Comunidades libresAnotaciones de trabajo de campo

en Las Verapaces

Introducción

Por Marta GutiérrezAntropóloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Colaboradora del Equipo de El Observador.

La vigencia de la realidad hace conveniente poner a disposición del público datos, observaciones y

experiencias recopiladas entre los años 2002 y 2006. Hacer trabajo de campo es un proceso formativo, es algo que se aprende, se disfruta, te asombra, te cuestiona, ya que ayuda a acercarse a mundos desconocidos, a contrastar. Pero no es lo mismo el trabajo de campo que escribir, al menos esa ha sido mi experiencia. Quizás, por eso ahora, tras casi una década, se presenta en esta edición del boletín ENFOQUE, Análisis de Situación, un resumen analítico de la vivencia de caminar las tierras ocupadas, escuchar a las personas, observar las dimensiones del latifundio y la cronología

de los levantamientos en el campo y lo que le siguió: los desalojos, cuyo principal medio en 2004 fue el incendio, destruyendo lo que no debía quemarse.

Los levantamientos campesinos en forma de ocupaciones que conocimos son accio-nes racionales, nada desesperadas; supo-ne saber el estatuto jurídico de la tierras, rememorar el pasado, dignificar el traba-jo cultivando para sí mismos, disputarle el control al administrador en el caso de los latifundistas absentistas, devolver el nombre a las tierras si fuera necesario, de-jar de trabajar para el “patrón” y formar nuevas comunidades o “comunidades li-bres”. Todo aquello supone un cambio de

Análisis de situación Año 7, No. 37, 25 de agosto de 2015

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mentalidad, casi un cambio cultural. Segu-ramente durará años y hasta generaciones penetrar y cambiar el alma jornalera del que vive al día y del colono sigiloso, preca-vido, que muestra una preocupación espe-cial por saber hasta dónde puede llegar, re-

trocede y regresa aparentemente al mismo lugar. Quizá ese sea el origen de aquellos que provienen del campo, y que no nacie-ron propietarios ni guardan la ilusión de la herencia.

¿Tezulutlán y Verapaz?

¿Cómo se nombra aquel territorio?, quizás como ninguno otro, cuestiona los medios de conquista y colonización. Antiguamente, antes que la corona española, a través de su gobernador interino Alonso de Maldonado, firmara en 1537 un contrato con Fray Bar-tolomé de las Casas con fines de control y administración del territorio por parte de los misioneros. Aquella región era conocida con el nombre de Tezulutlán, cuyo significado es “tierra de guerra”, la cual abarcó hasta 1877 el norte de la hoy conocida Guatemala, in-cluyendo el departamento de Baja Verapaz, Petén, parte de Izabal y el territorio de Belice y parte de Yucatán, hoy México. Algunos contemporáneos han dicho que se conoció con aquel nombre debido a que los españoles no habían podido conquistar este territorio por las balas sino con las armas de la religión. Remesal (1892) explicó que Tezulutlán era la forma en que los españoles se referían a todas las otras provincias que no reconocían el dominio español, y…

…no porque sus moradores fueran excelentes guerreros.

Entendido así, zonas aledañas y emparentadas con los q’eqchi’, como los lacandones, los choles, los mopanes y los itzás, tardaron en admitir el poderío español.

Fue Fray Bartolomé de las Casas el que la llamó Verapaz, que algunos han interpretado en su forma castellanizada como la “verdadera paz”, asociada a los logros económicos de las haciendas de los misioneros, las cofradías religiosas y la bonanza de los caciques y principales de los pueblos. Mientras que los maceguales se veían forzados a trabajar gra-tuitamente para los religiosos, diezmar a la iglesia, tributar a la corona y, ante todo, pro-ducir lo necesario para sobrevivir. La debilidad del régimen llevó a los mismos misione-ros a propugnar por el empleo de medios violentos en el proceso de reducción española, y a la población indígena a huir de sus nuevas comunidades. A ello se debió que los nuevos poblados establecidos en las tierras bajas tuvieran una corta existencia y desaparecieron casi totalmente a lo largo del siglo XVII.

Territorios como estos, configurados históricamente por la “sucesión de empresas pacífi-cas y de intervenciones militares”, y con la contaminación de las segundas en las prime-ras, dificultan el esfuerzo racionalizador por distinguir entre el repertorio propiamente de la guerra –uso de las armas, ocupar y administrar por la fuerza el territorio, asesinar

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a un cacique, robar a una mujer, quemar o destruir alimentos o masacrar poblaciones–. y el de la paz –la conversión, la persuasión, la mimetización o la inversión–. Ahora me doy cuenta que la mimetización y la inversión, asociadas a formas del olvido, en realidad requieren de una voluntad de paz. El eterno retorno, quizás sea la figura clásica y radical del olvido, capaz de anular o suspender el tiempo histórico y dar lugar a la mitología.

Tenacidad y renuncia

Era el segundo desalojo en el último año. Un grupo de campesinos de la costa sur se tras-ladó a vivir durante unos días a la plaza central, frente al Palacio de gobierno. El propósi-to: agilizar la adjudicación de tierras a los campesinos. Después de siete días lograron que la institucionalidad pública agilizará la entrega de dos fincas: El Maguey y San Basilio. Mientras tanto, ahí llegó la noticia de otro desalojo de familias q’eqchi’es. Se pronostica-ba el uso excesivo de la fuerza. Se sabía que los agentes gubernamentales se desplazarían desde San Julián por la cuenca del río Polochic, hasta antes de la entrada al municipio de La Tinta, en la finca La Moca y Las Cabañas.

Foto: Ocupación Bella Vista, dentro de la finca Guaxac-Coyocté, municipio de Tucurú, Alta Verapaz, 2003.

En la plaza central alguien preguntó: ¿Quiénes estaban disponibles para viajar esa no-che, junto a dos periodistas? Nos apuntamos dos y salimos alrededor de la 10:00 de la noche. Llegamos al lugar cuando empezaba a clarear. Unas horas antes que llegaran los camiones con unos cien efectivos del Ejército y unas 15 radio patrullas con igual número de policías.

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Para verificar las normas debidas para desalojarse presentaron dos de-legados de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Cobán, y para cerciorarse que éste tendría lugar definitivamente, vestida con pan-talón de lona, botas, sombrero y una pistola al cinto, se hizo presente la Fiscal distrital. El Ministerio Público es el ente encargado de solicitar los desalojos. Se sumó con simpatía el representante de los propietarios, un hombre fornido, estatura media, con botas, pantalón y camisa de lona celeste, y con ojos grandes intensamente celestes que se ocultaban algu-nas veces tras el sombrero. Formaba parte del paisaje una cuadrilla de hombres vestidos de corinto y gris que laboraban para la empresa priva-da de seguridad contratada por los latifundistas.

A la orilla del camino, la comitiva oficial era esperada por unos 15 hom-bres desarrapados, todos q’eqchi’. La escena en sí misma hacía inevitable el diálogo. Los campesinos en castellano propusieron que éste tuviera lugar cerca del casco de la finca, así se podría verificar de una vez las acusaciones sobre supuestos robos. Los soldados se quedaron y guardaron la seguridad perimetral, el Jefe de policía seleccionó a sus elemen-tos, que lo acompañarían junto a la fiscal hasta el lugar previsto en dos radio patrullas. El representante de los propietarios y sus acompañantes se trasladaron en otro picop –en el que se especulaba llevaba armas debajo de la lona–. Nosotros junto a los periodistas y los delegados de la Procuraduría lo hicimos en otro vehículo. Trascurrieron casi dos horas en un camino de terracería que gradualmente se volvía empinado hasta alcanzar el casco de la finca. Tierra fría, abundante agua, encontrándonos, ya para entonces, en el municipio de Senahú. La finca atraviesa el río Polochic, donde existe una autopista de aterrizaje y se extiende a las zonas altas de Senahú. Uno de los latifundios más grandes de la región, de unas 85 caballerías de tierra propiedad de los hermanos de ascendencia alemana William y Howard Hempstead Smith.

