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APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN COSTARRICENSE RELACIONADA CON LAS TORTUGAS MARINAS Convenio Universidad de Costa Rica Universidad de Florida Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Estudiantes: Sergio Botifoll Clarissa Castillo Salvador Coleman Catalina Suárez Directoras: Dra. Emma Harrison Licda. Shirley Sánchez 2010
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APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN COSTARRICENSE RELACIONADA
CON LAS TORTUGAS MARINAS Convenio Universidad de Costa Rica-‐ Universidad de Florida
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Estudiantes:
Sergio Botifoll Clarissa Castillo
Salvador Coleman Catalina Suárez
Directoras: Dra. Emma Harrison
Licda. Shirley Sánchez
2010
RESEÑA HISTORICA Según las culturas más antiguas, el mundo descansaba sobre el caparazón de una
Tortuga. Así mismo, en prácticamente cualquier cultura costera la tortuga marina simboliza virilidad y sabiduría. Se atribuyen poderes afrodisíacos y mágicos al consumo de sus huevos o ciertos órganos. Alrededor del mundo, donde concurren las tortugas marinas, las culturas locales consumen sus productos como medio de subsistencia.1
Las tortugas marinas juegan un papel preponderante en el equilibrio marino, ya que,
transportan nutrientes y controlan poblaciones de invertebrados marinos. Por lo consiguiente, su desaparición repercute negativamente en la estabilidad ecológica del mar.
De acuerdo a la entrevista realizada al Señor Randall Arauz2, la investigación y
conservación de las tortugas marinas en nuestro país, inicia con el trabajo del Dr. Archie Carr en Tortuguero, durante los años cincuenta del siglo pasado.
El Dr. Archie Carr, (reconocido herpetólogo de la Universidad de Florida) comenzó a
interesarse en las tortugas verdes que llegaban a la costa de Florida; por lo tanto siguió la migración de las mismas hasta las costas de Costa Rica, encontrando el área de Tortuguero.
Alrededor de los años setentas gracias a los estudios de Dr. Carr, Tortuguero fue uno
de los primero Parques Nacionales en ser declarado como tal y en los años ochentas Costa Rica tuvo un auge significativo de científicos y especialistas nacionales.
Dichos especialistas, principalmente biólogos con énfasis en tortugas marinas
dedicaron su labor a la protección y conservación de las distintas especies de tortugas marinas. Apoyados por la Universidad de Costa Rica, fundaron el Programa de Conservación de Tortugas Marinas de la Universidad de Costa Rica, bajo la dirección de la especialista Annie Chavéz.
1 Diagnóstico Regional y Planeamiento Estratégico para la Conservación de las Tortugas Marinas en el Istmo Centroamericano. La Red Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas en Centroamérica. Pág.06. 2 Entrevista. Randall Arauz. Martes 22 de Junio de 2010, 3:00pm. Instalaciones del Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA).
Posteriormente en la década de los noventa se dio la proliferación de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que se dieron a la tarea de proteger y conservar, los hábitats y las especies de tortugas marinas, tales como Wide Cast (encargada de desarrollar proyectos en el Caribe), Caribben Conservation Corporation (actualmente denominada Sea Turtle Conservation, que trabaja en el área del Caribe), Asociación Programa de Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA, desarrollando labores de conservación en el área del Pacifico), entre otras, las cuales conforman en la actualidad la Red Nacional para la Conservación de Tortugas.
La participación de las ONGs en la conservación de las tortugas marinas, ha sido
determinante, gracias a su activismo político ha sido posible la modificación de la legislación costarricense, así como introducción de normativa explícita en la protección y conservación de las mencionadas especies. Ejemplo de esto, es la prohibición de la caza de tortuga verde en el área del Caribe a partir de mil novecientos noventa y nueve, luego de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad al Decreto Ejecutivo número: 1452 del 26 de mayo de 1983. Eliminándose así la posibilidad de cazar esta especie, ante la evidente insostenibilidad de dicha práctica (más adelante se ahondará en el tema).
Asimismo al momento de la creación de la Ley de Conservación de Tortugas
Marinas (Ley No.8325) en 2002, las ONGs estuvieron muy presentes en el proceso de construcción de dicho instrumento (a partir de la cual nos embarcaremos en el análisis de la aplicación de la misma desde su creación hasta la actualidad).
SITUACIÓN ACTUAL DE CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN EL ÁREA PACÍFICO Y CARIBE DE COSTA RICA
En nuestros días las tortugas marinas están en peligro de extinción; por lo
consiguiente se han desarrollado modelos para el uso directo de los recursos de las tortugas; por ejemplo el consumo de huevos o carne; como también para su uso indirecto, como por ejemplo el Ecoturismo.
Pero a pesar de la existencia de estos modelos, en los litorales de Costa Rica se han
vulnerado y se vulneran a las tortugas marinas. En el Litoral Caribe se da la comercialización ilegal de carne y huevos de tortuga marina. En el Litoral Pacífico lo que más se presenta comúnmente el comercio ilegal de huevos.
La Playa de Ostional en Guanacaste es el único lugar a nivel nacional donde existen permisos y autorizaciones para la extracción y comercialización de huevos, pero a pesar de ello también se ha manifestado el comercio ilegal de los mismos.
A nivel nacional se ha presentado como delito frecuente el tráfico de productos de
carey, la comercialización de productos cosméticos, tales como cremas y lociones, producidas a base de aceite de tortuga.
Para contrarrestar las acciones anteriores en Costa Rica se han creado un marco
legal para la protección de las diferentes especies de tortugas marinas, el cual incluye los siguientes instrumentos:
1. Constitución Política 2. Ley de Conservación de la Vida Silvestre. N° 7317 3. Ley de protección, conservación y manejo de tortugas marinas. N° 8325 4. Ley el Servicio de Parques Nacionales. N° 6084. 5. Ley Orgánica del Ambiente. N° 7554. 6. Ley de Biodiversidad. N° 7788 7. Ley de Pesca y Acuicultura. N° 8436 8. Convención Interamericana para la protección, manejo y conservación de
las tortugas marinas, aprobada mediante la ley N° 7906 9. Convención cobre el comercio internacional de especies amenazadas de
flora y fauna silvestres CITES, aprobada mediante N° 5605 10. Jurisprudencia -‐Declaración de Inconstitucionalidad al Decreto Ejecutivo N° 14524-‐A del 26 de
mayo de 1983. *Los anteriores instrumentos se analizarán detalladamente más adelante. Los entrevistados concuerdan en que es particularmente difícil encontrar voluntad
política en aplicar plenamente las leyes relacionadas con materia ambiental, en especial el tema de conservación de tortugas marinas. O bien, hay desconocimiento de las mismas por parte de los funcionarios que la deben de aplicar.
La creación de la Ley No.8325 Ley de Conservación hacia estas especies, ha
marcado un hito en su protección.
Pero lamentablemente su aplicación se ha visto limitada, para tomar el caso específico de las ONGs (que contribuyen en denunciar atropellos a esta ley) en muchas ocasiones no pueden entablar los procesos por razones económicas.
Teniendo como consecuencia que dichas organizaciones deben ser muy selectivas
en sus disputas legales, pues difícilmente son capaces de costear patrocinio legal para todas las situaciones en que se podría aplicar la legislación de conservación de tortugas.
Es opinión común entre los representantes de las ONGs la necesidad de
capacitación del personal del Poder Judicial, así como del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), tanto en el conocimiento de la ley, así como en el aspecto científico, a fin de ser capaces de identificar, por ejemplo, productos y subproductos provenientes de las tortugas marinas.
Si bien en entrevista con el coordinador de la Fiscalía Ambiental de San José, el
M.Sc. Sergio Valdelomar3, fue enfático en el esfuerzo que realiza el Poder Judicial, particularmente la Fiscalía Ambiental, por establecer contacto con las ONGs, con el SINAC y MINAET, a fin de lograr capacitaciones pertinentes para la aplicación apropiada a los criterios científicos de la ley. La realidad es que en la mayoría de las instituciones gubernamentales no se cuenta con personal suficiente, o bien hay una constante movilidad de puestos (particularmente de los fiscales ambientales). Lo cual dificulta la posibilidad de que personal capacitado atendienda los casos relacionados con tortugas marinas y la aplicación de la ley No.8235.
Otra de las circunstancias que resaltaron durante la investigación para la
preparación de este documento, es un hecho particularmente interesante relacionado con la aplicación de la Ley de Conservación de Tortugas Marinas.
La aplicación de esta ley se da sobretodo en zonas costeras, la mayoría de ellas
rurales. Donde es común que los encargados de hacerla cumplir por ejemplo, los representantes del Poder Judicial, los oficiales del MINAET, los guardacostas, se vean parcializados debido a que a la persona a quien le deben de imponer su cumplimiento es a un familiar o amigo. Teniendo como resultado que la situación social influencia en el momento de decidir la plenitud de la aplicación de la ley4. 3 Entrevista. M.Sc. Sergio Valdelomar, Coordinador Fiscalía Ambiental. Martes 25 de Junio de 2010, 10:00am. Instalaciones de la Fiscalía General, Primer Circuito, Poder Judicial, San José, Costa Rica. 4 Entrevista. Randall Arauz, Director. Martes 22 de Junio de 2010, 3:00pm. Instalaciones del Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA).
