REVISTA MENSUAL

AGOSTO DE 2006

AÑO V • Nº 74

2 PESOS

ISSN 1669-9122

Situación Mundial

Medio Oriente: la limpieza étnica como derecho a la defensa

América Latina

Relanzamiento del MERCOSUR: entre el libre comercio y una integración real

Se debilita el bloqueo de EE.UU. contra Cuba

Argentina

Profundización de la protesta agropecuaria y apoyos a la política económica general

REVISTA MENSUAL

AGOSTO DE 2006 AÑO V • Nº 74

ISSN 1669- 9122 Equipo de trabajo: Claudio Adrianzen, Ezequiel Alfieri, Santiago Juncal, Sebastián Juncal, Julián Kan, Florencia Mazzadi, Sebastián Ortiz, Mariano Ronzoni, Diego Tavormina, Fabián Ulmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak, Sergio Zisman. Dibujo de tapa: Ariel Muñiz. Responsable de la publicación: Alejandro Viegas

Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ), New York Times (NYT); Washington Post (WP); Usa Today (UT). – Francia: Le Fígaro (LF); Le Monde (LM) – Gran Bretaña: The Economist (TE); BBC News (BBC) – España: El País (EP); suplemento Nueva Economía de El Mundo (NEEL) – México: La Jornada de México (LJdM) – Venezuela: El Universal (EUn) – Colombia: El Tiempo (ET) – Bolivia: Los Tiempos de Cochabamba (LTC) – Perú: La República (LR) – Brasil: Folha de Sao Paulo (FSP); O estado do Sao Paulo (OSP); Folha da Tarde-Folha de Sao Paulo (FDT-FSP) – Argentina: Clarín (C); La Nación (LN); Página 12 (P/12) Página web: www.analisisdecoyuntura.com.ar Para contactarnos: informecon@yahoo.com.ar Números anteriores disponibles en www.geocities.com/informecon

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En este número En SITUACIÓN MUNDIAL, vol-vemos a centrarnos en el esce-nario de Medio Oriente, esta vez a causa de la ofensiva is-raelí sobre Líbano, hecho que presenta niveles grotescos de desinformación mediática. Una de las formas en que se viene construyendo la infor-mación sobre el conflicto es a partir de una pretensión de neutralidad en el mismo, es-merándose en presentar un equilibrio entre las violencias y provocaciones de uno y otro bando: civiles de uno y otro país sufren la locura de una guerra que les hace la vida im-posible a ambos. Se obvian así las determinaciones reales y no se explica nada. Otra manera consiste en la reproducción acrítica de declaraciones y po-sicionamientos de la “Comu-nidad Internacional”, como si sus miembros no fueran parte más que interesada en el resultado del conflicto que proponen resolver de una u otra manera. De este modo, parece que los hechos son lo que esa “Comunidad” interpreta sobre ellos: las agresiones de Hamas y Hezbollah y la desproporcionada respuesta de Israel, dentro del legítimo derecho a la autode-fensa. Tratamos entonces de presentar los hechos y ubicar, entonces, declaraciones y posicionamientos, para llegar a una explicación de lo que ocurre. En lo fundamental, un ataque sistemático de Israel a todo el que no acepte las condiciones impuestas por éste: ocupar definitivamente los territorios anexados en 1967, dejando a la población árabe dentro de diminutos enclaves “autónomos” bajo el control de admi-nistradores locales. Esto incluye quebrar toda alianza que pueda crearse; de ahí el derrame del conflicto hacia Líbano y los ataques, por ahora verbales, a Siria. El efecto no es sorpresivo a estas alturas, vista la experiencia previa: se refuerzan los elementos políticos musulmanes con mayor capacidad de resistencia político-militar, aquellos que logran articular movimientos antiimperialistas de masas.

En AMÉRICA LATINA, vemos un avance del proceso de integración en torno al Mercosur, sin que ello represente otra cosa que profundizar sus contradicciones. Por un lado, se presenta como alternativa al ALCA. No obstante –al fundarse, igual que aquél, primariamente en lo comercial–, carece de una políti-ca que ofrezca algo concreto a los países de menor desarrollo –de modo análogo a lo que ocurre dentro de cada nación, donde el desarrollo no llega a todas las regiones por igual. Por otro lado, el Mercosur tensa las relaciones de fuerza al interior de cada nación: incorporar a Venezuela parece ser más de lo que algunos sectores en Argentina –sin ir más lejos– pueden tolerar. Sin embargo, una y otra contradicción son parte necesaria del desarrollo: el ALCA promete algo peor aún y, para evitarlo –o al menos negociar mejor sus términos–, hay que sumar fuerzas, aunque éstas incluyan a Venezuela y, parcialmente, a Cuba.

ARGENTINA, como parte de ese campo de fuerzas, vivió una profundización del conflicto entre el go-bierno y el campo. Esto tuvo como consecuencia importante que el gobierno recibiera un aval explícito de una fracción de la burguesía local más concentrada, en cuanto a su política económica en general, que incluyó declarar públicamente que las retenciones a las exportaciones agropecuarias “están para quedar-se.” Tratamos también la respuesta del gobierno al reclamo judicial uruguayo por el corte de puentes: fueron acciones de “libre expresión de parte de la población en defensa de un derecho que consideran legítimo”. Valen tanto la propia declaración oficial como las esperables respuestas que desencadenó desde el arco opositor.

Adelante…

Situación Mundial4 Seguridad

La “santa guerra” de IsraelLos alineamientos en el seno de la “Comunidad Internacional”

Gambito iraní en Líbano: la suerte de Beirut se juega en TeheránAmérica Latina

12 Pelea por las gananciasLa incorporación de Venezuela al Bloque

La cumbre de Córdoba y las redefiniciones al interior del MERCOSUR17 Coyuntura Política

Bolivia: avanza el control del Estado en un duelo de fuerzas regionalesElecciones México: entre fraude y recuento

Argentina20 Pelea por las ganancias

Se profundiza la oposición del campo: Lock out de CRA, 120ª Exposición Ruralde SRA, y “tractorazo” de FAA

El aval de una fracción de la burguesía local a la política económica oficialEl aumento del salario mínimo y la irresoluble desigualdad

25 Coyuntura políticaCortes de ruta en Entre Ríos: denuncia y respuesta

La reacciónAnálisis, omisión y posible interpretación pública

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Situación Mundial Analizar la situación de Medio Oriente supone un

cuidadoso acercamiento a las fuentes. La capacidad de los medios de construir la información e influir sobre la opinión pública quizás no encuentre terreno más fértil que este conflicto, tan cargado de simbolismo e ideolo-gía. En este Análisis nos proponemos trazar una explica-

ción que tenga en cuenta esta construcción y no caiga en los habituales estereotipos. Partiendo de una descripción de los hechos, observaremos luego los alineamientos pa-ra, finalmente, trazar una hipótesis explicativa de lo que realmente está sucediendo en la sangría que atraviesa to-do Medio Oriente.

SSeegguurriiddaadd

La “santa guerra” de Israel En el Análisis anterior nos referimos a las incursiones del ejército israelí en la franja de Gaza, en teoría –sólo en teoría– territorio soberano de la Autoridad Nacional Palestina. El día 12 de julio Israel abrió otro frente bélico, cuando el gabinete presidido por Ehud Olmert decidió considerar como “acto de guerra” el ataque a una patrulla israelí por parte del grupo libanés Hezbollah. La respuesta israelí consistió en el bombardeo sistemático de las principales ciudades, puertos y rutas del Líbano, el bloqueo aéreo, terrestre y naval y, a partir del día 31 de julio, una ofensiva terrestre en el sur del país con el fin declarado de establecer una zona de ocupación hasta el río Litani, a 30 kilómetros de la frontera.

Los medios de prensa occidentales nos presentan una cronología del conflicto que se inicia, llamativamente, de forma semejante en Líbano y Palestina. En este últi-mo caso, el detonante habría sido el asalto a un puesto militar israelí por parte de Al-Qassam, el brazo armado del movimiento Hamas, que culminó con la muerte de dos soldados y uno hecho prisionero (25 de junio). Mientras que en el Líbano, la “cronología oficial” tiene como inicio el ataque a una patrulla israelí en Zarit (nor-te de Israel), por parte de la Resistencia Islámica, brazo armado del movimiento Hezbollah, que terminó con tres soldados muertos y dos prisioneros (12 de julio). Cabe destacar pocos medios –entre ellos The Observer de Inglaterra– resaltan el hecho de que la captura de los soldados ocurrió en territorio libanés, más precisamente en las llamadas granjas de Sheeba, con lo cual se invierte la prueba a favor del Líbano.

Por ello, es necesario que este punto de partida per-manezca solapado, ya que no sería funcional a una in-terpretación de los hechos que coloca a Israel como “nación agredida”, avalando su pretendido “derecho a la autodefensa”. Sin embargo, en ambos casos, estos hechos se inscriben en un proceso de ataques llevados a cabo por Israel –en buena medida coordinados con la “comunidad internacional”–, no sólo contra los grupos que promovieron los ataques sino también contra la au-todeterminación de los pueblos palestino y libanés.

En Análisis… anteriores tuvimos la ocasión de hablar del cerco económico y diplomático al que se ve someti-do el pueblo palestino como respuesta al triunfo del movimiento Hamas en las elecciones legislativas de ene-ro de este año. Decíamos hace un mes que a este blo-queo se sumaban, desde principios de junio, una serie

de agresiones e intentos de asesinatos selectivos que forzaron a los grupos palestinos a decretar el fin de la tregua.

Avances sobre el Líbano De manera análoga, sobre el Líbano se desencadenaron en los últimos meses no sólo presiones diplomáticas para que se desarticule la resistencia armada que encarna el movimiento Hezbollah –exigencia expresada en las resoluciones 1559 y 1680 del Consejo de Seguridad de la ONU–, sino también ataques que incluyen intentos de asesinatos selectivos coordinados por el Mossad –servicio secreto israelí (LF 11/06)–, e incursiones aéreas diarias sobre el cielo libanés. Cierto es que la acción de Hezbollah del 12 de julio ha sido reivindicada por el mismo grupo como un intento de abrir otro frente al enemigo común, en solidaridad con la resistencia palestina. Pero la inmediata respuesta israelí obedeció a un plan cuidadosamente elaborado por la Jefatura del Estado mayor según una decisión tomada de antemano, como dejó en claro Yoram Peri, antiguo consejero de Itzhak Rabin: “Los dirigentes israelíes fueron tomados por sorpresa por el secuestro de los dos soldados en la frontera norte. No sabían qué hacer. Entonces, el Jefe de estado Mayor, Dan Haloutz, le presentó a Ehoud Olmert y a su ministro de Defensa, Amir Peretz, los planes que sus subordinados habían preparado para fines de año. Todo estaba previsto” (LF 3/08). Criterio compartido con Hezbollah, observando el discurso de su líder, Hasan Nasrallah, ante la cadena Al Manar, el 26/07: “Después de la declaración de la secretaria de estado Rice sobre el nuevo Medio Oriente, es decir el nuevo Medio Oriente estadounidense-sionista, ¿es posible imaginar que este gigantesco proyecto haya nacido en uno o dos días, después de la captura de dos soldados israelíes? Todo indica que un plan existía para este proyecto desde hace casi un año (…) El plan del enemigo era lanzar repentinamente –sin necesariamente razón alguna, seguro de un gran apoyo internacional y de coberturas en muchas partes del mundo– una gigantesca campaña terrestre para controlar toda la región sur del Líbano, hasta el río Litaní, para impedir los lanzamientos de misiles. Simultáneamente, la aviación israelí iba a bombardear las residencias de los responsables y dirigentes, los centros y las instituciones del Hezbollah, así como las infraestructuras para paralizar totalmente el movimiento de la resistencia en el país, para animar a la sociedad libanesa a alzarse contra nosotros. Este escenario se iba a producir inclusive si no hubiéramos capturado a los dos soldados. Mis palabras son claras y transparentes”.

En ambos casos, el gobierno de Olmert invocó el de-ber moral de rescatar con vida a sus ciudadanos “se-

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cuestrados” para justificar el despliegue de las tropas, afirmando a la vez, frente a las demandas –tanto de Hamas como de Hezbollah– de canjear a los prisione-ros por presos políticos en cárceles israelíes, que “noso-tros no negociamos con secuestradores” (LF 27/07). Afirma-ción sorprendente, teniendo en cuenta los numerosos intercambios de prisioneros producidos en el pasado, no sólo con la desarticulada Organización para la Libe-ración de Palestina, sino incluso con Hezbollah. En ju-lio de 1996, por ejemplo, el gobierno alemán negoció el canje de 45 prisioneros libaneses por los cadáveres de dos soldados israelíes. En febrero de 2004, Alemania volvió a oficiar de mediador, logrando la excarcelación de 400 presos árabes a cambio de la entrega de un ex coronel del ejército israelí y de los cadáveres de tres sol-dados israelíes muertos en un ataque contra las fuerzas ocupantes de las granjas de Sheeba. Con el curso de los días, los comunicados oficiales del gobierno de Israel tendieron cada vez más a soslayar la motivación inicial (“el rescate de nuestros soldados”) y a presentar la des-orbitada respuesta militar como una cuestión de super-vivencia del Estado de Israel. Aún tomando la posición más “moderada”, de que no pueden tolerarse los lan-zamientos de cohetes Katyushas desde bases de Hezbo-llah en Líbano, informes de los observadores interna-cionales (ONU) acerca del lanzamiento de cohetes hacia Israel indican que: 1. Ningún civil israelí murió a causa de cohetes disparados desde Líbano a partir de la retira-da israelí en abril de 2000. 2. Desde esa fecha y al me-nos hasta mayo de 2006, no se confirmó la autoría de Hezbollah en ningún lanzamiento de cohetes hacia áreas civiles desde Líbano. Las sospechas recaen sobre grupos palestinos en respuesta a las acciones israelíes en los territorios ocupados.

El desequilibrio militar La metamorfosis de las razones israelitas para continuar incrementando la intensidad de los ataques afirman la necesidad de observar con mayor detenimiento el conjunto de relaciones de fuerza actuales. Está claro que la supervivencia del Estado de Israel no ha estado en juego en ningún momento. Esto es así en el plano de las alianzas políticas tejidas en la región, pero aún más si se la entiende en términos exclusivamente militares. De hecho, observando simplemente el origen del material bélico, salta a la vista de inmediato cómo están establecidas dichas alianzas.

Hezbollah cuenta con una milicia que moviliza no más de 10.000 hombres, el diez por ciento de los cuales son veteranos entrenados, armados básicamente con fu-siles fabricados durante la etapa de la Unión Soviética y cohetes Katyushas con un alcance de no más de 25 ki-lómetros, desarrollados en el curso de la Segunda Gue-rra Mundial. A esto se puede sumar un número limitado de misiles de largo alcance (de 45 a 200 kilómetros) de escasa precisión y fabricación iraní (Falr-3, Falr-5 y Zel-zal-2), junto con una cantidad no determinada de origen chino y ruso. Los medios afirman que la suma total de estos cohetes y misiles alcanza la cifra de 11.000.

En contraste, Israel cuenta con más de medio millón de hombres entrenados –sumando efectivos militares y parapoliciales–, más de 3.500 tanques, más de 400 avio-nes de combate de última generación (F15 y F16), 1.500 misiles de largo alcance y precisión, un centenar de heli-cópteros Apache, cuatro flotas de guerra –que incluyen 3 submarinos nucleares– y 200 ojivas nucleares. Todo esta parafernalia la convierte en la mayor maquinaria bé-lica de la región. Nótese que no entra en consideración el material bélico convencional, imposible de cuantificar para un ejército regular de las dimensiones del israelita. Huelga decir que todo el acervo bélico de Hezbollah es convencional y, de hecho, bastante desactualizado.

El número de bajas, a tres semanas del inicio de la es-calada bélica, da cuenta de la desproporción –cuya bre-cha no deja de ampliarse–: medio centenar de bajas is-raelíes contra un millar, aproximadamente, de muertos libaneses, la inmensa mayoría de los cuales son civiles. Por el contrario, las bajas militares son similares en nú-mero para ambos bandos. Podemos concluir que los “daños colaterales” son inversos: el poder de fuego is-raelí se descarga sobre la población civil mientras que el de la milicia chiíta lo hace sobre los efectivos militares. Por supuesto, ambos poseen diferentes objetivos y, por ende, las estrategias son opuestas.

La amenaza real: la construcción de una fuerza social en la región La interpretación de que está en juego la supervivencia del estado israelí cobra más sentido si se la entiende en términos políticos. Aunque resulta exagerado y hasta descabellado considerar que podría arribarse a un escenario de desmembramiento de Israel, su construcción simbólica es el eje articulador de la propia fuerza. Con todo, observamos que un elemento en común de la ofensiva es que se dirige contra movimientos nacidos al calor de la resistencia a la ocupación, pero que han logrado construir sólidas redes de apoyo social en sus territorios. Ambos forman parte de la avanzada del islamismo político que se ha mostrado capaz de aglutinar los sentimientos de anti-imperialismo popular que atraviesa lo que los teóricos de la administración norteamericana denominan “el gran Cercano Oriente”.

