¿Sabe usted quiénes son algunos jueces y fiscales?

Acá se los presentamos

Producción e investigación: Prensa Madres Revista “Ni un paso atrás”

Fuentes: Artículos periodísticosArchivo Asociación Madres de Plaza de Mayo

Esta es una lista parcial de los jueces, fiscales y

burócratas sindicales que conforman el Partido

Judicial. Sus intereses van en dirección contraria a

los del pueblo. Estos son los funcionarios que

encabezan una campaña destituyente contra la

democracia y las conquistas del proyecto nacional

y popular. Muchos de ellos fueron la estructura

civil del golpe militar de 1976 y, enemigos del

pueblo, sus aspiraciones golpistas llegan hasta

estos días.

Si usted tiene más información puede hacerla llegar a prensa@madres.org

JUECES

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CLAUDIO BONADÍO (JUEZ FEDERAL)

“Claudio Bonadio es un juez que extorsiona con sus causas judiciales”, dijo el secretario de Justicia

de la Nación Julián Álvarez, al presentar recientemente una denuncia contra el juez por mal

desempeño de sus funciones. “Es un pistolero”, agregó, y sostuvo que en “las cuatro fechas más

importantes de sesiones de este Consejo (el de la Magistratura), el juez accionó con medidas que

fueron represalias”.

El estilo patotero de Bonadío comenzó en los '70, cuando se vinculó a la derecha peronista de

Guardia de Hierro. Llegó al fuero federal de la mano de Carlos Saúl Menem y Carlos Corach,

transformándose así en uno de los famosos jueces de la servilleta, aun cuando carecía de la más

mínima carrera judicial y a pesar de no ser jurista calificado en especialidad alguna.

El pago habría sido sacarle de encima varias causas complicadas al menemismo. Entre otras, la que

vinculaba al ex interventor del PAMI, Víctor Alderete, con diversos hechos de corrupción. O

brindarle protección a su mentor, Carlos Corach, ante las denuncias por el encubrimiento de la causa

AMIA (de la que fue apartado por incurrir en doble rol, es decir, intervino como juez y como

imputado en el mismo expediente).

En 2001, fue víctima de un presunto intento de robo que terminó en un tiroteo en el cual mató a dos

de los tres agresores.

Por tomar algunos entre cientos de otros ejemplos, se lo acusa de dilatar sin justificación la

instrucción de dos emblemáticos casos de corrupción de los '90: la estafa al Estado en la venta de

acciones del astillero Tandanor y el fraude bancario de la curtiembre Yoma S.A.

En el caso del contagio masivo de HIV y Hepatitis C que se generó en la Fundación Hemofílica por el

suministro de concentrados importados contaminados, Bonadío “jamás impulsó la causa”, declaró

el abogado de las víctimas.

Dos de los expedientes en su contra en el Consejo de la Magistratura están relacionados con la

tragedia de Once. Uno sobre la tardanza en los llamados a indagatorias y otro por haber dado la

orden de terminar con la búsqueda de sobrevivientes.

Bonadío ostenta un elevadísimo nivel de vida y una evolución de su patrimonio que difícilmente

pueda justificar. En su trayectoria acumula docenas de denuncias ante la oficina anticorrupción, y

ostenta el poco común record de 10 denuncias ante el Consejo de la Magistratura.

Su estrategia fue siempre la de contragolpear produciendo una batería de acciones legales contra

sus denunciantes, con especial atención en las repercusiones mediáticas.

Sin embargo, un juez tan cuestionado como Bonadío no suele recibir sanciones, y las que sufre son

ínfimas. ¿Por qué habrá de ser así?

CARLOS SANTIAGO FAYT (MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA)

“El personaje que están fabricando es un doctorcito Fayt que un día, con el título nuevecito, un

sombrero aludo de esos de ribete, y tres guantes, los dos para ponerse y el de llevar en la mano, se

apareció en FORJA y se afilió. Pidió en seguida la tribuna y se la dimos tres veces. A la tercera lo

llamé y le dije: "Vea, joven, usted no entiende lo que es FORJA, porque usted es un liberal crudo y su

puesto está en el Partido Socialista. Acerté, porque actualmente actúa en el mismo y habla, habla,

habla; ¡la pucha si habla!, y tiene prensa a bocha como que La Nación y La Prensa le dedican todas

las semanas su buen cuarto de columna". Arturo Jauretche (sobre Carlos Santiago Fayt, que alguna

vez fue joven) – 1958

Furiosamente antiperonista, Carlos Santiago Fayt, próximo a cumplir 98 años, integra la Corte

Suprema de Justicia de la Nación desde 1983 hasta la fecha, pese a una cláusula constitucional que

lo prohíbe expresamente. La reforma de 1994 dispuso que los jueces pueden mantenerse en sus

cargos hasta los 75 años, tras lo cual sólo podrán renovarlos con acuerdo del Senado. La cláusula

debía entrar en vigencia el 22 de agosto de 1999, pero tres días antes, por primera vez en la historia,

la Corte Suprema declaró nula una parte de la Constitución.

El jefe de Gabinete Aníbal Fernández solicitó la apertura de un proceso de investigación sobre el juez

en pos de evaluar su "capacidad psicofísica actual", para "verificar que el referido magistrado no se

encuentre inmerso en la causal de mal desempeño de sus funciones, producida por la posible

disminución de su capacidad en virtud de su avanzada edad".

Imagine el lector a un individuo casi centenario soportando audiencias de siete u ocho horas,

leyendo y reteniendo expedientes con miles de páginas para analizarlos y extraer conclusiones. Si el

lector lo prefiere, puede consultar la opinión de un gerontólogo.

¿Por qué entonces Fayt es sostenido a rajatabla por supuestos defensores de la república? Algunos

indicios: fue el único miembro de la Corte en sostener la inconstitucionalidad de la Ley de Servicios

de Comunicación Audiovisual, y siempre que le tocó intervenir en el tema lo hizo en favor de las

empresas multimediáticas.

