boga en otros pases de Amrica L atina para desam ortizar los bienes de manos muertas. N inguna propiedad eclesistica fue confiscada por esta legislacin. Se atac slo a la com unidad indgena, y de una forma tal que la extensin de ttulos privados de propiedad individual dio lugar a una rapaz y fraudu len ta expropiacin de tierras apoyada por los aparatos represivos del Estado puestos al servicio de los terratenientes. Las ventas de tierras comunales no hicieron sino aum entar su ritm o en los veinte aos de liberalismo, beneficiando con grandes extensiones a sus hombres pblicos ms destacados (Rivera, 1978). El propio presidente Montes, en una sola operacin de venta forzada se hizo de uno de los ms grandes latifundios en la pennsula lacustre de Taraco. Polticos, comerciantes y pequeos m ineros adquiriero n tierras como un m edio de obtener capital a travs de la especulacin o la hipoteca para invertir coyunturalm ente en efmeras aventuras empresariales. N inguno ele los objetivos explcitos de las leyes de ex vinculacin que postulaban la necesidad de convertir al com unario en pequeo propietario y a la tierra en mercanca de libre circulacin se cum pli en los hechos. La coaccin estatal como mecanismo de la expropiacin de tierras comunales reforz el poder local de los terratenientes

y propici la expansin de las relaciones de produccin serviles en la agrictiltura.

Sucedi otro tanto con la reform a tribu taria . En teora, deba sustituirse el tribu to colonial que con el nom bre eufemista de contribucin indigenal se haba m antenido durante el siglo xix por u n im puesto a la propiedad aplicable a todos los ciudadanos bolivianos. Sin embargo, en la aplicacin de esta reforma el tribu to sufri slo u n nuevo cambio de nombre. Pas a llam arse contribucin territorial, y fue revalorizado en un 25% como consecuencia de la abolicin de la m oneda feble y la adopcin del boliviano. En cambio, los seores de la tierra pagaban el impuesto predial rstico, cuidando de no ser confundidos, ni siquiera en la contabilidad fiscal, con aquellos ciudadanos a los que ellos consideraban sus bestias de carga (Rivera, m s.).

Hasta muy entrado el presente siglo, la contribucin sustent los presupuestos departam entales y fortaleci adm inistrativamente a los departam entos ms densamente indgenas del pas (vase cuadro 1).

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cuadro 1PARTICIPACIN DE LA CONTRIBUCIN TERRITORIAL EN EL PRESUPUESTO DE TRES DEPARTAMENTOS DE BOLIVIA, 1899-1925 (VALORES EN BOLIVIANOS)

La Paz Oruro Potos

Ao Valor % Valor % Valor %

1899 204 558 39.1 91 387 66.5 173 748 60.51901 203 960 29.7 91.387 51.2 173 800 50.91903 203 960 28.1 101 346 54.6 173 672 50.01905 203 960 34.7 92 846 65.6 173 706 55.31907 206 000 24.2 94 318 46.8 173 706 58.21909 206 000 23.0 94 318 39.2 175 040 34.71911 204 046 16.9 94 320 40.6 177 164 31.61913 212 938 22.4 94 320 59.6 215 312 46.71915 203 626 20.1 98 931 61.5 196 469 42.61917 203 818 14.5 93 303 49.6 213 595 40.61919 202 432 10.6 89 303 40.7 180 121 26.91921 201 167 23.8 88 985 16.5 180 672 15.51923 199 995 21.3 88 985 38.1 180 672 21.91925 202 467 19.1 89 985 34.2 180 672 15.0

f u e n t e : P resu puestos de la R e p b lica de B o liv ia , aos ind icados.

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A la carga del tribu to se sum aron otras obligaciones, como la im puesta por la ley de prestacin vial, que obligaba a trabajar u n determ inado nm ero de das al ao en la construccin de puentes y caminos, o pagar su equivalente en jornales, y la p rop ia ley de servicio m ilitar obligatorio, que supona el pago de u n im puesto m ilitar de 50 a 200 Bs. po r conscripto (Anuarios Adm inistrativos de la R epblica, 1880, 1882). La

divisin estam ental de la sociedad boliviana determ inaba que en su aplicacin estas leyes se conviertan en nuevos medios de presin fiscal sobre la poblacin indgena, acogindose los miembros de la casta criolla a las numerosas disposiciones de exencin que las leyes adm itan, para lo que contaban con u n acceso privilegiado a la inform acin y a los aparatos administrativos del Estado. Por lo dems, n inguna de las obligaciones coloniales a las que esta nueva legislacin sustitua fueron abolidas en la prctica. En la dcada de 1940, los indios de muchas regiones continuaban prestando los servicios de pos- tillonaje (atencin por turnos rotativos del servicio postal), ya m encionados por G uarnan Poma, y servicios personales de pongos, mayordomos e irasiris en corregimientos e iglesias (Reyeros, 1949:116 ss.).

E n la persistencia de los rasgos coloniales de la estructura trib u taria se ve ejem plarm ente cmo el tejido ideolgico de la sociedad criolla dom inante le im pidi la p lena absorcin de su propio proyecto (Rivera, m s.). Con los indios prohibidos de circular librem ente por plazas y calles principales, y cercando amenazantes las ciudades, el pas entero acabara siendo lo que se construy in tram uros de las defensas levantadas contra un territo rio poblado por la ind iada (Zavaleta, 1977:107). La pesadilla del asedio indio cuya im agen rem onta a la rebelin de K atari en el siglo xvm sobrevivir al ocaso del poder oligrquico y continuar generando sentim ientos elementales en la representacin que el criollaje urbano se h ara de la sociedad dom inada.

Mesianismo y crisis oligrquica

En las comunidades, en tre tanto , la bata lla contra la expansin latifundista haba conseguido generar, a m odo de mecanismo defensivo, el fortalecim iento de los sistemas de autoridad com unal tradicional. Luego de la traum tica derrota del movi

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miento de W illka, los m allku y curaca del A ltip lano y los valles interandinos com nm ente llam ados caciques-apoderados se vean obligados a traducir sus dem andas al lenguaje de los tribunales y a buscar nuevam ente aliados urbanos que les apoyaran en su funcin de mediadores en tre dos m undos antagnicos. E n la bsqueda de ttulos de p ropiedad colonial, que daban a los antiguos caciques el carcter am biguo de p rop ietarios privados de sus ayllu (Rivera 1978a), y en el establecimiento de las lneas de sucesin hereditaria que legitim aban tales derechos, se articul en el A ltiplano u n am plio movimiento de caciques de diversa jerarqu a, que dar lugar al primer ciclo de rebeliones indias del presente siglo. Pacajes en 1914, C aquiaviri en 1918, Jess de M achaca en 1921, Chayanta en 1927, Achacachi entre 1920-1931: son stos los momentos violentos en una larga cadena de acciones reivindicativas que sacudi a vastas reas del pas en una coyuntura en que la paz y la prosperidad parecan to talm ente consolidadas. No podemos an tener una im agen com pleta y precisa del significado y caractersticas de estos m ovimientos. A la falta de investigaciones 5 se sum a la distorsin de la crnica y la historiografa dominantes, que nos m uestran tan slo el estallido irracional, violento y carente de objetivos societales. Esta imagen no ha sido del todo superada en estudios recientes. Algo de ella se supone inherente a toda rebelda campesina y perpeta la vigencia de lo que E. P. T hom pson (1979) llam a la visin es- pasmdica de la historia popular.

U n exam en prelim inar de algunos de estos movimientos me ha conducido a otro tipo de conclusiones (Rivera, m s.). Al h a blar de ciclo, me refiero a u n m ovim iento am plio, que se prolonga por aos y se m anifiesta en u n a variada gam a de m todos de lucha combinados y com plem entados en tre s. El acto mismo de la rebelin violenta (que supone por lo general algn acto punitivo) es slo u n m om ento de este proceso y condensa el pun to de m xim a tensin en tre la base de circulacin ideolgica que subyace al m ovim iento, las legitimaciones formales del bloque dom inante y el com portam iento em prico de sus representantes sociales locales. En este caso, la incapacidad hege- mnica de la alianza oligrquica ms all del espacio autorrefe- rente de la casta criolla acaba desatando la dielctica represin-

5 Excepcin notable son los trabajos de Condarco (1966), A lb (1972,. 1979), Choque (1978) y Flores (1979).

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rebelin. Con ello se refuerzan las premisas ideolgicas del movim iento contestatario, que am pla as su disponibilidad a las alianzas con otros sectores de la sociedad. Estos fenmenos estn en la base del ciclo 1910-1930, e im prim en su sello de distinta m anera a cada m om ento rebelde concreto, aunque con el tamiz de los elementos causales inm ediatos y los matices locales. As por ejemplo, en la rebelin de Jess de M achaca (1921) se sealan como causa los abusos del corregidor, y especficam ente el encarcelam iento y m uerte de u n com unario en las celdas del corregim iento (Choque, 1979). Sin embargo, comparte con otras rebeliones la agitacin generada por la reivindicacin de ttulos coloniales de propiedad, el liderazgo cacical, la presencia de aliados urbanos, el enfrentam iento contra el m onopolio comercial y poltico de los pueblos y la demanda autnom a de im plan tar servicios educativos en las comunidades.

