BOLET ÍN INFORMATIVO

Avances y pendientes en el manejo forestal comunitarioAmenazas sobre los kugapakori, nahua, nanti y otros

Fortaleciendo la planificación en la gestión pública de Loreto

AGENDAAMBIENTALDICIEMBRE 2012NÚMERO: 3AÑO: 1

SENACE:una nueva gestión ambiental

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Agenda AmbientalBoletín Informativo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DARAño 1 / Número 3 / Diciembre 2012

Editores: César Gamboa BalbínGisella Valdivia Gozalo

Coordinación General: Gisella Valdivia Gozalo

Colaboradores:Aída Gamboa BalbínBettina Reyna UgarrizaFrancisco Rivasplata CabreraIsabel Gonzales IcazaLuis Hallazi MéndezMario Samamé Espino

Corrección de estilo:Diana Cornejo

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DARCalle Coronel Zegarra N° 260, Jesús María, Lima 11Teléfono: (511) 2662063Correo Electrónico: dar@dar.org.pePágina Web: www.dar.org.pe

Diseño y diagramación: Realidades S.A. Augusto Tamayo #190 Of. 5Correo Electrónico: informes@realidades.pePágina Web: www.realidades.pe

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°: 2012-02459Año 1 / Número 3 / Diciembre 2012, consta de 2000 ejemplares.

Esta publicación es posible gracias al financiamiento de Blue Moon Fund, la Fundación Charles Stewart Mott y la Cooperación Flamenca para la Cooperación Norte Sur - 11.11.11

Esta publicación refleja la opinión de los autores y no necesariamente la opinión de Blue Moon Fund, la Fundación Charles Stewart Mott y la Cooperación Flamenca para la Cooperación Norte Sur - 11.11.11

Impreso y hecho en el Perú

Índice

Editorial 3

SENACE: una nueva gestión ambiental. 5

La importancia del manejo forestal comunitario en el Perú: avances y temas pendientes. 10

Las amenazas sobre los kugapakori, nahua, nanti y otros. 12

Fortaleciendo la planificación en la gestión pública para lograr el desarrollo sostenible de Loreto. 14

El desarrollo del gas natural en la cuenca del Urubamba. 17

Promoviendo la transparencia para fortalecer la gobernanza en el sector forestal peruano. 19

Balance y retos del derecho a la consulta previa, libre e informada. 22

Publicaciones. 24

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Bienvenidos al tercer Boletín Informativo de DAR. En el año 2012 decidimos abrir una etapa de difusión del trabajo de DAR, para compartir con ustedes nuestra visión de la gestión ambiental y social de nuestro país, y especialmente de la Amazonía. Luego del primer año de nuestro boletín, queremos aprovechar para hacer un balance de los principales acontecimientos del año 2012 y señalar algunas expectativas sobre ellos para el año que viene.

No cabe duda de que, en el ámbito internacional, la cumbre ambiental del año fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). No solo fue el proceso de negociación multilateral más importante del año, sino que también fue una oportunidad para recordar las esperanzas de hace veinte años y reflexionar si estas esperanzas aún son capaces de convocar y movilizar al mundo hacia el futuro que queremos.

Esta cumbre fue una renovación de compromisos, así como una reafirmación de la erradicación de la pobreza como el mayor reto que afronta el mundo para alcanzar el desarrollo sostenible. También nos dejó claro que no existe un único futuro deseado por todos, así como tampoco un único desarrollo, como muestra el fracaso de la imposición de la economía verde. Y finalmente nos dejó en agenda los Objetivos de Desarrollo Sostenible como herramienta útil para la puesta en marcha de medidas concretas y coherentes sobre el desarrollo sostenible.

El próximo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas iniciará las discusiones sobre estos Objetivos de

Desarrollo Sostenible con el fin de que puedan utilizarse después de 2015 y que reemplacen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En ese sentido, no solo toca evaluar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino también cómo podemos asegurar que los futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible sean realmente efectivos.

En el Perú, la aprobación en el Congreso de la República del Proyecto de Ley 1461/2012-PE que crea el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) como parte de una reforma de la institucionalidad ambiental para fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental ha sido el principal dinamizador del debate ambiental en el segundo semestre de 2012.

Este proyecto es una respuesta al grave cuestionamiento hecho al sistema de los Estudios de Impacto Ambiental, debido a la baja calidad de los instrumentos de gestión ambiental, así como de la poca confianza que generan en la ciudadanía. Sin embargo, esta es una reforma aún insuficiente, por lo que la agenda propuesta por la Comisión Multisectorial encargada de elaborar propuestas normativas y políticas orientadas a mejorar condiciones ambientales y sociales bajo las que se desarrollan las actividades económicas —especialmente las industrias extractivas— debería ser materia de una seria y amplia discusión el año que viene. En ese sentido, a nivel nacional, el respeto y cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas sigue siendo clave para abordar y resolver los conflictos socioambientales

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nacionales. Si bien la Ley de Consulta y su reglamento son las primeras en su género y han recibido muchos saludos, aún son insatisfactorias para las principales organizaciones indígenas, quienes reclaman el respeto pleno de su derecho a la consulta. Ya sea en el marco de los proyectos REDD+1 o para el otorgamiento del Lote 192 (ex Lote 1 AB), el ejercicio y respeto pleno del derecho a la consulta previa aparece como necesario, no solo para evitar impactos negativos en los pueblos indígenas sino también para incorporarlos realmente en la toma de decisión. Esto es algo que no debemos perder de vista el próximo año.

Finalmente, el cambio climático sigue siendo uno de los cambios globales de mayor significación a cualquier escala: local, nacional o mundial. El cambio climático nos une, pues ya sean los huracanes en Nueva York, las inundaciones en Iquitos o los aluviones en San Martín, nos muestran que este problema nos toca a todos. Pero son nuestras capacidades para enfrentar los impactos del cambio climático, así como muestra responsabilidad frente a sus causas, las que nos diferencian. Lentamente, el Perú sigue avanzando en su preparación para REDD+, pero aún sin abordar adecuadamente las salvaguardas necesarias para su implementación ni vincularlo con la necesidad de fortalecer la resiliencia de

las poblaciones y los ecosistemas. Por ello, la realización del primer InterClima y la próxima elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio Climático también marcan hitos en nuestro país, pues ponen en relevancia la prioridad de la adaptación en las políticas nacionales, así como la necesidad de incorporar la gestión de los riesgos climáticos.