Además, su condición de cuñado de José Claudio Escribano, quien desempeñó diversos cargos de

importancia en La Nación S. A. y desde 1997 integra su Directorio, no le impide fallar

invariablemente en favor del grupo editorial. Sobresale su voto favorable a la continuidad de la

cautelar más longeva de la historia (casi 12 años), por la cual se impide al Estado demandar el pago

de aportes previsionales por un monto que a fines de 2014 ascendía a unos 400 millones de pesos.

Fayt fue el único miembro de la Corte en oponerse a declarar la inconstitucionalidad de las leyes de

Obediencia Debida y Punto Final; y avaló la declaración de inconstitucionalidad de la reforma al

Consejo de la Magistratura (con la sola disidencia de Zaffaroni) que habría abierto una puerta a la

democratización del poder judicial.

A pesar de que en ocasiones Fayt ha mostrado posiciones progresistas, como en el caso del divorcio

vincular o la personería jurídica de la CHA, y hasta haber firmado una solicitada por los

desaparecidos durante la dictadura, cuando se trata de defender los intereses estratégicos del poder

económico concentrado, su voto es incondicional en favor de éstos.

Alguna vez un periodista se refirió al juez supremo Ricardo Levene como “el cuerpo que conserva los

restos del Doctor Ricardo Levene”. Esta imagen, perfectamente aplicable al doctor Fayt, contrasta

con las declaraciones de éste en ocasión de su último cumpleaños: "Soy sencillamente un servidor

de la República que tiene responsabilidades que cumplir”. El juez no especificó la lista de esas

responsabilidades. En respuesta a los tuits de la presidenta, donde se cuestionaba la acordada de la

Corte que permitió su permanencia en el máximo tribunal más allá de los 95 años, Fayt declaró

lacónicamente: "Los hechos son sagrados, pero el comentario es libre”. Tampoco especificó la lista

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de los hechos sagrados.

El radical Ricar

Civil y Comercial Federal (también conocida como “en lo Clarín y La Rural”) y representante de los

jueces en el Consejo de la Magistratura (órgano central en los procesos de designación, control,

sanción y remoción de jueces federales).

Tras actuar como secretario letrado del Procurador General de la dictadura, Raúl Alfonsín lo designó

Secretario de Justicia. Por entonces no existía el Consejo de la Magistratura y la elección de jueces se

realizaba por reparto entre los partidos mayoritarios. Muchos jueces le deben sus cargos.

Entre 1999 y 2005 fue socio de los hermanos Jorge y Hugo Anzorreguy. El primero fue uno de los

abogados más destacados del grupo Clarín. El segundo, jefe de la SIDE durante el menemato.

Corporación Judicial, cartera de clientes encumbrados y acceso a información confidencial,

contribuyeron al exitoso perfil societario.

Recondo jamás se excusó en causas que involucraran a sus múltiples relaciones, como en el caso de

la cautelar en favor de Fibertel o la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de

Comunicación Audiovisual.

Por el contrario, su doble condición de camarista y miembro del consejo de la Magistratura le

permitieron votar directamente en defensa de esos intereses y ejercer abierto lobby en la

designación de jueces, convirtiéndose en militante clave del Partido Judicial.

Se destaca la práctica de paralizar designaciones con todo tipo de chicanas y manejos, y nombrar

simultáneamente subrogantes en forma irregular, en ocasiones por medio de sorteo “manual”

(papelitos doblados), infringiendo la ley de subrogancias que rige desde 2008.

Algunas subrogancias fueron cubiertas por jueces jubilados, como en el caso de Raúl Tettamanti,

quien quedó a cargo del Juzgado donde estaba radicada la denominada “Causa Clarín”. El escándalo

subsiguiente precipitó la renuncia de Tettamanti y la designación reglamentaria del juez Alfonso,

quien terminó fallando en contra de Clarín.

Recondo se transformó en estrella de programas periodísticos de TN y Canal 13. Editoriales de Clarín

y La Nación lo elevaron al rango de héroe justiciero y denunciaron una supuesta manipulación en la

designación de Alfonso. Recondo es, además, presidente de la Asociación de Magistrados y

Funcionarios de la Justicia Nacional, una entidad corporativa que agrupa a lo más granado de la

juricatura argentina. Cuando Recondo obtuvo por primera vez la representación de sus pares ante el

Consejo de la Magistratura Nacional, basó su campaña electoral en su oposición política al gobierno.

¿Ser opositor es ser independiente, acaso?

¿Por qué la sociedad debe permitirse a sí misma que el Poder Judicial, que nunca jamás fue ajeno a

los poderes corporativos que siempre gobernaron al país, trabe sistemáticamente un curso histórico

con claro anclaje en los intereses de los sectores más postergados de la estructura económica, social

y cultural?

do Recondo es actualmente miembro de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo

RICARDO RECONDO (JUEZ DE LA CÁMARA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL)

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GUSTAVO HORNOS

Presidente subrogante de la Cámara que avaló de forma unánime la falta de mérito de César Blaquier

en la causa que investiga la complicidad del Ingenio Ledesma en la desaparición de personas.

Hornos es hijo de un coronel retirado del Ejército, ex alumno de la Escuela de Defensa Nacional y

hermano de otro magistrado, Roberto Hornos. Entre otros cargos, integra el Jurado de

Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación. Fue denunciado junto a otros jueces de Casación por

mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura en 2007 por su actuación en juicios de lesa

humanidad. Sorteó la acusación en su contra. Insiste con la constitucionalidad de las leyes de

impunidad.

EDUARDO RAFAEL RIGGI

Vicepresidente de la sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, arribó impulsado

personalmente por Carlos Menem

Fue nombrado juez en 1978, durante el gobierno de Jorge Rafael Videla. Había llegado a los

tribunales siete años antes, con un cargo en el Camarón, la Cámara Federal en lo Penal creada por el

gobierno del general Lanusse para “juzgar la actividad subversiva”.

Acusado de tener buenas relaciones con los militares y ser del Opus Dei, lo desmintió en estos

términos: “No tengo el honor de ser del Opus Dei, y mi único contacto con los militares es que tengo

familiares en las Fuerzas Armadas”.