Estos elementos se articu lan entre s en lo que puede interpretarse como u n in ten to de ru p tu ra por parte del campesinado indio, del orden colonial/estam ental reforzado por las reformas liberales de fines del siglo xix y principios del xx. La propia am bivalencia del discurso in terno de la o ligarqua abri un resquicio para la lucha legal, y fueron los tribunales el escenario de u n prolongado contacto en tre el estrato dirigente de las com unidades y otros sectores m arginales o excluidos de la estructura de poder en la sociedad u rbana (tinterillos, maestros, e tc .) . Se form as una red de m ediadores que ocupaban una posicin intersticial en tre las dos repblicas heredadas de la colonia. Es explicable entonces que estos dirigentes utilizaran un doble lenguaje. H acia afuera im plem entaron una lucha legal orientada a legitim ar sus dem andas con base en la lgica jurdica del Estado.0 Las dem andas generadas en este proceso amenazaron pronto con poner en tela de ju icio las fraudulentas compras de tierras comunales realizadas en todo el perodo. Pero tambin, los caciques apoderados form ularon una doctrina hacia adentro, cuya base era u n discurso mesinico particular-

fi Scgm la ley del 23 de noviem bre de 1882, se exclua de la Revisita (nombre que se dio a la titulacin individual de las tierras) a todos los

terrenos consolidados a favor de las com unidades en las composiciones y visitas de tierras practicadas desde fines del siglo xvi. De otro lado, ya los caciques coloniales hablan enfrentado exitosam ente las presiones de la Corona, asumiendo form alm ente el papel de compradores de sus propios ayllu. Habla pues una tradicin de lucha legal cuya continuidad contrastaba con el estrecho horizonte histrico de la oligarqua liberal.

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mente explcito en Pacajes y Achacachi m ediante el cual se anunciaba la inauguracin de una nueva era de justicia y bienestar para los oprim idos.7 Estas connotaciones se reforzaban con la adopcin de un cdigo m oral de com portam iento, que fortaleca la adhesin masiva de com unarios de vastas regiones hacia su dirigentes, los cuales realizaban un trabajo semiclan- destino de reactivacin de viejas alianzas intercom unales y aun intertnicas. El avance com unario en los tribunales fue respondido con una ola de represin preventiva a nivel local los abusos a que reiteradam ente se hace referencia, cuyo desenlace es el acto punitivo de masas que se conoce como sublevacin. Subyace, pues, detrs de este estallido de violencia un verdadero m ovim iento intelectual generado por las direcciones cacicales y u n proyecto de reform as que luego sera retom ado (no sin suspicacias) por el indigenismo de sectores urbanos crecientemente enfrentados a las m odalidades coactivas y exclu- yentes de la dom inacin oligrquica.8

Es que la prosperidad libera l se estaba esfumando como un espejismo, y con ella caan por tierra las ilusiones de p rogreso indefinido que se hab an instalado en el sentim iento colectivo del criollaje boliviano con la llegada de los ferrocarriles. La crisis de 1921 sigui al colapso que sufri la exportacin de caucho en aos anteriores. Los gobiernos del perodo republicano (Saavedra, 1920-1925; Siles, 1926-1930) se enfrentaban a un estado de perm anente falencia econmica y convulsin social, que desborda ya los marcos de la barbarie rural. La crisis de los precios internacionales y la propia lgica de acum ulacin del sector exportador haban term inado con la fase com-

1 No se trata aqu de la "restauracin del com unism o incaico", que Saavedra y sus contemporneos atribuyen como objetivo central de las rebeliones indgenas, sino de un rcplanteam iento de las relaciones del indio' con la sociedad y con el Estado basado eii las nuevas realidades de participacin en el mercado, en la poltica y en la incipiente educacin rural de principios de siglo.

8 Este programa de reformas puede sintetizarse en los siguientes puntos: restitucin de las tierras comunales usurpadas por la hacienda, abolicin del servicio m ilitar, supresin de las diversas formas del tributo colonial que an subsistan, presencia de representantes indgenas en e congreso, establecim iento de escuelas para los indgenas y acceso libre al mercado (Rivera, ms.). No siempre estas demandas estn planteadas en forma explcita. Por ejem plo, en el m ovim iento mesinico de Achacachi (1920-1931) la lucha se centra en tom o al establecim iento y defensa de una capilla y una feria rural para el intercambio interecolgico de productos indgenas (Alb, 1979:21).

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petitiva de la m inera boliviana, dando paso a u n creciente monopolio de la inversin m inera. De la ru in a de pequeos y medianos empresarios emerge el excluyente grupo de los barones del estao" hacia las esferas de las finanzas y el capital internacional. La otra cara de la m edalla es la creciente socializacin del proceso de trabajo en las grandes empresas mineras y las prim eras luchas obreras por la organizacin sindical. El republicanism o adopta en principio u n a poltica conciliadora. Saavedra dicta las prim eras leyes sociales del pas, como la jo rnada de 8 horas y la indem nizacin por accidentes de trabajo. T o lera y legaliza la actividad huelgustica, pero al mismo tiem po m asacra a los m ineros de U nca en 1923 y a los comunarios de Jess de M achaca en 1921. D urante el gobierno de Siles las tensiones sociales se agudizan. Inicialm ente republicano, Siles acaba fundando su propio partido con base en una nueva generacin de m ilitares e intelectuales desvinculados de los partidos tradicionales. Ambos gobiernos in ten tan as amp liar la base social elitista y excluyente de la poltica oligrquica, sin tocar la fuente ltim a de su poder. De esta manera crean las condiciones para una movilizacin po p u lar cuyas reivindicaciones son incapaces de satisfacer. De ah la tremenda am bigedad de su gestin de gobierno, que testim onia los lmites de la democracia de casta en que el liberalism o haba asentado su poder. A m edida que avanza la dcada de los veinte son cada vez ms amplias las capas enfrentadas por la crisis. El Estado enfrentaba un total colapso de legitim idad al iniciarse las acciones blicas contra el Paraguay en 1932.

La derrota del Chaco y la organizacin sindical campesina

Fue la guerra u n in ten to desesperado de la oligarqua por ponerse a la a ltu ra de la imagen que tena de s misma y borrar la pesadilla de u n pas en quiebra y sitiado por el populacho. Y fue Salamanca, el hom bre sm bolo, el personaje ms adecuado para: e l pap e t de reden to r de una casta en descrdito. I.a conduccin m ilitar y poltica de la guerra dem ostr ser una verdadera solucin por la va del desastre. Decenas de miles de prdidas, en tre desertores, muertos, heridos y prisioneros, en tres aos de re tirada casi perm anente por los ardientes arenales del Chaco term inan agotando no slo las reservas humanas del pas sino las reservas morales del Estado y de la casta que lo

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sustentaba. N o hay duda de que la guerra tuvo u n efecto na- conalizador en la conciencia de la poblacin boliviana (Zava- leta, 1977). El prolongado contacto entre com batientes rurales aymara y quechua y reclutas de origen urbano, la mezcla de gentes de todas las regiones del pas en la obligada democracia de las trincheras reforzaron u n a aguda conciencia crtica respecto a los problem as no resueltos del pas y alim entaron la conciencia indigenista de ciertas capas de criollaje urbano. Sus efectos en las percepciones colectivas del indio sobre la nacin que le reclam aba su sangre fueron posiblem ente ms ambiguos. Por un lado, se sabe que muchos indios revoltosos fueron reclutados coactivam ente en u n a verdadera cacera organizada por los terratenientes y el ejrcito, a la m anera de las levas que realizaban los ejrcitos caudillistas duran te el siglo xix. Pero por otro lado, la convocatoria a la ciudadana inclua por p rimera vez al indio explcitam ente. Los indios que volvieron de la guerra tuvieron luego argum entos ms legtimos ante sus ex camaradas criollos para hacer valer sus derechos como ciudadanos, en especial el derecho como propietarios comunales o privados de la tierra. De las trincheras emergi as una nueva conciencia de los anacronismos que arrastraba el sistema poltico boliviano, y al mismo tiem po una intensa recomposicin de las jerarquas estamentales y clasistas hasta entonces vigentes. La casta dom inante y la cpula m ilitar hab an quedado en la re taguard ia conduciendo a los soldados al desastre. T erm inada la guerra ganar espacio la dem anda de rendicin de cuentas.