Ahí estaba el casco de la finca cuya infraestructura data de la época de los alemanes. Todo, la entrada a la casa patronal, el lugar de la maquinaria, un vehículo, se encontra-ban enrejados, con cadenas y candados. Muestra de que los campesinos no habrían podi-do robar de lo que se les acusaba, insistían las mujeres. Había unas 75 mujeres entre los niños. Cuatro de ellas presidieron la conversación con la Fiscal que exigía el abandono de las tierras. Las mujeres con la fuerza y ternura del idioma q’eqchi’ rememoraban la vida y el trabajo de sus padres y abuelos en aquellas tierras, y anunciaban en forma de pregunta sobre el porvenir de sus hijos que estaban observando el evento. La fiscal aplicaba la ley. Las exigencias del medio hicieron que el q’eqchi’ fuera el idioma de la comunicación. El traductor, un delegado de la Procuraduría, y el que nos traducía a nosotros era otro dele-gado de la misma institución. Al cabo de más de una hora terminó la conversación y los campesinos aceptaron abandonar las tierras.

Arriba de la casa patronal seguía la montaña. De una vereda apareció otro grupo de q’eqchi’es mucho más numeroso, quizás eran unas 200 personas. Hombres y mujeres ca-minaban levantando sobre palos rústicos banderas color blanco. Inmediatamente recor-dé los relatos de la rendición de los kakchikeles en 1982 en Chimaltenango. La bandera blanca era la seña que los portadores venían en son de paz del lado del gobierno.

La finca atraviesa el río Polochic, donde existe una autopista de aterrizaje y se extiende a las zonas altas de Senahú. Uno de los latifundios más gran-des de la región, de unas 85 caballerías de tierra propiedad de los herma-nos de ascendencia ale-mana William y Howard Hempstead Smith.

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El desalojo fue efectivo y casi un centenar de familias abandonaron las tierras, mientras que algunas se dispersaron por todo el valle, posando y pidiendo trabajo, como lo había hecho después de otros desalojos. Los más jóvenes se marcharon a la ciudad a trabajar de guardias de seguridad de empresas privadas, las mujeres de trabajadoras de casa parti-cular o en las tortillerías. Nos consta que el patrimonio de aquellas familias cabía en dos costales: en uno la indumentaria de toda la familia, y en el otro, los utensilios básicos de cocina, entre ellos, un bote de lata para cocer maíz, una olla para los escasos alimentos, una piedra de moler, pocillos y platos de peltre. Lo observamos ese día y después cuando visitamos el albergue para desalojados en Panzós.

Sucedió el 1 de febrero de 2006. ¿Qué pasó después?

Las familias q’eqchi’es se quedaron viviendo en las orillas del camino con la esperanza de una respuesta estatal. Al cabo de más de un año, la institucionalidad pública habilitó un albergue en Panzós. También habilitaron otro albergue en Senahú y otro en la zona militar de Cobán para tratar con los desalojados. Pasó otro año, cuando los trabajadores agrícolas de La Moca, recibieron con apoyo de las agrupaciones campesinas y del gobier-no, un pedazo de tierra, pero en otras tierras que no eran las mismas que trabajaban.

I. Latifundios Dieseldorff Sucs.

1. Al Este y Noreste de San Pedro Car-chá, formaron Seacte’ y después Se-col, la cual se convirtió en el núcleo alrededor de la cual se construyó más tarde Chiacal, Chamcarel, Sa-cchicagua (1890), Chajcar, Secac y Ulpán (1893). Años después ad-quirió Santa Cecilia y Secha’ib, y también formó otras fincas con la adquisición de los lotes de los indí-genas como Raxpec, Chiquixjí, Ra-xajá y Pocolá.

2. En Cobán y sus alrededores, en tor-no a la finca Santa Margarita como centro administrativo, formaron la finca Chichaic, Chichochoc, tam-bién con los llamados “lotes indí-genas”. En Santa Margarita abrie-ron una pequeña tienda en donde vendía las fabricaciones de Chicho-choc, lugar donde se fabricaban ar-tículos baratos de hilo para los indí-genas, con el propósito de utilizar el algodón que extraía de la finca Las Amazonas situada abajo del río Po-lochic.

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3. A lo largo del río Cancuén, en las tie-rras bajas al norte de Cobán, con doce “lotes indígenas” entre 1901-1931, for-maron Cubilgüitz y con veintitrés lo-tes indígenas adquiridos entre 1903 y 1923 formaron San Diego Yalpemech. En Yalpemech producía maíz y frijol, que posteriormente vendía en una tienda que tenía en el lugar de la cual obtenía una renta considerable de-bido a la existencia de compañías de talas de árboles que operaban en la zona. Mientras que en Cubilgüitz in-trodujeron la producción de especies -canela, pimiento, cardamomo, nuez moscada, vainilla y pimienta negra- a pequeña escala.

4. A lo largo del Valle del Polochic, formaron las fincas El Salto, Paijá, Panzal y Las Amazonas -las cuales sirvieron para almacenar grandes cantidades de café procesado debido a su ubicación estratégica entre Pan-cajché (Papalhá- y el puerto fluvial de Panzós, vía obligada en ese tiempo para exportar café a Europa vía Pan-zós - Livingstón – Puerto Barrios. El pasto de la finca Paijá proporcionaba alimentación para los animales de carga, de donde también extrajeron grandes cantidades de madera para el funcionamiento de máquinas y la construcción de carretas de trans-porte de tracción (Náñez, 1986).

La disputa

Las familias desalojadas de La Moca fue uno de los casi 60 desalojos realizados en el año 2004 (Ver Anexo 2). Aunque al principio las interpretaciones ordinarias asociaban los levantamientos campesinos casi exclusivamente con la llamada “crisis cafetalera” debido a la estrepitosa baja de los precios de éste en el mercado internacional. La señal fue que los plantadores reconocidos abandonaron los cafetales. Desde mediados del siglo XIX, en aquella región se desarrolló una especie de “enclave” de inmigrantes alemanes que recibieron prebendas del Estado liberal guatemalteco y fueron exentos de obligaciones fiscales, lo que facilitó acceder a tierras y construir los nuevos latifundios cafetaleros, importando la tecnología para la producción, estableciendo formas de financiamiento y comercialización del grano hacia el mercado internacional, construcción de la infraes-tructura ferrocarrilera de transporte hacia Europa por el Atlántico –sin necesidad de de-pender diplomáticamente de la ciudad de Guatemala, ya que existía un consulado alemán con sede en Cobán–

Los nuevos latifundistas también siguieron una lógica de control territorial. Adquirir más tierras era sinónimo de acceder al patrimonio natural y a la población nativa residente. Una monografía de la empresa Dieseldorff muestra los procedimientos empleados por los plantadores para construir un “complejo plantacionario integrado verticalmente”, que permitiera la producción de café, una cantidad estable y segura de trabajadores, tie-rra para la producción de alimentos, granjas para la crianza de animales usados como principal medio de transporte hasta poner el producto en los barcos, consolidar su posi-ción financiera sobre las bases de la producción y exportación de café, expandir sus acti-

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vidades de compra del grano a pequeños productores1 y su procesamiento comercial, di-versificar la empresa a través del cultivo y mercado de otros productos agrícolas como las especies –se sembró canela, pimientos y se intentó cultivar cardamomo, nuez moscada, vainilla y pimienta negra–, y por medio del establecimiento de un comercio concerniente a la importación y venta al por menor de alimentos, vestuario y herramientas de trabajo.

Estos propósitos, por supuesto, se encontraban vinculados a los “patrones en el sistema de adquisición de tierra”, que según la monografía citada, consistió en concentrar las tierras productivas para el café en pocas áreas –este y noreste del municipio de San Pe-dro Carcha, alrededor de Cobán y San Miguel Tucurú, y a lo largo del Río Cancuén–, y garantizar al mismo tiempo propiedades dispersas a lo largo de un vasto territorio con propósitos específicos (Ver Anexo 3).

La concentración de la tierra les permitió a las empresas crear unidades administrativas, construir caminos que eran aprovechados por un conjunto de fincas cercanas unas de otras, y lo más importante: se garantizaba el control y encerramiento de los indígenas como principal fuerza de trabajo.

1. Ya fueran los productores indígenas, extranjeros o ladinos que no contaban con la maquinaria y los lazos con los importadores. Por lo regular las tierras indígenas estaban sobre una altitud de cerca de cuatrocientos pies, y el café que se producía allí era de gran calidad. Dieseldorff establecía tiendas o negocios en pequeños lotes, los cuales había comprado o rentado, casi siempre estaban situados sobre los caminos y carreteras de a pie, lugares donde casi siempre las comunidades indígenas lejanas a los centros de comercio, dejaban su café a precios por debajo de los lugares donde había más compradores de café. Dieseldorff dominaba la compra de café en las tierras cercanas a sus propiedades y evitaba la entrada de competidores.