Varios de los temas mencionados han sido y son analizados por los artículos de nuestro Boletín Informativo. Esperamos que las ideas compartidas en los artículos del Boletín Informativo de DAR de este primer año y en los que vienen puedan ser útiles para la reflexión sobre estos y otros temas socioambientales que afectan a la Amazonía peruana, pero también para alcanzar soluciones sostenibles y justas.

Hugo Che Piu DezaPresidente Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAR

1 REDD+ es una iniciativa política internacional que busca a reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo, valorando también la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los bosques. Christian Erni, C. & Tugendhat, H. (Ed.) (2010), ¿Qué es REDD? Una guía para las comunidades indígenas. Lima: IWGIA, Servindi, FPP, AIPP y Tebtebba.

Foto: Gisella Valdivia / DAR

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En nuestro país, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son aprobados por los mismos sectores que promueven la inversión desde 1991, año en que se introduce este instrumento como parte importante de la gestión ambiental. Esto se entiende en un contexto en que la eficiencia de cada sector era medida por la cantidad de inversiones que atraía, y la apertura del mercado ponía en un segundo plano las cuestiones ambientales y sociales.

Como resultado de ello, muchos EIA fueron aprobados, dando inicio al desarrollo de una serie de proyectos de inversión en zonas ambiental y socialmente vulnerables y que desencadenaron en vulneraciones a los derechos de las poblaciones directa e indirectamente afectadas. Así, tenemos EIA aprobados que generarán una serie de impactos sociales a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, como es el caso del EIA para la ampliación del Programa de Exploración y Explotación en la zona San Martín Este del Lote 88 del Proyecto Camisea.

Sin embargo, estamos en un período de transición. La variable económica, que es priorizada por un Estado abierto a las inversiones, está siendo cada vez más cuestionada como la única forma de alcanzar el desarrollo del país. En efecto, la cantidad de conflictos socioambientales (70% del total de conflictos en el Perú) muestra el descontento de la población y la necesidad de encontrar un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Esto se lograría con la creación de un nuevo

marco normativo en materia ambiental, que corrija el ya desfasado proceso de aprobación de los EIA.

Es en este contexto que en el año 2012 se creó, mediante Resolución Suprema 189-2012-PCM, una Comisión Multisectorial encargada de elaborar propuestas normativas y políticas orientadas a mejorar las condiciones ambientales y sociales bajo las que se desarrollarán las actividades económicas, especialmente las industrias extractivas.

En octubre de 2012, esta Comisión presentó un informe que define los cuatro ejes estratégicos sobre los cuales deberá basarse la gestión ambiental en el Perú: (i) garantizar un Estado soberano y garante de derechos; (ii) mejorar la calidad de vida con ambiente sano; (iii) compatibilizar el aprovechamiento armonioso de los recursos naturales; y (iv) promover un patrimonio natural saludable.

Es justamente dentro del eje estratégico (iii) que, para “garantizar que las inversiones cumplan con altos estándares ambientales y sociales y cumplan con instrumentos de gestión ambiental”, se propone la creación de una entidad a cargo de la revisión y aprobación de los EIA detallados. Este sería el ente responsable de la EIA de los proyectos o actividades de inversión pública, privada o de capital mixto, de alcance nacional y multirregional, cuya competencia sea transferida en virtud de un proceso ordenado y gradual, que forme parte del Sistema Nacional de Evaluación

SENACE: una nueva gestión ambientalPor Francisco Rivasplata Cabrera

Foto: Teleandes Cine y TV

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de Impacto Ambiental (SEIA) y que esté regido por el Ministerio del Ambiente.

En este sentido, el 27 de agosto del 2012, el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 1461/2012-PE, que propone la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) como organismo público técnico especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM).

Sobre la base de este proyecto, la sociedad civil se pronunció elaborando una serie de observaciones y recomendaciones que fueron alcanzadas el 31 de octubre del 2012 a los presidentes de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, encargadas de la aprobación del Proyecto de Ley antes de que pasara al Pleno del Congreso.

Las recomendaciones del grupo de la sociedad civil de la cual forma parte Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), giraron en torno a: (i) la necesidad de establecer de manera clara los criterios de aprobación

de los EIA detallados, con lo cual se podrá tener mayor claridad acerca del proceso, así como el rol y funciones de cada una de las instancias involucradas; (ii) la necesidad de excluir la posibilidad de que algún EIA detallado de proyectos sea exceptuado de aprobarse por el SENACE y pase a manos del Consejo de Ministros; (iii) la necesidad de incluir a los gobiernos regionales y locales en el Consejo Directivo del SENACE, así como al Ministerio de Cultura; (iv) incluir de manera explícita las funciones del SENACE respecto de los procedimientos de participación ciudadana y derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas; y (v) establecer los plazos aproximados en el proceso de transferencia de competencias para aprobar EIA, entre otros.

Este Proyecto de Ley fue aprobado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República el 31 de octubre de 2012, como Primera Comisión Fiscalizadora. Posteriormente, el 9 de noviembre de 2012, fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología en Iquitos, pero con algunos cambios, como la eliminación de la salvedad mediante la cual el Consejo de Ministros decide si los EIA pueden ser evaluados por el SENACE o por los sectores

Foto: Liliana García / DAR

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cuando esto se disponga por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y a propuesta del sector correspondiente.

Un avance: nace el SENACE

Finalmente, a fines de noviembre, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley 1461/2012-PE que crea el Servicio Nacional para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles (SENACE).

La creación de esta institución para evaluar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIAd) permitirá generar más confianza en la población y evitará que ocurran hechos como el de Conga, pues la legitimidad de la evaluación de los EIAd de los proyectos de inversión más complejos, controvertidos y con altos riesgos para la naturaleza y ser humano, se verá asegurada con una institución nueva, con capacidades humanas y financieras para ello.

Sin embargo, hay que resaltar que en la autógrafa de ley —que posiblemente el Presidente de la República promulgue sin mayores retrasos— aún existen algunos puntos controvertidos que deberán despejarse prontamente.

Entre los más resaltantes y que podrían complicar la gestión de este nuevo organismo y proceso, figuran: el hecho de que el Consejo de Ministros pueda ser un filtro

para definir que EIAd de los proyectos de inversión serán evaluados por el SENACE o por los sectores; definir la participación de los sectores en el propio proceso de evaluación que realizará el SENACE, y la falta de un plazo claro para el proceso de transferencia de competencias hacia el SENACE.

