Agencia de Información Laboral Febrero 17 de 2012

Puerto Wilches. 17 de febrero de 2012. (Agencia de Información Laboral ENS). El conflicto que desde el año pasado agita el ambiente laboral en la zona palmi-cultora de Puerto Wilches —el “desierto verde” del Mag-dalena Medio santandereano, como también podría lla-marse—, está todavía lejos de resolverse, y las tensiones obrero-patronales siguen al orden del día, ásperas como papel de lija; al punto que esta semana, durante tres días, los cooperados (como se llaman a sí mismos los traba-jadores afiliados a las cooperativas de trabajo asociado) volvieron a parar actividades en Las Brisas y Bucarelia, dos de las empresas más grandes.

El conflicto está en este punto porque el empresaria-do palmero, agremiado en Fedepalma, se mantiene firme en la defensa de las cooperativas como modelo legíti-mo de contratación; modelo que desde el 2001 ha sido el preferido de este gremio, y el mismo que los coope-rados, apoyados por el movimiento sindical, llevan años denunciando por considerarlo una forma de maltrato y explotación laboral.

Sólo que esta vez el Ministerio de Trabajo está en la mitad del conflicto, pero no ya como actor pasivo o proclive a los empresarios (como ha sido su papel his-tórico) sino apretando tuercas y pisando callos. Esta vez los callos de los empresarios. Así hay que entender la multa de $11.702 millones que el Ministerio le impuso a Las Brisas (la empresa más representativa de la región), a 5 cooperativas y una agencia de empleo temporal, adu-ciendo razones como: intermediación laboral indebida y violación del régimen de riesgos profesionales, salud ocupacional, seguridad industrial y protección en salud. Es una de las multas más grandes –sino la más– que por

Informe especial desde Puerto Wilches

El conflicto laboral en el sector palmero sigue tenso, y todavía lejos de solucionarse

–Esta semana los trabajadores volvieron a paralizar dos empresas– –Lea en esta informe el porqué de los desacuerdos entre las partes–

–Fedepalma rechaza medidas del Gobierno–violación de normas laborales se ha aplicado en Colom-bia en los últimos años. Y lo más probable es que no sea la única, porque las anomalías no sólo se dan en Las Brisas. En el Ministerio siguen en curso varias investiga-ciones similares a otras empresas, producto de querellas

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presentadas por los trabajadores que reclaman sus dere-chos.

Recientemente, al ser consultado sobre el tema, el Ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, puntualizó: “El Gobierno busca que el modelo de las cooperativas se ajuste a la normatividad que prohíbe la intermediación de trabajadores en labores misionales. Ese personal debe ser contratado directamente por las empresas”.

Porque eso exactamente: labores misionales, es lo que los cooperados realizan en las haciendas palmeras, de ahí su protesta, y los paros que han venido adelan-tado de manera escalonada para exigir el desmonte del

sistema cooperativo en la contratación laboral. El largo paro del año pasado lo levantaron porque el Ministerio del Trabajo, mediante documento firmado, se compro-metió a ejecutar acciones administrativas que lleven al desmonte de las cooperativas, como también a vigilar que los gerentes de las empresas y de las cooperativas no despidan trabajadores o tomen represalias.

Tras un recorrido por la zona palmera, en este infor-me haremos una radiografía del conflicto y las posiciones de las partes; como también un mapa de la precariedad laboral en que se debaten los trabajadores por cuenta del modelo cooperativo.

El conflicto desde la óptica de los trabajadores

“Antes estábamos dormidos, pero ya despertamos, y vamos a seguir despiertos hasta que se desmonten las cooperativas”, es la frase con la que Sergio Espitia, uno de los entrevistados por esta Agencia, resume la visión del conflicto desde el punto de vista de los trabajado-res; una frase dicha además desde el sentimiento que le produce el haber sido uno de los 3 mil cooperados que

padeció el paro de 49 días entre octubre y noviembre, el más largo en los 40 años que lleva la palmicultura en la región. Paro que recuerda el otro que hicieron en el 2008 (por la misma época del paro de los corteros de caña en el Valle del Cauca), cuando, armados solamente de su desesperación y su rabia, los cooperados pararon tres semanas para reclamar lo mismo: el desmonte de las cooperativas, pero sin conseguir nada, ni siquiera que el gobierno los escuchara.

Hoy el asunto es a otro precio, porque el escenario

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jurídico y la correlación de fuerzas en la zona palmera ha cambiado, tanto que se puede decir que la movilización de los cooperados está amparada por la ley, por el Decre-to 2025, vigente desde junio de 2011, el cual prohíbe a las empresas contratar labores misionales por medio de cooperativas y demás formas de subcontratación.