"Dos de sus secretarios, María Laura Olea y Diego Amarante, fueron abogados defensores de sus

respectivos padres, ambos militares procesados por crímenes de lesa humanidad", según informa el

sitio Infojus, la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas. Entre las denuncias en su contra, se destaca

el pedido de juicio político por haber sido contactado por un ex agente de la SIDE, Juan José

Riquelme, para ofrecerle un soborno a cambio de que la causa del asesinato de Mariano Ferreyra

cayera en su juzgado y él sobreseyera al sindicalista José Pedraza.

Subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3. Yerno de Delia Pons, titular de uno de los

juzgados de menores durante la dictadura, en 1976 trabajóen el juzgado de Lomas de Zamora a cargo

de su pariente.

Luego, fue miembro del Tribunal Oral Federal Nº 5, donde instruyó al menos siete juicios por delitos

de lesa humanidad. Absolvió a genocidas y dictó penas bajas en casos de apropiación de bebés.

En noviembre de 2009, pidió el cambio de jurisdicción y mediante un enroque con el juez Oscar

Hergott partió al Tribunal Oral Federal Nº 3. Su nuevo destino no tiene causas vinculadas con el

accionar de la represión estatal durante la última dictadura militar.

GUILLERMO GORDO

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ALICIA MARÍA DI DONATO

Miembro de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Confirmó su paso por la Policía

Bonaerense mediante un escrito: “En el legajo que corresponde a mi persona, consta el expediente

que certifica los años trabajados en la institución policial, el que oportunamente fuera remitido a

travez (sic) de esta alzada actualizándose a partir del año 1991 la bonificación por antigüedad”.

Efectivamente, ingresó a la escuela de cadetes Juan Vucetich el 1 de marzo de 1978 y egresó el 1 de

enero de 1980. Ese mismo año revistó en la Unidad Regional Lanús. Según diversos registros, allí

funcionó uno de los centros clandestinos de detención de la Policía Bonaerense.

A cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11. El 20 de febrero de 1979, la familia de

Beatriz Irene Rosa Pagés Larraya –quien desapareció el 4 de septiembre de 1977– presentó un

hábeas corpus en el Juzgado de Sentencia Nº 2, a cargo de BonorinoPeró. Fue rechazado. Gloria

Pagés, hermana de la desaparecida, denunció al juez por el trato que le brindó a su familia durante el

proceso. Nostálgico, ya en democracia repitió metodologías clásicas del terrorismo de Estado: fue

uno de los jueces que ordenó el desalojo de la fábrica Brukman, en un gigantesco operativo

represivo en el que se denunció que la policía realizó tareas de inteligencia y disparó balas de plomo

contra los trabajadores.

Es presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. En el 2007 la Justicia determinó

“convincentes y veraces” las declaraciones de media decena de testigos que en 1974 lo vieron junto

a una patota que, armas en mano, ocupó la Universidad Tecnológica Nacional. El hecho se le

atribuyó a la Triple A. En su descargo, Montezanti aseguró que “no tiene nada que ver con la Triple A

ni con patotas”, pero la Justicia dio por acreditada la existencia de un diploma en el estudio del juez

otorgado por la “Liga Anticomunista Argentina”, firmado por el general Guillermo Suárez Mason,

comandante del V Cuerpo del Ejército en 1975.

Es profesor universitario, titular de cátedra en la Universidad del Sur en la facultad de Derecho. En

1979, avaló en una revista jurídica la pena de muerte legal. Por su pasado fue denunciado en el

Consejo de la Magistratura, pero no se logró llevar al acusado a juicio político. "Hacen falta nueve

votos para lograr el juicio. Tuvo el respaldo de los radicales", explicó una fuente del Consejo. Algo

similar sucede en la Academia, donde existe un debate en torno a su destino: se pidió echarlo de la

universidad por sus vínculos castrenses.

ABEL BONORINO PERÓ

NÉSTOR LUIS MONTEZANTI

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ALEJANDRO MÁXIMO SÁNCHEZ FREYTES

Juez federal de Córdoba, titular del Juzgado de Primera Instancia Nº 2, y subrogante del Nº 3 tras la

renuncia a ese puesto de la jueza Cristina Garzón de Lascano.

Concedió la prisión domiciliaria al genocida Luciano Benjamín Menéndez, que suma varias condenas

a prisión perpetua. Además, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño

de sus funciones”, debido a su decisión de concederle una insólita jubilación extraordinaria a un

imputado por delitos de lesa humanidad. Esta se basaba en la fatiga psíquica que le habrían

provocado al solicitante los servicios que prestó al Terrorismo de Estado, esto es: torturar, violar,

matar.

En 2007, la Agrupación H.I.J.O.S. Regional Córdoba., denunció públicamente y ante instancias

judiciales superiores a la del juez de Primera Instancia, que este mismo juez había ordenado la

destrucción de documentos y expedientes acumulados en su juzgado que comprendían el periodo

1968-1978, y que serían de gran utilidad para la tramitación de causas en las que se investigara el

accionar del Terrorismo de Estado en Córdoba.

Sin embargo, el ferviente defensor de los genocidas fue ungido por el voto de sus colegas como

representante de los magistrados nacionales del interior del país ante el Consejo de la Magistratura,

en una lista electoral que compartía con el radical Ricardo Recondo, camarista del fuero civil y

comercial, y titular del gremio de los Señorías, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la

Justicia Nacional.

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“De perfil público muy bajo y fluidas relaciones con directores de la Secretaría de Inteligencia desde

los tiempos de Hugo Anzorreguy, Moldes es conocido en Tribunales por su habilidad como operador

sigiloso que siempre se cuidó de no dar expresiones públicas ni de que manifestaciones suyas en

privado se hicieran públicas.”Martín Granovsky- Página 12 – 15/02/2015

Es fiscal de la Cámara Federal Porteña y fue uno de los más fervientes impulsores de la marcha del

18F. Es el fiscal que apeló ante la Cámara en la causa por la denuncia de Nisman. Junto al juez

Claudio Bonadio, integrante de la servilleta menemista, conformó el mismo grupo político que José

Luis Manzano, Carlos Corach y Hugo Anzorreguy. De hecho fue el propio Anzorreguy, entonces jefe

de la SIDE, quien lo nombró en 1994 como fiscal ad hoc para seguir la causa AMIA.

