Acceso-a-la-Justicia-en-México

7/27/2019 Acceso-a-la-Justicia-en-Mxico

1/18

Acceso a la justicia en Mxico:

La constante impunidad en casosde violaciones a derechos humanos

Informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanoscon motivo del Examen Peridico Universal de Mxico

Comisin Mexicana de Defensa y Promocin de los Derechos Humanos (CMDPDH)Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)


2/18

2

A pesar de diversas reformas recientes

en materia de justicia y derechos

humanos, la impunidad en Mxico

contina siendo una constante. Segn

distintos informes, en Mxico la

impunidad alcanza niveles superiores al

98%, siendo que tan slo alrededor de1.5% del total de las denuncias

presentadas (se estima un 20% del total

de los delitos cometidos) llegan ante un

juez.1

Diversos factores continan

obstaculizando el acceso a la justicia y la

proteccin jurdica de los derechos

humanos. Por un lado, an son

insuficientes los recursos legalesadecuados que permitan garantizar la

eficacia del sistema de procuracin y

administracin de justicia, as como la

implementacin adecuada del nuevo

sistema acusatorio de justicia penal, la

cual deber concluir a ms tardar en el

ao 2016.

La poca eficiencia del sistema de

procuracin de justicia, as como la falta

de independencia de gran parte del

poder judicial han puesto en entredicho

la capacidad del Estado de atender una

problemtica que, si bien ha sido

histrica, se ha visto agravada en el

actual contexto de inseguridad y

violencia por el que atraviesa nuestro

pas. La prevalencia de figuras que

obstaculizan el acceso a la justicia y favorecen

violaciones a los derechos humanos tales

como el arraigo y el fuero militar , as como

la persistencia del uso de la tortura como

medio para obtener pruebas y confesiones,

impiden que la justicia en Mxico sea pronta,

expedita y de conformidad con estndaresinternacionales de derechos humanos. Por

otro lado, la ausencia de mecanismos eficaces

que garanticen el derecho a la reparacin

integral para las vctimas de violaciones a los

derechos humanos fomenta an ms la

vulneracin a los derechos humanos de las

vctimas.

Desde 2006, tras la llegada de Felipe Caldern

a la Presidencia y el inicio de una batallafrontal en contra del crimen organizado,

Mxico atraviesa una espiral de violencia que

ha tenido como resultado un deterioro

alarmante en cuanto a la vigencia y el respeto

a los derechos humanos. Desde 2007, al

menos 80.000 personas fueron ejecutadas en

hechos relacionados con el combate a la

delincuencia organizada2 y se estima que al

menos 25.000 personas permanecendesaparecidas.3Aunado a esto, los casos de

tortura han registrado un aumento superior

al 500%,4 principalmente para obtener

confesiones autoinculpatorias de vnculos con

bandas delincuenciales.

Fue precisamente la impunidad enraizada

desde hace tiempo en nuestro pas, y los

persistentes obstculos al acceso a la justicia,

Acceso a la justicia en Mxico:

La constante impunidad en casos de

violaciones a derechos humanos


3/18

3

que llev a impulsar la discusin y

aprobacin de la reforma al sistema de

justicia penal. Despus de seis aos de

crecientes violaciones a los derechos

humanos y un panorama desolador frente

a la justicia y la seguridad, resulta

prioritario avanzar hacia un sistema de

justicia que garantice los derechos de

todas las partes y permita sancionar a los

verdaderos responsables. En virtud de

ello, quienes suscribimos el presente

informe, presentamos los obstculos

actuales al acceso a la justicia, as como

una serie de recomendaciones a los

Estados que participarn en el prximo

Examen Peridico Universal en el que

Mxico ser analizado.Hacia un nuevo sistema de justiciapenal

En junio 2008 el Congreso aprob la

reforma constitucional para implementar

el sistema acusatorio en la justicia penal

mexicana. Por medio de esta, se pretende

transitar de un sistema inquisitivo,

predominantemente escrito, por un nuevosistema de justicia penal acusatorio y oral.

La reforma estableci un plazo de ocho

aos para que, tanto las entidades como la

Federacin, hubieran implementado en su

totalidad el nuevo sistema.

Dicha reforma incluye diversos mritos

que, de ser implementados de forma

eficaz, haran de la justicia en Mxico una

ms expedita e imparcial, en el que laspartes gocen de equidad procesal, que sea

efectiva la presuncin de inocencia de los

acusados y el Ministerio Pblico

construya la causa de la acusacin.

No obstante, a pesar de los avances que

represent la aprobacin del nuevo

sistema de justicia, la reforma tambin

introdujo ciertas prcticas abusivas y

antidemocrticas como el arraigo, as

como la inclusin de un concepto vago

de delincuencia organizada, el abuso de

la prisin preventiva, los cateos express

y la intervencin de comunicaciones. Ya

desde la presentacin de Mxico ante el

Consejo de Derechos Humanos durante

la primera ronda del EPU, se emiti una

recomendacin sobre la adecuacin de la

definicin de delincuencia organizada de

conformidad con los estndares

internacionales en particular con la

Convencin de las Naciones Unidas

contra la Delincuencia Organizada

Transnacional y sobre la eliminacin

del arraigo, ambas recomendaciones

rechazadas por el Estado.5

A la fecha, laLey Federal sobre Delincuencia

Organizada sigue sin ser reformada y el

arraigo es an utilizado, permitiendo la

reproduccin de violaciones de derechos

humanos.