El trabajo que realizan las ONGs en las zonas costeras es determinante en la
aplicación de la Ley No. 8325, ya que compensan la falta de personal de las entidades gubernamentales en la vigilancia de las áreas protegidas, como por ejemplo en los sitios de desove.
Estas organizaciones han jugado un papel preponderante en mantener la presencia
humana en la playa, desarrollando programas en los cuales voluntarios se encargan de patrullar las áreas, de manera que hacen respetar normativa en las zonas de desove e incluso es una forma para estas organizaciones de generar ganancias y a partir de estos recursos ser capaces de mantener su actividad conservacionista.
En la aplicación particular de esta ley es sumamente necesario tomar en cuenta el
rol tan relevante que juegan las comunidades relacionadas con las áreas de conservación, específicamente en el área del Pacífico y del Caribe, a fin de que las mismas se integren a los programas y se eduquen en la materia, para que comprendan la importancia de la conservación y tomen conciencia de que sus acciones en el cuidado y protección de las especies de tortugas marinas, es fundamental para la conservación.
Nuevamente en relación a este tema las ONGs son líderes en la implementación de
este tipo de programas educativos y de integración de las comunidades, ya que si bien las entidades gubernamentales apoyan las iniciativas, rara vez son éstas las que tiene iniciativa para proponer el establecimiento de canales para la educación de las comunidades costeras que conviven con estas especies.
Con respecto a la participación de las comunidades, no podemos obviar la
diferente realidad que presentan las poblaciones del Pacífico y del Caribe, ya que es fácil evidenciar que las personas que habitan las zonas costeras pacificas son menos confrontativos que las poblaciones del Caribe, por lo que se facilita la labor de vigilancia y protección de las tortugas marinas. En la zona del Pacífico es suficiente contar solo con presencia humana en las playas que vigilen los nidos de tortugas y su desove, la población respeta a los voluntarios y a las organizaciones de conservación que se presenten en la zona, e incluso su nivel de compromiso y colaboración es notable, a diferencia de la zona costera Atlántica, donde la vigilancia en la zona de la playa se vuelve conflictiva5.
5 Entrevista. Randall Arauz, Director. Martes 22 de Junio de 2010, 3:00pm. Instalaciones del Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA).
Lo anterior sin duda dificulta la aplicación de la normativa, tomando en cuenta q el área del Caribe posee una estructura socioeconómica y conformación poblacional de amplitud diversidad cultural se complica la imposición de las normas relacionadas con la protección de tortugas marinas, existen zonas particulares en el Caribe, donde existe un amplio mercado para los productos y subproductos de las tortugas marinas, y ante las necesidades económicas de algunos sectores de la población, la comercialización de este tipo de productos es una forma atractiva de subsistencia, incluso por una cuestión geofísica de los suelos en la provincia de Limón, existen muchas zonas no aptas para la ganadería ni la agricultura, por lo que la carne de tortuga por largo tiempo ha sido la fuente de proteína más habitual para algunos de estos habitantes, de manera que ante una realidad social difícil, donde el desempleo es una constante, por condiciones geográficas, es válido aclarar que el tema de la conservación en la zona Caribe ha sido más complicado, sin embargo los avances han sido sumamente significativos6.
Uno de los principales incentivos para estas comunidades costeras es la motivación
económica que implica la diversidad de especies de tortugas, ya que con la venida de las mismas, el turismo ecológico se presenta como una opción factible que permite la conservación y a la vez asegura sustento económico a las comunidades, de manera que se convierte en una necesidad para los locales proteger las tortugas marinas, con el propósito de asegurar la entrada económica de ecoturismo y a la vez se logra la conservación y protección de las especies.
Inevitablemente la protección de las especies de tortugas marinas implica una
serie de factores que se interrelacionan, no solamente legales y científicos, tales como los aspectos sociales, económicos, culturales e incluso históricos de las comunidades más cercanas a los centros de desove y anidación, por lo que la relación de las organizaciones de conservación con las entidades gubernamentales encargadas de implementar y coordinar las políticas ambientales, debe ser una relación muy cercana, con el propósito de causar un verdadero impacto en la sociedad e incluir la conservación y protección de estas especies como un tema fundamental; es necesaria una buena comunicación entre las distintas entidades a fin de implementar la ley a plenitud.
El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), es una de las
entidades que tiene gran relación con la implementación de la ley N.8325, ya que la misma se encarga de aprobar las licencias de pesca. Para la aprobación de las mismas es 6 Entrevista. Randall Arauz, Director. Martes 22 de Junio de 2010, 3:00pm. Instalaciones del Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA). Entrevista Claudio Quesada. Miércoles 25 de Junio de 2010, 2:00pm. Instalaciones de Wide Cast (ONG conservación tortugas marinas, área Caribe)
necesario que los barcos pesqueros utilicen los dispositivos de exclusión de tortugas marinas.
Lamentablemente la falta de voluntad política ha minado la efectividad de la
utilización de estos dispositivos. Esto nuevamente se refleja en la estructura de dicho ente, ya que al ser una
institución gubernamental autónoma, sus inspectores no posean autoridad de policía administrativa, lo cual sin duda resta efectividad a la labor de vigilancia que realiza esta institución.
En general las relaciones de las ONGs con los bajos mandos de las entidades
gubernamentales es más cercana y accesible, particularmente con los funcionarios de las Áreas de Conservación, miembros del SINAC, sin embargo con los altos mandos de las entidades gubernamentales la situación se complica usualmente porque se presentan juegos políticos, que implican constante negociación con sectores muy diversos que pujan por intereses tan variados como las perspectivas que representan7.
ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES
Costa Rica cuenta con varias leyes domésticas que de manera directa o indirecta
protegen las tortugas marinas. La aplicación de cada ley dependerá del lugar en donde ocurren los hechos.
Cuando la tortuga se encuentra en la costa (parte continental y un kilómetro de la
desembocadura de un río), se aplica la Ley de Conservación de Vida Silvestre, pero si el ilícito ocurre en la zona de la playa, se aplica la ley de la Zona Marítimo Terrestre8 que en
7 Entrevista. Randall Arauz, Director. Martes 22 de Junio de 2010, 3:00pm. Instalaciones del Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA). 8 Los artículos 9, 10 y 11 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre establecen los siguiente:
La zona comprende la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deje el mar en descubierto en la marea baja.
Para todos los efectos legales, la zona comprende las islas, islotes y peñascos marítimos, así como toda tierra o formación natural que sobresalga del nivel del océano dentro del mar territorial de la República. Se exceptúa la Isla del Coco que estará bajo el dominio y posesión directos del Estado y aquellas otras islas que esta ley o alguna otra ley especial dispongan.
La zona marítimo terrestre se compone de dos secciones: La Zona Pública, que es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja; y la Zona Restringida, constituída por la franja de los ciento cincuenta metros restantes o por los demás terrenos,
su artículo 12 prohíbe explotar la flora y fauna existentes sin la correspondiente autorización legal.
Por otro lado, cuando se trate de caza ilegal de tortugas desde un barco la ley
aplicable y quien tendrá jurisdicción dependerá de la zona en que se encuentre. Si se encuentra dentro de las 12 millas de la costa, INCOPESCA tiene jurisdicción, pero si se encuentra dentro de la zona económica exclusiva9 (ZEE) se comparte la competencia con Colombia y Ecuador que son los demás países de la región.
Veamos los instrumentos legales específicos relevantes para la Protección de las
tortugas marinas en Costa Rica:
• CONSTITUCIÓN POLÍTICA
El artículo 50 de la Constitución de Costa Rica establece lo siguiente: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando
y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por
ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado”
De este artículo se puede desprender lo siguiente:
a. Todas las personas podemos hacer uso del ambiente, pero de forma equilibrada y consientes que lo debemos proteger y conservar.
b. Cualquier persona puede ser parte en un proceso ambiental, ya que su interés responde a uno difuso.
c. El Estado tiene el deber de proteger el derecho a un ambiente sano y equilibrado.
• LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE
en casos de islas.
La ley especifica que los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar corresponden a la zona pública. Y también, sea cual fuere su extensión, la ocupada por todos los manglares de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional.
9 La Zona Económica Exclusiva, o el mar patrimonial, es una franja marítima que se extiende desde el límite exterior del mar territorial (primeras 12 millas) hasta una distancia de doscientas millas marinas (370,4 km) contadas a partir de la línea de base desde la que se mide la anchura de éste.
La Ley Orgánica del Ambiente del 1995 dota a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para alcanzar el derecho constitucional a “un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
Establece que el Estado mediante la aplicación de esta ley, defenderá y preservará
ese derecho, en busca de un mayor bienestar para todos los habitantes de la Nación. En el artículo siete, la ley crea los Consejos Regionales Ambientales con el objetivo
de que estos atiendan denuncias sobre asuntos ambientales, gestionen ante los órganos pertinentes las acciones respectivas y, entre otras cosas, desarrollen y pongan en práctica actividades, programas y proyectos de educación, que fomenten las bases de una nueva actitud hacia los problemas del medio ambiente y que sienten las bases para consolidar una cultura ambiental.