II. Proyectos económicos en Las Verapaces

a) El ingenio SER Chabil Utzaj, pro-piedad en un principio de la familia Widmann Luna/ Widmann Lagar-de, y después del año 2011, en socie-dad con el grupo corporativo nica-ragüense Pellas, compró y arrendó tierras para la producción de caña de azúcar entre los municipios de La Tinta – Panzós y El Estor. Los ob-jetivos consistían en abarcar 8000 Has. (178 caballerías).

Anteriormente era un área con ri-queza natural y buena parte de las tierras se usaban para la peque-ña, mediana y gran producción de granos básicos como maíz, frijol y

arroz; también se cultivaba carda-momo, cacao y chile.

b) Construcción de cinco hidroeléctri-cas: Secacao, Candelaria, Santa Te-resa, Secanal II, y Chulac.

Proyectados otros proyectos hi-droeléctricos: Champey, Samastún, Chilascó, Guaxpón, El Sauce, Boca Nueva, Tinajas, Quebrada Sequib y Río Polochic.

En la mayoría de las fincas anterior-mente se producía café.

c) Extensión del cultivo de palma afri-

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Se instituyó una especie de segregación laboral. Se distinguían dos clases de trabajadores. El colono que se encargaba del mantenimiento y reproducción del cafetal, y el trabajador temporal necesario en la época de cosecha del grano. El otro tipo eran los trabajadores especializados encargados de la administración, las labores contables, las operaciones, el mantenimiento de la maquinaria y el equipo, importado directamente de Europa. Los primeros quedaban excluidos del conocimiento administrativo y el manejo de las máqui-nas, y los segundos podían iniciar su propio proyecto económico productivo.

Hacía 1879, los colonizadores alemanes ya concentraban tres cuartas partes del comer-cio regional y en sus manos se encontraban tres cuartas partes de la extensión total del departamento.

En todo el país formaron 172 latifundios equivalentes a 260,000 hectáreas de terreno (3,546 caballerías), de las cuales en las Verapaces se encontraba el 59%.

Inició a debilitarse el poder alemán cuando a raíz de los resultados de la segunda Guerra Mundial, el Presidente Jorge Ubico y su sucesor, Federico Ponce Vaides, siguiendo la política de los Aliados, intervino los bienes alemanes –fincas, inmuebles, bonos, parti-cipaciones, acciones y derechos reales–. De las 65 fincas afectadas en toda Guatemala, en la Alta Verapaz fueron intervenidas 26 fincas con sus respectivos anexos en las que residían 35 mil colonos.

La pérdida de influencia alemana más bien fue relativa, ya que las fincas que les fueron expropiadas, Ponce Vaides las declaró tierras nacionales, y éstas constitucionalmente no podían ser ni vendidas ni regaladas. Como diría el presidente Árbenz: “Esa previsión

cana en las tierras bajas de El Estor, y en la región norteña por la FTN: Fray Bartolomé de las Casas y Ra-xuhá, hasta la frontera mexicana del Ixcán. Los grupos empresaria-les que concurren en los negocios: AGROAMÉRICA, de la familia Bo-laños Valle, y NATURACEITES -an-tes INDESA-, de la familia Maegli-Müeller.

c) La antigua compañía de níquel Ex-mibal, en los años de la década 1990, amplió las formas de operar y de di-versificar la actividad minera. El Mi-

nisterio de Energía y Minas (MEM) otorgó en el área más de 17 licencias de exploración y explotación de ní-quel a las mineras CGN y Mayaní-quel, y al menos otras dos licencias se encontraban bajo estudio. Otra minera canadiense que opera en el país bajo el nombre de Nichromet Guatemala, cuenta con tres licencias otorgadas y cuatro solicitadas para explorar níquel, aunque en total po-see o está por adquirir 24 licencias en todo el país (Solano, 2007 y 2011; Alonso et al 2008).

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constitucional (1945), por cierto fue elaborada tomando en cuenta los intereses alemanes”, ya que preveían que al cese de las hostilidades de la segunda Guerra Mundial, ellos pudieran recuperar esas tierras. No conozco ningún estudio que documenté qué empresarios de ascendencia alemana recuperaron las tierras expropiadas antes y durante el reparto agrario de 1952.

De las que se hicieron efectivas, se beneficiaron oficiales del Ejército, la élite ladina regional y las comunidades indígenas. En el caso de las co-munidades indígenas, el gobierno nombró a un administrador que en la mayoría de casos manejo las fincas en la forma de negocio y lucro perso-nal, hasta la creación de las cooperativas a fines de 1960.

Inició la emergencia del poder económico de los militares que procedie-ron a formar sus latifundios, ante todo en la Franja Transversal del Norte

(FTN), a tal grado que para 1983 se estimaba que el 60% de Alta Verapaz era propiedad de militares, mientras que el 97% de las pequeñas propiedades agrícolas se apretujaban en el 25% de la tierra cultivable.

Entonces, era real que la baja de los precios del café en el año 2000 fue un elemento estructural del problema, ya que tocaba el entramado social que se constituyó durante más de un siglo a través de la servidumbre (institución), la finca (unidad económica) y los intermediarios con el Estado liberal –los finqueros, los latifundistas de ascendencia europea, la élite ladina, los militares, y más recientemente, los cooperativistas y las agru-paciones campesinas–.

Otras evidencias contemporáneas fueron mostrando que no se trataba únicamente de una crisis más debido a la baja de los precios de uno de los principales productos de ex-portación.

Actividades económicas asociadas a las multinacionales y el empresariado nacional, en el rama de la minería, la producción energética –aprovechando las reservas de agua dulce y el patrimonio natural – y la ampliación de la producción azucarera y de palma africana con el potencial de mediano plazo de cumplir algún papel en la rama de los agro com-bustibles, configuraba un cambio de época que con fines de eficiencia y competitividad ponía en marcha, otra vez, la abolición de los resabios de la antigua forma de organizar el trabajo agrícola alrededor de la producción del café y los alimentos.

Levantamientos campesinos

Excepto por determinadas coyunturas políticas, su expresión ha sido heterogénea, frag-mentaria y esporádica. Imponer su presencia combativa ha sido un proceso sordo y di-fícil. En los años de la década 1950, el reparto agrario incentivó y dio lugar a los comités

Inició la emergencia del poder económico de los militares que procedie-ron a formar sus lati-fundios, ante todo en la Franja Transversal del Norte (FTN), a tal grado que para 1983 se estima-ba que el 60% de Alta Ve-rapaz era propiedad de militares, mientras que el 97% de las pequeñas propiedades agrícolas se apretujaban en el 25% de la tierra cultivable.

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agrarios. Se trataba de organizaciones de base reconocidas por el Estado que encabezaban los reclamos de tierras y servían de intermediarios ante las instituciones públicas vigentes. Sigue abierta la discusión si se trató de una reforma de orden burgués o una reforma de base campesina. Lo cierto es que en esa época se decretó la abolición de la servidumbre agra-ria, el trabajo gratuito y, en detrimento de la infraestructura privada, se incentivó la obra pública para alcanzar la ansiada liberación de los pe-queños caseríos anclados en los latifundios. El movimiento campesino adquirió una dimensión nacional en colaboración con los estudiantes, los maestros y los obreros.

Al cancelarse aquel proceso de reformas y modernización, el movimien-to campesino persistió pero debió esperar casi dos décadas para expresarse de una forma nueva. No se trataba exclusivamente de un movimiento liberal, aunque sí lo hubo. Las reivindicaciones relacionadas con la tierra, el reconocimiento del trabajo y otras preten-siones de poder como las reclamaciones culturales, transitó por la guerra de guerrillas. Los levantamientos campesinos con el respaldo de las armas contrarrestaba la ofensiva de los latifundistas, especialmente en regiones de agro-exportación como la frontera no-roccidental, la franja de la costa sur y el norte verapacense. Los levantamientos campesi-nos eran rebeldes al régimen político.

Quizás sí se admitiera el hecho que la intentona guatemalteca de los setenta se alimen-taba de aspiraciones agraristas, se pueda comprender por qué inmediatamente después de la tierra arrasada y las matanzas en distintas regiones de Guatemala -1981 y 1983-, resurgieran levantamientos esporádicos de reclamo de tierras como en la efervescente Costa Sur, capitalizados por el gobierno demócrata cristiano y el sacerdote Andrés Girón.

