Análisis alternativo sobre política y economía junio-julio ... · desarrollo” que dentro de la...

Análisis alternativo sobre política y economía junio-julio 2009Año 4, No. 19

3

La transnacionalización de la industria extractiva: La captura de los recursos minerales e hidrocarburos.

40

Sobre las posiciones en torno a la minería y otros asuntos relativos a los megaproyectos y la explotación de recursos naturales

55

Consulta comunitaria y participación democrática

73

Guatemala en el mercado global de agrocombustibles

Suscríbase: 22 53 27 22 – 55 54 37 57 / [email protected]

Cómo lo hemos sostenido antes, el modelo de crecimiento y de acumulación que se práctica en el país tiene como uno de sus principales ejes, la apropiación de las tierras y el territo-rio de las comunidades y poblaciones indígenas para la extrac-ción y explotación de sus recursos naturales -renovables y no renovables- con el objetivo de generar altas ganancias. Esta acumulación es característica de los ahora llamados “países en desarrollo” que dentro de la división internacional del trabajo, continúan siendo productores de materias primas. Se basa en una estrategia dinamizada por la ola globalizadora mundial y la imposición de un modelo económico y político que apunta-la la desregulación, la liberalización económica y financiera, el libre comercio, la transnacionalización y privatización de servi-cios estratégicos como la construcción de infraestructura para los grandes negocios, las telecomunicaciones, la generación y comercialización de energía eléctrica, así como la pérdida de influencia del Estado como articulador social y la subordinación de la democracia a los actores e intereses privados.

En términos de la explotación de los recursos naturales no re-novables, los avances de la tecnología que han venido apare-jados a la globalización, han permitido a acelerar y dinamizar la explotación del oro, la plata, el zinc, el cobre, el uranio, etc., cuyo precio, si bien es alto en el mercado internacional, no es aprovechado por los países como Guatemala porque el mayor ingreso se genera mediante la intermediación y no por su ex-tracción o producción.

Estudios recientes dan cuenta que el crecimiento productivo de los países con menor dotación de recursos naturales, es mayor por 3 veces sobre el de países con alta dotación de ellos, a la vez que dentro de las economías ricas en recursos naturales, los países mineros han experimentado el peor rendimiento. Por otra parte, en el caso de aquellos países como Guatemala que cuentan con una dotación importante de recursos naturales y cuya estrategia de crecimiento tiene como uno de sus ejes la explotación de éstos, los costos son altos dada la explotación indiscriminada de éstos, la alta contaminación ambiental, la alta desigualdad social e inequidad que genera su explotación debido, por un lado, a las altas rentas que genera para las em-presas nacionales y transnacionales involucradas, así como a la desestructuración del tejido social de las comunidades donde éstas se instalan. En la reciente presentación del informe “Los efectos del cambio climático en Guatemala” que organizó el Mi-nisterio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Progra-ma de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se dijo que la minería y la producción de cemento constituyen hoy en día las actividades económicas que más contribuyen negativamente al cambio climático.

Estas reflexiones son propicias en este momento cuando en Guatemala continúan entregándose concesiones a empresas privadas y a transnacionales para que extraigan nuestros mi-nerales e hidrocarburos sin mayor control del Estado, y cuando tiene lugar una discusión privada de una nueva Ley de Minería sin el concurso de las comunidades que vienen siendo impacta-das y que no se ven beneficiadas con su explotación.

Esta publicación forma parte del proyec-to: “Análisis Alternativo e Independiente para la Construcción de una Sociedad Democrática”, con el cual se pretende contribuir en el proceso de construcción de una sociedad más justa y democrática, a través de fortalecer la capacidad para el debate y discusión, el planteamiento, la propuesta y la incidencia política de actores del movimiento social, organiza-ciones de la sociedad civil, medios comu-nicación alternativos y todas aquellas personas que actúan en diferentes niveles (local, regional y nacional).

Paralelamente se realizan otras activi-dades coordinadas con organizaciones de sociedad civil, que permiten ampliar la información en otros espacios, tales como: foros públicos, mesas de discusión y análisis, talleres y charlas.

Consejo EditorialFernando Solis, Luis Solano, Carmen Reina, Marco Fonseca.

Coordinación de información, análisis y edición: Fernando Solís. Diagramación:Comunicación Ilimitada

3ra. avenida 0-80, Colonia Bran, zona 3.Teléfono: 55 54 37 57Telefax: 22 53 27 22

[email protected]@aselobs.org

EditorialGlobalización, recursos naturales y minería

Las opiniones contenidas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de sus autores, no ne-cesariamente reflejan las del Fondo de Goberna-bilidad, IBIS o de la Real Embajada de los Países Bajos.

Este glifo representa a Kej, que tiene un significado de Liderazgo, fuerza, inteligencia

3

La transnacionalización de la industria extractiva:

La captura de los recursos minerales e hidrocarburosIntroducción: Cómo se tejió el negocio de la explotación de los recursos naturales no renovables

Desde el gobierno de Álvaro Arzú (1996-1999) y del Partido de Avanzada Nacional (PAN), la minería de metales y los hidrocarburos se constituyeron en las principales actividades extractivas de recursos naturales no renovables. Ambas industrias pasaron a formar parte fundamental de los planes económi-cos de los distintos gobiernos en adelante, pero fundamentalmente integraron el componente núcleo del proyecto económico de determinadas elites que con-trolan, guían y ejecutan los programas económicos gubernamentales desde la administración Arzú.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz, las elites empresariales vieron en la inversión extranjera y en las sociedades de los capitales locales con aquella inversión, un espacio clave para acrecentar sus riquezas e influencias econó-micas y políticas. El fin de la guerra interna tras la firma de los Acuerdos de Paz, apoyados abiertamente por el gobierno de Arzú, generó cierta estabilidad económica y financiera a los inversionistas locales y extranjeros, propiciando la llegada de transnacionales. El propio Arzú, en aquel período, incluso fue parte de esas sociedades. Al mismo tiempo que impulsaba una fuerte campa-ña por atraer capitales mineros y petroleros el mandatario se asoció con las elites azucareras como los Bouscayrol y los Campollo Codina en la Compañía Petrolera del Atlántico (CPA), de capitales guatemaltecos, a la que rápidamen-te se le otorgaron, en 1996, dos estratégicos contratos petroleros en el Lago de Izabal y el río Sarstún, en la frontera con Belice.

Ese caso, a la vez que paradigmático, refleja claramente las dinámicas y relaciones de capitales que se han dado en la historia moderna de Guatemala, pero con mayor dinamismo desde aquel gobierno.

La explotación de recursos naturales no renovables a nivel internacional encontró un momento histórico debido el desarrollo de las economías asiá-ticas, por ejemplo, y que sirvió de acicate y exigió una mayor demanda de minerales y petróleo para darle sustento a sus crecientes industrias. Bajo el manto de un modelo neoliberal de la economía, específicamente para el caso de Guatemala, en 1997 se realizaron reformas a la Ley de Minería que estu-vieron fundamentalmente a cargo de las mineras que en ese momento eran las principales protagonistas, acompañadas de los bufetes de abogados, casi siempre ligados a las elites empresariales o miembros de éstas. El resultado sería, tal como había ocurrido con la Ley de Hidrocarburos en 1983, un marco jurídico al servicio de las transnacionales y sus socios locales.

Por Luis Solano

Economista por la Universidad de San Carlos de Guatema-la (USAC), perio-dista e investigador en temas políticos, económicos y sociales.

4

Muchos de los beneficios, contratos y licencias mineras se lograron, en buena parte, por las relaciones que se establecieron entre los socios locales y sus representantes legales con funcionarios públicos clave. Incluso, muchos de estos servidores públicos ya habían trabajado o pasarían luego a trabajar para las subsidiarias de las transnacionales en el país. Así, esos capitales no sólo se garantizaban poder navegar lo más fácilmente en los laberintos buro-cráticos y legales sino, al mismo tiempo, les facilitaba el avance de sus proyec-tos extractivos en escenarios marcados por negocios y corrupción.

Es en ese contexto que la industria de minerales metálicos y petróleo comienza a crecer, a la par que se va convirtiendo en un negocio de carác-ter privado, donde los beneficios estatales se van mermando rápidamente y los costos sociales y ambientales experimentan un alza sin precedentes. Ello conlleva a lo más delicado de todo: las divisiones sociales y la violencia que ese tipo de inversiones generan en espacios donde otros recursos naturales vitales como la tierra y el agua, son disputados y despojados a comunidades enteras.

La entrega a diestra y siniestra de licencias mineras de todo tipo pero en especial, de las relacionadas con minerales metálicos, fue una característica de los gobiernos de Arzú y Óscar Berger. Los minerales metálicos no sólo atraen grandes inversiones sino que, además, requieren de extensas áreas para su exploración y explotación. Los territorios otorgados coinciden con los de decenas de pueblos indígenas localizados en el altiplano occidental. Por esa razón, puede verse hoy un mapa minero que cuadricula los poblados in-dígenas que se debaten entre la pobreza y la sobrevivencia, y promueven la defensa de los recursos naturales y su territorio.

Mapa No. 1Guatemala: Derechos mineros otorgados

y en solicitud a febrero de 2009*

*Los cuadros rojos identifican las licencias solicitadas, y los verdes las otorgadas.Fuente: Dirección General de Minería. Ministerio de Energía y Minas (MEM). A marzo de 2009.

5

Precisamente, la creciente oposición comunitaria y la protesta contra la mi-nería por parte de diferentes organizaciones sociales y ambientalistas, incluida la Iglesia Católica, ha puesto a la defensiva al sector minero que hoy en día ha desplegado una millonaria campaña en medios de comunicación y una ofensiva propagandística que busca convencer, especialmente a la población urbana, de las bondades de la minería. Esa campaña se inició con una campaña mediática por parte de la transnacional canadiense Goldcorp Inc., y después ha pasado a ser acuerpada, coordinada y financiada por la Gremial de Minas, Canteras y Procesadoras de Guatemala (GREMICAP), una instancia dirigida por las mine-ras más importantes del país, tal como se evidencia al observar la composición de la JD de esta sociedad, así como los proyectos de explotación de oro en Guatemala.

I. Conformación de la actual Junta Directiva de la GREMICAP

Presidente: Ingeniero Milton Estuardo Saravia Rodríguez (Montana Exploradora/Goldcorp Inc.)

Vicepresidente: Ingeniero Mario Estuardo Orellana Vítola (Gerente de Opera-ciones de Cementos Progreso).

Secretario: Licenciado Carlos Fernando Rivers Sandoval (Compañía Minera El Cóndor)

Tesorero: Ingeniero Philip Juárez-Paz Gephart (ex Director General de Minería durante el gobierno de Alfonso Portillo)

Vocal I: Ingeniero Josè Leopoldo Link Belchener (Mayaníquel)

Vocal II: Ingeniero Gianluca Beverini Herrera (Sierra Negra/Cementos Progreso)

Vocal III: Ingeniero Federico Guillermo Moreno Hernández (ex Presiden-te del Banco de los Trabajadores, ex Director de la Cámara de la Construcción, ex Viceministro de Comunicaciones, Infraes-tructura y Vivienda, y ex Presidente del Instituto de Fomento Municipal –INFOM- con el gobierno de Óscar Berger)

Vocal IV: Licenciada Regina Rivera de Cerezo (Compañía Guatemalteca de Níquel/HudBay)

De ahí que el propósito de esta trabajo que El Observador se propuso, sea desentrañar y detallar, en lo posible, ese proceso de transnacionalización de la industria extractiva de recursos naturales no renovables, identificando a las empresas extranjeras y sus socios locales, los intereses económicos detrás de estos negocios y las intrincadas redes que se tejen que, al final, explican el grado de control que éstas ejercen en las esferas estatales y en el sector minero y petrolero.

En ese contexto es que adquieren relevancia las recientes declaraciones del encargado de la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Selvyn Morales, quien se refiere a los proyectos mineros en cierne, de la siguiente manera:

6

…Las expectativas para el sector minero en Guatemala sonmuy buenas porque tiene áreas muy interesantes para desa-rrollar (…) Tiene varias solicitudes de áreas mineras queestán en trámite porque tienen que cumplir con todos losrequisitos del proceso administrativo (…) Si bien Guatema-la es un país nuevo en el tema minero, actualmente estácentrado en varios proyectos como la exploración para labúsqueda de depósitos. Actualmente hay varias empresasrealizando esa labor y hay varias empresas que están explo-rando níquel en el nordeste del país (…) Puede ser un buenfactor para traer inversión y poder generar empleo y unflujo económico en las áreas de influencia de los proyectos(…) No obstante, es necesario que se norme la actividadpara que haya reglas claras que le garanticen a los inversio-nistas que es seguro hacer sus inversiones (…) Invitamosa los inversionistas que sean responsables ambiental y socialmente, a que se acerquen al país a conocer más de cerca las posibilidades de desarrollo en el sector (…) La GREMICAP ha hecho una importante campaña publicitaria sobre la minería con el fin de cambiar la imagen que las comunidades tienen sobre la actividad (…) Se ha satanizado mucho el tema diciendo que la actividad genera mucha con-taminación o que afecta la salud de las personas; eso no es así y hay que aclararlo (…) El despacho está capacitando alumnos de universidades y colegios en temas mineros para que conozcan la verdadera imagen del sector1.

Mapa No. 2Guatemala: Proyectos mineros de exploración y explotación de oro y níquel

Fuente: Goldex Resources.*Algunos de los proyectos que aparecen en el mapa han cambiado de manos. Fénix, por ejemplo, es controlado por HudBay; y en el caso de Aurogin, pasó bajo control de Castle Gold. Detalles sobre ello aparecen en el transcurso del desarrollo de esta investigación.

1. Business News Americas. “Gobierno: Hay varias solicitudes de áreas para desarrollos mineros, 6 de julio de 2009, http://www.bnamericas.com/story.xsql?id_sector=7&id_noticia=483605&Tx_idioma=E&source=

7

Un modelo abarcador

Desde el gobierno de Óscar Berger (2004-2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA), las agencias Invest In Guatemala y el Programa Nacional de Com-petitividad (PRONACOM) tomaron las riendas en el impulso de la inversión extranjera, con mayor énfasis en las áreas de la industria extractiva y el sector eléctrico, dentro del marco más amplio de los megaproyectos. El control que ambas agencias ejercen en la promoción de la inversión extranjera, se consi-dera pilar en el nuevo modelo económico y político de las elites empresariales. Este modelo, por cierto, es al mismo tiempo que de acumulación de capital, de ampliación de inversiones.

Con el gobierno actual de Álvaro Colom y la Unidad Nacional de la Espe-ranza (UNE) se remarcó la importancia de ambas agencias en la promoción de la inversión extranjera, no sólo por el control que adoptaron de ella sino por la presencia de un sector económico que está al mando de las mismas, a saber, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT). Con varios de sus miembros en las esferas gubernamentales, la AGEXPORT está a cargo de rea-lizar decenas de proyectos que son fundamentales para las exportaciones no tradicionales, a la vez que le permitan mantener un nivel de competitividad lo suficiente para que sus actividades económicas sean rentables.

Como ya lo hemos dicho en otras ediciones de El Observador, la cons-trucción, ampliación y desarrollo de vías de comunicación terrestre, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, etc., son fundamentales esas elites en donde hay una confluencia de las familias de la vieja oligarquía guatemalteca que se han integrado, aliado o renovado con otras familias y grupos económicos nuevo denominados capitales emergentes. Y son esos grandes proyectos los que dan forma a ese modelo económico abarcador. No sólo le abren las puertas a los capitales que quieran invertir en ellos sino, además, aseguran la llegada de otros capitales a actividades para los cuales están siendo desarrollados los llamados megaproyectos.

En ese sentido, toma importancia la política energética para el desarrollo de la industria extractiva, por ejemplo. El desarrollo de la minería y la indus-tria petrolera requieren necesariamente de vías de comunicación, electricidad a bajo costo, puertos y aeropuertos, telecomunicaciones, etc. Sin esas inver-siones, la elite empresarial no puede lograr ventajas comparativas ante sus competidores extranjeros, a la vez que no existirían incentivos para atraer los capitales foráneos para explotar los recursos naturales que requieren, por lógi-ca, bajos costos que les permitan la obtención altas tasas de ganancia y tasas de retorno altas y rápidas.

Las decenas de proyectos hidroeléctricos que hoy se construyen o están a la espera de ser aprobados, al igual que la construcción de la carretera de la Franja Transversal del Norte (FTN), explican la lógica de los grandes proyectos de infraestructura estratégicos para la explotación de los recursos naturales no renovables.

Las hidroeléctricas en su mayor parte, están planificadas a construirse en la principal región minera del país, y en consecuencia es de suponer que entre los principales consumidores de electricidad se encontrarían las compañías mineras de minerales metálicos y las petroleras. Al mismo tiempo, los inver-sionistas en hidroeléctricas se convierten en productores y exportadores de

8

electricidad, otro gran negocio privado. Y si a esto se suma la actual licitación que se hace para la interconexión de los cinco anillos eléctricos definidos por la Comisión Nacional de Electricidad (CNEE), en particular, el anillo hidráulico que interconectará a todas las hidroeléctricas que se instalan en el occidente del país, la magnitud inversionista es elocuente.

Mapa No. 3Guatemala: Anillos de expansión del sector eléctrico. Interconexión de plantas termoeléctricas, carboneras

e hidroeléctricas, actualmente en licitación

Fuente: Invest In Guatemala.

Uno de los grandes objetivos de este modelo es ampliar la capacidad pro-ductiva de Guatemala hacia los sectores de la industria extractiva: hacer del país un líder regional en la producción de minerales, petróleo y gas natural, según se desprende de declaraciones de funcionarios públicos y del sector empresarial.

Se presupone que este nuevo modelo es controlado desde las esferas de las elites económicas cuyos capitales son los únicos con capacidad de invertir y aliarse a las transnacionales y capitales foráneos.

9

ENEL es la empresa eléctrica más gran-de de Italia. Es propietaria de la mayoría de acciones de la empresa española ENDESA, la cual es una de las socias de la Empresa Propiedad de la Red (EPR). La EPR es la sociedad de todas las empresas estatales de electricidad de Centroamérica para la construcción del proyecto Sistema de In-tegración Eléctrica para América Central (SIEPAC). ENDESA ha mostrado interés en la construcción de la hidroeléctrica Xalalá.

ENEL posee varios proyectos hidro-

eléctricos en Guatemala, unos ya construi-dos y en operaciones, y otros en proceso de aprobación o de construcción. Los ya construidos son Montecristo y El Canadá en Quetzaltenango, construidos conjunta-mente con la israelita Solel Boneh, que a la fecha mantiene el contrato de construcción de la carretera de la Franja Transversal del Norte (FTN), del cual la Vicepresidencia de la República ha pedido que se repita por di-versas anomalías encontradas en el proce-so de licitación anterior que se dio durante el gobierno de Óscar Berger.

En el departamento de Baja Verapaz, ENEL tiene los proyectos hidroeléctricos ya construidos San Isidro y Matanzas, donde hubo participación conjunta de Cementos Progreso de los grupos familiares Novella y Torrebiarte Lantzendorffe; de Fabrigas, de la familia Minondo Ayau, y de EGI Matanzas, subsidiaria de ENEL. EGI Guatemala es la principal subsidiaria de ENEL en Guatema-la y tiene relación accionaria con el Grupo MultiInversiones del grupo familiar Bosch-

Gutiérrez. EGI Guatemala está involucrada en la construcción de la hidroeléctrica San-ta Teresa en la región del Polochic, particu-larmente el municipio de Tucurú, la cual es propiedad de la empresa Agrícola Polochic de este conglomerado MultiInversiones.

Los proyectos de ENEL que están suje-tos a aprobación de estudios o ya en fase de estudios son La Cascata, Sumalito, San Juan y El Arco, ubicadas en territorios del departamento de Huehuetenango en la zona de los municipios de Santa Eulalia y Barillas, limítrofe con Quiché. También tie-ne los proyectos Palo Viejo I y II en el mu-nicipio de San Juan Cotzal, Quiché, a cons-truirse conjuntamente con la israelita Solel Boneh en la finca San Francisco, propiedad de Agrícola Palo Viejo, S.A. que a su vez es propietaria del proyecto hidroeléctrico, y que pertenece a la familia Brol. Ambos pro-yectos son los que tienen la mayor oposi-ción de pobladores de la región Ixil. En esta región, ENEL también proyecta la construc-ción de las hidroeléctricas Bella Vista I y II sobre el río Jute en los municiios de Chajul y Uspantán, departamento de Quiché.

Foto: Santiago Boton.Tubería entrando a la casa de maquinas de Hi-droxacbal, Chajul, Quiché.

Huehuetenango, un territorio apetecido

Bajo esta lógica que venimos describiendo es que se explica lo que sucede en este momento en el occidental departamento de Huehuetenango, principal reserva de minerales metálicos del país y al mismo tiempo, donde mayor opo-sición comunitaria se ha manifestado contra la actividad minera.

Sin ser tema a profundizar en este ensayo, se hace necesario mencionar, en primer lugar, que en Huehuetenango se planifica la construcción de varias hidroeléctricas a manos de la transnacional italiana ENEL, en los afluentes del río Ixcán que bajan de los municipios de Barillas y Santa Eulalia. Proyectos como Los Arcos y La Cascata son parte de un bloque de hidroeléctricas a cons-truirse entre los departamentos de Huehuetenango y Quiché.

II. La poderosa ENEL

10

En Hidroxacbal, que se construye so-bre el río Xacbal, Chajul, Quiché, no opera ENEL pero sí lo hace Solel Boneh. La cons-tructora. Hidroxacbal tiene como dueños al Grupo Terra de Honduras, de la familia Facussé (uno de los principales grupos que respaldaron el golpe militar en Honduras, el 28 de junio recién pasado), una de las familias más influyentes en ese país. En Hidroxacbal participan los bancos GT Con-tinental y Agromercantil. También la Ex-tractora Minera de Occidente que estuvo involucrada en la construcción de las hi-droeléctricas Montecristo y El Canadá, en Quetzaltenango.

Todos los proyectos hidroeléctricos de ENEL son parte del llamado anillo hidráu-lico, el cual deberá estar integrado para 2015, de llegar a construirse y conectar-se todas hidroeléctricas. Nueve compa-ñías han mostrado interés, por ahora, para ofertar en septiembre en el proyecto de construcción de las líneas de interconexión que forman parte del plan de expansión de transmisión 2008-2018, el cual debiera co-menzar en marzo del 2010. Las empresas extranjeras son:

n Tresa (España);n Techint (Italia);

n Eléctricas de Medellín (Colombia);n Recsa (España-Unión Fenosa);n Daewoo E&C (Corea del Sur);n Cemig Generación y Transmisión (Brasil);n Elecnor (España);n AEI (Estados Unidos); y,n Sademex/Sadeven (México/Venezuela).

El plazo para presentar las ofertas ven-ce el 29 de septiembre2.

El Plan de Expansión de Transmisión incluye la construcción de 1,393.4 kilóme-tros de red para unir el sistema de trans-misión del sistema principal. Según datos de la Comisión Nacional de Energía Eléctri-ca (CNEE), el sistema de transmisión del país consta de 3,522 kilómetros de líneas, siendo cuatro empresas las propietarias de la mayor parte de esa red, a saber:

n 80% pertenece a la Empresa de Trans-porte y Control de Energía Eléctrica (ET-CEE-INDE);

n 18.7% es de Trelec;n Duke Energy International Transmition

posee 0.95%; y, n Recsa es propietaria del 0.33%3.

2. Business News Americas. “Obras de plan de transmisión comenzarán en marzo y ya hay expresiones de interés”, 17 de junio de 2009.

3. Prensa Libre. “Empresas de transporte de electricidad critican peaje”, 2 de junio de 2009.

Todos esos proyectos hidroeléctricos sumados a otros que planifican ca-pitales locales y transnacionales -incluidas geotérmicas, plantas carboneras y termoeléctricas- a lo largo de la cadena montañosa que recorre toda la región central del país, además de garantizar la transformación de la matriz energética y de hacer de Guatemala un país exportador de electricidad, tiene el propósito de garantizar el fluido eléctrico a los inversionistas de la industria extractiva.

Por eso Huehuetenango es una región estratégica. Decenas de licencias mineras se han otorgado recientemente o desde hace décadas, y muchas otras están siendo solicitadas. Las más importantes se refieren a la exploración y explotación de minerales metálicos sobresaliendo las interesadas en oro, plata, plomo, antimonio, cobre y zinc. Estos minerales, por lo general, son exporta-dos en su mayor parte y en menor cantidad utilizados por la industria local.

Uno de los casos a destacar es el conjunto de relaciones e intereses que se han tejido en el último quinquenio entre un conglomerado de empresas e inversionistas locales y extranjeros para la explotación de zinc, plata, cobre y plomo en el municipio de Chiantla, y los municipios aledaños donde se han encontrado importantes vetas.

11

En ese conglomerado destaca la minera canadiense Firestone Ventures, que posee proyectos de explotación de oro, zinc y uranio en el occidente de Canadá. Su proyecto más importante en Guatemala se localiza en la mina Torlon ubicada en la aldea del mismo nombre en el municipio de Chiantla, Hue-huetenango, y cuyos derechos le pertenecen a la Cooperativa de Producción Industrial Juventud Minera R.L.. La licencia fue adjudicada por primera vez en 1898 (Ver mapa 3). A nombre de la cooperativa aparece todavía la licencia en la base de datos del MEM (Ver cuadro 1). Dicha cooperativa tiene su sede en la aldea Torlon y la integran un poco más de 50 familias. Los minerales encon-trados son principalmente zinc, seguidos por plata y plomo.

Mapa No. 4Guatemala: Ubicación de la mina Torlón en el municipio de

Chiantla, departamento de Huehetenango

Fuente: Firestone Ventures.

La mina Torlon ha sido de interés desde el año 2000, cuando la canadiense ZyncOx Resources negoció invertir en el área conjuntamente con la canadiense Redhawk Resources. Esta última pasó a controlar todo el proyecto en 2002, y en 2004 cedió los derechos de exploración a la canadiense Firestone Ventures, la cual a la fecha tiene la opción de compra del 100% de todos los derechos de esa licencia, proceso que ha avanzado conjuntamente con la cooperativa. La extensión territorial de la mina, según datos de la minera canadiense, es de 16 hectáreas.

12

La tendencia al alza en el precio internacional del zinc durante los últimos seis meses parece mostrar una leve recuperación que lo hace más interesante, tal como lo muestra la gráfica 1. Y, en ese contexto, Firestone Ventures se está preparando para iniciar la fase de comercialización del mineral.

Gráfica 1Tendencia internacional del precio del zinc

en los últimos seis meses (Dólares por libra)

Si bien el proyecto más importante de Firestone Ventures es la mina Tor-lon, la minera tiene intereses en otras licencias mineras cuyos poseedores de derechos son otras empresas o inversionistas, incluso, el Presidente de Fires-tone Ventures, Lori Walton, posee una licencia a su nombre, llamada Orbita, que está contigua a Torlon.

Debido a esos otros intereses, Firestone Ventures se presenta como un holding, es decir un grupo de empresas y socios locales que poseen unas 14 licencias mineras que ya han sido otorgadas por el MEM, o están en proceso de transferírsele a la canadiense, o en fase de solicitud.

Cuadro 1Guatemala: Descripción de las concesiones mineras más importantes de Firestone Ventures en los municipios de San Sebastián, Chiantla y

Santa Bárbara, departamento de Huehuetenango

Nombre Número Tipo de Fecha Expira Área Concesión otorgada Has.

Torlon CT-148 Explotación 28/6/1901 -------- 16Orbita LEXR-905 Exploración 2/5/2005 2/5/2010 134Saturno LEXR-023 Exploración A otorgarse 2300(Selegua) SEXR-023-07 en 2009 por 3 añosSaturno II SEXR-032-05 Exploración 2/9/2006 21/9/2009 2450


13

En 2007, Firestone Ventures firmó un acuerdo con la minera Goldcorp para adquirir las licencias mineras Saturno y Saturno II, las cuales rodean la licencia Torlon. Ambas licencias estaban a nombre de Montana Exploradora, subsidiaria de Goldcorp, tal como sigue apareciendo en la base de datos del MEM y según se distingue en el mapa 4.

Mapa No. 5Guatemala: Bloque de licencias más importantes de Firestone Ventures Holding en los municipios de Chiantla, San Sebastián

y Santa Bárbara, departamento de Huehuetenango


Tal como se identifican en el cuadro y mapas anteriores, las cuatro licen-cias mineras son el núcleo del proyecto minero de zinc y plomo de Firsetone Ventures, las que se extienden a los municipios de Chiantla, San Sebastián Huehuetenango y Santa Bárbara. Pero la canadiense tiene intereses mayores y se ha ampliado territorialmente al adquirir o negociar varias licencias que están a nombre de Tenango Mining Company y de los esposos guatemaltecos Markus Obrist Berger y María Isabel Farner Mayorga de Obrist. La mayoría de esas licencias se encuentra en Huehuetenango y el resto en Alta Verapaz.

Las licencias de Tenango Mining Co. son Casaca, Llano del Coyote y Laura en los municipios de San Idelfonso Ixtahuacán, Aguacatán y San Sebatián Coatán, las cuales se negocian o ya están negociadas con Firestone Ventu-res. En tanto, las licencias de la pareja guatemalteca Obrist son El Milagro en los municipios de Santa Bárbara, San Sebastián Huehuetenango, Chiantla y Huehuetanango; Cantuela en los municipios de Huehueteanango, Chiantla, Aguacatán y Malacantancito; Coya en Todos Santos Cuchumatán, Concepción Huista, Santiago Chimaltenango y San Juan Atitán; y, Soloma en San Juan Ixcoy y Soloma, igualmente negociadas a favor de Firestone Ventures.