Sólo que su paciencia —como lo muestra el paro que hicieron esta semana en Brisas y Bucarelia— se les está agotando, pues han pasado ya tres meses y las coopera-tivas nada que se acaban. Los empresarios se amparan en que van a esperar que surta efecto la apelación de las sanciones que el gobierno ha aplicado, para ver qué ca-mino toman. Pero los cooperados insisten en que si en mayo de este año no se han desmontado las cooperativas, volverán al paro.

En realidad el número de cooperativas se ha reducido en la región. Es el caso de Bucarelia, que antes tenía 10 a su servicio, y ahora sólo tiene 4. Además las empresas están optando por reemplazarlas, en parte, por agencias de empleo temporal, como una forma de hacerle el es-quince al Decreto 2025. Es el caso de Gente Útil, bolsa de empleo al servicio de Las Brisas. Existe sí el temor entre los cooperados que participaron de la protesta (y fue otro de los motivos del paro de esta semana), de que las empresas aprovechen estos recambios para no con-tratarlos. Se mencionan, como casos de acoso y persecu-ción, los de Miguel Mesa Larios, Welfran Herrera Salce-do y Jairo José Ardila, despedidos de la finca Costa Rica. Como también ha habido cooperados que se han debido ir de la zona por amenazas.

Otro punto importante es que no hay unanimidad de los cooperados frente a la protesta. Hay un sector mino-ritario que defiende las cooperativas, alentado por los ge-rentes de éstas, e incluso ha hecho mítines contra el otro bando. Esa conducta, según lo denunció Sintrainagro Seccional Puerto Wilches, sindicato que apoya el movi-miento de los cooperados, se entiende por las prebendas que obtienen de las empresas y las mismas cooperativas, tales como aumento de precio en las labores y pago de dominicales, lo que nunca antes habían hecho. Esto con el propósito de dividir a los trabajadores. Es más, con motivo del paro, interpusieron contra Sintrainagro más de 200 tutelas, para reclamar el “derecho al trabajo”. Ninguna de estas tutelas prosperó.

“Y eso es peligroso, porque enfrenta a los trabaja-dores y pude ser germen de violencia. Ya se presentó el caso de un cooperado que le sacó un puñal a otro”, afir-ma Daniel Ardila, presidente de la seccional de Sintrai-nagro, un hombre de 59 años, 32 de ellos en el oficio de la palma, y 31 como sindicalista.

Ardila explica que el sindicato decidió liderar a los cooperados por varias razones. La primera, y obvia, es la solidaridad de clase, pues se trata de trabajadores que, así no hagan parte del sindicato (formalmente no pue-den serlo por estar vinculados a cooperativas), requieren ayuda, dado su estado de indefensión, pues carecen de la más mínima organización.

Otra razón es que para el sindicato, los cooperados constituyen la única posibilidad de crecer su membrecía. De hecho ya ha recibido 600 solicitudes de afiliación por parte de los cooperados, lo que ocurrirá cuando las em-presas los vinculen directamente, si es que eso ocurre.

Daniel Ardila, presidente de la seccional de Sintrainagro

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El conflicto desde la óptica de los empresarios

Aparte de calificar el Decreto 2025 como “confuso”, los empresarios, agremiados en Fedepalma, tienen todo un arsenal de razones para oponerse al mismo. Afirman que su gremio es uno de los que más ha contribuido a la formalización del empleo en el campo colombiano, y que sus trabajadores, así sean cooperados, tienen mejores ingresos que el resto de trabajadores agrarios de la región (algo así como que en tierra de ciegos el tuerto es rey). Y dicen que es así, gracias al exitoso esquema de las coope-rativas, y para probarlo citan un reciente estudio elabora-do por Fedesarrollo sobre Caracterización del Empleo en el Sector Palmicultor Colombiano, que no puede ser más encomiable. (Ver documento haciendo click aquí).

Otro argumento es que las labores de siembra, mante-nimiento y cosecha de la palma, que son las que realizan los cooperados, no son misionales sino complementa-

rias, porque la única labor misional de las empresas es la producción de aceite, por tanto sólo les obliga contratar directamente a los operarios de las fábricas de aceite, no a los del campo; argumento que los cooperados rechazan por “chimbo”, para decirlo en el argot santandereano, porque sería aceptar que el corozo de la palma que ellos cultivan y cosechan nada tiene que ver con el aceite que de él se extrae. Además, tampoco es cierto que todos los operarios de las fábricas tienen vínculo laboral directo. En la de Brisas hay apenas 12 vinculados, el resto, unos 60, están por bolsas de empleo, que fue una de las razo-nes de la millonaria multa que el Ministerio le clavó a esta empresa.