Los intermediarios, en Las Verapaces, fueron los agentes de pastoral, quienes calcularon que al menos 100 comunidades habían desaparecido en esos mismos años. Con el des-plazamiento masivo de trabajadores a raíz de las operaciones militares, los latifundistas continuaron más decididamente la sustitución formal del trabajador permanente –colo-no– por el trabajador temporal y los arrendatarios. Promovieron el arrendamiento y la venta de pequeños lotes a los antiguos mozos colonos, como hicieron más de una decena de comunidades asentadas en los latifundios Dieseldorff en el centro de la Alta Verapaz: Raxahá, Chiquixji, Raxpec, Chajcar, Seacte’, Pocolá, Esquipulas, Saquiquib, Ulpán. Al sur de las Verapaces, principalmente en Tucurú, los trabajadores agrícolas emplazaron a los patronos ante el Ministerio de Trabajo. Se trataba de incentivar el diálogo con los latifun-distas, que de otra forma no tendría lugar. Tierra a cambio de las prestaciones laborales. Las tierras concedidas en todos los casos no eran aptas para cultivar. No obstante, se formaron ocho nuevas comunidades que continuaban arrendando tierras para producir y acudían al trabajo a las plantaciones, que por supuesto no se disolvieron.

Junto a la experiencia que las comunidades habían acumulado en el campo organizativo y otras comunidades que presenciaron que era posible arrancar pequeños trozos de tie-rras a los latifundistas, empezó otro ciclo de levantamientos a principios del año 2,000.

Junto a la experiencia que las comunidades habían acumulado en el campo organizativo y otras co-munidades que presen-ciaron que era posible arrancar pequeños trozos de tierras a los latifundis-tas, empezó otro ciclo de levantamientos a princi-pios del año 2,000.

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De 96 ocupaciones de tierras reivindicadas en todo el país –según nuestro recuento que se puede subestimar–, 63 se encontraban en las Verapaces (Ver Anexo 1).Estos datos nos hacen recordar que las diferenciaciones regionales tienen relación con cómo las regiones se integran a las dinámicas nacionales y mundiales, pero también, considerar las diferen-cias de los tiempos y los grupos sociales que concurren a los levantamientos.

Mapa 1

Los ocupantes

El francés Julio Rossignon, cosechó y benefició café en su finca Las Victorias, había sido catedrático de ciencias naturales en su país de origen. Además de ocuparse y escribir de las condiciones biológicas de los cafetales de las Verapaces, realizó una interesante observación a fines del siglo XIX respecto a que los indígenas “invadían continuamente las tierras privadas”. Esta observación, siendo matizada y contextualizada, ha ocupado posteriormente el interés sobre el comportamiento q’eqchi’ y su relación con la tierra, y las políticas hegemónicas de despojo que pese a su continuidad, no doblegan el apego al trabajo agrícola y la vida rural. Las ocupaciones se pueden interpretar como un compor-tamiento históricamente constituido, resultado de las políticas agrarias pero también pre-senta rasgos nuevos con relación a la institucionalidad pública vigente y la forma actual de

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo.

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organización del trabajo por parte del latifundista. Los mozos colonos, los mozos colonos encubiertos, los campesinos sin tierra, los arrendatarios, los jornaleros y desplazados, son los protagonistas de esta pequeña pero intensa parte de la historia contemporánea.

Mozos colonos

Dentro de los colonos existe una fuerte preocupación de perder el estatus de trabajador permanente, porque en términos jurídicos significaría perder los derechos sobre la tierra y los derechos adquiridos por el trabajo. Se levantan al verse expuestos a la expulsión del latifundio. Ocupan una porción de tierra del latifundio. Reivindican derechos de trabaja-dores –salarios caídos, indemnización–. Tierra a cambio de prestaciones laborales (Ver Anexo 4).

Mozos colonos encubiertos

Hay un tipo de colonato que Guillermo Pedroni denominó mozo-colono encubierto. Son los que están en la periferia de los latifundios, zonas altas y menos productivas, que de-penden para su existencia de la venta de su fuerza de trabajo en los latifundios y o plan-taciones, recibiendo el pago casi siempre en especie –alimentos o arrendamiento–.

Para salir de sus comunidades y establecer actividades comerciales mínimas deberán utilizar los caminos privados de los latifundios. Comunidades como Tzuyul, Santo Do-mingo, Sesujquim, Sebaax, Sekib, Seqaquib, Setolox, Xaltzuul, Bella Vista, Esmeralda, si-tuadas adentro de la finca Guaxac y Coyocté –entre los municipios de Tucurú y San Juan Chamelco–, y que miden alrededor de 74 caballerías, propiedad de los hermanos Roger y Carlos Ardebol –de origen estadounidense–, son las que de mejor manera representan este tipo de situaciones. Por ejemplo, familias de Seqaquib y Bella Vista bajaron del lugar donde estaban asentadas y ocuparon una porción relativamente pequeña del latifundio, pero más apta para la agricultura. La respuesta de los latifundistas fue cerrarles el paso a los mercados locales y a la ruta comercial más cercana, paralela al río Polochic (Ver Anexo 5).

El objetivo consistía en lograr que los latifundistas les vendieran unos trozos de tierra productiva, en ausencia de medidas estatales. Los latifundistas, por su parte, preveían desarrollar otros proyectos como la hidroeléctrica La Esmeralda. Por lo regular, el lati-fundista prefiere compradores capitalizados más que pobres campesinos que dependen del subsidio del Estado o de organizaciones privadas.

Derechos de uso sobre las tierras

Los indígenas reivindican derechos de posesión histórica de la tierra. Durante generacio-nes han habitado los lugares donde viven en condiciones de subsistencia, frecuentemen-te vinculados como trabajadores de servicios en los centros urbanos como el barrio de La Cruz, municipio de Purulhá, y Secoyón, municipio de San Cristóbal Verapaz.

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Foto: Ocupación Bella Vista, dentro de la finca Guaxac-Coyocté, municipio de Tucurú, Alta Verapaz, 2003.

Los sin tierra: desplazados y arrendatarios

Son jóvenes indígenas que para sobrevivir son al mismo tiempo jornaleros y arrendata-rios de tierras, en las que producen principalmente maíz para el consumo. Provenientes de distintas regiones de Guatemala, hijos de antiguos parcelarios y sobrevivientes de la violencia. Con las ocupaciones, las familias sin tierras llaman la atención del gobierno para que impulse programas a su favor. Así están formados los asentamientos de ocu-pantes: Cuchilla de Nogal, Purulhá; Nuevas Las Pacayas, Chitocán, Imperio Maya, San José La Pasión, en el municipio de Cobán. La vía institucional y administrativa ofrece como única posibilidad la compra de la tierra por parte de los campesinos.

Vistas así, estamos ante un verdadero problema del agro guatemalteco. Contingentes de personas que para sobrevivir venden su fuerza de trabajo en la agricultura, los servicios, pero que a su vez para conseguir el mínimo alimentario vital recurren al arrendamiento para producir para el consumo.

Las ocupaciones de las que hablamos aquí pueden comprenderse como un arma concer-tadora de los débiles que busca sumar fuerza social con el propósito de generar presión para que el Estado realice programas, proyectos y adopte medidas a su beneficio. Así ha sido la experiencia más desarrollada de Brasil. El Movimiento Sin Tierras, sorteando la violencia, a lo largo de años ha conseguido la expropiación de tierras para los sin techo. Las expropiaciones se encuentran reconocidas en la constitución federal de Brasil. Han exigido educación de alta calidad para sus hijos. Una joven del MST contó que ella se benefició de una beca en la universidad donde estudiaban los hijos de la burguesía. Todo era tan pulcro ahí que los hijos del MST, un día de tantos llevaron tierra y la tiraron en los pisos y azulejos del centro de estudios.

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La experiencia de los levantamientos indígenas que hemos observado en Guatemala son, por ahora, espacios sociales y políticos que emergen de las relaciones sociales existentes en la vida cotidiana de los indígenas y de la comunidad y, por lo tanto, tienden a potenciar las capacidades internas de las comunidades –trabajo, organización, creatividad– y su fuerza está en la capacidad de desplegarse de adentro hacia fuera. En Alta Verapaz las ocupaciones de tierras son de 15 familias hasta más de 150. Todas las personas a quienes conocí y con quienes platicamos eran

indígenas. Su importancia no se puede explicar solamente por el número de familias y la cantidad de tierras que abarcaban con la producción, sino por su dimensión ética: liber-tad para trabajar, la dignidad de la persona y justicia para todos. Esas eran parte de las reivindicaciones.