En el capítulo VII, específicamente en el artículo 32, la ley otorga al Poder Ejecutivo
(por medio del Ministerio del Ambiente y Energía), el poder de establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las siguientes categorías de manejo:
a) Reservas forestales. b) Zonas protectoras. c) Parques nacionales. d) Reservas biológicas. e) Refugios nacionales de vida silvestre. f) Humedales. g) Monumentos naturales. Y dispone, en su artículo 35 que la creación, la conservación, la administración, el
desarrollo y la vigilancia de estas áreas protegidas, tendrán como objetivos: a) Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones
biogeográficas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.
b) Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
c) Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la activa participación de las comunidades vecinas.
d) Promover la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, así como el conocimiento y las tecnologías que permitan el uso sostenible de los recursos naturales del país y su conservación.
e) Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y evitar el impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo.
f) Proteger los entornos naturales y paisajísticos de los sitios y centros históricos y arquitectónicos, de los monumentos nacionales, de los sitios arqueológicos y de los lugares de interés histórico y artístico, de importancia para la cultura y la identidad nacional.
El Capitulo XIX de la Ley Orgánica del Medio Ambiente contempla las sanciones que
acarreará las violaciones a esta ley. Nos interesa particularmente su artículo 99, el cual plantea la imposición de
Medidas Cautelares en caso de violación de las normativas de protección ambiental. Dicho artículo autoriza al Tribunal Ambiental Administrativo10 a (entre otras): 1) Imponer restricciones parciales o totales y ordenar de paralización inmediata de
los actos que originaron la denuncia; 2) suspender temporalmente, en forma parcial o total, los actos administrativos que
provocan la denuncia o; 3) clausurar temporalmente, en forma parcial o total, las actividades que ocasionan
la denuncia… dependiendo de la gravedad de los hechos denunciados. Las medidas cautelares tienen el de fin prevenir daños, de difícil o de imposible
reparación, o bien, para determinar los montos de indemnización por los daños ambientales y perjuicios que ocasionaron quienes transgredieron las normas ambientales.
El derecho ambiental tiene principios característicos propios que los distinguen de
otras ramas del derecho penal. Lo más importante es proteger el medio ambiente ya que sirve de muy poco que el asunto llegue a juicio, se condene y se destruya el ecosistema.
Es importante destacar que a lo largo de nuestra investigación no encontramos
jurisprudencia sobre medidas cautelares aplicadas a casos ambientales que podrían arrojar luz sobre cómo se están utilizando estas medidas en casos relacionados a la extracción ilegal de productos o subproductos y/o caza de la tortuga.
Como veremos más adelante, la ley especial de Conservación, Protección y
Recuperación de Tortugas Marinas omite este esencial instrumento de protección.
10 Tiene la. El Tribunal Ambiental Administrativo es un órgano del Ministerio del Ambiente y Energía que tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la Legislación ambiental en Costa Rica.
• LEY DE PROTECCIÓN DE PARQUES NACIONALES
La Ley de Parques Nacionales del 1977 (Ley 6084) es relevante para nuestra investigación ya que tiene como finalidad establecer regulaciones sobre la vida silvestre. La ley encarga a el Servicio de Parques Nacionales el deber de velar por la conservación de los parques nacionales. El artículo ocho de la ley establece que dentro de los parques nacionales, estará prohibido cazar o capturar animales silvestres, recolectar o extraer cualquiera de sus productos o despojos.
De manera específica esta ley prohíbe cazar tortugas marinas de cualquier especie;
recolectar o extraer sus huevos o cualquier otro producto o despojo.
• LEY DE CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE (Ley 7317)
Ésta tiene como finalidad establecer regulaciones sobre la vida silvestre, conformada por la fauna continental e insular que vive en condiciones naturales, temporales o permanentes, en el territorio nacional y la flora que vive en condiciones naturales en el país.
Algunas definiciones que dispone la ley e importantes para los efectos de este trabajo son las siguientes:
1. Caza y pesca: La acción, con cualquier fin, de acosar, apresar o matar animales silvestres, así como la recolección de productos o subproductos derivados de estos.
2. Fauna silvestre: Constituida por los animales vertebrados e invertebrados, residentes o migratorios, que viven en condiciones naturales en el territorio nacional y que no requieren del cuidado del hombre para su supervivencia. La clasificación de las especies se establecerá en el reglamento de esta ley.
3. Recolectar: Acción de recoger, cortar, capturar o separar de su medio especies orgánicas, sus productos o subproductos.
4. Vida silvestre: Conjunto de la fauna continental e insular que vive en condiciones naturales, temporales o permanentes y de la flora que vive en condiciones naturales en el territorio nacional.
En su artículo cuatro la ley declara el interés público de que el estado regule adecuadamente la producción, el manejo, la extracción, la comercialización, la industrialización y el uso del material genético de la flora y la fauna silvestres, sus partes, productos y subproductos. Establece que la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente y Energía es el órgano competente en materia de planificación,
desarrollo y control de la flora y de la fauna silvestre y que tiene, en el en el ejercicio de su competencia, las siguientes funciones (entre otras):
a) Establecer las medidas técnicas por seguir, para el buen manejo, conservación y administración de la flora y fauna silvestres, objetos de esta ley y de los respectivos convenios y tratados internacionales ratificados por Costa Rica. (ej. CITES, TLC)
b) Solicitar, a la respectiva autoridad competente, la detención de las personas que invadan los inmuebles sometidos al régimen de refugios nacionales de fauna y vida silvestres y refugios privados.
El artículo catorce de la presente ley prohíbe la caza, la pesca y la extracción de
fauna y flora continentales o insulares de especies en vías de extinción, con excepción de la reproducción efectuada en criaderos o viveros de manera sostenible y que estén, previo el estudio científico correspondiente, registrados en la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente y Energía11,. De conformidad con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Flora y de la Fauna (CITES), la ley de vida silvestre regula las actividades relativas a la importación, exportación y tránsito de la flora y la fauna silvestres.
El capítulo IV de la ley versa sobre las prohibiciones y el capitulo XI sobre los delitos
que la ley establece. El artículo dieciocho prohíbe12 el comercio y el trasiego de las especies de flora y fauna silvestre, continentales e insulares, sus productos y subproductos, en todo el territorio nacional. En todos los casos, se prohíbe13 la
11 Para coadyuvar a la aplicación y cumplimiento de esta ley, el Ministerio de Ambiente y Energía tiene la obligación de nombrar inspectores de vida silvestre; inspectores ad honorem de vida silvestre y comités de vigilancia de los recursos naturales. También confiere (art. 15) a los inspectores la autoridad de policía y que le corresponde al Ministerio expedir los carnés correspondientes para identificarlos. Para el fiel cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, los inspectores de vida silvestre, los inspectores forestales y los guarda parques debidamente acreditados y en el desempeño de sus funciones, están facultados para detener, transitar, entrar y practicar inspecciones, así como para decomisar, dentro de cualquier finca, lo mismo que en las instalaciones industriales y comerciales involucradas, los productos y subproductos de las actividades prohibidas, junto con los implementos utilizados, definidos en el Reglamento. En el caso de los domicilios privados, se deberá contar con el permiso de la autoridad judicial competente o del propietario. 12 Se exceptúa lo que disponga técnicamente la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente y Energía, con base en los estudios científicos previos, según se contempla en el reglamento de esta ley. Cuando se trate de especies cuyas poblaciones han sido declaradas como reducidas o en peligro de extinción la violación de esta disposición acarreará una sanción con multa de veinte mil colones (¢20.000) a cuarenta mil colones (¢40.000), convertible en pena de prisión de cuatro a ocho meses y con el comiso de los animales o productos causa de la infracción. 13 Cuando se trate de especies, cuyas poblaciones han sido declaradas como reducidas o en peligro de extinción, así como de las especies incluidas en los apéndices de la Convención de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), quien exporte animales silvestres, sus productos y derivados si el respectivo permiso de la Dirección General será sancionado con multa de cincuenta mil
exportación, importación y trasiego de cualquier especie de vida silvestre declaradas en vías de extinción14, por el Poder Ejecutivo. En el numeral veinticinco se prohíbe15 la tenencia, la caza, la pesca y la extracción de la fauna y de la flora silvestres, de sus productos o subproductos, con cualquier fin, cuando estos animales o plantas sean declarados, por la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente y Energía, como poblaciones reducidas o en peligro de extinción, excepto en los casos en que, con base en los estudios técnico científicos, esa tenencia se requiera para la supervivencia de las especies; en tal caso se establecerán, zoo criaderos o viveros nacionales.
Además la ley establece que las autoridades, a las que competa hacer cumplir esta
ley y su reglamento, serán juzgadas como cómplices y sancionadas con las mismas penas, según sea el caso, cuando se les compruebe que, a pesar de tener conocimiento de sus violaciones, por negligencia o por complacencia, no procuren el castigo de los culpables y permitan la infracción de esta ley y de su reglamento16.
• LEY DE PESCA Y ACUICULTURA (Ley 8436)
En su primer artículo Ley de Pesca y Acuicultura plantea el objetivo fomentar y
regular la actividad pesquera y acuícola en las diferentes etapas, correspondientes a la captura, extracción, procesamiento, transporte, comercialización y aprovechamiento sostenible de las especies acuáticas.