La implementacin del nuevo sistema de

justicia penal acusatorio ha sido lenta y

obstaculizada. A la fecha, nicamente

tres estados han implementado en sutotalidad el sistema acusatorio en todo

su territorio (Chihuahua, Morelos y

Estado de Mxico); en otros 10 estados se

ha implementado de forma parcial

(Aguascalientes, Baja California,

Chiapas, Durango, Guanajuato, Oaxaca,

Puebla, Tabasco, Yucatn y Zacatecas)

En las 19 entidades restantes, as como a

nivel federal, no se ha dado ningnavance.6

Con el objeto de impulsar y llevar

adelante esta reforma, el Gobierno

Federal cre en el 2009 el Consejo de

Coordinacin para la Implementacin de

Sistema de Justicia Penal que depende la

Secretara de Gobernacin, y que a su

vez cuenta con una Secretara Tcnica


4/18

4

(SETEC).7

Esta instancia ha estadoencargada de la coordinacin entre la

Federacin y los estados, as como de

ofrecer asesora, capacitacin y apoyos

econmicos para el funcionamiento del

sistema acusatorio en todo el pas. No

obstante, ni este Consejo ni la SETEC

han logrado un liderazgo para marcar el

rumbo y ritmo del proceso. Adems, ha

tenido que hacer frente a la divisin

federal del pas, lo que implica avanzar

al ritmo y voluntad de gobiernos locales.

En consecuencia, el desarrollo del

proceso ha sido muy irregular. El

proceso de implementacin no ha sido

homogneo pues cada estado ha

avanzado por su cuenta al no existir un

modelo nico que oriente el rumbo de la

transformacin institucional que implica

dicha reforma.

A la fecha, no hay informacin suficiente

de que todas las entidades estn

desarrollando los procesos de formacin

y capacitacin en las necesidades del

nuevo sistema. Por un lado, al

fundamentar el nuevo sistema en la

investigacin y la obtencin de pruebas

objetivas y cientficas que sustente las

acusaciones se exige al Estado garantizarla capacitacin de un gran nmero de

policas de investigacin, as como un

gran nmero de peritos expertos en muy

diversas disciplinas para realizar

trabajos tcnicos de alta calidad.

Asimismo, la reforma requiere que los

agentes del Ministerio Pblico tengan

una significativa capacidad organizativa


5/18

5

para efectivamente incorporar todos

estos elementos enfocados a los objetivos

establecidos en el artculo 20

constitucional.8

Prcticamente no se ha hecho difusin

de los procesos de puesta en marcha del

sistema acusatorio, al grado que lasociedad ha permanecido ajena a este

cambio. Resulta paradjico que mientras

la sociedad no confa y no cree en el

sistema penal an vigente tampoco

tenga una expectativa sobre la

transformacin de este caduco sistema

de justicia inquisitorio.

Recomendaciones:

Acelerar los procesos deimplementacin del nuevo sistema dejusticia penal en todas las entidadesque an no lo han puesto en marcha,as como a nivel Federal.

Asegurar los recursos adecuados,econmicos y humanos, para garantizarel liderazgo del Consejo de

Coordinacin para la Implementacindel Sistema de Justicia Penal.

Aprobar un Cdigo Federal deProcedimientos Penales nico para lainstauracin del sistema de justicia anivel nacional en consulta conorganizaciones de la sociedad civil.

Capacitar a todos los elementos delMinisterio Pblico y policas deinvestigacin en las nuevas tcnicas deinvestigacin requeridas para el buenfuncionamiento del sistema acusatoriopenal.

Llevar a cabo una campaa amplia dedifusin entre la sociedad mexicanasobre las implicaciones del nuevosistema de justicia.

II. La persistencia de la tortura comomtodo de investigacin

An son recurrentes diversas acciones

gubernamentales manifiestas en

legislacin y polticas pblicas que

profundizan las condiciones

estructurales que hacen posible laprctica de la tortura y la impunidad

asociada. Entre dichas acciones se

encuentran el involucramiento de

militares en labores de seguridad

pblica, el establecimiento de un

subsistema de excepcin con

restricciones a garantas bsicas de

debido proceso para las personas

acusadas de pertenecer a grupos de

delincuencia organizada, as como la

constitucionalizacin del arraigo.

La tortura sigue siendo practicada en

Mxico de forma sistemtica, y persiste

la falta de acceso a la justicia y la

impunidad en este tipo de casos. La

actual estrategia de seguridad pblica ha

facilitado e incentivado el uso de la

tortura como mtodo de investigacin,

teniendo como aliado al sistema de

procuracin y administracin de justicia

que no ha sido eficaz en investigar y

sancionar estos hechos.

La estrategia de combate al crimen

organizado emprendida desde el 2006,

basada en el uso de la fuerza y la

militarizacin, ha tenido un impacto

directo sobre el aumento de casos detortura y malos tratos a lo largo del pas.

De acuerdo a los registros de la

Comisin Nacional de los Derechos

Humanos (CNDH), de 2006 a la fecha se

ha registrado un incremento superior al

500% en las quejas por este tipo de casos.

Ello a pesar de que la CNDH ha sido

acusada de no registrar debidamente las

quejas frente a este tipo de delito, lo que


6/18

6

ha implicado que los casos registrados

sean menores a los que realmente se

denuncian. Tan solo en 2012, la CNDH

calific 1.642 quejas como tratos crueles,

inhumanos o degradantes que no fueron

consideradas como tortura.