Al igual que Hamas, movimiento del cual tuvimos ocasión de hablar en Análisis… anteriores, Hezbollah (“Partido de Dios”), surgido en 1982, en los inicios de la última ocupación del Líbano por parte de Israel (1982-2000), evolucionó de milicia a partido político, sobre la base del desarrollo de una vasta red de conten-ción social en el sur del Líbano que le permitió trans-formarse a la vez en el primer empleador de esta región (LM 24/07) y en la opción política mayoritaria dentro de la primera mayoría confesional libanesa, la de los musulmanes chiítas. Hezbollah cuenta actualmente con 14 legisladores y dos ministros en el gobierno, pero puede jactarse –en buena medida gracias a la reputación de ser el único movimiento musulmán capaz de derro-tar al ejército de ocupación israelí– de movilizar un am-

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plio arco de la sociedad libanesa en torno a consignas nacionalistas e islámicas, como lo demostró al convocar 700.000 libaneses (un veinte por ciento de los habitan-tes de este país), durante las manifestaciones llevadas a cabo a inicios de este año en protesta por las “caricatu-ras de Mahoma” (LF 24/07).

Hay que señalar, sin embargo, que las características particulares de la sociedad libanesa bloquean el creci-miento político de Hezbollah, a diferencia de lo que su-cede con Hamas en Palestina. El Líbano, casi un ejem-plo de manual de ingeniería política colonial, surgió como nación soberana a fines de la Segunda Guerra Mundial, luego de ser alienada de la “gran Siria” en la etapa del protectorado francés que se inició en 1919. La administración francesa no sólo separó este territorio del de Siria –que aún hoy mantiene su reclamo de anexión– sino que incentivó las rivalidades entre las confesiones libanesas, concediendo las mejores oportu-nidades a la comunidad cristiana maronita. Los inicios del Líbano independiente se hicieron sobre la base de un acuerdo para la distribución del poder político, según una fórmula por la cual los cristianos accedían a seis cargos por cada cinco que ocupaban las comunidades musulmanas. A fines de la década de 1980, y guerra civil mediante, se modificó parcialmente este sistema, reem-plazándolo por otro en el cual la representación cristia-na y musulmana en el parlamento se hace por partes iguales. Pero, aún así, la expansión política por parte de cada una de las 19 comunidades que conforman la so-ciedad libanesa está limitada por ley. La presidencia se destina a un cristiano; el cargo de Primer Ministro, a un musulmán sunnita; y la presidencia del Parlamento, a un musulmán chiíta.

En Palestina, como en Líbano, el gobierno israelí ape-la a una misma táctica: la destrucción de las condiciones que permiten la existencia del Estado y de la misma so-ciedad civil, a fin de estimular los anticuerpos que aíslen internamente a los elementos “radicalizados”, de acuer-do a la lógica que se impuso desde los Acuerdos de Os-lo hasta la “Hoja de ruta”: “tierras por paz”. En otros términos: el gobierno israelí solo renuncia a las ocupa-ciones “preventivas” a cambio de que las fuerzas de se-guridad palestina y libanesa se encarguen de desarticular la resistencia interna. En este sentido tiene que interpre-tarse la sistemática destrucción de la infraestructura bá-sica (centrales eléctricas, puertos, carreteras, torres de comunicación) por parte del ejército israelí en los terri-torios ocupados. “La invasión actual de Gaza no es sino el último intento de destruir los resultados de las elecciones, libres y democráticas, celebradas a comienzos de este año. Es la continua-ción armada de la campaña económica y diplomática que durante cinco meses han dirigido Israel y Estados Unidos. El fin anun-ciado de esta estrategia es forzar a la población palestina a “recon-siderar” su voto mediante una penuria creciente. El fracaso de es-ta estrategia era predecible, por lo que la nueva agresión militar sin tapujos y el castigo colectivo son su continuación lógica”, re-calcó el premier palestino Haniyeh (WP 11/07).

Mencionábamos, en el último Análisis…, que el resul-tado de esta táctica en Palestina había sido el de conge-lar las disputas internas entre los grandes grupos políti-cos del escenario palestino. En Líbano, donde estas disputas se magnifican por la división confesional y los grandes alineamientos en torno a los partidos “anti-sirio” y “pro-sirio”, la agresión israelí tuvo el efecto aún más pronunciado de limitar las opciones de los sectores “moderados” –léase, proclives a enmarcarse en los pro-yectos estadounidenses de rediseño de la región. Espe-cialmente después de la brutal matanza de Qana del 30 de julio, los dirigentes que en el origen del conflicto se habían mostrado más complacientes con la tesis occi-dental de la culpabilidad de Hezbollah, se vieron obliga-dos a sumarse a la ola de nacionalismo popular y a dar su apoyo a la resistencia: “‘No porque sean de otra religión van a morir solos. Hoy estamos todos juntos por el Líbano’, gri-taban decenas de jóvenes bajo las banderas anaranjadas del Fren-te Patriótico Libanés, integrado por cristianos. Empujado por la indignación popular, también el premier Fouad Siniora cambió de discurso y, por primera vez en tres semanas de ataque, se atrevió a reclamar un cese del fuego ‘sin condiciones’ para su pueblo y la in-vestigación de los ‘crímenes de guerra’ israelíes. Hasta ahora, había venido hablando de una ‘reacción militar desproporcionada’ por parte de Israel. (…) También el líder druso libanés Walid Jumblatt, que hasta ayer acusaba a Hezbollah de actuar para el ‘eje sirio-iraní’ y de haber provocado la guerra, puso a un lado las diferencias con el movimiento chiita. ‘Frente a la terrible masacre, no es momento de discutir los motivos de esta guerra” (LN 31/07). Aunque todavía resulta sorprendente la posi-ción del ejército libanés, que ya registra 24 bajas en el conflicto, luego de varios ataques contra una patrulla (NYT 1/08) y una base en Sidón (NYT 3/08).

La evolución del frente militar contribuye a cimentar el prestigio de la milicia libanesa, que se muestra capaz de ofrecer una resistencia pertinaz y de infringir daños limitados desde el punto de vista militar pero de fuerte impacto simbólico y político: “Aquello que fue considerado hace dos semanas un conflicto rápido con empleo del poder aéreo y ataques sobre blancos específicos de incursiones comando para de-teriorar los recursos de Hezbollah se ha convertido ya en una cri-sis. ‘Israel está muy lejos de una victoria decisiva, y sus principales objetivos no se han cumplido’, escribió el analista militar más res-petado del país, Zeev Schiff, en el matutino Haaretz (…) Nasra-llah ha dicho que Hezbollah ‘sólo necesita sobrevivir para ganar’. Eso parecía cada vez más probable este fin de semana. El miérco-les, en Bint Jubayl, una ciudad que los israelíes habían dicho que controlaban, una emboscada de Hezbollah inmovilizó durante horas a los soldados de infantería de la brigada de elite Golani. Por momentos, los disparos eran tan nutridos que los soldados is-raelíes no pudieron devolverlos; ocho israelíes murieron. La idea de que un desorganizado grupo de guerrilleros pudiera atrapar a la brigada Golani fue una visceral amenaza para el futuro” (NYT 31/07). A la fuerte resistencia en el terreno se suma una sorprendente capacidad de fuego aéreo, merced a la cual no solo las tres principales ciudades israelíes se sitúan en la línea de fuego, sino incluso la flota del Mediterráneo,

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como evidencia la destrucción de una corbeta israelí, al-canzada por un misil C-802 de fabricación china.

La escasez de logros en términos puramente militares obligó al gobierno de Israel a abandonar el plan inicial de basar las operaciones en un despliegue aéreo masivo y en incursiones terrestres “selectivas”, para poner en marcha, a partir de principios de agosto, un despliegue masivo de tropas en el sur de Líbano con el fin de crear una profunda “zona de seguridad” hasta el río Litaní. Esto constituye, sin embargo, la opción políticamente más riesgosa, por el previsible aumento de bajas, tal como lo entienden el primer ministro Olmert y el alto mando (LN 5/08). El bombardeo de Qana debe enten-derse así como una acción destinada a “limpiar”, me-diante el terror, a la población civil del sur de Líbano. Este tipo de operaciones es practicada regularmente por el ejército israelí: desde 1947, cuando llevó a cabo la destrucción de aldeas palestinas (Deir Yassin, Lidda, Jaffa) destinadas a provocar la huída de los pobladores, facilitando las tareas de ocupación. Asimismo, el ante-rior genocidio cometido en Qana por la fuerza aérea is-raelí, en 1996, preludió la construcción de una franja de seguridad en el sur del Líbano. Al momento del cierre de este Análisis..., Israel ha desplegado unos 10.000 hombres en territorio libanés, empeñado en empujar hasta el Litaní a las fuerzas de la resistencia, en un es-fuerzo por ganar tiempo para que la diplomacia esta-dounidense y la francesa, en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, puedan lograr un acuerdo para alcanzar un alto el fuego.

Los alineamientos en el seno de la “Comunidad Internacional” “Quisiera dirigir unas palabras al pueblo del Líbano, a los luchadores de la resistencia, unas palabras a los Sionistas, y otra a los dirigentes del mundo árabe. No pienso dirigirme a la comunidad internacional porque nunca pensé que exista tal cosa, lo mismo que opina mucha gente en nuestra nación”, sentenció en su discurso Hasan Nasrallah (cadena Al Manar 14/07). El categórico desdén por el orden internacional, encarnado en la ONU –más específicamente en el Consejo de Seguridad, único órgano de ésta con capacidad real para influir en los acontecimientos– nos puede parecer razonable y hasta simpático. Pero debe ser sopesado en toda su dimensión. Ciertamente, la posición del líder de Hezbollah al respecto es coherente con su utilidad respecto de la capacidad para construir y consolidar la fuerza de la alianza social que forma parte. Es decir, la apelación a lo que ese movimiento considera como Comunidad Internacional es inútil: se encuentra irremisiblemente en la alianza contraria. No obstante, es pertinente considerar que sí tiene importancia en tanto es un elemento de la construcción política de la alianza rival, en este caso, la que integra Israel. Es por ello que es un actor, aunque por el momento de reparto, en el conflicto. Por el momento, los cálculos que realiza Hezbollah al respecto no permiten que se destinen esfuerzos por “cortejar” a la

Comunidad Internacional. Hasta tanto esta acción no contribuya efectivamente a socavar la cohesión de la alianza rival –y siempre y cuando no afecte negativamente la solidez de la propia fuerza–, los gestos que Hezbollah hacia la ONU y lo que ésta representa (el “orden internacional”) son impensables. Más aún si ésta se obstina en repetir pedidos francamente descabellados, como exigir el desarme de las milicias. Es decir, uno de los bandos le solicita “amablemente” al otro que se desarme para solucionar el conflicto. Detrás de este esquema general, hay que observar las relaciones de fuerza al interior de cada uno de los “ejércitos” que se están enfrentando en el conflicto.

El intrincado mosaico de relaciones en cada una de las fuerzas sociales en pugna Durante las semanas que siguieron al inicio de la escalada bélica israelí se hizo evidente el contraste entre la aparentemente febril actividad diplomática de los representantes políticos de las naciones capitalistas centrales y la imposibilidad de formular al menos un provisorio freno a las diarias operaciones de aniquilamiento sistemático de la población del Líbano. Hasta el bombardeo de Qana, a fines de julio, la diplomacia estadounidense se empeñó con éxito en bloquear toda iniciativa capaz de limitar los tiempos para que Israel cumpliera sus objetivos político-militares. La definición de la Secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, fue en su momento categórica: “Sólo apoyaremos la paz si se establece bajo condiciones duraderas” (LF 25/07). La diplomacia estadounidense bloqueó una declaración de alto el fuego en el seno del Consejo de Seguridad el 16 de julio, el intento ruso-francés de llamar a un alto el fuego durante la reunión del G8 en San Petersburgo el 17, un nuevo intento de avance hacia una tregua en la reunión de Roma convocada por el Primer Ministro italiano Romano Prodi el 26, la condena a Israel por parte de la ONU luego del asesinato de cuatro de sus observadores el 27 y una nueva condena luego del ataque a Qana el 31. En paralelo, el gobierno de los EE.UU. violaba sus propias leyes, que prohíben el aprovisionamiento de armas a naciones beligerantes, proveyendo de misiles GBU-28 (diseñados para penetrar refugios subterráneos) a su socio israelí. El aterrizaje de dos Airbus A310 cargados de este tipo de proyectiles en un aeropuerto escocés, el 22 de julio, motivó incluso una nota de protesta por parte del gobierno británico. Aunque el gobierno de Blair también fue denunciado por el periódico The Guardian, que lo señaló responsable del aprovisionamiento de repuestos para los helicópteros Apache de la fuerza aérea israelí (LF 29/07).

Alineamientos de “Occidente” Un alineamiento básico mostró a los gobiernos de los EE.UU., la UE, Rusia y los estados que ejercen el liderazgo de la –enormemente desacreditada– Liga Árabe (Jordania, Arabia Saudita y Egipto), coincidentes

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en los leiv-motivs principales de la interpretación del conflicto: la responsabilidad inicial en la escalada de Hamas-Hezbollah, la aplicación de la resolución 1559 del Consejo de Seguridad de la ONU del año 2004 –que exige el desarme de la milicia libanesa–, la complicidad en la escalada de los otros “estados canallas” de la región (Irán y Siria).

Fuera de esta interpretación –y en una ostensible so-ledad fuera del mundo árabe– quedaron, obviamente, los gobiernos de Irán y Siria, apenas secundados por los representantes del “eje del mal” en el espacio latinoame-ricano: Cuba y Venezuela. El gobierno cubano, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la es-calada como “guerra de agresión que ha costado ya al menos 9.000 civiles muertos y más de 3.000 heridos, una tercera parte de ellos niños”, y condenó “el apoyo militar y financiero de los EE.UU. al agresor (…) El gobierno norteamericano, con su ve-to, ha impedido actuar al Consejo de Seguridad y ha abortado otras iniciativas de paz con su pública y criminal oposición a la exigencia de un alto el fuego. La UE, con raras excepciones, ha servido de cómplice y ha aceptado blandas declaraciones impuestas por el Imperio al otro lado del Atlántico” (Granma, 3/08). En el caso de Venezuela, su canciller destacó que “los actos de agresión perpetrados por el estado de Israel contra el pueblo pa-lestino y el Líbano obedecen a un plan establecido previamente (…) un plan de distracción tendiente a ocultar el empantanamien-to de los EE.UU. en Irak” (LM 26/07). El presidente Chávez incluso anunció que retirará su representación diplomática en Israel como protesta por la agresión a Palestina y Líbano (LM 3/08).

Sin embargo, el alineamiento básico pro-israelí estuvo atravesado por matices que se acentuarían durante el curso del conflicto. En primer lugar, en torno a lo que se dio en llamar la solución “política” o “militar”. Fran-cia y Rusia lideraron la postura según la cual no se po-dría arribar a ningún acuerdo a menos que se incluyera a todo el arco de la política libanesa –es decir, también a Hezbollah– en las negociaciones, así como a Siria e Irán. Postura que choca con la de los EE.UU., que apuesta, si no a liquidar definitivamente a este movi-miento –objetivo que parece imposible a corto plazo– sí al menos a aislarlo en el espacio de la política libanesa.

Otro punto de divergencia se dio en torno al posible envío de “fuerzas de estabilización” en la región, suge-rencia rechazada de plano por Israel en los primeros dí-as del conflicto y aceptada a regañadientes a medida que se complicaba el frente militar. La opción propuesta originalmente por el tándem EE.UU.-Reino Unido si-tuaba estas fuerzas bajo la dependencia de la OTAN y su acción se debería desarrollar en dos etapas: “En la primera, Israel y el Líbano aceptarían un cese del fuego y una fuerza reducida se desplegaría permitiendo el retiro de las fuerzas israelíes. En una segunda etapa, una fuerza de 10.000 a 20.000 hombres se encargaría de hacer cumplir la resolución 1559, des-armando a las milicias chiítas de Hezbollah” (LF 28/07). Es obvio que se propone, en este caso, que un contingente internacional asuma el papel de relevo del ejército israe-lí, recreando así el tipo de operación militar que se llevó

a cabo en Yugoslavia, en 1999. Obviamente, los euro-peos rechazaron de plano esta concepción, que los lle-varía no sólo a asumir “el trabajo sucio” y a pagar los costos políticos de una nueva masacre en el sur libanés, sino a resignar toda iniciativa al comando militar nor-teamericano. Quien mostró el desacuerdo al respecto y simultáneamente profundizó el surco de la fisura fue, como siempre, la diplomacia francesa. Fue el mismísi-mo Chirac el encargado de expresarla, afirmando que “debe descartarse la OTAN: en el mundo árabe, se la considera pro-israelí” (LM 27/07). La opción francesa –que al cie-rre de esta edición claramente parece imponerse en las negociaciones– es la del envío de una “fuerza de inter-posición” con mandato de la ONU. La tarea de desar-mar a Hezbollah quedaría así en manos del propio ejér-cito libanés, luego de un acuerdo político. Un detalle de importancia para evaluar la efectividad de la iniciativa: el 63% de los efectivos militares libaneses son musulma-nes chiítas (LF 4/08).

También surgieron disensos en relación con la tole-rancia hacia las acciones de Israel. El carácter despro-porcionado de la “respuesta” israelí –aún considerándo-sela justificada– fue señalado desde un principio por todos los gobiernos “occidentales”, a excepción del de EE.UU. y Reino Unido. Esta consideración consta in-cluso en la tibia declaración emitida por el G8 en San Petersburgo –a pesar del inocultable disgusto del presi-dente Bush (LF 18/07). A propósito, reflexionaba un editorialista francés: “Se le reprocha a Israel ser culpable de una acción ‘desproporcionada’: el problema es que Israel debe su existencia en parte a su capacidad de reaccionar de forma despro-porcionada. Esta desproporción constante contribuye a reforzar, en el campo árabe, las fracciones más radicales, al punto de alimen-tar un crecimiento paroxístico del odio” (LM 31/07).