En su segundo artículo la ley establece algunas definiciones. A continuación
incluimos las más importantes para los fines de esta investigación: 1. Actividad pesquera -‐ Serie de actos relacionados con la pesca científica, comercial,
deportiva o de acuicultura, así como los procesos de aprovechamiento, extracción, transporte, comercialización e industrialización y la protección de los recursos acuáticos pesqueros.
2. Aguas continentales e insulares: Aguas que conforman los lagos, las lagunas, los embalses o ríos, dentro del territorio nacional continental o insular.
colones (¢50.000) a cien mil colones (¢100.000), convertible en pena de prisión de uno a dos años y con el comiso de las piezas objeto del delito. 14 Cabe destacar que las siete especies de tortugas marinas han sido reconocidas como en peligro de extinciónn 15 La sanción correspondiente conllevara una multa de cincuenta mil colones (¢50.000) a cien mil colones (¢100.000), convertible en pena de prisión de uno a dos años y con el comiso del equipo utilizado y de los animales que constituyan el producto de la infracción. 16 Además establece que a partir de gravedad del hecho, los jueces que conozcan de esta ley, podrán imponerles, como pena adicional, la pena de inhabilitación especial.
3. Aguas jurisdiccionales o patrimoniales -‐ Todas las aguas donde ejerce la soberanía, el control, la administración y la vigilancia el Estado costarricense, el cual ejerce, además, la jurisdicción en el mar hasta las 200 millas marítimas.
4. Aguas marinas interiores -‐ Aguas marinas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial y hasta donde el agua marina puede ingresar, tales como dársenas (puertos), manglares, esteros, lagunas costeras, golfos, bahías, desembocaduras o deltas comunicados permanente e intermitentemente con el mar, siempre que sean accesibles o navegables para buques de navegación marítima.
El artículo nueve prohíbe el ejercicio de la actividad pesquera con fines comerciales y la pesca deportiva en parques nacionales, monumentos naturales y reservas biológica mientras el ejercicio de la actividad pesquera en la parte continental e insular, en las reservas forestales, en las zonas protectoras y en los refugios nacionales de vida silvestre y humedales, estará restringido de conformidad con los planes de manejo, que determine para cada zona el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) (en el ámbito de sus atribuciones). El artículo doce y trece establecen que El INCOPESCA será la autoridad ejecutora de la Ley y del Plan de Desarrollo Pesquero y Acuícola que dicte el Poder Ejecutivo. Esta ejercerá el control de la actividad pesquera y acuícola que se realice en aguas marinas e interiores y brindará asistencia técnica a la actividad acuícola en aguas continentales y marinas. Sin embargo la protección de los recursos acuáticos en las aguas continentales17 le corresponderá al MINAE.
Aunque no entraremos aquí en los detalles, es preciso señalar que la ley establece
con detalle las funciones, responsabilidades y obligaciones que tendrá El INCOPESCA. El articulo treinta y dos define la pesca como el acto de extraer, capturar y colectar
los recursos acuáticos pesqueros, en cualquier etapa de su desarrollo, en su medio natural de vida, sea continental o marino, así como los actos previos o posteriores relacionados con ella. Y dispone que el acto de pescar deberá realizarse en forma responsable para asegurar la conservación y gestión efectiva de los recursos acuáticos vivos, con el fin de evitar la explotación excesiva y de prevenir efectos dañinos sobre el entorno y el sistema ecológico. El artículo treinta y tres prohíbe la pesca comercial con cualquier tipo de arte de pesca, en las desembocaduras de los ríos y esteros del país18. El artículo ciento 17 Las aguas continentales incluyen los ríos y sus desembocaduras, los lagos, las lagunas y los embalses, incluso las áreas declaradas como reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, manglares, humedales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre y monumentos naturales. 18 Estas zonas de pesca serán definidas por el INCOPESCA, el cual deberá coordinar con el Instituto Geográfico Nacional, la determinación geográfica y demarcación de dichas zonas.
cuarenta y nueve establece que impondrá multa de cinco a quince salarios base, a quien incurra en una de las conductas siguientes conductas (a continuación incluimos las relevantes para los efectos de nuestra investigación):
1. El inciso (b) incluye a quien destruya los nidos de tortugas marina y; 2. El inciso (d) que incluye a quien realice la actividad pesquera sin utilizar el
dispositivo excluidor de tortugas (TED), en los casos en que se requiera, de conformidad con la legislación y convenios internacionales vigentes19. También será civilmente responsables el patrón de pesca y el dueño o permisionario de la embarcación.
Según el artículo ciento cincuenta y tres quien se sancionará20 a quien autorice o
ejerza la actividad de pesca comercial o de pesca deportiva en las áreas silvestres protegidas (parques nacionales, monumentos naturales y reservas biológica) indicadas en el primer párrafo del artículo nueve de la Ley. Si corresponde al funcionario público que autorizó el ejercicio de la pesca en estas áreas, se le aplicarán las sanciones disciplinarias, administrativas y penales respectivas, con respeto al debido proceso.
• LEY DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS
POBLACIONES DE TORTUGAS MARINAS (Ley 8325)
Esta ley constituye un esfuerzo por parte del gobierno de Costa Rica por garantizar los compromisos adquiridos a través de los instrumentos internacionales acordados y ratificados sobre la materia21.
La ley es muy breve, va al grano y entendemos que es particularmente importante
porque anteriormente el único tipo penal que Costa Rica tenia sobre este asunto era 1. la Ley de Pesca y Caza Marina que fue declarada inconstitucional22 (Porque
tenía el gravísimo problema de que establecía las conductas prohibidas en los tipos y las penas en un tipo aparte. Y como consecuencia de ello el país se quedo por 10 años sin poder sancionar a quien incurriera en faltas a esta ley)
19 Ley de conservación de Tortugas obliga a las embarcaciones camaronearas a utilizar el dispositivo Exluidos de tortugas 20 multa de veinte a sesenta salarios base y la cancelación de la respectiva licencia. 21 El artículo 9 señala que el MINAE designará los representantes ante el Comité Consultivo y el Comité Científico en cumplimiento de lo dispuesto en la Convención Interamericana de Protección y conservación de las Tortugas Marinas (Ley 7906 – 23 de agosto de1999).
2. el Código Penal a través de la prohibición a la piratería. (Esta última se utilizaba cuando se trataba de explotación a grande escala, y no para juzgar a alguien que lo hiciera como método de subsistencia o para darle de comer a su familia)
Con la ley de Tortugas Marinas se toma por primera vez un tipo especial que viene a
tutelar la pesca y la caza de tortugas en el mar. A pesar que la Nueva Ley de Pesca y Acuicultura es mas reciente e incluye las tortugas y otras familias del mar, se aplica la ley de protección de tortugas, por el principio de especialidad23, cuando éstas se encuentran en el mar.
Es importante recordar (como se indicó al inicio de éste apartado) que, a pesar de
que desde el 2002 existe una ley especial que busca proteger a las tortugas marinas; cuando la tortuga se encuentra en la costa (parte continental y 1 Km. a la desembocadura del río) se aplica la Ley de Conservación de Vida Silvestre.
Cuando se esté en presencia de caza de tortugas desde un barco dependerá de la
zona en que se encuentre el barco. Si se encuentra dentro de las 12 millas de la costa INCOPESCA tiene jurisdicción y si
se encuentra dentro de la zona económica exclusiva24 (ZEE) comparte la competencia con Colombia y Ecuador que son los demás países de la región (por lo que podrían existir limitaciones a las sanciones de multa que un país puede imponer).
En su artículo primero, la Ley de Protección de Tortugas Marinas declara el interés
público de desarrollar la investigación científica relacionada a estas especies y sus hábitats y obliga a las instituciones públicas que poseen información científica relacionada a la materia a proveérsela al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) cuando este la solicite.
La ley establece que para evitar la muerte accidental de tortugas en actividades
pesqueras, las embarcaciones camaroneras de arrastre (nacionales y extranjeras) que operen dentro del mar territorial deberán utilizar Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET) en las zonas o áreas establecidas por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), y que las embarcaciones que no utilicen el mencionado
23 Cuando un mismo hecho se regula por diversas disposiciones o leyes penales la disposición o ley especial (más particular) prevalece sobre la general. 24 Según La Zona económica exclusiva, también denominada mar patrimonial, es una franja marítima que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia de doscientas millas marinas (370,4 km) contadas a partir de la línea de base desde la que se mide la anchura de éste.
dispositivo estarán sujetas a sanciones con multa de tres a cinco salarios base25 y a que se les revoque la licencia de pesca.
La ley declara el interés ecoturístico de ciertas áreas de anidamiento y desove de
tortugas (Ostional, Nancite, Playa Grande, Tivives, Gandoca y Tortuguero) y autoriza al MINAE a designar otras futuras áreas de interés.
Le encomienda al Ministerio la responsabilidad de organizar programas de
capacitación diseñados para adiestrar a los pobladores locales sobre cómo proteger las tortugas y como desarrollar un turismo sostenible.