Ha sido particularmente alarmante el

involucramiento de elementos de las

Fuerzas Armadas en violaciones a los

derechos humanos. En el contexto de la

militarizacin de la seguridad pblica, la

Secretara de la Defensa Nacional

(SEDENA) ha sido la principal

institucin sealada como responsable

por hechos violatorios a los derechos

humanos; de 2006 a la fecha, la SEDENA

ha sido sealada en ms de 8.000 quejas,

siendo la institucin ms acusada por

cometer violaciones a los derechos

humanos entre 2007 y 2011.9

La tortura en Mxico es raramente

sancionada, siendo la impunidad la

regla comn. Segn informacin

presentada por el Estado, entre 2005 y

2008, nicamente 4 personas fueron

sentenciadas por tortura.10

Informacin recabada por

organizaciones de la sociedad civil

revela que de enero de 2002 a junio de

2012 se iniciaron 39 averiguaciones

previas por el delito de tortura ante la

Procuradura General de la Repblica

(PGR), de las cuales 3 concluyeron en

no ejercicio de la accin penal y en


7/18

7

ninguna se determin el ejercicio de la

accin penal.11 Por su parte, la SEDENA

report que ninguno de sus elementos ha

sido penalmente sancionado por hechos

de tortura de 2002 a la fecha, siendo que

existen 4 casos en proceso, de los cuales

dos estn en proceso de instruccin y dos

ms fueron declinados al fuero civil.12

La deficiencia en la legislacin en

materia de tortura y las amplias lagunas

que existen en la legislacin procesal

penal permiten que la tortura siga siendo

un problema persistente. Distintos

reportes de organismos internacionales y

nacionales de derechos humanos sealan

que la tortura y los malos tratos

continan siendo ampliamente

utilizados particularmente por las

agencias de procuracin de justicia y las

policas judiciales al momento de la

detencin y durante las primeras horas

bajo custodia, tanto a nivel estatal como

municipal.13

Si bien Mxico cuenta con una leyfederal en materia de tortura (Ley

Federal para Prevenir y Sancionar la

Tortura), es importante sealar que la

ltima reforma data de 1994,14 lo que

hace poco efectivo a dicho ordenamiento

al ser una norma caduca que no se

adeca a estndares internacionales.

Mxico no ha incorporado a su

ordenamiento nacional los ms altos

estndares internacionales en cuanto a la


8/18

8

tipificacin de la tortura.15 Por otro lado,

la legislacin vigente establece penas

que no son acordes con los delitos ms

graves sancionados en las leyes penales

y plantea una formulacin vaga en

cuanto a las reglas de operacin, pues no

se establece, por ejemplo, la

consecuencia del incumplimiento de laautoridad al no brindar la posibilidad de

obtener una evaluacin mdica cuando

sea solicitada. Tampoco es clara en

cuanto a la prevencin de la tortura,

repitiendo nicamente normas

constitucionales.

A nivel local, prcticamente todas las

entidades federativas han tipificado el

delito de tortura, a excepcin de

Guerrero.16 Sin embargo, debido a que

dicha regulacin ha acontecido en

momentos diferentes, y a que el nivel de

compromiso de las autoridades locales

en torno al combate a la tortura ha

variado entre las distintas entidades, las

legislaciones muestran importantes

diferencias entre s, lo que ha llevado a

diversos mecanismos internacionales dederechos humanos a recomendar la

homologacin del tipo penal de tortura.17

La razn por la que con mayor

frecuencia se recurre a la tortura

contina siendo la obtencin de algn

tipo de confesiones por parte de

personas privadas de su libertad,

generalmente para obtener su

autoincriminacin. La obtencin de estetipo de declaraciones supone para

algunas autoridades una salida fcil a la

investigacin para satisfacer as las

exigencias de sus superiores de resolver

casos. Los jueces continan admitiendo

confesiones obtenidas bajo tortura como

evidencia.18

Recomendaciones:

Investigar de forma pronta, efectiva eimparcial todas las denuncias portortura y sancionar a los responsables.

Garantizar que todos los procesos por

tortura en contra de elementos de lasFuerzas Armadas sean llevados anteinstancias civiles.

Adecuar los tipos penales de tortura, anivel estatal y federal, a los ms altosestndares internacionales deconformidad con la Convencin Contrala Tortura.

Garantizar que las pruebas obtenidasmediante actos de tortura y malos tratosno sean utilizadas como prueba enningn procedimiento.

III. Arraigo

La figura del arraigo, como ya fue

mencionado, fue introducida en la

Constitucin mexicana en 2008 comouna medida cautelar de privacin de la

libertad dictada en contra de personas

con presuntos nexos con la delincuencia

organizada, que se aplicar siempre que

sea necesario para el xito de la

investigacin, la proteccin de personas

o bienes jurdicos, o cuando exista riesgo

fundado de que el inculpado se sustraiga

de la accin de la justicia, segn loestablece el artculo 16 constitucional.

Esta medida constituye claramente una

forma de detencin arbitraria contraria a

las obligaciones en materia de derechos

humanos que Mxico ha adquirido y

viola, entre otros, los derechos de

libertad personal, legalidad, presuncin

de inocencia, las garantas del debido


9/18

9

proceso y el derecho a un recurso

efectivo. Por otra parte, el arraigo ampla

las posibilidades de una persona de ser

sometida a tortura u otros tratos crueles,

inhumanos o degradantes.