Por su labor en ese cargo está sospechado de integrar un grupo de funcionarios judiciales que

entorpecieron la investigación de la voladura de la mutual judía y entorpecieron el trabajo del

propio Nisman.Puntualmente se sospecha que fue el responsable de "plantar" la pista iraní con el

objetivo de embarrar la causa. A tal punto que es recordada una aparición televisiva de Moldes en la

que exhibió un fragmento que adjudicó a la camioneta Trafic presuntamente utilizada como coche

bomba en el atentado, algo que nunca fue probado.

Tres años después, en una devolución de gentilezas, Moldes consiguió que la hija del influyente

abogado Jorge Anzorreguy, hermano de Hugo, asumiera como fiscal adjunta de la Cámara Federal,

pese al rechazo público de 21 fiscales y 22 secretarios en una nota, en la que expresaban su "repudio

y preocupación" por las designaciones. Eso porque la joven Anzorreguy no cumplía con los

requisitos básicos que establecía la ley del Ministerio Público que se encontraba en ese momento en

discusión en el Parlamento. Casualmente, Moldes era el titular a cargo de esa fiscalía.

En 1991 fue secretario de Población durante la gestión de José Luis Manzano en el Ministerio del

Interior. Moldes fue denunciado por quien fuera director de migraciones, Dr Gustavo Druetta, por

sus vinculaciones con el traficante de armas sirio Monser Al Kassar (luego condenado a 30 años de

prisión por la justicia norteamericana), en relación a su ingreso irregular al país y obtención de

pasaporte argentino.

Como fiscal ad hoc para el caso AMIA, Moldes instaló la pista iraní sugerida por la CIA y el Mosad y

adoptada con entusiasmo por la SIDE y mostró ante las cámaras de televisión un fragmento de la

supuesta Trafic bomba, cuya existencia hasta el día de hoy nadie ha demostrado. Familiares de

víctimas del atentado a la AMIA y el CELS lo acusan, entre otros, de haber entorpecido

sistemáticamente las actuaciones y desviado las investigaciones, y por lo tanto de ser cómplice de

los encubridores del atentado.

Sus vínculos con el menemismo volvieron a emerger en la historia reciente. En 2012, el juez Ariel

Lijo sobreseyó a Carlos Corach, a Carlos Ruckauf y varios funcionarios del juzgado de Juan José

Galeano, además de policías de la Federal y la Bonaerense, en la causa por el encubrimiento del

atentado. La agrupación Memoria Activa apeló esa decisión y el fiscal Patricio Evers no hizo lugar.

Entonces, los familiares de las víctimas del peor atentado terrorista de la historia argentina

recurrieron al fiscal Nisman, pero su respuesta fue demoledora, afirmó que "no podía hacer nada

FISCALES

GERMÁN MOLDES (FISCAL FEDERAL DE CÁMARA)

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porque Moldes sostenía el sobreseimiento", relataron.

En 2013, los integrantes de Memoria Activa fueron ante la Procuradora General, Alejandra GilsCarbó

y denunciaron que tanto Moldes, como Nisman, Evers y el fiscal Raúl Pleé, no cumplían con el deber

constitucional de promover la acción penal y defender los intereses de la sociedad.

GilsCarbó ya tenía idea de a qué se enfrentaba. Página/12 reveló que cuando la procuradora asumió

su cargo recibió a Moldes, quien le pidió que "recuerde que Gustavo Beliz quiso fusionar el fuero

federal con el de instrucción y tuvo que irse a vivir a otro país".

Tras la muerte de Nisman, Moldes ocupó un espacio destacado en los medios por darle curso a la

denuncia presentada por los diputados del PRO Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo

quienes daban cuenta de una presunta estructura de encubrimiento para favorecer al empresario

Lázaro Báez en la que –según el periodista Omar Lavieri– podría quedar imputada la presidenta

Cristina Fernández. Fue el 20 de enero, horas después de la muerte de Nisman. Lo llamativo del caso

fueron los argumentos de Moldes, que dio a conocer el portal de noticias Infobae, más parecidos a

una arenga de oposición al gobierno que a un escrito judicial. "No habrá 'relato' ni argucia, ni

reforma capaz de evitar que tarde o temprano todo salga a la luz. Cuanto antes nos pongamos en

camino, antes llegaremos a destino. Después de todo, de nosotros depende", sostenía el fiscal.

El texto deja varios interrogantes, como por ejemplo determinar a quiénes se refería con ese "de

nosotros depende".

Junto a otros fiscales de su fuero, y el sindicalista Piumato, Marijuán también se empapó bajo la

lluvia caída durante la marcha del 18F.

El fiscal tiene un desempeño asombroso en la causa que investiga el presunto lavado de dinero por

parte de 469 empresas –entre ellas el Grupo Clarín, sus principales directivos y compañías satélite– a

través de la banca de inversión JP Morgan a partir de la denuncia del arrepentido Hernán Arbizu. En

más de cinco años, Marijuan presentó apenas dos escritos y la causa aún está en su etapa primaria de

instrucción pese a que se trata de una evasión multimillonaria a partir de la presunta fuga de

divisas. Marijuán presume de ser implacable y valiente con los poderosos, pero mantiene parada

desde hace 7 años la investigación

La Procuradora General, Alejandra GilsCarbó lo removió de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la

Seguridad Social (Ufises) por nombrar "a cualquiera" y hacer concursos de ingresos "no

transparentes". Apenas unos días después de eso, como forma de venganza, Marijuan imputó a su

jefa de los supuestos delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público" y "abuso de

autoridad" por su actitud ante el pedido para que removiera al titular de la Procelac, Carlos Gonella.

La labor de Marijuan en el Ministerio Público aparece marcada por la investigación del atentado a la

AMIA, particularmente en la causa que investiga el robo del video de la caja fuerte del ex juez Juan

José Galeano.

Marijuan construyó un estrecho vínculo con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, cuando se

desempeñaba al frente de la Anses y el fiscal estaba a cargo de la Ufises, la Unidad Fiscal

especializada en delitos contra la Seguridad Social.