En suma, Fedepalma defiende su derecho a utilizar el esquema de las cooperativas, y eso lo ha dejado claro en un documento que publicó recientemente, firmado por su presidente ejecutivo, Jens Mesa Dishington; y también en la carta que éste le envió al Ministro de Trabajo el 7 de febrero, en la que critica abiertamente al Gobierno

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por la sanción aplicada a Las Brisas, y en general por su política frente a las cooperativas.

“Es una decisión de carácter político que el Gobierno del Presidente Santos debe explicarle claramente al país, a la comunidad empresarial y a quienes ven en la econo-mía solidaria una opción de vida y de desarrollo econó-mico”, dice en un aparte el comunicado de Fedepalma, al tiempo que lamenta que no haya sido fruto de un debate político transparente sino “sinuosamente”, “con proce-sos fabricados a la medida”, mancillando el buen nombre de todo el sector palmero.

Además califica la política del gobierno como la del “garrote y la zanahoria”, siendo el garrote la sanción y la zanahoria la invitación del Ministerio a contratar di-rectamente a todo el personal que hoy trabaja por coope-rativas, en cuyo caso la sanción se reduce o se conmuta totalmente en un plazo de cinco años. De ahí que lo con-sideren una especie de extorsión: “Difícil no ver en la actuación del Ministro una nueva forma de presión, que dista de lo planteado sobre Buen Gobierno del presidente

de la república. Algún observador desprevenido podría tachar incluso de extorsión oficial hacia los empresa-rios”, se lee en el comunicado.

Fedepalma argumenta que las sanciones desconocen acuerdos previos entre el gobierno, la CUT, Sintraina-gro y las empresas palmeras, y la considera una decisión orientada a cumplir compromisos del gobierno colom-biano con Estados Unidos, los cuales no se han explicado suficientemente al país: “Persiste en la etapa de imple-mentación un monitoreo estrecho, vergonzoso y deni-grante por parte del gobierno Americano, sobre el uso de este instrumento en varios sectores económicos na-cionales”. Es más, solicita que el gobierno conforme un equipo de trabajo a través del Consejo Gremial Nacional, Confecoop, Ascoop, con el fin de “ratificar con claridad los alcances del régimen de contratación aplicable… así como la implementación de una posible reforma laboral integral, dentro de un marco de gradualidad y estabilidad jurídica”.

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El antisindicalismo no da el brazo a torcer

El comunicado de Fedepalma tampoco ahorra frases descalificadoras contra el movimiento sindical. “… los excesos y abusos sindicales ocurridos en el pasado en muchas empresas, al igual que las presiones externas de todo tipo de las centrales obreras para desconocer el buen clima y las buenas relaciones obrero patronales al momento de la negociación colectivas, formando huel-gas injustificadas en aras de sus objetivos políticos”.

No es de extrañar, sin embargo, la posición antisin-dical de los palmeros, un gremio que históricamente ha construido su modelo empresarial sobre la base de que no haya sindicatos. Daniel Ardila cuenta que estando en una reunión con funcionarios del Ministro de Trabajo, un empresario del gremio palmero, ante la pregunta sobre cuánto le costaba a las empresas el trabajo de un coope-rado, reconoció que costaba casi lo mismo que un traba-jador directo, pero que ese no era el problema: el proble-ma era que los trabajadores directos montan sindicatos, y eso para el gremio es intolerable.

Fruto de toda esa política antisindical es el estado de los sindicatos del sector palmero, cada día más lángui-dos. Hace 15 años la seccional de Sintrainagro en Puerto Wilches tenía más de mil afiliados, ahora solo tienen 245. Entre las razones están los trabajadores que se pensionan o acceden a un plan de retiro voluntario, pero sobre todo la tercerización laboral introducida con las cooperativas, que no permiten la creación o el fortalecimiento de los sindicatos. Se calcula que en toda la zona palmera del Magdalena Medio, desde Puerto Wilches hasta San Al-berto, Cesar, laboran no menos de 20 mil trabajadores, y menos de mil pertenecen a un sindicato.