Tenango Mining es subsidiaria de la francesa Chemiun Corp. (CMM) con sede en París. La transnacional francesa es parte del grupo industrial CMM LLC USA, con sede en Delaware, Estados Unidos. Tenango Mining tiene como representante y administrador único en Guatemala al ingeniero químico Danilo Mirón Polanco, quien también preside al grupo Consultores de Etanol (Ethanol Consultants), el cual trabaja para las principales destilerías de los ingenios azucareros más importantes del país.

14

Mapa No. 6Guatemala: Licencias mineras de Firestone Ventures Holding en los departamentos de Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz


Tenango Mining opera en Guatemala desde diversas empresas cuyo pro-pietario es Markus Obrist Berger, quien a la vez es Gerente de Tenango Mining en Guatemala. Las sedes desde donde opera son Auto Técnica y Servicios (ATC) y las mineras Green Hill Mining S.A. y Exploradora Esperanza S.A., esta última con operaciones en Chiantla, Huehuetenango, donde también tiene una sede. Tenango Mining exporta zinc a CMM de Francia y a la minera china Yunnan Geology And Mineral Resources.

La Exploradora Esperanza es una minera a cargo de explotación de zinc y plomo, y trabaja conjuntamente con la minera de larga data, Minas de Guate-mala, S.A., en sus licencias localizadas en la extensa veta mineral Esperanza que abarca los municipios sureños de Huehuetenango: Chiantla, Santa Bár-bara, San Sebastián Huehuetenango y Agucatán, según se indica en el mapa anterior.

En Alta Verapaz, Firestone Ventures reporta como parte de su holding minero las licencias Montaña Caquipec y Montaña Caquipec I, las cuales apa-recen a nombre de Farner Mayorga de Obrist en los archivos del MEM, y que produjo miles de toneladas de plata, zinc y plomo entre 1947 y 1962, cuando el área minera tuvo su mayor apogeo. Es al mismo tiempo una de las áreas con bosque nuboso más importante del país donde habitan especies en peligro de extinción, particularmente aves. En ese mismo bloque, la canadiense inclu-ye la licencia Caquipec II, la cual no aparece en la base de datos del MEM con ese nombre sino bajo el título de Secochoy, operada por Minera Quetzal, S.A., del grupo International Trading House Chemicals (ITH Chemicals LLC), según se apunta en el recuadro III.

Las licencias abarcan parte de la finca Caquipec, S.A., municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, propiedad de Luis Mariano Eskenasy Gómez, la cual es propietaria de los yacimientos de zinc y es la que ha explotado el mi-neral por décadas. Se exporta mayormente a Taiwán a través de las empresas

15

de Obrist Berger. Sin embargo, el territorio de esas licencias mineras incluye secciones de los municipios de San Pedro Carchá, Tamahú, Tucurú y Senahú, todos de Alta Verapaz.

Otra licencia es Cerro Tzumuy, en Oxec, Cahabón, que fue solicitada por Farner Mayorga de Obrist, y ya es parte del bloque de Firestone Ventures. Está rodeada por las licencias de la minera Guatemala Cooper, subsidiaria de la canadiense Crescent Resources. Oxec es un área que fue explotada en los años de 1970 por la minera Transmetales, subsidiaria de Basic Resources, esta última, una petrolera que fue adquirida por la francesa Perenco. La zona es rica en cobre.

El empresario minero Jorge Luis Áva-los Austria, de Guatemala, es Presidente de International Trade House (ITH Chemi-cals), la cual es una transnacional cuyas sedes principales están en Estados Unidos y Guatemala, y con operaciones en toda Centroamérica, Haití, Jamaica, México y República Dominicana. A nombre de él y su esposa, Elizabeth Haidacher Ávila de Ávalos, aparecen varias licencias mineras en todo el territorio guatemalteco.

Si bien el grupo tiene amplios intereses mineros, en realidad desde un principio ITH ha estado involucrada en el negocio de la industria química, y particularmen-te en la producción de cloro. Por eso, su proyecto bandera es el que posee la em-presa del grupo, Quimoálcali, S.A., que es una planta de producción de cloro situada cerca de los complejos portuarios de San José y Puerto Quetzal, en el Parcelamiento Santa Isabel, según reza información del grupo.

En esta planta, fundada en 2005 e ins-crita en 2007, estarían involucrados inte-reses de la familia Berger Widmann. De hecho, Luis Ávalos Austria ha sido miem-bro de la Junta Directiva del Ingenio Gua-dalupe –cuya propiedad es de la familia Widmann-, al igual que Óscar Berger Wid-mann, quien también ha fungido como asesor legal de dicho ingenio. Berger Wid-mann es hijo del ex Presidente de la Repú-blica, Óscar Berger Perdomo*.

ITH es la empresa que comercializa el cloro con el que se potabiliza el agua en Centroamérica, actividad que sería trasla-

dada a Quimoálcali, cuando la planta esté plenamente en funcionamiento. Parte del financiamiento de la construcción de la planta proviene del Banco Centroamerica-no de Intergración Económica (BCIE), que aprobó un préstamo de US$ 4 millones, según se detalla en su cartera de proyec-tos, y para 2009 quedaba por reembolsar cerca del 12.5% del préstamo.

ITH Chemicals opera en Guatemala a través de varias sociedades registradas a nombre de:

n Minera Quetzal, S.A.;n Representaciones Químicas, S.A.;n Geominas, S.A.; Productos Químicos, S.A.;n Exportaciones y Servicios, S.A.; y,n Explotación de Minas y Canteras, S.A.n Quimoálcali, S.A.

Con excepción de Quimoálcali, todas estas sociedades tienen licencias mineras en el país.

Igualmente, Avalos Austria preside otras empresas como:

n Minera Barita, S.A.;n Explotaciones de Minas y Canteras, S.A.;n Transquímicos, S.A.;n Sales, Ácidos y Solventes, S.A.

Ávalos Austria es un importante di-rectivo de la Gremial de Minas, Cante-ras y Procesadoras. de Guatemala (GRE-MICAP), la cual llegó a presidir, y también

III. Redes mineras

* Solano, Luis. ”Reconversión productiva y agrocombustibles”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía No. 14, año 3,

septiembre de 2008, páginas 31-61.

16

está asociado con la minera canadiense Aurogin Resources, la cual fue adquirida en 2007 por otra empresa canadiense, Castle Gold, que actualmente opera el se-gundo proyecto de extracción de oro más importante en Guatemala localizado en el municipio de San Antonio La Paz, de-partamento de El Progreso, denominado Minero El Sastre. Ávalos Austria y su so-cio José Manuel Lemus Abal, a través de la minera guatemalteca Rocas El Tambor, S.A., comparten la propiedad de la mina El Sastre, conjuntamente con Castle Gold, cuya licencia sigue apareciendo a nombre de la minera guatemalteca en la base de datos del MEM.

Entre otros cargos, Ávalos Austria también es un alto directivo de la Escue-la de Negocios Tayasal, ligada a la línea religiosa conservadora Opus Dei. También ha sido Presidente de la Asociación para el Desarrollo Minero de Guatemala (ASO-DEMI).

Por eso no extraña que haya sido uno de los que encabezó y organizó la mar-cha ´pro minería´ que en el año 2006, las compañías mineras coordinaron para que sus empleados se manifestaran a favor de esa actividad extractiva. El empresario minero es uno de los que más tenazmente ha criticado a la Diócesis de San Marcos por su oposición abierta al proyecto de extracción de oro Marlin, de la transnacio-nal Goldcorp, y operado por su subsidiaria Montana Exploradora**.

Lemus Abal es Vicepresidente de las empresas Rocas Bridge, S.A. y Rocas Lu-pita, S.A., cuyos nombres también reciben las licencias que son parte del proyecto minero que explora y explota Castle Gold, aunque esas licencias aparecen a nombre de Exploraciones Mineras de Centro Amé-rica, S..A. en la base de datos del MEM, la cual es otra empresa del grupo.

Lemus Abal también dirige la empresa minera Compañía Metalúrgica de Chuacús

con sede en el municipio de Senahú, Alta Verapaz. El empresario también es Geren-te de la minera Motagua Resources que posee licencias de titanio en Baja Vera-paz, y hace pocos años fracasó un acuer-do de explotación del mineral con la mi-nera canadiense Tiomin Resources en sus licencias de Ilrut, que incluye territorios de los municipios de Rabinal y El Chol, en Baja Verapaz, y Octagón, en el municipio de Chuarrancho, Guatemala. Estas licen-cias, sin embargo, no reportan el titanio como mineral en sus vetas sino otros, en la base de datos del MEM. El ex Presiden-te de Motagua Resources es Hugo Ber-ganza Aldana, quien también posee una licencia de minerales para la construcción en Chiquimula. La actual Presidenta de esa minera es Jania Perusina Méndez de Lemus, esposa de Lemus Abal. En el caso de este último, también es Presidente de INDACO, S.A., una empresa del ramo de la construcción y explotación de minerales para la construcción cuyo representante legal es Francisco López Figueroa, quien ha sido Presidente de la GREMICAP.

Ávalos Austria también es Presiden-te de INNOVAQUIMIA, S.A., una empre-sa recién creada para producir, exportar e importar sustancias químicas utilizadas en minería. En esa empresa participa el abogado Jorge Asensio Aguirre, quien es representante legal de la minera Monta-na Exploradora, subsidiaria de la estado-unidense Goldcorp, y quien también fue gerente de esa minera en 2002. Asensio Aguirre ha sido un fiel defensor de la mi-nería, fue uno de los redactores de la Ley de Minería elaborada en 1997, actualmen-te en vigencia, y ha sido Gerente y repre-sentante legal de varias empresas gene-radoras de electricidad. INNOVAQUIMIA fue una de las empresas que férreamente se opuso a las licencias de importación de ciertas sustancias químicas que exigió el Ministerio de Ambiente y Recursos Natu-rales (MARN) en 2008, licencias que pos-teriormente fueron suspendidas4.

** Prensa Libre. “Empleados marchan en apoyo a mineras”., 11 de agosto de 2006.4. Solano, Luis. “El negocio de la electricidad: Transformación de la matriz energética y sus impactos”. El Observador. Análisis Alternativo sobre

Política y Economía No. 16, diciembre 2008 – enero 2009, página 23; Siglo Veintiuno. “Ambiente impone licencias para importar químicos”, 29 de agosto de 2008; y, Siglo Veintiuno. “Ambiente impone licencias para importar químicos”, 2 de septiembre de 2008.

17

Por el lado de su esposa, Haidacher Ávila de Ávalos, ella es una ingeniera gua-temalteca de padre alemán cuya familia está involucrada en la industria química y con la Cámara de Comercio Guatemalteca-Alemana.

En relación con la minera Guatemala Copper S.A., es una subsidiaria de Creso Resources con sede en Montreal, Canadá, y se inscribió en el Registro Mercantil en noviembre de 2006. La minera posee las licencias Hopes, Hopes I y II en los muni-cipios de Jocotán, Olopa y Esquipulas, en el departamento de Chiquimula, para ex-plorar cobre, zinc, plata, plomo, oro, anti-monio, cadmio, níquel, platino y uranio, lo que las hace un bloque estratégico, sobre todo porque es de las pocas licencias que exploran uranio en el país. También cuenta o está solicitando las licencias Bobi en San Mateo Ixtatán; Krystabell, en San Miguel Acatán; GP-1 en Soloma, Santa Eulalia y San Rafael La Independencia, todos del de-partamento de Huehuetenango.

La solicitud más importante hecha por Guatemala Copper es la licencia Huehue-tenango, que incluye un extenso territorio de los municipios de San Mateo Ixtatán, Barillas, Santa Eulalia, San Juan Ixcoy, Chiantla y Soloma en el departamento de Huehuetenango, y Nebaj, departamento de Quiché. Los minerales identificados son: níquel, cobalto, oro, plata, cobre, zinc, plo-mo, molibdeno, cadmio, minerales del gru-po del platino y tierras raras.

Los principales funcionarios de Gua-temala Copper son el geólogo guatemal-teco Otto René Galicia Guillén y el cana-diense Pierre Gauthier, quien es Presidente de Creso Resources. Galicia Guillén, quien ocupó el cargo de Gerente de Riesgo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), tiene una solici-tud de una licencia minera en el municipio de Cahabón, Alta Verapaz, para cobre, ní-quel y otros minerales

Los representantes legales de Gua-temala Copper S.A. pertenecen al bufe-

te de abogados guatemaltecos Bonilla, Montano, Toriello & Barrios, entre cuyos clientes se encuentran las mineras Auro-gin Resources (Castle Gold), Intrepid Mi-nerals Corp., Jaguar Nickel y BHP Billiton (Mayaníquel S.A.). Uno de los miembros del bufete de abogados, Rodrigo Toriello Arzú, falleció en un accidente áereo en El Salvador, ocurrido en 2002, junto a otros prominentes empresarios guatemaltecos.

En relación con Creso Resources, fue fundada por la financiera canadiense Seed Capital, de la cual Gauthier también es Presidente. Gauthier, además, es Presi-dente de la minera canadiense Nichromet Extraction, fundada por Seed Capital, que opera 22 licencias mineras en Guatemala a través de su subsidiaria Nichromet Guate-mala, concentradas en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Baja Ve-rapaz.

Nichromet Extractions Inc. se encuen-tra en medio de un acuerdo con la minera australiana Graynic Metals. El acuerdo atra-viesa por una renegociación en este mo-mento que busca una fusión entre ambas, pero de cualquier manera es una respuesta al fallido acuerdo financiero con la pode-rosa compañía minera brasileña Compañía Vale Do Rio Doce (CVRD) para operar licen-cias mineras en Guatemala, el cual dejó de tener vigencia en 2008, con el propósito de desarrollar sus licencias en Guatemala. Graynic busca invertir US$ 14 millones en Guatemala y en Cuba.

CVRD es considerada la mayor produc-tora de hierro del mundo. A principios de 2007, CVRD completó la adquisición de la minera International Company (INCO) que operó el famoso proyecto Niquegua -hoy Fénix- en Izabal, a través de EXMIBAL, en-tre la década de 1960 hasta 2005, dando lugar al surgimiento de una nueva transna-cional: CVRD INCO Limited. Esta transna-cional todavía tiene intereses en el proyec-to de níquel Fénix, el cual es operado por la canadiense HudBay.

Cabe recordar que Nichromet Guate-mala surgió de problemas internos en la

18

minera Jaguar Nickel Guatemala -que era subsidiaria de la canadiense Jaguar Nic-kel-, esta última adquirida en 2006 por la poderosa minera australiana BHP Billiton. Jaguar Nickel Guatemala opera hoy bajo el nombre de Mayaníquel S.A. BHP Billiton también es socia de Nichromet Guatemala y de Skye Resources, aunque esta última vendió sus derechos del proyecto Fénix a HudBay. Todas estas mineras tienen licen-cias en Alta Verapaz e Izabal para explora-ción de níquel.

Fuente: HudBay Minerals Inc.

Proyecto Fénix de extracción de Niquel ubicado en Izabal.

En ese contexto, la situación actual del proyecto Fénix es su suspensión temporal, debido en gran parte a la falta de sumi-nistro de electricidad. Por ahora, HudBay negocia acuerdos de generación de elec-tricidad de bajo costo, los cuales se es-tán concentrando en la compra de ener-gía generada por hidroeléctricas que se han construido o se están construyendo en la región del río Polochic. Este tipo de acuerdos confirma nuevamente la impor-tancia de las hidroeléctricas privadas en una región de alta conflictividad agraria, para favorecer los proyectos mineros de la zona. Esta suspensión ocurre a pesar de que Skye Resources suscribió un acuerdo con la transnacional Duke Energy para el suministro de electricidad que será produ-cida por la planta carbonera Las Palmas II, en construcción y a la que todavía le faltan por lo menos entre uno y dos años para entrar en operaciones5.

Además, el 7 de julio de 20096 se dio a conocer que Duke Energy adquirió a la empresa guatemalteca Inver-Energy, S.A., que tiene entre sus proyectos la construc-ción de la hidroeléctrica San Cristóbal, en Quixal, Alta Verapaz. La importancia de este proyecto es que se encuentra en las cercanías de la estación eléctrica Tactic, en ese mismo municipio de Baja Verapaz, y desde donde se planifica la distribución de energía eléctrica hasta la zona del Po-lochic, además de que es ahí donde se encuentran los proyectos mineros de ní-quel. Ese proyecto bien podría ser parte de los planes de suministro de electricidad a la planta de HudBay en El Estor, Izabal, aparte de que se convierte en la primera hidroeléctrica de Duke Energy en Guate-mala. Se sabe además que anteriormen-te, hace unos meses atrás, en este año, operadores de Inver Energy hicieron pre-sencia por la zona del río Copón, Ixcán, posiblemente valorando aspectos relativos a este proyecto.

En octubre de 2007, Skye Resources firmó un acuerdo con la transnacional es-tadounidense Duke Energy para el sumi-nistro de electricidad y la construcción de una línea de transmisión eléctrica para el proyecto de ferroníquel Fénix. Los prime-ros cinco años de suministro de energía, se estableció en ese acuerdo, se provee-rán bajo un acuerdo de compra a través de una conexión a la red eléctrica nacio-nal, comenzando en 2009. Entre los años 2 y 5 se construirá una planta de 150 MW que usará carbón como combustible. En diciembre de 2007, Duke Energy anunció la construcción de una planta similar en Guatemala, y aunque no aclaró si era para el proyecto Fénix, anunció que el carbón sería importado de Colombia. Duke Ener-gy es conocida por formar parte del grupo de empresas de generación de electricidad llamado “La Docena Sucia”, término que ambientalistas usan para referirse a las doce transnacionales más contaminantes de Estados Unidos por las emisiones de dióxido de carbono que producen a tra-vés de la quema de carbón. Duke Energy posee plantas de generación en Escuintla

5. Solano, Luis, op. cit., páginas 14-15.6. Prensa Libre. “Duke Energy construirá hidroeléctrica en Alta Verapaz”, 7 de julio de 2009, versión electrónica.

19

denominadas Arizona y Las Palmas.

En el caso de Mayaníquel, la noticia más importante ocurrida hace pocos meses, es el anuncio de la venta que BHP Billiton hizo de Mayaníquel a la minera canadien-se Anfield Ventures por un monto de US$ 3.55 millones. La canadiense fue fundada en 2005 en Vancouver y sus operaciones

de níquel se localizan en Canadá. Mayaní-quel posee 21 licencias mineras, casi todas entre los departamentos de Izabal y Alta Verapaz, contiguas al proyecto minero de níquel Fénix, para explorar el mineral cu-yos principales depósitos se han detectado en sus licencias de Sechol, El Tunico, Cha-tala y Chiis en el municipio de Cahabón, Alta Verapaz.

Finalmente, se identifica otra licencia minera bajo el nombre de Zenit pero que la base de datos del MEM no tiene registrada. Es de suponer, dada su posición geográfica, que se trata de una de las dos secciones en que se divide la licencia Montaña Caquipec, la cual se quedaría con la parte norte del bloque, y la parte sur es Zenit. En todo caso, todas las licencias son para explotar zinc, en su mayoría, y otros minerales como cobre, plata y plomo.

De acuerdo con la agencia Invest In Guatemala, que promociona inversiones extranjeras en Guatemala, en el bloque de Caquipec se estima la existencia de medio millón de toneladas de zinc, combinado con plomo.

Firestone Ventures también reporta la licencia Quebrada Suqinay en el municipio de Purul-há, Baja Verapaz, la cual aparece bajo el nombre de Tenango Mining Co., con el objetivo de explotar plomo, plata y zinc.

El grupo de Obrist Berger es un grupo de empresas organizado alrededor de la explotación del zinc y del reciclaje de materiales que contienen zinc, no sólo para la industria local sino sobre todo para la exportación. Por esa razón, una de sus empresas es Zinc y Metales, S.A. (ZIMETSA), una de las principales empresas dedicadas al reciclaje de zinc. Con sede en la ciudad de Guatemala y sucursales en El Salvador y Nicaragua, es integrante de la Corporación SELMET y miembro asociado de la Asociación Latinoamericana de Zinc (LATIZA). De acuerdo con la compañía, ZIMETSA se integra a las principales galvanizadoras de la región extrayendo de sus fábricas los desechos que éstas generan en sus procesos de galvanizado7.

La corporación SELMET agrupa a varias empresas con presencia en Centroamérica (Gua-temala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica), y el Caribe, cuyo rubro principal es la compra, clasificación y venta de scrap ferroso y no ferroso (aluminio, cobre, bronce, zinc y acero inoxidable) al mercado internacional. De acuerdo con la corporación, el grupo inició ope-raciones de reciclaje en el año 1993, dedicándose en forma principal al desguase de barcos, habiendo trabajado barcos desde 1,000 a 3,000 toneladas. Desde el año 1999 inició operacio-nes en Centroamérica teniendo como principal centro de operaciones Guatemala, y ha desarro-llado trabajos de desmontaje y corte de estructuras de mediana y gran envergadura tales como tanques de petróleo de un millón de galones, maquinaria pesada y vagones de ferrocarril.

No extraña entonces que haya un vínculo con la empresa Minas de Guatemala, S.A., la cual controla prácticamente todas las licencias mineras de antimonio y plomo del municipio de San Idelfonso Ixtahuacán, las cuales se extienden hacia los municipios de Cuilco y Colotenango, y en la región minera de La Esperanza donde se produce fundamentalmente zinc y plomo. Más recientemente, la base de datos del MEM reporta que la licencia Clavito III, que aparecía a nombre de Minerales Concentrados, S.A. (MINECSA), pasó a manos de Minas de Guatemala.

MINECSA es una empresa que dejó de operar recientemente y era presidida hasta hace 7. Sus operaciones incluyen el manejo de residuos de zinc para su reciclaje: Ceniza: Polvo de Zinc, Escoria de Zinc; Ceni Dross, Polvo de Flux, Dross sin

Lingotear, Dross Lingoteado y Óxido de Zinc. Comercialización de los subproductos obtenidos después del proceso de reciclaje: Óxido de Zinc: ORO - USP o Grado Farmacéutico; Óxido de Zinc Blanco, Óxido de Zinc Grado Agrícola AG, Óxido de Zinc Feed Grado FG, Sulfato de Zinc, Polvo de Zinc, Aleaciones Zamac y Ánodos de Zinc.

20

poco por Ramón Parellada Balsells y su hijo Ramón Parellada Cuadrado, de origen estadounidense/guatemalteco. El primero, un reconocido exportador de café, y el segundo, un empresario de la industria de reciclaje del plástico, co-lumnista del diario Siglo Veintiuno y Director del Centro de Estudios Económi-cos y Sociales (CEES), fundado en 1957 por el ideólogo neoliberal Manuel Ayau Cordón, siendo la primera expresión de esa corriente ideológica en el país.

Minas de Guatemala, con un historial de violaciones a los derechos sindi-cales de sus trabajadores en la década de 1970 en sus minas más conocidas como “Minas de Ixtahuacán”8, opera desde finales de la década de 1950 en la región. Su Presidente y principal figura es José Luis René Abularach Abularach, proveniente de una familia vinculada a la industria del tabaco, textiles, comer-cio: Distribuidora El Tirador; y el acero: Distribuidora Universal (DISTUN) y Aceros de Guatemala.

La minera incluye a otras empresas como parte de su grupo. Entre las más importantes se encuentra Zinc Centro América, S.A., y Metales y Minerales, S.A. (METAMINSA), que exportan antimonio y zinc a su principal mercado, Es-tados Unidos, y en menor cuantía a Hong Kong, por un valor anual estimado entre US$ 1 millón a US$ 2 millones.

El actual gerente de Minas de Guatemala es Óscar Álvarez Marroquín, re-conocido funcionario bancario que dirigió instituciones como el Banco de la Construcción (CONSTRUBANCO); Banco Inmobiliario; la Corporación Financie-ra Americana y el desaparecido Banco del Ejército (BANEJER) De este último fue destituido en 2000 en medio de un escándalo financiero que involucró a toda la junta directiva del banco9. También fue Gerente (1/8/83 al 16/10/83) y Presidente del Banco de Guatemala (BANGUAT) -17/10/84 al 2/10/85-.

Oro a la vista

Pero el mineral más apetecido por las transnacionales y sus socios locales sigue siendo el oro. Uno de los proyectos que sigue avanzando en sus explo-raciones es el de la minera canadiense Radius Gold a través de su subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA, S.A.), fundada en 1996 en Guatemala. Esta última tiene como presidente al venezolano Pedro García Va-rela, gerente de las operaciones en Latinoamérica de Radius Gold, y como vi-cepresidente a Simon Ridgway, quien a la vez es Presidente de Radius Gold.

EXMINGUA, según la base de datos del MEM, cuenta con cuatro licen-cias de exploración, tres de ellas en Chiquimula: Banderas, Holly y Marimbas, mientras que la cuarta, El Tambor, se localiza en San José del Golfo, Guatema-la. Estos son los proyectos más avanzados de Radius Gold. De ellos, la licencia Banderas es la de mayor interés, ya que se opera conjuntamente con Glamis Gold -hoy Goldcorp- con la que se firmó, en noviembre de 2004, un acuerdo de adquisición del 51% de la propiedad como condición de que esta última gastara US$ 4 millones en un programa de exploración durante un período de cuatro años, principiando en 2005. Glamis –Goldcorp- puede llegar a adquirir hasta el 75% de la propiedad si financia y completa un estudio de factibilidad para el desarrollo y construcción de una mina en Banderas en un período de cinco años, comenzando en 2005. Se estima que ese proyecto minero posee más de 50 mil onzas de oro.

8. Solano, Luis. “Guatemala: petróleo y minería en las entrañas del poder”. 2005. Inforpress Centroamericana. Páginas 40-42.

9. elPeriódico. “¿Negocios transparentes?”, 21 de mayo de 2001.

21

EXMINGUA también posee otras licencias de exploración de oro en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, departamento de Guatemala. En realidad, EX-MINGUA es una empresa propiedad de Radius Gold, y para desarrollar la licencia Tambor ha formado una alianza con la transnacional minera Kappes Cassiday & Associates, con sede en Reno, Nevada, Estados Unidos, la cual tiene operaciones en Australia y México. También hay intereses de la minera canadiense Fortuna Silver Mines en participar en ese proyecto. Las acciones de EXMINGUA están divididas entre Weltern Resources Corp., inscrita en Panamá y propiedad de Radius Gold, con el 99%, mientras que el 1% restante pertenece a García Varela.

Gráfica 2

AMALCO

100%

Radius Panama Waltern Geológica Geomin (Operating company)

Recursos (Operating company)

100%

Sierra Pacífico(operating company)

Minesa Exmigua

Dominican Republic

Properties

Nicaragua Properties

Guatemala Properties

100%

Fuente: Radius Gold.

Radius Gold es el nombre público que recibe la fusión entre las canadienses de Ra-dius Exploration y Pila Gold que tuvo lugar en 2004; fusión que recibió el nombre de AMALCO, la cual creó un grupo corporativo con operaciones en Nicaragua, República Dominicana, México y Guatemala. El organigrama de AMALCO en la gráfica 2.

IV. Minería y “Operación Cóndor”Otro importante proyecto de explora-

ción de oro que se ejecuta en el oriente del país es el que aparece a nombre de la Compañía Minera El Cóndor (CMEC), que es subsidiaria de la canadiense Goldex Resources Corp. -anteriormente llamada Python Oil & Gas Corp.- y que opera las licencias El Pato, el proyecto principal, en Chiquimula; contiguo aparece la de Cerro Las Minas y El Mojón, las cuales abarcan territorios de los municipios de San José La Arada y Chiquimula, en el departamen-to de Chiquimula, y los municipios de Za-capa y San Diego, en el departamento de Zacapa.

La minera canadiense Goldex Resour-ces espera asegurar un millón de onzas troy de oro en el proyecto minero El Pato,

un territorio que consta de 126 kilómetros cuadrados, ubicado en el Cerro Las Minas, Chiquimula. La explotación se pretende a través de la subsidiaria compañía Minera El Cóndor, ya que ésta posee una licencia que vencerá en 2010, por lo que agiliza su labor para no perder dicho documento que le permitiría la explotación de oro y plata.

El proyecto El Pato, según estudios del Fondo Rotario de Naciones Unidas para la Exploración de Recursos Naturales (UN-FNRE), realizados en la década de 1960, es una de las mayores reservas de oro en Guatemala. Fue adquirido por Goldex en 2004, luego que la canadiense se hizo de CMEC tras una transacción que involucró a la minera canadiense Condor Resources, la cual era propietaria de CMEC, fundada

22

en 1996. Tanto Goldex Resources como Condor Resources fueron fundadas por la petrolera estadounidense Pentagon Petro-leum, una compañía que en la década de 1990 obtuvo varios contratos petroleros

en Petén e Ixcán, y que operaba conjun-tamente con la rama internacional de la estatal mexicana Petróleos de México (PE-MEX), Mexpetrol.

Mapa No. 7Guatemala: Ubicación del proyecto minero El Pato

En esas transacciones alrededor del proyecto El Pato fue pieza clave el empre-sario petrolero Michael Realini, un estado-unidense/guatemalteco que fue Gerente de Mexpetrol; alto directivo de Condor Re-sources y quien había sido Vicepresidente de exploraciones de Pentagon Petroleum, compañía estadounidense que dejó de operar a fines de los años 1990 en áreas localizadas al norte y occidente de Petén y el municipio de Ixcán, Quiché.

Realini es actualmente el Presidente del Comité de Energía y Recursos Natu-rales de la Cámara de Comercio Guate-malteca-Americana (AMCHAM). Ha sido miembro honorario del Centro de Estudios Estratégicos para la Estabilidad Nacional (ESTNA) y también fue Presidente de Pe-tro Latina Guatemala, subsidiaria de la petrolera inglesa Petro Latina Energy -que en sus inicios se llamó Taghmen Energy-, que posee contratos petroleros en los mu-nicipios de Fray Bartolomé de Las Casas y Cobán, Alta Verapaz, e Ixcán, Quiché. Durante el gobierno de Óscar Berger, Gol-

dex Resources identificó a Realini como asesor del mandatario guatemalteco pues era miembro del Strategic Advisory Coun-cil del Presidente. Por eso no extraña que las licencias El Pato y Cerro Las Minas fueran otorgadas en octubre de 2003 y marzo de 2004 a la CMEC, durante el go-bierno de Berger. En la actualidad, Realini es Presidente de la petrolera canadien-se Quetzal Energy, que controla el 80% de los contratos que obtuvo Petro Latina (más adelante se desarrollo este tópico), en la Franja Transversal del Norte (FTN).