Por otro lado, el MINAM deberá plantear un procedimiento de ventanilla única, pero este tendrá como condición el cumplimiento del reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental por parte de todos los sectores, pues luego de dos años de vigencia, solo cuenta con dos sectores adecuados (Vivienda y Agricultura). Esta adecuación al reglamento vigente será necesaria para mejorar la regulación del EIA y su evaluación. Así, los resultados de la revisión aleatoria de los EIA detallados de los últimos años y el debate abierto en todos los sectores permitirán mejorar la calidad de los EIA detallados, sin detener las inversiones estratégicas para el desarrollo sostenible del país.

Poco a poco se va mejorando el sistema, cumpliendo la ley y empoderando al MINAM en el proceso. El SENACE es una ventana de oportunidad para mejorar la gestión ambiental peruana. Pero no solo la institucionalidad cambiará las cosas: necesitamos “elevar” los estándares ambientales y sociales que permitan una mejor evaluación y fiscalización de las inversiones. Una próxima tarea es desarrollar Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) sectoriales y regionales y reforzar la fiscalización ambiental.

No queda más que felicitar al MINAM y al Gobierno por este logro, y aunque queda mucho camino por recorrer, es bueno que tome en cuenta el rol de la sociedad civil en este proceso, así como los aportes alcanzados para la creación del SENACE, como se puede apreciar en las cartas adjuntas dirigidas a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), al MINAM (10/09/12) y al propio Congreso de la República (21/11/12).

La creación del SENACE y su posible reglamentación en el primer trimestre del 2013 es de vital importancia para el país, pues fija una nueva relación entre los EIA y las inversiones, marcando la pauta sobre la nueva gestión ambiental que se quiere construir en nuestro país. Foto: Liliana García / DAR

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Cartas de la sociedad civil al Congreso de la República:

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El Perú posee al menos 66 millones de hectáreas de bosques2, característica que lo convierte en el noveno país del mundo con mayor extensión de bosques y el segundo en Sudamérica. De esta superficie, se calcula que alrededor de 13,4 millones de hectáreas3 se encuentran en comunidades nativas y aproximadamente 7,1 millones de hectáreas fueron otorgadas a terceros bajo la modalidad de concesiones forestales maderables.

Los bosques en el Perú, en términos jurídicos, son patrimonio de la Nación y es el Estado quien ejerce su dominio eminencial. Estos pueden ser otorgados a particulares mediante las modalidades establecidas en leyes especiales. Es así que la Ley 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (aún vigente), establece el acceso al bosque, en el caso de particulares, a través de concesiones, y en el caso de comunidades nativas (con fines comerciales), a través de permisos.

La modalidad de las concesiones forestales, que empezaron a implementarse en el país hace más de diez años, no ha funcionado como se esperaba debido a un conjunto de factores internos (capacidades, tecnologías, financiamiento) y externos (institucionalidad, gobernabilidad), lo que ha dado como resultado que un importante número de ellas haya recibido sanciones, que otras no operen y que incluso algunas hayan caducado.

La importancia del manejo forestal comunitario en el Perú: avances y temas pendientesPor Isabel Gonzales Icaza

¿Y qué ha venido ocurriendo en los bosques de las comunidades nativas que realizan aprovechamiento con fines comerciales? Para que las comunidades accedan a los bosques con fines comerciales deben obtener un permiso forestal, lo cual implica cumplir un conjunto de normas y procedimientos dictados por la autoridad competente. Estas normas y procedimientos, por lo general, son engorrosos y costosos, lo cual, sumado al escaso asesoramiento y acompañamiento por parte de la autoridad forestal, terminan por promover, en muchos de los casos, la intervención de madereros que buscan aprovecharse económicamente de la situación, afectando directamente a las comunidades y a sus bosques.

En los últimos años, el volumen de madera extraída de permisos forestales de comunidades nativas se está equiparando al volumen extraído de las concesiones forestales. Sin embargo, no se están generando las condiciones suficientes que permitan a las comunidades beneficiarse de la actividad, tales como mejoras normativas e institucionales, fortalecimiento de capacidades, financiamiento, entre otros.

Al respecto, en el plano normativo, la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763), que aún no entra en vigencia, contempla algunos cambios positivos que buscan justamente promover el manejo forestal sostenible en

2 MINAM. 2009. Informe I. Patrimonio forestal a nivel de grandes paisajes, región amazónica.3 FAO. 2010. Tenencia de los bosques en el Perú (Rocío Malleux Hernani).

Foto: Diego Pérez / Proyecto Amazonía viva

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los bosques comunitarios. Entre ellos se destacan: el asesoramiento del Estado en caso que la comunidad contrate con terceros y la responsabilidad solidaria del tercero que intervenga en el aprovechamiento de los bosques comunales.

A pesar de ello, la nueva Ley Forestal también requiere la revisión de algunos puntos y la adecuada implementación de otros, que a través del Reglamento pueden superarse. Entre los puntos críticos a mejorar están: la limitación del derecho de los pueblos indígenas (condicionado al inicio de trámites) y la regencia forestal en escalas de manejo reducidas, que implica la responsabilidad del consultor que elabora el plan de manejo en su correcta implementación, lo cual podría generar altos costos para las comunidades.

Para impulsar estos cambios desde DAR, venimos ejecutando un conjunto de proyectos tales como: “Amazonía Viva - Conservación y valorización participativa del bosque y sus servicios ambientales”, proyecto financiado por la Unión Europea y WWF Alemania e implementado en Perú (Madre de Dios y Atalaya) y Colombia a través de sus distintos socios locales4.

4 Los socios de Amazonía Viva son: DAR, SNV, TRAFFIC, CorpoAmazonía, WWF Perú, WWF Colombia y Sinchi.

A través de este proyecto venimos trabajando en el fortalecimiento de capacidades de las poblaciones locales, dándoles a conocer sus derechos, la importancia de participar en los procesos que los afecten, la relevancia de la organización, el liderazgo y la inscripción de sus juntas directivas para la mejora de representatividad, entre otros temas, todo con la finalidad de que puedan tomar decisiones más acertadas respecto de sus bosques.

Por otro lado, con el financiamiento del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con fondos del Ministerio de Asuntos Ambientales de Finlandia, DAR viene ejecutando un proyecto que busca aligerar las barreras administrativas existentes para que el aprovechamiento forestal en los bosques de las comunidades pueda ser más accesible y rentable para ellas.