El objetivo del arraigo no es determinar

si una persona es inocente o culpable,sino que se priva a la persona de su

libertad con el fin de obtener

informacin que pudiera ser utilizada

con posterioridad para el juicio, la cual

en muchas ocasiones es obtenida bajo

tortura. Ello se traduce en que la

investigacin no se lleva a cabo para

detener a una persona, sino que la

persona es detenida arbitrariamente

para ser investigada y en la gran

mayora de los casos obtener una

confesin inculpatoria, contraviniendo

los principios bsicos de justicia en una

democracia. La persona afectada queda

as sin garantas ni situacin jurdica

clara, ya que no es ni indiciada ni

inculpada. Lo que es ms, ni siquiera

est vinculada a proceso penal alguno,

simplemente se le ha privado de lalibertad para ponerla a plena disposicin

de la autoridad investigadora, negando

con ello la presuncin de inocencia y el

derecho de toda persona a contar con un

abogado defensor.

Los limitados controles legales y la nula

revisin judicial de su aplicacin, as

como a la discrecionalidad en su

aplicacin, han permitido que secometan actos de tortura en contra de

personas bajo arraigo. El informe sobre

la visita a Mxico del Subcomit de para

la Prevencin de la Tortura (SPT), seala

que cerca del 50% de las personas bajo

arraigo mostraban signos de violencia

reciente.19 La CNDH inform que entre

2008 y 2011 se presentaron 405 quejas

por violaciones de derechos humanos

relacionadas al arraigo,20 de las cuales

41% se refirieron a tortura y malos

tratos.21

Cabe destacar que la legislacin no

establece los lugares en los cuales debe

ser aplicada esta medida. Esto ha llevadoa las autoridades a improvisar centros de

detencin en casas, hoteles y otros

lugares no destinados para privar a una

persona de su libertad. Esto ha

permitido tambin que en muchas

ocasiones el arraigo sea llevado a cabo

en instalaciones militares, como ha

documentado la CMDPDH.22

Segn informes recientes emitidos por laPGR, entre enero 2008 y octubre 2012

fueron puestas bajo arraigo 8.595

personas.23 Del total de solicitudes

presentadas, los jueces negaron

nicamente el 4.7% de stas.24 No

obstante, si bien la PGR ha argumentado

que entre 90% y 95% de las personas

arraigadas han sido consignadas,

ampliamente presumido como indicador

del xito de la medida, han omitido

sealar que tan slo 3.2% de ese total

recibe una sentencia condenatoria.25

Por otro lado, si bien el texto

constitucional permite utilizar la figura

del arraigo nicamente para delitos de

delincuencia organizada, es decir del

orden federal, en virtud del artculo

dcimo primero transitorio de lareforma constitucional de 2008 se

autoriza tambin a fiscalas locales para

aplicarlo en sus jurisdicciones hasta

2016, ao en que el nuevo sistema de

justicia deber estar implementado. Esta

facultad ha permitido a autoridades

locales aplicar el arraigo para delitos del

fuero comn, tales como homicidio,

secuestro e incluso robo.


10/18

10


11/18

11

Del total de arraigos que la CMDPDH

ha dado seguimiento mediante registros

de prensa, el 54% de stos han sido

aplicados por autoridades estatales por

delitos del fuero comn. En los ltimos

dos aos, los estados que registraron el

mayor nmero de arraigos locales

fueron Nuevo Len, Distrito Federal,Coahuila, Veracruz y Jalisco.26 Incluso en

estados donde ya ha entrado en vigor el

nuevo sistema de justicia, como

Yucatn, el arraigo contina siendo

utilizado.

Las violaciones de derechos humanos

derivadas del uso de la figura del arraigo

han llevado a diversos organismos

internacionales de derechos humanos a

criticar esta figura. A la fecha, Mxico ha

recibido nueve recomendaciones de

organismos internacionales de derechos

humanos sealando la necesidad de

eliminar el arraigo de la legislacin y de

la prctica, tanto a nivel federal como

estatal.27

Recomendaciones:

Eliminar inmediatamente la figura delarraigo de la legislacin y la prctica,tanto a nivel federal como estatal.

Reformar la legislacin primaria ysecundaria, a nivel federal y estatal,para garantizar la eliminacin delarraigo y vigilar que la implementacindel nuevo sistema de justicia en las

entidades respete la exclusindefinitiva del arraigo en el fuerocomn.

En tanto la figura del arraigo eseliminada, se tomen las medidasnecesarias para hacer efectiva laprohibicin de la tortura antes, durantey despus del arraigo, incluyendo el

acceso a su abogado y la posibilidad de

presentar denuncias cuando considere

que ha sido sujeto de tortura.

IV. El uso extensivo del Fuero Militar

En el contexto actual de una elevadapresencia militar en las calles realizando

tareas de seguridad pblica, el aumento

de las violaciones graves de derechos

humanos cometidas por elementos

castrenses es evidente, las cuales en su

mayora permanecen impunes. Su

participacin actual en labores de

procuracin de justicia y de seguridad en

la estrategia de combate a la delincuencia

organizada a travs de patrullajes

militares y retenes en calles y carreteras

ha tenido un serio impacto en la vigencia

de los derechos humanos.