En la actualidad, el representante le-gal de la Compañía Minera El Cóndor es el abogado Carlos Fernando Rivers Sando-val, quien ocupa un puesto en la Junta Di-rectiva de la GREMICAP. Rivers Sandoval es socio fundador del bufete de abogados Rivers y Asociados, sede de la minera, y actualmente dirige el parque industrial TecnoPark, inaugurado en 2007 en Taxis-co, Escuintla, el cual fue fundado por el grupo empresarial Ansa.

Fuente: Goldex Resources.

23

Según reza su currículo, Rivers San-doval ha sido Presidente y/o Director de las siguientes empresas:

n Monolit, S.A. (Grupo MultiInver- siones);

n SuperAceros, S.A.; n Prefabricados de Concreto, S.A.; n Líneas Marìtimas de Guatemala,

S.A.; n Cámara de Comercio Chileno-

Guatemalteca; n Oficina reguladora de la Importa

ción de Trigo; n Director de Aceros Arquitectóni-

cos, S.A.; y, n Representante de International

Service Corporation. (ISC, Navie ra).

Sin embargo, el abogado es más co-nocido por su participación política como alto dirigente del desaparecido partido de extrema derecha Movimiento de Libera-ción Nacional (MLN), también conocido como “partido de la violencia organiza-da”. En representación del MLN, Rivers Sandoval fue uno de los signatarios de una de las primeras iniciativas de diálo-go para concluir el conflicto armado in-terno que se concretó en el Acuerdo del Escorial, firmado entre los partidos polí-ticos con la entonces guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), en Madrid, España, en 1990.

Incluso, el haber sido sobrino de Ma-rio Sandoval Alarcón10, líder máximo del MLN y fundador y dirigente de escuadro-nes de la muerte, le llevó a integrarse a la Confederación Anticomunista Latinoa-mericana (CAL), capítulo latinoamerica-no de la Liga Anticomunista Mundial. Esta instancia fue protagónica del plan repre-sivo y contrainsurgente mejor conocido como Operación Cóndor, que fue vital en la cruzada anticomunista en Sudamérica y por el que se violaron seriamente los derechos humanos, característica de la guerra sucia de las dictaduras militares en Latinoamérica.

De acuerdo con el Archivo del Terror,

perteneciente al Centro de Documenta-ción y Archivo para la Defensa de los De-rechos Humanos, creado en 1993 por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, dentro del contexto de la Operación Cón-dor se reportó durante la dictadura mili-tar del general Alfredo Strossner, varias entradas y salidas a Paraguay, en di-ciembre de 1984, de un grupo integrado por Sandoval Alarcón, Rivers Sandoval y Piero Coen Montealegre, haciéndose acompañar de los principales oficiales de la policía secreta y judicial paragua-ya. Los documentos se identifican con la siguiente numeración: 00024F0227; 00024F0221-0222; 00024F0199-0200 y 00181F0544-0545.

En el caso de Piero Coen Monteale-gre, es un millonario empresario nicara-güense/guatemalteco de quien se sabe llegó a Guatemala luego del triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, a principios de la década de 1980, y su principal contacto fue Sandoval Alarcón. Hoy, Coen Montealegre está en la picota a raíz de sus múltiples intereses en millo-narios negocios que tienen que ver con las licitaciones de documentos de identi-dad en Guatemala (Inforpress, 30 de ju-nio de 2009. Pugnas por negocios con el Estado, un eslabón en Caso Rosenberg).

De acuerdo con el Registro Mercan-til, Rivers Sandoval aparece como Presi-dente del Consejo de la Minera El Cón-dor. El cargo de Presidente del Consejo de Administración lo ocupa James Edgard Ravannack, y el de Gerente, Francisco Alejandro Quiñónez Midence. En relación con Ravannack, es un empresario esta-dounidense vinculado a la industria pe-trolera y minera. Fue uno de los funda-dores de El Condor Resources en 1999, la que posteriormente se convertirá en Goldex Resources. Ravannack es el ma-yor accionista de Goldex y su presidente. A Ravannack también se le conoce por ser un financista del Partido Republicano de Estados Unidos.

En el caso de los socios locales, a car-go de Minera El Cóndor, resalta también el

10.La madre de Rivers Sandoval es Aida María Sandoval Alarcón de Rivers, quien era hermana de Mario Sandoval Alarcón.

24

nivel de parentesco entre ellos con Ma-rio Sandoval Alarcón, ya que Quiñónez Midence es hijo de Aída de la Asunción Midence Sandoval, sobrina de Sandoval Alarcón, ya que ella era hija de Milagros Concepción Sandoval Alarcón. El padre de Quiñónez Midence era Renán Quiñó-nez Sagastume, alto dirigente del MLN en la década de 1970, y quien participó en la confabulación para el golpe de Es-tado de marzo de 1982 contra el gene-ral Fernando Lucas García, Presidente de Guatemala entre 1978 y 1982. Tam-bién fue asesor del gobierno de facto de Efraín Ríos Montt entre marzo de 1982 y agosto de 1983.

Renán Quiñonez, Álvaro Arzú, Ale-

jandro Maldonado Aguirre y Edmund Mulet, altos dirigentes de lo que fue el ala profesional del MLN en los años de la década de 1970, fueron expulsados del MLN, a principios de la década de 1980, por Sandoval Alarcón quien los acuso de traidores debido a sus contac-tos con dirigentes de la izquierda y de la desaparecida Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG).

De los Midence y sus ramas familia-

res se destaca no sólo las redes tejidas con familias de las elites guatemalteca y salvadoreña vinculadas a la produc-ción de café, sino además el estrecho pasado emelenista y contrarrevolucio-nario de varios de sus miembros.

El caso más reciente que puso ese apellido en las noticias, fue la “casuali-dad” histórica ocurrida con el asesinato de los diputados salvadoreños al Par-lamento Centroamericano (PARLACEN) y su piloto, en 2007, cuyos cadáveres aparecieron en la Finca La Concha, la cual fue propiedad del coronel y terrate-niente Ovidio Pivaral Herrarte, candida-to presidencial en 1944, quien complo-tó sin éxito para derrocar al mandatario Juan José Arévalo, por lo que fue ex-pulsado del país en 1945. Su hija, Lilia Marina Pivaral Rodríguez, heredó esa y otras fincas contiguas: Santa Laura

y La Montaña. Ella se casó con Gusta-vo Midence Rivera, y uno de sus hijos, Carlos Midence Pivaral, se convirtió en alto dirigente del MLN en los años de la década de 1970 y 1980.

El involucramiento familiar en esa organización de extrema derecha ocu-rrió desde los inicios de la contrarrevo-lución de 1954, y lo siguió siendo hasta el final del partido en 1996. La Concha era, además, el centro de reunión anual donde se conmemoraba año con año el aniversario de la muerte de Roberto D´Aubuisson, fundador y líder máximo de la ex gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Midence Pivaral, su primo, Raúl Midence Sandoval – otro sobrino de Mario Sandoval Alarcón que también es hijo de Milagros Concepción Sandoval Alarcón, y por lo mismo tío de Quiñónez Midence-, y el hasta hace poco diplomático y escritor salvadoreño Ernesto Panamá Sandoval -también so-brino de Sandoval Alarcón-, jugaron un papel fundamental para la construcción de ARENA.

El padre de Midence Sandoval fue

Raúl Midence Rivera, otrora dirigente del MLN y cuñado de Sandoval Alar-cón. Midence Rivera se destacó durante el gobierno contrarrevolucionario del coronel Carlos Castillo Armas (1954-1957), por el alto cargo ocupado en el Comité Nacional de Defensa contra el Comunismo, instancia de inteligen-cia secreta financiada y operada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), constituida en 195411.

En ese sentido, bien podría derivar-se una relación directa entre el nombre de la Minera El Cóndor con la “Operación Cóndor”. Esta hipótesis se deriva de la vinculación marcadamente anticomu-nista de los miembros de esta empresa y su pertenencia al desaparecido MLN, y la participación del máximo líder de ese partido en el objetivo de la cruzada anticomunista latinoamericana trazado por esta operación.

11.Documentos desclasificados de la CIA citados en “Operation PBHISTORY: The Aftermath of Success”. Max Holland. International Journal of Intelligence and CounterIntelligence. Páginas 300-332, 2004.

25

La transnacional está preparándose para explorar su más reciente des-cubrimiento, el proyecto minero Escobal, localizado entre los municipios de Santa Rosa, Jalapa y Guatemala. Ese proyecto es parte de las licencias que Entremares posee en el área, al igual que sucede con la licencia Cerro Blan-co, Jutiapa, donde Goldcorp proyecta la construcción de una geotérmica para el suministro de electricidad para la explotación del oro descubierto en esa mina, con una capacidad potencial de 30 megavatios12.

12.Eduardo Villacorta, Director regional de Goldcorp Inc. señaló en febrero del presente año que debido a que el proyecto minero Cerro Blanco en Asunción Mita, Jutiapa, se encuentra muy cercano a un potencial geotérmico, la empresa realizaba estudios de factibilidad para instalar una generadora eléctrica con el vapor de la tierra, permitiéndoles contar con electricidad más barata y la posibilidad de vender el excedente en Guatemala. A esa fecha, según el funcionario, habían perforado pozos a una profundidad de 1 mil metros y aún no habían encontrado el reservorio de agua en grandes volúmenes. Respecto a ello, Romeo Rodríguez, Viceministro de Energía y Minas, informó que Goldcorp contaba con la autorización temporal del MEM para hacer esas exploraciones. Villacorta explicó que era prematuro hablar de la capacidad de generación de esta geotermoeléctrica al igual que sucede con el proyecto minero, donde no se había determinado cuánto recurso mineral existe así como tampoco se había verificado el tamaño de la infraestructura procesadora y el consumo eléctrico que requeriría. Sin embargo, estimó que podría generar unos 30 megavatios y ejemplificó que la mina Marlin demanda unos 12 megavatios de potencia.

Villacorta dijo:

La expectativa es que puedan aportar una cantidad considerable de energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que se vería beneficiado con un fluido más barato que el que se genera hoy en día, en su mayoría a partir de carbón y búnker.

Sobre los supuestos beneficios, Carlos Colom, Presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), dijo:

De instalarse esta planta ayudaría en el cambio de la matriz energética, y si se logra la meta de generar un 60% de la energía con recursos renovables, ayudará muchísimo a que el país avance y se pueda convertir en un exportador del fluido y lograr mayor estabilidad de los precios en el mediano plazo.

Secundando esas declaraciones, el Viceministro Rodríguez dijo que:

Este tipo de tecnología sirve para cubrir la generación base (la producida las 24 horas) y complementa a la producción hídrica con precios más bajos; además ayudaría en la época de verano cuando los caudales de los ríos limitan el uso del agua.

Suplemento Pulso. “Montana incursionará con geotermoeléctrica”. Diario Siglo Veintiuno, 24 de febrero de 2009.

De los proyectos de oro que ya son explotados en el país, sin lugar a dudas el más importante es el proyecto Marlin, localizado en los municipios de Sipakapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. El proyecto es pro-piedad de la transnacional estadounidense/candiense Goldcorp, que opera en Guatemala decenas de licencias mineras a través de sus subsidiarias Montana Exploradora y Entremares, y se apoya en la empresa Peridot, S.A. para la adquisición de tierras.

El proyecto Marlin y otros intereses

Foto: COPAE.Vista aérea de toda la zona que ocupa la mina Marlin, muni-cipios de San Miguel Ixtahua-cán y Sipacapa, San Marcos

26

El Gerente de Montana Exploradora es el ingeniero Milton Estuardo Saravia Rodríguez, quien también es el actual Presidente de la GREMICAP. Sobre Sara-via Rodríguez, el columnista del diario La Hora y ambientalista, Roberto Arias, publicó hace algunos años un artículo que remarca los nexos entre el Gerente de Montana Exploradora y la familia Berger -del ex gobernante Óscar Berger- y la familia Novella, dueña del monopolio cementero en Guatemala.

El artículo de marras dice:

El 17 y 18 de abril de 1993, hace casi doce años, el dia-rio Prensa Libre publicó en dos entregas, en página 8, un reportaje realizado por este servidor en el que se demues-tra fehacientemente de qué manera el ingeniero Agrónomo Milton Saravia, en ese momento Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, y ahora -paradójicamente- gerente general de la Montana Explora-dora; abusando de su posición oficial, utilizó a los medios de comunicación masiva para mentir públicamente a la ciu-dadanía sobre un tema álgido, de alto impacto y preocupa-ción pública. También se demostró cómo asumió, sin mayor experiencia, a la Secretaría Ejecutiva del CONAP de una manera fraudulenta, contraviniendo lo que entonces esta-blecía el artículo 71 de la Ley de Áreas Protegidas. A raíz del reportaje y de otros asuntos que seguramente no pare-cieron atinados al entonces gobernante, despidieron al Ing. Milton Saravia del puesto y llegó a hacerse cargo del mismo la Licda. y ahora Doctora Emy Díaz.

Fue pública la intervención de la señora Novella de Berger (María Eugenia) ampliamente conocida en corrillos am-bientales como -Nini-, para lograr que el entonces recién electo presidente de la República, Jorge Antonio Serrano Elías, nombrara a su amigo Milton Saravia, como Secre-tario Ejecutivo del CONAP. La Señora Novella de Berger fungió como Comisionada Presidencial de Medio Ambien-te con Jorge Serrano Elías. Se supo que sus aportes a la campaña presidencial fueron meritorios. Está casada con el Sr. Francois Berger, primo del actual presidente de la Repú-blica, Óscar Berger Perdomo y son propietarios, dentro de otras cosas, de Auto Safari Chapín.

Si sumamos uno más uno, lograremos leer entre líneas cuáles son las razones por las que el actual gerente de la Montana Exploradora está fungiendo como tal; por qué el Presidente de Guatemala tiene una actuación personal tan relevante en la defensa de una compañía minera extranjera…13.

Debe recordarse que el ex Presidente Óscar Berger fue un fuerte impulsor de la minería, sobre todo del proyecto minero Marlin, el cual fue respaldado plenamente, incluso con medidas represivas sobre las comunidades que se opusieron a la extracción minera en San Marcos. Y siempre se señaló, sin una prueba contundente, del involucramiento de familiares del ex mandatario en ese proyecto minero.

13.La Hora. “La ineptitud operacional de la Montana Exploradora”. Arco Iris. 29 de enero de 2005.

27

Entre el uranio y el cemento

Uno de los grupos con mucho interés y propiedad en minas para explotar minerales no metálicos es Cementos Progreso, de la familia Novella, preci-samente para la elaboración de ese material de construcción. Son varios los proyectos mineros que tienen o están solicitando en varios departamentos del país.

Uno de los proyectos de importancia estratégica son las licencias mineras otorgadas entre Cobán y Chisec, Alta Verapaz, a la empresa Sierra Negra S.A., cuyo representante legal es Thomas Dougherty Novella, quien es Presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG). La empresa explora minerales no metálicos según establece la información pública del MEM, y pertenece a Cementos Progreso S.A. Esas licencias, sin embargo, han entrado en conflic-to con otras que posee el finquero Martín Montenegro Calderón en la misma área, identificadas como SEXR 008 y 009 para exploración de níquel y uranio, ya que, de acuerdo con el MEM, es la segunda región identificada con posibles yacimientos de uranio14, junto a la zona de Esquipulas, Chiquimula (Ver mapa 7)15.

En ese contexto se prevé un conflicto social debido a que parte de las li-cencias de Sierra Negra incluyen terrenos de la finca Santa Margarita, propie-dad de Montenegro Calderón, y él no quiere dar su finca. No es claro si porque busca que le paguen una renta más alta o porque quiere proteger para sí los minerales como el uranio que potencialmente yacen en esas tierras. Para ello ha recurrido al apoyo de comunidades del área. Se suma a ello que las tierras donde opera Sierra Negra pertenecen a la familia Noack, donde hay intereses del coronel Otto Noack, ex Gerente de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC) durante el gobierno de Óscar Berger16. Otro de los representantes de Sierra Negra es Gianluca Beverini Herrera.

14.El Uranio es un elemento químico metálico de color plateado-grisáseo de la serie de los actínidos. Se origina de forma natural. En la naturaleza se presenta en muy bajas concentraciones en rocas, tierras, agua y los seres vivos. Su principal uso en la actualidad es como combustible para los reactores nucleares que producen el 17% de la electricidad obtenida en el mundo. Hay 440 reactores nucleares en el mundo en 32 países. China tiene el más grande programa de construcción de centrales nucleares para responder a su carencia en electricidad. Hay 18 países productores de uranio en el mundo, y alrededor del 52% de la producción mundial es producida en Canadá, y 30% en Australia. Los 4 primeros productores de uranio representan 56 % de la producción mundial, y los 2 primeros representan 33% de la producción mundial. Los grandes países productores de uranio son: Canadá, Australia, Kazakhstan, Nigeria, Rusia, Namibia, El Uzbekistan, Estados Unidos, Ukrania, Sudáfrica y China. No hay grandes minas de uranio que se estén abriendo y sólo una fuerte alza del precio del uranio podría acelerar las inversiones para abrir minas nuevas. No hay una bolsa financiera de uranio pues el precio se negocia por contrato. Hay 15 % del mercado del uranio que se negocia a término corto a menos de 12 meses, y 85% que se negocia a termino largo con contratos de 2 a 10 años, pero, en general, los contratos son de 3 a 5 años.

15.Hace algunos meses, un medio de comunicación informó que el Viceministro de Energía y Minas, Alfredo Pokus, dio a conocer que:

Según estudios disponibles tenemos un potencial uranífero grande, pero necesitamos que lleguen inversionistas y tecnología para fomentar esas posibilida-des.

En el contexto de esas declaraciones, y corrigiéndole la plana a Pokus, el ministro del MEM, Carlos Meany, declaró que “no hay certeza” en que el país cuente con reservas naturales de uranio y considera que hay “informalidad” en las declaraciones sobre ese tema. Ver diario La Hora del 13 de marzo de 2009. Sin embargo, cabe recordar que el MEM tiene estudios de la Misión Técnica Minera de Taiwán realizados entre 1987 y 1991, que establecieron potencial de uranio en Chiquimula. En 2006, se creó un consorcio de compañías canadienses integrado por Gold-Ore Resources Ltd, dueña de los derechos, y las empresas Pathfinder Resources, Ltd., y Santoy Resources, Ltd., para explorar uranio en Esquipulas, Chiquimula, y a pesar de encontrar rasgos, el proyecto se canceló. Ver Inforpress Centroamericana No. 1646. A la fecha, hay dos licencias para explorar uranio en Alta Verapaz, muy cerca de la ciudad de Cobán, a nombre del finquero José Martín Montenegro Calderón, Sarroguacax I y II, LEXR-008-07 LEXR-009-07, respectivamente, localizadas en la finca de su propiedad Sarroguacax. También está aprobada la licencia para exploración SEXR-012-07 HOPES, a nombre de Guatemala Copper, S.A., subsidiaria de la canadiense Creso Resources Inc., la cual se localiza en tierras de Jocotán, Olopa y Chiquimula. La transnacional ha solicitado dos licencias más en la misma zona: HOPES I y II. Ver Inforpress Centroamericana No. 1711.

16.Noack forma parte de la promoción 79 de la Escuela Politécnica y llegó al rango de coronel antes de retirarse del Ejército. Fue jefe de Kaibiles y se especia-lizó en paracaidismo. Impulsó cursos de derechos humanos dentro del Ejército y se especializó en este ramo en Suecia. Fungió como vocero del Departa-mento de Divulgación del Ejército (DIDE) entre 1997 y 1998. Fue miembro del Partido Patriota (PP) hasta el año 2004, cuando renuncia en un contexto en donde también este partido se desliga de la Gran Alianza Nacional (GANA). Su renuncia se motivó porque Noack era en ese momento el Gerente de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC), y para mantenerse en el cargo (2004-2008) renunciar al PP le facilitó su estadía. Noack perte-neció a la llamada Línea Institucional del Ejército (Sindicato), opuesta a la Línea Dura (Cofradía), y respaldó los Acuerdos de Paz. La figura más visible del Sindicato ha sido Otto Pérez Molina.

28

Mapa No. 8Guatemala: Área minera ubicada en Esquipulas, Chiquimula, donde potencialmente se ha identificado existencia de uranio

Fuente: Dirección General de Minería, Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Durante el gobierno de Berger, la Dirección General de Minería del MEM, informo que se conocía de la existencia de depósitos de uranio pero no su magnitud, por lo tanto, en este momento, no se tiene certeza de la existencia de un depósito comercial de uranio en Guatemala que pueda ser objeto de explotación.

Por otra parte, Cementos Progreso opera, entre sus proyectos más polé-micos por los altos costos sociales y ambientales que ha creado, las licencias mineras en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, a través de dos empresas. La primera es Productos Mineros de Guatemala, S.A., cuyo representante legal es precisamente Beverini Herrera; empresa ésta que también ha tenido proble-mas para operar una licencia localizada en los municipios de Santa Catarina Ixtahuacán, Santa Clara y San Juan La Laguna, departamento de Sololá, así como en Chicacao, Suchitepéquez, por potenciales problemas ambientales al Lago de Atitlán.

La otra empresa en San Juan Sacatepéquez es Minerales Industriales de Centroamérica, S.A. (MINCESA), cuyo representante legal es Miguel Ángel Imeri Soto, también representante de Generadora Progreso, S.A., empresa de generación eléctrica creada por Cementos Progreso. Todo ese proyecto de explotación mineral de la cementera es parte de un amplio proyecto de ampliación de su producción en el contexto de la competencia generada por los acuerdos de libre comercio, por los masivos proyectos de construcción de carreteras impulsados por el gobierno anterior de Óscar Berger, así como por los proyectos de carreteras venideros con el Anillo Metropolitano y la Franja Transversal del Norte (FTN). Otras dos empresas involucradas son Agrobos-

29

ques, que es la compañía reforestadora de Cementos Progreso, y cuyo re-presentante es Rodrigo Beltranena Orive, quien posee plantaciones de palma africana en el sur de Petén; y la Constructora Nacional, S.A. (CONASA), la ter-cera compañía constructora en importancia proveedora del Estado, a cargo de la construcción de una autopista de 14 kilómetros en ese municipio, necesaria para el transporte de la producción cementera.

Sed por petróleo

Como parte de la Política Energética contenida en el Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica, el gobierno de Álvaro Colom se encuentra inmerso en la promoción de la industria extractiva de hidrocarburos con el propósito de atraer inversión extranjera. En ese marco, el gobierno pre-para una licitación de doce áreas petroleras, al mismo tiempo que ya se dio a conocer el nombre de la petrolera que ganó la licitación para continuar la ex-plotación del campo petrolero de Rubelsanto. Este proceso ha puesto a la vista pública movimientos y transacciones que transnacionales y empresas locales vienen realizando en el sector petrolero local.

Una de las metas del gobierno es elevar la producción de petróleo, de 14 mil barriles diarios que se producen en la actualidad a 80 mil barriles en 2011. Aunque es una meta ambiciosa, el gobierno está decidido a iniciar la licitación de doce áreas petroleras, en algún momento de lo que resta de 2009, y lograr atraer la inversión extranjera para cumplir con la meta. Los niveles decrecien-tes de producción de crudo nacional preocupan al gobierno, debido a la impor-tancia que la explotación de hidrocarburos tiene para las finanzas públicas, en un contexto de tendencias alcistas y a la baja de los precios internacionales del crudo que afectan el precio local del petróleo nacional. Sin embargo, cumplir esa meta se ve cuesta arriba.

Los factores que se le oponen son la actual crisis económica internacional; la caída de los precios internacionales del petróleo que en los últimos días se han movido al alza; y el limitado interés de las petroleras en países con pe-queña producción de crudo cuya calidad es relativamente baja. No obstante, la campaña internacional lanzada en los últimos meses por funcionarios de gobierno se espera que rinda sus frutos. De acuerdo con asesores del MEM, en las próximas semanas se sacará a licitación pública internacional doce áreas petroleras identificadas así:

n En Petén y la Franja Transversal del Norte (FTN): 1-2008, 4-2008, 9-2008, PTN -1-2008, PTN -3-2008, PTN -4-2008, PTN -5-2008, PTN -6-2008 y PTN -7-2008;

n Mientras que en el océano Pacífico están: PAC -1-2008, PAC -2-2008 y PAC -3-2008.

El mapa a continuación gráfica las regiones de dichas licitaciones:

30

Mapa No. 9Guatemala: Áreas petroleras a licitar en 2009

Fuente: Invest In Guatemala.

La licitación está a la espera de ser aprobada por el Presidente Álvaro Colom y el Consejo de Ministros. De esas áreas, 9 se localizan en tierra y tres en el Océano Pacífico. Las tres áreas en el Pacífico tienen una extensión de 469,505 hectáreas, 461,595 hectáreas y 475,574 hectáreas, respectiva-mente. En esta región existen yacimientos de gas natural y su explotación se encuentra en franca relación con los objetivos del gobierno de producir ener-gía eléctrica a partir de este hidrocarburo a partir de 2022, de acuerdo con lo planteado en la reconversión de la matriz energética17.

Respecto a las áreas en tierra, las de mayor interés son las denominadas Área 1 Cotzal, ubicada en el Noroeste de Guatemala, en la Cuenca Petén, con una extensión de 93,333.09 hectáreas. El objetivo es determinar la presencia de hidrocarburos a partir de la evaluación de producción de 4,000 barriles diarios en el pozo Lacantúm, perforado en territorio mexicano.

En el caso del Área 4 Laguna Blanca, está ubicada en el Noroeste de Gua-temala en la Cuenca Petén, con una extensión de 126,649.35 hectáreas. El objetivo es evaluar la potencialidad de la estructura Laguna Blanca. Según informes el pozo perforado allí, reportó 330,000 pies cúbicos de gas al día así como la producción en Belice por pozo de 500 barriles diarios, ubicados a 35 kms. del área propuesta.

17.Solano, Luis. “El negocio de la electricidad: Transformación de la matriz energética y sus impactos”, op. cit., página 7.

31

Por último está el Área 9 Piedras Negras, ubicada en el Noroeste de Gua-temala en la Cuenca Petén, con una extensión de 108,028.64 hectáreas. El objetivo es determinar el potencial hidrocarburífero en las diversas estructuras identificadas en el área y confirmar la presencia de petróleo de acuerdo con muestras de canal y núcleos durante la perforación del pozo Piedras Blancas-1 en la década de 1990 por parte de la estadounidense Triton Energy.

El contexto en que se produce este ambicioso proyecto gubernamental, ocurre en el marco de la caída significativa de la producción de petróleo nacio-nal, que en sus mejores momentos llegó a 24 mil barriles diarios. Los hidro-carburos, tanto petróleo como gas natural, se han identificado en la Política Energética como fundamentales para el sostenimiento y diversificación de la matriz energética.

El MEM, que busca contener esa tendencia decreciente y garantizar un mínimo de producción, promovió desde 2008 la creación del Fondo Nacional del Petróleo (FONPETROL) bajo el criterio de que garantizará la presencia de la petrolera Perenco en el pozo Xan, el principal contrato productor localizado en el norte de Petén, el cual vence en 2010. Los rendimientos decrecientes de los más de 50 pozos que se han perforado en el campo localizado en la zona núcleo del Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT), fue el argumento oficial y de la petrolera para buscar una forma “legal” que pudiera extender el contra-to en manos de Perenco, y poder realizar nuevas inversiones en una zona en donde de otra manera legal y ambientalmente le hubiera sido negada debido a los marcos jurídicos ambientales que establecen que no puede ocurrir ese tipo de inversiones ni otorgarse contratos petroleros en parques nacionales y áreas protegidas.

Con el FONPETROL se asegura la continuidad de la producción de crudo

en esa zona a la vez que se garantizan nuevas inversiones y perforaciones. Se estima que anualmente se han venido perforando entre dos y tres pozos para totalizar más de 50 pozos con casi dos tercios de ellos produciendo. Sin embargo, es una actividad seriamente cuestionada dado que el área petrolera se encuentra dentro del PNLT, contiguo al Biotopo del mismo nombre.

La situación actual en materia de exploración y explotación

En la actualidad hay varios contratos petroleros que se encuentran en fase de exploración y otros en la de explotación. Con excepción del campo de Xan, el resto son áreas de poca producción de crudo que en algunos casos se mez-cla con el producido por Perenco, y en otros se vende al mercado local.

De acuerdo con el mapa de exploración, son las compañías Petro Latina Corp, City Petén, y Petrolera del Atlántico, las que poseen esos contratos. En el caso de Petro Latina, cedió 80% de su participación a la petrolera Quetzal Energy de Canadá, creada exclusivamente para ese acuerdo, en 2007. City Petén es una empresa recién creada para operar el contrato que el MEM otorgó a la estadounidense US Oil Recovery a través de su subsidiaria US Oil Guate-mala, en 2005.

Por su parte, la Compañía Petrolera del Atlántico es de capitales guate-maltecos y en donde predomina el grupo Campollo Codina. Esta familia es más conocida en el sector de la industria azucarera pero sus inversiones se han diversificado en los últimos 20 años hacia la banca, los cultivos de palma

32

africana, la generación de electricidad, petróleo y medios de comunicación. Entre sus empresas o participaciones accionarias se encuentra el Banco Privado para el Desa-rrollo, el Banco Agromercantil, el Banco Reformador, la Compañía Petrolera del Atlántico, el ingenio Madre Tierra y la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), de la cual fueron socios. También han construido alianzas locales y externas con la Central Azucarera del Tempisque de Costa Rica, US Capital Energy, Flamingo Energy Investments y el Ingenio Barahona en República Dominicana18.