En el Frente Renovador reconocen que hoy Marijuan es el candidato que tiene en mente Massa para

GUILLERMO MARIJUAN (FISCAL FEDERAL)

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ocupar el cargo de procurador general de la Nación en el caso de que llegue a la Casa Rosada en las

elecciones de octubre.

Cuando Massa estaba al frente de la Anses sufrió un duro revés. Un escrito interno de ese organismo

denunció el robo de los datos de 12 millones de jubilados y trabajadores. Según la misiva estaba

implicado un gerente de la Anses y un empresario cordobés. Rápido de reflejos, Massa se adelantó al

escándalo para evitar la filtración a la prensa y presentó una denuncia precisamente ante Marijuán.

"Hizo lo mínimo que se debe para que no digan que no hizo lo que correspondía", dijo entonces una

fuente de la Anses al diario La Nación.

La causa no cobró impulso ni por el accionar del fiscal Marijuan ni por el de Massa, sino gracias a una

exhaustiva investigación del juez Julián Ercolini. El periodista Horacio Verbitsky lo señala como el

hombre más cercano al jefe del Frente Renovador en Comodoro Py.

En mayo de 2013, Marijuán denunció amenazas y hasta dejó difundir un video en el cual un hombre,

tras descender de un automóvil Peugeot 206, hacía un llamado desde un teléfono público a la misma

hora en la que el fiscal aseguraba haber recibido un mensaje intimidatorio: "Si apela, matamos a sus

hijas", le habrían dicho. Sin embargo, el abogado Luciano Ortiz Almoncid aseguró que esas

amenazas provinieron de “una persona de su entorno”, por lo que el funcionario judicial “habría

incurrido en una falsa denuncia”. En una presentación judicial ante el juzgado federal que

investigaba las intimidaciones, fue señalado Carlos Arturo Varese, amigo y padrino de una de las

hijas del fiscal, como el autor de los mensajes.

Asimismo, según recordó el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, el fiscal Marijuán es

amigo del doctor Andrés Rabinovich, abogado de Hugo Tognoli, el ex jefe de policía de Santa Fe,

preso por narcotráfico, quien difundió en la red social Twitter una fotografía con el fiscal durante

“los preparativos del 18F”.

Fiscal general desde 1993, Ricardo Saénz ostenta, además de su cargo judicial, la vicepresidencia de

la Asociación de Magistrados, cuyo presidente es el camarista Recondo. Fue otro de los fiscales

convocantes al 18F, movilización realizada al cumplirse un mes de la muerte de Alberto Nisman. Por

si fuera poco para trazar un perfil ideológico, Sáenz es docente de Derecho Penal en la Universidad

Católica Argentina.

Sáenz es directivo del Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a

la Sociedad de la Información (CERTAL), una ONG que cobró notoriedad por pagar en 2012 el viaje de

jueces y fiscales para participar de un seminario contra la Ley de Medios, con todos los gastos

incluidos, en la ciudad de Miami.

Producto de aquel viaje, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, pidió la recusación

del juez Francisco Horacio de las Carreras, que participó del tour y debía intervenir en el contencioso

por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La Coordinadora General de dicha ONG es Ana Recondo, la hija del juez Ricardo Recondo, titular de la

Asociación de Magistrados y otro de los promotores de la marcha del silencio del 18 de febrero.

Sáenz es uno de los fiscales más mediáticos desde la muerte de Nisman, y en los pasillos de

RICARDO SÁENZ (FISCAL GENERAL ANTE LA CÁMARA NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL)

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Tribunales se sospecha que sería el responsable de las filtraciones de información de la fiscalía que

conduce Fein al Grupo Clarín.

En su oportunidad, Sáenz se pronunció por la “constitucionalidad” y “validez” de las leyes de Punto

Final y Obediencia Debida, que dieron impunidad a los represores de la dictadura, en una

presentación judicial fechada el 15 de abril de 2003, en el marco de un planteo del entonces jefe del

Ejército, Cristino Nicolaides, quien era el titular del Comando de Institutos Militares, con sede en

Campo de Mayo, por donde pasaron varias de las víctimas de torturas y asesinatos. En su

pronunciamiento, el fiscal se basó en que ambas normas (Punto Final y Obediencia Debida) eran

anteriores a la reforma constitucional de 1994 que incorporó los acuerdos internacionales contra

delitos de lesa humanidad, por lo que debía respetarse el principio de irretroactividad de la

legislación.

Además, Sáenz fue defensor del represor ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides en una causa por

privaciones de la libertad y desaparición de seis militantes de Montoneros que participaban de la

"contraofensiva" en lo que se conoció como la operación "Murciélago".

Este fiscal, uno de los más conspicuos y notorios convocantes al 18F, ingresó a trabajar en el Poder

Judicial en 1972, a la edad de 19 años. Durante su carrera judicial se desempeñó en distintos

juzgados con cargos menores y fue relator en la Cámara del Crimen de la Capital Federal, tribunal

que tuvo un rol clave en el entramado burocrático-judicial de la dictadura, que lo nombró, en junio

de 1977, secretario de un Juzgado Nacional de Primera Instancia, cargo en el que permaneció hasta

1984. Luego tuvo un breve paso como juez en el fuero en lo Penal Económico, hasta que en 1988 fue

nombrado fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones de San Martín.

Allí le tocó llevar adelante la instrucción de la causa por el intento de copamiento del cuartel de La

Tablada, ocurrido en enero de 1989. Entonces, Pleé fue acusado de reunir evidencias y aceptar

testimonios obtenidos mediante la aplicación de torturas a los militantes detenidos. Además, fue

señalada su responsabilidad por haber pasado por alto denuncias sobre esos tormentos y

ejecuciones sumarias concretados por militares durante el intento de copamiento, cuando el mismo

ya había sido repelido y neutralizado.