La crisis del Estado oligrquico fue u n lento proceso de des- m antelam iento de sus sustentos ideolgicos y morales. La derrota del Chaco oper como u n a suerte de ru p tu ra violenta del muro de contencin en que la oligarqua parapetaba su legitimidad, y liber u n caudal de fuerzas contestatarias, en princip io desarticuladas, que socavaran el orden oligrquico por dentro y lo acorralaran por fuera. Quizs la derrota fue el nico hecho nacional de la guerra, y por ello el ejrcito, en calidad de p rotagonista/el ms llam ado a la solucin de los problem as nacionales. U na generacin de jvenes oficiales, portadores del sentimiento de frustracin y de la misin reivindicadora de las vctimas de la guerra ingres en la arena poltica con argumentos simples e incontrastables: . . el caso poltico y los p roblemas econmico-sociales surgidos a raz de la guerra del Chaco, cuya solucin era im posible dentro de los sistemas polticos

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tradicionales, hicieron necesaria la intervencin del ejrcito en defensa de los intereses y derechos de las clases trabajadoras y de los ex com batientes (Cnl. David T oro , cit. en Klein,1958:266-7).

Asociaciones de ex com batientes y logias m ilitares fueron la prim era expresin organizativa de la recomposicin social y poltica de la posguerra. T o ro asumi el gobierno en medio de grandes esperanzas de renovacin m oral del pas y proclam el alto y noble ideal de devolver a Bolivia su soberana econmica, de rem ediar la m iseria y la pobreza, de devolver al trabajador m anual e intelectual su d ignidad h u m a n a . . . (Klein, 1968:268). La nacionalizacin de la S tandard Oil acu

sada de contrabando de petrleo en favor del enemigo durante la guerra, la creacin del M inisterio de T rab ajo y el nombram iento del dirigente obrero grfico W aldo lvarez como ministro m ostraran la parquedad de un program a posible frente a la m agnitud de las intenciones . La gestin de Busch tropezar igualm ente con u n a realidad reacia a cambios tan abruptos. E ra la fase ingenua del nacionalism o y el suicidio de Busch su tem prana edad de la tragedia.

Con todo, el decreto de sindicalizacin obligatoria, de inspiracin corporativista, em anado del M inisterio de T rab a jo contribuy a acelerar la organizacin de los trabajadores en todo el pas. Al am paro de este decreto se form aron en los valles de Cochabam ba los prim eros sindicatos de colonos de hacienda. El objetivo de estas organizaciones era lograr el arrendamiento de tierras de propiedad eclesistica y m unicipal, administrados hasta entonces bajo el sistema de colonato.9 Los gobiernos liberales no haban desamortizado los bienes eclesisticos y los primeros sindicatos tuvieron en este anacronism o un excelente argum ento para respaldar sus demandas.

9 El colonato es una velacin de renta-trabajo por la cual, a cambio del acceso a la tierra (individual en las sayaas o pegujales, y colectivo en las aynuqas y pastizales), los campesinos incorporados a la hacienda deben trabajar un nm ero variable de dfas en las tierras del patrn. Esta relacin de produccin se combina con relaciones de explotacin directamente herederas de la mita o sptima rural colonial, como el pongueaje o trabajo gratuito por turnos que los campesinos de haciendas estn obligados a prestar al patrn, y que los comunarios prestan a las autoridades polticas y religiosas locales. El patrn no opera a ll como propietario de la tierra sino como heredero' de privilegios coloniales de casta sobre la poblacin indgena; y es quizs en este sentido que puede hablarse del terrateniente andino como continuador de la encom ienda colonial.

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Jorge D andler, en u n m inucioso anlisis de estas organizaciones, asigna prim ordial im portancia a la m ayor disponibilidad de la poblacin ru ra l cochabam bina para el contacto con nuevos interm ediarios-representantes culturales maestros, ex combatientes y obreros de las ciudades (Dandler, 1969- 1971). As, el Sindicato de Colonos del Valle de Cliza, surgido en la hacienda del M onasterio de Santa C lara y dirigido por ex combatientes campesinos, estuvo estrecham ente vinculado con la escuela ru ra l de Ana Rancho, de la cual parti el asesora- miento ju rd ico a las gestiones de los colonos. En la ranchera de Vacas, p ropiedad de la m unicipalidad de Cochabamba, los maestros rurales gestionaron la adm inistracin directa de la hacienda por parte de los colonos y establecieron un centro educativo inspirado en el m odelo de W arisata (Dandler, 1969: 73-75). La prop ia escuela-ctyUu, organizada en 1931 por un equipo de maestros indigenistas dirigidos por Elizardo Prez obtuvo reconocim iento y apoyo gubernam ental duran te los gobiernos de T oro y Busch.

Los objetivos de estos sindicatos, as como las actividades de las escuelas norm ales y los maestros indigenistas, eran sin duda modestos. El arrendam iento y adm inistracin autogestionaria de propiedades que no pertenecan a la lite terraten ien te no cuestionaba directam ente el sistema de tenencia de la tierra. Sin embargo, la correlacin de fuerzas era tal que aun reformas tan limitadas resu ltaban amenazantes para los seores de la tierra. Las intocadas estructuras locales del poder oligrquico se enfrentaban as m ilm etro a m ilm etro con el campesinado, y as como antao h ab an corrido sus linderos y cercado a las comunidades, aspiraban ahora a estrechar el espacio ideolgico generado por sus movimientos reivindicativos. E ra claro que en la actual situacin, toda m edida estatal se converta en un arma de doble filo.

Desde principios de siglo la educacin haba sido uno de los temas favoritos en la retrica civilizadora de la oligarqua. La usurpacin de tierras y los ambiciosos planes de im portacin de colonizadores europeos se com binaban idealm ente con un otro mecanismo de "suprim ir al indio : la escuela.10 En las

io En 1925, Jaim e M ollins sostena: El indio es conservador en tradicionalismo y es prolfico en su gensica; vale decir, que si se le abandona i su propia orientacin instintiva, constituir tarde o temprano, un peligro social y poltico. Al ind io hay que suprim irlo por la escuela . .(El despertar de una nacin, cit. en Parrenin y Lavaud, 1980:25).

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rebeliones de Jess de M achaca (1921) y de Chayanta (1927) el campesinado indio vio en el am bivalente tem a de la escuela una forma de rep lan tear su pacto de reciprocidad con el Estado (Platt, ms.) para com batir el poder local de los terratenientes y vecinos de los pueblos, asum iendo como propia la tarea de aprender el lenguaje de sus opresores. Estas corrientes se am pliaron en la posguerra, pero ya claram ente como movim iento contestatario.

Por o tro lado, la poltica to lerante de los gobiernos de Toro y Busch, cuya retrica desconoca explcitam ente los fundamentos ideolgicos del orden oligrquico contribuy al devela- m iento del carcter formal y am biguo de sus propuestas civilizadoras, am pliando el espacio de apelacin para las reivindicaciones populares. M ientras u n indigenismo cada vez ms explcito se abra paso entre la in telectualidad de clase media, tanto el m ovim iento de caciques de las zonas com unarias del Altip lano como el m ovim iento sindical de los colonos cochabara- binos am pliaban su convocatoria, ganando para sus postulados la solidaridad de las federaciones obreras, el movimiento estud ian til y el magisterio.

El caso de los valles de Cochabam ba presenta ciertas caractersticas especiales, sobre las que volveremos ms adelante. El quechua era ya en esta regin una lengua producto del mestizaje de varios siglos, y el bilingism o urbano una norma. La intensa m ovilidad geogrfica y social de los campesinos acrecentada con el retorno masivo de ex com batientes al campo y la ciudad y una estructura de m ercado ms abierta haban contribuido a borrar los contornos estam entales de la sociedad valluna y a am pliar las relaciones y alianzas campesinas con otros sectores sociales. En el A ltip lano y en otras zonas de predom inio com unitario, en cambio, diversos factores haban contribu ido a la continuidad de una estructura social ms rgida y menos vulnerable al influjo de estas nuevas corrientes. El movim iento sindical tendr expresiones muy tardas en el Altiplano. En cambio el liderazgo com unal se m antuvo a la cabeza de los movimientos campesinos hasta la revolucin de 1952, organizando la resistencia antilatifundista desde fuera y desde dentro de sus fronteras. Esta suerte de d isritm ia entre Altiplano y valles perdurar bajo diferentes formas en las dcadas subsiguientes.

