ANEXO Circular 58 2017 EJERCICIO ABOGACÍA POR LOS ... · PDF file abogado; todo ello...

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    INFORME SOBRE EL ACCESO AL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA POR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

    ANTECEDENTES

    ANTECEDENTES GENERALES.- La entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso

    a las profesiones de abogado y procurador, ha modificado sustancialmente el régimen jurídico

    relativo al acceso al ejercicio de la abogacía y los requisitos para la colegiación.

    Este nuevo régimen jurídico viene propiciando una serie de consultas ante los diferentes

    Colegios de Abogados de España y ante el propio Consejo General de la Abogacía Española, entre

    otras, relativas a la interpretación de la Disposición Adicional Tercera, Ejercicio Profesional de los

    funcionarios públicos, de la Ley 34/2006, que establece:

    “2. Los funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su

    condición de Licenciados en Derecho estarán exceptuados de obtener el título de abogado o el título de

    procurador de los tribunales a los efectos descritos en el artículo 1 de esta Ley, siempre que

    desempeñen funciones de asistencia letrada o asesoramiento jurídico.”

    Desde las Comisiones de Ordenación y de Formación se ha entendido conveniente la

    elaboración del presente Informe que permita la fijación de un criterio uniforme que, en aras al

    deseado principio de seguridad jurídica, pueda servir de pauta tanto a los Colegios de Abogados como

    al propio Consejo General de la Abogacía Española, para resolver las solicitudes de incorporación o

    consultas que, sobre el particular, formulen los funcionarios públicos.

    ANTECEDENTES PARTICULARES.- Sin perjuicio de su alcance general, el presente Informe da respuesta

    específica a la solicitud formulada al Consejo General de la Abogacía Española por Licenciada en

    Derecho y funcionaria del Estado del grupo A, del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad del

    Ministerio de Hacienda, en la que solicita se emita resolución que “aclare (…) las contradicciones

    existentes entre lo establecido en la norma y la interpretación dada en la práctica”, todo ello con

    relación a la resolución de 3 de julio de 2015, de la Subdirección General de Relaciones con la

    Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal, que resuelve “que no es posible que por parte de un

    colegio de abogados de España se le conceda la habilitación para el ejercicio de la abogacía.”

    La citada resolución se fundamenta en: a) la solicitante no accedió al cargo en su condición de

    licenciada en Derecho, siendo posible acceder con otras titulaciones universitarias; y b) no realiza de

    forma exclusiva funciones de asistencia letrada o asesoramiento jurídico.

    La solicitante cuestiona los fundamentos de la resolución de la Subdirección General de

    Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal, solicitando aclaración al Consejo

    General de la Abogacía Española, interpretando, entre otras consideraciones, que “se puede ser

    abogado sin estar colegiado…igualmente habría que entender que se puede estar Habilitado sin estar

    colegiado”.

  • 2

    OBJETO

    Aunque el objeto específico del presente Informe es el acceso a la profesión de abogado de los

    funcionarios públicos, para mejor respuesta a los fundamentos contenidos en la solicitud formulada se

    entiende necesario extender el Informe a los siguientes extremos:

    1.- Análisis de la exigencia de colegiación tanto para el ejercicio de la abogacía como para la

    adquisición de la condición de abogado.

    2.- Análisis de la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan acceder al ejercicio de la abogacía

    sin la previa obtención del título profesional de abogado.

    3.- Análisis de la subsistencia de la habilitación a los Licenciados y, en su caso, Graduados en Derecho,

    para el ejercicio puntual de la abogacía en defensa de asuntos propios.

    NORMATIVA APLICABLE

    A) Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador.

    - Artículo 1.2: La obtención del título profesional de abogado en la forma determinada por esta

    ley es necesaria para el desempeño de la asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y

    extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte la intervención de abogado, y, en

    todo caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utilizando la denominación de

    abogado; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la

    normativa vigente para el ejercicio de la abogacía.

    4. La obtención de los títulos profesionales de abogado o procurador será requisito

    imprescindible para la colegiación en los correspondientes colegios profesionales.

    - Disposición adicional tercera. Ejercicio profesional de los funcionarios públicos.

    1. La actuación del personal al servicio del Estado, de los Órganos Constitucionales, de las

    Administraciones Públicas o entidades públicas ante Juzgados y Tribunales en el desempeño de las

    funciones propias del cargo se regirá por lo dispuesto en el artículo 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de

    1 de julio, del Poder Judicial, y demás legislación aplicable, sin que en ningún caso le sea exigible la

    obtención del título regulado en esta Ley.

    2. Los funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su

    condición de Licenciados en Derecho estarán exceptuados de obtener el título de abogado o el título

    de procurador de los tribunales a los efectos descritos en el artículo 1 de esta ley, siempre que

    desempeñen funciones de asistencia letrada o asesoramiento jurídico. También estarán exceptuados

    quienes hayan ingresado en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, en alguno de los cuerpos

    de letrados de las asambleas legislativas autonómicas, en la Carrera Judicial, en la Carrera Fiscal, en el

    Cuerpo de Secretarios Judiciales, o en alguno de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas en su

    condición de Licenciados en Derecho.

  • 3

    B) Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

    - Artículo 542. 1. Corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado al Licenciado

    en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de

    procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico.

    - Artículo 544. 2. La colegiación de los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales será

    obligatoria para actuar ante los Juzgados y Tribunales en los términos previstos en esta Ley y por la

    legislación general sobre colegios profesionales, salvo que actúen al servicio de las Administraciones

    públicas o entidades públicas por razón de dependencia funcionarial o laboral.

    - Artículo 551.

    1. La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, así como la

    representación y defensa de los órganos constitucionales cuyas normas internas no establezcan un

    régimen especial propio, corresponderá a los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurídico

    del Estado (…).

    La representación y defensa de las entidades gestoras, servicios comunes y otros organismos o

    entidades de naturaleza pública, que conforme a la ley integran la Administración de la Seguridad

    Social, sin incluir, en consecuencia, la de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social,

    corresponderá a los Letrados de la Administración de la Seguridad Social, integrados en el Servicio

    Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo que

    reglamentariamente se determine, tales funciones puedan ser encomendadas a Abogado colegiado

    especialmente designado al efecto.

    2. La representación y defensa de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados, del

    Senado, de la Junta Electoral Central y de los órganos e instituciones vinculados o dependientes de

    aquéllas corresponderá a los Letrados de las Cortes Generales integrados en las secretarías generales

    respectivas.

    3. La representación y defensa de las comunidades autónomas y las de los entes locales

    corresponderán a los letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas Administraciones públicas,

    salvo que designen abogado colegiado que les represente y defienda. Los Abogados del Estado podrán

    representar y defender a las comunidades autónomas y a los entes locales en los términos contenidos

    en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y su

    normativa de desarrollo.

    C) Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía

    Española

    - Artículo 6. Corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado al Licenciado en

    Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o

    el asesoramiento y consejo jurídico.

    - Artículo 9.1. Son abogados quienes, incorpora