Por su parte, le corresponde al SINAC autorizar de manera razonada y sustentada en
criterios técnicos, proyectos que promocionen actividades turísticas para la observación del anidamiento y desove de las tortugas. A esta entidad le corresponde otorgar las licencias y los permisos especiales pertinentes, a los guías de grupos de turistas que operen dentro de las mencionadas playas de interés ecoturístico, y al ICT (según la ley 7472) en las áreas fuera de la competencia del MINAE.
Se establece que se le dará prioridad de concesión de permisos a las empresas de
hospedaje ubicadas dentro de las zonas donde se encuentren estas playas. Como también, debe esta entidad.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) y otras instituciones de educación
ambiental (tanto públicas como privadas) cuentan con la encomienda de promover la conservación mediante programa educativos.
La ley le exige al MINAE la responsabilidad de mantener coordinación con el MEP y
el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), así como también con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y las demás instituciones relacionadas con la protección y la conservación de la vida silvestre.
El MINAE deberá también coordinar con los Ministerios de Seguridad Pública y de
Salud, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, dentro del ámbito de sus particulares competencias, el efectivo cumplimiento de la ley.
La ley 8325 incluye en su numeral seis el único tipo penal: 25 Definido según el articulo 2 de la Ley 7337 de 5 de mayo de 1993
“Quien mate, cace, capture, destace, trasiegue o comercie tortugas marinas, será penado con prisión de uno a tres años. La pena será de tres meses a dos años de prisión para quien retenga con fines comerciales tortugas marinas, o comercie productos o subproductos de estas especies”.
También dispone que, según lo establecido en el Código Penal, el Estado confiscará
los bienes e instrumentos utilizados en la comisión de delitos que violen este artículo. Sin embargo, la ley establece la excepción de Ostional. Prescribe que dentro del refugio de Vida Silvestre de Ostional no se será punible la recolección de huevos de tortuga lora, siempre y cuando se haga siguiendo las disposiciones reglamentaria que emita el MINAE. Esta excepción se inspira en CIT (la Convención Interamericana para la Protección, Manejo y Conservación de las Tortugas Marinas) la cual admite este tipo de excepción particularizada cuando se base en cuestiones culturales y sociales. En Ostional la extracción de huevos es una costumbre comunitaria. La razón por la cual se permite extraer huevos de tortuga en esta área y no en otras áreas de Costa Rica donde también se conoce existen estas practicas dentro de la comunidad es porque se trata de una playa excepcional, de las pocas en el mundo donde arriba una cantidad masiva de tortugas marinas. Sin embargo, la ley no establece como se debe regular de manera específica esta extracción. Hace falta un reglamento.
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
• CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS
El sistema legal costarricense es monista, lo cual hace que la legislación doméstica y la internacional forme una unidad. Por lo consiguiente, el incumplimiento de deberes adquiridos bajo Convenciones Internacionales pueden ser exigidos en los Tribunales Nacionales.
La presente convención prohíbe la captura, retención, matanza, y/o comercio de
tortugas marinas, de sus partes, huevos y sus productos. (Artículo IV sección 2(a)). Por otra parte requiere a los Estados parte, la reducción de la captura, retención y
mortalidad de tortugas marinas en actividades de pesca.
Al analizar este instrumento, se pudieron detectar ciertas fallas en él. Por ejemplo,
-‐No se establece la obligación de proporcionar fondos para la aplicación de la convención.
-‐No se ha formado una Secretaria Permanente.
-‐El estado legal de la Convención no está claro.
La convención es una de las leyes que se puede tratar como doméstica para el proceso de la sumisión debajo de CAFTA-‐DR.
JURISPRUDENCIA NACIONAL En el proceso de esta investigación se pudo observar que, la jurisprudencia
relacionada con tortugas marinas en Costa Rica es escasa, y las sentencias que impongan el cumplimiento de la normativa también es poca.
El Fiscal Adjunto Ambiental de San José Sergio Valdelomar, nos explicó que la
razón por la cual casi no hay jurisprudencia en materia ambiental (indistintamente de las la temática de las tortugas marinas), es porque éstas se solicitan en la fase preparatoria y si se conceden o no, es en esta etapa.
Por otra parte, en esta rama del derecho las medidas cautelares atípicas no están
comprendidas en ningún artículo, ni siquiera a nivel latinoamericano. Lo más importante al respecto, se encuentra en la Constitución Política en donde se
establece el principio de “tutela judicial efectiva”. El cual lo que pretende es proteger el bien jurídico desde el principio, porque de nada sirve de que el asunto llegue a juicio y se condene, cuando ya ha sido destruido el ecosistema.
• Acción de inconstitucional el Decreto Ejecutivo N° 14524-‐A del 26 de mayo de
1983. Decreto Ejecutivo N° 14524-‐A fue declarado inconstitucional por la Sala
Constitucional en 1999 mediante la resolución número 01250 de las once horas con veinticuatro minutos del diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve.
Éste facultaba la caza de la tortuga verde en Costa Rica fundamentándose en que
dicha especie constituye para los pobladores de la provincia de Limón una importante
fuente de proteínas. Por lo tanto, autorizaba la caza de aproximadamente mil ochocientas (1800) tortugas verdes en la temporada de julio a diciembre, pero los estudios de campo demostraron que en la práctica se estaban cazando alrededor de diez mil (10 000) tortugas durante la temporada, ya que no existía ningún tipo de control sobre la contabilidad de las especies capturadas, por lo cual no era sostenible la situación para la población de tortugas verdes.
La Sala Constitucional basó su análisis principalmente, en que la tortuga verde se le
considera una especie en peligro de extinción, mediante en el Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre del 1 de octubre de 1997, en el artículo 60:
"Para los efectos del artículo 25 de la LCVS se declaran especies de fauna en peligro
de extinción las incluidas en los siguientes taxones, Así como todas aquellas otras que puedan declararse como tales:...Chelonia mydas..."26
Como también por la ley misma en su numeral veinticinco, el cual reza lo siguiente: "Se prohibe la tenencia, la caza, la pesca y la extracción de la fauna y de la flora
silvestres, de sus productos o subproductos, con cualquier fin, cuando estos animales o plantas sean declarados, por la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, como poblaciones reducidas o en peligro de extinción, excepto en los casos en que, con base en los estudios técnicos científicos, esa tenencia se requiera para la supervivencia de las especies; en tal caso se establecerán, zoocriaderos o viveros nacionales. Las especies en vías de extinción sólo deben manipularse científicamente, cuando esto conlleve al mejoramiento de la condición de la especie."27
A pesar que esta normativa es posterior al decreto impugnado, ésta es una norma
de rango superior.
26 Biodiversidad Ambiental. http://www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional/REVISTADIGITAL2009/biodiversidad%20ambiental.html. 25 de Junio de 2010. 27 Biodiversidad Ambiental. http://www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional/REVISTADIGITAL2009/biodiversidad%20ambiental.html. 25 de Junio de 2010.
Por otra parte el análisis de la Sala Constitucional se basa en los artículos, siete, ochenta y nueve y principalmente el cincuenta de la Constitución Política de Costa Rica, el cual aboga por el derecho a un ambiente ecológicamente sano y equilibrado.
Además de los instrumentos citados, la Sala trajo a colación la Convención de la
Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas naturales de los países de América, el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora.
Cabe destacar que estas convenciones abogan por la protección del equilibrio
ecológico del cual dependen las especies.
• Recurso de Amparo. Resolución 2003-‐01766 de las quince horas con doce minutos del cuatro de marzo del dos mil tres, Sala Constitucional.
El recurso de amparo fue interpuesto por representantes de la “ASOCIACION PROGRAMA RESTAURACION DE TORTUGAS MARINAS (PRETOMA)" Y DE LA "RED NACIONAL DE CONSERVACION DE LAS TORTUGAS MARINAS", ambas organizaciones no gubernamentales, encargadas de programas de manejo y conservación de tortugas marinas.
El conflicto legal planteado en este recurso, es la violación del derecho a respuesta
pronta y cumplida por parte de las entidades gubernamentales, artículo 27 de la Constitución Política.
Los recurrentes alegan la falta de respuesta pronta y cumplida por parte de las
autoridades gubernamentales, ante interposición de una queja por falta de implementación de las regulaciones con respecto venta de productos de tortugas marinas, particularmente cosméticos y lociones, ya que se demuestra que estos productos se encuentran actualmente en el mercado e incluso que dichos productos se encuentran registrados en el Registro Sanitario del Ministerio de Salud de Costa Rica.
Los litigantes solicitan que dichos productos sean retirados del mercado, y su
registro sanitario sea eliminado, a fin de cumplir con las regulaciones de la Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción (CITES), que prohíbe el comercio de productos y subproductos de tortugas marinas.
La Sala Constitucional declara parcialmente con lugar el recurso, con respecto a la respuesta tardía por parte del Ministerio de Salud, sin embargo considera que no hay violación con respecto a las prohibiciones de venta de productos y subproductos de tortugas marinas, ya que se demostró fehacientemente que el Ministerio de Salud estaba diligentemente retirando los productos cosméticos e implementando la normativa.
• Recurso de Amparo. Resolución 2001-‐13295, de las doce horas con seis minutos del veintiuno de diciembre del dos mil uno, Sala Constitucional.