Las quejas presentadas ante la CNDH

por violaciones de derechos humanos

cometidas por elementos de las Fuerzas

Armadas se han incrementado alrededor

de 1,000% durante el ltimo sexenio.Durante los dos ltimos aos, una de

cada cuatro quejas presentadas ante la

CNDH fue en contra de la Secretara de

la Defensa o de la Marina.28

A pesar de ello, las denuncias de dichas

violaciones no son investigadas y

permanecen en la impunidad. La

jurisdiccin militar contina siendo

aplicada para investigar violaciones dederechos humanos, a pesar de

resoluciones recientes de la Suprema

Corte de Justicia de la Nacin (SCJN)

para restringir la jurisdiccin militar29 y

de cuatro sentencias de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos

(CoIDH) condenando al Estado mexicano

a modificar sus alcances.30


12/18

12

Segn un informe elaborado por la

SEDENA, entre 2007 y 2011 han sido

sentenciados por la justicia militar 3.612

militares. Sin embargo, segn el desglose

elaborado por la dependencia, 3.154

fueron por desercin (87%); 142 por

insubordinacin (5%) y tan slo 33

sentenciados por violaciones a derechoshumanos (menos del 1%). Cabe sealar

que, adems, los 33 militares condenados

fueron implicados en un mismo caso.31

En un informe ms reciente publicado

por la SEDENA en noviembre de 2012,

inform que de las 113 recomendaciones

dirigidas por la CNDH a dicha

dependencia entre 2006 y 2012, tan slo

se han emitido dos sentencias, a pesar de

que 63 de stas han sido dadas por

concluidas.32 No obstante, cabe destacaradems que la CNDH ha emitido

recomendaciones a la SEDENA

nicamente en 1.5% de las quejas totales

recibidas en contra de sta dependencia.


13/18

13

En octubre de 2010 el Presidente envi al

Congreso una iniciativa para reformar el

artculo 57 del Cdigo de Justicia Militar

(CJM). Sin embargo, la reforma result

insuficiente e incluso regresiva. La

iniciativa presentada exclua de la

jurisdiccin militar nicamente los

delitos de desaparicin forzada, torturay violacin sexual, sin considerar otra

serie de violaciones a derechos humanos

que con frecuencia son cometidas por

militares que se encuentran realizando

labores de seguridad pblica en la actual

estrategia de seguridad, tales como

detenciones arbitrarias, ejecuciones

extrajudiciales o allanamientos.33

La prevalencia de la jurisdiccin militar

frente a violaciones de derechos

humanos perpeta el crculo de

impunidad vigente en Mxico e impide

a las vctimas acceder a la justicia y a la

reparacin. Es necesario reformar cuanto

antes el CJM para que todo militar

responsable de haber cometido

violaciones a derechos humanos,

cualquiera esta sea, sea juzgado portribunales civiles, sancionado acorde a

estndares internacionales y garantizado

en todo momento la reparacin

adecuada para las vctimas.

Mxico ha sido reticente de cumplir con

las sentencias de la CoIDH,

particularmente en la previsin de

reformar el artculo 57 del CJM. A ms

de tres aos de que la Corte orden larestriccin del fuero militar, la reforma

no ha sido an discutida por el

Congreso.

Recomendaciones:

Reformar el Cdigo de Justicia Militar,en especial el artculo 57, para prohibirque militares involucrados en

violaciones de derechos humanos seanjuzgados por Tribunales Militares.

Acatar los criterios de la SCJN en loscuales se prohbe la aplicacinextensiva de la jurisdiccin militar encasos en los que estn involucrados

civiles.Establecer que en la etapa deinvestigacin, desde el momento en quelas autoridades ministeriales militarestengan conocimiento de que laspresuntas vctimas son civiles, debernremitir el asunto a las autoridadesciviles para continuar la investigacin.

Investigar de forma exhaustiva eimparcial todas las denuncias deviolaciones a derechos humanoscometidas por elementos de las FuerzasArmadas en el fuero civil, y sancionar alos responsables.

V. La falta de mecanismos adecuadospara la reparacin del dao

Mxico carece an de mecanismos

adecuados para garantizar una

reparacin adecuada e integral a todas

las vctimas de violaciones a los derechos

humanos. Si bien la reforma

constitucional en materia de derechos

humanos incorpora al texto

constitucional la obligacin de todas las

autoridades de reparar las violaciones a

derechos humanos en el mbito de sus

competencias, a ms de un ao de su

entrada en vigor an no se han puesto en

marcha los mecanismos necesarios para

su implementacin.

El amparo34 ha sido histricamente el

recurso idneo para que las personas

obtengan proteccin de actos u


14/18

14

omisiones de autoridades que vulneren

derechos humanos, reconocidos tanto en la

Constitucin como en tratados

internacionales.35 Sin embargo, el amparo ha

sido ineficaz para asegurar la reparacin por

violaciones a derechos humanos. De acuerdo

a la Ley de Amparo vigente,36 las sentencias

dictadas en los juicios de amparo slo tienenefecto sobre quienes lo solicitan, limitndose

a ampararles y protegerles en el caso

especial sobre el que trata la demanda. As,

se prev nicamente el restablecimiento de

las cosas al estado previo antes de que

sucediera la violacin y no contempla

mecanismos de reparacin integral.

Si bien la Ley de Amparo reconoce como

facultad del juicio de amparo garantizar el

pleno goce de la garanta violada, la falta

de aclaracin sobre su alcance y significado

ha dado lugar a que tribunales del Poder

Judicial de la Federacin hagan una

interpretacin literal y por tanto restrictiva.37

Los Tribunales federales han restringido el

alcance de la restitucin nicamente en

conceder el amparo, por lo que la reparacin

que esta medida pueda otorgar est lejos delos lineamientos marcados por estndares

internacionales e, por ejemplo, al no concebir

la posibilidad de otorgar reparaciones

colectivas, de ordenar reformas

institucionales o incluso dictar

compensaciones.

