Abogados Prestigiados

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ABOGADOS PRESTIGIADOS,

INTELECTUALES PBLICOS, LDERESLAICOS Y RELIGIOSOS:40 AOS DE ACTIVISMO ELITARIO PARA

LA CONSTRUCCIN DE LA MEMORIAOFICIAL EN CHILE


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Otros descriptores asignados por CLACSO:

Derecho / Justicia / Dictadura / DDHH / Estado / Sociedad Civil / Chile

Guerrero, Nstor

Abogados prestigiados, intelectuales pblicos, lderes laicos y religiosos : 40

aos de activismo elitario para la construccin de la memoria oficial en Chile

/ Nstor Guerrero. - 1a ed . - Ciudad Autnoma de Buenos Aires : CLACSO,

2015.

Libro digital, PDF - (Becas de investigacin / Bettina Levy, )

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-722-143-5

1. Anlisis Sociolgico. 2. Sociologa. I. Ttulo.

CDD 301

La Coleccin Becas de Investigacin es el resultado de una iniciativa dirigidaa la difusin de los trabajos que los investigadores de Amrica Latina y el

Caribe realizan con el apoyo de CLACSO.

Este libro presenta la investigacin que el autor realiz en el marco delPremio Hugo Zemelman Merinoorganizado por CLACSO con el apoyo de la

Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (Asdi).

Los contenidos de este libro fueron evaluados por especialistas externos

en un proceso de revisin por pares.


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Coleccin Becas de Investigacin

ABOGADOS PRESTIGIADOS,INTELECTUALES PBLICOS, LDERES

LAICOS Y RELIGIOSOS:

40 AOS DE ACTIVISMO ELITARIO PARALA CONSTRUCCIN DE LA MEMORIA

OFICIAL EN CHILE

Nstor Guerrero S.


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La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artculos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los

autores firmantes, y su publicacin no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretara Ejecutiva de CLACSO.

Patrocinado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional

Secretario Ejecutivo de CLACSO Pablo Gentili

Directora Acadmica Fernanda Saforcada

rea de Acceso Abierto al Conocimiento y Difusin

Coordinador Editorial Lucas SablichCoordinador de Arte Marcelo Giardino

rea de Promocin de la InvestigacinAsistentesMagdalena Rauch y Victoria Mutti

Primera edicin

Abogados prestigiados, intelectuales pblicos, lderes laicos y religiosos: 40 aos de activismo elitario

para la construccin de la memoria oficial en Chile (Buenos Aires: CLACSO, diciembre de 2015)

ISBN 978-987-722-143-5

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Queda hecho el depsito que establece la Ley 11723.

CLACSOConsejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Cincias SociaisEstados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | ArgentinaTel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | |

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en un sistema informtico, ni su transmisin en cualquier forma o por cualquier

medio electrnico, mecnico, fotocopia u otros mtodos, sin el permiso previo del editor.

Este libro est disponible en texto completo en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO


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NDICE

Introduccin | 9

I. Transitar del autoritarismo a la democracia:

los derechos humanos como campo de articulacinsociopoltica en Chile | 13

Construyendo moralidad jurdica:actores y organizaciones de promocin y defensa dederechos humanos en el periodo autoritario (1973-1990) | 16

La carta de navegacin: el programa de derechoshumanos de la Concertacin de Partidos por laDemocracia (1988-1989) | 29

Polticas de memoria y derechos humanosen Chile (1990-2010). Espacios institucionales yagentes elitarios | 33

II. Consideraciones tericas para el anlisis de la

elite democrtica en el Chile post-autoritario | 47

Transiciones democrticas y estabilidad poltica:

los pactos de elites | 51Elites y redes de polticas | 56


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III. Abogados prestigiados, intelectuales pblicos,

lderes laicos y religiosos: anlisis emprico de la elite

de derechos humanos en Chile | 61

Trayectorias educacionales, credencialesacadmicas y capital cultural | 65

Militancias, trayectorias pblicas y posicionamientosextra-estatales de los agentes elitarios: derechos humanosdesde las inmediaciones del Estado | 69