En ese sentido, se viene trabajando en una serie de propuestas de cambios normativos (que faciliten el aprovechamiento integral de los bosques), de mejoras de los procedimientos (que sean ágiles, menos costosos y entendibles) y de fortalecimiento de las unidades de manejo forestal comunitario (que cuenten con personal especializado y herramientas para asesorar a las comunidades); todo esto construido a través de procesos participativos.

Foto: Diego Pérez / Proyecto Amazonía viva

Foto: Diego Pérez / Proyecto Amazonía viva

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Actualmente, la situación de la Reserva Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial kugapakori, nahua, nanti y otros (RTKN) se agrava debido a la ampliación de operaciones del Lote 88 (Camisea) sobre este territorio y a la debilidad institucional para la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, que ponen en peligro la existencia de los pueblos que habitan dentro de ella, vulnerándose el principio de intangibilidad de sus territorios.

Recordemos que en 2003 se eleva su protección legal través del Decreto Supremo 028-2003-AG, en el cual se prohíben nuevas actividades económicas a las ya existentes (Artículo 3), reconociendo el principio de intangibilidad como medida de protección a la vida de estos pueblos. Ello tras el proceso de incidencia sobre las implicancias del Proyecto Camisea y en el marco de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Estado peruano para el fortalecimiento institucional de la gestión ambiental y social del Proyecto y una Carta de 21 Compromisos Ambientales y Sociales (objetivos) que asumía el Perú ante el BID para reducir sus impactos (financiado por el BID) en esta parte de la Amazonía peruana.

Pese a la prohibición expresa del DS 028-2003-AG, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha interpretado que sí es posible realizar nuevas ampliaciones dentro del Lote 88. Estas ampliaciones están sustentadas en la necesidad de satisfacer los compromisos asumidos por el Estado peruano en los contratos de exportación de gas y de abastecer la demanda nacional, lo que estaría generando presión para la explotación de gas dentro del Lote.

Ante estas dificultades, el Consorcio Camisea y el Estado peruano deciden ampliar las operaciones en el Lote 88. Así, en abril de 2012, la Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM aprueba el EIA presentado por Pluspetrol para la Locación San Martín Este, que contenía

Las amenazas sobre los kugapakori, nahua, nanti y otros

Por Aída Gamboa Balbín

observaciones del Viceministerio de Interculturalidad y que no fueron levantadas formalmente por ninguna de las dos instituciones. Asimismo, es preocupante que a la fecha esté en proceso la aprobación de otro EIA para seis locaciones más dentro del Lote 885.

Por otro lado, en la Ley 28736, Ley para la protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial y su Reglamento se establece adecuar las Reservas Territoriales existentes a Reservas Indígenas, proceso que se produce bajo la formación de una Comisión Multisectorial.

A diferencia del DS 028-2003-AG, esta Ley permite actividades económicas y el otorgamiento de derechos para aprovechamiento de recursos naturales en las que vendrían a ser Reservas Indígenas, mediante la declaración de interés nacional de la inversión y la aprobación del EIA respectivo (Artículo 5).

5 San Martín Norte, Kimaro Este, Kimaro Oeste, Kimaro Centro, Armihuari Sur y Armihuari Norte. Con ello se terminaría de realizar la prospección en toda la extensión del Lote.

Foto: Survival

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En ese sentido, al realizarse la adecuación de RTKN a Reserva Indígena esta se encontraría bajo los alcances de la Ley 28736, lo que reduce sus niveles de protección existentes. Con el debilitamiento de este actual marco legal se abren las puertas para más proyectos en la zona, como sería ser el caso del llamado “Lote Fitzcarrald”6, entre el Lote 88 y el Parque Nacional del Manu7.

Sumado a ello, preocupa cómo se está llevando a cabo el proceso de adecuación de las Reservas Territoriales a Reservas Indígenas bajo la dirección de la Comisión Multisectorial del Ministerio de Cultura, pues se intenta acelerar el proceso y seguir con el proceso legal de adecuación, antes que velar por un real respeto de los derechos de estos pueblos. Además, alarma que, aun existiendo una norma que eleva la protección de la RTKN (DS 028-2003-AG) se permitan actividades económicas dentro de ella. Esto nos lleva a reflexionar acerca del futuro de la RTKN cuando se adecue a Reserva Indígena: ¿cuál será el límite frente a la presión de actividades extractivas y económicas? ¿Cómo se efectivizará la protección a estos pueblos?

6 Cusco 23/05/12 durante el Foro Regional del Gas, en la presentación de PERÚPETRO (a cargo del Ing. Ochoa) se mencionó sobre el Lote Fitzcarrald que este no formaría parte del paquete de lotes que entrarán a concurso el segundo semestre de 2012, sino que se daría en adjudicación directa a PETROPERÚ.

7 Nota diario Gestión 17/08/12: “Se abre puerta para explotar “Lote Fitzcarrald”, en http://gestion.pe/2012/08/17/impresa/se-abre-puerta-explotar-lote-fitzcarrald-2010263. Nota diario Gestión 22/04/12: “Lote Fitzcarrald será asignado a Petroperú en el presente año”, en http://gestion.pe/2012/04/22/impresa/lote-fitzcarrald-asignado-petroperu-presente-ano-2000933. Nota diario Gestión 29/3/2012: “Petroperú ya habría conseguido la asignación de lote petrolero”, en http://gestion.pe/noticia/1394248/petroperu-ya-habria-conseguido-asignacion-lote-petrolero y “Aurelio Ochoa: Petroperú no entrará al lote 88 de Camisea”, en http://gestion.pe/noticia/1395259/aurelio-ochoa-petroperu-no-entrara-al-lote-88-camisea. Nota diario La República 23/04/12: “MEM: Petroperú volverá a explotar gas en lote vecino a Camisea”, en http://207.97.246.150/23-04-2012/mem-petroperu-volvera-explotar-gas-en-lote-vecino-camisea. Nota de Diario Gestión 4/4/2012: Ministro de Energía y Minas: “El gas sobra”, en http://gestion.pe/noticia/1397103/ministro-energia-minas-gas-sobra

En consecuencia, los retos son amplios y complejos e involucran una institucionalidad indígena fortalecida y que la autoridad competente ejerza un rol efectivo de protección. Sin embargo, en primer lugar, se tendría que asegurar la participación efectiva de las organizaciones indígenas (miembros con voz y voto, como lo ha solicitado la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP) en la Comisión Multisectorial para el proceso de adecuación de Reservas Territoriales a Reservas Indígenas. Segundo, implementar un marco normativo para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial eficiente y que respete el principio de intangibilidad: ello implicaría modificar el artículo 5 de la Ley 28736. Tercero, mantener los estándares ya ganados en el DS 028-2003-AG o incluso incorporarlos en el proceso de adecuación de las demás reservas. Sin duda, el objetivo fundamental es asegurar el principio de intangibilidad, elevando los estándares de protección y ampliándolos hacia las demás Reservas. Ello demostraría un verdadero respeto por estos pueblos de parte del Estado y, en este caso, del Ministerio de Cultura.