La va penal ha presentado tambin

dificultades para garantizar la reparacin del

dao por violaciones a derechos humanos. Sibien la gran mayora de las violaciones a

derechos humanos se encuentran

configuradas como delitos en las diversas

disposiciones penales, la categorizacin de

vctimas de violaciones a derechos humanos

como vctimas de delito no es adecuada. El

artculo 20 constitucional reconoce el

derecho de las vctimas del delito a obtener

una reparacin del dao; sin embrago,

esta reparacin le corresponde en

primer trmino al responsable de la

comisin del delito.

Ciertamente dicha reparacin puede

ser exigida tambin al Estado en

aquellos delitos cometidos porservidores pblicos,38 abriendo la

posibilidad de que el proceso penal se

vuelva una va para que el Estado

repare violaciones a derechos

humanos. Sin embargo, la propia

naturaleza del proceso penal implica

severos obstculos para la reparacin

del dao por violaciones graves a

derechos humanos. La legislacin

penal establece que una pena a

imponer a responsables es la sancin

pecuniaria y la reparacin del dao,

responsabilidad de quien comete el

delito. En este sentido, de acuerdo con

los principios que rigen al

procedimiento penal, no puede

sentenciarse al inculpado sin antes

haber sido encontrado responsable del

delito por medio de una sentenciadefinitiva, lo cual implica que no

puede dictarse tampoco una

reparacin hasta no haber sentencia

firme, lo cual puede retrasar la

reparacin por aos.39

Como ya se ha mencionado con

anterioridad, los ndices de impunidad

en Mxico son prcticamente absolutos

tan slo se obtiene sentencia en unade cada 100 denuncias presentadas ,

lo que hace adems casi imposible

acceder a la reparacin del dao

mediante sentencia penal.

Finalmente, existe la posibilidad de

acceder a la reparacin por violaciones

a derechos humanos por va civil,

mediante la Ley Federal de


15/18

15

Responsabilidad Patrimonial del Estado,.

Sin embargo, este mecanismo presenta

tambin grandes dificultades para acceder

a ella, particularmente por su

sustanciacin, la cual contempla

nicamente la compensacin monetaria

como nico mtodo de reparacin. Por otro

lado, este recurso presenta una onerosacarga de la prueba impuesta a la vctima a

fin de acreditar su accin.

Existe a su vez una va paralela para

obtener la reparacin del dao en casos de

violaciones a derechos humanos, pero que

a su vez tampoco ha probado ser efectiva.

De acuerdo a la legislacin actual, los

organismos pblicos de derechos humanos,

tanto a nivel estatal como federal, tienen la

facultad de emitir recomendaciones en

materia de reparacin del dao frente a

aquellos casos de su competencia. Sin

embargo, estas resoluciones no tienen

carcter vinculante, lo que deja el

cumplimiento de las medidas de reparacin

a la mera voluntad poltica de las

autoridades, incluso permitindoles ignorar

las resoluciones sin ninguna consecuenciajurdica.

El 9 de enero de 2013 se public la Ley

General de Vctimas, la cual emite

lineamientos para garantizar la reparacin

adecuada a todas las vctimas, tanto del

delito como de violaciones a derechos

humanos. La Ley, tras haber sido vetada

por el entonces Presidente Caldern en

julio de 2012 a pesar de haber sidoaprobada por unanimidad en el Congreso,

es un primer paso para garantizar el

derecho a la reparacin de las miles de

vctimas de violaciones a los derechos

humanos en Mxico. Sin embargo, an

quedan muchos retos pendientes para

hacer del derecho a la reparacin una

realidad y de esta Ley un mecanismo eficaz

que ponga en el centro de atencin a las

vctimas como una poltica de Estado.

Si bien su promulgacin es un logro

importante de la sociedad civil, debe

garantizarse su adecuada implementacin

de forma cercana a las propias vctimas,

protegiendo en todo momento su dignidady evitando a toda costa su revictimizacin

La entrada en vigor de sta Ley genera

diversas obligaciones para el Estado en su

conjunto que debern atender de

inmediato, entre ellas la asignacin de

recursos adecuados, el establecimiento de

criterios claros para el acceso a la

reparacin, y la conformacin de un

Comit de expertos para analizar los casos

que soliciten reparacin.

Resulta adems primordial publicar a la

brevedad la reglamentacin necesaria para

su aplicacin en conjunto con las

organizaciones de la sociedad civil y los

movimientos de vctimas. Resulta tambin

fundamental asegurar el derecho a la

justicia de todas las vctimas y garantizar

el derecho a la verdad, y no limitar la

reparacin nicamente a la compensacin

monetaria.

Recomendaciones:

Aprobar y publicar cuanto antes la nuevaLey de Amparo.

Asegurar la adecuada implementacin de

la Ley de Vctimas en conjunto con lasorganizaciones de la sociedad civil y losmovimientos de vctimas.

Destinar los recursos necesarios paragarantizar la reparacin integral paratodas las vctimas de derechos humanos.


16/18

16

1Acosta,Mariclaire.LaimpunidadcrnicadeMxico:Unaaproximacindesdelosderechoshumanos.CDHDF,2011.