El diario desfile de atrocidades cometidas por las fuerzas armadas israelíes, y muy particularmente el bombardeo a la población de Qana, parece haber tenido el efecto de acentuar estas diferencias y acortar los tiempos “tolerables” para el despliegue sin obstáculos de la fuerza militar, básicamente por la brecha entre una creciente indignación popular y la pasividad cómplice de las dirigencias. Basten algunos ejemplos.

En Reino Unido –según sondeos realizados por el diario The Guardian– el 61% de los británicos creen que las acciones israelíes son “desmesuradas” y el 70% se opone a la alianza estratégica de su país con EE.UU. El viernes 28, Blair viajó de urgencia a Washington para solicitar a su par estadounidense “que se apuren los pasos de la diplomacia”, ante la creciente presión de miembros de su partido: la secretaria de Estado británica, Kim Howells, de visita en Líbano el día 24, criticó duramente los bombardeos israelíes y manifestó que “espera que los EE.UU. caigan en la cuenta de lo que está pasando en este pa-ís”. Tres días después, 40 intelectuales del Partido Labo-rista publicaban una carta abierta en la que demandaban a Blair que se alineara con la UE para pedir un urgente alto el fuego (LM 28/07).

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En los EE.UU., un sondeo de la CNN –repetimos: la CNN– mostraba que un 55% de sus espectadores re-chazaba los argumentos israelíes (LM 20/07); aunque sin dudas es el país donde las acciones de Israel tienen mayor apoyo. “Cualquier crítica a Israel es ‘muy marginal’, di-jo William Daroff, vicepresidente de política pública de las Co-munidades Judías Unidas (United Jewish Communities) que agrupa 155 federaciones judías de EE.UU. El disenso más coordinado por judíos americanos es la campaña de la revista libe-ral Tikkun y la Red de Progresismo Espiritual, ambas fundadas por el rabino Michael Lerner en Berkeley, California; destinada a recolectar fondos para avisos en diarios llamando a ambos bandos a un cese al fuego y a una conferencia de paz internacional”(NYT 28/07). Por el contrario, las comunidades mu-sulmanas rechazan el accionar israelí, pero a su vez en-cuentran mayores límites a sus acciones. Luego de haber sido rechazados por la Casa Blanca y el Congreso nor-teamericano, “Ahmed Younis, director nacional del Consejo Musulmán de Asuntos Públicos, consiguió una audiencia con la Senadora demócrata por California Dianne Feinstein. Pero mien-tras los grupos judíos enviaron 40 lobbystas a todo el congreso, el grupo de Younis está enviando un lider musulmán, un rabino y un ministro cristiano a la entrevista con la senadora. Además, los musulmanes están empujados a no realizar donaciones en efectivo a instituciones de caridad islámicas, pues pueden ser investigados por el gobierno” (NYT 28/07).

En Alemania, los acontecimientos obligaron al go-bierno a cambiar de postura. Inicialmente, la canciller Merkel rechazó toda posibilidad de inculpar a Israel, pe-ro luego del bombardeo a Qana, el ministro de Relacio-nes Exteriores, F.W. Steinmeyer, manifestó que “el dere-cho a la autodefensa no justifica esta reacción militar desorbitada”(LM 2/08).

En Francia, donde se produjeron las manifestaciones anti-israelíes más numerosas entre las naciones occiden-tales, la totalidad de los partidos políticos manifestaron su indignación luego del bombardeo a Qana. El Partido Socialista y el Partido Comunista Francés coincidieron en caracterizarla como “crimen de guerra”. Un dato po-co conocido es que los familiares de los dos soldados secuestrados por Hezbollah viajaron a Francia para soli-citar al presidente Chirac que interceda ante el gobierno israelí para que se avenga a un intercambio de prisione-ros (LM 2/08).

En la propia Israel, un creciente movimiento pacifista gana espacio en la medida en que parece bloqueada toda posibilidad de salida puramente “militar”: “Miles de per-sonas protagonizaron hoy en Tel Aviv la marcha más grande co-ntra el conflicto en el Líbano que se haya registrado en Israel des-de el inicio de las hostilidades. Según los organizadores, a la manifestación acudieron unas 10.000 personas. ‘Basta de asesi-natos, es hora de sentarnos a hablar: negocien con Siria y Palesti-na’, rezaba una de las pancartas, mientras otra pedía detener ‘la carnicería sin sentido en Gaza y en Líbano’” (AFP 5/08).

Rusia se diferenció de estos alineamientos. Aunque Putin y Bush coincidieron en señalar que Hezbollah es el provocador de la escalada en Medio Oriente, el presi-dente ruso se encargó de dejar en claro que “el uso de la

fuerza por parte de Israel debe ser proporcional” (NYT 16/07). Estas declaraciones tenían lugar en el seno de la reunión del G-8 en San Petesburgo, que arrojó pocos resultados y en la cual, como veremos, surgieron nuevas tensiones y roces.

Alineamientos de “Oriente” Las reacciones cobran una fuerza especial en el espacio árabe-musulmán y fuerzan un reacomodamiento de los regímenes vasallos de Arabia Saudita, Jordania y Egipto, que en un primer momento coincidieron en culpabilizar casi exclusivamente a Hezbollah y Hamas por la escalada israelí. Sin embargo, el conflicto da impulso a los movimientos del islamismo político en sus propios territorios (los “Hermanos Musulmanes” en Egipto y Jordania; Al Qaeda en Arabia), que amenazan erosionar lo poco de legitimidad que poseen estos regímenes en el mundo árabe. Como se desprende de la reflexión de Abdullah II, rey de Jordania, “la paciencia no dura siempre y si los israelíes continúan matando y destruyendo, nadie puede prever qué va a suceder” (LF 25/07). Tanto Jordania como la familia real saudita comenzaron a mostrar distancia con EE.UU. (NYT 28/07). La misma situación comenzó a registrarse en Egipto, donde el presidente Hosni Mubarak se vió empujado a enfatizar su búsqueda de un alto al fuego, aunque aún no mostró pasos concretos en esa dirección. Hay que señalar que se enfrenta con la opinión pública más consistente del mundo musulmán: “La prensa opositora comparó a Nasrallah con Nasser, al mismo tiempo que las demostraciones en las calles enseñaban las imágenes de ambos líderes” (NYT 28/07).

Inclusive Irak, en la voz de su primer ministro (chiíta moderado) Nuri Kamal al-Maliki, condenó las acciones de Israel: “‘Condenamos las agresiones de Israel y llamamos a los cancilleres de la Liga Árabe reunidos en El Cairo a actuar rápidamente para detener las agresiones’. Un creciente número de funcionarios del gobierno condenó en los últimos días a Israel. El sábado, en una inédita muestra de unidad, los 275 miembros del Parlamento emitieron un comunicado calificando los ataques israe-litas como un acto de ‘agresión criminal’” (NYT 20/07). No obstante, en su visita a EE.UU. –la primera en la histo-ria de un Primer Mandatario iraquí a ese país–, previo tirón de orejas, se encargó de reforzar con grandilo-cuencia las relaciones con el país invasor. Seguidamente, Maliki y Bush anunciaron conjuntamente que la presen-cia militar norteamericana se incrementaría (NYT 26/7). Al día siguiente, Maliki desató una ovación frente a un congreso norteamericano en pleno, al indicar que “los iraquíes somos sus aliados en la guerra contra el terrorismo”(NYT 27/07).

Por supuesto, los respaldos más importantes a Hez-bollah se encuentran en Irán y Siria, siendo el primero de ellos el país que dispone de una estrategia política y mayores intereses en juego. Aunque esta cuestión la abordaremos en el apartado siguiente, nos permitimos sintetizar la madeja de relaciones con un encuentro di-plomático reflejado por los medios norteamericanos: “En Beirut, el Canciller iraní, Manouchehr Mottaki, que arribó

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desde Siria, cenó en la Embajada iraní con el Canciller francés, Philippe Douste-Blazy. No trascendieron los detalles de la conver-sación que sostuvieron, pero Douste-Blazy manifestó que Irán era un ‘gran país’ que ‘juega un rol estabilizador en la región’”(NYT 1/08).

Gambito iraní en Líbano: la suerte de Beirut se juega en Teherán Del relato de los sucesos y de los alineamientos alrededor de los mismos queda claro que es en momentos particulares cuando acciones militares habituales –tanto en la frontera entre Líbano e Israel como en Gaza y Cisjordania– derivan en acciones bélicas de una dimensión desproporcionada. En este apartado intentaremos establecer cuáles son las peculiaridades de este momento, teniendo en cuenta que ya en el Análisis... anterior observamos que se estaba desarrollando un salto cualitativo en Medio Oriente, antes de que Israel inaugurase el frente norte con Líbano.

El contragolpe iraní Tanto Israel como Hezbollah afirmaron que los planes de este conflicto existen antes del secuestro de los dos soldados. Por ende, este hecho –repetimos, frecuente entre ambos países– sirvió como excusa para el despliegue de una estrategia (qué hacer) y una táctica (cómo hacerlo) cuidadosamente estudiadas. Seguramente el timing estuvo precipitado por la ofensiva de Israel sobre Palestina: el propio líder de Hezbollah se encargó de destacar que las acciones de intercambio de prisioneros se proyectaban para octubre. No obstante, si bien puede ser la causa esgrimida no es suficiente como para empujar a una parte del Líbano a enfrentar a un ejército de las características del israelí. Más aún considerando los costos para un país que se encontraba en pleno despegue de su economía –en contraposición con un Israel en medio de una crisis económica– y con el respaldo necesario para sostener las acciones en el tiempo.

De cualquier modo, lo cierto es que existieron “lectu-ras” acerca de lo que estaba sucediendo en la región, que obligaron a anticipar las acciones. Esto nos obliga a enfocar la mirada en el principal apoyo de la guerrilla chiíta: Irán. Antes de ello, es necesario destacar que du-rante el mes de marzo de este año, éste país reforzó su alianza con Siria, actor esencial en Líbano.

La inclusión de Irán en el “eje del mal” por parte del presidente Bush desde su asunción, registró un punto de inflexión allá por junio de 2005 con la victoria elec-toral de Ahmadinejad, que lo convirtió en el presidente de ese país (ver Análisis Nº 61). Las reacciones por parte de la “Comunidad Internacional” fueron ampliamente negativas, excepto por parte de Rusia, que fue el prime-ro en felicitar al ganador.

Una de las medidas más polémicas –y que desató la furia de Occidente– fue la decisión unilateral de Irán de retomar su plan nuclear, siempre en el marco de los tra-tados de no proliferación nuclear que este país suscri-

bió. Así, la hipótesis de conflicto militar elaborada por EE.UU. con ese país recibió nuevos bríos. Trabajosa-mente se logró el apoyo de China y Rusia para el esta-blecimiento de sanciones económicas, políticas y, even-tualmente, militares. El Consejo de Seguridad emitió una propuesta en duros términos que fue rechazada por Irán en similares términos. El enfrentamiento se enca-minaba irremisiblemente hacia una solución militar, has-ta que se desencadenan los hechos en Líbano. Esto no altera inicialmente la dinámica de la llamada “crisis nu-clear” con Irán: un día después del inicio de los bom-bardeos a Líbano, “diplomáticos de EE.UU. Rusia, China y la UE expresaron su desilusión por la negativa de Irán a detener el enriquecimiento de uranio o responder a las propuestas efectua-das” (WP 13/07), enviando nuevamente el caso al Con-sejo de Seguridad. El gobierno de Teherán, para ganar tiempo, anuncia que no podrá elaborar una respuesta hasta el mes de agosto. Mientras tanto, EE.UU. acentúa su presión, anunciando que “Irán asistió a las pruebas misi-lísticas norcoreanas del mes pasado” (WP 21/7).

Con el correr de los días, y a medida que Israel en-contraba cada vez más complicaciones, EE.UU. se veía empujado a reordenar su estrategia. Uno de los prime-ros pasos fue deslizar la posibilidad de restablecer lazos con Siria, destacando su importancia en la resolución de la crisis. Recordemos que “Bush retiró a la embajadora en Siria, Margaret Scobey, luego del asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri en febrero de 2005, y desde entonces impuso sanciones y bloqueo de cuentas bancarias” (NYT 23/07). La intención es fragmentar las alianzas que trabajosamente construyó Irán.

Otro tanto aconteció con Rusia. El encuentro del G-8 en San Petesburgo incluía dentro de la agenda la defi-nición del ingreso de ese país a la OMC –el más grande del mundo entre los países que no son miembros (otro de los importantes es justamente Irán). Las negociacio-nes bilaterales entre EE.UU. y Rusia por esa cuestión fracasaron sorprendentemente, luego de que los medios se encargasen de anticipar el éxito de las mismas los días previos al encuentro (NYT 12/07). Los negociadores se encargaron de destacar que el acuerdo no sería alcanza-do en meses, al tiempo que ambos presidentes inter-cambiaban munición gruesa con caballerosidad1. Lo que sí se hizo fue establecer las bases de una acuerdo según el cuál Rusia procesaría los residuos nucleares america-nos, EE.UU. dispondría de acceso al uranio ruso y am-bos países combatirían el comercio de materiales nu-cleares a “terroristas” (NYT 16/07).

La confrontación con Irán también tuvo sus efectos sobre Irak. Partiendo de la premisa de que la caótica si-tuación en ese país no está relacionada con la ocupa-ción, es decir, jactándose de ser la solución y no parte

1 Bush expresó “su deseo de promover cambios institucionales en el mundo como en Irak –donde hay prensa libre y religion libre– e indicó que hay mucha gente en EE.UU. que desea que Rusia haga lo mismo”.A lo que Putin respondió: “Honestamente, no deseamos tener la misma democracia que tienen en Irak”. Bush, a su turno, replicó sonriente: “Sólo espere”. (NYT 16/07).

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fundamental del problema, EE.UU. comenzó a redise-ñar su política en la región. El argumento utilizado es la cantidad de bajas –civiles y militares– que alcanzan ci-fras récord. Eso llevó al Pentágono a modificar en 180º sus planes de retirada de tropas y establecer, en cambio, planes para incrementar los efectivos. Al mismo tiempo –y para dar fuerza al argumento–, Rumsfeld admitía por primera vez ante el Congreso que la situación podría considerarse como de Guerra Civil. Desde Bagdad, sec-tores sunnitas redoblaban sus reclamos, dirigidos contra la mayoría chiíta, y articulaban un pedido de refuerzos a EE.UU. para defenderlos de la violencia endémica. Así, recalcaban que los americanos constituían “un bastión co-ntra las acciones iraníes en el país” (NYT 17/07).

Estos esfuerzos de EE.UU. finalmente diluyeron la amenaza militar contra Irán. No podemos establecer a ciencia cierta por cuánto tiempo, pero con seguridad no existen las condiciones actualmente para que “Occiden-te” establezca por iniciativa propia otro frente de gue-rra. En lo inmediato, se redujo el tono de las presiones de la “Comunidad Internacional” contra Teherán: “El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado hoy una resolu-ción que le impone a Irán el 31 de agosto como límite para sus-pender sus actividades nucleares bajo amenaza de sanciones eco-nómicas y políticas. A petición de Rusia y China, el texto es más suave que otros proyectos de resolución anteriores, que amenaza-ban a Irán con sanciones inmediatas. La nueva propuesta pide que el Consejo celebre nuevas reuniones antes de considerar las po-sibles sanciones. El proyecto ha sido aprobado por 14 votos contra uno, el de Qatar, único país islámico del Consejo. La resolución, elaborada por Reino Unido, Francia, Alemania y EE UU, su-cede a una presentada el pasado 12 de julio por los ministros de Asuntos Exteriores de estos cuatro países y los de China y Rusia, en la que se decidió remitir a Irán al Consejo de Seguridad por no responder al paquete de incentivos ofrecido en junio a Irán por es-tas potencias mundiales, a condición de que suspendiera sus acti-vidades de enriquecimiento de uranio” (EP 31/07).

La capacidad de cimentar alianzas por parte de EE.UU. encuentra límites De cara a las elecciones legislativas de noviembre de este año, la situación del gobierno republicano, con mayoría en ambas cámaras, continúa erosionándose. Las posibilidades de que el gobierno de Bush pierda las mayorías legislativas es una posibilidad que crece día a día. Si bien esto no afectará la alianza estratégica con Israel –pues los demócratas son inclusive más permeables al lobby judío–, sí representa un cambio en cuanto a las estrategias en la región. Difícilmente, luego de una derrota en dichas elecciones, el Congreso apruebe nuevas intervenciones militares. Inclusive es factible que tienda a reducir los actuales compromisos, como así también retocar el presupuesto del Departamento de Defensa.

Ergo, la oportunidad de remontar las encuestas que-daba restringida al plano militar, no tanto por las victo-rias, que a esta altura se revelan esquivas para las fuerzas armadas de EE.UU., sino por la unidad nacional detrás

del argumento de la lucha por la libertad y contra el te-rrorismo.

Así, comprendemos cómo –desde la victoria de Ah-madinejad en Irán– EE.UU. comenzó a dar pasos para construir consenso internacional para la intervención militar en ese país. A las iniciativas en lo político y eco-nómico que describimos en Análisis... anteriores, se su-maron algunas en el plano militar, sólo conocidas una vez desatado el conflicto: “Los recientes embarques de armas a Israel forman parte de un acuerdo multimillonario celebrado el año pasado, según el cuál podía solicitarlo tan pronto necesitase los pertrechos” (NYT 22/07). Dicho acuerdo fue reforza-do por la Cámara de Representantes, que aprueba la po-sibilidad de vender el ultramoderno caza F-22 Raptor a sus aliados (WP 1/07).