El presente recurso analiza la apropiada aplicación de la Evaluaciones de Impacto
Ambiental, exigidas por la Secretaría Técnica Nacional (SETENA), para el desarrollo de
proyectos de exploración petrolera en la costa Caribe.
La Asociación Ecologista Limonense “SER Y CONSERVAR, LIMON”, presenta recurso
contra el MINAET, como superior de SETENA, debido a que esta entidad no cumplió
apropiadamente con el requerimiento de la evaluación de impacto ambiental, en la
aprobación de un proyecto de exploración petrolera presentado por una compañía
norteamericana.
El principal conflicto legal que alegan los recurrentes es la violación del artículo 50 de
la Constitución Política, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así
como la violación de los compromisos adquiridos por Costa Rica, en virtud de la
ratificación de la Convención Interamericana para la Protección, Manejo y Conservación
de las Tortugas Marinas, aprobada mediante la ley No. 7906, debido al alto impacto de la
actividad sísmica producto de exploración petrolera.
La Sala Constitucional considera que la protección ambiental debe ir más allá de una
evaluación de impacto ambiental, ya que solamente la aplicación de esta no es suficiente
para asegurar la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.
Es de criterio de la mencionada Sala que las obligaciones del MINAET en cuanto a la
vigilancia y protección del ambiente, no pueden verse reducidas simplemente a la
aprobación de una evaluación de impacto ambiental, particularmente en el tema tratado,
ya que la exploración y explotación de hidrocarburos es altamente riesgosa, y tal como se
demostró por medio de evaluaciones ambientales realizadas por consultores privados, el
mencionado proyecto generaba un impacto sumamente alto en el medio ambiente,
particularmente en las poblaciones de tortugas marinas que migran al Caribe
costarricense.
La Sala declaró el recurso con lugar admitiendo la omisión en el deber del Estado, de
garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ya que existió
falta de fortaleza técnica y administrativa del órgano encargado.
PROCESO JUDICIAL PARA LA PERSECUSION DE UN DELITO SEGÚN LA LEY NO.8325
LEY DE CONSERVACION DE TORTUGAS MARINAS28
Investigación Preliminar A partir del momento en que los fiscales del Poder Judicial entran en conocimiento
de la comisión de un delito, bajo el artículo 6 de la ley No.8325, así como los demás tipos penales contenidos en las leyes mencionadas en los apartados anteriores, deben proceder de oficio a la investigación de los mismos.
Este tipo de delitos(los ambientales) son considerados delitos de acción pública, lo
cual significa que los funcionarios del poder judicial tienen la obligación de actuar sin que sea necesaria la petición de las partes.
En esta etapa se da la investigación en busca de pruebas o evidencias que
demuestren la existencia de un delito, por que se presenta el Principio de Dirección Funcional, el cual estipula que desde la investigación de un delito, ninguna autoridad pública puede actuar por propio criterio, sino que deben cumplir las órdenes que el Fiscal a cargo del caso emita, a fin de que la prueba sea recolectada de manera licita y la cadena de custodia sea resguardada hasta que la evidencia sea presentada ante el juez correspondiente.
Es necesario tener presente que en caso de que la policía sea quien tenga la primera
noticia de un delito, estos funcionarios tiene 6 horas para poner en conocimiento del
28 Entrevista Lic. Juan Diego Hernández, Fiscal Ambiental. Miércoles 23 de Julio de 2010, 4:00pm. Instalaciones Fiscalía General, Primer Circuito, Poder Judicial, San José.
hecho a los fiscales del Poder Judicial, a partir de que los fiscales entran al caso se pone en marcha el Principio de Dirección Funcional.
Etapa Intermedia
Para el inicio de la misma se debe contar con evidencia que vincule directamente a
una persona con los hechos delictivos. Posteriormente se pone con conocimiento al imputado de la causa que se ha
investigado, en la cual el o ella son sospechosos de autoría, a fin de que puedan ejercer su derecho de defensa a plenitud. Tanto el expediente, como las pruebas se ponen a disposición del imputado.
En esta etapa se debe analizar la presencia o no de los errores en la valoración de tipo penal y si es posible que existan causas que excusen a los posibles autores del delito, a fin de evitar un juicio innecesario.
En caso de tener las pruebas válidas, no existir motivos de excusas, ni errores de
tipo, y que se ejerza válidamente el derecho de defensa se procede a la etapa de juicio. Es necesario tener presente que en caso de que los Fiscales capturen a un
sospechoso disponen de 24 horas para presentarlo ante un juez de la República.
Etapa de Juicio En la misma se someta la prueba a un examen riguroso, se analiza la relación causal
y la conexión con el imputado. Asimismo se les da participación en el proceso a los representantes del Estado,
Procuraduría General de la República (PGR). En esta etapa se pueden tomar dos decisiones: En caso de que exista prueba insuficiente o errores en el ejercicio del
derecho de defensa, o un error en la relación causal del delito, el imputado puede ser sobreseído. Mediante el sobreseimiento se da por terminado el proceso, y de acuerdo con los principio de nuestro sistema legal una persona no puede ser juzgada en más de una misma ocasión por una misma serie de hechos, es decir en caso de sobreseimiento, esa
persona no puede volver a ser juzga exactamente sobre los mismo hechos, aunque si por el mismo tipo de delito.
En caso de que la acusación sea válida y se demuestre la autoría consiente
del imputado se impone la pena correspondiente, y en caso de que no se presenten apelaciones se procede a la ejecución de la pena.
Es necesario destacar que es más frecuente que se aplique medidas alternativas,
como reparaciones a la comunidad en los delitos ambientales, en lugar de aplicar la pena de prisión, incluso no necesariamente se va a llevar a juicio, porque es política de la Fiscalía que en caso de delitos ambientales, la sanción de prisión no es precisamente la mejor forma de enmendar la situación, generalmente prefieren la posibilidad de reparaciones a la comunidad como trabajo social.
ESTADÍSTICAS Recabar estadísticas con respecto a la aplicación de la Ley de protección,
conservación y manejo de tortugas marinas (número 8325) fue bastante difícil. Los datos estadísticos recompilados corresponden al Poder Judicial, al informe
anual que debe enviar Costa Rica ante la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, y los recabados por la Asociación Programa Restauración de Tortugas Marinas de Tortugas Marinas (PRETOMA) con respecto al uso de los TED.
Con respecto al Poder Judicial las estadísticas que obtuvimos, corresponden al año
mil novecientos noventa y ocho hasta el dos mil nueve. Dichos datos contabilizan la cantidad de denuncias que entran a las oficinas que
integran el Ministerio Público según el tipo de caso, o bien, a alguna infracción hacia una ley más específica.
Las estadísticas del Poder Judicial son diseñadas para leyes más macro y no se
detiene a individualizar leyes especiales. Como, la ley en cuestión solo contiene un tipo penal no la contabilizan aparte, sino que los delitos cometidos con respecto a estas especies son incluidas en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, o en Ley de Caza y
Pesca, o Ley de Zona Marítimo Terrestre; pero aún así no individualizan el delito; por lo tanto no queda registro cuando se afectan a las tortugas.29
Recurrimos al SINAC, pues al ser la entidad encargada del manejo de las Áreas de
Conservación del país, se creímos que ellos podían tener la información buscada. Los datos proveídos por el SINAC son informes presentados por las ONG´s,
básicamente son reportes de las actividades de investigación y protección realizadas por ellas. Por ejemplo, periodos de anidación, marcajes, viveros (“datos más biológicos”).
De algunos de los reportes pudimos recabar datos con respecto a saqueos ilegales
de nidos de tortugas; pero aún así son pocos los datos. Como ejemplo, podemos mostrar el siguiente gráfico, el cual corresponde a un
Reporte de Tortuga Verde en el área de Tortuguero, realizada por la ONG Caribbean Conservation Corporation en el año 2008.
El cual muestra el saqueo ilegal de nidos de tortuga verde y hembras en el 2008. a) Distribución espacial
29 Estas estadísticas se adjuntaron aparte, por razones de espacio.
Como se puede observar, los datos de arriba son escuetos. Efectivamente muestra que se está dando el saqueo de nidos de tortuga en una forma ilegal, pero no se puede precisar en forma de porcentaje un monto.
• Cuadro de interacciones de captura de tortugas marinas en la pesquería de
palangre La pesquería de palangre consiste en una línea en la que el aparejo está compuesto
por una serie de bajos de línea con anzuelos unidos a la línea principal. Los siguientes datos los facilitó World Wide Foundation (WWF), con el proyecto de
disminución de captura incidental de tortugas marinas en la pesca de palangre, los mismos fueron tomados por observadores a bordo de embarcaciones.
Tipo de interacción
Profundidad
Pesca Año Nombre común # de lances Desconocido Enganchada.