Sobre City Petén, hay que recordar que a finales de 2008, el MEM dio a conocer en sus resoluciones 3,558 y 3,769 del 7 de noviembre y del 28 de noviembre, respec-tivamente, la aprobación de la minuta del Contrato de Ce-

sión del 51% de los derechos derivados del Contrato de Exploración y Explo-tación de Hidrocarburos número 1-2006 que se celebró entre las entidades US Oil Guatemala y City Peten S. de R.L., ordenando la publicación del contrato respectivo19. Por lo tanto, US Oil Guatemala quedó con 49% de participación.

City Peten es una empresa que se inscribió en el Registro Mercantil de Guatemala bajo el expediente 29024-2008, iniciado el 6 de junio de 2008 y cuyo último trámite se reporta el 9 de febrero de 2009. Quedó inscrita como sociedad extranjera con un capital de US$ 50 mil y bajo el mandato del ecuatoriano Horacio Yépez Maldonado. Según un medio de prensa escrito, la evaluación de los estudios financieros está dentro de los parámetros de acep-tación establecidos por el MEM ya que City Peten registra una ganancia de US$ 56.1 millones y un capital neto de US$ 56.2 millones para los trabajos que impone el contrato.

Se ha logrado establecer que Yépez Maldonado fue apoderado de la petro-

lera City Oriente, de Ecuador, hasta julio de 2008, cuando en una negociación amistosa traspasó todos sus derechos al gobierno ecuatoriano. City Oriente es subsidiaria de la estadounidense City Investing, la cual es subsidiaria de la canadiense Encana, considerada la productora de gas natural más grande de Canadá. Además, Yépez Maldonado fue Director del Instituto Nacional de Energía de Ecuador en los años de la década de 1990. En City Investing con-fluyen intereses de la familia Ford.

El contrato 1-2006 busca reacondicionar el pozo Ocultún, que se estima posee yacimientos de gas natural. US Oil Guatemala, subsidiaria de la estado-unidense US Oil Recovery, tiene como apoderado al abogado y empresario de bienes inmobiliarios Ricardo Cortés Moreno, vinculado estrechamente con el mandatario Álvaro Colom.

Un detalle a destacar es que el abogado que inscribió a City Peten es Marcelo Charnaud Bran, del bufete de abogados Asensio, Barrios, Andrade & Asociados, representantes de la minera Montana Exploradora, propietaria del proyecto de oro Marlin y, como ya se dijo antes, tiene como principal socio a Jorge Asensio Aguirre, ex Gerente de esa minera.

Con el FONPETROL se asegu-ra la continuidad de la produc-ción de crudo en esa zona a la vez que se garantizan nuevas inversiones y perforaciones.Se estima que anualmente se han venido perforando entre dos y tres pozos para totalizar más de 50 pozos con casi dos tercios de ellos produciendo.

18.Solano, Luis, y, Solis, Fernando. “El bloque histórico y el bloque hegemónico en Guatemala. Primera y segunda parte”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía No 2 y 3, año 1, septiembre y noviembre de 2006, respectivamente, páginas 2-11 y 3-14; y, Solano, Luis, y Solis Fernando. “Más allá de la consolidación bancaria: Las luchas por el control bancario y el poder económico”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía No. 4, año 2, febrero de 2007, páginas 3-37.

19.Diario de Centro América del 19 de diciembre de 2008.

33

Mapa No. 10

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Se recuerda que el Contrato 1-2006 se deriva de los que le fueran otor-

gados a la ecuatoriana Petróleo y Gas Ramrod, 1-95 y 2-95, en la década de 1990. En esos contratos tenía participación la petrolera Consolidated Ramrod Gold Corporation, fundadora de City Oriente. En 2003, el MEM le otorgó a US Oil Guatemala uno de esos contratos, y en 2005 la empresa se retiró en medio de un litigio con esa cartera. Pero poco después se le concedió nuevamente, en un acuerdo que generó dudas.

En el mapa de explotaciones, por orden de importancia después de Peren-co, le sigue la canadiense Quetzal Energy en función de la cantidad de contra-tos y pozos en producción que posee. Quetzal Energy (80% de participación) y la inglesa PetroLatina Energy (20%), operan el contrato productor 1-2005 cerca del Parque Nacional Laguna Lachúa, Alta Verapaz, en la FTN , donde se han perforado los pozos Atzam-1 y Atzam-2, y a finales de junio de 2009 se inició la perforación del pozo Atzam-3. El otro contrato de Quetzal Energy es el 6-93, en el municipio de Fray Bartolomé de Las Casas, Alta Verapaz, el cual está en fase exploratoria.

34

La producción en el 1-2005, que comenzó hace un año, ha estado en el rango de entre 1,100 y 1,500 barriles mensuales. Su producción se vende a la empresa Peren-co y a la empresa Samboro, propiedad del fundador de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), Manuel Ayau, y por muchos años Presidente de la empresa petrolera Basic Resources -hoy en manos de Perenco-. Un sobri-no de éste, Antonio Minondo Ayau, es Presidente de Pe-renco Guatemala. Quetzal Energy recientemente anunció que está comprometida a apoyar el plan del gobierno de aumentar hasta 100 mil barriles diarios la producción de crudo.

En el sector de explotación petrolera, la última acción tomada por el MEM fue la licitación del área de Rubelsanto en la FTN, con el objetivo de no detener la alicaída producción de lo que el MEM considera es el mejor crudo del país. El 24 de abril, a través de un comunicado de prensa, esa cartera anunció que re-cibió sólo una oferta, no obstante que siete empresas habían mostrado interés de participar en el proceso y que la recepción de ofertas se había prorrogado un mes para lograr una mayor participación. Aunque no es oficial todavía, ya trascendió que a esa oferente le fue otorgado el contrato.

De acuerdo con el MEM, la oferente es la Empresa Petrolera del Istmo, S.A. (EPI). La Comisión de Calificación (Junta Calificadora), tuvo un plazo máximo de 30 días hábiles para determinar si EPI calificaba para administrar, explorar y explotar por un plazo de 15 años el área de Rubelsanto, Chinajá Oeste, Ca-ribe y Tierra Blanca. Los cuatro campos petroleros integraron el Contrato 1-85 que desde el año 2006 era operado por la francesa Perenco bajo el Contrato de Servicios Petroleros de Emergencia.

La sola participación de una empresa en la oferta ha provocado preguntas,

aún sin respuestas, debido a que el área a contratar está todavía bajo un litigio irresuelto que sostiene la petrolera francesas KLP Industries contra el Estado guatemalteco. El caso, surgido en 2005 ante la fallida licitación del área luego que inicialmente KLP ganara el proceso, está a la espera de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC). Quizá la incertidumbre legal prevaleciente sea uno de los factores que más haya pesado para que el resto de oferentes ya no participara.

Igualmente, aunque se esperaba que Perenco ofertara ya no fue así. Se supone que Perenco estaría dispuesta a retirarse del área petrolera, aunque esto dependerá finalmente de las alianzas que EPI haga, dada la nula expe-riencia en operaciones petroleras de esa empresa, lo que podría llevarle a sub-contratar a más de alguna petrolera con experiencia, incluso a Perenco, para continuar las operaciones.

Según el Registro Mercantil, EPI inició su proceso de registro en Guatemala el 9 de marzo de 2009, bajo el expediente 12569-2009. El proceso concluyó el 23 de abril con la inscripción de emisión de acciones, un día antes de la entrega de la oferta en el MEM. La empresa reporta un capital de US$ 13.3 millones, y tiene como Gerente al empresario Carlos Parra Polanco, y como administrador único al abogado Randolf Castellanos Dávila. Quien inscribió la empresa fue el abogado René Lam España.

En el sector de explotación pe-trolera, la última acción tomada por el MEM fue la licitación del área de Rubelsanto en la FTN, con el objetivo de no detenerla alicaída producción de lo que el MEM considera es el mejor crudo del país.

35

Mapa No. 11

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

Castellanos Dávila es un abogado laboralista negociador de pactos colecti-vos a favor de reconocidas empresas. Actualmente es representante legal de Petro Latina Energy, cuyo contrato 1-2005 está contiguo a Rubelsanto. Mien-tras que Lam España se desempeñó como Gerente del Instituto de Fomento Municipal (INFOM) hasta principios de 2008, y ha sido Vicepresidente de la Comisión Técnica del partido Visión con Valores (VIVA), cuyo líder principal es el pastor evángelico de la Iglesia El Shadai, Harold Caballeros.

Igualmente, Parra Polanco es conocido por ejercer la Presidencia de la reconocida firma de auditores Price Waterhouse Coopers, subsidiaria de la es-tadounidense del mismo nombre que auditó petroleras como la extinta Basic Resources, de la cual hoy es propietaria Perenco. Se le recuerda también por su sociedad en el proyecto turístico Mayan Jungle Resort en Puerto Barrios, vIzabal, con el ex Ministro de Economía durante el gobierno de Jorge Serrano Elías (1991-93) y ex Comisionado Presidencial para la Privatización durante el gobierno de Álvaro Arzú, Gustavo Saravia Castillo; así como con el Ministro de Gobernación de Arzú , Rodolfo Mendoza.

De acuerdo con informaciones de prensa, EPI está asociada con la estado-

unidense MQuest International, y según la dirección electrónica de la empresa, es una compañía fundada en 1984 dedicada a servicios de consultoría y estu-dios geológicos y geofísicos para proyectos de desarrollo petrolero. Su Presi-dente, Thomas E. Moon, estuvo presente en la recepción de ofertas en el MEM. Varios de los geólogos que trabajan para MQuest han trabajado para diferentes

36

petroleras en Guatemala, y actualmente tienen un contrato con una petrolera importante que no identifican. La falta de experiencia en la explotación petro-lera de ambas, hace suponer que el contrato será operado por una petrolera a subcontratar, y si no fuera Perezco bien podría ser PetroLatina Energy (Quetzal Energy) con la cual tiene nexos el administrador único de EPI.

Se recuerda que el Gerente de EPI, Carlos Parra Polanco, ha sido un alto

directivo de la UFM al igual que William Olyslager Valenti. Este último, uno de los mandatarios de PetroLatina Energy. El Presidente de Quetzal Energy es Michael Realini, quien fuera asesor del ex mandatario Óscar Berger, tal como se mencionó anteriormente.

Recientemente se dio a conocer que el valor presente neto de las reser-

vas petroleras de Quetzal Energy aumentó de US$ 42.6 a US$ 82.1 millones. También se anunció la formal fusión entre Quetzal Energy Inc. con la minera canadiense Southampton Ventures, la cual tiene proyectos de níquel en Ca-nadá y de uranio en Nigeria. La fusión ha dado origen a Quetzal Energy Ltd., y ahora está en la búsqueda de US$ 5 millones para desarrollar los campos Atzam y Las Tortugas, en el contrato 1-2005. La fusión más las transacciones financieras ocurridas en los últimos días con la financiera canadiense Pinetree Capital y con el inversionista minero Pasquale DiCapo, le estarían asegurando esas metas.

Finalmente, hay que destacar que en ninguno de los mapas aparece la extensa área del contrato A-2-92 que operó la argentina Compañía General de Combustibles (CGN) hasta 2003, cuando quebró. El 10% de ese contrato per-tenece a Ceiba Petroleum, subsidiaria de la canadiense TrueStar Petroleum, la cual está negociando con el MEM que se le otorgue la totalidad del contrato. El Gerente de TrueStar Petroleum Guatemala es Víctor Daniel Aguilar, ex Director de Hidrocarburos durante el gobierno de Óscar Berger

Mapa No. 12Guatemala: Contrato petrolero que TrueStar Petroleum ne-gocia con el MEM, ubicado en la FTN entre los municipios de

Raxruhá, Chisec y Cobán, y parte del sur de Petén

Fuente: TrueStar Petroleum.

37

“No creo que tengamos mucho tiempo para empezar de nuevo a salir al interior del país a discutir todo el tema minero con los demás sectores, tomando en cuenta que desde el año 2005 se creó la Comisión de Alto Nivel, y que desde ahí empezaron a trabajarse to-das las reformas”

¿Cuál es el estado en que se encuentra la discusión de la Ley de Mine-ría, luego de que el 22 de enero del año en curso, se conociera que la anterior Comisión de Energía del Congreso de la República había dicta-minado sobre esta normativa?

La Comisión de Energía anterior , entregó el dictamen a la Dirección Le-gislativa el 22 de enero de este año sobre la iniciativa 35-28. Esta iniciativa lo que pretende es hacerle reformas a la actual Ley de Minería, de tal manera que cuando su servidor empieza este año a dirigir la Comisión de Energía, lo que tratamos de hacer de alguna manera es socializar un poco el tema, cosa que quizás no se logró hacer lo suficiente en la gestión de la comisión anterior. Entonces, nuestro principal objetivo fue empezar a pedir opinión a todos los sectores involucrados: al Ejecutivo; al Ministerio de Energía y Minas; al Minis-terio de Ambiente; a los centros de investigación; a las organizaciones sociales y ambientales; a la Iglesia.

Les mandamos nosotros la idea de cuál era esa iniciativa y cuál era su es-píritu para que nos mandaran cuáles eran sus propuestas, los posibles cambios y reformas. Recibimos todas esas propuestas y reformas y, en base a eso la comisión decide realizar un taller el pasado 13 de mayo para dar a conocer lo que todo mundo andaba pensando alrededor de esa iniciativa. Aprovecho aquí para hacer un paréntesis y mencionar que dicha iniciativa nunca ha estado en la comisión actual, sino que desde enero del presente año ya está en Dirección Legislativa del Congreso de la República, pero nuestra labor era socializar el tema, escuchar a los sectores para tratar de ir buscando un consenso por ser una ley tan importante, consideramos que de alguna manera tiene que ir lo mejor fundamentada y apoyada.

Actualmente, lo que estamos haciendo es tratando que cada sector se ponga de acuerdo en cuáles pueden ser las propuestas y reformas, de manera que cuando todos estemos consensuados podamos hacer presión para que en la instancia de Jefes de Bloque se agende en primera y segunda lectura dicha iniciativa, y que cuando llegue a tercera lectura ya podamos ejercer los cam-bios que hemos estado consensuando y socializando. Ese es el estado actual de la iniciativa.

Entrevista con Christian Boussinot, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Presidente de la Comisión de

Energía del Congreso de la República

Foto: elPeriódico

38

Y, ¿Qué sucede con el planteamiento que hace algunos meses atrás hicieron las organizaciones y los colectivos sociales que trabajan el tema ambiental y minero, en el sentido de que la Ley de Minería debe-ría pasar por una amplia discusión, fundamentalmente en el interior del país, con comunidades?

Nosotros estamos tratando de rescatar un poco aquel proceso que no se hizo en el pasado, porque si la iniciativa se presentó, dictaminó y se entregó a Dirección Legislativa, yo entiendo que hubiera pasado por todo ese proceso de socialización, pero como no pasó, lo que estoy tratando de hacer es corrigien-do un poco eso. Yo no creo sin embargo, que tengamos mucho tiempo para empezar de nuevo a salir al interior a discutir todo el tema minero con los de-más sectores, tomando en cuenta que desde el año 2005 se creó la Comisión de Alto Nivel y que desde ahí empezaron a trabajarse todas las reformas.

Entonces, como que este es un tema que ya ha sido bastante discutido, analizado, consensuado, y lo que nosotros estamos tratando de hacer apun-tarle a hacerle a la iniciativa que ya está en Dirección Legislativa, algunos cambios y variaciones. Pero, no somos nosotros responsables como comisión de este período, de cómo fue que se estructuró dicha iniciativa: qué le hicie-ron, con quién la platicaron, cómo la consensuaron.

¿Cuáles podrían ser las posiciones dentro de la Comisión de Energía respecto de la Ley de Minería, a partir de que públicamente se han notado dos posiciones: la primera, en donde hay algunos diputados como usted y Rosa María de Frade, que sostienen que hay necesidad de discutir algunos temas más o convocar a una discusión más am-plia; y la otra, representada por el diputado Alejandro Sinibaldi, por ejemplo, donde él dice que ese proceso ya se agotó?

Yo creo que en una iniciativa de ley tan importante como ésta no se puede hablar que el proceso de discusión ya se agotó, sobre todo porque ni siquiera ha pasado a primera lectura. Nosotros lo que queremos hacer como comisión es que los sectores estemos en la medida de lo posible en cada tema, con-sensuados para que todos estemos satisfechos para impulsarla y que pase en primera y segunda lectura, y luego hacerle los cambios propuestos. También, me imagino yo que en el proceso de lecturas de dicha iniciativa, sería conve-niente hacer un taller en donde estén también los Jefes de Bloque, y hacer nuevamente ahí propuestas sobre las posibles reformas o cambios. Van a existir algunos cambios que talvez unos van a estar de acuerdo y otros no, pero de que se trata es de buscar un punto intermedio.

¿Cuáles serían algunos de los puntos medulares que sobre esta inicia-tiva necesitarían ser discutidos y analizados más?

Los puntos torales son el medio ambiente. Por ejemplo, se pide que los titulares de licencias mineras cuenten con seguros y fianzas que garanticen el cuidado ambiental; se crea la obligación de un seguro para garantizar el cierre técnico de las minas y evitar así los pasivos ambientales. En el caso de las regalías se fija una nueva escala, y luego, el destino de las mismas también es un punto de discusión: en qué porcentaje van a ir al municipio donde se desarrolla la actividad minera, al departamento donde está la actividad minera y qué se puede repartir al resto de la república, algunas multas, etc. En el caso de los recursos hídricos, se trata de buscar un consenso sobre la mejor forma de la utilización del agua. Son tres los temas fundamentales: las regalías, el medio ambiente y el tema social.

39

En el caso de las mineras ¿Tienen participación en esta discusión y cuen-tan con alguna propuesta?

Es obvio que la Gremial de Minas tiene que hacer su propuesta. Nosotros también estamos concientes que tampoco podemos ir a decirle en este momento a los mineros que cierren las minas porque hay contratos. Pero, lo que sí po-demos hacer es mejorar las condiciones en que ellos están trabajando, que el Estado reciba y las poblaciones reciban más y no se haga tanto daño ambiental. Yo creo que de lo que se trata es que la actividad minera pueda seguir trabaján-dose, pero en mejores condiciones para la población y para el Estado.

¿Cómo cree usted que se va a seguir abordando el tema de las consultas comunitarias?

El tema de las consultas es importante porque lo que se ha hablado -por eso le digo que en la instancia de Jefes de Bloque importante tocarlo-, es que hay una Ley específica para las consultas comunitarias o populares, porque no sólo es para la actividad minera sino que cuando haya un pozo petrolero pues también pueda haber consulta, y que cuando haya una carretera también pueda haber consulta.

Las Consultas deben estar reguladas por una Ley específica y no se pueden mezclar dentro de una Ley como la de Minería.

¿Esa Ley de Consultas no está aprobada todavía?

No, esa también es una iniciativa pero que no compete a esta comisión tra-tarla.

¿Bajo qué jurisdicción está esa ley?

Desconozco en qué comisión la puedan estar manejando, pero aquí en la de Energía y Minas no la tenemos.

¿Se puede tener acceso a las deliberaciones que se tuvieron en este taller?, entiendo, este taller que hubo, si no estoy mal en mayo, hubo una especie de poner en práctica todas las propuestas, ¿se puede tener acceso a ese documento, hay una sistematización sobre eso?

Fíjese que eventualmente se le pudiera compartir la información, pero lo que pasa es que es tan variada y tan dispersa que genera un poco de conflicto, porque hay algunos que dicen que las regalías se queden en el 1% o en el 3%, y hay otros que proponen que las regalías se vayan al 50%. Entonces al tener esa información así tan desperdigada, lejos de ayudarnos a buscar consensos lo que hace es que como que separa más las posiciones. Entonces lo que nos gustaría mejor seguirlo manejando de manera discreta e irla trabajando por bloques.

La agenda o calendario va a depender que los grupos se pongan de acuer-do, porque por ejemplo, los ambientalistas, entre ellos mismos no se ponen de acuerdo qué quieren. Cuando ya estén listos sobre cuáles serán sus propuestas, ya empezamos a presionar para que pase la primera lectura; pero si yo presiono en este momento la primera lectura y los grupos no están de acuerdo, no con-tribuimos al consenso.

¿Cuál es el plazo para la discusión y aprobación de la Ley de Minería?

No hay un tiempo ni plazos establecidos, depende de todos los sectores.

40

Sobre las posicionesen torno a la minería y otros asuntos

relativos a los megaproyectos y la explotación de recursos naturales

Cronología

El 20 de enero del presente año se conoció que el dictamen a la iniciativa de Ley de Minería No. 3,528, la cual fue presentada por el gobierno de Óscar Berger y la Gran Alianza Nacional (GANA) al Congreso de la República, el 19 de septiembre de 2006, había sido trasladado a la Dirección Legislativa del Con-greso de la República para su trámite de discusión en el pleno. Este dictamen, favorable, fue emitido el 4 de diciembre de 2008 por la anterior Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, la cual venía siendo presidida por el diputado Alejandro Sinibaldi del Partido Patriota (PP).

En el marco de la legislatura para 2009, la Comisión de Energía y Minas pasó a ser presidida por el diputado Christian Boussinot del gobernante parti-do Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien anunció que se iniciaría un nuevo proceso de análisis y discusión de la ya mencionada iniciativa de ley.

El 19 de marzo del año en curso, representantes del Colectivo Madre Sel-va, de la Comisión Paz y Ecología (COPAE) de la Pastoral de San Marcos, del Centro de Acción y Asistencia Legal (CALAS), de la Fundación Ecológica (FUN-DAECO) y de la Asociación para el Desarrollo y Promoción de la Comunidad (CEIBA), instituciones integrantes de la Mesa de Diálogo sobre Minería, se reunieron con Boussinot para plantearle que la discusión y el debate sobre el contenido de la nueva legislación sobre la actividad minera debía realizarse de manera transparente, pública e incluyente de las comunidades en cuyo territo-rio existen y se planifican proyectos de minería de metales a cielo abierto.

En consecuencia, el 13 de mayo Boussinot convocó a la realización de un taller a representantes de instancias del gobierno, centros de investigación, universidades, sector religioso, sector industrial y minero, organizaciones am-bientalistas y otras organizaciones sociales1, con el objetivo de iniciar un pro-ceso abierto de discusión de la iniciativa de ley, comprometiéndose en esa oportunidad a revisar los insumos recibidos y a convocar nuevamente para presentar la propuesta revisada, antes de emitir dictamen y trasladarla al ple-no del Congreso de la República.

Por Fernando Solis

Economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y editor general de El Observador.

1. A este taller fueron convocados, por el gobierno: los ministerios de Energía y Minas (MEM), de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el de Economía (MIECO), el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), y la Comisión de Alto Nivel para la Minería del año 2005; por el sector académico: las universidades de San Carlos (USAC), Rafael Landívar (URL), del Valle de Guatemala (UVG), y Mariano Gálvez (UMG), así como la Sociedad Geológica de Guatemala (SGG) y el Colegio de Ingenieros de Guatemala; por los centros de investigación: la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y el Centro Nacional de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN); por el sector ambiental: ASOREMA, Magalí Rey Rosa de la Escuela Savia, el Colectivo Madre Selva, la Fundación Kukulcán y CALAS; por el sector religioso: la Conferencia Episcopal de Guatemala, el Arzobispado de Guatemala, Obispado de San Marcos, Consejo Ecuménico Cristiano (CEC) y la Alianza de Iglesias Evangélicas de Guatemala (AIEG); y por el sector industrial: la Gremial de Minas, Canteras y Procesadoras de Guatemala (GREMICAP).

41

Sin embargo, el 22 de junio, siete de los 21 miembros de la actual Co-misión de Energía y Minas respaldaron la decisión de no continuar con esta discusión de la iniciativa y remitirla directamente al pleno para su discusión y aprobación, sobre la base del dictamen que había sido emitido por la anterior Comisión de Energía y Minas presidida por Sinibaldi.

El 1 de julio, las organizaciones integrantes de la Mesa de Diálogo sobre Minería emitieron un comunicado condenando la actitud de los diputados y fundamentalmente de Boussinot, porque constituían una burla al proceso de diálogo que se había iniciado y por vulnerar el derecho de las comunidades a opinar sobre asuntos que les conciernen, lo que contribuye a generar con-flictos y a afectar la gobernabilidad local. De esa cuenta, exigieron a la Junta Directiva del Congreso de la República y a la Instancia de Jefes de Bloque, detener el proceso legislativo de la discusión de la iniciativa de ley así como emplazaron al Presidente de la República, Álvaro Colom, para que la UNE se opusiera a que la llamada “Iniciativa Sinibaldi” pasara al pleno, en congruencia con lo que el mismo gobernante había manifestado en ejercicios públicos de Gobernando con la Gente respecto de esta temática. A la vez propusieron al Congreso a que solicitara formalmente a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Guatemala, su apoyo para que ésta o cualquier otra iniciativa de legislación minera fuera revisada por expertos, a fin de garantizar que cumpliera con los estándares de derechos humanos aceptados internacio-nalmente.

I. Consideraciones de la Mesa de Diálogo sobre Minería sobre aspectos

que debe contener una nueva Ley de MineríaConsultas comunitarias. Las consultas comunitarias son una práctica que contri-buye al buen gobierno dentro de las co-munidades indígenas, pero también son un derecho reconocido por el Estado gua-temalteco cuando ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Tra-bajo (OIT) y que reguló, posteriormente, dentro del Código Municipal vigente. Las mismas deben realizarse sobre la base de información clara, análisis de costo-bene-ficio desde una perspectiva social y deben ser vinculantes, lo que implica que el Es-tado tiene la obligación de responder a la voluntad manifestada por los Pueblos In-dígenas en el marco de estos procesos.

Agua. El uso del agua debe prevalecer bajo el criterio de que es un bien públi-co. Las comunidades nunca deberían ser privadas a su acceso en aras del beneficio de particulares. Siempre que no afecten

la calidad y el acceso de las comunidades a este bien natural, las empresas podrán utilizarlo haciendo el debido pago por su uso, mediante el canon que corresponde. Nunca debe existir actividad minera en zonas de recarga hídrica.

Regulaciones ambientales. Las empre-sas deben ser obligadas a evitar la con-taminación y las prácticas ruinosas. Se requieren regulaciones y controles am-bientales más estrictos que los existentes en la actualidad, particularmente para el transporte y manejo de sustancias tóxi-cas. Por ser la actividad minera de ejecu-ción sucesiva, las empresas que cuentan con licencias de explotación vigentes de-berán cumplir con las disposiciones de la nueva Ley de Minería en cuanto al control de sus actividades de explotación. En nin-gún momento los accidentes mineros se pueden convertir en deuda pública.

42

Evaluaciones ambientales. Guatemala requiere una Evaluación Ambiental Estra-tégica de todo su territorio como requisi-to previo a desarrollar una Política Minera Nacional. Posteriormente, para cada re-gión específica donde se considere otor-gar licencias mineras, deberán realizarse estudios socioambientales que incluyan la disponibilidad y consumo de agua, y debe obligarse a la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para cada caso particular, previo a cualquier actividad mi-nera. Dichos estudios debieran ser cuida-dosamente analizados por el MARN asegu-rando que los funcionarios que pretendan aprobar EIA’s con irregularidades, sean sujetos a sanciones administrativas y pe-nales.

Monitoreo ambiental. Debe quedar cla-ramente establecida la obligatoriedad de realizar monitoreo ambiental estricto y periódico para cada caso, independiente de las empresas, bajo control del MARN y con observación internacional por parte de científicos y académicos independientes. Así mismo, es importante que se reconozca el derecho de la sociedad civil de realizar sus propios sistemas de monitoreo. Para lograr que el Estado cumpla como es debi-do, su obligación de monitoreo ambiental, se debe fortalecer el MARN incrementando su presupuesto para dotarle de verdaderas capacidades de control, y deberán promo-verse modificaciones al Código Penal para dotar a dicha entidad de capacidades rea-

les de control, sanción, multas y suspen-sión de actividades dañinas comprobadas.

Auditoría. El MEM y la SAT deben reali-zar una estricta auditoría de todo lo que se extrae del subsuelo guatemalteco -tipo y volumen de los materiales y sustancias extraídas- garantizando la transparencia y accesibilidad de la información a las auto-ridades municipales, a la sociedad civil lo-cal y todos los posibles interesados, como establece la normativa vigente de acceso a información.

Fianzas y seguros. Se debe constituir -con fondos adicionales a las regalías que pagan las mineras al Estado- un mecanis-mo financiero de respuesta a emergencias ambientales, pagos de compensaciones de daños ambientales, sociales y humanos, restauración ecológica y mitigación, fian-zas de cumplimiento y por abandono. Este mecanismo debe fundamentarse en provi-siones financieras basadas en proyecciones concretas de dichos costos, y el fondo debe ser constituido a través de mecanismos le-gales y regulatorios vinculantes bajo admi-nistración transparente y participativa.

Vertido. Las empresas deben ser obli-gadas a descargar aguas residuales del proceso minero, única y exclusivamente cuando éstas estén completamente libres de cualquier agente contaminante. En ningún caso deberán permitirse descargas que no cumplan con ese requisito.

Con anterioridad, en febrero de 2009, el Consejo de los Pueblos de Occi-dente también había demandado la discusión del tema minero a través de la conformación de una comisión integrada por el gobierno, Pueblos Indígenas y No Indígenas, organizaciones ambientales y las iglesias, entre otros.