Sin embargo, este esquema de formulación de alian-zas por parte de EE.UU. dista de ser todo lo efectivo que uno podría considerar, teniendo en cuenta su pode-río militar relativo. Tal es el caso de India y Pakistán, que afectan la capacidad de influencia de la prédica de EE.UU. Teniendo presente que ambos países reciente-mente se enfrentaron militarmente por sus diferencias fronterizas en Cachermira, el proceso de rearme en el que se encuentran no deja de sorprender por su trans-parencia. India testea un misil nuclear (NYT 10/07), justo antes de que el Congreso norteamericano pruebe un tratado nuclear con ese país, que permite mantener oculto su programa de armamento nuclear. Una vez aprobado el mismo, el Departamento de Estado, tripu-lado por Condoleezza Rice, publica un informe con re-traso que da cuenta de transferencia de tecnología misi-lística de dos empresas indias a Irán. Bajo la ley de No Proliferación siria e iraní, el Presidente –a través del Departamento de Estado– está obligado a informar al Congreso hasta el 1º de julio de cada año las operacio-nes sospechosas de estar vigiladas por dicha ley. Inclu-sive, “el mismo día que el presidente Bush se encontraba en India en marzo de este año para anunciar el programa nuclear, dos bu-ques iraníes se encontraban en el puerto indio de Kochi para 5 dí-as de ejercicios conjuntos, parte de un acuerdo firmado en 2003 entre Teherán y Nueva Delhi” (WP 29/7).

Pakistán, por su parte, se encuentra construyendo un nuevo reactor de plutonio en Khushab, que permitirá producir entre 40 y 50 bombas nucleares por año, 20 veces su capacidad actual (WP 24/07).

Evidentemente, resulta imposible controlar las rela-ciones de intercambio y cooperación realizados por los países que integran las distintas alianzas. Esa red permi-te contener, hasta cierto punto, los impulsos expansio-nistas de la simbiótica alianza de EE.UU. e Israel. No obstante ello, el marco en el que se desarrollan y se des-envuelven con frecuencia se ve desbordado. Es en ese momento en que los acontecimientos se desatan, allí donde el elevado nivel de tensión ha penetrado en la to-talidad de las respectivas formaciones sociales.

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América Latina Luego de varios meses de conflictos internos –asimetrías dentro del bloque, posibilidad de que sus miembros firmen Tratados de Libre Comercio por fuera de los protocolos establecidos, que sólo se atinaban por las posibles fracturas al interior de las alianzas sociales que confluyen en el gobierno del estado de cada país y por la presión de los países más grandes del bloque de frenar la estrategia de apertura de mercados por parte de EE.UU. a través del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas)–, el MERCOSUR inició una nueva etapa, al incorporar un nuevo integrante como socio pleno –Venezuela. La incorpoarción, a su vez, tiene como condimento político el enfrentamiento que mantiene este país con EE.UU.

De esta manera, se abre una nueva etapa que busca la consolidación del bloque, tratando de limar las asperezas

internas y de buscar que nuevos países se sumen al mismo para lograr mayor contrapeso a las políticas de Washington.

Por otra parte, el proceso iniciado por Evo Morales en Bolivia sigue su curso. A la nacionalización de hidro-carburos, la acompañan ahora las elecciones de los cons-tituyentes para la reforma de la Constitución y el co-mienzo de una nueva reforma Agraria, que sin lugar a dudas pondrá a prueba nuevamente el juego de fuerzas al interior del país andino.

Por último, las elecciones mexicanas –las más reñidas en su historia– se aprestan a una batalla judicial ante las denuncias de fraude por parte del candidato del PRD, a quien las encuestas daban ganador antes de la contienda, resultando finalmente vencido por un estrechísimo mar-gen.

PPeelleeaa ppoorr llaass ggaannaanncciiaass

La incorporación de Venezuela al Bloque Los días 4 y 5 de Julio se realizó en Caracas la cumbre extraordinaria del MERCOSUR, que rubricó la entrada de Venezuela como miembro pleno al bloque más importante de Sudamérica. De esta forma, el MERCOSUR suma un nuevo integrante a los cuatro fundadores (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay); es decir, la República Bolivariana de Venezuela adhirió al Tratado de Asunción, al Protocolo de Ouro Preto y al Protocolo de Olivos para Solución de Controversias del MERCOSUR.

Al sumarse como miembro pleno, el MERCOSUR acapara el 75% del PBI de Sudamérica y alcanza a 250 millones de personas. Con esta incorporación, Vene-zuela se ubica como tercer integrante en lo que se refie-re a PBI, con 138.000 millones de dólares –cerca de Argentina (180.272 millones) y muy lejos de Brasil (796.284 millones). Uruguay y Paraguay, con 16.400 y 7.281 millones de dólares respectivamente, completan el producto bruto total del bloque, el cual alcanza más de 1 billón de dólares (Datos extraídos de www.abcmercosur.com).

La incorporación de Venezuela posibilita el ingreso del mayor productor de petróleo del continente y la mayor reserva de gas de Sudamérica. Así como una economía que no se caracteriza por competir en la pro-ducción agrícola ganadera ni en agroindustrias, como Argentina y Uruguay, ni tampoco como fuerte produc-tor de productos manufacturados como Brasil.

Por el momento, Venezuela se va a incorporar como miembro pleno con voz pero sin voto en la toma de decisiones del bloque.

El impacto político El discurso de los diferentes presidentes de los países miembro e invitados dejó entrever la importancia política del encuentro en Caracas. Sabido es que hablar en representación de un estado- nación es la expresión de determinadas relaciones de fuerzas en escenarios

particulares, donde un gobierno no hace más que expresar las relaciones de fuerzas al interior de sus fronteras. Los países que integran el bloque expresan diferentes momentos y estadios de esas relaciones de fuerza y el hecho de coincidir en algunas estrategias políticas, comerciales y regionales implica disentir en otras y estar en permanente contraste. Eso es cuando se habla de asimetrías, diferencias, asperezas al interior del bloque, más allá de la forma particular que tomen las mismas.

La cumbre de Caracas tuvo dos impactos políticos resonantes. En primer lugar, sirvió para darle a Chávez un espaldarazo político, de cara a las elecciones presidenciales de diciembre próximo y en la relación de este país con el resto del mundo, ante el enfrentamiento permanente con EE.UU. Por otro lado, la entrada de Venezuela –y en los plazos en que se dio– es una toma de posición que permite una revitalización del bloque y una jugada política para terminar de confrontar con la política impulsada por EE.UU., a partir del ALCA.

Con respecto al primer punto, varias fueron las de-claraciones en ese sentido. En la declaración de los pre-sidentes (se la puede encontrar en www.minci.gov.ve, página web del Ministerio de Comunicación venezola-no), todos resaltaron el proceso legítimo que se está viviendo en Venezuela. Kirchner resaltó la democracia en todos los países de la región, incluyendo a Venezue-la: “Ninguno de sus países miembro –y así lo han establecido en el Protocolo de Ushuaia, al que Venezuela ha adherido reciente-mente– conciben otro modo de convivencia política que no sea la democracia, ninguno de sus miembros alienta a propósitos expan-sionistas o militaristas, ninguno de sus miembros actúa en perjui-cio de otros países. Quiero decir que el MERCOSUR es uno de los bloques internacionales que actúan en una mayor cantidad de espacios de negociación. En este sentido, MERCOSUR es nues-tra plataforma de integración al mundo, en cuanto a potencia, lo que cada país puede por sí solo representar”.

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Por su parte, Lula se encargó de levantar de manera tajante la entrada de Venezuela al bloque: “Tenemos un fuerte compromiso con la democracia y con los precep-tos y pluralismos políticos. Respetamos los procesos de cada país; es por eso que también tenemos el derecho de exigir ningún tipo de injerencia de ningún tipo en nuestra región. Recuerdo que cuando tomé la posesión de la Presidencia, Chávez estaba solo. Recuerdo lo que se hablaba en el continente, y nosotros, todos nosotros, inclusive en las divergencias nosotros comprendemos que seremos muchos más fuertes en las negociaciones internacionales, bien sea en la ONU (Organización de Naciones de Unidas), para cambiar el Consejo de Segu-ridad, bien sea en la participación del Consejo de Segu-ridad –en el cual defendemos la participación de Vene-zuela”.

Luego concluyó –respondiendo a las críticas desde algunos sectores dentro de Brasil que criticaban el papel de Venezuela– que “ninguno va a importar ideologías o va a vender ideologías, vamos a intercambiar experiencias científicas y tecnológicas, cambiar productos” (FDT 5/7).

El día posterior, Kirchner salió a defender a los go-biernos de Venezuela y Bolivia, tal como lo había hecho ante empresarios españoles el mes anterior, esta vez ante la Asamblea Nacional venezolana, con motivo del 195° aniversario de la independencia de Venezuela: “Nuestros gobiernos no hacen ejercicio ni de la demagogia ni del populismo. (...) Les quiero decir a los pueblos del mundo que acá, en Venezuela, he podido compartir una democracia plena que lu-cha por la justicia y la igualdad” (LN 6/7).

Ante estas palabras, el entonces embajador saliente norteamericano en Argentina, Lino Gutiérrez, se dis-tanció del presidente Kirchner, para afirmar: “No coinci-do con eso. Estamos preocupados por el hecho de que Chávez haya comprado 100.000 rifles, arme una milicia, y la oposición y la prensa se sientan acorraladas y porque Chávez quiere viajar a Corea del Norte y establecer una alianza con Irán” (C 9/7).

Para Carlos “Chacho” Álvarez, representante perma-nente del MERCOSUR, el ingreso de Venezuela es un “hecho histórico”: “Permite avanzar hacia el viejo sueño de la integración sudamericana”, sostuvo. A su vez, destacó que ahora el bloque se consolidará como una potencia ener-gética y gozará de una “complementariedad productiva”.“Chacho” Álvarez también propuso que el MERCO-SUR “avance en el desarrollo social. Que la integración no sea sólo comercial sino que tenga una cara social”. (P12 5/7).

Revitalizar el MERCOSUR para “enterrar” al ALCA La entrada de Venezuela –al igual de lo que ocurriría después en la XXX Cumbre de Córdoba, en Argentina– fue tomada como un elemento clave para detener los intentos de EE.UU. a través del ALCA y de los Tratados de Libre Comercio (TLC).

De esta forma, sobresalieron los siguientes mensajes de los presidentes.

Kirchner aseguró: “Nuestra dura experiencia nos ha ense-ñado que la sola lógica excluyente del mercado no nos lleva a un

horizonte de desarrollo y bienestar. Sabemos que es muy impor-tante liberar el comercio en condiciones dignas y equitativas, pero los mercados y el comercio libre no garantizan nuestro desarrollo con inclusión. La integración es mucho más que liberalizar el co-mercio, es asumir el objetivo de constituir una gran comunidad po-lítica que promueva la producción, eleve la competitividad común de nuestra región y la convierta asimismo en un interlocutor fuerte en la discusión, en el orden mundial. (…) La integración es tam-bién una lucha de ideas, como tal la integración tiene también sus adversarios, entre ellos los que añoran los tiempos de los alinea-mientos automáticos. No ocultamos las dificultades del MER-COSUR, pero trabajamos denodadamente para superarlas, y el crecimiento del bloque, que expresa esta incorporación, es una muestra de su vitalidad.” Para afirmar, el día posterior: “El paso que se dio ayer con la incorporación de Venezuela en el MERCOSUR es mucho más que la decisión de construir un bloque económico, es la decisión de fortalecer el espacio y tener una voz ante el mundo”, enfatizó Kirchner (P12 6/7).

Por su parte, Tabaré Vázquez, en la misma dirección que el presidente argentino, sostuvo “que no es mejorar el comercio ampliar los mercados, aumentar el número de habitantes que componen ese mercado, decir cuánto aumenta nuestro PBI en conjunción de trabajo de nuestros países, sino que el Norte fun-damental debe ser trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. (…) porque para el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, el MERCOSUR es una prioridad estra-tégica y en esa dirección queremos trabajar. Queremos más y me-jor MERCOSUR (…). Mas no sólo cuantitativamente más MERCOSUR, sino cualitativamente más MERCOSUR, (…) buscando una mejor integración, un mejor proceso de inte-gración regional. (...) Muy pocos creían entonces en la continuidad del MERCOSUR, muchos suponían que cada uno de nuestros países iban a privilegiar la relación con Estados Unidos o la Unión Europea. Quién iba a imaginar que hoy estaríamos acá”(P12 5/7).

Evo Morales, presidente de Bolivia –país asociado al bloque–, puntualizó en la necesidad de cambios estruc-turales para la resolución de los problemas de los mi-llones de personas en América Latina: “Estamos convenci-dos, y sigo convenciéndome de que hay que buscar soluciones económicas, sociales, con cambios estructurales. Y quiero decirles acá (…) que en Bolivia empezamos ese proceso de cambio, una revolución democrática, cultural, pacífica. Quiero decirles, por tan-to, no solamente estamos pensando en la liberación de esos pue-blos, en acabar con la esclavitud en algunas regiones; no solamente estamos pensando en acabar con el latifundio, sino cómo vivir bien. Y el vivir bien significa que haya igualdad y equilibrio entre la sociedad, haya justicia para esa gente marginada. Gracias al apoyo del pueblo boliviano empezamos a recuperar los recursos naturales, nacionalizando el gas natural y los hidrocarburos”.

Finalmente, el presidente venezolano Hugo Chávez fue el presidente que puso blanco sobre negro, en cuan-to a la relación entre el MERCOSUR y el ALCA: “El ALCA y el MERCOSUR desde mi punto de vista son absolu-tamente incompatibles, y el paso de estos meses y estos años lo que hace es confirmarlo. No habrá unipolaridad. Estamos derrotan-do la pretensión hegemónica, y hoy hemos colocado una nueva pie-

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dra fundamental para la libertad y para la unidad de Suraméri-ca.” Para terminar, afirmó: “Queremos un MERCOSUR más político” (C 4/7).

El problema de las asimetrías dijo “presente” Si bien se esperaba un tono más crítico de los países chicos del bloque, el problema de la integración hacia dentro del mismo estuvo presente. A pesar de los esfuerzos políticos de los presidentes y de los cancilleres del bloque por resaltar la entrada de Venezuela, nuevamente las asimetrías, y el papel integrador que deben jugar Argentina y Brasil, fue remarcado por paraguayos y uruguayos.

El presidente de Paraguay Nicanor Duarte Frutos sentenció: “Yo suelo decir –y repito hoy con todo el entusiasmo que me genera este momento y con todo el optimismo que tengo con respecto al MERCOSUR– que si sólo buscamos el crecimiento económico, defender nuestros mercados, mejorar nuestros indicado-res económicos, estaríamos sacralizando lo que hoy casi de manera recurrente impugnamos desde esta nueva América del Sur, que es la regla fría del capitalismo: el cruel pago al contado; porque si unos crecen y otros se estancan, si unos industrializan y otros no pueden superar su ciclo de país agroexportador, y se estancan y no crecen, es porque existe una expropiación económica también. Es porque existe también una expropiación de la fuerza del trabajo, y una distorsión de los valores de la materia prima. Y si esto con-denamos a los países del primer mundo, si esto les decimos a Es-tados Unidos, a la Unión Europea, no repitamos el mismo mode-lo en nuestra América del Sur si queremos que el MERCOSUR crezca y se fortalezca”.

Al mismo tiempo, resaltó la importancia del ingreso de Venezuela para ser un contrapeso entre los más grandes y los más pequeños dentro del bloque: “Estoy seguro de que la presencia de Venezuela habrá de renovar los compromisos que tenemos y será igualmente un desafío para que exista más equilibrio, para que tengamos más cooperación. Por-que si nos unimos solamente para que prevalezcan los intereses del mercado, si sólo miramos en la integración regional el crecimiento de nuestras balanzas comerciales o nuestro propio crecimiento eco-nómico, sin el deseo de un mayor bienestar para todos y de que todos podamos participar de la riqueza que producimos y que te-nemos, no creo que finalmente se materialicen nuestros sueños”.

En la misma dirección, se pronunció Tabaré Váz-quez: “Y me quiero referir a las asimetrías que existen entre los países que integramos este proceso. Claro que existen asimetrías, nadie las puede negar [pero] en los procesos de integración tam-bién cuentan los pequeños países, pequeños por sus dimensiones, pequeños por su poderío económico, pequeños quizás por su ri-queza, pero enormes por lo que representan en su sociedad, en su gente, en sus sueños, en sus esperanzas, en sus derechos y también en sus obligaciones”.

En una entrevista brindada al Financial Times, Nica-nor Duarte acusó a Brasil y Argentina de “egoístas e hipó-critas” por condenar el proteccionismo de EE.UU. y Europa, pero ejercerlo en su región. “Si no va a haber op-ciones para mejorar nuestra economía, para diversificar nuestros mercados y tornarnos competitivos, cualquiera de nosotros puede

dejar de pujar el aparato de oxígeno que mantiene al MERCO-SUR vivo”, afirmó (FDT 5/7).

Ante estas declaraciones, el país más importante del bloque –Brasil– salió a tratar de calmar las aguas. Según el mandatario brasileño, “nuestros problemas son nuestros y tenemos que tratar de resolverlos”, al mismo tiempo que afrimó: “Reconocemos la urgencia de encontrar respuestas para las asimetrías que limitan la capacidad de nuestros vecinos meno-res de tener pleno beneficio de integración” (FDT 5/7). Esta pelea se siguió en la Cumbre de Córdoba –ver más ade-lante.