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Nuevas formas de lucha

La posguerra m arca tam bin el fin del sistema de partidos tra dicionales y la emergencia de los nuevos partidos populares y de izquierda en Bolivia. E ntre fines de la dcada de los aos treinta y mediados de los cuarenta surgen m ltiples ncleos de discusin poltica, de heterognea filiacin ideolgica, que van convergiendo en los partidos de nuevo cuo. Las agrupaciones polticas ms im portantes que resu ltan de esta convergencia son el p o r (Partido O brero Revolucionario) de lnea trotskysta, su contraparte estalinista p i r (Partido de la Izquierda R evolucionaria) , y el m n r (M ovim iento N acionalista R evolucionario ), cuya ideologa antioligrquica de cosecha ms bien local expresaba con acierto ese vago pero intenso sentim iento de frustracin nacional que sali de las trincheras del Chaco. Su p rin cipal soporte orgnico fueron las asociaciones de ex combatientes, que le abrieron el acceso no slo a la nueva generacin militar, sino tam bin el emergente sindicalismo obrero y campesino en distintas regiones del pas. De otro lado, los cuadros dirigentes del m n r , como m iem bros desheredados de la vieja casta dom inan te (Zavaleta, 1977:106) eran capaces de captar tras de sus postulados al grueso sector de capas medias disidentes de los partidos oligrquicos.

La apertu ra de nuevos espacios polticos acabar sepultando el tradicional juego poltico de la oligarqua, cuyas pugnas internas no atravesaron nunca los linderos del bloque dom inante, y cuyas discusiones abogadiles g iraban en torno a la in terpretacin de la C arta M agna o al modo de saldar viejas disputas territoriales. Liberales, republicanos de todos los m atices y hasta conservadores olvidan sus querellas de an tao y se alian en u n pacto llam ado la Concordancia, en u n a suerte de repliegue defensivo que los convierte en agentes a secas de la "rosca m inero-terrateniente. La m agnitud de su aislam iento poltico se m anifiesta en la creciente prdida de control sobre los instrum entos que hab an servido tan eficazmente para sustentar el dom inio oligrquico desde principios de sigloT an to el ejrcito como el sistema electoral acabarn volcndose en su contra.

Entre tanto, los sectores contestatarios intensificaban sus actividades en ese m undo hum ano amplsimo y prcticam ente virgen (o por lo menos as lo vean ellos) a la po ltica criolla: el campesinado indio y mestizo de las principales regiones

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agrcolas del pas, cuyo peso cuantitativo era percibido por prim era vez como cualidad poltica. T an to las organizaciones sindicales urbanas de base anarquista, como los nuevos partidos polticos se vuelcan en u n a tarea organizativa no siempre presidida tte claras definiciones program ticas. Varios tipos de vnculos contradictorios van tejiendo el espacio de la oferta poltica del izquierdism o criollo hacia el campesinado. El proceso cobrar cada vez ms la forma de una aguda competencia por la nueva y masiva clientela que se haba introducido por las grietas de la sociedad criolla.

El resultado ms visible de esta labor fue la generalizacin de una nueva forma de lucha campesina, de claro corte obrero: la huelga de brazos cados de los colonos de hacienda. Un primer nivel de articulacin entre colonos y sectores urbanos radicalizados lo conform an los caciques que desde la preguerra hab an adquirido experiencia y roce urbano. As, los caciques Jos Santos M arca T o la y A ntonio lvarez M am ani realizaron, desde fines de la dcada de los trein ta, una intensa labor de agitacin en varios departam entos del pas, dando la consigna de huelga en las haciendas y tom ando contacto con obreros y estudiantes de las ciudades. M arca T ola, o riundo de una regin del A ltip lano paceo y heredero de un antiguo linaje de mallkus coloniales, lleg a ser m iem bro de la Federacin Obrera Sindical de O ruro, despus de haber partic ipado activam ente en las luchas de reivindicacin de ttu los coloniales de tierras en la preguerra.11 T a l m ovilidad era posible porque la guerra haba desbloqueado efectivam ente los espacios cerrados de la lucha com unal.

U n ejem plo de ello es la realizacin del P rim er Congreso de Indgenas de habla Q uechua en Sucre (agosto de 1942), con el auspicio de la Confederacin Sindical de Trabajadores de Bolivia y las federaciones obreras y universitarias de Sucre y O ruro. Segn noticias de la prensa, en este congreso campesinos y obreros en abrazo fraterno han hecho causa com n de sus aspiraciones y propsitos em ancipatorios. E ntre sus principales resoluciones se sealan: la abolicin del pongueaje, la restitu

11 En 1964, un inform ante (le Ramiro Condarco le seal que Santos Marca Tola haba intentado obtener en los tribunales el ttulo de presidente de los indios, al igual que Martn Vzquez, el dirigente mximo de la rebelin de Pacajes en 1914. Se refera probablem ente a la legalizacin de los ttulos coloniales que lo acreditaban como cacique hereditario de la regin (Condarco, 1956:416) .

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cin de tierras comunales usurpadas y la liberacin de las numerosas gabelas que pesan sobre la m sera economa campesina (La Calle, 13 de agosto de 1942, cit. en Antezana y Romero, 1973:87-88). El gobierno de Pearanda, que forma parte del momento restaurador del ciclo m ilitar iniciado en la posguerra, responde con u n a serie de medidas para in ten tar controlar el m ovim iento, denunciado por la prensa oligrquica como efecto de la agitacin com unista en el cam po. En un decreto suprem o de febrero de 1943, el gobierno ordenaba: "Alt. 1.Se cancelan con carcter general todos los artculos e incisos de los estatutos de las agrupaciones obreras y sindicales que contengan aspectos relacionados con el trabajo agrario o con las actividades campesinas (cit. en A ntezana y Romero, 1973:89).

Pearanda establece adems la O ficina Ju rd ica de Defensa Gratuita de Indgenas, en u n in ten to de lim itar la influencia de los asesores legales de las organizaciones antioligrquicas, y dicta un decreto de seguridad del Estado, que dispone sanciones a los agitadores, que infiltrndose en las haciendas y co- nunidades, pertu rben el trabajo agrcola, inciten y contribuyan al abandono de labores o a la resistencia pasiva (ibid:95).

Entre tanto, ex com batientes campesinos se dan a la tarea le organizar y arm ar a los colonos de la hacienda Chijjcha 'Pacajes), y las huelgas de brazos cados arrecian en Avopaya (Cochabamba) y en varias provincias del departam ento de 3ruro. En este clima se realiza, nuevam ente en Sucre, el Segundo Congreso de Indgenas de habla Q uechua (agosto de 1913). Este congreso, que debi inicialm ente realizarse en La Paz y contar con la participacin de delegados aymara y guaran, reuni a u n centenar de caciques de los departam entos de Oruro, Cochabam ba, Potos y Chuquisaca. Segn el d irigente lvarez M am ani, los objetivos del congreso eran realizar huelgas de brazos cados y buscar acuerdos con los obreros de las ciudades (ibid:92).

En ambos congresos influyeron activistas del t i r y de otros partidos, as como dirigentes sindicales anarquistas. Pero los caciques indios m ediatizaban estos vnculos incorporndose d irectamente a las Federaciones Obreras en calidad de Secretarios de Asuntos Indgenas. T a l es, por ejemplo, el caso de Jos Santos M arca T ola, Luis Ramos Quevedo (alias el Ru- misonqo, en quechua corazn de piedra), Esteban Quispe, An-


tonio Yucra y m uchos otros (Antezana y Rom ero 1973:106.)Con el golpe de V illarroel (diciembre de 1943) y el cogo-

b ierno r a d e p a -m n r 12 la capacidad de presin de los movimientos huelgusticos aum enta. En Caracollo, los dirigentes de 20 haciendas en tran en huelga, p id iendo la libertad de Rumison- qo. La agitacin se extiende a Q uillacollo y T apacar en Cochabam ba y a varias haciendas de Viacha y los Yungas en La Paz. El gobierno de Villarroel expresa el nivel ms alto de ascenso popu lar en la posguerra, hecho que no tiene correlato ni en sus vacilantes m edidas n i en el modesto program a de modernizacin estatal que encarnan sus aliados civiles. El mn, que haba logrado obtener el apoyo de los sindicatos mineros por su denuncia de la masacre de Catavi (1942) y la intepela- cin a los m inistros de la Concordancia, se ocupa de promover la organizacin sindical obrera y campesina, cediendo a las presiones de los lderes de varias regiones del pas que reclam an apoyo estatal para la realizacin del P rim er Congreso Nacional Indigenal. Luego de varias postergaciones, apresamientos y el exilio de uno de los principales agitadores indios, este congreso se realiza finalm ente en La Paz en mayo de 1945. La ciudadana pacea est visiblemente conm ovida y atemorizada por la irrupcin de centenares de caciques, alcaldes y jilaqatas indios de todo el pas, que por prim era vez ingresan libremente a la plaza M urillo 13 dando vtores al ta ta V illarroel y a sus dirigentes Francisco C hipana Ramos y A ntonio Alvarez Ma- m ani.