Foto: Luis Pilares

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El creciente interés en el territorio loretano para el desarrollo de múltiples actividades extractivas hace evidente la necesidad de fortalecer los procesos de planificación y descentralización de la gestión pública, así como la participación de las autoridades regionales y la sociedad civil loretana en la toma de decisiones acerca del futuro de Loreto.

La implementación del conjunto de proyectos de inversión en hidrocarburos que viene promoviendo PERUPETRO y que incluye la licitación de diecinueve nuevos lotes petroleros, que abarcan casi el 60% de área del departamento de Loreto; la minería aluvial en las cercanías de la Zona Reservada Sierra del Divisor; la creciente ocupación del territorio por los cultivos de palma aceitera y otros monocultivos, y también las inversiones asociadas como carreteras, ductos petroleros y vías férreas propuestas, son solo algunos ejemplos.

El Gobierno Regional de Loreto (GOREL) ha manifestado abiertamente su preocupación respecto de los diecinueve lotes que se pretenden licitar en su territorio, y ha pedido al Ministerio de Energía y Minas la implementación y

Fortaleciendo la planificación en la gestión pública para lograr el desarrollo sostenible de LoretoPor Cristina López Wong

aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) a este paquete de nuevas inversiones de hidrocarburos en Loreto como un paso inicial para mejorar la planificación del uso del territorio regional. Sin embargo, desde el Gobierno nacional, Loreto ha obtenido una primera respuesta negativa a su pedido, situación que busca revertir en una respuesta positiva que significaría mejorar las condiciones sociales y ambientales de las inversiones económicas que se desarrollen en la región.

En muchas cuencas de Loreto se pueden observar las consecuencias de la promoción de inversiones de manera desordenada, sin planificación, como en el caso de la subcuenca del río Tambor Yacu. Allí, en un mismo espacio geográfico, mal llamado territorio de “libre disponibilidad”, los pueblos indígenas vienen solicitando la seguridad jurídica de su territorio ancestral (como las casi quinientas comunidades nativas que demandan justamente su titulación comunal en el departamento de Loreto); a pesar de ello, se han otorgado autorizaciones para el cultivo de palma aceitera y se viene promoviendo la exploración y explotación de hidrocarburos (lote 117 operado por Petrobras).

Foto: Liliana García / DAR

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Por ello creemos que, sin un proceso sólido de planificación del uso del territorio, la prevalencia de los intereses económicos continuará en Loreto, incluso frente al cumplimiento de la legislación nacional vigente, como es el caso de recientemente creado Parque Nacional Güeppí-Sekime, cuyo territorio está superpuesto al Lote de hidrocarburos 117, a pesar de ser un área protegida de uso indirecto, es decir, que no se pueden desarrollar actividades extractivas dentro de su territorio, según lo establecido en la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

A este problema se une la ausencia de una política de ordenamiento territorial en Loreto que ha propiciado conflictos sociales y ambientales —cada vez más frecuentes— por la superposición de intereses desde una visión centralista y sectorial del desarrollo regional. De continuar este crecimiento desordenado implicará perder la oportunidad de aprovechar la gran diversidad biológica y las capacidades humanas para actividades económicas como ecoturismo, bionegocios u otras; desarrollar infraestructura económica productiva competitiva y servicios sociales básicos de calidad, que promuevan la generación de valor agregado para los productos y se desarrollen en el más estricto respeto a los derechos de las poblaciones indígenas, ribereñas y campesinas del departamento.

La conectividad de Loreto es un tema de transcendencia para la planificación en Loreto. Para abordar dicho tema, debemos empezar por reconocer las potencialidades del departamento, donde los ríos constituyen, desde siempre, las vías de comunicación por excelencia, y que la mejora de las condiciones e infraestructura para la navegabilidad (verdaderas hidrovías de acuerdo al contexto biofísico) puede ser la alternativa que evite la deforestación de nuestros bosques provocada por las carreteras y de grandes impactos sociales negativos asociados como mayor pobreza, tráfico de tierras, migración de la población rural, prostitución, entre otros. Claro está que en algunos casos, la planificación del desarrollo de Loreto encontrará necesario conjugar varias alternativas, entre ellas, la construcción de carreteras para la generación y el aprovechamiento de las mejores oportunidades de bienestar común para los

Foto: Liliana García / DAR

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loretanos, pero ello debe sustentarse en información científica y tradicional sobre los recursos naturales, así como las características físicas y sociales del territorio.

El fortalecimiento de la gestión pública del territorio loretano implica, como un primer paso, la disposición y compromiso de todos los actores para generar cambios, partiendo del reconocimiento de que la multiculturalidad loretana está asociada a la existencia de múltiples intereses y visiones de desarrollo regional, y que la toma de decisiones debe basarse en el bienestar común de la mayoría de los loretanos (y de nuestros bosques) y no en intereses económicos particulares.

Para que la visión sectorial de desarrollo dé paso a una visión integral del desarrollo regional, es necesario incidir en la importancia de que la visión de desarrollo de Loreto sea resultado de un proceso de construcción colectiva —y además que todos los involucrados la conozcan—, que recoja de manera consensuada las

diferentes visiones e intereses. Debe considerarse prioritario el establecimiento de alianzas estratégicas para optimizar y fortalecer los recursos financieros y humanos, mejorar los documentos de gestión y el marco legal, así como para implementar mecanismos de articulación y transparencia entre el sector público y privado.

Finalmente, el fortalecimiento de los procesos de planificación de la gestión pública en Loreto, partiendo del conocimiento de hacia dónde queremos ir (visión), se convierte en un reto para los tomadores de decisión y la sociedad civil participante de la gestión del territorio, que deben encontrar el equilibrio entre el desarrollo de actividades económicas que beneficien a la región, la conservación de los ecosistemas y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y ribereñas loretanas.