Acuerdo bilateral entre Argentina y Venezuela Más de un analista internacional quedó sin palabras ante la gira del presidente Kirchner en Venezuela. Fue el primero en llegar y el último en irse. Ambos países cerraron acuerdos energéticos, financieros, y el mandatario argentino dio un discurso de apoyo explícito que fue calificado de histórico por los representantes de Venezuela.

Bono del Sur. En la reunión bilateral entre Venezue-la y Argentina se llegó al acuerdo de crear un bono bi-nacional para colocar en los mercados internacionales –con un plazo de 90 días para que se pongan de acuerdo. Según Kirchner, esto puede ser tomado como un “pre-inicio de un banco del Sur, un sistema financiero compartido que nos permita crear cadena de financiamiento” (C 5/7). Días después, volvió a defender el bono lanzado, ya que permitiría “la construcción de un espacio financiero en el sur que permita generar líneas de financiamiento que satisfagan las nece-sidades de nuestras regiones y sociedades” (C 13/7).

Kirchner destacó que la Alianza con Venezuela “es un pacto cualitativo que viene a consolidar la perspectiva y la proyec-ción de la región hacia el mundo” y destacó la necesidad de que “este espacio tenga la voz de fortaleza” para “responder a las expectativas de nuestros pueblos” (P12 5/7).

Acuerdos energéticos. Por otro lado, se alcanzó un acuerdo entre Enarsa (la petrolera estatal Argentina) y PDVSA (la estatal venezolana) para que esta última ase-sore las obras y acompañe los acuerdos firmados entre el gobierno de Bolivia y Argentina.

La cumbre de Córdoba y las redefiniciones al interior del MERCOSUR

Introducción El mismo llamado de relanzamiento del MERCOSUR –luego de fracasado el intento de imponer el ALCA– a partir de la entrada de Venezuela al bloque, tuvo una nueva expresión en Córdoba, en el marco de la XXX Cumbre del MERCOSUR.

Allí, los presidentes de los Estados Miembro, los pre-sidentes de los Estados Asociados (Chile y Bolivia) y al-gunos invitados especiales como el presidente de Cuba, Fidel Castro, sesionaron para el mundo, delineando el nuevo escenario latinoamericano en constante redefini-ción.

Con la entrada de Venezuela y los acuerdos firmados con Cuba, podemos decir que todos los alineamientos

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políticos, “los llamados ejes”, que proliferaron paulati-namente en América Latina con la dificultad de la hegemonía del norte sobre la región, cruzan transver-salmente este bloque. Córdoba fue una expresión de ello.

También tuvo expresión otra cuestión de importan-cia: el conocido –y ya mencionado– problema al inter-ior del bloque, en donde los chicos, Paraguay y Uru-guay, hicieron otra vez notar su posición –tal como había sucedido en Caracas. De este modo, lograron que en la declaración final apareciera la necesidad de que el bloque solucione ciertas asimetrías, a cambio de no po-der realizar Tratados de Libre Comercio en forma dire-cta con EE.UU., tal como dice el artículo 32 del comu-nicado firmado por los presidentes. Esta situación no es de importancia menor, ya que pone el límite de lo que puede estar fuera o dentro del bloque.

Pero en Paraguay es donde el revuelo latente se hizo evidente. Por eso, le dedicamos algunas líneas, que ge-neralmente son pasadas por alto, muchas veces por fal-ta de información accesible en medios de la prensa es-crita de ese país.

Reconfigurando fuerzas en el bloque (1): Los socios originales (grandes), sus asimetrías conocidas y el flamante ingreso de otro grande Brasil y Argentina constituyen dos de los socios funda-cionales y los de mayor peso económico en el esquema original del MERCOSUR. Entre ambos países siempre hubo momentos de tensión por las desigualdades entre la industria brasileña y la argentina, más que nada en manufacturas industriales textiles, calzado, electrodo-mésticos, autopartes y lácteas. Pero a esos desequili-brios cíclicos, a veces objetivamente más fuertes que las voluntades que intentan salvaguardarlos, se suman las tensiones políticas por el rol o lugar que ocupa cada pa-ís en la región, lo que aparece como “quién conduce o lidera”. Este punto es de extrema importancia y no es sólo simbólico, justamente porque el “quién conduce” se puede traducir como hacia dónde se conduce y cómo se posiciona el bloque en las relaciones internacionales, es decir, para dónde se alinea.

Si Argentina jugó más a favor por la entrada de Ve-nezuela en un contexto de oposición al ALCA y de cierta tensión con EE.UU. en política internacional, Brasil fue más cauto siempre y apareció –a los ojos del norte– como un alumno menos díscolo que el primero. Ambos necesitaron decir no al ALCA, pero las estrate-gias y los lugares ocupados fueron diferentes. Hoy pa-recen tener una relación menos conflictiva y aceptar ambos que sin Venezuela no se podía hablar de integra-ción en la región, más allá de los intereses particulares del flamante quinto miembro del MERCOSUR.

Así, con respecto a la Argentina y a la ampliación del bloque, el presidente del Brasil, Lula Da Silva, declaró en su discurso: “No creo que en otro momento Brasil y Argen-tina hayan tenido la relación que tienen ahora. Una relación de comprensión del rol de cada uno, de respeto mutuo por nuestras

nacionalidades, una comprensión de los problemas políticos que tenemos internamente y que sólo con esa comprensión podremos concluir el MERCOSUR, convencer a Evo Morales de que ven-ga al MERCOSUR, convencer a otros países que vengan”,(P12 22/7).

Y para ello resaltó el resultado de Mar del Plata del año pasado. Lula afirmó que en Sudamérica “no se habla más del ALCA porque los países de la región quieren que su so-beranía sea respetada. Nosotros sencillamente no hablamos más del ALCA. Hoy quién quiere hablar del ALCA tiene que hablar del MERCOSUR. Hace dos siglos que dejamos de ser colonias y no queremos volver a serlo” (LN 22/7).

Por el lado de Venezuela, la llegada al bloque –tratada anteriormente– también moldea el esquema original de conflictividad entre los socios grandes, ya que tanto a nivel económico como político plantea redefiniciones. Chávez explicó en su discurso que aquí “nace otro MERCOSUR”, a partir de esa reunión que expresaba un contexto diferente del mismo bloque, con respecto a otras épocas. Y esto se puede apreciar en que, más allá del petróleo y el gas, los otros socios necesitan a Venezuela para sumar fuerzas en los espacios de disputa internacional. Así se entiende la flamante formulación acordada por los presidentes del bloque, dando “un expreso apoyo a la candidatura del flamante miembro del MERCOSUR, Venezuela, a integrar como miembro permanente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2007-2008”.

Por el lado del comercio mundial, en este “Comunica-do conjunto de los presidentes de los Estados parte del MER-COSUR”, la coincidencia para dejar sentado un nuevo reclamo contra los subsidios a la producción y el co-mercio agrícola de EE.UU. y la Unión Europea fue uno de los ejes principales dado a conocer en la Cumbre de Córdoba. Dos artículos de la declaración final, dedica-dos al desarrollo de la actual ronda de discusión sobre las normas del comercio internacional en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), sirvieron para reiterar este reclamo en forma conjunta.

“Resulta necesario –dice el artículo 38 del texto– alcanzar un acuerdo ambicioso en agricultura que contemple la reducción sus-tancial de los subsidios domésticos, la eliminación de los subsidios a la exportación y la apertura del acceso al mercado de los países desarrollados”.

El artículo 39 insiste en la “preocupación [de los jefes de Estado del MERCOSUR] por la falta de coincidencias hasta el momento para alcanzar esos objetivos” en la ronda de la OMC y para “instar” a los países desarrollados a “mostrar la necesaria voluntad política y flexibilidad para superar las dife-rencias y concluir las negociaciones antes de finalizar el año 2006”.

Todas estas manifestaciones cobran fuerza luego de la entrada de Venezuela, que para el canciller argentino, Jorge Taiana, “potencia el MERCOSUR” (C 21/7).

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Reconfigurando fuerzas en el bloque (2): Los miembros originales (chicos) y sus demandas de siempre La situación de Uruguay al interior del bloque quedó, de alguna forma, más clara. Por un lado, ante el reclamo, en forma conjunta con Paraguay, de que sean tenidos en cuenta, se logró el acuerdo de que, en un lapso cercano de 30 a 60 días, se realice un listado de problemas y sectores afectados para generar mecanismos de solución, en donde aparentemente están dispuestos Argentina y Brasil a ceder posiciones. Así lo establece artículo 32 del Acta firmada por los presidentes, que plantea “la intención de intensificar las relaciones económicas del MERCOSUR con países y grupos de países externos al bloque, para generar beneficios con especial atención para los intereses de las economías menores del MERCOSUR”.

Por otro lado, a cambio de esa promesa, quedó refle-jado por escrito que este intento de acuerdo, si bien permite que cada país realice otros acuerdos de prefe-rencias arancelarias con terceros, impide la firma de TLC, tal como pretende realizar EE.UU. en la región, luego del fracaso del ALCA y con el objetivo de rom-per la cohesión en el MERCOSUR. En algún momen-to, Uruguay había manifestado esa salida como una al-ternativa posible.

Así, dicha cohesión del MERCOSUR solucionó otra situación áspera a su interior, ya que el sólo hecho de firmar un TLC con EE.UU. rompería el bloque y per-dería a uno de sus socios originales, hecho que no ten-dría mucha importancia económica, pero sí efectos po-líticos contrarios a la unidad y solidez buscada. El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, se mostró en un tono conciliador en consonancia con lo recién explica-do, y en relación al conflicto por las papeleras. Sin ce-der su posición, dejó entrever una postura dialoguista, que incluyó incluso un encuentro no previsto con Kirchner: “Claro que no todo es color de rosa, claro que hubo dificultades. Si dijéramos lo contrario estaríamos cometiendo el pe-cado de cinismo; han existido y existen dificultades, pero aboga-mos porque estas diferencias sólo sean temporarias y temporales”.Con respecto al diferendo por las papeleras de Fray Bentos, expresó: “Pido el beneficio de la duda, nos preocupa la salud de nuestra gente y comprendemos la preocupación (…) El río De la Plata no nos separa, nos une, y el río Uruguay nos debe unir en el futuro” (LR 22/7).

Desde la conducción ejecutiva del bloque, el Presi-dente de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR, “Chacho” Álvarez, se encargó de de-clarar, ante las posibilidades de que los países miembro del bloque realicen acuerdos de libre comercio: “De prosperar, implicaría la defunción del MERCOSUR” (C 21/7).

En forma más crítica y menos conciliadora, y en rela-ción con las asimetrías existentes, el día anterior a la cumbre, la canciller de Paraguay Leila Rachid criticó los “pocos avances” para constituir un “verdadero mercado co-

mún”. Rachid apeló al “espíritu de solidaridad” de los so-cios mayores para que “se demuestre que efectivamente existe una voluntad política de integración” y se encuentre “una solu-ción que se lleve a la conformación de una verdadera zona de libre Comercio” (C 21/7). Por el lado de Argentina, la Ministra de Economía Felisa Miceli le respondió: “Ahora que Ar-gentina y Brasil comienzan a superar sus problemas económicos, es necesario prestar atención a las cuestiones que plantean los paí-ses más chicos, como son las asimetrías y la posibilidad de acuerdo entre países y bloques extrazona” (C 21/7). El presidente Kirchner también terció en la cuestión, para contribuir a la idea de un nuevo MERCOSUR, también sólido con sus socios chicos: “Todo acuerdo de integración debe contem-plar salvaguardas y compensaciones para los que sufren atrasos relativos, para no potenciar debilidades” (C 21/7). Categóri-camente, el presidente paraguayo, Nicanor Duarte Fru-tos, declaró en su discurso oficial en la Cumbre: “Para que el MERCOSUR tenga futuro, necesitamos ser un equipo y no pequeños segmentos de líderes que se encuentran de vez en cuando. Todos nos necesitamos (…) La acumulación de privile-gios va en perjuicio de los países débiles del bloque”. Luego agregó: “Lo que nosotros necesitamos es solidaridad auténtica. La democracia se funda sobre este valor casi evangélico (…) No queremos que la mitad del estadio festeje los goles, mientras noso-tros miramos los abrazos y las victorias. Todos tenemos que feste-jar los goles para que el MERCOSUR tenga futuro y para eso necesitamos un equipo”.

Posteriormente, buscando algo de conciliación luego de tanta dureza, manifestó: “El bloque necesita que las par-tes se relacionen. Esto es lo que esperan nuestros pueblos y eso es lo que estamos logrando”. Asimismo, aprovechando el am-biente propenso para hablar de un MERCOSUR más solidario –básicamente a partir de la entrada de Vene-zuela–, el jefe de Estado paraguayo exigió una alianza de integración productiva, una economía abierta, “sin que el capital sea el sujeto” (ABC22/7).

En Paraguay continúan los debates, opiniones y posi-cionamientos sobre la cuestión MERCOSUR. Días después de la Cumbre, el viceministro de Relaciones Económicas e Integración de la Cancillería nacional, Rubén Ramírez Lezcano, afirmó que “El MERCOSUR debe profundizar su proceso, pero no debe seguir así “, e indicó que comparte las quejas del sector privado y que duran-te la última Cumbre del MERCOSUR, Paraguay volvió a manifestar sus críticas al proceso subregional (ABC 29/7). Esto se enmarca en un contexto donde las prin-cipales fuerzas expresadas en la clase política paraguaya están haciendo rendir examen al gobierno del Estado y a los funcionarios que participaron de las negociaciones en la Cumbre. En ese marco, la canciller Leila Rachid concurriría el miércoles 2 de agosto a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para escuchar las crí-ticas de los legisladores por las embajadas vacantes (existen 13 sin embajador designado y algunas de ellas se consideran clave para las relaciones internacionales de Paraguay: Argentina, Uruguay, España y la Asocia-ción Latinoamericana de Integración (Aladi), con sede

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en Montevideo) y la situación de Paraguay en el MER-COSUR.

Por el lado de las corporaciones empresarias, días an-tes de la Cumbre se habían reunido con funcionarios del gobierno para evaluar la continuidad o no de Para-guay en el MERCOSUR, según anunció el presidente de la Federación Paraguaya de la Industria, el Comercio y los Servicios (Feprinco), Max Haber. Éste declaraba por ese entonces que “el sector privado pretende que nuestros negociadores lleven en la próxima cumbre del MERCOSUR, que se realiza este mes, la misión de plantear la flexibilización del Tratado de Asunción, para que Paraguay pueda celebrar acuerdos comerciales como alternativa de desarrollo”. En el mismo sentido, el presidente de la Unión Industrial Pa-raguaya (UIP), Gustavo Volpe, también fue claro en decir que si el MERCOSUR fuera real, la situación de la balanza comercial debería ser otra. “Este índice continúa negativo con respecto a los países miembro. Seguimos importando cada vez más para poco menos de 6.000.000 de habitantes, sin embargo, hay trabas para exportar a los 200.000 millones de consumidores del bloque regional”(www.yagua.com/noticias/noticia).

Por el lado del movimiento obrero, el sindicalista Víctor Báez Mosqueira, durante un seminario de las centrales obreras, declaró: “La integración social, económica y laboral en el MERCOSUR sigue siendo una utopía porque aún no se logra la unidad. Lo único que se concretó es la integra-

ción comercial y con resultados negativos para nuestro país”(ABC 1/8).

Reconfigurando fuerzas en el bloque (3): el nuevo acuerdo (político) con Cuba Con respecto al comercio con Cuba, el bloque firmó un acuerdo que en materia económica no ofrece sumas importantes, pero como señal política agrega un nuevo posicionamiento a esta nueva etapa de relaciones políticas latinoamericanas. La Suscripción del Acuerdo de Complementación Económica entre MERCOSUR y Cuba establece un programa de liberalización comercial basado en la multilateralización de las preferencias arancelarias otorgadas en acuerdos binacionales. Los productos preferenciales –sin pagar arancel o con una tasa mínima– aumentarán de 1300 a 2720 y el acuerdo nuevo incluye máquinas y aparatos eléctricos, calderas, plásticos y sus manufacturas, equipos de óptica y fotografía, de medicina y quirúrgicos. A Cuba se le presenta como alternativa económica para acceder a productos que el bloqueo norteamericano le dificulta y, desde el punto de vista político, se presenta como un claro desafío a dicho bloqueo. Señalando posicionamientos claros desde el lugar que ocupa Cuba, pero intentando no entrometerse en las desequilibrios del bloque y en el lugar en que cada país se posiciona en las relaciones internacionales, Fidel Castro habló en la Cumbre de presidentes, señalando que “este mercado está más pujante que nunca”.

CCooyyuunnttuurraa PPoollííttiiccaa

Bolivia: avanza el control del Estado en un duelo de fuerzas regionales En análisis anteriores estuvimos viendo cómo el gobierno del Estado boliviano comenzaba el proceso de recuperación de sus recursos hidrocarburíferos. En esta línea de acción prosiguió, dándole por Decreto Supremo a Yacimientos Petrolíferos de Bolivia (YPFB) la comercialización de carburantes al por mayor. Hasta el momento, siete eran las empresas (Petrobras, Dispetrol, Pisco, Copenac, Recipep, Pexim, Shell) que se encargaban de la distribución de diesel, gasolina y Gas natural vehicular. Ahora, el Superintendente Regional de Hidrocarburos, Gonzalo Carrasco, anunció: “YPFB asumirá esa responsabilidad al 100%” (LTC 30/6).

Como vemos, uno de los puntos centrales de la agenda que los Movimientos Sociales impusie-ron –fortalecidos en el proceso de lucha que sig-nificó la caída de Sánchez de Lozada en 2003 y de Carlos Mesa en 2005– avanza en el escuchar-accionar del Ejecutivo actual.