Pp. 94-95. Ver tambin Rivera, Marien y Rafael Ch. Nmeros Rojos del Sistema Penal. CIDAC, Octubre 2011.

Disponibleenhttp://www.cidac.org/esp/uploads/1/CIFRAS.pdf2Cabesealarquenoexistencifrasoficialesalrespecto.Estacifraesobtenidamedianteestimacioneselaboradaspor

organizaciones de la sociedadcivilenbase a la informacinestadsticaproporcionada porel InstitutoNacionalde

Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI). Tan solo en 2011, se contabilizaron 27.199 homicidios en Mxico,

obteniendounndicede24homicidiosporcada100.000habitantes.3 Base de datos elaborada por autoridades federales, disponible en

http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Sistema_RNPED . Params informacin, verBooth,William.Mexicoscrimewavehasleftabout25,000missing,governmentdocumentsshowenWashington

Post, 30 de noviembre de 2012. Disponible en http://articles.washingtonpost.com/2012-11-

29/world/35584943_1_mexico-city-mexican-government-human-rights 4InformacinobtenidaatravsdelosinformesanualesdelaCNDH,2007,2008,2009,2010,2011y2012.Params

informacin,vertambinlasdeclaracionesdelPresidentede laCNDHenel20aniversariodelaComisinEstatalde

DerechosHumanosdeHidalgo,citadaporElUniversal,15deagostode2012.5 RedTDT. Mxico, a dos aos del Examen Peridico Universal. Mxico, 2011. Pp 50 Disponible en

http://www.redtdt.org.mx/d_informes/d_visual.php?id_publicacion=118&descargable=Informe_EPU_Final.pdf6ConsejodeCoordinacinparalaImplementacindelSistemadeJusticiaPenal.http://www.setec.gob.mx/7 Cortez, Edgar. Nueva Justicia Penal, enNoche y Niebla, blog de la CMDPDH en El Universal. Disponible en

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle17070.html 8InformacinobtenidaatravsdelosinformesanualesdelaCNDH,2007,2008,2009,2010,2011.9VerQuintoySextoinformeconsolidadodeMxicoparaelCAT,2011.Prr17210InformacinproporcionadaporelCentrodeDerechosHumanosde laMontaaTlachinollan,entregadoalComit

Contra la Tortura, septiembre 2012. Pp. 1 Disponible en

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/CDHM_Tlachinollan_info_CAT49-MEX_add.1_sp.pdf 11Informacinobtenidamediantesolicitudesdeaccesoalainformacinpblica,oficio0000070121812(solicitadapor

elCentrodeDerechosHumanosdelaMontaaTlachinollan)y0000700015713(solicitadaporlaComisinMexicana

deDefensayPromocindelosDerechosHumanos)13 Situacin de la Tortura enMxico. Informe conjunto que presentan la Red Nacional deOrganismos Civiles de

DerechosHumanosTodolosDerechosparaTodasyTodos(RedTdT)ylaOrganizacinMundialcontralaTortura

(OMCT)envistadelaconsideracindel5y6informeconsolidadodeMxicoanteelComitcontralaTorturadelas

NacionesUnidas.Vertambin:CulpablesConocidos,VctimasIgnoradasTorturayMaltratoenMxico. InformedeAmnistaInternacional,2012.NiSeguridadniderechosejecuciones,desaparicionesytorturaenlaguerracontrael

narcotrficodeMxico.InformedeHumanRightsWatch,2011.14 El Senado de la Repblica aprob modificaciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura que

adecuabaneltipopenaldetorturaalosestndaresinternacionalesel11deabrilde2012,lacualfueturnadaala

Cmara deDiputados parasu anlisis y eventual aprobacin. La iniciativa fueaprobadaconmodificaciones por la

CmaradeDiputadosel13dediciembrede2012,porloquefueturnadanuevamentealSenadoparasuaprobacin.

LainiciativaanestpendientedeseraprobadaenelSenado.15 Informesobrela visita aMxico del Subcomitpara laPrevencin de laTortura yotrostratoso penascrueles,

inhumanosodegradantes,trassuvisitaaMxicoen2009.Prr4016ObservacionesFinalesdelComitContralaTortura,2012.Prr.8

17

ComitContralaTortura,2007,prr.11;SubcomitparalaPrevencindelaTortura,2009,prr.4018 Centro ProDH.En nombre de la guerra contra la delincuencia, un estudio del fenmeno de la tortura en

Mxico.CentrodeDerechosHumanosMiguelAgustnProJurez.Junio201219 Informe sobre lavisita aMxico del Subcomit para laPrevencinde laTortura yotrostratoso penascrueles,

inhumanosodegradantes,trassuvisitaaMxicoen2009,prr.22520Solicituddeaccesoalainformacinpblica,RespuestadeComisinNacionaldeDerechosHumanosvaOficiono.

CNDH/PVG/DG/138/2010,mismaqueotorglainformacinatravsdelaPrimera(oficioCNDH/PVG/DG/138/2010),

Segunda (oficio CNDH/2VG/08012010), Tercera (oficio TVG/000709) y Quinta (oficio QVG/CNDH/108/2010),

Visitadurasdedichoorganismopblico.21Informacinobtenidamediantesolicituddeaccesoalainformacinpblica,folioCI/38/287/2011

22Casodelos25policasdeTijuana,BajaCalifornia.Alrespecto,laCNDHemitilarecomendacin87/2011


17/18

17

23InformacinrecabadaporlaCMDPDHatravsdesolicitudesalaPGRdeaccesoalainformacinpblica(oficiosNo.