En esa oportunidad, mediante un comunicado emitió algunos criterios so-bre este dictamen a la Ley de Minería, en los siguientes términos:

n No vincula derechos humanos fundamentales regulados en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo, Convenio sobre Diversidad Biológica, el Pacto Internacional sobre Dere-chos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y otros convenidos de derechos humanos ratificados por Guatemala;

n Vulnera derechos fundamentales de carácter constitucional como consultas comunitarias, derecho a la vida, a la salud y al agua, y derecho a participar

43

en la utilización, administración y conservación de todo lo que está en el territorio de las comunidades;

n La iniciativa no es producto del consenso nacional sino constituye una pro-puesta unilateral del gobierno y el sector minero;

n Se elimina la licencia de reconocimiento minero, siendo actualmente el único mecanismo por medio del cual, las comunidades se han enterado del interés de las mineras de explotar los recursos minerales de los territorios indígenas;

n Deja desprotegidas a las poblaciones y comunidades en el caso de la com-petencia por el agua, y tampoco prevé mecanismos en forma rigurosa su contaminación, pues tolera el vertido de desechos sin límites, y no señala en que forma el Estado controlará este aspecto;

n No se prohíbe la utilización de sustancias tóxicas como el cianuro;

n No considera proceso consultivo alguno y tampoco que los resultados de las consultas sean vinculantes.

n Las regalías propuestas son ridículas y ofensivas en cuanto a los montos que ganan las empresas por la venta de los minerales que extraen y por lo que dejan al Estado;

Sobre las movilizaciones sociales por el caso de la cementera en San Juan Sacatepéquez y otros megaproyectos

Los días 12 y 13 de julio, comunidades Q’eqchis de la Zona Reina del Ix-cán, Quiché, y del municipio de Livingston, Izabal; y del pueblo Xinca de Santa María Xelapan, Jalapa; el Consejo de Pueblos de Occidente; la Coordinación y Convergencia Maya Waquib’ Kej; el Comité de Unidad Campesina (CUC); la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC); la Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales de Huehuetenango (ADH); y las comunidades Qa molo qi kaqchiqueles de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, organizaron lo que ha sido calificada como la mayor movilización y manifestación de los últimos tiempos, y que incluyó una multitudinaria cami-nata desde San Juan Sacatepéquez, protestas y bloqueos de carreteras.

Su objetivo: protestar contra la explotación minera, hidroeléctricas y me-gaproyectos en Guatemala, así como rechazar la construcción de la planta cementera de Cementos Progreso, que se pretende construir en ese municipio desde hace tres años. Esta situación ha generado un conflicto que ha derivó, hace un año, en la imposición de un Estado de Prevención por parte del go-bierno de Álvaro Colom, y paralelamente la persecución y detención de varios pobladores, la represión a las comunidades así como la ocupación del munici-pio por parte de fuerzas policiales y militares.

Al igual que lo que ha venido sucediendo con la Ley de Minería, las organi-zaciones y comunidades protestan y se movilizan porque ha habido incumpli-miento por parte del Ejecutivo y de las autoridades nacionales a compromisos adquiridos con anterioridad, además de que hay engaño y negociaciones a espaldas de las comunidades, tal como se señala en la proclama divulgada por los organizadores de la jornada. En todo caso, habrá que valorar si los siete acuerdos suscritos entre las organizaciones y el Ejecutivo al final de las movilizaciones, se cumplirán.

44

II. Algunos contenidos de la Proclama por la Defensa de la Madre Tierra, el Territorio y por la construcción del

Buen VivirEn la Proclama, las comunidades y or-

ganizaciones en diferentes regiones se ma-nifiestan y movilizan porque las empresas nacionales y extranjeras les están arreba-tando la tierra que utilizan para la siembra de maíz, para sustituirla por siembras de caña de azúcar y palma africana, así como el agua y demás recursos que son necesa-rios para su subsistencia. Así mismo, que las empresas mineras, cementeras y petro-leras contaminan el agua y los desplazan de sus territorios; las grandes hidroeléctri-cas como la de Xalalá y otras, inundan sus comunidades y los desalojan de los lugares donen han vivido históricamente, y los lu-gares que siempre han cuidado ahora son declarados áreas protegidas, los desalojan y se las entregan a empresas para que ha-gan negocio con ellas.

Cuando han defendido la Madre Tierra y sus derechos, son acusados de terroristas, de invasores, de delincuentes o de deses-tabilizadores, y estas acusaciones son di-vulgadas por los medios de comunicación que están al servicio de los empresarios; se giran ordenes de captura en su contra; los persiguen policías y soldados y los llevan a la cárcel como ha sucedido hasta ahora con Abelardo Curup, Faustino Camey, Por-firio Díaz, Efraín Díaz y Ramiro Choc, en un contexto de un Estado que deja libre al corrupto, a los políticos y a los empresarios ladrones y a los grandes narcotraficantes, pero que persigue a los pobres que recla-man sus derechos.

Han venido elevando su voz para pedir, demandar y exigir que ¡YA BASTA!, que ya no quieren más despojos; que no están dis-puestos a entregar los bienes de la Madre Naturaleza a un grupito de empresas para que se enriquezcan y dejen los ríos, los na-cimientos de agua y el suelo contaminado; y que tienen dignidad y no se venden, pero han encontrado oídos sordos de los pode-rosos, de los gobiernos y más aún, de las empresas nacionales y extranjeras.

Las movilizaciones y marchas son para mandar un mensaje a sus hermanos y her-manas del campo y las ciudades para decir-les que el clamor y su lucha es por la Vida y la Dignidad de todas y todos los guatemal-tecos, porque el agua, los bosques, ríos, lagos, plantas, animales que han cuidado al igual que sus antepasados, son para es-tás y las futuras generaciones. A las muje-res y los hombres del campo y las ciudades les dicen que digan juntos y juntas que ¡YA BASTA!, que no quieren que pasen encima de sus decisiones y que se respete su voz que han expresado en las Consultas Comu-nitarias y que con toda claridad ha dicho: No más empresas mineras que únicamente saquean la Madre Naturaleza. A la vez, que se unan a la voz de rechazo y condena a las políticas de militarización, represión y criminalización de sus comunidades, y que termine la persecución de hermanos y her-manas que han resistido a la imposición de empresas nacionales y transnacionales sa-queadoras de la Madre Tierra.

Que escuchen su palabra y su pensa-miento y exigen el retiro inmediato de la cementera de “Cementos Progreso” del territorio de San Juan Sacatepéquez; del “Proyecto Minero Marlín” en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos; que se suspen-dan las licencias de explotación minera de la empresa Guatemala Cooper, S.A. en las montañas de Santa María Xalapán, Jala-pa, y en muchos otros lugares donde sin su conocimiento, municipalidades o fun-cionarios de gobierno están entregando su territorio y recursos.

Llaman a unirse para rechazar las in-tenciones del Congreso de la República de beneficiar a las empresas nacionales y extranjeras por medio de la reformas de la Ley de Minería y la Ley de Aprovecha-miento y Manejo Sostenible de los Recur-sos Hídricos; exigir el retiro de las empre-sas mineras, cementeras, hidroeléctricas y petroleras que operan en las diferentes

45

Llama la atención que el diario elPeriódico haya publicado en su ediciones sucesivas del 16 y 17 de julio –apenas dos días después de las movilizaciones, en sus páginas 8 y 14 respectivamente, la nota titulada “Métodos radicales contra la explotación de recursos”, y el editorial “¿Resistencia contra el progre-so?, pues ambas entregas hacen alusión al “Manual de Resistencia Ecologista” que el Colectivo Madre Selva publicara en el año 2005, es decir, cuatro años atrás.

En ambas entregas, a todas luces malintencionadas porque precisamente se publican en el contexto de las movilizaciones organizadas por colectivos sociales, hay una tendencia –tal como lo han venido haciendo los últimos gobiernos de turno, incluyendo el actual- a criminalizar la lucha social vincu-lando las últimas marchas y la resistencia comunitaria a los megaproyectos y la actividad de minería a cielo abierto, con planes preconcebidos, métodos y acciones consideradas “subversivas” y hasta “terroristas, y cuyo diseño y práctica se enseñaría en el manual aludido.

De entrada, el artículo del 16 de julio incorpora una foto de enero de 2005 que corresponde a un camión en llamas que transportaba un cilindro que iba dirigido a la minera Montana, y cuya responsabilidad se atribuye a pobladores de Sololá que se oponían a su paso. Con razón, la activista ambiental, Magalí Rey Rosa, ex Directora y una de las fundadoras de Madre Selva, señala su preocupación por el amarillismo de la ilustración, pues la foto es:

Resultado de un acto de violencia que sucedió mucho antes de que se editara el manual.

Otra parte de la nota aludida en donde se evidencia la intencionalidad de perjudicar, es la que se refiere a las estrategias de medios, pues se atribuye al manual. Por eso dice Rey Rosa2:

La única cita que podría (y remarco podría) interpretarse de una manera diferente es dónde, resumiendo de otro texto,

regiones, y la anulación de cualquier ley o licencia que les permita a las empresas contaminar y despojarles de sus territorios o pasar por encima de su voluntad.

Es necesario una transformación pro-funda del Estado y las leyes donde la prin-cipal guía sean los derechos de los Pueblos

y las personas, así como la relación armó-nica con la Madre Naturaleza que permita un buen vivir y no las medidas como las que está impulsando el grupo Pro Reforma, que con un barniz de supuesta participa-ción hará más excluyente y antidemocráti-co el Estado guatemalteco.

2. Rey Rosa, Magalí. “En defensa de derechos”. Siempre Verde. Prensa Libre del 17 de julio de 2009.

Firman:Comunidades de San Juan Sacatepéquez, Comunidades de Zona Reina del IxcánComunidades Q’eqchís de Encuentro Campesino, Livingston IzabalConsejo de Pueblos de Occidente, Comunidades Xinkas de Santa María XalapanCoordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC)Comité de Unidad Campesina (CUC)

46

se hace una enumeración de los diferentes elementos que conforman el manejo de medios en una campaña; entre otros se cita la campaña negra, la guerra psi-cológica y la descalificación de personajes. Estas son estrategias que nunca utilizamos en Madre Selva.

Respecto al editorial que fue publicado un día después de la nota, hay varios aspectos que hay que analizar más despacio.

Por un lado, el editorial de marras se refiere al tema de la explotación de los recursos naturales en los siguientes términos:

El país es escenario de una lucha que nos concierne a todos, aunque tenga apenas a unas pocas personas por protagonistas activas. Es la lucha entre quienes bus-can el progreso, el crecimiento económico y la creación de nuevas plazas de empleo, y aquellos que se oponen al uso de recursos naturales disponibles en el territorio nacional. Esa búsqueda del crecimiento económico no tiene por qué reñir con el respeto al medio ambiente, la protección de recursos no renovables y la defensa fun-damental de la salud de los habitantes de Guatemala.

El primer aspecto que hay que destacar en este párrafo, es cómo catego-riza la polarización entre los que buscan el progreso, el crecimiento y la crea-ción de nuevas plazas de empleo a través de la explotación de los recursos naturales, y los que se oponen a esta explotación. El quid de la cuestión aquí que hay que destacar es que, bajo esa óptica, las empresas estarían en el lado “bueno” de la ecuación porque persiguen coadyuvar al desarrollo del país, ya que serían los únicos que pueden invertir en la explotación de los recursos na-turales con los que cuenta Guatemala, de una manera “responsable”, en tanto que los que se oponen –léase las comunidades y las organizaciones sociales y ambientales-, son los “malos” porque lo hacen por otros motivos políticos e ideológicos que apelan a la violencia y a la confrontación, y no porque busquen su protección y defensa, y tampoco porque busquen el desarrollo y el progreso del país.

En segundo lugar está la intencionalidad manifiesta y el criterio maniqueo de que el desarrollo y el progreso tienen necesariamente que ver con las inver-siones en grandes negocios y la explotación de recursos naturales que llevan a cabo en Guatemala, las empresas de capital nacional y las transnacionales y, fundamentalmente, por el “loable” propósito que tendrían éstas, de crear fuentes de empleo para beneficiar al país.

Desde esta perspectiva, no habría otra forma posible del desarrollo que no sea ésta, y no se toma en cuenta que las comunidades y los Pueblos Indígenas tienen sus propias formas de desarrollo que no tienen nada que ver con inver-siones que, al final de cuentas, son sólo una parte de la producción. Esto tiene que ver con que en Guatemala no ha habido realmente la discusión de un mo-delo de desarrollo auténtico y propio, sino más bien se han impuesto aquellas visiones importadas, fundamentalmente desde Estados Unidos, fundamenta-das en la liberalización económica y el libre comercio, en un crecimiento hacia afuera y no para adentro, que no toma en cuenta las necesidades de la pobla-ción sino únicamente los intereses empresariales de las empresas nacionales y transnacionales.

Desde esta perspectiva, no ha-bría otra forma posible del de-sarrollo que no sea ésta, y no se toma en cuenta que las comuni-dades y los Pueblos Indígenas tienen sus propias formas de de-sarrollo que no tienen nada que ver con inversiones que, al final de cuentas, son sólo una parte de la producción.

47

La otra idea que sub-yace aquí como conven-cimiento de la opinión pública, es que son las empresas las únicas crea-doras de empleo cuando es el capital3, en la forma en que se encuentre, el que es improductivo sino cuenta con la participación de la fuerza de trabajo para reproducirse. En un mundo capitalista como el que vivimos hoy, nadie invierte porque tenga el loable propósito de gene-rar fuentes de empleo. Lo hace porque busca gene-

rar plusvalía y ganancias para hacer rentable su capital, aun a costa de acabar con los recursos naturales, extraer minerales, vaciar montañas, explotar la fuerza de trabajo y contaminar el agua de los guatemaltecos. ¡El capital no es filántropo y no actúa porque tenga propósitos benefactores!.

Si bien es correcto –como lo apunta el editorial- que búsqueda del creci-miento económico no tiene por qué reñir con el respeto al medio ambiente, la protección de los recursos no renovables y la defensa fundamental de la salud de los habitantes de Guatemala, el problema fundamental y lo concreto es que viene sucediendo todo lo contrario. A las pruebas hay que remitirse.

Esto tiene que ver con la intensa campaña publicitaria que han lanzado tanto Goldcorp Inc. como la Gremial de Minas, Canteras y Procesadoras (GRE-MICAP) -la cual es multiplicada por algunos de los medios de comunicación masiva del país- en el sentido de querer justificar la idea de que es válido sobreexplotar los recursos naturales y dañar el medio ambiente con tal de ge-nerar fuentes de empleo para que los guatemaltecos sobrevivamos, así como que las empresas se instalen en el país con toda clase de beneficios, preben-das y hagan lo que sea para explotar nuestras riquezas, sólo porque pagan el impuesto sobre la renta y gastan dinero en las localidades donde funcionan, dejando supuestos beneficios a Guatemala.

Esta dinámica, en el fondo tiene que ver con lo que Magalí Rey Rosa dice en su columna de opinión cuando señala que:

En una conversación reciente con un alto funcionario de este gobierno, éste señalaba que hay mucha desinformación acerca de la minería. Yo estoy totalmente de acuerdo. Solo que la gran mayoría la ha esparcido el sector que favorece la explotación de metálicos, a través de folletos donde afir-man que el cianuro no es dañino para la salud, o por medio de vallas donde dicen que el 80 por ciento de los beneficios de la minería se queda en Guatemala, por ejemplo.

En el editorial se dice que es falso y manipulador que se quiera condenar

Foto: ACOGUATE.

3. El concepto de capital aquí no se refiere al dinero o a las finanzas, ni al capital humano ni a los factores de la producción como la tierra, la capacidad em-presarial o a los intereses que se ganan con una inversión como comúnmente se traslada por parte de la Escuela económica Marginalista, sino se refiere a la relación social de producción.

“Para nosotros en Goldcorp, lo valioso es el desarrollo”. Leyenda de una valla publicita-ria colocada por Goldcorp, Inc. en una zona de la ciudad capital de Guatemala.

48

todo uso de recursos naturales, incluso en el tema de los caudales de ríos nacionales que pueden generar energía limpia, como una degradación del medio ambiente.

Al respecto, es falso que las comunidades se estén opo-niendo a todo uso de los recursos naturales. Se oponen a la explotación de los recursos naturales, dentro de ello la actividad minera de metales, porque la extracción y explo-tación de oro y plata por parte de Montana, por ejemplo, está produciendo efectos ambientales, de salud y sociales nocivos, además de que el importe financiero que deja al Estado en concepto de regalías no compensa el daño eco-

nómico a los recursos naturales, y está muy por debajo del precio financiero de los minerales que exportan fuera del país. En el caso de la oposición a las hi-droeléctricas como la de Xalalá, su construcción desvíaría las fuentes de agua de las comunidades, eliminaría biodiversidad y desplazaría a las poblaciones de sus territorios ancestrales y de sus formas culturales de reproducción, entre otros efectos. Para muestra está el caso de la hidroeléctrica Chixoy: 30 años después las comunidades no han sido resarcidas, no cuentan con electricidad y muchas fueron desplazadas de sus tierras y fue afectado su tejido social.

Sí es manipulador –y eso no lo dice el editorial- que las concesiones mi-neras y la construcción de hidroeléctricas se estén planificando a espaldas de las poblaciones y no se les consulte, pasando por encima de lo que estipulan convenios internacionales reconocidos por Guatemala, así como instrumentos nacionales vigentes. También es manipulador que la publicación del diario no diga que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que fundamentan la instala-ción de las minas o de las hidroeléctricas, hayan sido manipulados por parte de las mismas empresas, y no haya una fiscalización eficiente y proba por parte de entidades como el MEM y el MARN.

Finalmente, es malintencionado que el editorial vincule al manual:

Con lineamientos similares a los seguidos años atrás por los activistas de la Guerra Popular Prolongada.

No se dice que hay derechos consignados en la Constitución Política de la República, tal como lo apunta Rey Rosa:

Supongo que para algunos es un delito que la población gua-temalteca pueda oponerse a la ejecución de proyectos que afectan sus derechos, que la gente tenga derecho de reunirse pacíficamente y de manifestar, y que pueda emitir su opi-nión y pensamiento públicamente. Pero estos son derechos consignados en nuestra Constitución Política (…) en los ar-tículos 45 (resistencia pacífica), 33 (derecho de reunión y manifestación) y 35 (libertad de emisión de pensamiento). ¿Quién considera esto subversivo?4

Lo que hace el editorial es lanzar una clara amenaza que busca criminalizar la lucha social justa.

4. Rey Rosa, Magalí, op. cit.

Para muestra está el caso de la hidroeléctrica Chixoy: 30 años después las comunida-des no han sido resarcidas, no cuentan con electricidad y mu-chas fueron desplazadas de sus tierras y fue afectado su tejido social.

49

De esta forma, elPeriódico toma partido a favor de aquellos que pretenden seguir aplicando las prácticas contrainsur-gentes para atacar a las voces independientes que se alzan para cuestionar políticas estatales y empresariales que pro-mueven un supuesto desarrollo basado en la destrucción y el abuso de los bienes más preciados para la vida: el agua, el bosque, el aire y la tierra. No podemos entender que se pretenda desarrollar a Guatemala destruyendo y agotando el patrimonio natural, agravando las condiciones de vida de las actuales y futuras generaciones5.

La pregunta que es necesario hacerse es ¿Por qué el-Periódico decidió la publicación de ambas entregas?

Se antojan un par de respuestas al respecto.

Por un lado, porque está asumiendo la defensa de los intereses que lo financian. Basta darse cuenta de la pu-blicidad y propaganda que Cementos Progreso ha venido desplegando por los medios de comunicación escrita del país, alrededor del proyecto cementero San Juan, con el propósito de “aclarar e informar sobre las dudas” que han surgido en torno a dicho proyecto. Es sintomático que un campo pagado de la empresa haya sido publicado en la página 10 de la edición de elPeriódico, el mismo día en que se publicó el editorial que venimos comentando.

En segundo lugar: ¿Acaso lo hace por la vinculación y el parentesco que Sylvia Gereda, una de las directoras del diario, tiene con los Torrebiarte Lant-zendorffe, familia propietaria del grupo Cobán y muy ligada al Consorcio Nove-lla, dueños de Cementos Progreso6. Es sabido que Gereda es esposa de Diego Torrebiarte, quien ha sido Presidente de la Gremial de Industriales Exportado-res y era hijo de uno de los jerarcas del grupo, Carlos Torrebiarte, ex Presiden-te de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), fallecido recientemente.

Así se explica los homenajes, las esquelas y las reseñas que Gereda le dedicó a Carlos Torrebiarte, su suegro, en elPeriódico al momento de su muer-te.

No es la primera vez que se utilizan las páginas de este diario por parte de Gereda para defender intereses de empresas. Recientemente sostuvo una agria discusión con Roberto Daltón alrededor del tema del programa de ferti-lizantes que ahora está bajo la tutela del Programa de Desarrollo Rural (PRO-RURAL), cuyo Comisionado precisamente es Daltón. Una disputa por el control de este programa entre el Grupo DISAGRO –del cual Daltón es Presidente- que controla el 85% de las distribuidoras de fertilizantes en el país, y otro grupo de empresas que le disputan el 15% restante que están ligadas a la Cámara del Agro.

5. Colectivo Madre Selva. “Derecho de respuesta a elPeriódico”, 17 de julio de 2009.

6. Solano, Luis. “La política de ‘limpieza social’ y el marco ideológico subyacente”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía No. 5, año 2, abril de 2007, página 35.

Sí es manipulador –y eso no lo dice el editorial- que las conce-siones mineras y la construcción de hidroeléctricas se estén pla-nificando a espaldas de las po-blaciones y no se les consulte, pasando por encima de lo que estipulan convenios internacio-nales reconocidos por Guatema-la, así como instrumentosnacionales vigentes.

50

“El dictamen de la Ley de Minería que dejó la anterior Comisión de Energía es sumamente débil en el aspecto ambiental, social y económico. Si no se hacen cambios es inadmisible que ese dictamen continúe el proceso legislativo y de aprobación en primera y segunda lectura y, es un espejismo decir que al aprobar la tercera se van a hacer enmiendas”

¿En qué estado se encuentra la discusión de la Ley de Minería en el Congreso de la República, a partir del dictamen presentado el 22 de enero del presente año?

Lo que sucede es que hay una iniciativa de Ley que presenta en el año 2005, y a finales del 2008 sale un dictamen de la anterior Comisión de Energía que yo considero que es lesivo a los intereses del país, y nosotros lo que esta-mos procurando es que se le hagan todas las enmiendas a ese dictamen para corregir toda la parte que es totalmente negativa, a mi criterio.

Esto lo hemos compartido con organizaciones ambientales, con organiza-ciones sociales, hay elementos ambientales que tienen que ser desarrollados con normas estrictas como una buena Ley de Minería, porque el impacto que tiene la explotación minera en el ambiente es importante, y si no se mitigan esos impactos y si no se garantiza que va haber un impacto menor de la mina; si no se establece que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es el que va a fiscalizar todo el cumplimiento de normas ambientales; si no hay artícu-los que vengan claramente a establecer que no se puede restringir el uso del agua de las comunidades alrededor de las explotaciones mineras por efecto de dichas explotaciones; si no se deja establecido cómo se van a producir las descargas de desechos sólidos y líquidos -y yo creo que hay que contar con un dictamen del MARN para garantizar que no va a haber una contaminación-; si no se establece que las fianzas y los seguros, además que sean daños contra terceros, como establece el dictamen, se vaya a tener fianzas y seguros para el cumplimiento de las normas de mitigación y para el cierre técnico de las minas; si no hay, por ejemplo, la posibilidad de que haya un análisis epidemio-lógico alrededor de las explotaciones mineras antes de que se inicie el proceso de explotación y durante el proceso para garantizar que no se vea afectada su salud; no es una buena Ley de Minería.

Entrevista con Rosa María de Frade, diputada por la Bancada Guatemala e integrante de la Comisión de Energía del Congreso de la

República

Foto: elPeriódico

51

Entonces, todo lo que le acabo de mencionar no lo tiene el dictamen y eso debe tenerlo, o sea, tiene que tener una fortaleza importante desde el punto de vista ambiental. Esa es la parte ambiental puramente.

Si nos vamos a la parte social, la parte de las consultas, la parte donde establece el Convenio 169, deben estar incluidas como un prerrequisito para el otorgamiento de una licencia de explotación minera. Así que nosotros, dentro de las enmiendas también dejamos establecido que debe quedar incluido el aspecto de las consultas, eso es esencial, es importante para que las comuni-dades reciban toda la información que se requiere, que puedan dar su consen-timiento informado para el proyecto donde se quiere llevar a cabo, las áreas donde ellos habitan.

Y en el tema financiero proponemos una modificación de los porcentajes de regalías para cumplir con que al Estado le queden no menos del 45% de tasas efectivas de impuestos; por eso establecemos que no se puede bajo ningún concepto, otorgar beneficios que impliquen la exoneración parcial o total del pago del Impuesto sobre la Renta a empresas que explotan, no solo bienes del Estado sino que también son bienes no renovables, o sea, no pueden haber renovaciones del ISR. Pero también las regalías deben incrementarse y esas re-galías deben ir para beneficio del desarrollo integral de las comunidades donde se realiza el proceso de explotación, pero también de los departamentos donde se realiza el proceso de explotación.

Así que la consideración es que el dictamen es sumamente débil en todos estos aspectos, en el aspecto ambiental, en el aspecto social y en el aspecto económico. Si no se hacen cambios es inadmisible que ese dictamen continúe el proceso legislativo y de aprobación en primera y segunda lectura; eso, so-bretodo, basado en una especie de espejismo de decir que al aprobar la tercera lectura se van a hacer las enmiendas, no. Si ese dictamen no tiene las enmien-das consensuadas antes de la primera lectura, las organizaciones sociales, las organizaciones ambientales, y yo misma, lo vamos a rechazar de la manera que sea necesario. Hoy hay una petición concreta de las organizaciones ambientales al Presidente del Congreso para que detenga el trámite legislativo de la aproba-ción de la primera lectura hasta que no haya un consenso sobre los planes que tiene que tener ese dictamen, porque ese dictamen debe declararse lesivo a los intereses del Estado. Ese es el estatus y no es una posición personal contra el diputado Sinibaldi, es una posición que trata de tener toda la información posi-ble, técnica, ambiental y social para ponerle las enmiendas a ese dictamen.

Esto último que nos acaba de decir sobre la petición de detener el proceso de la ley hasta que no haya consensos o hasta que no sean discutidas estas enmiendas, ¿Se puede hacer?

Por supuesto, si hay voluntad política se puede hacer. El dictamen está entregado a la Dirección Legislativa y depende del Presidente del Congreso también la determinación de la agenda. Si el Presidente del Congreso, que creo es una persona sensata, escucha la voz de los ciudadanos va a detener este proceso hasta que no se logre consensuar las modificaciones en las enmiendas que ese dictamen requiere.

El tema más importante aquí es pasar la primera lectura, que debe pasar cuando ya haya un proceso de las enmiendas, porque las enmiendas se hacen en la tercera lectura en su redacción final y por artículos, eso es verdad, pero la primera lectura debe pasar cuando ya estén consensuadas las enmiendas. Ésta es una ley que tiene un impacto muy grande desde el punto de vista ambiental, social y económico para el país.

52

Entonces, aquí no se trata como otras iniciativas de ley, que yo que soy diputada y que llevo año y medio y que dicen que van a pasar la primera, segunda y después viene la tercera, y después resulta que aprobaron unas iniciativas de ley que contravienen los intereses del país, y eso lo hemos de-nunciado constantemente, no vamos a correr ese riesgo con una iniciativa de ley tan importante. Yo creo que aquí lo que nos espera es mucho trabajo de consenso, mucho trabajo de comunicación, de relación, de vinculación con las organizaciones sociales para que se logre ese consenso de las enmiendas y el Congreso de la República va a tener que escuchar la voz de los ciudadanos, no le va a quedar otra alternativa que escuchar la voz de la gente.

¿Hay un plazo para esto?

No hay plazos. Nosotros, los que estamos a favor de una buena Ley de Minería, lo que tenemos que hacer es marcar los plazos; vamos a ser respon-sables de marcar los tiempos.

¿La Presidencia de la comisión tiene voluntad de hacer esto? ¿A quién le corresponde hacer esto o no: a la Presidencia o a la comisión en pleno?

Lo que ha manifestado la Presidencia de la Comisión en la última reunión que tuvimos, es que no tiene voluntad de que siga conociendo la Comisión de Energía y Minas, pero eso no es un obstáculo para que los sectores continue-mos trabajando en la búsqueda de los consensos y que se presenten, incluso, en la Instancia de Jefes y Subjefes de Bloque. Nosotros hemos tenido un ejer-cicio que ha sido diferente de lo que ha sucedido en las últimas legislaturas y eso empezó con la Ley del Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, que nadie en el Congreso de la República la quería, sólo las del grupo de organizaciones de mujeres y ni siquiera todas las mujeres parlamentarias. Entonces, iniciamos un proceso de discusión y llegamos a un consenso con las organizaciones sociales; nos pusimos de acuerdo en qué debía contener la Ley y cuando ya estuvimos de acuerdo, solicitamos una reunión con la Instancia de Jefes y Subjefes de Bloque, y ahí se discutió artículo por artículo. Lo mismo pasó con la Ley de Comisiones de Postulación; lo mismo con la Ley de Acceso a la Información Pública, no la querían, muchos no querían transparencia.

Hoy hay muchos diputados que quieren favorecer a la Ley de explotacio-nes mineras, pero cuando se logre el consenso de parte de las organizaciones sociales y de parte de los diputados y diputadas que queremos ese cambio, estoy absolutamente segura que en el futuro cercano van a haber otros dipu-tados que se van a sumar a esta solicitud de enmiendas a la Ley de Minería, y vamos a ir logrando el suficiente respaldo de todos los sectores para pedir que se haga una discusión artículo por artículo.

Respecto al tema de las consultas, usted mencionaba que éste es uno de los puntos fundamentales, y entendemos que hay una Iniciativa de Ley sobre participación o dedicada al tema de las consultas ¿Qué sucede con ésta?