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El río Urubamba es uno de los principales ríos del Perú, una de las fuentes del río Ucayali, y parte de la cuenca del gran río Amazonas.

La cuenca de Urubamba es un lugar reconocido en todo el mundo por su rica biodiversidad. Precisamente por ello, el Estado peruano ha establecido una serie de áreas protegidas destinadas a conservar muestras representativas de sus distintos ecosistemas.

Además, esta cuenca es fuente de vida y hábitat para pueblos indígenas como los machiguengas, así como los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial como los nahuas o nantis, poblaciones que poseen una fuerte dependencia sobre sus recursos naturales.

Sobre esta riqueza biológica y cultural se desarrolla el Proyecto Camisea (Lotes 88 y 56), el más importante proyecto gasífero del Perú, y dos Lotes más (58 y 57) cuyos recursos son estratégicos para el desarrollo energético del Perú.

El desarrollo del gas natural en la cuenca del UrubambaPor Bettina Reyna Ugarriza

Este año se ha venido generando un nuevo impulso a las actividades energéticas en la cuenca del Urubamba, a través de la ampliación del Proyecto Camisea y de la promoción de nuevos proyectos y actividades en esta frágil cuenca.

Sin duda, la necesidad de masificar el consumo de gas del Proyecto Camisea y de promover la industria petroquímica, ha traído como consecuencia la creciente ampliación de las operaciones de hidrocarburos en la cuenca del Urubamba. Es así, que hoy existen en la cuenca 4 lotes de hidrocarburos (Lotes 88, 56, 57 y 58), dos ductos, uno de gas y otro de líquidos, y se proyectan construir otros ductos adicionales como la ampliación del actual sistema de transporte de gas, una planta de fraccionamiento, una planta de envasado, una termoeléctrica, y hasta quizás establecer un nuevo lote (Lote Fitzcarrald).

Incluyendo el criterio socioambiental en el desarrollo del gas natural

Sin duda, todo este conjunto de inversiones generará impactos ambientales y sociales regionales, indirectos y

Fuente: IBC

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acumulativos que no están establecidos en los EIA y que necesitan ser abordados de forma conjunta.

Por ello, y luego de un diagnóstico social, ambiental y de gobernanza de la cuenca del Urubamba, desde DAR, en coordinación con el Consejo Regional de Cusco, el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) y con el apoyo de las Gerencias del Gobierno Regional de Cusco, hemos elaborado una propuesta de Programa de Desarrollo y Mitigación de Impactos en la cuenca del Urubamba.

Este busca ser una herramienta que ayude no solo a garantizar el crecimiento económico, sino también a superar las condiciones de pobreza de la población y a tener una mejor relación con el entorno, garantizando las necesidades de las futuras generaciones.

Este Programa fue producto de un debate público que buscó enfatizar que el desarrollo energético debe ir necesariamente articulado con la promoción de medidas que procuren el desarrollo sostenible. Es decir, que no solo nos limitemos a pensar a cuánto gas recibiremos y cuándo llegará a nuestros hogares, sino también cómo y bajo qué condiciones socioambientales llegará.

Por ello, el Programa plantea generar proyectos que ayuden a:

• Mejorarlagobernanzaparaeldesarrollosostenibledela cuenca.

• Mejorar la calidad de vida de los pobladores localesy pueblos indígenas de la cuenca del Urubamba, respetando su identidad cultural.

• Promover actividades económicas sostenibles para elaprovechamiento del gas en la cuenca del Urubamba.

• ConservaryrecuperarlosecosistemasdelacuencadelUrubamba a través de una gestión ambiental eficiente.

En ese sentido, el Programa debe promover inversiones de desarrollo en la productividad, servicios básicos, comercialización, crédito, infraestructura secundaria y fortalecimiento institucional constante.

Implementar este Programa permitirá mejorar la coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de gobernanza

en la cuenca del Urubamba y lograr relaciones más eficientes entre autoridades locales, regionales, nacionales, organizaciones indígenas, el sector privado y la sociedad civil.

El éxito de este Programa radicará en que la planificación del diseño sea un proceso con proyectos definidos desde una visión regional, participativa y descentralizada, que responda a la satisfacción de las necesidades locales.

Asimismo, será necesario que este Programa sea un proceso participativo y abierto, liderado por el Gobierno Regional de Cusco, quien debe promoverlo en coordinación con otros sectores claves, como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas y la sociedad civil.

Existe una gran expectativa por este Programa en la región, tanto de las autoridades regionales como de las organizaciones indígenas de la cuenca, quienes han esperado, durante muchos años, una presencia más activa del Estado en sus comunidades.

Una oportunidad para el desarrollo sostenible del Urubamba

Para hacer realidad este Programa, sin duda, se necesita voluntad política, porque será necesario que las autoridades apuesten por un compromiso político, económico y técnico para superar los entrampamientos para asegurar un Programa de Desarrollo y Mitigación de Impactos en la cuenca del Urubamba adecuadamente presupuestado, políticamente garantizado, sincerado respecto de las asimetrías y desigualdades que existen en la región, y visionario en su alianza con todos los socios estratégicos para el desarrollo de este gran proyecto.

Un Programa de esta naturaleza, que integre en su diseño las grandes lecciones aprendidas y las tareas pendientes del Proyecto Camisea, el proyecto hidrocarburífero de mayor importancia del país en el presente siglo, puede ayudar a lograr un verdadero desarrollo sostenible de la cuenca del Urubamba. Desde DAR, ya nos hemos comprometido a diseñar una propuesta normativa para mejorar la gestion ambiental y social de las inversiones en nuestro país.

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El Perú es uno de los diez países megadiversos del planeta. Cuenta con gran potencial para el desarrollo forestal (el 80% del territorio nacional está constituido por áreas con aptitud forestal) y sus bosques amazónicos (que ocupan el 53,9% de la superficie del país) están dotados de la mayor diversidad de especies de flora y fauna existente en el planeta8.

Esta gran riqueza que posee nuestro país hace imperativa la necesidad de promover y consolidar la gobernanza ambiental, en especial en el sector forestal, teniendo como uno de sus principales ejes la transparencia y el acceso a la información pública para contribuir al desarrollo sostenible del país.