Otro de los puntos fundamentales de la agenda 2003 era la convocatoria a Asamblea Constitu-yente, que inicia sus funciones el 6 de agosto próximo. Dicho espacio es identificado por el partido de gobier-

no –Movimiento al Socialismo (MAS)– como lugar po-sible para refundar Bolivia. Junto a la elección de repre-sentantes para este espacio, se votó por el Referéndum Autonómico. Esta consulta es resultado de la búsqueda de autonomía que las regiones más prósperas de Bolivia vienen disputándole a los últimos “gobiernos centrales” (Ver Análisis n°56).

Respecto al Referéndum, el “No” –que expresa el re-chazo a dar mayor autonomía administrativa y política a

Resultados

Partidos Cantidad de votos

% sobre el padrón

% de vo-tos válidos

Nº estima-do de cons-tituyentes*

MAS 1.297. 070 35% 51,1% 134 a 137

Poder Democrático y Social (derecha)

385.795 10,4% 15,2% 60 a 64

Unidad Nacional (centrista)

184.779 5% 7,4% 10 a 12

Movimiento Naciona-lista Revolucionario (Sánchez de Lozada)

183.524 4,9% 7,2% 10 a 12

partidos menores 19,1% 30 a 41

Datos tomados de Los Tiempos de Cochabamba del 3 al 25/7/2006. Corresponden al escrutinio del 97% de las 21.328 urnas habilitadas. * Distribuye dos plazas para la primera mayoría y una plaza al segun-do, tercero, cuarto, en el marco departamental. Mientras que en el ám-bito de las circunscripciones, reserva dos plazas a ganador y una al segundo sin importar porcentaje de votación.

18 Coyuntura Política

AGOSTO DE 2006

los nueve departamentos bolivianos– gana en 5 depar-tamentos ‘occidentales’ con el 58%, mientras que el “Sí” gana en 4 departamentos ‘orientales’ con 42%. Fal-tando 715 urnas, fueron contabilizados 3 o 4 millones de votos, son válidos 2,54 millones y el resto fueron nu-los o en blanco. Recordemos que en Bolivia el voto es obligatorio. La participación sería, terminado el recuen-to, del 86% del padrón, superando el récord del último diciembre.

A la luz de los resultados: “Victoria Triple”De esta manera calificó el presidente Morales el haber obtenido el mayor número de Constituyentes, que el “No” haya ganado el Referendo y que el compromiso hacia el acto eleccionario fue récord. Advirtiendo que será la Asamblea la que fije las características del posible régimen descentralizado, se lamentó el no haber logrado los dos tercios de Constituyentes “para refundar Bolivia a favor de la mayoría indígena y campesina marginada durante siglos” (LTC 3/7).

No haber conseguido 170 de los 255 congresales (se-gún el artículo 25 de la convocatoria la nueva Constitu-ción la aprobarán los 2/3) significa para el partido go-bernante (primera minoría) apuntar a la construcción de consensos, sobre todo con las últimas minorías, una de-cena de partidos menores favorecidas por el sistema de repartos. Si bien resta ver en la practica la dinámica que toma el espacio legislativo, el vicepresidente de la Re-pública, Álvaro García Linera, adelantó que el MAS y sus aliados regionales sumarían 146 representantes. El llamado a sumar fuerza lo sintetizó el Canciller David Choquehuanca: “Los constituyentes ya tienen que dejar de pen-sar en sus partidos, ahora tienen que pensar en sus regiones, pero fundamentalmente en su país” (LTC 3/7).

Triunfo en la polaridad regional entre Oriente y Occidente. Reunidos en el 432° aniversario de la fun-dación de Tarija, los prefectos del “Sí” establecieron acuerdos de coordinación para impulsar el trato de las autonomías en la Asamblea. Mario Cossío por Tarija, Ernesto Suárez por Beni, Rubén Costas por Santa Cruz y Leopoldo Fernández por Pando anunciaron “la obliga-ción moral de los constituyentes de recoger la demanda de mayor descentralización política del país”. Por su parte, el Prefecto de Santa Cruz criticó lo que entiende como un “doble discurso de Morales”, que antes luchaba por las autonomí-as y ahora sólo reconoce el resultado a nivel nacional, desconociendo el triunfo (del 70% en Santa Cruz) y la legitimidad del “Sí” en cuatro de los nueve departamen-tos del país.

Por su lado, el Prefecto de Pando señaló que “la con-vocatoria establece con mucha precisión el carácter vinculante del Referéndum, o de la obligatoriedad en la Asamblea Constituyen-te, que el mandato del sí o el no tiene ámbito departamental”. A su vez, el Prefecto de Beni, indicó que “el gobierno no puede cambiar las reglas de juego”, en lo que él entiende co-mo “pleno proceso de descentralización, donde hubo una convoca-toria y una pregunta, y el pueblo ha votado”. El vicepresidente Linera les respondió: “Si bien ganó el “Sí” en cuatro depar-

tamentos, al mismo tiempo se entregó al MAS la confianza para conducir esa descentralización” (LTC 5/7). Vemos entonces cómo todos estos representantes de los departamentos del oriente tropical exigen que se respete, en el trata-miento que le dará la Asamblea, la voluntad de sus re-presentados –parcialidad triunfante del “Sí” en los de-partamentos– por sobre la totalidad nacional que dijo “No” y apoyó al MAS a conformarse como primera minoría en la Asamblea.

Fuerzas de choque, en choque de fuerzas. Esta polaridad se expresó días después del acto eleccionario, cuando el dirigente fabril Edwin Fernández, con apoyo de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), tomó el edificio sindical, desalojando a las fuerzas dirigidas por Lucio Vedia (dirigente campesino afín al MAS). Éste cubría la presidencia de la Confederación Obrera Departamental (COD, de Santa Cruz), acéfala desde el retiro de Ga-briel Helbing, hoy político de Podemos. Rápidamente, el gobierno del Estado calificó de “huestes de racistas y fas-cistas a quienes golpearon compañeros solos por ser collas”. El di-rigente de la Federación Universitaria Local (FUL), Ró-ger Martínez, defendió la toma, diciendo: “Quiero aclarar que no somos grupos de choque, como nos califica el gobierno. Si luchamos es porque nos indigna ver que la sede de los trabajado-res esté convertida en una agencia de empleos del MAS” (LTC 4/7).

En el Oriente del país, actualmente, se oponen al plan de redistribución masiva de tierras que propone el primer mandatario. El gobierno anunció que en los cin-co años de gestión de Morales, se redistribuirán entre campesinos pobres hasta 20 millones de hectáreas de tierras fiscales, un quinto del territorio nacional. La ma-yoría de estas tierras se hallan en el oriente del país, donde ocho de las nueve federaciones empresarias cali-fican la acción como “una aventura ideológica que viene de afuera y está llevando a Bolivia a su aislamiento internacional, distanciando al país de mercados externos”; y también como“acciones desmesuradas y confusas en materia de distribución de tierras que pueden generar enfrentamientos fratricidas entre boli-vianos” (LN 3/6).

Esta distribución de tierras fiscales y latifundios se enmarca en la política de reversión al Estado de este factor fundamental de la producción. También la recu-peración de las empresas capitalizadas en los ’90, la tele-fónica Entel, la ferroviaria Enfe, La Empresa Nacional de Electricidad y Lloyd Aéreo boliviano. El Ministro de Planificación Económica, Carlos Villegas, enfatizó la necesidad de un Estado promotor del desarrollo de una economía estatal, privada y comunitaria. “El país necesita recuperar una visión de mediano y largo plazo y ésta es la meta del plan ‘Bolivia digna, soberana, democrática y productiva, para vivir bien’. Necesitamos desmontar el colonialismo de 500 años y el neoliberalismo que se impregnó en estas dos últimas décadas en Bolivia” (P12 17/6). La cara social-productiva del plan prevé la creación de 90.000 nuevos empleos al año, la alfabetización de 1,23 millones de bolivianos, el acceso al agua potable de 3,9 millones, junto con la conexión

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eléctrica de más de 600.000 viviendas en el campo y la ciudad y el gas domiciliario para 160.000 hogares. De esta forma, se busca garantizar a las mayorías excluidas el acceso a la ciudadanía. Para que este cambio sea po-sible, el primer Mandatario espera de los electos Consti-tuyentes que sean “soldados de una revolución en democracia”(LTC 20/7).

Elecciones México: entre fraude y recuento Finalmente, se realizaron las elecciones en México el pasado 2 de julio. Luego de una semana de incertidumbre, Felipe Calderón, del actual partido gobernante (partido de Acción Nacional -PAN-) se alzó con la victoria por un margen de apenas 0,53% de los votos emitidos.

Con 130.000 mesas habilitadas, Calderón obtuvo el 35,88% de los votos, contra el 35,31% del candidato del partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador. Sobre un total de 41 millones de votos emitidos (el 59% sobre un total de 71 millones de electores), la diferencia fue de 260.000 votos, es de-cir, 2 votos promedio en cada mesa electoral sacó el PAN sobre el PRD. El histórico PRI (Partido de la Re-volución Institucional) quedó en el tercer lugar, muy le-jos, con el 21%

Tal como sucedió en varias elecciones pasadas –siendo la má emblemáticas la de 1988 cuando Salinas de Gortari del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de un masivo fraude, derrotó a Cárdenas (PRD)–, las denuncias de fraude estuvieron a la orden del día. Al cierre de este análisis, López Obrador anunciaba un “plantón” en el Zócalo (la plaza histórica de México), buscando el recuento voto por voto (“casilla por casi-lla”).

Las denuncias de fraude se sostienen a partir de que hay irregularidades en un tercio de las 130.000 mesas habilitadas. Se calcula que 3 millones de votos están sin contabilizar.

La Cámara de Diputados tendrá la siguiente distribu-ción, a partir de los datos del IFE: 206 diputados para el PAN; 160 para la coalición Por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia); 121 para la Alianza por México (PRI-PVEM); 9 para Nueva Alianza (Panal) y 4 para Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC) (8/7 El universal).

La estrategia de los seguidores del PRD y de sus diri-gentes fue acompañar el proceso de denuncias con ma-sivas movilizaciones que oscilaron entre 300.000 y

1.200.000 personas, como en la manifestación realizada el 17 de julio. De esta forma, Obrador, sentenció: “Va-mos a iniciar, para defender la democracia, la resistencia civil pa-cífica” (C 17/7).

El 29 de julio, las bases y dirigentes del PRD, con López Obrador a la cabeza, iniciaron un campamento en la plaza principal de México, intentando presionar políticamente al Tribunal electoral y agregando más tensión política a la precaria situación. Obrador se diri-gió así ante una plaza repleta: “Estamos todos unidos, de-mostrando en los hechos que queremos un país justo, libre, demo-crático, plural y diverso. Estamos aquí porque queremos una nueva economía, una nueva forma de hacer política, una nueva convivencia social, más humana y más igualitaria. Estamos aquí porque queremos una Patria diferente, una Patria nueva. (...) Se está jugando el destino de nuestro pueblo. No sólo está en cuestión la Presidencia de la República, sino el derecho de los ciudadanos a elegir libre y democráticamente a sus gobernantes. En estos días se está decidiendo si en México instauramos en definitiva una demo-cracia verdadera o si se impone un régimen de simulación demo-crática, donde al final de cuentas, los privilegiados de siempre van a seguir decidiendo sobre el destino de toda la Nación (El Universal de México 30/7).

Sobre el actual presidente de México, Vicente Fox, lo acusó de “ser el guardián del sufragio efectivo, se convirtió en un traidor a la democracia” (EU 30/7).

Para culminar diciendo que “si se cierran los cauces demo-cráticos, sólo quedan el sometimiento o la violencia. Por eso, es que tenemos que defender la democracia y hacerla valer. Por eso estamos aquí, para manifestar nuestro rechazo al fraude electoral que pretende falsificar el resultado de la voluntad ciudadana ex-presada el dos de julio en las urnas (...) Porque no pudieron ga-narnos con votos, y por eso se niegan a abrir los paquetes electora-les y hacer de nuevo el recuento voto por voto y casilla por casilla”(EU 30/7).

El Tribunal Electoral tiene tiempo hasta el 6 de sep-tiembre para dictaminar el triunfador de estas eleccio-nes, que –más allá de quién sea– tendrá que hacerse car-go de un país polarizado y sin contar con un apoyo masivo de la población, ya que, si se contabilizan las abstenciones, el porcentaje de votos sobre el total del electorado descendería del 35% a un escaso 20%. Su-mado a esto, el nuevo Presidente tampoco contará con los escaños necesarios –tanto en diputados como en senadores– para impulsar los proyectos que los diferen-tes intereses en pugna intentan imponer.

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Argentina El mes pasado la dirección de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) organizó, presionada por sus bases, la realización de un lock out. Durante cuatro jornadas, los propietarios de la tierra y los arrendatarios no vendieron ganado. El “paro” contó con el apoyo de la Sociedad Rural (SRA), quien en su acto anual más importante, ante la ausencia absoluta de funcionarios del gobierno, criticó duramente la política oficial. Poco más tarde, la entidad que agrupa a los pequeños propietarios, Federación Agraria Argentina (FAA), rompió lanzas con el gobierno y movilizó en el “interior” a los productores en dos jornadas de protesta (“tractorazo”).

Frente a esto, y sin ingenuidades, diversas expresiones del capital financiero con negocios en el país hicieron público su aval a la política económica general del go-bierno de Kirchner. Dicho respaldo no estuvo exento de críticas puntuales pero significativamente marcó el territorio del “modelo” económico defendible, de cara a la conformación de un frente político opositor para las elecciones nacionales próximas.

Con el corte de ruta como consolidado como forma de protesta social, analizaremos la postura oficial frente a las medidas adoptadas por la comunidad de Gualeguay-chú, por un lado, y las reacciones consecuentes, por el otro.

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Se profundiza la oposición del campo: Lock out de CRA, 120ª Exposición Rural de SRA, y “tractorazo” de FAA

El preludio del lock out agropecuario (I). Las definiciones En el mes de junio, un comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advertía que “si no se eliminan las retenciones y las restricciones a las exportaciones agropecuarias y otras medidas que afectan al desarrollo del sector rural, se van a intensificar las medidas de fuerza que podrían derivar en un paro nacional de productores” (C 8/6). En ese momento, el consejo directivo de CRA resolvía suspender el lock out que buena parte de los propietarios y arrendatarios del campo exigían, manteniendo sin embargo en condición latente la realización del mismo.

Un mes después, en un artículo publicado en el su-plemento Rural de Clarín, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, pasaba en limpio las medidas del gobierno que los propietarios y arrenda-tarios del campo rechazan de plano, además de indicar el “qué hacer” en lo que a producción y comercializa-ción agropecuaria respecta. Veamos por partes los ar-gumentos centrales esgrimidos por el dirigente rural.

Miguens partía de la siguiente tesis: “La ganadería ar-gentina en los últimos meses ha entrado en una crisis para la que aún no se vislumbra una salida certera. Este agravamiento reciente es consecuencia de una serie de decisiones equivocadas que, desde fin del año pasado, se han tomado respecto de la cadena de ganados y carnes”.

A partir de allí establecía claramente las erradas de-cisiones del gobierno: “Entre las medidas que más han afectado la oferta de hacienda y alterado el normal desempeño de la demanda interna y externa de carne bovina se destacan • el aumento del peso mínimo de faena

• la eliminación de los reintegros y el incremento de las reten-ciones

• la implementación del Registro de Operaciones de Exporta-ciones (ROE)

• la prohibición de las exportaciones

• la fijación de precios acordados

• la creación de la figura de un fideicomiso para precios mayo-res a los acordados

• la cuotificación de las ventas externas “De este modo, eslabones enteros de la cadena cárnica, sobre todo aquellos ligados a la exportación, han perdido importantes divisas por operaciones caídas, mientras que los productores ganaderos, por su parte, vieron reducidos fuertemente sus ingresos por la baja artificial de los precios de la hacienda en pie en general.”

Más adelante, el titular de la SRA amenazaba indi-rectamente previendo la profundización de la crisis: “Laincertidumbre generada a partir de esa batería de malas decisiones generó que los productores hayan reducido las inversiones previstas en infraestructura, alimentación y sanidad, lo que podrá redun-dar, paradójicamente, en una menor oferta de hacienda en el me-diano y largo plazo, lo que volverá a impulsar los precios al al-za”.

El artículo cerraba con una exigencia de cambios pa-ra el corto y el largo plazo: “La discusión de un programa es-tratégico para la cadena cárnica por parte de todos los actores de esta agroindustria es fundamental. Pero debe tenerse en claro que no existe proyecto sustentable sin exportaciones. Sólo una aper-tura total de los mercados externos generará las condiciones pa-ra que la oferta de hacienda aumente lo suficiente para mantener abastecidos los mercados interno y externo en el largo plazo” (C 1/7).

Así, tras la acumulación de reclamos incumplidos por el gobierno y de críticas abiertas, la CRA convocaba el día 12 de julio a la realización de un “paro” de propieta-rios y arrendatarios agropecuarios consistente en “no comprar ni vender” productos como hacienda, granos e in-sumos durante cuatro días.

Inmediatamente se sumó a la acción el Frente Agro-pecuario Nacional (FAN), ante la duda de las otras en-tidades del campo (SRA, Coninagro y FAA).