Estamos cerrando un Articulo Transitorio en la propuesta de cambios a la Ley de Minería en el que dice que el artículo relacionado a las consultas y procedimiento de consultas, estará vigente hasta que haya una Ley específica. Porque esa historia, ese cuento de decir que no lo van a dejar incluido en la Ley de Minería porque va a haber una Ley específica, eso es un cuento; nosotros ya estamos suficientemente grandecitos para creer en esas historias porque,

53

después, ellos mismos se van a oponer a que haya la aprobación que regule específicamente las consultas a los Pueblos Indígenas. Lo que hay que hacer entonces es dejarlo como es el espíritu del Convenio 169, incluido dentro de la propia iniciativa de Ley y, además, por una razón muy sencilla: no tenemos que preguntarles si son bienes del Estado, el propio 169 establece claramente que, aún y cuando sean, por ejemplo, los minerales, en este caso, bienes del Estado considerados por los países como bienes del Estado, siempre debe desarrollarse el proceso de consulta, tiene que haber un mecanismo de con-sulta a las poblaciones indígenas cuando se esté desarrollando el proceso de explotación, o cuando se vaya a desarrollar el proceso de explotación en sus tierras indígenas o tribales; o sea que eso, el 169 lo contempla.

Y en la Ley de Minería ¿Cuál sería el tipo de consulta?

Exactamente igual de lo que se ha establecido en el Convenio 169. Lo que pasa es que ahí el Ministerio de Energía y Minas creó un Viceministerio de Desarrollo Sostenible en el año 2005, precisamente para llevar a cabo el proceso de consultas con las poblaciones indígenas a través de ese Viceminis-terio, y además habla -porque si usted lee la Política Minera que está vigente actualmente-, no solamente habla de consultas a los Pueblos Indígenas pre-vio al otorgamiento de la licencia de explotación, sino que también menciona la obligatoriedad de desarrollar un diálogo permanente una vez otorgada la licencia de explotación, es decir, que duda, de consulta, de cambio, de lo que sea, tiene que permanecer un diálogo abierto permanente con las comunida-des donde se desarrollan los procesos de explotación minera.

En ese sentido, ¿Cuál sería la relación que se puede hacer entre este dictamen o esta ley con la Política Minera que está vigente?, por ejemplo, ¿hay o no hay contradicción?

No, lo que pasa es que la Política Minera vigente habla de las consultas previas, habla del conocimiento informado, habla del diálogo permanente, es más, cuando hablo de este tema digo que sí lo tiene la Política Minera, y es muy extraño que el diputado Boussinot, que es diputado de la UNE, no recoja los principios y el espíritu de la Política Minera vigente.

Pero bueno, eso será una discusión que le corresponde a la bancada de la UNE y al actual gobierno. Nosotros vamos a seguir en este tema de los plan-teamientos conforme vayan avanzando los próximos días y tener reuniones siempre permanentes con todos los sectores, y tengo la percepción que me-nos de lo que se pueda esperar, vamos a tener un consenso.

Este planteamiento de las consultas, ¿cómo se articula con el fallo que la Corte de Constitucionalidad emitió respecto a la consulta de Sipacapa?

Es por la forma cómo se desarrolla la consulta. El fallo está relacionado con cómo se desarrolla la consulta. Si usted se da cuenta, antes de que se aprobara el Convenio 169 hubo una opinión consultiva de la Corte de Consti-tucionalidad, y ésta establece que lejos de contradecir la Constitución de Gua-temala, el Convenio 169 desarrolla principios establecidos en la misma Cons-titución Política. Entonces, eso tiene todo un respaldo jurídico constitucional, y nadie puede decir que el Convenio 169 es inconstitucional, si el 169 es Ley en nuestro país desde que se aprueba por parte del Congreso de la República.

Entonces, si usted lee la sentencia a lo que va es a la forma, al procedi-miento que se utiliza.

54

¿Pero no va al tema de la consulta como tal?

No, al tema de la consulta como tal, no. Ahora, ahí hay otra discusión que es más constitucional: si es un proyecto de beneficio nacional, aunque se de-sarrolle en una determinada comunidad, la discusión es si sólo esa comunidad puede decidir sobre ese proyecto o si no tiene que hacerse una consulta a nivel nacional. Esa es la discusión que hay con respecto de si hacerlo vinculante o no vinculante; ese es el gran tema que hay.

¿Tiene que ver con la vinculancia?

Con la vinculancia no con el conocimiento informado, no con la informa-ción, no con la comunicación, no con la obligatoriedad de darle la información a las comunidades previo al otorgamiento de la licencia.

Entendemos que hubo un taller el 13 de mayo que fue convocado por la Comisión de Energía del Congreso de la República, adonde asistieron organizaciones y colectivos ambientales y que han venido trabajando el tema de la Ley de Minería, y en donde se articuló una matriz o un vaciado por parte de la Comisión, de todas las propuestas respecto de esta iniciativa.

Pero lo que pasa es que después la Presidencia de la Comisión y otro grupo de diputados decidieron que ya no iban a seguir trabajando sobre el tema; es como una burla, yo cito a las organizaciones ambientales y sociales, vengan discutamos las posibles enmiendas y después todo el mundo llega, las presen-ta y después vienen así bueno, ya no lo vamos a seguir viendo acá, mejor que se vaya a la aprobación del primero, segundo y tercer debate, entonces por eso ahora las organizaciones sociales le van a pedir, con el derecho de peti-ción al presidente del congreso de la república para que detenga el proceso de aprobación de primera, segunda y tercera lectura para seguir trabajando en el consenso, si no se puede porque no hay el espíritu de meterse en el tema de parte de energía y minas, sí entonces trabajarlo para la instancia de jefes y subjefes de bloque, pero tenemos que buscar primero un consenso de las organizaciones ambientales y sociales, salir con una propuesta única.

Yo creo que lo que pasa es que nunca se ha hecho el esfuerzo, no se hace el esfuerzo de que cada uno llega y hace su planteamiento, pero nadie se ha puesto de acuerdo en decir que estos planteamientos se pongan esto en blanco y negro. Entonces yo estoy segura que ese proceso se va ir dando y entonces vamos a lograr más temprano de lo que la gente piensa y lo que las compañías mineras esperan, vamos a tener una propuesta articulada.

Mi pregunta iba en relación a que no se conoce o no se conoció esa famosa matriz, por ejemplo, nunca fue divulgada, yo me imagino que usted recoge una buena parte de estos elementos

Recogemos una buena parte de eso y de otro debate que hubo también sobre temas estrictamente ambientales en el hotel Panamerican hace unas tres semanas. Todas las organizaciones ambientales hicieron un debate sobre la Ley y eso sí recoge gran parte del tema de los aspectos ambientales.

55

Consulta comunitaria y participación democrática1

Presentación

El principal objetivo de este ensayo es realizar una interpretación jurídico-política de las Consultas Comunitarias de Buena Fe y trasladar la experiencia sobre estos ejercicios de participación en Guatemala a partir de que se están constituyendo, por un lado, en un movimiento social-comunitario; por otra parte, porque ya constituyen un cuerpo normativo en pleno desarrollo prote-gido por el derecho internacional de los derechos humanos en el continente interamericano.

En este contexto, la resistencia comunitaria que ha tomado forma regio-nal en los últimos años, consolidándose a través de las consultas comunita-rias-municipales, está generando una correlación de fuerzas sociales dirigida a equilibrar la relación de poder por la defensa de los territorios y recursos naturales, frente a las empresas de capital nacional y las transnacionales que los explotan.

En cuanto a los Pueblos Indígenas, el derecho de consulta de buena fe entre Pueblos y Estado, es uno de los principales mecanismos comunitarios y municipales practicados cada día con mayor extensión geográfica y política.

Dichas consultas se están constituyendo en un movimiento social comuni-tario que pretende fortalecerse a través de la autonomía municipal, de ahí las pugnas entre los tipos de administración pública en el Estado guatemalteco:

1) La administración pública del Gobierno Municipal; y,2) La administración pública del Gobierno Central o Nacional.

En la democracia formal representativa guatemalteca, ambas administra-ciones deberían coordinar y complementar las políticas públicas de desarrollo, pero a la inversa el gobierno central está continuamente imponiendo sus de-signios a los gobiernos municipales para mantener los privilegios de las clases sociales ricas del país, y las transnacionales.

Debido a esta lucha entre clases sociales y étnicas, el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, las mujeres, los discapacitados, los enfermos, etc., las Consultas de Buena Fe se constituyen en el principal me-canismo de coordinación entre las política públicas de desarrollo entre ambas administraciones, para paliar el fracaso de la democracia representativa guate-malteca, inyectando mecanismos de democracia participativa y deliberativa.

Es decir, necesitamos además de representantes en los órganos del Go-bierno Central, que los Pueblos participen directamente en tomas de decisión

Por Carlos Loarca

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Es asesor del Observatorio de Derechos Indígenas en Guatemala, así como asesor legal del caso Sipaka-pa y San Miguel Ixtahuacán ante la Comisión Interame-ricana de Derechos Humanos (CIDH).

1. Este texto es parte de una ponencia que el autor presentó ante el V Encuentro Mesoamericano de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR), celebrado en Boquete, Panamá, del 22 al 25 de abril de 2009, en representación del Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente. Ver: http://www.edlc.org/es/

56

de trascendencia nacional, generando niveles de delibe-ración sobre los asuntos públicos, ya no solo entre élites sino entre Pueblos y sectores.

De ahí la necesidad de añadir a la democracia repre-sentativa elementos de democracia participativa. El incre-mento relativo de la pasividad del Estado, resultante de la pérdida de su monopolio regulador, debe compensarse in-tensificando la ciudadanía activa, a menos que queramos ver cómo los fascismos societales invaden y colonizan esa pasividad2.

Contra dicha pasividad, el movimiento social que se ha ido articulando en y alrededor de las Consultas de Buena Fe, dirigidas principalmente por liderazgo indígena

comunitario, reivindica el derecho a su autodeterminación y autogobierno en la unidad del Estado guatemalteco, así como el cuidado de la naturaleza a manera de incluirla dentro del contrato social de la democracia participativa, y el respeto de los derechos colectivos, todo esto con la finalidad última de que la lógica de la democracia participativa conlleve a la democracia redis-tributiva, la cual debe significar solidaridad fiscal3 que permita la democracia comunitaria.

Pero la resistencia de las élites a través del Gobierno Central y los partidos políticos que ejecutan el poder político formal, ha llevado a violentar el dere-cho interno con consecuencias internacionales. De ahí que las más de 35 Con-sultas Comunitarias de Buena Fe realizadas hasta ahora no sean reconocidas como legales en toda su dimensión, y sus resultados no sean considerados vinculantes.

Hay que advertir, además, que de la resistencia comunitaria debe partirse para la lucha contra el racismo y conservar la integridad de los territorios y sus recursos naturales. La resistencia comunitaria no sólo adquiere carácter de oposición política y jurídica sino que se constituye en una de las vertientes del derecho referidas a la autodeterminación de los Pueblos, exigiendo el re-conocimiento a sus autogobiernos históricos, demostrando su capacidad para conservar los recursos naturales ecológicamente equilibrados y defender su territorio.

Mientras la ideología del racismo4 persista en los Estados, las autorizacio-nes administrativas y judiciales que afecten los territorios y recursos naturales de los Pueblos Indígenas continuarán sin reconocer el derecho de la consulta comunitaria. No reconocer el derecho de consulta de los Pueblos Indígenas es racismo.

Es la consulta la que se constituye como mecanismo de conducción demo-crática entre las comunidades indígenas y el gobierno, es decir, un mecanismo descolonizador. Sin Consulta, a las comunidades sólo les queda una función pública vacía de sustento democrático, rellena de racismo.

En cuanto al Convenio 169 de la OIT, si bien es cierto que no autoriza el veto a las medidas administrativas y legales que afecten a los Pueblos, sí regula expresamente que la Consulta de Buena Fe debe llevarse a cabo por el gobierno para lograr un Acuerdo.

2. Santos, Boaventura de Sousa, 2005. “Reinventar la democracia, reinventar el Estado”. CLACSO.

3. Ibidem.

4. Todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas, o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales, son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y social-mente injustas. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

57

Es lo que el Programa de Naciones Unidas (PNUD) llamó racismo estruc-tural5.

La remoción de las estructuras racistas en los Estados pueden ser impul-sadas a través de políticas públicas que respeten, promuevan y fortalezcan las Consultas Comunitarias de Buena Fe entre el gobierno y los Pueblos Indíge-nas.

En resumen, parto del contexto de que las Consultas Comunitarias de Buena Fe son el principal mecanismo para garantizar relaciones sociales en armonía, y en contra del racismo y la impunidad ambientales.

Con esta base desarrollo en el presente ensayo, un apartado sobre las consultas en Guatemala para dar a conocer algunos elementos legales que puedan contribuir para otros pueblos, particularmente el caso de la Consulta Comunitaria de Buena Fe celebrada en el municipio de Sipakapa en 2005; luego explico el estado actual del derecho comunitario interamericano; y pos-teriormente, para demostrar la trascendencia jurídica y política de las Consul-tas de Buena Fe analizo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del pueblo Saramaka contra el Estado de Surinam, comparándola con el caso del pueblo maya sipakapense ante la CIDH contra el Estado de Guatemala.

La Corte Interamericana condenó al Estado de Surinam por no realizar consultas de buena fe con el pueblo tribal de Saramaka, por no beneficiarle económicamente de la explotación y comercialización de los recursos natu-rales en su territorio, y no realizar o supervisar estudios de impacto social y ambiental para prevenir daños ambientales irreversibles.

1. Las consultas comunitarias de buena fe en Guatemala

Desde el año 2005 hasta abril de 2009 se habían realizado 36 consultas comunitarias de buena fe contra la minería, la explotación petrolera, y la cons-trucción de hidroeléctricas a gran escala, como sigue:

Cuadro 1Guatemala: Resultados de las consultas comunitarias sobre

Megaproyectos, y exploración y explotación minera

Cantidad Departamento/municipio FechaSan Marcos

1 Sipakapa 18 de junio 2005

2 Comitancillo14-18 de mayo 200523 abril -14 mayo de

20083 Concepción Tutuapa 13 de febrero 2007

4 Ixchiguán 13 de junio 2007

5. Esto es lo que se llama el racismo estructural, que no tiene que ser explícito para funcionar sino que está inserto en la misma conformación actual de la sociedad y por ello, contribuye a la génesis y perpetuación de la desigualdad en el país. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005. “Diversidad étnico-cultural: La ciudadanía en un Estado Plural”. Programa de Naciones Unidad (PNUD)- Guatemala, página 15.

58

5 Sibinal 18 de abril 20086 Tacaná 30 abril de 2008 – 14 de

mayo de 20087 Tajumulco8 San José Ojetenam9 Tejutla

Cantidad Huehuetenango Fecha1 Colotenango 25 de julio 20062 San Juan Atitán 25 de julio 20063 Todos Santos Cuchumatanes 25 de julio 20064 Concepción Huista 25 de julio 20065 Santiago Chimaltenango 27 de julio 20066 Santa Eulalia 30 de agosto 20067 San Pedro Necta 30 de marzo 20078 San Antonio Huista 12 de mayo 20079 Santa Cruz Barillas 23 de junio 200710 Nentón 11 de agosto 200711 San Ildefonso Ixtahuacán 3 de agosto 200712 San Sebastián Huehuetenango. 26 de octubre 200713 San Miguel Acatán 1 de diciembre 200714 San Juan Ixcoy 13 de mayo 200815 Tectitan 27 de junio y 2 de julio

de 200816 Chiantla 13 de julio 200817 Jacaltenango 26 de julio 200818 Santa Ana Huista 6 de agosto 20019 Aguacatán 3 de octubre 200820 San Pedro Soloma 17 de octubre 200821 Cuilco 25 de octubre 200822 Santa Bárbara 28 de noviembre 200823 San Rafael Petzal 10 de enero de 200924 San Rafael La Independencia 28 de abril de 2009

Cantidad Quiché Fecha1 Ixcán 30 de abril 2007

Cantidad Zacapa Fecha1 Río Hondo 3 de julio 2005

Cantidad Sacatepéquez Fecha1 San Juan Sacatepéquez 13 de mayo 2007

Fuente: Elaboración propia sobre la base de “Territorios indígenas y democracia guatemalteca bajo pre-siones. Conflictividad social, consultas comunitarias y violaciones a los derechos humanos como resultado de la explotación de los recursos naturales en territorios indígenas del altiplano occidental de Guatemala, y la actividad de minería a cielo abierto en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos”. Informe de Observación y Acompañamiento 2009. ACOGUATE, mayo 2009.

Las consultas han significado la participaión de más de 500,000 perso-nas6.

6. Declaración del Consejo de Pueblos de Occidente, del 24 de febrero de 2009.

59

En Iximulew-Guatemala, las Consultas de Buena Fe están re-guladas ancestralmente en las comunidades Mayas. Según el pluralismo jurídico guatemalteco, las consultas siempre han estado vigentes en las comunidades. Sus decisiones están legitimadas a través de la socialización de infor-mación, el diálogo, y el consenso. Lo que los instrumentos en dere-chos humanos llaman el consenti-miento libre, previo e informado.

El pluralismo jurídico está re-conocido en el Código Municipal,

el cual expresa en su Artículo 2 que:

El Municipio es la unidad básica territorial del Estado, ca-racterizada por relaciones permanentes de multietnicidad, pluriculturalidad y multilingüismo, organizado para realizar el bien común de todos los habitantes de su distrito.

El Artículo 8 del Código Municipal señala que el Municipio está integrado por elementos básicos como:

La autoridad ejercida en representación de los habitantes, tanto por el Concejo Municipal como por las autoridades tradicionales propias de las comunidades de su circunscrip-ción (También) Por la comunidad organizada; el ordena-miento jurídico municipal y el derecho consuetudinario del lugar; y el patrimonio del municipio.

En tanto, el Articulo 65 de dicho código estipula que cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las comunida-des indígenas del municipio o de sus autoridades propias, el Concejo Municipal realizará consultas a solicitud de las comunidades o autoridades indígenas, inclusive, aplicando criterios propios de las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas.

A la vez, el Artículo 109 del mismo código regula que el gobierno municipal establecerá, previa consulta con las autoridades comunitarias, los mecanismos que garanticen a los miembros de las comunidades el uso, conservación y ad-ministración de las tierras comunitarias cuya administración se haya encomen-dado tradicionalmente al gobierno municipal; en todo caso, los mecanismos deben basarse en lo indicado en el Título IV, Capítulo I de este código7.

El Artículo 66 del mismo código expresa que las modalidades de las consul-tas comunitarias indígenas podrán realizarse:

Con aplicación de criterios del sistema jurídico propio de las comunidades del caso.

Foto: ACOGUATE.Reunión de la Alcaldía del Pueblo en San Miguel Ixta-huacán, San Marcos, como instancia de representaciónindígena al nivel municipal y comunitario que conlleva costum-bres y practicas antiguas basa-das en elderecho consue-tudinario.

7. Información y participación ciudadana que regula, del Artículo 60 al 66, el derecho a la consulta de vecinos, y el derecho a la consulta a las comunidades y autoridades indígenas del Municipio.

60

Las normas anteriores desarrollan diversas disposiciones constitucionales, especialmente el Artículo 66, donde el Estado constitucionalmente:

Reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradicio-nes, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.

Aunque no existe una Ley de Consultas en Guatemala así como tampoco el desarrollo administrativo de las mismas, las regulaciones del Código Municipal, de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son suficientes para realizarlas.

El sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (CDUR) juega un papel importante en la configuración del modelo de procedimientos consul-tivos de buena fe en Guatemala. Las comunidades organizadas en los Comi-tés Comunitarios de Desarrollo (COCODES) se han encargado de impulsar la coordinación entre el Consejo Municipal y las comunidades, concretando la logística, los procedimientos, las autoridades, los observadores nacionales e internacionales, el dinero, etc.

El derecho indígena ha jugado el papel integrador en cuanto a los meca-nismos utilizados en cada consulta comunitaria, concretando las competencias respectivas hasta el día de la consulta y sus resultados. El Comité Municipal de Desarrollo (COMUDES) ha sido el espacio de orientación política municipal que ha dirigido el trabajo consultivo en coordinación con los COCODES, cumpliendo con el Artículo 26 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en cuan-to a que dicho sistema puede ser utilizado para llevar a cabo las consultas de los proyectos del Organismo Ejecutivo.

Todas las consultas realizadas hasta el día de hoy han sido municipales, y ninguna ha sido realizada por el Gobierno Central.

La consulta de buena fe para obtener el consentimiento libre, previo e

Mujeres mani-festando en unade las 24 consul-tas comunitariasque hasta ahorahan sido cele-bradas en eldepartamento deHuehuetenango.

Foto: ACOGUATE.

61

informado, debe llevarse a cabo previo a cualquier tipo de autorización en las tierras indígenas y sus recursos naturales, aún en aquellos que no sean pro-pios pero que tengan acceso y utilicen.

El gobierno debe ser cuidadoso porque cuando una empresa gana una licitación para la construcción de una hidroeléctrica, lo hace porque firmará un contrato con el Estado para construirla. Por ello no tiene sentido hacer la consulta posteriormente a la licitación. Si las comunidades afectadas se opo-nen, el contrato puede verse seriamente afectado, incurriendo el Estado en responsabilidad ante la empresa, quien puede demandarlo.

Por seguridad jurídica, la consulta a que está obligado el gobierno debe ser previa, y así, obteniendo el consentimiento libre e informado, proceder a la licitación. En caso contrario, realizada la consulta sin haber logrado el con-sentimiento comunitario, no hay base legal para continuar con la licitación. Si el gobierno insiste puede dar lugar a una acción legal de Amparo para agotar los recursos internos y, entonces, presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

1.1 Unidad del Estado en la adversidad cultural del caso Sipakapa

El Pueblo Maya de Sipakapa realizó el 18 de junio de 2005 una consulta comunitaria de buena fe sobre la explotación minera de la transnacional Gol-dcorp Inc., puesto que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no le consultó sobre la autorización de derechos mineros en su territorio. A continuación, comparto una propuesta de cómo debe interpretarse el derecho de consulta cuando el gobierno central no lo respeta.

Comenzaré respondiendo algunas preguntas que siempre se han formula-do en el caso de Sipakapa:

n ¿Quién debe realizar la Consulta? El Ministerio de Energía y Minas (MEM); en su defecto, la Corporación Municipal o las Autoridades Comunitarias;

n ¿A quién debe consultarse? Al Pueblo Maya sipakapense;

n ¿Cuándo debe realizarse la Consulta? Previo a cualquier tipo de autoriza-ción para la exploración y explotación minera de los recursos naturales dentro del territorio sipakapense;

n ¿Es vinculante el resultado? Sí, es de cumplimiento obligatorio para el Es-tado, quién debe hacerlo respetar.

Veamos cómo funciona.

El MEM, en representación del Estado debió garantizar la participación efectiva del Pueblo Maya sipakapense a través de una consulta de buena fe acerca de la autorización del proyecto minero; además, por ser un proyecto a gran escala –Megaproyecto- debió obtener el consentimiento libre, previo e in-formado para poder autorizar la explotación de los recursos naturales mineros de su territorio. Al no haberlo hecho, según la Corte Interamericana de Dere-chos Humanos (CIDH), el Estado guatemalteco denegó a los sipakapenses su derecho a existir como pueblo indígena, despreciando la relación especial que tienen con los recursos naturales dentro de su territorio.

62

Ante el incumplimiento del MEM, el Consejo Mu-nicipal y las Autoridades Comunitarias de Sipakapa organizaron la consulta8. La consulta no fue previa puesto que la licencia sobre derechos mineros en territorio sipakapense ya se había otorgado por el MEM, lo que significa que la licencia es ilegal, y en consecuencia, todos aquellos actos que se han deri-vado de la misma.

La empresa presentó recursos legales para im-pedir la consulta dos días antes de realizarla, y el Concejo Municipal fue notificado por un Juzgado de Primera Instancia de Amparo que la consulta no se podía realizar. Ante esta situación, el Alcalde Muni-cipal de ese entonces, Alejandro Mazariegos Sán-chez, informó a las Autoridades Comunitarias que tenía que suspender la consulta porque si no lo po-dían procesar. Un día antes de la consulta, el mismo Concejo Municipal recibió otra notificación, ahora de la Corte de Constitucionalidad (CC), donde se les decía que la consulta no se suspendía. Sin embargo, el Alcalde decidió que la consulta de todos modos no se realizaba. Con esta posición, las Autoridades Comunitarias se reunieron con otras organizaciones que sí les apoyaban, realizaron consultas, dialoga-ron, y consensuaron que sí la llevarían a cabo.

Votaron 2,564 personas, hombres y mujeres, de las cuales, el 98% (2,512) votó en contra de la minería. De las 13 comunidades que conforman el Muni-cipio de Sipakapa, 11 votaron en contra, una votó a favor y una se abstuvo de votar9.

Esta manifestación de voluntad a través de la consulta comunitaria es la que debe interpretarse como consentimiento previo, libre e informado, aun-que en este caso ya no pudo ser previo debido a que la licencia minera ya había sido otorgada por el MEM.

Como el resultado fue negativo, debe interpretarse que NO se otorgó el consentimiento para la explotación minera de los recursos naturales en su territorio.

Aunque la consulta y el consentimiento no fueron previos por parte del MEM, sí fueron libres e informados por parte de las Autoridades Comunitarias. Como ya lo expresé, conforme al Código Municipal las Autoridades Comunita-rias forman parte del Municipio al igual que el Concejo Municipal, y el Munici-pio es parte del Estado; por tanto, si el MEM no realiza una consulta conforme al Convenio 169 de la OIT o la Convención Americana de Derechos Humanos,

Foto: ACOGUATE.Conmemoración del tercer año de la consulta comunitaria de Buena Fe de Sipakapa,18 de junio 2008.

8. El Artículo 65 del Código Municipal regula:

Las Consultas a las comunidades o autoridades indígenas del municipio. Cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidades indígenas del municipio o de sus autoridades propias, el Concejo Municipal realizará consultas a solicitud de las comunidades o autori-dades indígenas, inclusive aplicando criterios propios de las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas.

9. Centro Pluricultural para la Democracia (CPD) y Consejo de Observancia y Verificación de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Guatemala. “Sistema-tización de las experiencias de consultas comunitarias sobre el tema de minería en los municipios de Sipacapa, San Marcos, y Colotenango, Huehuetenango. AGENCIA IDEE MEDIA, agosto 2008, página 35.

63

está activando las normas del Código ;unicipal para que sea el Concejo Muni-cipal el autorizado a realizarla en representación del Estado; si el Concejo Mu-nicipal no lo hace, le corresponderá a las Autoridades Comunitarias proceder con la consulta en representación del Estado10.

Esta es la unidad del Estado en la diversidad cultural guatemalteca en cuanto al derecho consultivo. Ante la oposición de uno de los elementos del sistema se activan otros con mayor legitimidad y representatividad cultural y democrática.

En cuanto al Convenio 169 de la OIT, si bien es cierto que no autoriza el veto a las medidas administrativas y legales que afecten a los Pueblos, sí regula expresamente que la Consulta de Buena Fe debe llevarse a cabo por el gobierno para lograr un Acuerdo; por tanto, sin Acuerdo entre el Pueblo

afectado o comunidades afectadas y el gobierno, no debe haber autorización gubernamental; lo contrario significa que la Consulta es de Mala Fe. Por eso, el Artículo 16 del Convenio 169 no se refiere a desalojos sino a traslado o reubicación, los cuales:

Sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa.

En todo caso, la discusión sobre el carácter obligatorio de los resultados es irrelevante en cuanto a la Convención

Americana porque la Consulta de Buena Fe es un requisito previo a la licencia minera al igual que el consentimiento previo, libre e informado, además de las otras dos garantías ya mencionadas. El énfasis debe ponerse sobre el cum-plimiento de las 3 garantías previas al otorgamiento de derechos mineros en territorios indígenas o tribales.

Quiero dejar claro que las consultas deben ser organizadas y llevadas a cabo por las Autoridades Comunitarias y no por las ONG; incluso, hay quienes proponen que la consulta debe realizarse por parte de las organizaciones que representan a las comunidades, lo cual considero un grave error porque el Convenio 169 de la OIT no dice nada acerca de eso; por el contrario, se refie-re a las instituciones representativas de los Pueblos como también lo hace la CIDH. El papel de las ONG y otras organizaciones debe limitarse a acompañar, facilitar y asesorar el proceso consultivo. Uno de los principales objetivos de las consultas es el fortalecimiento de la autoridad comunitaria para contribuir a la solidez del tejido social comunitario.

En conclusión, desde el momento en que se otorgó la licencia sobre dere-chos mineros sin haber llevado a cabo previamente la Consulta Comunitaria de Buena FE, la minera está operando ilegalmente en Guatemala. Sin embargo, ante el incumplimiento del MEN le sucedió el Concejo Municipal, y a éste le sucedieron las Autoridades Comunitarias, cumpliendo con el deber del Estado de Guatemala de consultar de buena fe al Pueblo Maya sipakapense sin haber obtenido su consentimiento para la explotación minera de los recursos natura-les de su territorio; por tanto, la licencia minera debe ser anulada por el MEM, proceder al cierre de la mina y a las medidas de reparación culturales y socio-económicas que las comunidades afectadas determinen.

10.El Artículo 8 del Código Municipal determina como elementos básicos del Municipio: a) la población; b) el territorio; c) la autoridad ejercida en representa-ción de los habitantes, tanto por el Concejo Municipal como por las autoridades tradicionales propias de las comunidades de su circunscripción; d) la comu-nidad organizada; e) la capacidad económica; f) el ordenamiento jurídico municipal y el derecho consuetudinario del lugar; g) el patrimonio del municipio.

La propuesta es que todos los Pueblos tomemos esta riqueza jurídica del máximo órgano de los derechos humanos intera-mericano y exijamos su cumpli-miento en cada Estado.