Promoviendo la transparencia para fortalecer la gobernanza en el sector forestal peruanoPor Mario Samamé Espino

Asimismo, la gobernanza forestal debe considerar el proceso de descentralización, en el cual aumenta la gama de actores, ya que el flujo de información es determinante para que el sector se gestione de manera adecuada y debido a que “la transparencia en la gestión pública es uno de los pilares de un Estado democrático, que se constituye en una práctica de buen gobierno y un mecanismo para prevenir la corrupción, así como para crear nexos de comunicación con la sociedad civil”9.

Por ello, desde 2009, DAR, viene ejecutando el Proyecto Promoviendo la Transparencia en el Sector Forestal10 y anualmente publica el Informe sobre la Transparencia en el Sector Forestal Peruano con del fin de evaluar y mostrar el estado del acceso a la información y la

8 Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, 2012, Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Por un aprovechamiento sostenible, equitativo y competitivo de los bosques en el Perú. Lima.

9 Defensoría del Pueblo. 2010. Rol de la Defensoría del Pueblo y Evaluación de los Portales de Transparencia Estandarizados. Programa de Descentralización y Buen Gobierno. Lima.

10 Proyecto ejecutado con el apoyo de Global Witness y el financiamiento del Departamento para el Desarrollo Internacional del Gobierno Británico.

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transparencia en las entidades públicas del sector forestal en nuestro país.

Durante el año 2012, se presentó en Lima el Informe de Transparencia Forestal 2011 y, por primera vez, se programaron presentaciones descentralizadas en cuatro regiones amazónicas del país (Madre de Dios, Ucayali, San Martín y Loreto) que contaron con la presencia de funcionarios públicos regionales, representantes de organizaciones civiles, de comunidades indígenas y público en general.

Estos eventos, además de servir para presentar los resultados y conclusiones de nuestro Informe a los diversos sectores sociales regionales, permitieron que representantes de DAR sostuvieran reuniones con distintos funcionarios de cada gobierno regional, principalmente con los responsables de sus programas forestales, con el fin de explicarles y presentarles los indicadores, metodología y resultados de la evaluación del Informe 2011 obtenidos en su respectiva región.

11 Este proyecto fue financiado por el Concurso 2012 de las Oportunidades Especiales de Aprendizaje (OEA), que son pequeñas subvenciones que fomentan actividades e iniciativas de la sociedad civil orientadas a promover la transparencia en el sector forestal.

12 Como parte de las actividades de otro proyecto financiado por el Concurso 2012 de las OEA.

Uno de los principales logros de estas reuniones se dio en la región Loreto, donde se concretó el apoyo institucional de DAR al gobierno regional con la implementación del proyecto “Fortalecimiento de los Niveles de Transparencia y Acceso a la Información de la Autoridad Forestal del Gobierno Regional de Loreto”11. A partir de ello, se ha venido trabajando en la mejora del manejo de información cartográfica con la adquisición de equipos, el aumento de recursos humanos y con la creación de un portal virtual (http://www.programaforestalloreto.gob.pe/) en el que se ha subido gran parte de los documentos técnicos y de gestión del sector, con el fin de fomentar y fortalecer la transparencia forestal y de fauna silvestre en la región.

Asimismo, en el mes de agosto, continuando con la campaña en pro de la transparencia forestal, nuestro socio, Diálogo Ciudadano, organizó el Foro Nacional Forestal12, el cual fue un espacio de diálogo en el que se propuso un “Acta de Compromiso para la Transparencia Forestal”, que posteriormente fue firmada en un acto público (8 de noviembre) por representantes de organizaciones de la sociedad civil y de entidades públicas del sector forestal.

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Por otro lado, para fomentar e incrementar el interés y la consciencia sobre la transparencia forestal entre los jóvenes universitarios y, de esa manera, posicionarlos como actores clave y futuros líderes de la gobernanza de este sector, DAR, Inforegión, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Prensa Peruana y la Facultad de Ciencias Forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina organizaron en setiembre el Festival por la Transparencia Forestal.

En este mismo mes también se participó —por invitación de la Municipalidad Metropolitana de Lima— en la II Feria Metropolitana por el Día Internacional del Derecho a la Información Pública, donde se informó a los asistentes de la importancia de ejercer este derecho para incrementar la participación ciudadana en los asuntos públicos.

De esta manera, a través de este proyecto y en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, DAR busca seguir contribuyendo al impulso de la transparencia forestal en los distintos niveles de nuestra sociedad, la cual supone la existencia de capacidades y competencias en las entidades públicas para generar y poner a disposición la información del sector, pero también la capacidad de los demás actores para poder acceder y utilizar, responsablemente, dicha información para participar efectivamente en los temas forestales.

Desde DAR, creemos firmemente en la necesidad de seguir posicionando la transparencia en el sector forestal como la disposición del Estado de revelar sus acciones para que estas puedan ser sujeto de escrutinio por un tercero, constituyéndose en una herramienta para la disminución de la corrupción y con la cual se logre que los ciudadanos puedan ejercer activamente su derecho a la participación ambiental. Con ello, esperamos seguir contribuyendo al fortalecimiento de la gobernanza en el sector forestal del Perú en los próximos años.

Foto: Gisella Valdivia / DAR

Foto: Viviana Araujo / DAR

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22 Las instituciones del Estado, las organizaciones indígenas, las organizaciones de la sociedad civil y la población en general hemos sido testigos del debate que se ha dado a lo largo del año en torno a la implementación del derecho a la consulta previa en el Perú.

Sin duda que es compleja la tarea de poder resumir todo aquel proceso, desde el acompañamiento a las organizaciones indígenas en el proceso de reglamentación, pasando por los diversos talleres en distintas comunidades de la Amazonía peruana, tratando de informar y reflexionar sobre tan importante proceso, llegando hasta el anuncio de las tres primeras consultas a realizarse (Lote 192, ex Lote 1AB, reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y Ley de Lenguas Originarias).

Efectivamente, el proceso de consulta propuesto para el Lote 1AB generó un interesante debate, donde a su vez se han producido varios aportes al respecto. Quizá los más importantes sean que no basta realizar consultas en lugares con pasivos ambientales si antes no se ha asegurado otros derechos como el cese de actos que vulneran el derecho a la salud; la reposición al estado anterior e indemnización de los daños no previstos, además de la participación de los pueblos indígenas en el reparto de beneficios de actividades extractivas. De

Balance y retos del derechoa la consulta previa, libre e informadaPor Luis Hallazi Méndez

esa manera, mirando hacia atrás, podemos identificar varios hitos que en conjunto han permito guardar una coherencia sobre las propuestas que hemos venido introduciendo al debate.