El efecto ideolgico de este cnclave indgena, realizado en la sede del gobierno y en presencia de las ms altas autoridades del gobierno, fue quizs ms im portante que cualquiera de las m edidas y conclusiones aprobadas. En los altos de Cochabamba y en otras zonas del pas, los campesinos m anejan hasta hoy una am bigua figura de Villarroel encarnando al Inca redivivo.14

12 r a d e p a , Logia M ilitar Razn de Patria, que como otras organizaciones similares surgidas en el ejrcito en la posguerra testim onia la ruptura de los mecanismos disciplinarios internos en su seno.

13 El mismo Villarroel haba decretado la abolicin de esa prohibicin centenaria en noviembre de 1944. La Calle registra el siguiente comentario: "Ha concluido felizm ente un rgimen intolerable que venia ejercitndose desde hace muchos aos atrs. En efecto [a partir de ahora] . . . se garantiza el libre trnsito de los indgenas por las calles y plazas del territorio nacional (Antezana y Romero, 1973 97 ).

14 Comunicacin personal de W inston Moore, sobre versiones recogidas en 1978 en Tapacar.


Es como si el horizonte estatal de la com unidad andina, p resente desde tiem pos prehispnicos, operara como elem ento o rganizador de la m em oria colectiva y de las percepciones que el campesinado indio tena de la sociedad.15 La propia designacin de ta ta (aymara y quechua, lit.p a d re ) , aplicada a Villa- noel, pero tam bin a Saavedra, Pando y Belzu m uestra los sucesivos ciclos de aproxim acin a u n a esfera estatal siempre esquiva y excluyeme. Y es quizs esta m atriz ideolgica del campesinado andino la que explica su final conform idad con el Estado surgido en 1952, que invariablem ente ha sido in terp retada como resultado de la conversin de colonos y comunarios en propietarios individuales de la tierra.

Considerados en s mismos, los decretos em anados del congreso (supresin de los servicios gratuitos de trabajo en las h a ciendas conocidos como pongueaje, regulacin de la obligaciones y derechos en tre patrones y colonos), no son una grave amenaza en el orden de la propiedad y el poder econmico terrateniente. Son una afrenta slo en tan to representan una intervencin in to lerable del Estado en los asuntos internos de la hacienda y en la m edida en que legitim an el cuestionam iento de las barreras de casta que subyacen en la relacin indio-patrn, quebrando el sustento ideolgico de la disciplina laboral de los colonos. Lo ms peligroso de todo resulta la presencia simblica del presidente en una reunin de indios, en la medida en que representa un pacto im plcito con el proyecto estatal encarnado en el m n r . Es la presencia del indio en el marco hum ano del estado (Zavaleta, 1977:107) lo que atemoriza a la casta dom inante y echa por tierra su im agen de una sociedad civilizada. Y esto, que en el congreso del 45 era slo un acto simblico, se constituir ms tarde en el m ecanismo dom inante de subordinacin del m ovimiento campesino al Estado.

El ciclo rebelde de 1947

Como en otras ocasiones, el indio concurre al acto estatal con sus propios marcos interpretativos y con las nociones que ha

15 Vase al respecto el trabajo de John Earls sobre el sistema de hua- manis (sitios de culto a los antepasados, situados en los cerros) , y su articulacin ideolgica con la estructura de poder nacional en el Per contemporneo (Earls, 1973).


elaborado por su cuenta acerca de la sociedad y del Estado. Fcilmente, la supresin del pongueaje es in terp re tada como el fin de una poca de esclavitud y sum isin y como aval estatal para la recuperacin de la tierra usurpada. Frente a la fundam ental restitucin de la justicia por el Estado, la posicin de los terratenientes aparece como un acto de desobediencia, como una intransigencia particu lar frente a los intereses generales. A pesar de todos los intentos del gobierno Villarroel-MNR por controlar a los agitadores indios que van a todas las comarcas dando la buena nueva e im pulsando la organizacin sindical y la tom a de tierras, este trabajo encuentra una receptividad desbordante. El propio accionar de los agitadores rurales ha excedido ya los marcos de la vinculacin partidaria o sindical. Las consignas externas no hacen sino articularse en u n movimiento endgeno de restitucin de la justicia, del que no estn ausentes sentim ientos mesinicos y lderes incontrolables. En enero de 1946, El Diario denuncia la aparicin de u n presidente de los indios, retom ando su hab itual concepcin m aniquea de la "guerra de razas.16 El m n r partic ipa tam bin de esta concepcin y hace u n llam ado a la incorporacin del indio a la N acin, nico modo de pacificar los espritus y evitar una lucha de razas (Antezana y Rom ero, 1973:125).

Con el lincham iento de V illarroel por una tu rba urbana enardecida todo pareciera sellar en la conciencia de las gentes del campo la imagen del Inca nuevam ente derrotado. Es que en la p rop ia sociedad u rbana afloran sentim ientos irracionales absolutam ente desproporcionados con los actos efectivos del gobierno. U no se p regun ta si la v italidad del hecho era posible a p artir solam ente de una cam paa bien m ontada por la oligarqua. Pero fueron quizs las dos acciones simblicas del gobierno el congreso de indios y los crmenes de Chuspi- p a ta17 las que m ejor explican esa furia desatada. Se haba

ic El "Rumisonqo haba logrado ser fotografiado junto con Villarroel, y segn la prensa local, andaba repartiendo su fotografa y sealando que aqul [Villarroel] era Presidente de los blancos y Ramos era Presidente de los in d io s . . .. En 1970 los campesinos de Yungas confirmaron que la labor de agitacin del dirigente indio se apoyaba en la distribucin de dicha fotografa (Antezana y Rom ero, 1973:102). La temtica de las "dos repblicas" y la de la guerra de razas son dos caras de una misma moneda, y muestran con claridad la persistencia de una estructura de castas que mediatiza los antagonismos de clase en la Bolivia prerrevolucionaria.

i" Fusilamiento de prom inentes polticos de la oligarqua por parte de la k a d e p a en noviembre de 1944. Segn estatutos de la Logia Militar, sta


tocado aquello considerado intocable: la im punidad del seoro. Pero adems, se haba perm itido una invasin de indios en el nico terreno hegemnico que la oligarqua conservaba: el espacio fsico de la sede del gobierno. C ualquier o tra ciudad era menos vulnerable a esta prueba de fuerza. C ualquiera toleraba m ejor los hechos que a fin de cuentas ya haban ocurrido. Pero la m u ltitud pacea que colg a V illarroel m uestra hasta qu pun to la ciudad, en todos sus estratos, com parta concepciones profundas acerca de la naturaleza y las fuerzas morales de la sociedad, concepciones m oldeadas a p a r tir de una paranoia colectiva del asedio, de la m em oria del ciclo de Katari y de W illka cuyos ejrcitos se hab an detenido amenazantes en los bordes altiplnicos de la hoya urbana.

El jb ilo de la ciudadana por la cada de V illarroel fue por ello exuberante, y la salvacin del poder oligrquico infunda desde La Paz una vitalidad nueva a los centros de poder local terrateniente donde se celebraba el triunfo de ju lio y la m uerte del padre de los indios. Los aparatos represivos se ajustaban para un nuevo som etim iento colonial del espacio. Era preciso borrar la afren ta y poner las cosas definitivam ente en orden.