Resistencia y memoria

Con las excepciones del caso, la crónica de las ocupaciones hace de éstas una forma de resistencia y en el contexto en que ocurrieron, se refiere a las reivindicaciones de los tra-bajadores del campo a la propiedad de la tierra, a los derechos adquiridos por el trabajo y a otras formas de poder como la identidad cultural, los derechos políticos y la formación de memorias colectivas. Estas reivindicaciones, aunque no se escuchen, son expresadas de forma clara y directa ante el gobierno central y sus representaciones locales, resultado de un medio que obstruye cualquier manifestación pública de actores tradicionalmente consideraros racial y culturalmente inferiores, por parte de aquellos que detentan el po-der hegemónico y dominante en Guatemala.

El trabajo de campo nos permitió observar la tendencia. A los ocupantes los une un pa-sado común de expropiaciones y sometimiento al trabajo forzado y semi gratuito. Pero ¿cuáles son los lugares que permiten la rememoración del pasado en el presente? Las ocupaciones como espacio organizativo están unidas por relaciones de familia y comu-nidad. La comunidad es una familia extendida que permite la elaboración del recuerdo asociado al dolor y al sufrimiento del trabajo dentro del latifundio.

“Ahí donde está el potrero, esas vacas, están nuestros antepasados”, nos dijo un hombre de la finca San Juan, Senahú. Era el lugar que usaban para enterrar a sus muertos, “un cementerio clandestino”, dirían después por no encontrarse debidamente registrado ante la municipalidad local.

“Este lugar ya lo pagamos con nuestro cuerpo, ustedes niños no lo saben, tampoco lo vi-vieron”, dijo un anciano en Raxk’ix, Tucurú.

“Es nuestro lugar, porque aquí crecimos, si nos vamos a otro lugar ya no nos van a recibir porque ya están ocupados”, dijo una mujer de la finca Santa Teresa, Tucurú.

El trabajo de campo nos permitió observar la ten-dencia. A los ocupantes los une un pasado común de expropiaciones y so-metimiento al trabajo for-zado y semi gratuito.

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“¡Por qué no dejan libertad a la gente para que trabaje! Ya que ellos no están trabajando las tierras”, dijo una mujer de Ulpán, San Pedro Carchá.

“Queremos quitarnos de encima las botas del patrón”, se escucha en distintas comunidades.

“Nos sentimos encorralados, puros animales, nos mantenemos encerrados con nuestros productos, nos miran como si no valemos nosotros, y nosotros trabajamos y por eso ellos tienen sus cosas. El finquero no quiere respetar la historia, nosotros la conocemos por-que aquí nacimos y aquí murieron nuestros abuelos. Ellos no conocen la historia porque son extranjeros. El problema es histórico, vinieron a sacarnos de nuestra tierra, a matar a nuestros abuelos, nos han visto como animales”, dijo un hombre de unos 40 años en Tzuyul, San Juan Chamelco. En el año 2,002 por cada quintal de producto que las fami-lias sacaron a vender hacía el mercado de Tucurú debían pagar Q.5.00 a la finca Guaxac y Coyocté.

Foto: Cataratas finca Guaxac, municipio de Tucurú, Alta Verapaz, 2003.

“No estaba el patrón, terminamos nuestras tareas (en Secol) y nos venimos (para Seac-te’). Primero esperamos un rato (al administrador y como) no llegaba, tampoco estaba el mayordomo, como nosotros estábamos aprendiendo a leer y escribir, nos atrevimos a escribir nuestros días en la planilla, lo hicimos porque nos urgía venirnos porque ya no teníamos comida, pero el patrón se enojó y dijo: los trabajadores nunca van a ensuciar mi libro, para él lo que hicimos fue ensuciar su libro; lo que ellos colocaron en mi libro fue las tripas del diablo, así fue como nos maltrató, no sólo fue eso sino mando a cap-turarnos por faltarle el respeto al libro” (subrayado nuestro), nos contó otro grupo de trabajadores en la finca Seacte´, San Pedro Carchá.

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“Rompimos las cadenas y botamos el portón”, nos dijeron en la finca Vinaroz, situada a 15 minutos a pie del pueblo de Tucurú. Ahí el finquero construyó un muro de concreto sobre el puente del río Polochic de unos seis metros de largo y tres de alto, y colocó un portón de metal. Eso limi-taba la movilidad de las comunidades que residían adentro del latifun-dio. Como parte de las protestas, en el 2,003 las comunidades destruye-ron ese portón que simbolizaba la autoridad y el poder.

“Todo este lugar tenía sólo casas de pajas, eran muy pocas las personas que vivían aquí, la mayor parte era bosque, aquí vivían los tigres y otros

animales salvajes. Ahora me faltan cuatro años para cumplir cien años y mis padres siem-pre trabajaron aquí. Aquí nacieron, crecieron y murieron, no llegaron de ningún otro lado. Yo tenía once años cuando empecé a trabajar en la finca. Aquí nací al igual que mis padres. Nos dolió pero teníamos que obedecer las órdenes –nos decían–: “Tiene que irse porque nosotros vamos a sembrar café aquí”. Lo que hicieron fue sembrar café en nues-tro lugar y nosotros lo que hicimos fue trasladarnos allá arriba, que es parte de la misma finca. Pero como no nos valoraban nos tenían de un lugar a otro. Ahora volví a regresar en mi lugar, ahora que lo ocupamos”, dijo un señor en Chajcar, San Pedro Carchá.

“Nuestros tatarabuelos allí vivieron durante un siglo. Cuando nosotros estamos viviendo allí en el año 79, 80, hasta allí hay conflicto por parte político, allí estuvo un enfrenta-miento. Allí fue que nosotros huimos un tiempo, cuando se terminó ese problema volvi-mos en ese mismo lugar, pero ya cambiamos el punto del lugar de la comunidad. En el año 1990, cuando fuimos despertados un poco, fuimos al catastro departamental cuando todavía existía el INTA. Nuestros abuelos dicen que es baldío, que no han visto ningún dueño. En el año 91 y 92 se apareció un señor que se llamaba Santos Manuel Ledesma Río2

y Eduardo Taracena diciendo que eran dueños. Según nuestros abuelos, hace años cuan-do nacieron ellos era baldío. Nosotros sentimos satisfecho porque era baldío pero cuando ya sentimos era privado. Ya no podemos hacer nada porque era privado”, nos dijo uno de los campesinos de Secoyou, San Cristóbal Verapaz.

Levantar la voz, hacer una reivindicación, ha supuesto rehacer la comunidad como el lu-gar donde se organiza la relación con el pasado -memoria-finca- y se construye el futuro –memoria comunidad-.

En este proceso el poder pastoral -sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas-, emplea-do como proceso de liberación, tuvo su papel. Marco Tulio, huehueteco, sacerdote en Tucurú, no solo impulsó el fortalecimiento del entramado comunal sino también el acer-camiento y la unificación de las agrupaciones campesinas en esa zona. Nos contó cómo se hacía el trabajo de memoria, que parece simple, pero es doloroso en la medida que rompe ataduras, desata nudos y abre el horizonte.

2. La finca aparece registrada con el número 1659, folio 18, libro 7, a nombre de Manuel Antonio Ledesma Díaz de Greñu, quien compró a Santos Manuel Leresma Río con la escritura No. 35, autorizada el 12 de diciembre del año 2,000 por Q.100,000.00. En septiembre de 2005, Manuel An-tonio, por el mismo valor la aportó como capital social para constituir la “Sociedad Secoyou, Sociedad Anónima”. La finca mide 86,695,074.9531 metros cuadrados, el equivalente a 192.66 caballerías, o sea, 8,669.51 hectáreas.

Levantar la voz, hacer una reivindicación, ha su-puesto rehacer la comuni-dad como el lugar donde se organiza la relación con el pasado -memoria-finca- y se construye el futuro –memoria comu-nidad-.