En un primer momento, la Sociedad Rural (SRA) dio cuenta de su oposición al “paro” aunque sin mitigar los ataques a la política oficial. En un comunicado definió: “priorizamos el diálogo, a pesar de que las señales que se esperan del Gobierno están demorándose y el daño ya está hecho” (LN 13/7). Desde su “tribuna” predilecta, La Nación, el li-neamiento histórico de la Sociedad Rural se amplificaba:

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“En principio ninguna medida de fuerza es buena. No será la excepción el paro convocado por Confederaciones Rurales Argen-tinas (CRA) (...). Pero si puede resultar criticable la actitud de los dirigentes ruralistas, no menos cuestionable es la nula flexibili-dad de las autoridades nacionales” (LN 15/7). La apuesta evidente del editor de La Nación y de la SRA no era otra que “el diálogo y la flexibilidad de ambos lados”.

Sin embargo, a pocos días de la realización del lock outagropecuario, el presidente y el vice de la entidad más tradicional del campo, sin adherir institucionalmente al mismo, llamaron a sus integrantes a no realizar activida-des. Mediante la utilización de eufemismos tanto Hugo Biolcati como Luciano Miguens reconocían que “acon-sejamos a nuestros asociados a no comercializar productos du-rante la protesta ¿eso es adherir o no?” (Biolcati); “sugeri-mos a los productores respetar una medida que atiende a una necesidad del sector; la Rural no ha sido proclive a este tipo de protestas, pero la decisión ya fue tomada por otra entidad y tene-mos los mismos reclamos” (Miguens) (LN 20/6).

Desde Coninagro, entidad que reúne a las más pode-rosas cooperativas que controlan el grueso de la comer-cialización de los productos agropecuarios, Daniel Assef no tardaría en decir que “aunque entendemos las preocupacio-nes de los productores, creemos que no era el momento para hacer un paro” (C 24/7).

Por otro lado, la Federación Agraria (FAA), que inte-gra a los pequeños propietarios y arrendatarios, recha-zaba en la voz de su titular, Eduardo Buzzi, el llamado de CRA aduciendo que “un paro es una medida demasiado extrema. CRA no nos ha sumado a acciones conjuntas y sabrán ellos qué tienen que hacer, pero hay que pensar seriamente y discu-tir si es sólo por un tema ganadero o por cambios en la política que implica un cambio de la renta agraria” (LN 13/7). Vere-mos más adelante el cambio en la posición de FAA en lo que al despliegue de acciones de protesta respecta. Por ahora advirtamos que Buzzi instalaba en la “mesa pública” de debate la necesidad de transformaciones capaces de garantizar la reproducción de los pequeños productores frente a el avance de los grandes propieta-rios y de los capitales más concentrados que invierten en el campo.

El preludio del lock out agropecuario (II). La

situación de la industria láctea y el redoble de la apuesta Durante el contexto previo a la realización del “paro”, el gobierno de Kirchner decidió prorrogar por 60 días las retenciones aplicadas a los productos lácteos, manteniendo además las tasas con su último aumento, decretado en julio de 2005.

De esta manera, en una reunión de la Mesa Nacional de Productores de Leche, las cámaras provinciales de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, junto a la Asociación de Productores de Leche, decidieron ple-garse al “paro” convocado por CRA. En relación con la prorroga del impuesto a la exportación, Julio Aimar, di-rigente de la Cámara de Productores de Leche de

Bs.As., sostuvo que “es una medida anticampo. Es algo pési-mo, con resultados malos para los productores” (LN 21/7).

Al mismo tiempo, y envalentonado con las adhesio-nes inesperadas, el presidente de CRA, Mario Llambías, desafiaba al gobierno redoblando la apuesta del lock out en marcha: “Si tenemos que alargar los paros, lo vamos a hacer. Queremos que nos respeten” (LN 23/7).

La realización del paro y las movilizaciones. El plan ganadero del gobierno Fue el lunes 24 cuando los efectos de lock outagropecuario se hicieron evidentes: los productores ingresaron al mercado de Liniers sólo 174 animales. De todas maneras el recinto contaba con más de 10.000 cabezas para garantizar el consumo doméstico, gracias a una argucia del gobierno… con “apoyo” de los frigoríficos y supermercados. El día previo al inicio del “paro” (viernes 21) tanto los frigoríficos como los supermercadistas, a instancias del gobierno, se retiraron del mercado dejando así un stock más que suficiente para satisfacer la demanda interna posterior.

Esta maniobra de los frigoríficos y otros intermedia-rios hizo manifiesta la disputa que traban con los pro-pietarios y arrendatarios agrícola ganaderos. El caballito de batalla de la burguesía rural en su conjunto gira a partir de la siguiente idea: el gobierno le ha bajado el precio al ganado que se le paga al “productor” pero po-co ha disminuido el precio final de los productos cárni-cos (que paga el consumidor). La ecuación, así presen-tada indica que son los intermediarios quienes se están quedando con una porción mayor de la ganancia media.

Este fue el sentido de las declaraciones de Luciano Miguens y de Mario Llambías. El primero afirmó que “si bajó la carne hasta más del 30% al productor y sólo 5% en las carnicerías ¿quién fue el ganador? ¿Ganó el país acaso?” (LN 30/7); el segundo denunció que la argucia consumada junto al gobierno por los frigoríficos “deja en evidencia quiénes son los que realmente pueden manejar los precios de la carne” (LN 24/7).

Volviendo a la situación de lock out, además de no comprar ni vender hacienda, insumos, etc., las regiona-les y locales de CRA organizaron cuarenta focos de movilización y protesta, hallándose los principales en Entre Ríos, San Luis (donde se realizaron cortes de ru-ta), Buenos Aires y Córdoba (Río Cuarto). En este últi-mo lugar, el presidente de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), que también conforma la CRA, Ricardo Osella, dijo en una asamblea: “Estamos hartos de ser los que subsidiamos a esa sarta de vagos que vive en la Capi-tal, porque ellos tienen los mayores índices de pobreza y de cliente-lismo político; ellos crean y mantienen a los marginados, para des-pués tenerlos como clientes; el campo no quiere subsidiar más con las retenciones que nos imponen el clientelismo político” (C 25/7).

Ese mismo lunes 24 el gobierno nacional anuncia el lanzamiento de un plan ganadero: “Más Carne”. El mismo dispone, fundamentalmente, el incentivo a la

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producción ganadera mediante la entrega de créditos a los ganaderos por 857 millones de pesos en cuatro años.

Tras el Plan oficial (I). La decepción de los “grandes” contra la pesada mano del Estado Hecho el anuncio oficial del Plan “Más Carne”; las entidades que nuclean a los grandes arrendatarios y propietarios de tierra (SRA y CRA) y a los también poderosos comercializadores (Coninagro) aceptaron con los brazos abiertos la financiación estatal pero sin dejar de reclamar una política oficial que les garantice mejores condiciones de reproducción. Desde CRA,Llambías sostenía que al Plan “le falta mucho. Además hacen falta políticas en todos los órdenes: en granos, lácteos, carnes. No es la acutal una política planificada para el crecimiento” (C 26/7).

También Pedro Apaolaza, presidente de Carbap (or-ganización integrada a CRA y que representa a 30.000 propietarios y arrendatarios del campo de Buenos Aires y La Pampa), afirmó muy duramente que “es toda la pro-ducción la que está siendo agredida. Parecería que se la han to-mado simplemente como un sistema extractivo. Se está expro-piando la rentabilidad” (LN 3/8).

Una vez más el editorial de La Nación, tribuna de la línea política histórica de la SRA, tras reconocer los puntos positivos del Plan, criticaba en un estilo no poco panfletario: “No existen hoy las condiciones para imaginar un aumento de la producción de carnes. Está aún fresca la tinta de las resoluciones que prohibieron las exportaciones de carnes y su posterior cuotificación, aún vigente, junto con lo referido a la auto-rización de las ventas externas, por medio de un registro con capa-cidad para denegarlas. La animosidad contra el campo quedó plasmada en otro hecho como respuesta oficial al paro: la prórroga por 60 días de la vigencia de las retenciones de exportación de productos lácteos, cuya rebaja se debía firmar ese mismo día.

El plan ganadero podrá tener éxito si se restablece el diálogo en procura de una gestión que libere los mercados y propicie una verdadera inversión. El campo no necesita que le den una mano, requiere en cambio que le saquen de encima la pesada mano del Estado” (LN 29/7).

Finalmente, y como expresión de la creciente distan-cia entre el gobierno y las entidades agropecuarias, por primera vez en la historia ningún funcionario de go-bierno asistió a la inauguración de la Exposición Rural, organizada anualmente por la SRA. Allí, los dirigentes de la corporación anfitriona, la CRA y Coninagro se mostraron unidos en sus demandas.

Tras el Plan oficial (II). La protesta de los “chicos”. La FAA rompe lanzas con el gobierno El último día del mes de julio, la Federación Agraria Argentina protagonizó una serie de protestas a lo largo del país. Tal vez, la forma más llamativa la haya tomado el tractorazo realizado en Santa Fe, en donde unos 500 chacareros exigieron la reestructuración de sus deudas con la banca pública.

En ese contexto de movilización opositora, el titular de la FAA, Eduardo Buzzi, ponía en “blanco sobre ne-gro” la posición de la entidad: “hay casi diez mil pequeños y

medianos productores en nuestro país que están sufriendo las con-secuencias de un modelo que imperó durante la década pasada, que son justamente los que no se llevan el grueso de la renta agro-pecuaria. Para todos ellos exigimos una respuesta del Gobierno”(C 1/8).

“Cuando se habla del campo argentino hay que diferenciar a la fracción minoritaria, que ayer estaba de fiesta en Palermo, de los miles que no se llevan el grueso de la renta agropecuaria, como los casi 10.000 pequeños y medianos productores que padecen la enorme concentración del sector y siguen sin solucionar sus deudas con la banca pública. El presidente Kirchner anunció hace dos años un programa para solucionar este tema, pero las líneas in-termedias de su gobierno no supieron llevarlo adelante. Hoy son miles los productores bajo la presión de dos grandes corporaciones que los persiguen con intereses usurarios: los abogados y los geren-tes de los bancos” (LN 31/7).

Llama la atención el cambio abrupto en la relación de Buzzi con el gobierno de Kirchner. Hasta el momento, la FAA había mantenido una posición de acercamiento a las políticas económicas oficiales, incluso fue la única que firmó (tras la negativa del resto de las entidades agorpecuarias) un acuerdo por el control del precio de las carnes en el mercado doméstico.

Es claro que, tras la devaluación, el avance de la con-centración de la propiedad de la tierra, por un lado, y de los beneficios por parte del capital financiero que, sien-do o no propietario de la tierra, hace muy gruesos nego-cios con la explotación de los productos agropecuarios, por el otro, liquida a la capa de pequeños arrendatarios y dueños.

De allí la exigencia de un cambio estructural en el es-quema de la distribución. El propio Buzzi proponía en respuesta del Plan oficial ganadero “poner la plata de las retenciones a la exportación de carnes, de 400 a 500 millones de pesos por año en un fideicomiso de desarrollo ganadero, al que pueda ir un productor de 50 vacas para comprarse 50 más. Por-que si van al Banco Nación, hay muchos que no son sujetos de crédito y otros que tienen que hipotecar un campo de 300.000 a 400.000 dólares para sacar 50.000 pesos. Un disparate. El cré-dito no funciona” (P12 30/7).

Así, la propia lógica de acumulación del capital y su expresión particular en el campo argentino hace inevi-table el enfrentamiento con los desauciados pequeños productores.

En este sentido, la presión de las bases sobre la dirección nacional de la FAA, que se inició varios meses atrás, tomó un nuevo color cuando, todavía antes de la reali-zación del lock out convocado por CRA, la filial Córdoba de la FAA marcó muy duramente los límites a la con-ducción nacional de la entidad. “Luego de meses de diálogo y propuestas elevadas por Federación Agraria al Poder Ejecutivo, y ante la falta de respuestas de éste sobre temas cruciales como car-nes y arrendamiento, entre otros, la entidad federada debe forma-lizar una postura crítica, con firmeza, hacia la política del presi-dente Kirchner”, expresó la regional cordobesa en un comunicado público. El llamado a la dirección nacional era claro: había que “endurecer la postura” frente al gobier-no de Kirchner (LN 17/7).

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El aval de una fracción de la burguesía local a la política económica oficial

Respaldo a la política económica general del gobierno y cuestionamientos particulares Frente a las acciones de protesta de los grandes y pequeños propietarios y arrendatarios del campo recién mencionadas, y en el marco de la formación de espacios políticos opositores, el más sonado de ellos encabezado por el ex ministro Roberto Lavagna, diversas expresiones del capital en el país hicieron público su apoyo a la política oficial del gobierno de Néstor Kirchner.

Así, desde la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (Acde), su presidente, Santiago del Sel (titular también de la multinacional aseguradora Zurich), sostu-vo: “Debemos reconocer las acciones que se realizaron y que tení-an el sentido de poner en marcha la economía, de volver a poner en un contexto internacional adverso a la Argentina por el default y la violación de contratos. El Gobierno está llevando adelante polí-ticas que permiten paliar la difícil situación social que genera el desempleo, la violencia, la marginación y la pobreza. Rescatamos también que la salud fiscal del país ha mejorado sensiblemente.

Por primera vez un gobierno dice: se acabó la fiesta de tirar la casa por la ventana, ahora seremos pobres o seremos ricos pero se-remos disciplinados. Y en los últimos tiempos el Gobierno ha puesto sobre la mesa, para que podamos debatir, muchos temas que hacen a la columna vertebral de una nación, como es el caso de la ley de educación” (LN 16/7).

Algo similar aconteció en el Precoloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). En otros tiempos hipercrítico de las políticas económi-cas de Kirchner, dicho espacio –que convoca a las prin-cipales figuras de la burguesía local– mostró esta vez una cara más amistosa. Fue el presidente de la siderúrgi-ca Impsa, Enrique Pescarmona, quien en la apertura di-jo: “Este Gobierno respeta las leyes del capitalismo. La economía marcha muy bien y lo mejor que tiene Kirchner es que sabe hacer los números” (P12 19/7). En relación con los aumentos salariales, Pescarmona defendió: “le sacan competitividad a las empresas [pero permiten] aumentar el consumo, lo que ayu-da a eliminar la pobreza” (LN 19/7).

En dicho mitin, el vicepresidente de la alimenticia Molinos Río de la Plata, Juan Manuel Forn, aceptó que “hay algunas retenciones que llegaron para quedarse. Pero lo im-portante es que la ecuación de la rentabilidad se mantenga, para lo cual deben mirarse los números de cada productor afectado por este impuesto bajo la presunción de que las retenciones están para quedarse” (LN 19/7).

Otra manifestación del aval a la política oficial desde las expresiones del capital en el país, se hizo evidente en la disputa entre los gobiernos argentino y chileno por el precio de exportación del gas local. El respaldo a la de-cisión oficial de aumentar el precio del gas que se vende al país transandino (luego de la suba de la tarifa del gas boliviano) llegó desde la Unión Industrial Argentina (UIA). En palabras del titular de la entidad, Héctor Méndez: “La UIA entiende que satisfacer el reclamo chileno de

no modificar los valores fijados con anterioridad al acuerdo podría tener como consecuencia un posible encarecimiento injustificado en el mercado local. La UIA respalda la determinación del gobierno nacional de hacer todos los esfuerzos necesarios para mantener el precio del gas en el mercado interno, pese al incremento del costo de ese fluido proveniente de Bolivia”

De idéntico modo se expresó Aldo Roggio, vicepre-sidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y de la Cámara Argentina de la Construcción diciendo que “La medida adoptada por el Gobierno se hace necesaria pa-ra que no se produzcan desequilibrios en el mercado interno tras el incremento del precio del gas proveniente de Bolivia”. El ya cita-do Pescarmona (Impsa e IDEA) agregó en el mismo sentido: “no podemos seguir subsidiando a economías que están mejor que la nuestra. Hemos subsidiado a los chilenos por mucho tiempo con el gas, y ahora hay que cobrarles la diferencia”.

También desde la Cámara de Empresarios Argentinos de la Energía se comunicó que “La Argentina ratificó su voluntad y mejores esfuerzos para sostener la integración energética regional, que hoy se ve amenazada por las fuertes variaciones de los precios relativos”; mientras que en una declaración pú-blica pudo leerse que la Cámara Argentina del GNC“apoya la gestión del presidente Kirchner y del ministro De Vido en la compensación de la actualización del precio del gas importa-do de Bolivia” (todos en LN 29/7).

En la edición anterior del Análisis... (N°73) habíamos citado los términos en que Franco Macri (titular del gru-po SOCMA) llamaba a apoyar la política oficial: “Yo siempre creí en la necesidad de estructurar un país para los argen-tinos; realmente debo decir que por primera vez me ha llegado ese concepto con fuerza y con sinceridad de nuestro Presidente (...).Hoy la solución es la que nos está brindando el presidente Kirch-ner y ojalá todos nos encolumnáramos para que todo fuera más rápido” (C 30/5). Es muy significativo el caso de Franco Macri quien ha orientado sus negocios al mercado y los capitales chinos. Muestras de este vinculo son su desig-nación por el gobierno de China como Consejero Se-nior de Inversiones para Latinoamérica, la gestión de vínculos económicos con los capitales del país asiático desde hace dos décadas, y la sociedad, finalmente, con los chinos en la producción de un automóvil para el Mercosur y en la explotación del ferrocarril Belgrano Cargas. Este último proyecto se vincula con el interés chino de desarrollar infraestructura para canalizar pro-ductos primarios hacia los puertos de ese país.