Es en este clima apocalptico, que pone en tensin los terrores de la relacin colonial subyacente en la dom inacin oligrquica, que comienzan a desarrollarse las acciones. Centenares de focos rebeldes se encienden en todo el pas y se habla por todos lados de venganzas, asaltos y levantam ientos indios. Todo se atribuye a la perfidia del m n r , que como Pando en 1899 haba acudido al expediente execrable de servirse de la ignorancia y los bajos instintos del indgena (Antezana y Romero, 1973:125). A fines de 1946 se subleva la poblacin de Chrigua (C ochabam ba), T arv ita (Chuquisaca) y Topo- hoco (La Paz). E ntre enero y marzo de 1947 la agitacin se ha propagado a Aygachi, Pucarani y Los Andes en La Paz, y a la provincia de Ayopaya en los altos de Cochabamba. En Oruro y en los valles se sum an los pobladores de Eucaliptus. Aroma, iMohoza, Challa, T apacar y Arque. H asta ju lio del mismo ao la rebelin se ha propagado por las provincias de Ingavi, Pacajes, Los Andes, Larecaja y Yungas en La Paz; Cercado en

se adjudicaba el derecho de aplicar lina "accin moralizadora y depuradora en todas las instituciones e individuos, persiguiendo y sancionando a quienes atenten contra el Estado o la Sociedad, y de castigar con la pena de muerte a los bolivianos que traicionen nuestros sublimes deseos" (Cspedes, 1966-170-171; vase tambin Zavaleta, 1977:93) .


Oruro, San Pedro de Buena Vista, Charcas y Carasi en Potos; Ayopaya, Misque, Aiquile, Arque, Cliza y T apacar en Cocha- bam ba; Azurduy, Padilla, Sud C inti y Zudaez en Chuquisaca y varias haciendas de los valles de T a rija (ib id .: 130 y ss.). Era, segn palabras del presidente Hertzog, la ms grave de las sublevaciones indigenales de nuestra h istoria (ib id .) .

N o se tra ta de una rebelin organizada bajo m ando nico ni ocurre en forma sim ultnea o coordinada. En muchos casos el conflicto se presenta bajo la forma de pequeos estallidos localizados, cuyo desenlace violento resulta ms bien de la intervencin apresurada y paranoide de las fuerzas represivas locales. Simples concentraciones m otivadas por la fundacin de u n sindicato o una escuela desembocan en u n hecho de sangre y en el apresam iento de decenas de indgenas, que luego la prensa seala como responsables de tenebrosos planes. En otros casos los hacendados sim plem ente huyen, aterrorizados por el sonido de pu tu tus y las fogatas encendidas en la noche. Los rebeldes u tilizan esta tensin subjetiva para hacer de la amenaza una forma dom inante de la accin colectiva.

La carga ideolgica con que la crnica contem pornea registra estos sucesos nos im pide percibir, tras los denominativos homogeneizadores (sublevacin indigenal, guerra de razas), la heterogeneidad real de situaciones de conflicto y la configuracin especfica de las alianzas campesinas con otros sectores de la sociedad. Provisoriam ente pueden sealarse dos tipos de polos generadores de conflicto. Por u n lado, las regiones de mayor penetracin m ercantil y m enor friccin intertnica son ms proclives a la lucha directa entre colonos y patrones, que asume la forma de la huelga de brazos cados. El liderazgo sindical, la presencia de activistas urbanos, la asesora ju rd ica a los sindicatos perm iten el establecim iento de instancias de negociacin con los patrones. La lucha se orienta entonces a resistir el pago de la ren ta de la tierra y desemboca en muchos casos en la parcelacin y venta de porciones de la hacienda a colonos o arrendatarios._E n eLA Jtiplano^ y ciertos valles con fuerte presencia indi-gena la situacin es ms compleja, pues la tensin fronteriza hacienda-com unidad y la tensin intertnica (que suele expresarse en la oposicin campo-pueblo) juegan un papel fundamental. Esto determ ina la emergencia de un tipo de liderazgo externo a la hacienda en el que se com bina la tradicin de lucha com unal con u n a am plia gam a de contactos y experien-

LUCHAS CA M PESIN A S E N BO LIVIA 1 7 1 '

tas de tipo sindical y urbano. La form a de lucha predom inante en estas regiones es, literalm ente, el asedio. U n asedio externo a las fronteras de la hacienda (amenazas, destruccin sim blica de mojones o linderos, fogatas), que hace h u ir a los hacendados, se extiende luego al in terio r de la hacienda, donde los colonos recogen o destruyen las cosechas de la demesne seorial y resisten el cum plim iento de sus turnos de trabajo. Los choques violentos se producen cuando el hacendado in ten ta resis tir el asedio y acude a la fuerza represiva local.

Ahora bien, es en estas ltim as regiones donde se registraron los sucesos ms violentos, que la prensa destac con caracteres alarmantes. En Ayopaya (altos de Cochabam ba) se m ovilizaron cerca de 10 000 campesinos armados, obligando a h u ir a varios patrones y dando m uerte por lo menos a dos de ellos, el coronel Jos Mercado, de la hacienda Yayani, y Jos M ara Coca,, de la hacienda Lajm a. El liderazgo in terno del m ovim iento estuvo en manos de cabecillas indios, que ten an contactos con lderes de otras regiones y con m ineros del d istrito de O ruro (ifozc.: 138-141). La crisis de posguerra estaba produciendo en varias regiones una serie de efectos econmicos que no podemos evaluar aqu. D urante la restauracin del sexenio (1946- 1952) ellos estn vinculados con la crisis m inera y con las masacres blancas o despidos masivos de trabajadores de las m inas. Al volver a sus lugares de origen, esta masa de desocupados contribuye a aum entar la presin sobre la tierra y a d ifund ir la experiencia organizativa del sindicato obrero, que se in jerta en las organizaciones comunales preexistentes.

En la rebelin de Los Andes (junio de 1947), com unarios y colonos de la localidad victim aron al p ropietario de la h a cienda de Tacanoca y a su sobrina. El liderazgo de esta rebelin estuvo conform ado por indgenas m iem bros de la Federacin O brera Local de La Paz, de tendencia anarquista . Su principal dirigente, Esteban Quispe Yucra, vesta uniform e m ilitar y se haca llam ar el G eneral (Antezana y Rom ero, 1953: 150).

La m uerte de u n m ayordom o y un p ro feso rjle la hacienda Anta y el ataque al tren en la ru ta Arica-La Paz son los hechos salientes de la sublevacin de Pacajes, que se extendi a los cantones de Com anche y Caquiaviri. El liderazgo nuevam ente es de tipo com unal y la prensa denuncia la presencia de m ineros de Corocoro y activistas de la f o l . En entrevistas que sostuve con ex colonos de dicha hacienda, sealaban que los p ro


tagonistas de los sucesos no fueron los colonos sino los comunarios de zonas aledaas que sostenan pleitos con la hacienda haca varios aos.

La presencia de la f o l en las sublevaciones de La Paz merece u n com entario. Esta organizacin sindical, de tendencia anarquista, parece haberse convertido en la principal expresin urbana del m ovim iento de caciques del A ltip lano paceo. Los sindicatos urbanos afiliados a la f o l eran m arginales (trabajadores de la m adera, culinarias y floristas) y pertenecan al estrato de m igrantes rurales. La experiencia de la guerra y la creciente m igracin a las ciudades facilitaron a estos activistas, de origen com unario, la adopcin de una estructura organizativa de corte obrero. Es revelador que el 1 de mayo de 1947, en m omentos en que la agitacin ru ra l llegaba a su clmax, la f o l de La Paz realizara u n desfile completamente independiente en el que partic iparon indgenas afiliados a los sindicatos agrarios auspiciados por la f o l , a quienes se dirigieron los oradores en aym ara (Antezana y Rom ero, 1973:151). La f a d (Federacin Agraria D epartam ental) era el ncleo rural de la f o l y ocupaba u n lugar preem inente en esa organizacin. Sus activistas, caciques y m igrantes rurales, recorran las provincias del departam ento im pulsando la organizacin de sindicatos, el desarrollo de huelgas de brazos cados y la creacin de escuelas, en lo que constituir u n a continuacin del program a de los movimientos de 1910-1930. En efecto, en las rebeliones im pulsadas por la f a d en 1947 se retom an las consignas del m ovim iento de la preguerra: abolicin del servicio militar obligatorio, de la prestacin vial y otros impuestos, restitucin de las tierras comunales usurpadas y creacin de escuelas en los centros de poblacin indgena (ibid.: 148).

Pero si bien la naturaleza, objetivos y mtodos de lucha en los distintos focos rebeldes del ciclo de 1947 fueron heterogneos, la respuesta oficial fue indiscrim inada y violenta por igual. La rebelin de Ayopaya fue ahogada en sangre por el ejrcito, m ediante tropas especiales y bom bardeos de la aviacin. En Pacajes y los Andes in terv in ieron fuerzas com binadas de la polica rural, el ejrcito (regimientos de Viacha y G uaqui) y milicias civiles organizadas en los pueblos. Centenares de indgenas fueron apresados y enviados a campos de concentracin en las regiones tropicales de C hapare e Ichilo, y se iniciaron pomposamente varios juicios de responsabilidades contra los rebeldes.