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La organización y formación iniciaba con que la gente contará sus historias. Recuerdo una cosa bonita que se hacía en las reuniones. Chelemá contaba su historia, qué fue lo que vivieron, qué fue lo que sufrieron, cómo llegaron a la situación en la que estaban, cómo perdieron su tierra, cómo pasaron de dueños a colonos, lo mismo hacía San Sebas-tián, San Antonio, Santa Teresa ¿Cómo hacer memoria? Por ejemplo, cuando una viejita de San Jorge hablaba, ella decía en una ocasión que en aquella época ese lugar tenía otro nombre, que se llamaba El Zapote, porque allí habían grandes árboles de zapote, ella con-taba que ese era un lugar donde se fabricaban sus tejidos, era una alegría porque ellas fabricaban sus güipiles, sus cortes, sus bolsas. De repente un día aparecieron unos hom-bres diciendo que la tierra era de ellos. Entonces, ella decía, que ese día se había acabado la alegría, porque ya no pudieron tejer, tuvieron que ir a sembrar café, a abonar café, a cortar el café. Les prohibieron seguir con sus tejidos. Cuando esos hombres aparecieron diciendo que esas tierras eran de ellos, era como que si ellas se hubieran muerto, llegó la tristeza, la pobreza, nosotros ya no podemos hacer nuestros güipiles, las mamás ya no pudieron enseñar a las hijas a hacer tejidos.

Nos preguntábamos ¿por qué el nombre de esos lugares? ¿por qué Cucanjá?¿por qué El Zapote? ¿por qué Sochelá? ¿por qué Buenos Aires? Recuperábamos los nombres anti-guos. La gente tenía en su memoria como se llamaba antes.

Esta vuelta al pasado y quizás a los orígenes, forma parte de un largo caminar de reapro-piación de la dignidad y del sentido de libertad para trabajar. Se trata de experiencias en comunidades a veces mutiladas, pero que persisten.

¡Hablar con el gobierno de turno!

Hasta ahora hemos mostrado las ocupaciones como un lugar de significación y construc-ción de la resistencia, pero existe su correlato: la interlocución con las instituciones públi-cas.Todas las comunidades informaron o reportaron sobre la ocupación a las entidades de gobierno, amparándose en el hecho que con anterioridad han gestionado su situación ante las entidades pertinentes, sin tener ninguna resolución efectiva (Inta-Fontierras, Contierra, Copredhe, MP, Gobernación, Conap, Inspección de trabajo, etcétera).3

Aunque el hecho de ocupar tierras es una práctica bastante común en la re-gión, y es admitida siempre que no se convierta en una reivindicación públi-ca. La vinculación entre las comunidades y las organizaciones campesinas su-pone la reivindicación política. El vínculo con las agrupaciones campesinas4

es pensada por las comunidades como una forma de adquirir un vínculo legal, una inter-mediación con el Estado, digamos “limpiarse” del anonimato y mostrar una voluntad de diálogo para jugar con el tiempo. Alargar el tiempo, evitar la violencia. Es la voluntad de admitir los mecanismos institucionales para su beneficio.

3. Entiéndase: Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), transformado después en el Fondo de Tierras (FONTIERRAS); la Comisión de Conflictos de Tierra (CONTIERRA) que, con el tiempo y en el marco de la nueva institucionalidad derivada de los Acuerdos de Paz, pasó a ser parte de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA); la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDHE); el Ministerio Público (MP), el Ministerio de Gobernación (MINGOB), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Inspección General de Trabajo., etc.

4. Como el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), la Unión Verapacense de Organizacio-nes Campesinas (UVOC) y otras.

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Las agrupaciones campesinas suelen referirse a las comunidades con el nombre de “nuestras bases”. Ambas lógicas no se encuentran exentas de disputas, conflictos o confrontaciones violentas entre los campesinos. Hecho que suele ser explorado por algunos funcionarios públicos, los políticos y los latifundistas.

Al interior de las comunidades emerge un liderazgo orientado hacia la comunidad. Busca fortalecer la organización y presenta cierta inconfor-midad y resistencia hacia los nuevos contratos y exigencias, pero guarda silencio, consiente, se distancia y prefiere seguir trabajando como jor-nalero, pero su palabra y experiencia continúa siendo reconocida comu-nitariamente. Importa lo que dice o lo que deja de decir. Por otro lado, emerge un liderazgo más visible y aceptado públicamente orientado hacia el cumplimiento de los nuevos contratos. Son los que establecen las relaciones con las organizaciones no gubernamentales, los políticos y el gobierno. Incluso, estos intermediarios locales pueden llegar a ser aceptados en el marco de las relaciones políticas locales o nacionales a partir de su habilidad para adoptar comportamientos políticos adecua-dos y exigidos por burócratas y funcionarios. Potencialmente sirven de correa entre la comunidad y otras instancias. Su prestigio no proviene exclusivamente de intereses de orden económico sino principalmente de su acción política y pública en la gestión de proyectos, viajes al exterior, en beneficio de la comunidad. Son vulnerables al clientelismo y al oficia-lismo. Se arriesga alejarse de las aspiraciones de la mayoría.

Por su parte, las agrupaciones campesinas, sin distinción, asociaron que las ocupaciones eran una medida de presión para que el Estado entrega-ra tierra a los campesinos. La lógica subyacente consistía en que, con la emergencia de nuevos propietarios indígenas emergerían gradualmente otros ciudadanos. Así se puede interpretar, en parte, las protestas cam-pesinas en un país en que el que no es propietario tampoco puede ser ciudadano. La idea implícita en el discurso de los dirigentes campesinos indígenas con sede en la ciudad, influyó de alguna manera en el debate respecto a la problemática agraria. Desde mediados de 1990, ante las movilizaciones campesinas, había un dilema: la cuestión agraria debía verse de manera integral o focalizada según el tipo de demandas de los grupos campesinos.

Se resolvió en la práctica en la medida que avanzaban las negociaciones de paz entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guate-malteca (URNG) hasta la firma de los Acuerdos de Paz en diciembre de 1996. Quizás resultado del hábito y del ambiente, lo que sucedió fue que la problemática agraria dejo de ser una preocupación política y prácti-ca. Adquirió estatus técnico y hasta burocrático. El problema agrario se convirtió en clasificatorio, jurídico, administrativo, eclesiástico, moral…

Por su parte, las agrupa-ciones campesinas, sin distinción, asociaron que las ocupaciones eran una medida de presión para que el Estado entregara tierra a los campesinos. La lógica subyacente con-sistía en que, con la emer-gencia de nuevos propie-tarios indígenas emerge-rían gradualmente otros ciudadanos.

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Por ejemplo, se formuló y aprobó una Ley de Seguridad Alimentaria y, engavetada en el Congreso de la República, las agrupaciones campesinas insisten cada vez que pueden en la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral.

Las organizaciones campesinas se fueron convirtiendo, sin excepción o independiente-mente de las siglas, en la tranca que sirvió para trasladar los denominados “conflictos” a las dependencias gubernamentales, creadas como parte de la nueva institucionalidad de la paz. La institucionalidad pública no tiene capacidad de iniciativa. Aunque en el mun-do del mercado, formalmente le correspondía a las entidades gubernamentales mediar entre las partes en conflicto, ya sea para realizar una transacción de compra-venta o la regularización de baldíos. En práctica los funcionarios públicos ceden a las presiones campesinas o a las presiones más poderosas de los terratenientes. Por ejemplo, cuando el FONTIERRAS consideró que ya no había tierras nacionales para regularizar y que el mercado de tierras se hacía impracticable durante mucho tiempo, entre los pobres cam-pesinos y los terratenientes, se limitó a subsidiar el arrendamiento a los campesinos pero pagando en efectivo a los terratenientes por arrendar sus tierras, y a entregar alimentos a los pobres.

Hace más de un siglo, Mariátegui ya había criticado una tendencia parecida en su Perú natal que lo llevó a llamar la atención o a formular un nuevo planteamiento que arranca-ba de otra premisa: “Analizar la realidad indígena a los ojos del problema de la tierra y, por lo tanto de la economía”.

La violencia

2004 fue un año de quiebre. Se generalizaron los desalojos. En las Verapaces casi 60 comunidades habían sido desalojadas o eran amenazadas con el desalojo (Ver Anexo 2).

Los desalojos ardieron. El incendio fue la técnica para restaurar el orden en corto tiem-po, con bajos costos y hasta alcanzando cierta legitimidad en las ciudades a través de sis-temáticas campañas de desinformación. Sus efectos son duraderos al menos por algunos años.