64

I. El fallo de la CC en el caso Sipakapa y la demanda ante la CIDH

La Corte de Constitucionalidad (CC) sentenció el 8 de mayo de 200511, la in-constitucionalidad de los resultados de la Consulta Comunitaria de Sipakapa, pues-to que consideró que los mismos no pue-den ser vinculantes. El 11 de diciembre de 2007, más de dos años después, la CIDH recibió una denuncia del pueblo maya si-pakapense contra la sentencia de la CC, la cual se encuentra en estudio por parte de esta comisión12.

A continuación, planteo algunos de los fundamentos de la denuncia del caso Sipakapa para demostrar en forma resu-mida, que la sentencia de la CC señala-da, viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque violenta reite-radamente el derecho interno guatemal-teco13.

El pueblo maya sipakapense solicitó a la CIDH que el gobierno debe decretar el cierre de la mina, indemnizar a dicho pue-blo por los daños culturales y ecológicos, y que la CC revierta su sentencia contra el Reglamento de la consulta que regula la vinculación de los resultados.

Como ha expresado la propia CCC, la legitimidad desde el ángulo de vista del ac-ceso a la justicia, autoriza a la misma Corte a revisar sus fallos por una interpretación errónea de la Constitución Política de la Re-

pública de Guatemala, puesto que el error judicial no constituye fuente de derecho. La CC en este fallo acepta que se equi-voca y que puede auto corregirse, lo cual esperamos también ocurra en el presente caso14. Además, por el principio internacio-nal de que el Estado no puede argumentar su sistema interno para incumplir con su responsabilidad internacional.

Trámite de la inconstitucionalidad

La acción de inconstitucionalidad ante la CC fue presentada el 7 de junio de 2005 por la abogada Rosa María Montenegro de Garoz en contra del Acuerdo del Consejo Municipal de Sipacapa del Departamento de San Marcos, que reglamentó la Consul-ta de Buena Fe.

Una semana después, el 13 de junio del mismo año, el Gerente de la empre-sa Montana, Milton Estuardo Saravia Ro-dríguez, presentó una Acción de Amparo ante el Juzgado de Primera Instancia Ci-vil del Departamento de Guatemala, en contra de la misma Consulta de Buena Fe contra las mismas autoridades municipa-les, y contra el mismo Acuerdo Municipal de Sipacapa.

El 16 de junio, dos días antes de lle-varse a cabo la Consulta de Buena Fe, por medio del piloto del Gobernador departa-

11. Expediente 1179-2005.

12.Comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 10 de enero de 2008.

13.La jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala expresa que según el art. 46 constitucional, los tratados y convenciones inter-nacionales en derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala son superiores al derecho interno, es decir, a las leyes ordinarias y demás reglamentaciones y disposiciones generales, pero que no incluye la Constitución Política. Al respecto, dichos tratados y convenciones en derechos humanos, ingresan por el art. 44 constitucional con la misma jerarquía normativa que la Constitución Política. Es decir, que los tratados y conven-ciones internacionales en derechos humanos tienen la misma jerarquía normativa que la Constitución Política de la República en Guatemala, y que por tanto, tienen preeminencia sobre las leyes, reglamentos y demás disposiciones del sistema jurídico guatemalteco. La Corte de Constitucionali-dad reiteradamente ha sentenciado que los convenios y tratados no pueden colisionar con la Constitución Política debido a la supremacía y rigidez de nuestra Constitución Política, por ello, siempre, se debe preferir la interpretación que integre las normas contenidas en la Constitución con los convenios y tratados en derechos humanos. Ahora bien, las normas contenidas en las leyes, reglamentos y demás disposiciones que colisionen con los tratados y convenciones en derechos humanos, son ilegales, y en consecuencia inaplicables.

14.Petición formulada a la Corte de Constitucionalidad contra la sentencia de la misma Corte de 14 de julio de 2003, proferida dentro del amparo promovido por José Efraín Ríos Montt en su calidad de secretario general del partido político FRG contra el Tribunal Supremo Electoral. Corte de Constitucionalidad, expediente 2395-2006, Guatemala, 10 de octubre de 2006.

65

mental de San Marcos se notificó al Con-sejo Municipal de Sipacapa la suspensión provisional de dicha la consulta dictada por el juzgado ya citado, constituido en Tribunal de Amparo. No fue notificada por el juzgado competente sino por la Gober-nación, lo cual demuestra la subordina-ción entre el Organismo Ejecutivo y el Or-ganismo Judicial, violando el Artículo 8.1 de la Convención Americana, al regular el debido proceso legal ante un tribunal in-dependiente e imparcial.

Un día después, el 17 de junio, el Con-sejo Municipal de Sipacapa es notificado por la CC declarando que NO se suspen-de provisionalmente la consulta de buena fe, es decir, que goza de la presunción de constitucionalidad y que, por tanto, puede llevarse a cabo.

El Alcalde de aquel entonces decidió obedecer la resolución del juzgado en men-ción y suspendió, por medio de un Acuer-do Municipal, la Consulta de Buena Fe; en cambio, los líderes y lideresas comunitarias decidieron acatar la resolución de la CC por considerar que es el tribunal superior del país en materia constitucional.

El conflicto generó acaloradas discu-siones y evidentemente divisiones, dadas las graves confusiones que originaba el sistema de justicia; sin embargo, la sa-biduría comunitaria del pueblo maya si-pakapense se impuso, realizando el 18 de junio de 2005 la Consulta por sus propios medios con base a sus propios procedi-mientos, normas e instituciones comuni-tarias, aplicando los criterios del sistema

jurídico propio de las comunidades, tal como lo estipula el Artículo 66 del Código Municipal.

El resultado de la Consulta fue que NO querían la explotación minera de la em-presa Montana, y en consecuencia, la em-presa debe cerrar la mina.

Sin embargo, el 8 de mayo de 2007, la CC sentencio que el Artículo 27 del Re-glamento de la Consulta de Buena Fe es inconstitucional porque declara que los resultados de la consulta son vinculantes.

La CC expresa que el Artículo 27 del Reglamento viola los Artículos 125. Explo-tación de recursos naturales no renova-bles; 152: Poder Público; y 154: Función Pública, Sujeción a la ley, de la Constitu-ción Política de la República de Guatema-la15.

Además de las arbitrariedades ya men-cionadas –entre otras-, la sentencia viola la Convención Americana porque según el Convenio 169 de la OIT vigente a partir del año 1996, el Estado tiene la obliga-ción de realizar consultas. También viola el Código Municipal vigente a partir del año 2002 donde el Estado está obligado a respetar los resultados de las Consultas.

Por tanto, según el caso Saramaka que relacionaremos más adelante, el Estado de Guatemala estaba en la obligación de cumplir con las 3 garantías para explotar los recursos naturales dentro del territorio maya sipakapense, según la Convención Americana.

15.En la inconstitucionalidad promovida contra la consulta de vecinos regulada por el Consejo municipal de Rio Honda, Zacapa, donde los vecinos y vecinas se pronunciaron en contra de la construcción de hidroeléctricas en dicho municipio, la Corte de Constitucionalidad sentencio que era inconstitucional por violar el artículo 152 el cual, paradójicamente, determina que el poder proviene del pueblo, y el 154 sobre la sujeción a la ley de los funcionarios públicos de la Constitución Política, declarando que el municipio y las comunidades del mismo, no tienen competencia para oponerse a la construcción de hidroeléctricas. Expediente 1408-2005 de 4 de septiembre de 2007.

66

2. Derecho comunitario interamericano de los derechos humanos

Al ser la CIDH el máximo órgano jurisdiccional en derechos humanos para el continente americano, sus sentencias son de carácter obligatorio para todos los Estados que hayan ratificado su competencia.

Mi objetivo es demostrar que las 3 garantías ya señaladas son absoluta-mente aplicables de forma directa e inmediata para todos los Pueblos indíge-nas y tribales americanos, debiendo constituir parte esencial de las estrategias jurídicas y políticas nacionales e internacionales.

A continuación presentó un análisis puntual sobre el derecho a la pro-piedad comunitaria protegida por la Convención Americana, la cual abre las puertas al derecho a la existencia de los Pueblos por la relación que mantienen con ésta.

En el Caso Saramaka16, Surinam, la CIDH hace un análisis sobre el dere-

cho de los integrantes de los Pueblos Tribales al uso y goce de su propiedad comunal, de conformidad con el Artículo 21 de la Convención Americana, y los Artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento.

La CIDH ha emitido varias sentencias a favor de los Pueblos Tribales e In-dígenas, de ahí, el derecho comunitario interamericano.

La Corte ha sentenciado en el Caso del Pueblo Tribal Saramaka y de la Comunidad Moiwana, ambas de Surinam; de la Comunidad Indígena Sawho-yamaxa y de la Comunidad Indígena Yakye Axa, ambas de Paraguay; de la Co-munidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni de Nicaragua; de la Comunidad Maya Achí del Caso Masacre Plan de Sánchez de Guatemala; cita a la CIDH en cuanto a los casos Mary y Carrie Dann de Estados Unidos, y Comunidades indígenas Mayas del Distrito de Toledo, Belice.

Concluyendo que, en esencia, conforme al Artículo 21 de la Convención, los Estados deben respetar la especial relación que los miembros de los Pueblos Indígenas y Tribales tienen con su territorio, a fin de garantizar su supervi-vencia social, cultural y económica. Dicha protección de la propiedad en los términos del Artículo 21 de la Convención, leído en conjunto con los Artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, le asigna a los Estados la obligación positiva de adoptar medidas especiales para garantizar a los integrantes de los Pueblos Indígenas y Tribales el ejercicio pleno e igualitario del derecho a los territorios que han usado y ocupado tradicionalmente17.

La CIDH llegó a la interpretación anterior porque el Artículo 29.b de la Con-vención Americana prohíbe interpretaciones en contra de los derechos que la Convención garantiza de acuerdo a las leyes internas de los Estados o bien de otras Convenciones en Derechos Humanos. De ahí que la Corte haya llegado a tal reconocimiento de acuerdo a las legislaciones nacionales como las de Nica-ragua y Paraguay, así como del Convenio 169 de la OIT.

Una cuestión fundamental es que la CIDH sentenció que el Pueblo Sara-maka tiene derecho a la propiedad comunal de su territorio y recursos natu-

16.Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, sentencia de 28 de noviembre de 2007. Titulo: Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas.

17.Ibídem.

67

rales, aunque la legislación del Estado de Surinam no lo haga y no haya siquiera ratificado el Convenio 169 de la OIT.

Lo esencial de esta afirmación de la CIDH es que no importa que la legislación nacional no reconozca el de-recho de consulta ni importa que no haya ratificado el Convenio 169 de la OIT; basta con demostrar que el Esta-do ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos para llevar a cabo las Consultas Comunitarias.

La Corte también se apoyo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los cuales Surinam sí ha ratificado. La CIDH consideró que el artículo 21 de la Convención Americana también tiene que

interpretase en cuanto a que el Comité del PIDESC, en un caso sobre Rusia18, ha interpretado que el artículo 1 común de ambos Pactos, son aplicables a los Pueblos Indígenas en cuanto al derecho a la libre determinación, lo cual les da el derecho de disponer libremente de sus riquezas naturales para que no se les prive de sus medios de subsistencia.

También, el Comité de Derechos Civiles y Políticos, conforme al Artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDESC), reconoce que las minorías étnicas tienen derecho a su cultura, la cual está fuertemente asociada a su territorio y el uso de sus recursos naturales.

Algo que también hay que tener en cuenta en el Caso Saramaka, es que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos, y el Relator Especial de la Comisión de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, informaron que el Estado de Surinam no reconoce legalmente los derechos de los miembros de los pueblos indígenas y tribales respecto de sus tierras, recursos y territorios comunales19, pero esto no fue obstáculo para que la CIDH reconociera sus derechos; por el contrario, demostrar dicha desprotección significó que la Corte estaba llamada a establecerla. Estratégicamente, este elemento es importante y clave.

Por tanto, de acuerdo al Artículo 29.b de la Convención Americana, la CIDH no está autorizada para interpretar el Artículo 21 de la misma, en sentido contrario a los Pactos Internacionales ratificados por el Estado de Surinam, cuando se trate de Pueblos Tribales o Indígenas.

La CIDH concluye que con base a la interpretación anterior, los Saramaka están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, el cual les garantiza el derecho comunal al territorio y los recursos para su sub-sistencia física y cultural, teniendo el Estado de Surinam:

Lo esencial de esta afirmación de la CIDH es que no importa que la legislación nacional no reconozca el derecho de con-sulta ni importa que no haya ratificado el Convenio 169 de la OIT; basta con demostrar que el Estado ha ratificado la Conven-ción Americana sobre Derechos Humanos para llevar a cabo las Consultas Comunitarias.

18.Cfr. ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Consideración de Informes presentados por Estados Partes bajo los Artículos 16 y 17 del Pacto. Observaciones Finales sobre la Federación Rusa (trigésimo primera sesión)”. N.U. Doc. E/C.12/1/Add.94, 12 de diciembre de 2003, párr. 11, en el cual el Comité expresó preocupación por:

La situación precaria de las comunidades indígenas en el Estado Parte, las cuales afectan su derecho a la auto-determinación según el artículo 1 del Pacto

19.Caso del Pueblo Saramaka, op. cit., párrafo 99.

68

La obligación de adoptar medidas especiales para recono-cer, respetar, proteger y garantizar a los integrantes del pue-blo Saramaka, el derecho de propiedad comunal respecto de dicho territorio.

Habiendo determinado con precisión la existencia de un derecho comuni-tario interamericano de los derechos humanos a partir del derecho a la pro-piedad y los recursos naturales, analicemos seguidamente las garantías del derecho a la existencia de los Pueblos Indígenas y Tribales, sin las cuales el derecho comunal a la tierra no tiene sentido.

2.1 Las 3 garantías del derecho a la existencia como Pueblo

La CIDH ha realizado un aporte fundamental condenando al Estado de Surinam por no haber cumplido con 3 garantías que protegen el derecho a la existencia del Pueblo Tribal Saramaka, en interdependencia con el derecho de propiedad colectiva y sus recursos naturales, protegidos por los Artículos 1.120

en relación con el Artículo 2121 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La CIDH sentenció que, de conformidad con el Artículo 1.1 de la Conven-ción Americana para garantizar el derecho de subsistencia del Pueblo Sara-maka, al autorizar la explotación y extracción de recursos naturales dentro de su territorio el Estado de Surinam está obligado a cumplir con 3 garantías, las cuales pretenden:

Preservar, proteger y garantizar la relación especial que los miembros del Pueblo Saramaka tienen con su territorio, la cual a su vez, garantiza su subsistencia como pueblo tri-bal22.

Es trascendente que la CIDH, como máxima institución jurisdiccional en

derechos humanos, sentencie que los Pueblos indígenas y Tribales de América sólo pueden ser ellos mismos cuando se garantiza la relación especial con sus territorios y recursos naturales, por medio de las siguientes garantías míni-mas:

…Primero, el Estado debe asegurar la participación efecti-va de los miembros del pueblo Saramaka, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción (en ade-lante “plan de desarrollo o inversión”)23 que se lleve a cabo dentro del territorio Saramaka. Segundo, el Estado debe

20.Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. 1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades recono-cidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

21.Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

22.Caso del Pueblo Saramaka, op., cit., párrafo 130.

23.Al utilizar el término plan de desarrollo o inversión, la Corte supone cualquier actividad que pueda afectar la integridad de las tierras y recursos naturales dentro del territorio Saramaka, en particular, cualquier propuesta relacionada con concesiones madereras o mineras.

69

garantizar que los miembros del pueblo Saramaka se bene-ficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio. Tercero, el Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio Saramaka a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estu-dio previo de impacto social y ambiental24 (…) Asimismo, la Corte considera que, cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obliga-ción, no sólo de consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones…25

Solo cuando el Estado cumple con estas garantías previamente a ejecutar un proyecto de desarrollo, puede otorgar autorizaciones para intervenir en las tierras de Pueblos Indígenas y Tribales, o bien, cuando dichas tierras son pro-piedad del Estado y dichos Pueblos hayan permanecido en ellas.

Lo cual está dando lugar dentro del Derecho Comunitario Interamericano de los Derechos Humanos, al Derecho Co-munitario Consultivo Interamericano. Lo demuestran las consultas comunitarias en México, Guatemala, Costa Rica, Las Filipinas, Perú, Argentina, Chile26.

Entonces ¿En qué consiste el Derecho Comunitario Interamericano? Con-siste en un cuerpo normativo del Derecho Internacional de los Derechos Hu-manos que se integra a la Convención Americana de Derechos Humanos, den-tro de los cuales están: los Pactos Internacionales de las Naciones Unidas en Derechos Humanos; el Convenio 169 de la OIT; la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas; las observaciones de los órganos de las Naciones Unidas; las recomendaciones de la Comisión Intera-mericana de Derechos Humanos; los Informes de los Relatores de las Naciones Unidas, incluyendo sentencias, informes y observaciones de los órganos de derechos humanos europeos y africanos.

Toda esa recreación del Derecho Internacional nos permite darle perte-nencia étnica a los derechos humanos para su efectividad política y jurídica. También las legislaciones nacionales pueden contribuir cuando corresponden a las normas internacionales de los derechos humanos.

La propuesta es que todos los Pueblos tomemos esta riqueza jurídica del máximo órgano de los derechos humanos interamericano y exijamos su cum-plimiento en cada Estado. Que México, Guatemala, Colombia, Perú, Brasil, Ar-gentina, Chile, El Salvador, y los demás, exijamos la implementación de las 3 garantías del derecho a la existencia de los Pueblos y que nuestras estrategias jurídicas coincidan en contenido.

Por último, algunas observaciones sobre el derecho humano al agua.

24.Caso del Pueblo Saramaka, op. cit., párrafo 130.

25.Ibídem, párrafo 135.

26.Ver http://www.edlc.org/es/resources/local-votes/countries/peru/.

Toda esa recreación del Derecho Internacional nos permite darle pertenencia étnica a los derechos hu-manos para su efectividad política y jurídica.

70

2.2 El agua es un derecho humano

Revisando alguna información relacionada con el V Foro Mundial del Agua, en algunos mensajes se alega que debemos luchar contra el Foro Mundial para que sea reconocido que el agua es un derecho humano.

En el mismo contexto estratégico planteado en cuanto al derecho de la propiedad comunal y el derecho consultivo a través de las 3 garantías ya antes mencionadas, es necesario tener claro que las Naciones Unidas, desde el año 2003 estableció que el agua es un derecho humano.

Por tanto, esto no está en discusión. Lo que puede estar en discusión es que haya quienes no lo reconozcan como el Banco Mundial (BM) o algunos Es-tados, pero no significa que el agua deje de ser un derecho humano; significa que quienes mantienen esa posición, están violando el derecho internacional y es de esto de lo que hay que acusarlos.

Estratégicamente es una diferencia sustancial para no dar marcha atrás en cuanto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El fundamento del Derecho internacional de los Derechos Humanos en cuanto al derecho humano al agua, está en la Observación General No. 15 del Comité del Pacto Internacional de las Naciones Unidas de Derechos Económi-cos, Sociales y Culturales (PIDESC), del 20 de enero de 200327.

El Comité expresa que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. Dice el Comité que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos.

Continúa el Comité expresando en los siguientes párrafos:

Tomando nota de la obligación establecida en el párrafo 2 del Artículo 1 del Pacto, que dispone que no podrá privarse a un pueblo “de sus propios medios de subsistencia”, los Estados Partes deberían garantizar un acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia y para asegurar la subsistencia de los Pueblos Indígenas.

El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sosteni-ble, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.

Los Estados Partes deben adoptar medidas para velar por que: El acceso de los Pueblos Indígenas a los recursos de agua en sus tierras ancestrales, sea protegido de toda trans-gresión y contaminación ilícitas. Los Estados deben faci-litar recursos para que los Pueblos Indígenas planifiquen, ejerzan y controlen su acceso al agua.

27.Observación General N° 15 (2002) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). E/C.12/2002/11 20 de enero de 2003.

71

La obligación de proteger exige que los Estados Partes im-pidan a terceros que menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al agua. Por terceros se entiende particulares, grupos, empresas y otras entidades, así como quienes obren en su nombre. La obligación comprende, entre otras cosas, la adopción de las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias y efectivas para impedir, por ejemplo, que terceros denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad y contaminen o exploten en forma no equitativa los recursos de agua, con inclusión de las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de distribución de agua.

Las violaciones de la obligación de proteger dimanan del hecho de que un Estado no adopta todas las medidas nece-sarias para proteger, dentro de su jurisdicción, a las perso-nas contra las violaciones del derecho al agua por terceros. Estas violaciones incluyen, entre otras cosas: i) no promul-gar o hacer cumplir leyes que tengan por objeto evitar la contaminación y la extracción no equitativa del agua; ii) no regular y controlar eficazmente los servicios de suminis-tro de agua; iii) no proteger los sistemas de distribución de agua (por ejemplo, las redes de canalización y los pozos) de la injerencia indebida, el daño y la destrucción.

El derecho de los particulares y grupos a participar en los procesos de decisión que puedan afectar a su ejercicio del derecho al agua debe ser parte integrante de toda política, programa o estrategia con respecto al agua. Deberá pro-porcionarse a los particulares y grupos un acceso pleno e igual a la información sobre el agua, los servicios de agua y medio ambiente que esté en posesión de las autoridades públicas o de terceros.

Foto: Francisco RocaelMujeres de San Miguel Ixtahuacán, lavando su ropa en uno de los ríos cercanos al proyecto minero.

72

Relación Territorial de los Pueblos Originarios Mayab’Hablar de territorio es hablar de ese espacio sagrado que fue medido en sus cuatro extensio-nes y esquinas, que no comienza ni por el norte ni por el sur.

Sabemos que sus orientaciones están claras, el tat q’ij1 nos indica donde inicia y dónde ter-mina, cada vez que aparece en el horizonte, cada vez que se oculta en el poniente.

El loq’olaj iq’2 nos muestra con su caminar la anchura de nuestro territorio sagrado, desde su salida hasta su entrada, esas son las medidas de nuestro territorio.

Aunque han pretendido cambiarnos el espacio, han puesto límites y fronteras ajenas a nues-tros territorios, sabemos sin embargo que esas divisiones son invenciones impuestas por los invasores.

El mayab’ necesita re establecer y revalorar ese territorio, necesita conocer ese espacio sa-grado que fue establecido desde el inicio de los tiempos.

Cada cueva sagrada, cerro-valle, río y bosque del Siwan Tinamit corresponde a nuestro terri-torio medido y ordenado por nuestras abuelas y abuelos.

Debemos reconocer que nuestro espacio territorial no es producto de la casualidad, no es una creación política sino constituye un referente histórico de armonía que impulsa la defensa.

Uk´u´x B’e es una organización de personas y comunidades mayas con capacidad de interlocución con distintos actores sociales y estatales a nivel nacional e internacional, creando y promoviendo una corriente política por la reconstitución del Mayab´ Tinamit, que contribuye al fortalecimiento del proyecto político maya. Sostiene la tesis del desarrollo para el buen vivir y para ello viene forjando un trabajo participativo, el cual busca la sistematización de los métodos de trabajo, producción y relaciones sociales que las abuelas y abuelos mayas practicaron.

Participa en las siguientes redes, coordinaciones y alianzas:

n Junta Cargadora de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej.n Coordinación radial de occidente Voces Infantiles Belleza del Amanecer Cultural VIBAC.n Miembro activo de producción nacional del programa Chispas al Aire.n Miembros de la juventud indígena de Waqib’ Kej.

1. Se interpreta como Abuelo Sol para los pueblos mayas.

2. Se interpreta como el Sagrado Viento

Asociación MayaUK’U’X B’E

73

Guatemalaen el mercado global de

agrocombustiblesIntroducción: Agrocombustibles, leyes y políticas públicas

En Guatemala el tema de los agrocombustibles es nuevo. Apenas irrumpió en los medios de comunicación y en las discusiones nacionales sobre las diná-micas agrarias y políticas públicas en el transcurso del año 2008, asociado a la crisis alimentaria y a las preocupaciones por la pérdida de tierras anterior-mente destinadas a la producción de alimentos que están siendo convertidas aceleradamente en plantaciones de nuevos monocultivos. No obstante, desde abril de 2006 se encuentra en el Congreso de la República la iniciativa de Ley para la Oxigenación de las Gasolinas1, la que, de ser aprobada, hará obligato-ria la adición de un 10% de bioetanol a todas las gasolinas que se consumen en el país.

Estados Unidos y los países de la Unión Europea (UE), al igual que algunos países de Asia y Brasil, cuentan ya con legislación que ha establecido metas a alcanzar en plazos definidos, para la sustitución de porcentajes variables de combustibles fósiles por agrocombustibles. Estas legislaciones promueven al mismo tiempo, a través de diversos mecanismos, el cultivo, la transformación y la comercialización de productos agrícolas con este propósito, dentro y fue-ra de sus fronteras. Por su parte, los organismos financieros internacionales vienen reorientando sus políticas financieras y de cooperación técnica en esta misma dirección y, en medio de la crisis financiera mundial, el Banco Intera-mericano de Desarrollo (BID) creó un fondo específico para apuntalar la pro-ducción de agrocombustibles2.

Son estas inversiones –privadas y públicas— apoyadas por las políticas de diversificación de las respectivas matrices energéticas de algunos Estados, con el financiamiento y cooperación de organismos internacionales, las responsa-bles –en definitiva— de que asistamos en el presente a la transformación de amplísimos territorios rurales a nivel mundial y a la creación de un mercado global de agrocombustibles.

Estas políticas son igualmente responsables de que, en países como Gua-temala, se haya disparado notablemente el acaparamiento de tierras por parte

Por Laura Hurtado

Socióloga guate-malteca. Después de la firma de la Paz en 1996, fue asesora de la pobla-ción desarraigada por el conflicto armado interno. Durante más de diez años ha dado seguimiento ana-lítico y de gestión a la conflictividad agraria en el país. Autora del libro: “Dinámicas agra-rias y reproducción campesina en la globalización: el caso de Alta Vera-paz, 1970-2007”.

1. En abril de 2006, el diputado Oliverio García Rodas presentó ante el Congreso de la República la Iniciativa de Ley de Oxigenación de Gasolinas, identificada con el Número 3,469, la cual cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Energía y Minas, y algunas modificaciones introducidas por la misma en 2007.

2. Reuters, 16 de enero de 2009. El BID ha financiado sucesivamente la regularización de la tierra -US$ 1,200,000 fueron invertidos sólo en la regularización de la finca San Román a través del Proyecto “Proselva” en Sayaxché, Petén; la realización de estudios de asistencia técnica que nunca se llevaron a la práctica; la implementación del Registro de Información Catastral (RIC) en un área que está siendo tomada por las empresas de agrocombustibles, y ahora anuncia la creación de un fondo de US$ 150 millones para estimular la inversión y mantener el financiamiento necesario a los cañicultores y productores de etanol, en el marco de la crisis financiera mundial.

74

de empresarios y corporaciones agroindustriales, con el propósito de expandir las plantaciones destinadas a este tipo de producción así como para instalar y poner en funcionamiento, en el corto plazo, plantas procesadoras de etanol y biodiésel para participar en el mercado de agrocombustibles en los años venideros. Todo ello sin embargo, constituye una involución respecto a los compromisos del Estado guatemalteco en materia agraria y de desarrollo ru-ral, a la vez que augura mayores riesgos para la seguridad alimentaria de las poblaciones de esas regiones.

El creciente mercado de los agrocombutibles

Los agrocombustibles líquidos, en especial el etanol producido en base a la caña de azúcar, maíz y otros cereales, y en menor escala el biodiésel, produci-do a partir de aceites de diversas semillas y el fruto de algunas variedades de palma, representan en la actualidad únicamente el 1.5% de los combustibles utilizados para transporte a nivel mundial. No obstante, el interés global por incrementar su uso ha crecido, particularmente en Europa, Brasil, Norteaméri-ca y Asia -en especial en Japón, China e India- a partir de los conocidos límites de las reservas de petróleo, las crecientes dificultades para el abastecimiento y las variaciones de los precios internacionales del mismo. En 2007, la pro-ducción total de bioetanol fue de 55.7 mil millones de litros, a la cual Estados Unidos y Brasil -los principales dos productores-, aportaron en conjunto el 70%. Estados Unidos aportó 26 mil millones de litros, la mayor parte a base de maíz, y Brasil alrededor de 20 mil millones de litros de bioetanol derivado de la caña de azúcar. La caña de azúcar es uno de los cultivos comerciales más importantes, ocupando más de 20 millones de hectáreas de tierra a nivel mundial. Sólo Brasil concentra el 42 % del total de la producción mundial con un área sembrada de 7 millones de hectáreas y es responsable del 35.9% de la producción de etanol a nivel mundial, seguido por China con 6.6 %; India 4.1 %; Pakistán y otros países asiáticos con 2%3.

En el último lustro, los organismos legislativos de estos países han apro-bado leyes y normativas específicas para promover e incentivar la producción y comercialización de agrocombustibles, así como para establecer metas de consumo para los próximos años, argumentando la contribución de éstos a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y, en consecuencia, a la mitigación del cambio climático. La reducción en la emisión de gases por el uso de agrocombustibles es todavía un tema en discusión, dados los balances energéticos implicados en todo el ciclo productivo, y es sabido que este balan-ce varía entre los distintos agrocombustibles derivados de uno u otro producto agrícola. En todo caso, la otra poderosa razón que impulsa a estos Estados al incremento del consumo de agrocombustibles, es la urgente necesidad de diversificar su matriz energética para reducir su dependencia con respecto a la importación de combustibles fósiles y garantizar su seguridad energética.

A partir del año 2001, la UE adoptó políticas favorables e incentivos fisca-les para el impulso de la producción de agrocombustibles. Suecia y Alemania fueron los países donde éstos penetraron más rápida y ampliamente en el mercado de combustibles automotrices. En 2003, la Directiva para Biocom-bustibles (Biofuels Directive) estableció las metas para la sustitución de com-

3. FAO/ CEPAL/ CGEE/ BNDES. “Bioetanol de caña de azúcar: energía para el desarrollo sostenible”. Río de Janeiro, 2008. Páginas 233-234.