LUCHAS CA M PESINA S E N BO I.IV IA 1 7 3

La represin acaba homogeneizando al bloque opositor. Como consecuencia de la derrota del m n r y del m ovimiento jbrero en la guerra civil de 1949, en las crceles y en los campos le concentracin se mezclan rebeldes indgenas de todo el pas :on dirigentes polticos y sindicales m ovimientistas. Las p rimeras clulas campesinas del m n r surgen de entre los confnalos al trpico, y la red de lderes independientes surgida en las ebeliones de 1947 term ina articulndose polticam ente con el novimientismo, cuya influencia no hace ms que crecer a lo argo del sexenio. Por lo menos dos nuevos congresos indgenas ;e realizan en la clandestinidad en Potos y en La Paz, y en jilos ya se hace evidente la filiacin m ovim ientista de los p rn ga les dirigentes y organizadores. En el ltim o de ellos, reali- tado en la provincia Pacajes en enero de 1952, se elige como ecretario general de la Central de Campesinos de Bolivia al lirigente G abino Apaza, qu ien hab r de desem pear posteriormente altos cargos en el sindicalismo oficial y en la jerarqua le las milicias campesinas organizadas desde el poder a p a rtir le 1952 (Iriarte, 1979:39-42).

La relacin del m n r con el sindicalismo pre 1952 esconde, sin embargo, una fundam ental am bigedad. Entre las conclusiones aprobadas en el congreso de Pacajes desaparece toda referenciai la restitucin de tierras comunales y se deja ver en cambio :1 paquete de propuestas m odernizadoras del movimientismo: creacin de mercados de abasto, distribucin de cupos de alimentos, m ejoram iento de la educacin campesina, freno al contrabando de artculos de prim era necesidad, restablecim iento de los Juzgados de Defensa G ra tu ita para el Indgena y pe ticin al gobierno para que realice u n estudio de la reform a agraria (Antezana y Romero, 1973:200-201).

En ese com portam iento am bivalente puede hallarse el porqu de la to tal desarticulacin entre los dos eventos de masas ms importantes del sexenio: la rebelin de 1947 y la guerra civil de 1949. Esta ltim a, dirigida por el m n r y sectores disidentes del ejrcito y protagonizada por mineros, fabriles, ferroviarios y sectores populares urbanos, tuvo una participacin campesina m arginal. De otro lado, las rebeliones de 1947, pese a su amplia cobertura de contactos urbanos, se m antuvieron aisladas de los ncleos ms activos del m ovim iento obrero organizado, en especial de los mineros. No habiendo el p roletariado construido an su autonom a de clase, mal poda ofrecer al m ovimiento campesino una propuesta alternativa a la del m n r .

1 7 4 SIL V IA RIVERA m o i a

Este sorprendente desfase era, a su modo, una forma medial zada e incipiente de la alianza obrero-campesina. Pero ello it-1 vela tam bin hasta qu pun to el m n r com parta con la vieja I casta dom inante puntos de vista fundam entales en relacin con el campesinado indio. La poltica se seguir considerando como un espacio reservado a los sectores urbanos, y las masas rurales sern vistas como receptoras pasivas y sumisas de las propuestas civilizadoras del Estado. A p a rtir de la rebelin de 1947 el m n r se dar a la tarea de organizar estructuras de cooptacin y control del m ovim iento campesino. Cientos de agitadores obreros, maestros, m igrantes rurales sern incorporados en este m ovim iento envolvente. El triunfo revolucionario de 1952 sorprender al campesinado indio con el fin de su utopa.

Situacin del agro en la prerreforma

El censo agropecuario de 1950 puede darnos una idea aproxim ada de la estructura de tenencia de la tierra en la Bolivia prerrevolucionaria. Cerca de 7 000 propietarios (8% en unidades productivas de ms de 500 hectreas) concentraba el 95% de la superficie arable del pas, de la cual tan slo el 0.8% se hallaba cultivada, en tan to que el 69% de unidades productivas con menos de 10 hectreas concentraban slo el 0.41% ele la superficie total, con u n rea cultivada del 50%. En el estrato intermedio, el 22.5% de las unidades productivas entre 10 y 500 hectreas ocupaba el 4.5% de la superficie, con u n rea cultivada del 23.5% (vase cuadro 2).

El latifundio im productivo, basado en el sistema de colonato era la forma predom inante de explotacin agrcola, ocupando el 44.3% de la superficie cultivada del pas y el 9.4% de las unidades productivas; en segundo lugar estaban las 3 779 com unidades libres (3.5% de las unidades) ,18 con el 26% de la superficie cultivada, y la pequea produccin familiar, con el 65.1% de las unidades productivas y el 18.9% de la superficie cultivada. El arrendam iento y la m edien a ocupaban porciones marginales de la superficie, aunque constituan el 19.3% de las unidades productivas (vase cuadro 3 ).

18 En realidad, las comunidades operan ms bien como unidades de reproduccin que como unidades productivas, en cuyo seno se desarrolla la actividad de un nmero desconocido, pero seguramente bastante elevado, de unidades domsticas de produccin que el censo no consigna.

CUADRO 2DISTRIBUCIN DE LA PROPIEDAD ACRCOLA ANTES DE LA REFORMA AGRARIA

Tamao de las fincas en hectreas

!-----------------Fincas

Nm. %

rea total fincas

(.Hectreas)

en

%

Menores de 10 59 988 69.4 132 964 0.41

De 10 a 500 19 437 22.5 1 467 488 4.48

Mayores de 500 6 952 8.1 31 149 398 95.11

TOTAL 86 377 100.0 32 749 850 100.00

(fuente: Ministeri^) de Planificacin y Coordinacin, 1970:410).

rea total Relacin cultivada rea

(Hectreas) %

65 981 10.2

344 3S5 52.6

243 892 37.2

654 258 100.0

CUADRO 3NMERO DE FINCAS, REA TOTAL EN FINCA c tINCAS Y AREA Tqtal c

------------------------------------------ ------- --------------------- - N CADA TlPO w tenencia

Tipo de tenencia

Fincas

N m .

Propietarios(solos) 56 259

Propietarios(con colonos) 8 1 3 7

Arrendatarios 13 598Medieros 3 033Comunidades 3 779Tolerados 617Otros 954TOTAL 86 377

(fuente: Ministerio de Planificacin,

%

65.1

9.415.83.5 4.4 0.71.1

100.0

1970:410).

'rea /oa/ fincas

Hectreas

9526 422

12 701 077 1 983 765

382 115 7 178 449

105 426 872 596

32 74 9 850

%

29.1

38.86.1 1.2

21.9 0.3 2.6

100.0

- ra o/a/ cultivada

Hectreas

123 328

290 165 44 467 5 206

170106 1 933

19053 654 258

%

18.9

44.36.80.8

26.00.32.9

100.0

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gzJO

SILVIA rivera

LUCHAS CA M PESIN A S E N BO LIVIA 177

El sector terraten ien te distaba m ucho de ser homogneo. Si bien en ninguno de sus estratos haba logrado vincularse establemente con el m ercado externo, existan diversas formas y grados de articulacin de la hacienda con el mercado interno. Los excedentes de insumos y alim entos producidos mediante la extraccin de la renta-trabajo eran volcados a las concentra- dones urbanas y m ineras, donde la dem anda aum entaba considerablemente por el increm ento de la m igracin rural-urbana en la posguerra. Con excepcin de ciertos productos, sin embargo, no puede hablarse de circuitos de m ercado interno que excedieran los marcos regionales. El tpico fenmeno de los mercados precapitalistas, donde regiones excedentarias en ciertos productos no podan cubrir la dem anda de regiones deficitarias, y donde la oferta se m antena rg ida por el control que ejercan los terratenientes sobre los precios, configuraba un paisaje agrario sem ejante al agregado de clulas rurales aisladas que describe Josep F ontana (1974) para la Espaa del siglo Xix.

La conform acin histrica de las haciendas en el A ltiplano y en otras regiones con alta densidad de poblacin indgena haba determ inado que el hacendado tuviera u n lim itado control sobre el proceso productivo y se hallara prcticam ente atado a los ritm os y tcnicas de la produccin fam iliar tradicional.