El abogado Rodolfo Yanzón, defensor de las víctimas de La Tablada, mantuvo en el año 2000 un

diálogo revelador con el entonces procurador Carlos Becerra. Yanzón le planteó al entonces jefe de

los fiscales las irregularidades de la causa y Becerra lo cortó en seco: "Mire Yanzón, hay tres fiscales

que trabajan directamente para el Ejército, dos de ellos son Pleé y Quiroga."

Posteriormente, el propio Carlos Menem le solicitó al entonces procurador general Ángel Agüero

Iturbe que designara al fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Plee para coordinar las

investigaciones en todo el país vinculadas a la causa de la aduana paralela, que luego quedaría en la

nada.

En 2013, el CELS y Memoria Activa lo denunciaron por haber demorado la acusación contra los

imputados por encubrimiento de la voladura de la AMIA, que deberían ir a juicio oral y público este

año. Según se denunció entonces, Pleé dejó de impulsar la causa, sin ninguna explicación, hasta

RAÚL PLEÉ (FISCAL GENERAL ANTE LA CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN PENAL)

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que la manifiesta irregularidad quedó en evidencia. Memoria Activa había señalado que la

“ausencia” de los fiscales parecía “intencional” en el devenir de la instrucción.

Además, a Pleé se lo vincula con Juan Félix Marteau, ex representante de la Argentina ante el GAFI,

y hoy asesor de empresas con problemas por lavado, entre ellas el Grupo Clarín. Según información

periodística vertida en el diario Tiempo Argentino, la hija de Pleé, María Celeste, trabaja en el

estudio de Marteau, pero además, el fiscal y el abogado comparten un curso de posgrado en la UBA

que dirige Marteau, participan en la Fundación de Investigaciones de Inteligencia Financiera,

donde Marteau es el presidente y Pleé forma parte del Consejo Consultivo.

En 2007, luego de que se declararon inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final,

Pleé fue, junto con el ex fiscal Juan Martín Romero Victorica y el ex juez Alfredo Bisordi, uno de los

acusados de obstaculizar el avance de las causas por lesa humanidad en la Cámara de Casación. A

comienzos de su gestión como procuradora general, Alejandra GilsCarbó desplazo a Pleé de la

Unidad Fiscal antilavado que el fiscal encabezaba, por tener magros resultados. En once años de

vigencia de la ley antilavado, sólo se produjeron en el país dos condenas por casos menores en las

que además Pleé no tuvo participación.

En su lugar, GilsCarbó creó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

(Procelac), a cargo de Carlos Gonella, que en los primeros meses de actividad solicitó más embargos,

secuestró más vehículos, inmuebles y dinero que Pleé en años. Desde entonces, la constante

actividad de esa sensible Procuraduría hizo que su titular fuera acusado en múltiples oportunidades,

imputado, y hasta procesado en el marco de las causas con resonancia política, por los fiscales

Guillermo Marijuan y Carlos Stornelli, también caras visibles de la convocatoria a la marcha del 18 de

febrero.

Carlos Stornelli alterna sus funciones de fiscal federal con sus tareas como jefe de Seguridad de Boca

Juniors, puesto en el que fue nombrado por Daniel Angelici, radical PRO y de estrechos vínculos con

el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

Stornelli es hijo del teniente coronel Atilio José Stornelli y yerno del general LlamilReston, ex

ministro del Interior y de Trabajo de la dictadura y procesado por delitos de lesa humanidad.

Son públicos los contactos de Stornelli con algunos sectores de la barra de Boca Juniors, pero

además aparece vinculado por una investigación del periodista Horacio Verbitsky con un dispositivo

armado por Massa durante su paso por la Anses del que participarían también Bonadio y otro

funcionario del PRO, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.

Antes, Stornelli tuvo su paso como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la

gestión de Daniel Scioli. Su mano derecha fue, sorprendentemente, Soledad Spinetto, pareja de

Rafael Di Zeo, uno de los históricos jefes de la barra de Boca. Su más resonante decisión fue deshacer

la reforma de la Policía Bonaerense que había diseñado su antecesor León Arslanian.

Durante su gestión se sucedieron episodios como la desaparición de Luciano Arruga, caso en el que

Stornelli reincorporó a los policías del destacamento de Lomas del Mirador, vinculados al hecho; y la

búsqueda de la familia Pomar, sobre la que el entonces ministro ofreció toda clase de explicaciones

que quedaron en ridículo cuando se encontró luego el vehículo accidentado a pocos metros de la

CARLOS STORNELLI (FISCAL FEDERAL)

12

ruta por la que circulaba.

El fiscal es además autor de una de las frases más polémicas desde que el 18 de enero Nisman fue

encontrado muerto en su departamento: "El caso es el primero de estas características y podría no

ser el último”, aseveró.

El fiscal federal de la UFI 12 de Capital Federal fue subsecretario de Seguridad de la provincia

durante la gestión de Stornelli. La relación terminó mal. Stornelli lo despidió luego de que López

Perrando organizara una comida en la casa de un empresario de la que participó también el ex

presidente Carlos Menem y las fotos del evento generaron alto impacto político.

Después de ese episodio, no dudó en sumarse a la gestión del PRO. De hecho, desembarcó en Vicente

López de la mano del primo de Mauricio Macri, cuando Jorge se transformó en el intendente del

distrito. López Perrando fue nombrado en 2012 secretario de Seguridad de Vicente López. Incluso,

en la ceremonia de despedida antes de su regreso a la fiscalía, Jorge Macri sostuvo que "a partir de

hoy, Martín pasa a ocupar un rol diferente, de todas formas va a seguir formando parte de este

proyecto, va a estar dándonos una mano constantemente."

Esa pertenencia al PRO no le impide cultivar otros vínculos políticos. En 2005 compartió junto a

Juan José "Juanjo" Álvarez –hoy cercano al líder renovador Sergio Massa– un viaje a Nueva York

para entrevistarse con el tristemente célebre alcalde RudolphGiuliani.

Fue denunciado por enriquecimiento ilícito pero el expediente no prosperó, al parecer gracias al

lobby que habrían impulsado sus contactos en la justicia y pese a los comentarios habituales en los

pasillos de los tribunales sobre el incremento patrimonial del fiscal.