75

bustibles fósiles por agrocombustibles en un 2% para el año 2005, y un 5.75% en el sector de transportes para el año 2010. Asimismo, la Directiva para la Calidad en los Combustibles (Fuel Quality Directive), revisada en 2007, incluyó los agrocombustibles en las especificaciones de calidad de los combustibles europeos. La Directiva sobre Renovables fue aprobada por los representantes de los Estados miembros de la UE durante el Consejo Europeo del 11 al 12 de diciembre de 2008 y votada por el Parlamento Europeo el 17 de diciembre de ese año. Esta nueva directiva establece la meta de alcanzar el 20% de uso de energía renovable en el consumo total de energía, y el 10% de energía re-novable en transportes para el año 2020, sin especificar la proporción de este porcentaje que provendrá de agrocombustibles o de otras fuentes.

La producción europea de agrocombustibles no alcan-za en la actualidad sino el 3% de su demanda y la dispo-nibilidad de tierra cultivable que podría destinarse a este propósito hace inviable la ambiciosa meta del 10% sólo a partir de la producción propia. De ahí el interés de los países de la UE de incentivar la producción y el comercio de agrocombustibles fuera de sus fronteras, o bien de sus-tituir los aceites vegetales producidos localmente -princi-palmente de canola, soya y colza)-, por aceites vegetales importados -principalmente de países africanos y asiáti-cos, pero también latinoamericanos-, para incrementar la producción europea de agrocombustibles4.

Derivada de esta carrera por alcanzar la meta previs-ta, inversionistas y corporaciones de capital europeo, en la actualidad localizan y compran tierras en estos países para incrementar la producción y posicio-narse en el mercado –en formación— de agrocombustibles. Recientemente, Tanzania se convirtió en destino privilegiado de inversionistas y productores de agrocombustibles de Gran Bretaña, Alemania, Holanda y Suecia; Mozambique, Ghana y Etiopía siguen procesos similares. Por su parte, Brasil –el principal productor de agrocombustibles después de Estados Unidos— ha firmado ya acuerdos de cooperación para el impulso de su producción en Senegal, In-donesia, Ghana y Malasia5. Es decir, el proceso de formación del mercado de agrocombustibles está generando nuevas y complejas cadenas productivas, a la vez que está recomponiendo o rearticulando distintas relaciones comercia-les a nivel global, al mismo tiempo que se constituye en una fuerza externa que impulsa cambios drásticos en el agro de los países productores de la ma-teria prima, con profundas consecuencias internas.

La ampliación de la producción de agrocombustibles y la captación de agrocombustibles importados para su mercado, son propósitos igualmente es-tratégicos para Estados Unidos. El tema de su seguridad energética es una de sus preocupaciones centrales, pese a ser el principal productor de etanol en la actualidad y un importante importador de etanol de caña de azúcar, pues depende para su abastecimiento energético en un 58% de la importación de petróleo6. En 2005, la Política Energética de Estados Unidos (Energy Policy Act) estableció en 4 mil millones de galones la cantidad de combustibles fósiles

La producción europea de agro-combustibles no alcanza en la actualidad sino el 3% de su demanda y la disponibilidad de tierra cultivable que podría destinarse a este propósito hace inviable la ambiciosa meta del 10% sólo a partir de la produc-ción propia.

4. ActionAid. Food, Farmers and Fuel: Balancing Global Grain and Energy Policies with Sustainable Land Use. Noviembre 2008. En 2007, la Unión Europea (UE) importó aproximadamente 1.85 miles de millones de litros de aceites vegetales para sustituir aceite de producción doméstica trasladado a la producción de agrocombustibles.

5. ActionAid, op. cit.

6. Economic Consultants Group. Assessment on CAFTA-DR Investment in ExpandedEthanol Production. Julio 2008.

76

que debían ser sustituidos por agrocombustibles en 2006; esta cantidad debía incrementarse hasta 7.5 miles de millones de galones en 2012. La Política de Seguridad e Independencia Energética (Energy Security and Independence Act) aprobada en 2007, aumentó dicha meta a 9 mil millones de galones en 2008 y 36 mil millones de galones para el año 2022, de los cuales 21 mil millo-nes de galones deberán de ser etanol no derivado del maíz, este último, fuente fundamental de su producción doméstica.

Aún siendo el principal productor de etanol en la actualidad, para llegar a las metas previstas Estados Unidos necesita incrementar aún más su produc-ción doméstica de etanol, a la vez que aumentar de manera considerable la importación de etanol de otras fuentes. Por otra parte, atendiendo a las carac-terísticas del emergente mercado del etanol –que data sólo de alrededor de un lustro y que ha sido caracterizado por algunos economistas7 como “estrecho y desarticulado”, sin soporte institucional ni medidas y estándares universa-les, de una extrema volatilidad y poca transparencia en la conformación de su precio debido a su estrecha relación con la producción de alimentos y a los mercados de futuros de estos últimos, entre otras características—, Estados Unidos enfrenta la urgente necesidad de llenar el déficit de producción de agrocombustibles con producto importado, a la vez que consolidar su posición en el mercado emergente. De allí que, al igual que la UE, Estados Unidos está dirigiendo la mirada hacia la producción externa y, de manera muy especial, hacia la región de Centroamérica y República Dominicana, que le es próxima

geográficamente y con la que tiene relación comercial pri-vilegiada vía el Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés).

Si bien la justificación para la sustitución de combus-tibles fósiles por agrocombustibles en Estados Unidos, al igual que en el caso de la UE, descansa fundamentalmen-te en argumentos relacionados con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la mitigación del cambio climático, estudios técnicos recientes han pro-bado que el etanol a partir del maíz contribuye muy mo-destamente en esta dirección8. En contrapartida, organis-

mos internacionales como el BID subrayan las “ventajas comparativas” que podrían representar los agrocombustibles que potencialmente pueden produ-cirse en la región DR-CAFTA.

Según los analistas contratados por el BID, la producción de agrocom-bustibles en nuestros países ofrece “ventajas comparativas” derivadas prin-cipalmente del bajo costo de la fuerza de trabajo. Dicho en otras palabras, Estados Unidos estaría interesado en completar su déficit de producción de agrocombustibles promoviendo y acaparando la producción actual y potencial de la región centroamericana y República Dominicana, misma que representa menores costos de producción con respecto a su producción interna, dadas las condiciones de explotación y sobreexplotación de la fuerza de trabajo en nuestros países y de la política de subsidios a la producción agrícola propia, entre otras. Asistimos, pues, a una nueva forma de articulación de nuestra economía a la economía global que reedita y fortalece su tradicional rol pro-ductor de materias primas y productos primarios en la división internacional del trabajo, con todas sus consecuencias sociales y políticas.

7. Economic Consultants Group., op. cit, página 35.

8. FAO/ CEPAL/ CGEE/ BNDES., op. cit. Según esta fuente, la contribución a la reducción de emisiones de gases del etanol producido a partir del maíz es inferior al de la caña de azúcar, debido a que toda la energía invertida en el procesamiento del maíz proviene de fuentes fósiles externas. Página 99.

Según los analistas contratados por el BID, la producción de agrocombustibles en nuestros países ofrece “ventajas compa-rativas” derivadas principal-mente del bajo costo de la fuerza de trabajo.

77

Son éstas algunas de las fuerzas globales que, en los últimos años, empu-jan en el agro guatemalteco el acaparamiento de tierras por parte de capitales nacionales y transnacionales, aunque no sea una realidad aún palpable y visi-ble la producción de agrocombustibles a gran escala. Aún cuando las estadís-ticas nacionales no reflejen todavía con claridad estas tendencias, no se puede obviar que los procesos de concentración y reconcentración de la propiedad agraria que se encuentran en marcha en el país con el objetivo de expandir las plantaciones de monocultivos, están –en definitiva— enmarcados dentro de esta tendencia productiva y comercial mundial, orientados a nutrir el mercado global de agrocombustibles.

El peso de Guatemala en el mercado de agrocombustibles

En Guatemala los dos principales cultivos destinados a la producción de agrocombustibles son la caña de azúcar y la palma africana; otros cultivos como el piñón se extienden rápidamente en la actualidad con este propósito y prevén incorporarse próximamente a este nuevo merca-do9. La producción de etanol de caña de azúcar se remonta al año 1983 y ha crecido vinculada a la industria azucarera. Existen 14 ingenios acti-vos en el país de los que cinco pro-ducen etanol de caña de azúcar10. La mayor parte de la producción de etanol es fabricada a partir de mela-za y es comercializada como alcohol

hidratado en especificaciones de alcohol industrial, farmacéutico o de grado alimenticio, utilizado principalmente para la industria de bebidas alcohólicas. La producción total de estas cinco plantas es de 775,000 litros diarios y sólo dos de ellas -la Destilería BioEtanol del Ingenio Pantaleón y la del ingenio Mag-dalena- cuentan con unidades deshidratadoras. En previsión de la exportación futura de etanol, los ingenios en conjunto invierten en la construcción de una terminal en el Puerto Quetzal, la cual se estima estará lista en 200911.

El producto de las plantaciones de palma africana establecidas en el país, por su parte, ha sido utilizado hasta ahora fundamentalmente para la produc-ción de aceites y grasas destinadas a la industria alimenticia y a la fabricación de jabones, tanto a nivel interno como para la exportación, fundamentalmente hacia Estados Unidos y El Salvador. No obstante, frente a la creciente deman-

Fuente: BiopersaJatropha curcas o piñon, de donde se extrae aceite vegetal para agrocom-bustible.

9. Fuentes de prensa han dado a conocer de inversiones de empresarios, del gobierno guatemalteco y del estadounidense en el establecimiento de plantaciones de productos para la producción de agrocombustinles, así como de la donación de una planta procesadora de éstos por el gobierno de Colombia. Prensa Libre, 14/07/08.

10.Las plantas productoras de etanol son: la Destilería BioEtanol del Ingenio Pantaleón (150,000 lt/día), del Ingenio Palo Gordo (100,000 lt/día), del Ingenio Magdalena (300,000 lt/día), Servicios Manufactureros de la sociedad de los ingenios Magdalena y Madre Tierra (125,000 lt/día) y la Destiladora de Alcoho-les y Rones, S.A. —DARSA— (100,000 lt/día). Mario et. al. Potencial productivo de etanol de caña de azúcar en Centroamérica y República Dominicana. Escuela de Zamorano, Honduras, noviembre 2008. También, Solano, Luis. “Reconversión productiva y agrocombustibles”. El Observador. Análisis Alternati-vo sobre Política y Economía No. 14, año 3, septiembre de 2008, páginas 34-35.

11.Contreras, Mario et al. “Potencial productivo de etanol de caña de azúcar en Centroamérica y República Dominicana”. Honduras, Zamorano, 2008.

78

da de biodiésel a nivel mundial, dos plantas procesado-ras de este agrocombustible vinculadas a las empresas AGROCARIBE e INDESA, están siendo instaladas en el de-partamento de Izabal12.

Estudios recientes señalan que Guatemala, al igual que otros países de América Latina, posee un importante potencial para incrementar la producción de etanol por dos vías: ya sea a partir de la transformación de toda la melaza que ya produce en el proceso de elaboración del azúcar13, o bien a través de la producción exclusiva de etanol. Estudios recientes contratados por el BID14 reco-

miendan operar la transición de los ingenios actualmente en funcionamiento hacia la producción de etanol en gran escala, a partir de la transformación de la melaza que ya producen, a la vez que ampliando su cartera de subproductos tales como el azúcar, energía eléctrica y vapor, alimentos animales y fertili-zantes (vinaza). La región DR-CAFTA es el noveno productor a nivel mundial de etanol con una producción colectiva de 80 millones de galones en 2007. A esta producción Guatemala aporta 144 millones de litros anuales, la mayor de la región, y potencialmente podría convertirse en el mayor productor de agro-combustibles a nivel de Centroamérica con lo que podría satisfacer la meta de abastecer su mercado interno hasta lograr la sustitución del 10 % en la mezcla de gasolinas –de ser aprobada la iniciativa de ley bajo estudio del Congreso de la República—, a la vez que jugar un papel de importancia como abastecedor del mercado estadounidense, apoyado por el DR-CAFTA y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC)15.

La producción de agrocombustibles y la concentración de la tierra

En los últimos cinco años, las plantaciones de caña de azúcar y palma africana en Guatemala se han extendido notablemente, tanto en virtud del creciente mercado del azúcar y de los aceites y grasas industriales como de cara a convertirse en un productor en gran escala de agrocombustibles y participar en el nuevo mercado global de éstos. Estimuladas por la creciente demanda de agrocombustibles a nivel mundial, las agroindustrias de estos sectores están concentrando tierras en distintas regiones del país, en sentido contrario a lo establecido en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Si-tuación Agraria (ASESA), en el que el Estado guatemalteco se comprometió a promover la democratización de la estructura agraria y favorecer el acceso a la tierra para la población campesina. Esta expansión de las plantaciones desti-nadas a la producción de agrocombustibles está ocurriendo en diversas zonas del país, pero es particularmente dramática en el departamento de Petén y en la región de la Franja Transversal del Norte (FTN), donde fundamentalmente ocurre a partir de la compra de las parcelas recientemente regularizadas a favor de comunidades y familias campesinas después de la firma de la Paz, en diciembre de 1996.

No obstante, frente a la cre-ciente demanda de biodiésel a nivel mundial, dos plantas pro-cesadoras de este agrocombus-tible vinculadas a las empresas AGROCARIBE e INDESA, están siendo instaladas en el departa-mento de Izabal .

12.Solano, Luis. op. cit. 13.En la zafra 2006/2007 se produjeron 428,968,672 litros de melaza, de los cuales se exportó el 40%.

14.Estudios realizados para el BID por la firma de consultores Economic Consultants Group y la Escuela de Zamorano, ambos en 2008.

15.Economic Consultants Group., op. cit.

79

El mapa a continuación muestra cómo la expansión de la palma africana sólo puede realizarse ocupando las tierras recién regularizadas o en proceso de serlo, a grupos y comunidades campesinas.

Mapa No. 1Guatemala: Áreas potenciales para producir palma africana

vrs. áreas en proceso de regularización

Fuente: ActionAid Guatemala, 2008.

Esta expansión de los monocultivos para la producción de agrocombusti-bles conlleva la pérdida de áreas para la producción de alimentos, tanto por la vía de la venta de parcelas en manos de familias campesinas que tradicional-mente producían alimentos de autoconsumo y para el mercado interno, como por la venta de antiguas fincas que hasta hace poco se destinaban –en forma total o parcial— a la producción de alimentos para el mercado interno: maíz, sorgo, arroz, ganado, carne, productos lácteos, entre otros.

Los propietarios de parcelas de las áreas donde se expanden las plantacio-nes de palma africana, particularmente en el departamento de Petén y la FTN, generalmente dan en arrendamiento –u otros arreglos— extensiones variables de terreno a otras familias campesinas pobladoras de la región que no tienen tierra, que la poseen en cantidades insuficientes o que, debido a las caracte-rísticas y ubicación de sus propios terrenos, ésta no les permite levantar dos cosechas anuales.

Lo anterior implica que, al ocurrir la venta de parcelas campesinas, la población que pierde acceso a tierra y la posibilidad de cultivar sus propios alimentos junto a algún excedente para vender en el mercado, no se reduce exclusivamente a los propietarios y propietarias que han vendido su tierra,

80

sino que incluye también a quienes dejan de tener acceso a la tierra por la vía del arren-damiento u otros arreglos, tales como el préstamo o la medianía. Lo mismo ocurre en los casos en que las fincas daban anterior-mente en arrendamiento, pequeñas parcelas a los campesinos de comunidades vecinas y a sus propios mozos colonos. Una vez las fin-cas son vendidas o alquiladas a la plantación de palma africana o de caña de azúcar, estas familias ya no dispondrán de tierra ni podrán realizar sus labores agrícolas tradicionales, quedando a expensas de las oportunidades de trabajo y las condiciones salariales impe-rantes en las regiones.

En todos los casos, las familias campesi-nas que venden su tierra o bien que de dejan

de tener acceso a la tierra, pasan entonces a depender en forma total de in-gresos monetarios. Este cambio en sus economías entraña graves consecuen-cias para su seguridad alimentaria y nutricional, y su situación económica en general se deteriora atendiendo a que, en el pasado, sus ingresos se integra-ban con la suma del producto de un conjunto de actividades económicas rea-lizadas sobre la parcela propia o arrendada: actividades agrícolas, pecuarias, artesanales, comerciales y extractivas.

No obstante, los impactos económicos de la expansión de los monoculti-vos, por ahora, son percibidos en forma diferenciada por los campesinos que están perdiendo acceso a la tierra. Mientras los propietarios que han aceptado dar su parcela en arrendamiento a las empresas de agrocombustibles tienen la percepción de haber realizado un buen negocio, en tanto reciben un ingreso regular por la renta, quienes la han vendido se han quedado ya sin el dinero resultante de la venta y enfrentan crecientes problemas para garantizar sus ingresos. En el largo plazo, las consecuencias de la dependencia del ingreso monetario por parte de esta población, se harán sentir en términos del incre-mento de los precios de los productos de consumo básico, la pérdida de valor adquisitivo de la moneda, la degradación de los suelos y fuentes de agua, la pérdida de acceso a otros recursos naturales, la limitada o falta de oferta de empleo local, el salario y las condiciones laborales, condiciones que podrían verse agravadas aún más por la crisis financiera y económica mundial.

La economista Rosa María Marques (Brasil)16, ha hecho ver con razón que economías con relaciones menos mercantilizadas como podrían ser las eco-nomías campesinas de algunas regiones del país, tienen mayor capacidad de resistencia frente a la crisis. En las regiones donde ya ha ocurrido la mercan-tilización de la tierra y donde las relaciones laborales rápidamente dan paso a la dependencia absoluta del salario -generalmente del jornal, dada la precaria contratación prevaleciente-, la vulnerabilidad de la población se acrecienta en la actual coyuntura de crisis.

Al mismo tiempo, la expansión de los monocultivos está suponiendo el cambio de uso del suelo en grandes extensiones de tierra, la eliminación de bosques remanentes, el movimiento de tierras, la desviación de ríos para irri-gación de las nuevas plantaciones, la desecación de fuentes de agua y hu-

16.Rosa María Marques, economista brasileña, conferencia en torno a la Crisis Financiera Mundial, presentada en el marco del Seminario Internacional “Agro-combustibles como obstáculo a la construcción de la soberanía alimentaria y energética”, Sao Paulo, noviembre 2008.

Palma africa-na que ha sido sembrada en el camino por Sa-laquim a Playa Grande, Ixcán, justamente des-pués del cruce de Cubilhuitz, Cobán.

Foto: El Observador

81

medales, con la consecuente fragmentación o eliminación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad17.

El debate abierto en torno a los agrocombustibles

El Estado guatemalteco ha contribuido al establecimiento y avance de este proceso que venimos analizando. Contando con el apoyo de las políticas y fi-nanciamiento de instituciones financieras internacionales tales como el Banco Mundial (BM), el BID y agencias de cooperación, ha favorecido a lo largo de la última década al traslado de las propiedades agrarias recientemente regulari-zadas –o en proceso de serlo—, a manos de las empresas agroindustriales.

Desde el año 2002, organizaciones campesinas y distintas instituciones de apoyo al proceso de regularización han venido advirtiendo al Fondo de Tierras (FONTIERRAS) sobre la compra-venta acelerada de tierras recién transferidas en propiedad a familias y comunidades campesinas fruto de los Acuerdos de Paz, en las puertas mismas de los salones comunales donde se entregaban las escrituras de propiedad sobre las parcelas. Se han denunciado, igualmente, las presiones de distinto tipo que agentes de los empresarios ejercen para forzar a los propietarios a la venta. Más recientemente se ha conocido de la exoneración de algunos pasos técnicos y administrativos por parte del FON-TIERRAS para acelerar los procesos de legalización cuando las interesadas son empresas agroindustriales18.

Frente a esta dinámica de compra-venta, el Estado ha respondido que no puede intervenir una vez dichas tierras se han convertido en propiedad priva-da. No obstante, el Estado no puede sustraerse de la parte de responsabilidad que le corresponde al no poner en marcha las políticas complementarias –de apoyo y asistencia técnica productiva, crediticia y de comercialización—, que deberían hacer viables y sostenibles estas parcelas campesinas. Al operar úni-camente la transferencia de la propiedad de la tierra, de manera aislada, sin políticas complementarias, el Estado y las instituciones financieras internacio-nales se apartaron decididamente de la estrategia pactada en los Acuerdos de Paz19, favoreciendo la dinámica de despojo moderno de los campesinos, por un lado, y la concentración y reconcentración de la tierra, por el otro.

Todo lo anterior ocurre de manera simultánea a la interminable discusión de una eventual Ley de Desarrollo Rural que ni siquiera está siendo discutida por el Congreso de la República, y mucho menos termina de ser aprobada. Desde el mes de febrero de este año, el Organismo Ejecutivo tiene en sus manos una Propuesta de Ley de Desarrollo Rural Integral consensuada con las organizaciones sociales, sin que hasta la fecha se decida a promoverla como Iniciativa de Ley ante el Congreso de la República.

En algunos casos, tras la regularización de la tierra, las instituciones finan-cieras internacionales aportaron los recursos para la realización de estudios de factibilidad de proyectos productivos recomendables para ser implementados en dichas áreas, así como diversos planteamientos para el ordenamiento terri-torial municipal, pero estos enormes esfuerzos humanos y financieros no pa-

17.Ver: ActionAid Guatemala. “Las plantaciones para agrocombustibles y la pérdida de tierras para la producción de alimentos en Guatemala”. Guatemala,

agosto 2008.

18.ActionAid Guatemala, op. cit.

19.Concretamente en el Acuerdo para el Reasentamiento de la Población Desarraigada por el Enfrentamiento Armado firmado en junio de 1994, y el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria firmado en mayo de 1996.

82

saron de ser papel. En la práctica fue otra la dinámica que se propició y apoyó. Hoy en día, estos mismos organismos fomentan y apoyan de manera decidida el establecimiento de plantaciones para agrocombustibles y de plantas para su transformación en agrocarburantes a gran escala en el corto plazo.

BID: Débil “Certificación de sostenibilidad” versus un fondo millonario para los cañeros

Frente a las voces que tanto en Guatemala como en otros países se han levantado en contra de la expansión de las plantaciones de agrocombustibles debido a las graves consecuencias que representan en términos de pérdida de tierra o de acceso a la tierra para los campesinos, de pérdida de tierra para la producción de alimentos y de pérdida de recursos naturales y biodiversidad; algunos organismos internacionales plantean ahora como solución el esta-blecimiento de criterios y medidas de “sostenibilidad” para la producción de agrocombustibles.

Hace pocos meses atrás, el BID presentó en un hotel capitalino su propues-ta de “Scorecard (tarjeta de calificación) de la Sostenibilidad de biocombusti-bles”20 como una herramienta para la calificación y evaluación de los proyectos a ser apoyados por el BID en este sector, en términos de sostenibilidad social y ambiental. Este mecanismo, se supone, serviría para limitar o impedir la puesta en marcha de proyectos, tanto privados como públicos en el sector de los agrocombustibles, que no cumplan con determinadas características con-sideradas garantías de la deseada sostenibilidad. Esta herramienta sería de aplicación voluntaria por parte de los interesados en obtener el financiamiento o el apoyo técnico del banco. Discusiones similares se sostienen al interior de la Comisión de Biocombustibles del Parlamento Europeo, donde el debate parece igualmente encaminarse hacia la necesidad de establecer criterios de sostenibilidad de las inversiones y mecanismos de evaluación de sus socios comerciales y la “certificación” de los agrocombustibles a importar.

Sin entrar a discutir la validez técnica de la herramienta propuesta por el BID o de otras que pudieran ser elaboradas en el futuro por otras institucio-nes, no es pensable que sea éste el terreno para hacer frente a las amenazas señaladas y a las peligrosas realidades ya identificadas. En un país como Gua-temala, con un Estado extremamente débil –“fallido”, según algunos analis-tas21—, las herramientas meramente técnicas están llamadas a fracasar frente a problemáticas de índole eminentemente política. Las amenazas y conse-cuencias derivadas de la expansión de las plantaciones para agrocombustibles en términos de la seguridad alimentaria de la población de estas áreas, están a la vista. Por otra parte, la crisis financiera mundial está ya haciendo fuerte impacto en la economía nacional y la población dependiente de un jornal –in-cierto y la mayoría de las veces por debajo del salario mínimo— para satisfacer sus necesidades básicas, es la más vulnerable.

Desde la perspectiva de procurar la seguridad y soberanía alimentaria para la población guatemalteca y la preservación del patrimonio natural del país, varias acciones son pensables y posibles para enfrentar la dinámica des-

20.Proyecto desarrollado por Elizabeth Beall y Gregor Meerganz von Medeazza, presentado en el marco del Seminario sobre el tema en Ciudad de Guatemala en diciembre 2008, auspiciado por el BID y GTZ.

21.En nuestra opinión no puede hablarse de “Estado fallido”, en tanto éste existe y se muestra efectivo para la promoción y atención de intereses de algunos poderosos sectores económicos y políticos.

83

crita, pero se advierten difíciles y complejas en el contexto político actual, tanto nacional como internacional. En ese marco, la medida más práctica e inmediata para el sector de pequeños y medianos productores agropecuarios es resistirse a la venta de la tierra; conservar la poca tierra que se tiene y exigir que el Estado -que sí es capaz de atender y favorecer a algunos sectores- se vuelque con toda su capacidad –grande, poca o regular— a fortalecer sus capacidades productivas y sus derechos como ciudadanos.

El Estado por su parte, está obligado a actualizar sus bases de datos y pro-fundizar el análisis sobre los impactos de la producción de los agrocombustibles en el país, a contribuir a detener mediante diversos instrumentos de políticas –jurídicos, económicos y fiscales—, la dinámica perversa de nuevos despojos a los campesinos, y apoyar a estos últimos para que logren conservar la tierra y hacerla productiva, en un marco de desarrollo rural integral.

Finalmente, las instituciones financieras internacionales y países importa-dores de agrocombustibles deberían dejar en suspenso y revisar sus metas de conversión a los agrocombustibles, reconociendo los graves impactos que éstos están teniendo en contextos como el guatemalteco. Hay que subrayar, además, el despropósito de las herramientas de “calificación” y “certificación” en contex-tos como el guatemalteco, donde los Estados son incapaces de aplicar medidas regulatorias en contra del capital que goza de todos los apoyos como el del BID con el recientemente creado fondo de US$ 150 millones para apoyar a los pro-ductores de azúcar y etanol en el marco de la crisis financiera mundial22.

22.Reportaje de Lesley Wroughton para Reuter, titulado “BID crea fondo de US$ 150 millones para ingenios de azúcar y etanol”, 16/01/09.

I. Recomendaciones al FONTIERRASActionAid Guatemala presentó al

Consejo Directivo del Fondo de Tierras (FONTIERRAS), las siguientes recomen-daciones para contribuir a detener la venta de tierras recientemente regulari-zadas o por regularizar a favor de fami-lias campesinas:

n Recuperar la orientación de la polí-tica que permita cumplir al Estado los compromisos establecidos en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconó-micos y Situación Agraria (Cap. III, Inciso 6.3 y 32) y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- (Artículos 17 y 18).

n Revisar las opciones legales para revertir la disposición respecto a la “liberación de la tutela del Estado” sobre tierras regularizadas (Artículo 51, Decreto 24-99).

n Revisar la aplicación de los procedi-

mientos administrativos para operar y aprobar la “liberación de la tutela del Estado”.

n Revisar la congruencia de la Ley del FONTIERRAS con los Artículos 491 y 498 del Código Civil, en casos de compra venta de co-propiedades.

n Detener el apoyo y gestión preferen-cial de casos de interés de las em-presas.

n Reactivar la Unidad de Equidad de Género del FONTIERRAS, garanti-zando a las mujeres el ejercicio ple-no de su derecho a la co-propiedad.

n Promover la discusión y el abordaje de la problemática con la institucio-nalidad agraria y otras involucradas, para la formulación de políticas (CO-NAP, MARN, SAA, MAGA, INAB, Muni-cipalidades).

84

Concepto

Una conferencia en Antigua donde se invita a la sociedad civil internacional y nacional para intercambiar experiencias y conocimientos sobre la problemática minera en América Latina, y las posibles acciones para enfrentarla.

Objetivos

Como organizadores del evento, consideramos la minería metálica a cielo abierto como una problemática internacional. Esta impacta negativamente en los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales, así que necesitamos un procedimiento regional, nacional, internacional e integral en apoyo a comunidades locales amenazadas por proyectos mineros.

La Conferencia quiere facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias sobre la problemática minera entre diferentes organizaciones, movimientos sociales e instituciones de la sociedad civil internacional y nacional.

Además también facilita la elaboración y evaluación de posibles estrategias internacionales para enfrentar la problemáticas minera, en tres terrenos: ecología, legislación y salud. El programa de la Conferencia Internacional está elaborado en esa línea.La Conferencia Internacional sobre la Minería consiste de dos partes:

- La problemática minera en América Latina: abierto al público (mañana 3 de agosto - mediodía 4 de agosto)

- Acciones para enfrentar la problemática minera en América Latina: mesas cerradas (mediodía 4 de agosto - medio día 5 de agosto).

ConferenCia internaCional sobre Minería

Del 3 al 5 de agosto

Antigua Guatemala

Convento de Nuestra Señora de Belén

www.conferencia.wordpress.com

Análisis alternativo sobre política y economía junio-julio ... · desarrollo” que dentro de la...

Documents

Transcript of Análisis alternativo sobre política y economía junio-julio ... · desarrollo” que dentro de la...