Sin embargo, si una parte de la personificación del capital financiero en el país alentó y respaldó el deno-minado “modelo” económico general, simultáneamente desde ese mismo sector se cuestionaron determinadas políticas de gobierno. Por ejemplo, el cierre de los cana-les de comunicación y reclamo directos que las expre-siones del capital suelen tener con la Casa Rosada –situación que ha sido denunciada por aquellos como “falta de diálogo” por parte del gobierno– fue esta vez criticado por Del Sel (titular de Acde), quien llamó a la conducción empresarial a “tomar postura (...) superando te-mores y ciertos prejuicios y comodidades, el empresariado hoy está eludiendo su responsabilidad social en estos tiempos. Al faltar un

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espacio y ambiente de diálogo, algunos colegas empresarios toma-ron la actitud razonable de no opinar. Hay muchos que actúan de buena fe haciendo planteos pero al ver la reacción que provocan sus palabras han tomado una actitud bastante humana y se lla-man a silencio” (LN 16/7). También se reprochó la falta de políticas a favor de la industrialización de productos básicos. En ese sentido fueron las palabras de Forn, de Molinos Río de la Plata en el precoloquio de IDEA, ci-tado más arriba: “Argentina es competitiva en materias primas básicas, pero no así en lo industrial. Es necesario agregar valor al commodity para tener mejores perspectivas” (LN 19/7).

El aumento del salario mínimo y la irresoluble desigualdad Cerrando el mes de julio, el Consejo del Salario, formado por las direcciones de las corporaciones del capital y de los sindicatos de trabajadores, y que cuenta con la mediación del gobierno del Estado (particularmente del Ministerio de Trabajo), acordó aumentar el salario mínimo. De 630 pesos mensuales pasará en agosto a 760 pesos, subirá a 780 en octubre, para finalmente quedarse en 800 pesos mensuales a partir de noviembre. De todas maneras, el aumento del mínimo escalonado a 800 pesos no se dio de manera tan simple ni fácil.

En defensa de un aumento de los ingresos mínimos el editorial del diario Clarín supo representar los inter-eses de aquellos capitales que realizan sus mercancías en el mercado interno, haciendo énfasis en que la existen-cia de bajos ingresos “tiene consecuencias para la economía, porque debilitan la demanda interna y en consecuencia la posibili-dad de las empresas y las personas que trabajan para el mercado doméstico. Cabe recordar que, si bien las exportaciones crecieron en los últimos años por encima de la producción total, son en la actualidad la cuarta parte del PBI, aportando la demanda inter-na las tres cuartas partes restantes” (C 17/7).

Pocos días después la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) junto al ministro de Traba-jo, Carlos Tomada, tras reunirse con el presidente Kirchner, anunciaban la convocatoria oficial al Consejo del Salario Mínimo. Allí, el propio Tomada afirmó que “la política de promoción del salario mínimo es central para el Gobierno, porque tiene que ver con el poder adquisitivo y la redistribución del ingreso” (LN 20/7).

Inmediatamente hecho el llamado oficial, desde la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja se encargó de poner los límites a la proyección del aumen-to salarial. Por un lado, rechazó todo mecanismo que aplique subas generales y no diferenciadas (por empresa y/o región), diciendo que “el poder adquisitivo del salario y los ingresos son diferentes según las regiones (...) no podemos seguir fijando el salario mínimo desde Buenos Aires y aplicarlo a todo el país”. Por otro lado, el abogado de la UIA advertía muy especialmente sobre el peligro de afectar con la suba del salario mínimo a los recientes acuerdos cerrados en los meses pretéritos con el grueso de los gremios más po-derosos, que promediaron un aumento general del 19%, ni fomentar en los casos aún no acordados aumentos superiores a dicha tasa: “hay que ser prudentes, moderados y

razonables (…) no puede actuar de disparador de los convenios que fueron cerrados ni impulsar negociaciones en marcos diferentes respecto de los convenios pendientes que deben seguir la misma ló-gica que los que se negociaron desde marzo en adelante” (C 25/7).

El mismo día, el representante de la Central de Traba-jadores Argentinos (CTA) en el Consejo del Salario, Pe-dro Wasiejko, proponía que el mínimo alcanzara los 857 pesos (valor de la canasta básica de pobreza) y que se comenzara a discutir “el valor de referencia para el salario mí-nimo en la canasta familiar completa del INDEC que, ajustada a valores actuales, suma 2.205 pesos” (C 25/7).

Cerca de la fecha propuesta para firmar o no un acuerdo, y como en toda negociación, las partes exten-dieron los límites posibles de su propuesta. Mientras los dirigentes de la CGT y CTA proponían una suba inme-diata por 850 pesos, las expresiones burguesas sugerían una suba escalonada hasta 750 pesos y que incluyera bonos o vales intercambiables por mercadería.

El resultado de la disputa, comentado más arriba, sin-tetizó en una salida intermedia ambas propuestas. Ca-bría agregar que en el propio Consejo votaron en contra de la suba, por motivos distintos, los pequeños capitalis-tas de Federación Agraria (FAA) y Apyme (que agrupan a los pequeños propietarios y arrendatarios del campo y a las pequeñas empresas y negocios, respectivamente) y la CTA. Desde esta última, Wasiejko agregaba a su ais-lada proposición que “aumente el valor de los planes sociales y se universalicen las asignaciones familiares” (C 26/7).

Por otro lado, pocos días antes del despliegue formal de la discusión por el salario mínimo, el diario La Na-ción denunció fuertemente la política de reformar las leyes laborales actuales, hijas de la avanzada flexibilizadorade los noventa que en los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa supo destruir las conquistas histó-ricas del movimiento obrero en la Argentina. Así, el edi-torialista volvía a la carga una vez más: “Una de las princi-pales reformas en marcha se deriva de la aprobación de un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que esta-blece la virtual prohibición del despido sin causa, aun cuando se paguen las indemnizaciones de ley más los incrementos que aún es-tán vigentes. La equivocada reforma en marcha implica la instau-ración de una forma de estabilidad general en el empleo que la le-gislación anterior no admitía sino en casos específicos como los del empleo público.

“A la misma estrecha visión del problema apunta la supresión de los límites indemnizatorios propiciada por otros proyectos legis-lativos. Debe verse con preocupación este tipo de propuestas que corre serio peligro de convertirse en freno y retraso al imprescindible crecimiento económico. La posible desaceleración del ritmo de recu-peración de la actividad económica debido a la insuficiencia de in-versión hará más evidente la necesidad de un marco laboral ade-cuado para generar empleo” (LN 14/7).

Más allá de las resistencias del capital a las posibles reformas laborales, es cierto que en los últimos cuatro años se ha producido un reacomodamiento salarial, lue-go del abandono de la convertibilidad. Ampliación de la masa salarial (mediante la creación de empleo), realiza-

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ción de convenciones colectivas de trabajo, elevación del mínimo tanto para el salario como para la jubilación, entregas de dinero “no remunerativas”, fueron las di-versas formas que tomó la distribución de la riqueza hacia los trabajadores. Las centrales sindicales y algunas expresiones del capital han actuado en este sentido expresando los intereses de los trabajadores organizados y de los capitalistas que requieren de la reactivación del mercado interno para realizar sus negocios.

Pero, de todas maneras, hemos visto en ediciones an-teriores que el reparto de la riqueza es cada vez más desigual. Así, afirmábamos que en el país se ha conso-lidado un esquema de distribución cada vez más desigual a nivel social (véase Análisis... n° 68). Y, al mismo tiempo, este esquema se consolida, reproduce su lógica de desigualdad y marginación en el inter-ior de la clase trabajadora.

¿Por qué decimos esto? Básicamente porque todos los aumentos salariales (remunerativos y no remunerati-vos) se aplican a los trabajadores ocupados asalariados en blanco. De esta manera quedan fuera, primero, los traba-jadores desocupados que perciben o no un subsidio del Estado. A este primer coto se suma otro: los trabajado-res que no perciben un salario formal, sino variadas formas del salario que no están reconocidas como tal por la ley (se trata de los denominados con la discutible categoría de “cuentapropistas”). El tercer “círculo” de marginación afecta a los trabajadores asalariados pero que no se hayan registrados como tales (trabajo en ne-gro).

Por lo tanto, en lo que va desde 2002 hasta aquí poco menos del 20% de los trabajadores han sido beneficia-dos con mejoras en sus ingresos. El resto de las catego-rías (más del 80% de los trabajadores) ha visto caer su salario real de manera vertiginosa dado el acelerado pro-ceso inflacionario, contenido por el gobierno mediante la aplicación de “controles de precios”.

Podemos tomar como ejemplo de la profundización de la lógica de desigualdad y marginación las diferencias existentes entre los trabajadores “en blanco” y “en ne-gro”.

Ante todo debemos recordar que los trabajadores que se encuentran sin registrar (“en negro”) no sólo no go-zan de las subas salariales sino que, además, son exclui-dos de beneficios sociales básicos como la jubilación, el sistema de salud, el seguro por accidente de trabajo, el cobro de indemnización, etc. En la Argentina, esta cate-goría de trabajadores suman 4,6 millones de personas.

Ahora bien, mientras el promedio del salario mensual de los asalariados en blanco es de 1182 pesos mensuales (con enormes niveles de diversidad interna), el de los trabajadores en negro es de 437 pesos, es decir un 37% del sueldo de los registrados. Este último dato es muy significativo si observamos el crecimiento progre-sivo de la desigualdad entre los dos “grupos” de traba-jadores (registrados y no registrados). Según la consul-tora privada Equis, en 1992 un asalariado en negro ganaba el 72% de uno en blanco, en 1995 un 55%, en 2001 un 48%, en 2002 un 41% y en los últimos tres años la relación se ubica por debajo del 40%.

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Como señalábamos en la introducción de la sección Argentina, dedicaremos el espacio del análisis de la coyuntura política nacional a describir el posicionamiento del gobierno nacional ante el corte de rutas en Entre Ríos, y la consecuente catarata de reacciones opositoras.

Cortes de ruta en Entre Ríos: denuncia y respuesta El mes pasado, el gobierno uruguayo presentó una denuncia ante el MERCOSUR por las pérdidas económicas causadas por los cortes de rutas realizados en la primera mitad de este año en Entre Ríos, en rechazo a la instalación de dos industrias papeleras en el margen oriental del río Uruguay.

En la dicha denuncia, el gobierno oriental acusa a la Argentina de violar el tratado de Asunción, el cual ga-rantiza, entre otras cosas, la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos. Además, se acusa al gobierno argentino de no haber hecho nada para impe-dir los mencionados cortes.

La respuesta del gobierno argentino llegó el día 26 de julio, y señalaba, entre otras cosas, lo siguiente: “Los compromisos asumidos por la Argentina en el contexto en que se desarrolla esta controversia no pueden ser objeto de una interpreta-ción extensiva que suponga reprimir el ejercicio de un derecho

humano (…). Las manifestaciones en las rutas, efectuadas en forma intermitente entre el 6 de enero y el 2 de mayo de 2006, constituyen una muestra de la libre expresión de parte de la po-blación en defensa de un derecho que consideran legítimo” (LN 27/7). Asimismo, el documento señala que “la libertad de expresión ejercida por los ciudadanos argentinos, constituye una derecho humano fundamental que goza de jerarquía constitucio-nal”. Más aún, advierte que “no cabe invocar legítimamente una restricción a la libertad de expresión en desmedro de otro dere-cho que está legalmente protegido pero que no reviste esa calidad de derecho humano fundamental” (P12 27/7).

La reacción Ante esto, diversas fueron las opiniones políticas, jurídicas y periodísticas que salieron a cuestionar el argumento oficial.

En primer término, en su primera página el diario La Nación incluyó una columna de opinión de Joaquín Morales Solá, quien señala: “Si ya era malo que los asamble-ístas de Gualeguaychú manejaran la política exterior del país, mucho peor es que el Gobierno haya sentado el precedente, explici-tado en un documento oficial, de que los cortes de rutas son hechos legales y legítimos en la Argentina. Es una deformación de la ley y de su espíritu, que podría tener vastas consecuencias, internas y externas” (LN 28/7).

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El mismo diario publicó una serie de opiniones con-trarias al argumento oficial de destacados juristas. En una de ellas, el constitucionalista y presidente de la Aca-demia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Grego-rio Badeni, expresa: “Ejercer la libertad de expresión y simul-táneamente incurrir en un acto ilícito doloso para restringir arbitrariamente el derecho al tránsito que asiste a las restantes personas no es un acto de libertad, sino de libertinaje. Podemos ejercer la libertad de expresión a través de un medio de prensa y con la conformidad de su titular, pero no lo podemos hacer lícita-mente apropiándonos del medio. Podemos ejercer la libertad de expresión en una manifestación pública, pero no podemos acentuar la intensidad de esa expresión golpeando o matando a una perso-na si no fuimos agredidos por ella (…). Con semejante criterio, estaremos avalando las manifestaciones que, ejerciendo la libertad de expresión en reclamo de una vivienda digna, se complementen con la usurpación de viviendas ajenas, así como también todo tipo de libertad de expresión que se traduzca en hechos delictivos. La libertad de expresión sería absoluta y elemento legítimo para de-linquir, lo cual es absurdo porque se estará institucionalizando la ilicitud” (LN 28/7).

Dos días más tarde, Clarín y La Nación coincidían en sus temas editoriales, abordando el problema jurídico de la “superposición de derechos”. En el caso de Clarín, el mensaje quedaba en manos de su principal analista polí-tico, Eduardo van der Kooy: “Justificar los cortes como una muestra de libertad de expresión o un derecho humano sería apro-piado quizá para un mitín universitario pero no para sustentar un criterio en el derecho internacional. El respeto al libre tránsito es una de las cláusulas elementales para cualquier asociación entre naciones. También para el MERCOSUR. Habrá que reconocer-le al Gobierno, al menos, que su postura errática fue coherente con el modo en que durante estos años manejó aquí el dilema piquete-ro” (C 30/7). Por su parte, La Nación editorializaba de la siguiente manera: “Nadie puede dudar de que la libertad de expresión es un derecho fundamental. Pero sostener que toda ac-ción humana debe ser tolerada o aceptada en la medida en que conlleva la expresión de una idea o de un pensamiento constituye un exceso, inconciliable con el pleno funcionamiento de un Estado de Derecho. Un razonamiento de ese tipo llevaría a justificar cualquier conducta, incluso la que exhibiera un carácter definida-mente delictivo o antisocial” (LN 30/7).

Ese mismo día, en el diario de los Mitre se redundó en el tema la pluma de Mariano Grondona, quien pro-fundizó en el análisis, extremando el argumento al “mostrar” el peligro que corre, con esta jurisprudencia, el derecho de propiedad: “Es verdad que la libertad de ex-presión es un derecho constitucional eminente, porque sin ella no habría democracia. Lo que no es verdad es que cortar deliberada-mente un puente, una calle o una ruta sea parte de la libertad de expresión (…). El derecho de expresarse públicamente mediante palabras es eminente en cuanto a que sin él no habría democracia, pero no incluye las acciones compulsivas contra terceros porque, si éste fuera el caso, no estaría protegida sólo la libertad de expresión

escrita u oral, sino también la ´expresión corporal´ en cualquiera de sus formas: por ejemplo, usurpar viviendas, edificios públicos o calles en nombre de alguna reivindicación. Aceptar esta irrazona-ble extensión de la libertad de expresión a los más diversos ámbi-tos implicaría otorgar a todos el derecho de atacar a todos, y ésta es la definición de la misma anarquía (…). Aprobar sin restric-ciones la acción directa sobre puentes, calles y edificios equivale a consagrar el falso principio del libertinaje (…). En vez de pro-clamar con arrogancia el derecho de apretar a los transeúntes de los puentes en nombre del sofisma de la libertad de expresión, la Cancillería pudo haberle pedido a Uruguay que también com-prendiera, aún sin aprobarlos, los excesos en los puentes. Así habría abierto el diálogo necesario entre los dos gobiernos riopla-tenses (…). Para adoptar esta actitud conciliadora, sin embargo, el Gobierno debería dejar en el camino la ideología supuestamente revolucionaria de los años setenta, que todavía lo acompaña” (LN 30/7).

Análisis, omisión y posible interpretación públicaOrdenemos los cuestionamientos según su aparición. En primer lugar, se cuestiona la legalidad de los cortes de ruta. En el segundo argumento se expresa que aun concediendo que el corte fue hecho en ejercicio de la libertad de expresión, es decir, de un derecho, el ejercicio del mismo no puede sobreponerse a otro derecho. En el tercer y cuarto argumento, el derecho a la libre circulación queda por encima incluso de la libertad de expresión. Finalmente, en el quinto argumento, se profundiza aún más en el análisis llegando al meollo de la cuestión: si se extrema el argumento oficial, pierde su absoluta garantía la propiedad privada.

Vemos así todos los costados por dónde fue atacada, al menos públicamente, la postura oficial: se puso en cuestión la relación entre corte y libertad de expresión, y la superposición de derechos. Sin embargo, debemos señalar un elemento que no fue hasta aquí tenido en cuenta en dichos análisis. Según ya leímos, el cuestiona-do documento dice: “Las manifestaciones en las rutas (…) constituyen una muestra de la libre expresión de parte de la po-blación en defensa de un derecho que consideran legíti-mo” (LN 27/7). Por lo tanto, este argumento está cues-tionando quién es el responsable de decidir cuándo un derecho es legítimo, poniendo el protagonismo en quien pretende ejercer ese derecho. Veamos las consecuen-cias. Los asambleístas y vecinos de Gualeguaychú plan-tean junto a sus reclamos, que debería ser la comunidad quien decida dónde y cuándo se radica una industria, y no el capital inversor por el simple hecho de ser propie-tario. Por lo tanto, si ellos consideran que ese poder de decisión es su derecho legítimo, el argumento ofi-cial los habilita a ejercerlo.