La extraccin de trabajo excedente era posible p o r la articulacin del dom inio desptico-paternalista del hacendado con los niveles de au to ridad com unal tradicional que tenan vigencia en el in terio r de las haciendas. La propiedad jurdica sobre la tierra, la raz colonial de las relaciones de dom inacin y la presencia simblica del hacendado en el calendario ritual mediante el cual se organizaba el ciclo productivo dan cuenta del doble carcter de la hacienda tradicional altiplnica. Por un lado, las tierras de la hacienda se hallaban incorporadas en el sistema de aynuqas, dispersas en los distintos microclimas del ecosistema local y sujetas a los ciclos de rotacin sincronizada controlados com unitariam ente por los colonos. U n acceso adicional a la tierra y al trabajo campesinos se consegua m ediante la obligacin del m anejo del hato ganadero del patrn para su pastoreo rotativo en pastizales comunes y en las sayaas o parcelas individuales de los colonos (Rojas, 1978). De otro lido, en v irtud de la ubicacin del hacendado en la superestructura jurdica de la com unidad, se haca posible la conti- rnidad de una serie de relaciones tributarias (servicio de tu r


nos de pongueaje, diezmos, veintenas y otras obligaciones) en las que el hacendado oficiaba no slo de propietario de la tierra sino de representante del Estado y heredero de privilegios coloniales.

Sin embargo, el control desptico que el hacendado mantena por esta doble va sobre la fuerza de trabajo no se expresaba en una capacidad de am pliar su control sobre la tierra de la demesne seorial. E n un estudio realizado en la dcada de 1940 por Celso Reyes en 48 haciendas del A ltiplano central, vemos que la superficie bajo control de la hacienda no exceda un prom edio del 10% de la tierra cultivada, llegando en el m ejor de los casos al 18% en la provincia Omasuyos (Reyes 1946; Rojas, 1978).

Las opciones econmicas abiertas al hacendado en el frente interno de la hacienda eran, pues, extrem adam ente limitadas. El nivel de la ren ta se m antena relativam ente estable, y la posibilidad de adap tar los volmenes de produccin de la hacienda a la curva ascendente de la dem anda regional de insumos y alim entos eran casi nulas. El hacendado compensaba estas limitaciones m ediante dos mecanismos complementarios en su frente externo: el m onopolio comercial sobre los excedentes de la produccin parcelaria de colonos y comunidades libres aledaas y la especulacin y /o hipoteca de tierras para la obtencin de pequeos capitales que se invertan fuera del sector agrcola, que ya fueron mencionados. En las dos ltim as dcadas del poder oligrquico estos mecanismos se hab an resquebrajado por el creciente m onopolio m inero y comercial en manos de la gran empresa nacional y extranjera. La hacienda se haba convertido en el refugio de u n em presariado fracasado y em pobrecido, cuyo nico patrim onio era la tierra y el don del seoro. H acia fines de la dcada de los cuarenta los terratenientes del A ltip lano confrontaban una aguda situacin de crisis econmica para la cual no parecan vislum brar ninguna salida que implicase el desarrollo de las fuerzas productivas.

La hacienda de los valles cochabambinos presenta caractersticas contrastantes. P redom inaban sistemas de tipo transicio- nal como el arriendo y la aparcera y en algunas regiones se haban im plantado formas m ixtas de salario (Camacho Saa, 1970). En el valle alto el sistema de colonato todava era vigente, aunque funcionaba con menos rigidez que en el Altiplano y no estaba articulado con relaciones tributarias. La gran dem anda de tierras agrcolas, las prcticas de herencia, la ar

LUCHAS CA M PESIN A S E N BO LIVIA 179

ticulacin comercial y el crecimiento demogrfico llevaron a las haciendas a u n a creciente subdivisin, que data por lo menos de fines del siglo xvm . En los orgenes histricos de la hacienda valluna es determ inante su vinculacin con e l mercado interno generado por los ciclos de expansin m inera, que pudo reconstituirse a pesar de la larga contraccin econmica del siglo xix (al respecto, vase Larson, 1978). T an to en el valle bajo como en el valle alto estos fenmenos hab an dado origen a un importante sector de pequeos productores m ercantiles independientes (piqueros) que com petan con los hacendados en el abastecim iento a los centros urbanos y m ineros (Dandler, 1969; Camacho, 1970; Pearse, 1975). Los terratenientes haban perdido el control sobre los circuitos comerciales regionales, y tanto colonos y aparceros como productores libres podan comercializar su produccin directam ente en la red de ferias y mercados locales. La com petencia p lan teaba una presin muy fuerte sobre los hacendados del valle y la m ayora no se hallaba en condiciones de enfren tarla exitosam ente. La m odernizacin de algunas haciendas y la estagnacin o colapso de la m ayora (icf. Pearse, 1975) son una respuesta tard a a la crisis del sector terrateniente cochabambino.

Sin embargo, la situacin de crisis por la que atravesaba la hacienda no determ in m ecnicam ente la necesidad de una salida por la va de una reform a agraria red istributiva n i la forma que este proceso tom ara. La va de la modernizacin selectiva sobre la base de la ren ta diferencial que se m anifestaba ya como tendencia en el caso de los valles cachabam binos era sin duda una va posible, y de hecho fue la va dom inante de disolucin de la hacienda tradicional en otros pases la tino americanos (vase, p. ej., Guerrero, 1978). El que aqu la hacienda haya tenido que ser arrasada para ab rir paso al desarrollo capitalista en la agricultura m uestra cun presente estaba ya en la historia la vo luntad colectiva de la masa campesina y cunto iran a depender las cosas de sus actos.

II. LA PAX REVOLUCIONARIA


La R evolucin es lo que ha de venir bien a todos. Es como el V iejo Cndor de los altos cerros con su penacho blanco y que nos ha de cobijar a todos con sus preciosas alas . . . (francisco ciiipa n a ramos, 1945). En los campesinos ya no habr sublevaciones indigenales, porque los indgenas tendrn una ley que los ampare, (antonio lvarez m a m a n i, 953).

Jacobinos sin burguesa, los dirigentes del m n r acaban en la cresta de la insurreccin popu lar ms im portante de la historia boliviana contem pornea. Su resultado pareciera desproporcionado con respecto al program a de reformas que portaban los vencedores: para im poner la am pliacin de la esfera estatal de la economa (nacionalizacin de las m in as), la destruccin de las relaciones feudales en la agricu ltura (reform a agraria) y la incorporacin del campesinado indgena en el m bito ele la democracia formal (voto universal) los insurgentes haban tenido que desm antelar com pletam ente el Estado oligrquico, destruir fsicamente su aparato represivo e im poner la capitulacin m aterial de todo el viejo orden.

La clase m edia del partido, que se senta im buida de la misin histrica de convertirse en burguesa nacional termina as im poniendo u n rum bo burgus a u n m ovim iento donde todos haban partic ipado menos la burguesa. La lucha popular se canaliza entonces a servir de sustento a u n a forma de dominacin estatal bonapartista, que no tardar en generar profundas contradicciones internas. U na prim era m odalidad envolvente de control de las fuerzas populares desatadas es el auspicio a su organizacin desde el Estado. Sindicalizacin masiva y milicias obrero-campesinas sern la form a contundente del nuevo poder de las masas en la arena poltica posrevolucionaria.

Pronto, sin embargo, el modelo de acum ulacin propuesto por el m n r , que se sustentaba en la am pliacin del mercado interno, la sustitucin de im portaciones alim entarias y la creacin de una burguesa incubada en la proteccin estatal, mostrar los primeros indicios de deterioro a travs del resquebrajam iento del pacto, social que le serva de base. El movimiento obrero, en principio aplastado por su prop ia victoria (Zavaleta, 1977), sentir cada vez ms agudam ente que su presencia prota-

LICHAS CA M PESIN A S E N BOLIVIA 1 8 1

gnica en la destruccin del Estado an terior haba concluido en un paradjico resultado: de la sobreexplotacin de las empresas privadas a la explotacin justa del Estado-patrn. La ilusin corporativa del control obrero con derecho a veto ocultar m omentneamente esta evidencia, m ientras su presencia resulte aceptable dentro del nuevo proyecto. Las prim eras confrontaciones abiertas del m ovim iento obrero con el gobierno, a raz de la estabilizacin m onetaria de 1956, se vern sin embargo mediatizadas por la fluidez con que el partido y el propio m ovimiento reconstituyen las alianzas en el perodo 1956-1962. De ah que resulte posible, bajo la gida del pragm atism o de Paz Estenssoro, recuperar as sea m om entneam ente la confianza del m ovimiento obrero a travs de la figura vicepresidencial de Lechn en las elecciones de 1960. Paralelam ente, el movimiento campesino se va convirtiendo en un capital poltico en disputa para las distintas facciones del polifactico m n r . En el criterio de que el peso num rico es la cualidad poltica fundamental, todo conflicto tiende a resolverse apelando al respaldo de la m ontonera rural. Este papel no ser asum ido en forma homognea o exenta de contradicc

Apuntes Para Una Historia de Las Luchas Campesinas en Bolivia - Silvia Rivera

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