Desde esa perspectiva, y mirando al futuro escenario en el 2013 donde se iniciarán los procesos de consulta, como organización de la sociedad civil comprometida con el respeto de los derechos de los pueblos indígenas son muchos nuevos retos a asumir, como el seguimiento y asesoramiento técnico a las organizaciones representativas que ejercerán el derecho a la consulta y su efectiva aplicación, siempre que ellos lo soliciten, y diseñar salvaguardas específicas para cada caso que garantice el debido procedimiento de la consulta. Asimismo, el Estado peruano también tiene grandes retos, sobre todo poder introducir las distintas recomendaciones de modificaciones normativas que se han hecho, demostrando así su real disposición de garantizar el derecho efectivo de consultar las decisiones del Estado que afecten a los pueblos indígenas.

Por otro lado, el debate sobre la Ley de Consulta y su reglamento ha contribuido a identificar los puntos críticos en ambas normas, sobre la base de los instrumentos del Derecho internacional referidos a los derechos de los pueblos indígenas13 y plantear modificaciones.

13 Convenio 169 OIT, Declaración de las Naciones Unidas de los PP.II, jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o las Recomendaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, además de otros organismos expertos en asuntos indígenas.

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23Entre las principales modificaciones planteadas están: introducir la noción de pueblos tribales, definir de manera clara el carácter previo de todas las consultas, así como la aplicación del derecho a la consulta a todos aquellos casos que se encuentren antes de la vigencia de la Ley.

En cuanto al reglamento, son varios los puntos que podríamos mencionar, como la aplicación de consulta para el caso de obras públicas, ampliar los supuestos de consentimiento, introducir la participación de los representantes indígenas en la elaboración del plan de consulta, flexibilizar los plazos señalados, eliminar la decisión del gobierno nacional de permitir procesos de consulta cuando lo soliciten los gobiernos regionales y locales; reducir la participación de organizaciones nacionales en supuestos de consulta de carácter local, entre otros.

Sin embargo, hay que señalar que todos estos debates se han ido acentuando en función de la poca transparencia que han mostrando las instituciones del Estado (Viceministerio de Interculturalidad, PERUPETRO), lo que ha generado que este proceso tenga una serie de cuestionamientos y no goce de la confianza de la población supuestamente beneficiada.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que la sola existencia del derecho a la consulta no garantiza su cumplimiento si no se prevén mecanismos a través

de una institucionalidad estatal indígena autónoma, de representación paritaria y transversal, que permita dar seguimiento a los procesos de consulta, que garantice la aplicación de las normas y que, finalmente, permita la participación efectiva de las organizaciones indígenas en la decisiones del Estado.

Es urgente que se empiecen a reinterpretar todos los instrumentos actuales que norman el derecho a la consulta y se aplique un uso estratégico del Derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas, dado que es a partir del Derecho internacional donde se han podido encontrar los avances más importantes, que a su vez obligan al Derecho interno a preverlos. Todo esto en el caso que el Estado no incorpore los cambios sustantivos en los actuales instrumentos e incluso tener abierta la posibilidad que en caso de vulneración de derechos se pueda recurrir a la vía judicial a través del litigio estratégico.

La casuística es la mejor forma de poner a prueba todas estas herramientas y generar la mayor cantidad de salvaguardas para la protección de la primera consulta en hidrocarburos, con el lote 192 (ex 1AB), así como en la reglamentación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 29763, y en todas aquellas consultas que vendrán.

Por tanto, hace falta prepararse a través de un monitoreo que permita hacer seguimiento a las medidas administrativas y legislativas que afecten los intereses y derechos de los pueblos indígenas, por lo que tendremos muchas consultas por aplicar y asegurar.

Asimismo, será necesario realizar visitas de campo para toda la etapa preparatoria a la consulta; las organizaciones indígenas deberán proponer protocolos especiales para desarrollar los procedimientos de consulta y el Estado tiene la obligación de brindar los recursos y facilidades necesarias para legitimar los procedimientos de consulta. En ese sentido, estos nuevos retos precisan de un esfuerzo especial de las organizaciones de la sociedad civil y de un Estado con nueva actitud, que pueda integrar estas recomendaciones y, al mismo tiempo, se dote de una estructura organizacional y burocrática para su correcta aplicación.

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Segundo número de la Revista Latinoamericana de Derecho y Políticas Ambientales

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y el Taller de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos han publicado el segundo número de la Revista Latinoamericana de Derecho y Políticas Ambientales.

Esta revista, dirigida a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, tiene como fin difundir estudios científicos multidisciplinarios sobre una temática que ha cobrado importancia en el mundo: la protección ambiental y el uso de los recursos naturales.

Ante los cambios globales, regionales y nacionales en que nos vemos envueltos, no es difícil imaginar la radical importancia que cobra la ecología política y el Derecho ambiental. En ese sentido, este segundo número de la Revista Latinoamericana de Derecho y Políticas Ambientales aborda cuatro temas principales con relevantes contenidos relacionados con los significativos procesos que está viviendo nuestro planeta: (i) Derecho ambiental; (II)

Publicaciones

pueblos indígenas, industrias extractivas y recursos naturales; (iii) cambio climático y REDD; y (iv) energía e infraestructura.

En esta edición contamos con la colaboración de renombrados profesionales de la región, como: Lorenzo de la Puente Brunke (Perú); Celio Bermann (Brasil); Bartolomé Clavero (España); Luis Rodríguez-Piñero Royo (España); Hugo Che Piu (Perú); Antonio Peña Jumpa (Perú); Matt Finer (Estados Unidos); Melissa Blue Sky (Estados Unidos); Clinton Jenkins (Estados Unidos); César Gamboa (Perú); Vanessa Cueto (Perú); Guilherme Carvalho (Brasil); y María Teresa Quiñones Alayza (Perú).

El segundo número de la Revista Latinoamericana de Derecho y Políticas Ambientales está a la venta en Palestra Editores. Mayor información y consultas contactarse al teléfono: (511)719-7629 o al correo electrónico: palestra@palestraeditores.com

DAR LES DESEA UNA FELIZ NAVIDADY UN PRÓSPERO AÑO NUEVO 2013.

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales

Sede LimaJr. Coronel Zegarra 260Jesús María - LimaTeléfono:(511) 2662063 4725357Email: dar@dar.org.pe

Sede IquitosBermúdez N° 788Iquitos – LoretoTeléfono: 51-065-233882

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DAR PERU

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