Muerta Enganchada. Viva
Enredada Viva
Superficie Atún 2008 Golfina 8 0 0 8 0
Superficie Atún 2009 Golfina 4 0 0 4 0
Superficie Dorado 2008 Golfina 5 0 0 5 0
Superficie Dorado 2008
NegraVerde
Prieta 1 0 0 1 0
Superficie Dorado
2008-‐2009 Carey 1 0 0 1 0
Superficie Dorado
2008-‐
2009 Golfina 178 2 0 170 6
Superficie Dorado
2008-‐2009 Laud 2 0 0 1 1
Superficie Dorado
2008-‐
2009 NegraVerdePrieta 20 0 0 18 2
Superficie Dorado 2009 Golfina 81 0 2 78 1
Superficie Dorado 2009 NegraVerdePrieta 5 0 0 5 0
Superficie Dorado
2009-‐2010 Golfina 102 0 1 94 7
Superficie Dorado
2009-‐2010 NegraVerdePrieta 3 0 0 3 0
Superficie Tiburón 2008 Golfina 121 0 1 117 3
Superficie Tiburón 2008 Laud 2 0 0 1 1
Superficie Tiburón 2008 NegraVerdePrieta 14 0 0 14 0
Superficie Tiburón 2009 Golfina 124 3 2 115 4
Fondo Tiburón 2008 NegraVerdePrieta 1 0 0 1 0
Este cuadro evidencia que Costa Rica no está cumpliendo con la reducción en las actividades de pesca, la captura y mortalidad de las tortugas marinas.
Los siguientes datos fueron recopilados por el Programa Restauración de Tortugas
Marinas (PRETOMA), basados en los procesos que ellos han interpuesto ante el Órgano Director de Proceso Administrativo Jurídico pesquero del INCOPESCA y el Servicio Nacional de Guardacostas, por el mal uso o no uso del Dispositivo Excluidor de Tortugas (DET´s).
VESSEL NAME DATE INFRACTION/RIGHT TED INFRACTION/LEFT TED STATUS
P-‐148 EMILIA 02/05/2008 JUST ONE BUOY ON NO SPECIFIED TED PEDIR A GUARDACOSTAS ABORDAJE P-‐3011 MARIA AURELIA 08/07/2008 LONG FLAP/WRONG ANGLE FISCALIA DE GARABITO/REVESAL RESOLUTION
P-‐6967 OH GLORIA 08/07/2008 LONG FLAP FISCALIA DE GARABITO/REVESAL RESOLUTION
P-‐233 MARIKO 08/07/2008 ESCAPE APRON SEWN /LONG FLAP/ WRONG ANGLE FISCALIA DE GARABITO/REVESAL RESOLUTION
P-‐0055 CAPITAN YERALD 08/07/2008 LONG FLAP FISCALIA DE GARABITO/REVESAL RESOLUTION
P-‐01347 VIRGINIA 08/07/2008 ESCAPE APRON SEWN LONG FLAP FISCALIA DE GARABITO/REVESAL RESOLUTION P-‐053 CAPITAN BONILLA 08/07/2008 DIFFERENT TED VIOLATIONS DIFFERENT TED VIOLATIONS FISCALIA DE GARABITO/REVESAL RESOLUTION
P-‐26 VASCO DA GAMA 08/07/2008 DIFFERENT TED VIOLATIONS DIFFERENT TED VIOLATIONS FISCALIA DE GARABITO/REVESAL RESOLUTION P-‐266 SONIA J 21/07/2008 DIFFERENT TED VIOLATIONS DIFFERENT TED VIOLATIONS FISCALIA DE GARABITO/REVESAL RESOLUTION
P-‐ 216 NAUTILIUS III 29/07/2008 LONG FLAP FISCALIA DE GARABITO/REVESAL RESOLUTION
P-‐517 DON MANOLO 29/07/2008 LONG FLAP/SRONG BAR SPACE/ WRONG BAR WIDTH LONG FLAP/ESCAPE ARRON SEWN FISCALIA DE GARABITO/REVESAL RESOLUTION
P-‐216 NAUTILIUS III 31/07/2008 DIFFERENT TED VIOLATIONS DIFFERENT TED VIOLATIONS DESESTIMADO POR CONSIDERAR NOTA TECNICA DE 201 Y NO REGLAMENTO DE 2005
P-‐233 MARIKO 19/08/2008 LAZY LINE ON BOARD DIFFERENT TED VIOLATIONS FISCALIA DE GARABITO/REVESAL RESOLUTION P-‐198 TALMANA II 11/11/2008 NO TED NO TED FISCALIA DE GARABITO/REVESAL RESOLUTION
P-‐233 MARIKO 20/11/2008 DIFFERENT TED VIOLATIONS DIFFERENT TED VIOLATIONS DESESTIMADO POR CONSIDERAR NOTA TECNICA DE 201 Y NO REGLAMENTO DE 2005 P-‐0055 CAPITAN YERALD 20/11/2008 DIFFERENT TED VIOLATIONS DIFFERENT TED VIOLATIONS DESESTIMADO POR CONSIDERAR NOTA TECNICA DE 201 Y NO REGLAMENTO DE 2005
P-‐26 VASCO DA GAMA 20/11/2008 DIFFERENT TED VIOLATIONS DIFFERENT TED VIOLATIONS DESESTIMADO POR CONSIDERAR NOTA TECNICA DE 201 Y NO REGLAMENTO DE 2005 P-‐40 PUNTA GUIONES 20/11/2008 DIFFERENT TED VIOLATIONS DIFFERENT TED VIOLATIONS DESESTIMADO POR CONSIDERAR NOTA TECNICA DE 201 Y NO REGLAMENTO DE 2005
P-‐053 CAPITAN BONILLA 20/11/2008 DIFFERENT TED VIOLATIONS DIFFERENT TED VIOLATIONS DESESTIMADO POR CONSIDERAR NOTA TECNICA DE 201 Y NO REGLAMENTO DE 2005 P 517 DON MANOLO 22/01/2009 DIFFERENT TED VIOLATIONS DIFFERENT TED VIOLATIONS DESESTIMADO POR CONSIDERAR NOTA TECNICA DE 201 Y NO REGLAMENTO DE 2005
P-‐5115 BISKAIA 27/11/2008 WRONG ANGLE/ESCAPE APRON SEWN DIFFERENT TED VIOLATIONS FISCALIA DE GARABITO/REVESAL RESOLUTION P-‐053 CAPITAN BONILLA 22/01/2009 DIFFERENT TED VIOLATIONS DIFFERENT TED VIOLATIONS DESESTIMADO POR CONSIDERAR NOTA TECNICA DE 201 Y NO REGLAMENTO DE 2005
P-‐215 NUTILIUS II 27/04/2007 ESCAPE APRON SEWN ESCAPE APRON SEWN ABSUELTO BAJO ESTUDIO DE RUTH SOLONO PARA VIA JUDICIAL A SEGUIR P-‐266 SONIA J 20/04/2007 ESCAPE APRON SEWN ESCAPE APRON SEWN ABSUELTO GUARDACOTAS NO PUDO PROBAR QUE DETS ESTABAN COCIDOS
P-‐0055 CAPITAN YERALD 20/04/2007 ESCAPE APRON SEWN ESCAPE APRON SEWN ABSUELTO GUARDACOTAS NO PUDO PROBAR QUE DETS ESTABAN COCIDOS P-‐092 ANA LOURDES 27/07/2007 LONG FLAP LONG FLAP ABSUELTO GUARDACOSTAS NO LEVANTÓ ACTA Y NO PROCEDIO A ADVERTIR AL CAPITAN SOBRE L A ANOMALIA
P3011 MARIA AURELIA 20/04/2007 WRONG ANGLE WRON ANGLE ABSUELTO GUARDACOSTAS NO LEVANTÓ ACTA Y NO PROCEDIO A ADVERTIR AL CAPITAN SOBRE L A ANOMALIA P-‐0138 BUCANERO II 20/04/2007 LONG FLAP LONG FLAP ABSUELTO NO SE COMPROBÓ DOLO EN ANOMALIA DENUNCIADA CAPITAN SOLICITO TED DE REPUESTO
P-‐053 CAPITAN BONILLA 01/09/2009 ESCAPE APRON SEWN ESCAPE APRON SEWN DENUNCIA PENDIENTE EN ORGANO JURIDICO DE INCOPESCA P-‐1335 JOSHUA 05/06/2009 ESCAPE APRON SEWN ESCAPE APRON SEWN SUPUESTAMETE SUSPENDIDO A PARTIR DE 5/06/09 SE REPORTA HUNDIDO
P-‐198 TALMANA II 22/06/2009 ESCAPE APRON SEWN ESCAPE APRON SEWN REVESAL RESOLUTION P-‐6411 EL BATURRO 26/06/2009 ESCAPE APRON SEWN ESCAPE APRON SEWN 28 DE JUNIO – RESOLUCIÓN
P-‐233 MARIKO 10/10/2009 ESCAPE APRON SEWN ESCAPE APRON SEWN DENUNCIA PENDIENTE EN ORGANO JURIDICO DE INCOPESCA
El anterior cuadro evidencia la clara violación que se da a la Ley 8325,
específicamente a su artículo segundo el cual reza lo siguiente, “Para evitar la muerte accidental de tortugas marinas en actividades pesqueras,
las embarcaciones camaroneras de arrastre, nacionales o extranjeras, que operen en el mar territorial o en la zona económica exclusiva, deberán usar Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET) en las zonas o áreas establecidas por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), sin perjuicio de lo contenido en los convenios internacionales”. (Artículo 2 Ley 8325).
De todas las denuncias presentes en este cuadro, solamente el dueño de un barco
ha sido condenado. Pero por mala fortuna al momento de la condena el dueño del barco ya había fallecido y las autoridades no han hecho nada al respecto.