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Desalojo finca Alta Verapaz en 2004.Foto: CONIC.

Siendo testigos de la brutalidad, no hemos sabido valorar hasta dónde la violencia quie-bra, desestructura y eleva a la décima potencia los males humanos –la traición, el chan-taje, el miedo–. Sobreviven los que se sobreponen al mal. La violencia pública –el Estado–, y la de sus principales intermediarios –latifundistas, paramilitares y de empresas privadas de seguridad–, junto a la violencia mediática –me-dios de comunicación– se concretó en el campo en la forma de desalojos de tierras –que-ma de viviendas, alimentos, enseres–, órdenes de captura y encarcelamiento de campe-sinos. Esa fue la respuesta del Estado junto con la introducción de bolsas de alimentos para los pobres y arrendamientos de tierras. Para las élites regionales, los funcionarios y las multinacionales era en realidad, un proceso de integración territorial y social de las Verapaces a las lógicas del mercado, las inversiones y la competitividad.

En la década 1995-2005, pese a las claras protestas de los indígenas, dada las ordinarias interpretaciones de los agentes ilustrados y la historia de más de cinco ciclos de coerción de los latifundistas, la hostilidad y violencia del Estado, no había manera de parar los nuevos proyectos energéticos y de plantación, nuevamente en detrimento de los trabaja-dores indígenas.

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Referencias consultadas

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Castellanos Cambranes, Julio, El imperialismo Alemán en Guatemala. Guatemala, Ins-tituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Gua-temala.

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Castellanos Cambranes, Julio (1986),Agrarismo en Guatemala. Monografía 1. Guate-mala, Centro de Estudios Rurales Centroamericanos Guatemala/Madrid. Serviprensa, Guatemala. 1986. Pág. 108-118.

Cehelsky, Marta. Habla Arbenz, su juicio histórico retrospectivo. México: Revista Ja-guar Venado, Año I, No. 32, septiembre-noviembre 1994.

Nañez Falcón, Guillermo (1986), Monografía de la empresa cafetalera Dieseldorff, Te-sis doctoral de la Universidad de Tulane, Nuevo Orleáns. Traducción libre del inglés, inédita.

Pedroni, Guillermo (1991), Territorialidad Kekchi. Debate No. 8. Facultad Latinoameri-cana de Ciencias Sociales (FLACSO)-Guatemala. Guatemala.

Remesal, Antonio (1892), ISAGOGE histórico-apologético general de las indias, Madrid.

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Wagner, Regina, Los alemanes en Guatemala, 1828-1944. Segunda edición, Guatemala, 1996.

Wilson, Richard (1999), Resurgimiento Maya en Guatemala, experiencias q’eqchi’es, CIRMA, Guatemala.

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Anexo 1

Guatemala: protestas en el campo en forma de ocupaciones de tierras en el departamento de Alta Verapaz, hasta abril del año 20031

No. Lugar No. de familias

Extensión finca (Has.)

Extensión ocupada (Has) Tipo

1 San Vicente y Saquiquib, San Pedro Carchá. 150 2592.55 880.49 Área de reserva natural

2 Tónten, San Pedro Carchá. 27 - 90 Mozos-colonos

3 Soledad Sayaxut, San Pedro Carchá. 26 315 135 Tierra nacional, recientemente registrada por

Berta Sam Aldana de Huinter

4 RaxpecBancab, San Pedro Carchá. 30 90 22.5 Mozos-colonos

5 Raxahá, San Pedro Carchá. 75 450 450 Mozos-colonos

6 Chiquixji’, San Pedro Carchá. 68 675 270 Mozos-colonos

7 Chi’etzSecol 95 810 585 Mozos-colonos

8 Morelia, San Pedro Carchá. 30 315 135 Mozos-colonos

9 Esmeralda, San Pedro Carchá. 30 -- 225 --

10 Sekukte’ Chiquej, Cobán. 40 990 540 Baldío

11 Esmeralda, Cobán. 30 540 540 Mozos-colonos

12 Monte Blanco, Cobán. 37 585 585 Mozos-colonos

13 Esperanza Raxmox, Cobán. 25 -- 225 Trámite compra Fontierras

14 Chajmacán, Cobán. 65 1305 675 Campesinos sin tierra originarios de diversos lugares

15 Chitocán I, Cobán. 27 315 135 Arrendatarios, hijos de parcelarios originarios de lugares cercanos

16 Choctún, Cobán. 27 135 135 Trámite compra Fontierras

17 Imperio Maya Las Palmas, Cobán. 14 67.5 67.5 Trámite compra Fontierras

18 Santo Domingo Chajcuilix, Cobán. 12 45 45 Trámite compraFontierras

19 San José La Pasión, Cobán (Cooperativa Chilté). 65 4275 675 Campesinos sin tierra originarios de diversos

lugares

20 Xaxcabnal, Cobán. 30 540 135 Mozos-colonos y trabajadores estacionales

21 Santa Isabel Sapalau, Cobán. 24 270 270 Compra-venta, el propietario no accede a vender

22 Libertad Purahub, Cobán. 30 90 45 Mozos-colonos

23 Purahub, Cobán. 23 90 22.5 Mozos-colonos

24 Inupal, Cobán. 20 -- 180 Mozos-colonos

25 Sesibche’, San Juan Chamelco. 26 40 lotes de 40 varas cuadradas. Terreno municipal

26 La Primavera, San Cristóbal Verapaz. 300 -- 1800 Mozos-colonos

27 Secoyón, San Cristóbal Verapaz. 30 -- 1350 Tierra baldía, Apareció supuesto propietario. El caso está en Fontierras

28 Chelemá (Finca La Fé), Tucurú. 27 -- 315 Área de reserva natural

29 Santa Teresa, Tucurú. 450 -- 405 Mozos-colonos

30 El Salto, Tucurú. 23 -- 225 Trámite de compra en Fontierras

31 Los Remedios, Tucurú. 54 -- 225 Mozos-colonos

1. Se trata únicamente de casos que se reivindican en ocupación. Se utilizaron y cotejaron las siguientes fuentes: datos de las organizaciones cam-pesinas: UVOC, CUC, CONIC; instituciones de gobierno -principalmente CONTIERRA, y trabajo de campo.

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32 Paijá, Tucurú. 90 -- 405 Ex mozos-colonos, trámite en Fontierras para la compra

33 Herradura Chijul 56 -- 360 Mozos-colonos

34 San Sebastián, Tucurú. -- -- -- --

35 Buenos Aires, Tucurú. 55 -- 225 Trámite Fontierras para la compra

36 Razón Banderas, Tucurú. -- -- -- --

37 Buena Vista, Tucurú. 55 -- 225 Mozos-colonos encubiertos

38 Sekaquib, Tucurú. 92 -- -- --

39 Bentzetzimaj y Setsimaaj, Senahú. 24 -- 96.3 Fontierras

40 Setzulzabal, Senahú. 55 -- 180 Trámite Fontierras para la compra

41 El Potrero, Secansin, Senahú. 45 -- 855 --

42 San Juan, Senahú. 150 810 765 Ex mozos-colonos; está en Fontierras para la compra

43 San Luis, Panzós. 40 -- 315 Fontierras

44 San Juan Las Pacayas, Panzós. 35 -- 270 Área de reserva natural

45 Monja Blanca, Panzós. 25 -- 112.5 --

46 Río Chiquito, Panzós. 75 -- 675 Área de reserva natural

47 Santiago, Chahal. 22 -- 315 Comprar la tierra, después de ocho años de arrendarla

48 Papalhá, La Tinta. 128 337.5 292.5 Entrega por parte del Maga, después de varios años de arrendamiento

49 Tixhilá, La Tinta. -- -- -- --

50 Sexán, Cahabón. 117 -- 1233.75Ex mozos colonos, están dispuestos a comprar la finca; el supuesto propietario no cuenta con documentos legales

51 RepollalSuquinall, Purulhá. 70 -- 630 Baldío (más 90 años de vivir allí), Fontierras

52 Cumbre de Sulín, Purulhá. 40 -- 112.5 Baldío, propietario vecino reclama propiedad de la tierra

53 Cuchilla de Nogal, Purulhá. 70 -- 180 Regularización tierra nacional, conflicto con alcalde112.8 Ha.

54 El Jute, Purulhá. 25 -- 180 Baldío, supuesto propietario reclama propiedad

55 Cooperativa Pancalá, Purulhá. -- -- -- Conflicto con la cooperativa Panchesabic

56 Cooperativa Jalaute, Purulhá. -- -- -- Conflicto con cooperativistasFedecovera

57 Cooperativa Monte Blanco, Purulhá. 500 -- 6750 --

58 Barrio de la Cruz, Purulhá. 45 64.4 64.4ArrendatariosPropietario vecino reclama propiedad del baldío o de la tierra municipal.