Lo otro es el acoso de la violencia y la intimidación, que si bien fue más letal en el pasado (10 dirigentes sin-dicales asesinados en los últimos 12 años), todavía si-gue hoy extendiendo su mano ominosa en la zona, so-bre todo contra cooperados que participaron en el paro. Miguel Conde, fiscal de Sintrainagro, y uno de los más comprometidos con la organización de los cooperados, ha sido blanco de múltiples amenazas telefónicas. De hecho anda con un esquema de seguridad y en un carro blindado. Conde cuenta que el 17 de octubre de 2009 se

salvó de ser asesinado, por pura suerte, porque ese día se afeitó, se peluqueó y no se puso su habitual cachucha, por lo que los sicarios no lo reconocieron. En su defecto asesinaron a Honorio Llorente, presidente de la junta de acción comunal y tesorero de Sintrainagro, crimen por el cual hay 3 personas procesadas.

Daniel Ardila también ha recibido amenazas. Confie-sa que tiene miedo, pero no por eso deja de recorrer la zona en su moto, haciendo su trabajo sindical. “Yo he solicitado esquemas de seguridad varias veces, y me han hecho estudios, pero nada. Lo único que me dieron fue un celular”.

Luis Fernando Rubio, cooperado

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Las tribulaciones de los cooperados

Por todas partes se escuchan quejas sobre cómo las cooperativas menoscaban salarios y precarizan las con-diciones laborales. Los cooperados no dudan en señalar-las como la principal causa de la pobreza generalizada en la región; entre otras cosas porque el cultivo intensivo de palma acabó con todos los cultivos de pan coger, de tal suerte que un plátano, una yuca o una fruta son más costosos allí que en la misma Bucaramanga.

Tal pobreza salta a la vista en Puente Sogamoso, co-rregimiento de Puerto Wilches que concentra el mayor número de cooperados de la región. Es un poblado de 11 mil habitantes, pero luce como abandonado, con la ma-yoría de sus casas construidas con materiales ordinarios, calles polvorientas y carreteras insufribles, un continuo rosario de huecos. El puesto de salud es pequeño y no tiene médico, y sólo dos policías vigilan la seguridad ciu-dadana.

A continuación un breve inventario de las quejas y tribulaciones más comunes de los cooperados:

La primera y más generalizada tiene que ver con los descuentos que les hacen las cooperativas. De su bolsillo le toca pagar el 100% de la seguridad en salud, pensión y riesgos profesionales; los impuestos parafiscales; la ropa de trabajo, los guantes y las herramientas que usan en el campo; la cuota de transporte y de sostenimiento de la cooperativa, aparte del aporte cooperativo, entre otros rubros. De ahí que si el cooperado gana $500 mil en la quincena (que es más o menos el promedio), apenas re-ciben un poco más de $300 mil. Es decir, les descuentan casi el 40% del salario.

Por su parte Luis Fernando Rubio, cooperado de la CTA Progreso, de 32 años de edad, denuncia que en ene-ro del año pasado se resbaló y cayó cuando alzaba un racimo de palma a la carreta, lo que le afectó la columna, al punto que ya no puede trabajar, y el dolor lo calma a punta de medicamentos. Pero ni la ARP ni la empresa ni la CTA le han solucionado su problema, ni ha recibido un peso por incapacidad, sin contar que su angustiosa situación acabó con su matrimonio. Sólo su familia, por ahora, lo está ayudando.

Y como Luis Fernando hay muchos cooperados: in-capacitados por accidentes de trabajo, y abandonados; en una región donde a los trabajadores tercerizados les es muy difícil, casi imposible, obtener pensión de jubila-ción, pues dada su inestabilidad laboral no logran acu-mular las semanas de trabajo requeridas; cuando no es que las cooperativas no hacen los aportes a su cuenta de pensión, algo que era común en el pasado, ya no tanto.

El cooperado Ignacio Sarmiento denuncia la falta de autonomía de las cooperativas, y por lo mismo su des-naturalización y reducción a simples bolsas de empleo. Dice que los gerentes de éstas son “títeres” de las empre-sas, que son las que realmente distribuyen las labores y lo deciden todo; al punto que la mayoría de los gerentes llevan más de 10 años en su cargo y tienen familiares ubicados en los puestos de dirección de la cooperativa.

Y son casi “vitalicios” porque los consejos de adminis-tración y las asambleas cooperativas no pueden cambiar-los sin el visto bueno de las empresas; sin contar con que ya hay varios casos de gerentes que se han “volado” con la plata de los trabajadores. Además hay una cooperativa impuesta por las empresas, Asomiler se llama, que lleva la contabilidad de todas las cooperativas de la región.