SJAI/DGAJ/06812/20011,No.SJAI/DGAJ/05398/2012yNo.SJAI/DGAJ/11715/2012)24 Barajas,Abel. Durante todo el sexenio,los jueces slonegaron 4.7por cientode lassolicitudesdearraigoen

Reforma.4defebrerode201325Informacinobtenidamediantesolicitudesdeaccesoalainformacin:PGR,OficiosNo.SJAI/DGAJ/09406/2011yNo.

SJAI/DGAJ/10153/201126 CMDPDH.La figura del arraigo enMxico, contraria a los derechoshumanos. Informepresentado ante el CAT,

octubre2012.27

GrupodeTrabajosobreDetencionesArbitrarias,2002,prr.50;ComitContralaTortura,2007,prr.15;Subcomitde Prevencin de la Tortura, 2009,prr. 238; ConsejodeDerechos Humanos,Examen Peridico Universal, 2009;

Comit de Derechos Humanos, 2010, prr. 15; Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y

Abogados,2010,prr.92-94;GrupodeTrabajosobreDesaparicionesForzadasoInvoluntarias,2011,prr.88;Comit

ContralaTortura,2012,prr.1128 Calculo propio basado en los Informes de Actividades CNDH de 2006 a 2012. Comisin Nacional de Derechos

Humanos.29Durantelosmesesdeagostoyseptiembrede2012,laSCJNanaliz28asuntosrelacionadosconloslmitesdela

jurisdiccinmilitar. Durante stos, sent el precedente de que ningnmilitar acusado de cometer violaciones a los

derechoshumanosenqueseencuentreninvolucradoscivilespodrserjuzgadoporuntribunalmilitar.Msan,enel

casodeBonfilioRubio,laSCJNdeclarlainconstitucionalidaddelartculo57delCdigodeJusticiaMilitar.30 Casos Radilla Pacheco vs. Mxico, sentencia del 23 de noviembre de 2009; Caso Fernndez Ortega y otros vs.

Mxico,sentenciadel30deagostode2010;CasoRosendoCantyotravs.Mxico,sentenciadel31deagostode

2010;CasoCabreraGarcayMontielFloresvs.Mxico,sentenciadel26denoviembrede2010.31AccesoalaInformacinFolio0000700059711.ArtculopublicadoenElUniversal20deFebrerode2011Investigan

a 178 militares por abusos, afirma Sedena disponible en www.eluniversal.com.mx/primera/36369.htmlSuprema

CortedeJusticiadelaNacin.ExpedienteVarios912/201032Situacindequejasyrecomendaciones.SEDENA,2013

33IniciativadeDecretoporelquesereforman,deroganyadicionandiversasdisposicionesdelCdigodeJusticiaMilitar,

delaLeyOrgnicadelPoderJudicialdelaFederacin,delCdigoPenalFederal,delCdigoFederaldeProcedimientos

Penales y de la Ley que establece normamnimas sobre readaptacin social de sentenciados.Gaceta del Senado,

PrimerPeriodoOrdinario.Martes,19deoctubrede2010.Gaceta161.34Elamparoeslaaccinqueejercitacualquiergobernadoantelosrganosjurisdiccionalesfederalescontratodoacto

deautoridad(latosensu)quelecausaunagravioensuesferajurdicayqueconsiderecontrarioalaConstitucin,teniendoporobjetoinvalidardichoactoodespojarlodesueficaciaporsuinconstitucionalidadoilegalidadenelcaso

concretoqueloorigine".Burgoa,Ignacio. Eljuiciodeamparo.UNAM,1955.35Reformaconstitucionalenmateriadeamparo,publicadaenelDiarioOficialdelaFederacinel6dejuniode2011.

36 En virtud de la reforma constitucional en materia de amparo, el Congreso debi haber aprobado la Ley

reglamentariaamstardaraseismesesdesupublicacin,esdecirenoctubrede2011.Noobstante,sibiensediscute

actualmenteunaLeydeAmparoenelCongreso,stanohasidoanaprobadanipublicada.37 Amezcua,Octavio.LaReparacinDelDao PorViolacionesA DerechosHumanos: Retos parasu incorporacinal

derechomexicano.38TodosloscdigospenalesdelpasestablecenqueelEstadoesobligadosubsidiarioenestossupuestos.Laexcepcin

aestoeselCdigoPenaldelEstadodeBajaCalifornia39

Amezcua,Octavio.LaReparacinDelDao PorViolacionesA DerechosHumanos: Retospara su incorporacin alderechomexicano.


18/18

Informacin de contacto

- Comisin Mexicana de Defensa y Promocin delos Derechos Humanos.

Address: Tehuantepec #142, Col. Roma Sur,Cuauhtmoc. Mxico, DF

Telephone: (5255) 55642582; E-mail:

[email protected] Web:

www.cmdpdh.org

- Instituto Mexicano de Derechos Humanos yDemocracia

Address: Benjamin Franklin #186, Col. Escandn,

Miguel Hidalgo. Mxico DFTelephone: (5255) 52717226; E-mail:

[email protected] Web: www.imdhd.org

ComisinMexicanadePromociny

DefensadelosDerechosHumanosA.C.

Acceso-a-la-Justicia-en-México

Documents

Transcript of Acceso-a-la-Justicia-en-México