59 Vega Larga, Purulhá. 70 -- 450 Entregada por Fontierras, proyecto productivo y vivienda.

60 San Francisco Maxaxá, Purulhá. 40 -- 270 Tierra nacional, regularizaciónFontierras

61 Miramar San Francisco, Purulhá. -- -- -- --

62 Mocohan, Purulhá. -- -- 180 Un supuesto propietario reclama como exceso el área ocupada

63 El Durazno, San Jerónimo, Baja Verapaz. 250 -- 1800 Tierra nacional

No. Lugar No. de familias

Extensión finca (Has.)

Extensión ocupada (Has) Tipo

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Anexo 2

Guatemala: ordenes de desalojo y desalojos realizados en Las Verapaceshasta el 13 de mayo de 2004

No. Nombre de finca Lugar No. de familias Fecha de desalojo

1 Finca Santiago Chahal. 20 24/10/02.

2 Finca San Luis Tóntem San Pedro Carchá 8 15/11/02.

3 Finca El Rosario Telemán. 25 11/12/02.

4 Finca Santa Inés Santa Cruz Verapaz 15 27/11/02.

5 Finca Saquipec Cahabón 9 30/11/02.

6 Bella Vista Tucurú. 200 personas 27/08/03.

7 Finca San Juan. Senahú. 100 27/08/03.

8 Finca Chaimal San Pedro Carchá 35 11/12/03.

9 Finca Morelia San Pedro Carchá. 15 19/02/04.

10 Cooperativa Pantic Tamahú. 300 24/03/04.

11 Finca Las Tres Cruces. Cobán 75 Sin efecto

12 Finca Chiven Sabob Cobán 75 17/03/04

13 Finca Purahub Cobán 20 22/04/04

14 Finca La Soledad Sayaxut San Pedro Carchá 5 27/04/04

15 Finca Chijob Cobán 20 Realizado S/F

16 Terreno municipal San Pedro Carchá 115 Realizado S/F

17 Finca Chipar Chamelco 7 18/02/04

18 Finca Saraxoch San Pedro Carchá 60 01/04/04.

19 Finca BancabChajquej San Pedro Carchá 50 30/04/04

20 Finca Choctún Cobán. 150 05/05/04

21 Finca Chitocán Cobán 150 05/05/04

22 Finca Los Remedios Tucurú 15 10/05/04.

23 Finca Buenos Aires Tucurú 150 personas 10/05/04

24 Finca El Salto Tucurú 150 personas 10/05/04

25 Finca Papalhá La Tinta 200 personas No realizado

26 Finca San Pedro Ixloc Cobán 80 personas No realizado

27 Finca Canasec Chamelco 20 No realizado.

28 Finca Chajmacán Cobán 58 No realizado

29 Finca Santa Teresa Tucurú 250 personas No realizado

30 Finca Primavera San Cristóbal Verapaz 75 No realizado

31 Finca Paijá Tucurú 150 personas No realizado

32 Finca Chiquej Cobán 5 No realizado

33 Finca La Herradura Tucurú 120 personas No realizado

34 Finca Ceilán Tamahú 75 personas No realizado

35 Finca Trece Aguas Senahú 50 personas Realizado Agosto 2005

36 Finca Arenal Senahú 75 personas No realizado

37 Finca Los Alpes Senahú 200 personas No realizado

38 Finca Salaute San Pedro Carchá 1 No realizado

39 Finca Santa Inés Santa Cruz Verapaz 8 REalizado S/F

40 Finca El Rosario Telemán 25 Realizado S/F

Aná

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situ

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25

41 Finca Santa Isabel Sepalau Cobán 15 No realizado

42 Finca Setaña San Pedro Carchá 11 No realizado

43 Finca ChijobSecomun Cobán 20 Realizado S/F

44 Finca RaxpecBancab y Chajquej San Pedro Carchá 60 Realizado S/F

45 Finca Chicoc Cobán 50 No realizado

46 Finca Romelia SebobPocob San Pedro Carchá 40 Realizado S/F

47 Finca Pocolá San Pedro Carchá --- No realizado

48 Finca Saquipec Cahabón 9 Realizado S/F

49 Finca Santa Teresita Tucurú 100 personas No realizado

50 Finca Esmeralda Tucurú 75 personas No realizado

51 Finca Chitón San Pedro Carchá 200 personas No realizado

52 Finca Chiquixji San Pedro Carchá 100 personas No realizado

53 Finca Tanchí San Pedro Carchá 150 personas No realizado

54 Finca Bancab San Pedro Carchá 500 personas No realizado

55 Finca Raxpec San Pedro Carchá 300 personas No realizado

56 Terreno Municipal San Pedro Carchá 115 personas No realizado

57 Finca Las Conchas Santa Cruz Verapaz 30 familias No realizado

58 Finca Secol San Pedro Carchá --- No realizado

Fuente: Con datos de la Comisaría No. 51 de la Policía Nacional Civil (PNC). Cobán, Alta Verapaz.

No. Nombre de finca Lugar No. de familias Fecha de desalojo

Aná

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Anexo 3

Guatemala: cronología de la fundación de los latifundios de la Empresa Dieseldorff

No. Nombre de finca Fecha

9 Raxpec 1899

10 Santa Cecilia 1900

11 Cubilguitz 1901

12 Las Amazonas Cerca 1901

13 Chamcarel 1902

14 Sacchicagua de Secol 1904

15 San Diego Yalpemech 1903

16 Chichochoc 1904

17 Chicaic, Santa Margarita 1905

18 Pocolá* 1906

19 Río Frío Después de 1901

No. Nombre de finca Fecha

1 Seacté 1890

2 ChiacalPaijá 1891

3 Chajcar 1893

4 Secac-Ulpán 1893

5 Santa Margarita 1894

6 Pijá 1896 o 1897

7 Panzal Antes de 1899

8 El Salto Antes de 1899

Primer período de 1890 a 1898 Segundo período de 1899 a 1910

Tercer período de 1911 a 1937

No. Nombre de finca Fecha

20 Sechamach 1924

21 Tzimajil 1924

22 Raxahá 1924

23 Chiquixjí 1924

Fuente: Nañez, inédito.

Aná

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27

Anexo 4

Guatemala: comunidades en situación de ocupación con la empresa Dieseldorff Sucs.

Año 2003

No. Comunidad No. de familiasSuperficie (Mz).

Total Ocupadas

1 RaxaháSetul 150 515 5

2 Chiquixji 55 2880 2

3 Raxpec 59 192 2

4 Chi´etz 72 1728 18

5 Chajcar 98 1920 12

6 Seacte´ 190 3456 30

7 Nuevo Amanecer 26 710 5

8 Pocalá 100 768 3

9 Esquipulas 20 448 7

10 San Vicente y Saquiquib 50 3710 1260

Fuente: Elaboración propia con información trabajo de campo.

Anexo 5

Guatemala: comunidades en situación de ocupación en el latifundio Coyocté-Guaxac

Año 2003No. Nombre de comunidad No. de familias Extensión

(Mz)

1 Tzuyul 37 256

2 Sesujquín 42 384

3 Santo Domingo 31 320

4 Sebax 34 581

5 Saquib 33 128

6 Xatzuul 38 640

7 Seqaquib 175 576

8 Setolox 60 720

Fuente: Elaboración propia con información de trabajo de campo.

Aná

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ENFOQUE es una publicación de análisis de situación que es producida por la Asociación El Observador. Forma parte de la iniciativa: “Análisis Alternativo e Independiente para la Cons-trucción de una Sociedad Democrática” con la cual se pretende contribuir en el proceso de construcción de una sociedad más justa y democrática, a través de fortalecer la capacidad para el debate y discusión, el planteamiento, la propuesta y la inciden-cia política de actores del movimiento social, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación alternativos y todas aquellas expresiones sociales que actúan en diferentes niveles: local, regional y nacional.

Consejo EditorialFernando Solis, Luis Solano y

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