Es presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios Nacionales (AFFUN) y uno de los

convocantes a la marcha del 18F. Actuó en la causa por la investigación de la muerte de Lourdes Di

Natale, la ex secretaria de Emir Yoma y testigo clave en el expediente por contrabando de armas a

Croacia y Ecuador. Di Natale había empezado a recibir amenazas al poco tiempo de denunciar a su

antiguo jefe Emir Yoma.Donoso Castexdictaminó en dos ocasiones que se trató de un "accidente" y

se opuso a la reapertura de la causa. Pese a ello, la investigación se reabrió y nuevas pericias

permitieron establecer que se habría tratado de un asesinato.

En 2001 archivó la causa que trataba de determinar las responsabilidades de la represión policial que

terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa. Donoso Castex archivó la causa por las lesiones a un

joven que quedó parapléjico por la represión, pero la denuncia pasó luego al fuero federal donde se

avanzó en la investigación por la salvaje represión.

En el pasado reciente fue uno de los testigos que defendió con fervor al fiscal de Núñez Saavedra,

José María Campagnoli, y se inclinó públicamente en contra del proyecto de democratización del

Poder Judicial y militó entre los miembros de AFFUN para conseguir un pronunciamiento explícito

con críticas a la posibilidad de que los funcionarios de la justicia paguen el impuesto a las Ganancias.

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MARTÍN LÓPEZ PERRANDO (FISCAL FEDERAL)

CARLOS DONOSO CASTEX

Cobró notoriedad por el impulso que le dio al presunto tráfico de influencias y lavado de dinero

contra el vicepresidente Amado Boudou, pero fue apartado de la causa por decisión del juez Ariel

Lijo quien explicó esa decisión en la "manipulación de la instrucción y filtración de información".

En octubre de 2012, la procuradora general Alejandra GilsCarbó lo acusó de cobrar indebidamente

un plus salarial por lo que se le abrió un sumario administrativo y el Estado le reclama la devolución

de 97.940 pesos. El ex procurador Esteban Righi había denegado el pedido de Rívolo de cobrar ese

plus salarial, pero el fiscal avanzó de todos modos.

Rívolo llegó en la década de los '90 a la Fiscalía Número 2 de la mano del juez federal Jorge

Ballestero, de quien fue secretario. Quienes conocen los pasillos de los tribunales recuerdan que el

candidato natural para el cargo era Claudio Navas Rial, un hombre de gran prestigio académico que

finalmente quedó como adjunto de la fiscalía.

El empresario Eduardo Saiegh lo acusa de haber impedido el avance de la investigación penal sobre

el desapoderamiento del Banco Latinoamericanodurante la última dictadura cívico-militar, del que

fue fundador y accionista mayoritario. Saiegh fue secuestrado y torturado para concretar el

desapoderamiento de las acciones. En 2009, el empresario presentó una denuncia contra el ex

presidente del Banco Central, Alejandro Reynal y el ministro de Economía de la dictadura José

Alfredo Martínez de Hoz por crímenes de lesa humanidad y antisemitismo, pero asevera que la causa

nunca avanzó porque el fiscal no la impulsó "injustificada e ilegalmente" por lo que le pidieron el

juicio político.

Fue fiscal entre 1993 y 2003 y es uno de los más activos impulsores de la convocatoria del próximo

miércoles. Pablo es hijo de Jorge Manuel Lanusse, funcionario judicial, primo del dictador Alejandro

Agustín Lanusse.

Su militancia política en las filas de la oposición no es un secreto. En las elecciones de medio turno

de 2011 fue candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en alianza con Francisco de

Narváez y acompañado por la periodista Fanny Mandelbaum. Sin embargo desistió de su postulación

luego de que el ahora integrante del Frente Renovador de Massa sellara una alianza con el

radicalismo e impulsara la lista encabezada por Manuel Garrido.

Fue uno de los principales opositores al anteproyecto del Código Penal y un mes después de su

presentación, en abril de 2014 se sumó al Frente Renovador como asesor en materia de seguridad. El

romance duró poco. En julio dejó el massismo por diferencias "de forma". Desde entonces evalúa

incorporarse a las filas del PRO, para lo que trabaja su amiga la diputada Patricia Bullrich.

Lanusse es abogado de la familia de Ángeles Rawson y fue quien recibió de manos del periodista del

Grupo Clarín Roberto Canaletti una grabación en la que una mujer de nombre Beatriz Fuentes

aseguraba que Sergio Berni había sobornado a los vecinos del edificio para que mantuvieran silencio

sobre el caso, algo que luego se comprobó no era cierto. Fuentes, que había hecho sus declaraciones

al diputado de la UCR de Santa Cruz, Eduardo Costa, fue imputada por falso testimonio.

PABLO LANUSSE

CARLOS RÍVOLO (FISCAL FEDERAL)

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Es el fiscal que tiene el mayor número de denuncias en su contra, 20 en total, la mayoría impulsada

por jueces, otros fiscales y abogados. Ese récord negativo incluye desde acusaciones por abuso de

autoridad, espionaje ilegal, intimidaciones, violación de los deberes de funcionario público,

falsificación de patente, hostigamiento y discriminación.

A Campagnoli se lo acusó de recibir dictámenes redactados por los abogados del Grupo Clarín. La

Justicia Federal tramita una causa penal contra el fiscal y uno de los abogados del estudio Sáenz

Valiente (que asesora a Clarín) con el objetivo de determinar si parte de la investigación que surgió

de su fiscalía en la causa que involucra al empresario Lázaro Báez tuvo como origen al propio Grupo

Clarín. Como evidencia de esta supuesta maniobra se aportó una prueba documental que implica una

situación irregular: el borrador del dictamen que Campagnoli emitió en la causa por supuesta

extorsión en perjuicio del financista Federico Elaskar estaba en poder de uno de los abogados del

multimedios que lo presentó, incompleto, como prueba oficial en el marco de un juicio civil.

Su fiscalía decía acumular 3900 causas pero tras la suspensión por parte del Consejo de la

Magistratura, se demostró que de todas ellas sólo 380 eran reales. Los empleados de su fiscalía

responden a características muy precisas: son varones, nacionalistas, ultracatólicos,

preferentemente rugbiers y militantes del PRO.