Por otra parte, muchos de los casos interpuestos han sido desestimados por la falta
de pericia de los guardacostas a la hora de recabar la prueba. Por ejemplo, no toman la firma del capitán a la hora de realizar la inspección, provocando un vicio en la misma.
Cabe destacar que la labor que realizan las ONG´S con respecto a la producción de
sus reportes es valiosa, y como comentario de nuestro grupo, consideramos que el SINAC no debería depender solo de los datos que ellos le facilitan. Enfocándose ésta última en datos legales tales como la trasgresión a la ley 8325.
Con respecto a la Convención Internacional para Protección y Conservación de
Tortugas Marinas Costa Rica solo ha entregado en el 2006 y 2007 los informes anuales requeridos30.
De acuerdo al señor Marcos Solano, funcionario del SINAC, en el presente año se
va a entregar el informe correspondiente. Estos informes contienen información con respecto a sitios importantes para la
conservación de las tortugas, al uso derivado de tortugas, problemas de extracción de huevos, proyectos e actividades relevantes, amenazas principales a hábitats, capturas, esfuerzos para la conservación y contactos importantes en el país.
Se puede apreciar de ellos, que nuevamente son las ONG´s son quienes contribuyen más a recabar la información.
Evidenciar el incumplimiento de las leyes domésticas ambientales abre la posibilidad
de interponer un proceso ante el órgano competente del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos.
Por lo consiguiente, expondremos en forma breve dicho proceso. ANÁLISIS DEL CAPÍTULO AMBIENTAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE
REPÚBLICA DOMINICANA, CENTROAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS (TLC)
DR-‐CAFTA (Dominican Republic-‐Central America Free Trade Agreement (en inglés)
El objetivo principal de cualquier Trato de Libre Comercio es facilitar el libre comercio.
Dentro de este contexto, para que este régimen comercial prospere y se manifieste coherentemente, es muy importante que los Estados cumplan con sus respectivas normas jurídicas.
El Capítulo diecisiete del TLC/ CAFTA incorpora algunos asuntos ambientales.
El artículo 17.2(1) de este tratado indica que los países contratantes deben de aplicar, ejecutar y hacer cumplir sus leyes domésticas.
En otras palabras, el país que no cumpla con la obligación de hacer cumplir sus propias leyes, incumple con la obligación pactada.
De acuerdo al artículo 17.7 cualquier persona puede presentar una ‘sumisión’ o someter una queja ante TLC/CAFTA.
En el mismo se explican los requisitos pertinentes.
REQUISITOS PARA LA SUMISIÓN
• Debe estar escrita en inglés o en español. • Quien la presenta o suscribe debe identificarse. • El suscribiente puede ser un individuo o una organización (ej. ONG).
• La sumisión tiene que estar basada en el interés de que se aplique la ley y no en un intento de perjudicar.
• La sumisión debe estar basada en la falta de aplicación de una ley ambiental. • Debe fundamentar o más bien incluir evidencia sobre lo que denuncia. (Sin
embargo, el tratado no es muy estricto en cuanto a ello.) • La prueba puede ser testimonial, en cuyo caso debe tratarse de personas que
conocen o tienen experiencia sobre la falta de aplicación de las leyes nacionales. Es suficiente que la parte o el testigo establezca que ha intentado comunicarle sus preocupaciones a la parte que incumple.
• En otras palabras, la disposición legal busca que primero se agoten los recursos locales.
• La parte debe demostrar que se ha comunicado con las autoridades pertinentes del país contratante y en caso de haber obtenido respuesta indicar cuál fue.
• Para que la Secretaría admita la sumisión, se debe agotado la vía nacional. Por lo tanto, no debe de haber una demanda pendiente con relación a ese mismo tema en las cortes del Estado del país contratante.
PROCESO DE SUMISIÓN
Según el artículo 17.5 este proceso requiere establecer un Consejo de Asuntos Ambientales (Environmental Affairs Council (EAC)).
Dicho Consejo es el superior de la Secretaría de Asuntos Ambientales y está constituido por los miembros de gabinete de cada país contratante.
Estos se reúnen todos los años con el objetivo supervisar y monitorear el progreso con respecto a la implementación de este capítulo diecisiete.
Las decisiones que tome el Consejo dependerán del consenso que haya entre sus miembros.
Además, que debe de tomar en cuenta las ideas del público en su agenda.
En el proceso de sumisión, además del Consejo está la Secretaría de Asuntos Ambientales (Secretariat for Environmental Matters (SEM)), la cual es la entidad más importante en este proceso.
Esta Secretaría está supervisada por el Consejo de Asuntos Ambientales, sin embargo, es independiente de los países del tratado.
La sumisión va directamente hacia la oficina de le Secretaría y es allí donde se revisa si la sumisión cumple o no con los requisitos.
Y luego de haber determinado si dicho documento cumple con los requisitos, la Secretaría decide si es necesaria la respuesta del Estado requerido.
Para esa decisión debe considerar lo siguiente:
• La petición debe tener fundamento y demostrar el daño causado al peticionario. • Las vías administrativas y judiciales en el país contratante. • La petición debe tener relación con los objetivos del TLC/ CAFTA. • No debe estar basado exclusivamente en reportajes mediáticos.
Si se determina que la respuesta por parte del Estado es necesaria, éste tendrá 45 días (60 si lo pide) para responder.
Si el Estado responde y prueba que el asunto objeto de la queja (sumisión) está pendiente en las cortes locales, se rechaza la sumisión.
Por lo tanto, la Secretaría tiene que analizar la prueba en su totalidad para completar si es necesario preparar un Registro de Hechos.
La decisión que tome la Secretaría al respecto, será remitida al Consejo. Basta que uno de sus miembros este a favor de la creación de un registro de hechos, para que así sea.
El Estado tiene un plazo de 180 días para completar el Registro de Hechos.
Dicho registro debe incluir todo la información que proporcionó quien hizo la sumisión y las respuestas del país.
Además puede utilizarse información de personas con interés, expertos independientes, asesores de las partes, u cualquier otra evidencia que sea relevante.
Después de ello el Consejo tiene que decidir si publicará o no el Informe. Un voto es suficiente para publicarlo.
Si decide publicarlo el Estado tendrá 45 días para comentarlo.
El proceso es uno largo y puede llevar un año desde la presentación de la sumisión hasta que se decida si se pública o no el informe.
CONCLUSIONES
• Las medidas cautelares son fundamentales en materia ambiental y no hay ningún
artículo al respecto en la legislación costarricense.
• Las Organizaciones No Gubernamentales son quienes más iniciativas tienen con respecto a la protección y conservación de las tortugas marinas.
• Efectivamente hay un desconocimiento enorme con respecto a Ley 8325.
• Al desconocimiento de dicha ley se le aúna la falta de voluntad en aplicarla.
• Esta ley es omisa en asuntos de gran importancia para el bienestar de las tortugas marinas. Por ejemplo, el uso de luces en las playas de anidación, el sonido en las mismas.
• La educación a las comunidades y población juega un papel preponderante en la conservación y protección de tortugas marinas.
• Existe una necesidad de capacitar a los funcionarios que trabajan con estas especies.
• La Costa Atlántica y Pacífica presentan claras diferencias entre sí y se debe tomar en cuenta dichas diferencias. Siendo de vital importancia la búsqueda de una solución a la problemática existente en el área del Atlántico.
RECOMENDACIONES En el transcurso de nuestro trabajo de investigación, pudimos apreciar una serie de
fallas en las leyes, en el sistema costarricense, que son importantes sufragar en pro de la protección y conservación de las tortugas marinas.
Por lo tanto, hacemos una serie de recomendaciones con el fin de contribuir a
resolver esta problemática.
Consideramos de importancia, incluir dentro de la legislación nacional medidas cautelares atípicas en materia ambiental. Con el fin, de proteger las tortugas desde un inicio, pues una condena si es que se llega a dar, no va a restaurar lo dañado.
Sufragar las lagunas existentes en la Ley 8325, vía reglamento.
Establecer una proporción coherente de oficiales de acuerdo a la extensión de las playas de anidación.
Dotar de más recurso humano a las playas de anidación. Conferir a los oficiales de cámaras de visión nocturna y más y mejor equipo
para que trabajen.
Crear una línea telefónica, donde los vecinos llamen a las autoridades y se les den incentivos a aquellas llamadas que conduzcan intervenciones.
Incentivar que las entidades gubernamentales de Costa Rica:
Sean más activos en la protección de tortugas marinas. Realicen estadísticas con respecto a la transgresión de esta especie en
extinción. Estimular la voluntad de los funcionarios, con respecto a la aplicación de las
leyes. Capacitar a los funcionarios que aplican la ley.
Seguir incentivando la educación y la sensibilización de las comunidades locales.
Establecer una excepción con respecto a la zona del Caribe, teniendo en cuenta su cultura y las adversidades de la región.
Creación de fincas de crianza de tortugas para el consumo, tomando como ejemplo la ciudad de Manaus, Brasil. Donde también se daba el consumo de tortugas y se implementó la creación de este tipo de fincas. Proponemos que su financiamiento, sea por parte de la Industria de Turismo.