Uno de los expedientes más frondosos es el que se instruyó por su actuación en el Barrio Mitre donde

enviaba a su equipo a tomar fotografías de manera ilegal con una cámara oculta, procedimiento que

también utilizaba con los propios funcionarios de la fiscalía. Pese a ello, en junio del año pasado fue

nombrado Ciudadano Ilustre por la Legislatura porteña a instancias del bloque del PRO.

El titular de la Fiscalía de Instrucción en lo Criminal Nº 7 apareció en el listado de integrantes del

Batallón 601 en la dictadura.Dice que se trata de un homónimo aunque el nombre coincide además

con su fecha de nacimiento y su célula de identidad.

El 30 de abril de 1989 fue convocado a la sede del Batallón 601 donde se le informó que había salido

su “nombramiento condicional”, con categoría C-C3-IN 14, que significaba “agente secreto”. Tuvo el

legajo R 1208. De allí en más, su nombre de cobertura sería Juan José Revello.

Integró la llamada Compañía de Ejecución A, de la Central de Reunión: sus funciones sólo pueden

haber oscilado entre infiltraciones, secuestros e interrogatorios.

“Es práctico y expeditivo en el análisis de la tarea a cumplir. Merece la confianza del jefe de la

unidad”, se dice de él en una cuartilla firmada por el mismísimo mandamás de la Central de Reunión,

teniente coronel Edgar Gustavo Gomar.

El 12 de abril de 1984 –ya durante el gobierno de Alfonsín– presentó su renuncia al Servicio de

Inteligencia del Estado para ejercer como abogado.

JOSÉ MARÁ CAMPAGNOLI

JUSTO ROVIRA

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Julio Piumato conduce el gremio de los trabajadores judiciales (la UEJN, por Unión de Empleados de

Justicia de la Nación) desde hace un cuarto de siglo. Obtuvo la dirección del gremio en 1990. Antes,

había sido preso político durante la dictadura. Referente del moyanismo, pasó sin escalas del

kirchnerismo, de defender sus leyes más progresistas (en el breve periodo que ocupó una banca en el

Congreso, votó por la afirmativa durante la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación

Audiovisual), a militar en el Partido Judicial y objetar al gobierno nacional ante las cámaras y los

micrófonos del Grupo Clarín.

Fue durante su periodo cristinista, que Piumato participó en calidad de “testigo” del juicio ético y

popular a los jueces de la dictadura, organizado por las Madres de Plaza de Mayo en septiembre de

2010, en las instalaciones del ECuNHi, espacio de formación y experimentación artística de las

Madres, en la ex ESMA. Durante su testimonio en aquel “juicio”, el gremialista dio cuenta de la

ferocidad represiva dentro de la Justicia. Parece haberse olvidado de lo que vio y vivió en su propio

cuerpo, durante sus años en las cárceles del terrorismo de Estado.

Piumato fue uno de los más eficaces promotores de la marcha de fiscales golpistas conocida como

“18F”, o “marcha de los paraguas”. Su insólito y pronunciado giro político e ideológico, comenzó,

sin embargo, mucho tiempo antes. La UEJN que él dirige con mano de hierro desde hace 25 años, es

la primera organización sindical de trabajadores que paró contra el gobierno de Cristina, cuando la

mandataria asumió su segundo mandato presidencial, en diciembre de 2011. Aquel paro en

Tribunales fue la traslación de la ruptura con el kirchnerismo oficializada por Hugo Moyano, su jefe

político, unos días antes, cuando en el estadio de Huracán el camionero dijo que se iba del

Justicialismo porque ese partido se había convertido en una “cáscara vacía”.

Ya en 2013, mientras en el Congreso se debatían las leyes de Democratización de la Justicia, Piumato

se puso a la cabeza de la resistencia al plan democratizador, convocando a huelgas de hasta 96 horas

de duración, que dejaron durante semanas virtualmente cerrada la Justicia. Entonces, las entidades

sindicales de empleados y de jueces (Asociación de Magistrados), más oposición política y medios de

comunicación hegemónicos, forjaron una sociedad política de nuevo tipo, que hasta ese momento

no había entrado en operaciones. Esa amalgama produjo escenas inéditas e insólitas, como tener

clausurados los Tribunales durante varios días a la semana a través de un mecanismo algo obvio,

pero eficaz: Julio Piumato llamaba a paro en defensa de la “independencia judicial” y los jueces, que

no podían cumplirlo debido a su funcionalidad institucional, garantizaban el éxito de la medida,

cerrando los juzgados. De perfil, parecía una huelga, pero era un lockout. Una maquinita básica,

elemental, pero rendidora, que en febrero descubrió una nueva utilidad: una marcha de silencio (o

de mímica), para expresar el sonoro rechazo de jueces y fiscales federales al nuevo Código Procesal

Penal y a las reformas en el área de Inteligencia.

A instancias de la corporación de jueces y fiscales, Piumato llegó al punto de denunciar penalmente

a Alejandra GilsCarbó por la supuesta conformación de “grupos de tareas”, que someterían la labor

de los fiscales a los intereses de la Procuración, para guiar las causas más sensibles. Se refería a los

trabajadores que cumplen tareas en las diferentes procuradurías especiales (una de las marcas de

JULIO PIUMATO (SECRETARIO GENERAL DE LA UEJN)

BUCRÓCRATA SINDICAL

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gestión de la actual procuradora, que constituyen una experiencia única en el MPF, con una

profunda visión inclusiva, democrática y ligada estrechamente a las inquietudes de las víctimas).

Al día siguiente de la marcha golpista de los fiscales opositores, Joaquín Morales Solá le dedicó a

Julio Piumato un sentido párrafo en su columna en el diario La Nación. Dijo el analista: “Los fiscales

le deben un favor político a Julio Piumato” porque “él puso un mínimo sentido de orden en la

marcha y comandó el operativo de tal manera que los fiscales y la familia de Nisman pudieran llegar

al austero escenario en Plaza de Mayo”. ¿Hacía falta tanto?

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Asociación Madres de Plaza de Mayo