Derechos humanos desde el Estado democrtico en Chile:posiciones estatales y perfiles elitarios prototpicos | 75

Perfiles elitarios prototpicos | 79

Consideraciones finales | 85

Bibliografa | 87


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Nstor Guerrero S.*

INTRODUCCIN1

El ao 2010 se produjo en Chile la alternancia en el poder poltico: tras20 aos de democracia post-pinochetista, el ejercicio gubernamentalquedaba a cargo de la coalicin de derecha liderada por el empresarioSebastin Piera. Culminaba as el perodo de la centroizquierdistaConcertacin de Partidos por la Democracia (1990-2010), condicio-nado por un modo de hacer poltica que exalta el valor del consenso,priorizando el establecimiento de acuerdos entre las elites dirigentes einhibiendo los conflictos sociales y polticos; a esa frmula han contri-buido los diseos institucionales y las prcticas de las elites (Garretn1991; Godoy1999; Garcs 2004; Camargo 2008; Siavelis 2009).

1 La edicin y publicacin de este trabajo ha sido posible gracias al apoyo del ConsejoLatinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), a travs de su rea de Promocin de

la Investigacin y el Premio Hugo Zemelman Merino Chile a 40 aos del golpe: desa-fos y alternativas en la nueva coyuntura democrtica. Agradezco al Departamento deInvestigacin de la Universidad Arcis - DI/UARCIS por avalar la propuesta inicial y a laevaluadora externa por sus comentarios y sugerencias para arribar a una versin me-jorada. Agradezco, asimismo, a Hernn Cuevas Valenzuela las orientaciones tericas ymetodolgicas como supervisor de tesis del Magster en Ciencia Poltica de la Universidadde Chile, que en una medida importante permitieron arribar a este trabajo indito. Losvacos del mismo, en cualquier caso, son exclusiva responsabilidad del autor.

* Magster en Ciencia Poltica Universidad de Chile; Administrador Pblico y Licenciadoen Ciencias Polticas Universidad de Chile; Diplomado en Estudios Internacionales y Di-

plomado en Relaciones Chileno-Peruanas Universidad de Chile. Ha impartido docenciaen la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile y en otras instituciones nacionalesde educacin superior. Actualmente, es profesor del Magster en Comunicacin y PolticasPblicas de la Universidad Arcis.


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En ese marco, y con fines ilustrativos, se constatan tres hitos enel Chile de hoy que reflejan las tensiones sobre el pasado, por cuantointervienen una gran cantidad de actores polticos y sociales con inter-

pretaciones pblicas muy dismiles. Son, en ese sentido, rituales de lademocracia recuperada.Primero. El ao 2013, al conmemorarse 40 aos del golpe de

Estado, y con la derecha gobernando, fue el propio Primer Mandatarioquien denunci el papel de los cmplices pasivos durante el perodoautoritario, implementando adems acciones emblemticas como elcierre de un centro de reclusin con regalas exclusivas para militaresperpetradores de graves violaciones de derechos humanos. Segundo.En 2014, en pleno proceso de instalacin del segundo gobierno de lasocialista Michelle Bachelet, la designada Subsecretaria de FuerzasArmadas debi renunciar sin asumir formalmente, atendiendo la de-nuncia del mundo de los derechos humanos y actores polticos sobre sudesempeo en un anterior cargo poltico, cuando condicion beneficiosreparatorios de justicia transicional para un grupo de marinos constitu-cionalistas que se opusieron al golpe de Estado, al retiro de una accinjudicial contra militares presuntamente implicados en violaciones dederechos humanos, entre los que se encuentra su padre. Tercero. En elacto de asuncin del mando presidencial de 2014, y por primera vez enla historia del pas, dos mujeres asumieron los ms altos cargos polti-cos: la Presidencia de la Repblica, Michelle Bachelet, hija del GeneralBachelet, detenido y torturado por militares golpistas; y la Presidenciadel Senado, Isabel Allende, hija del fallecido Presidente Allende.

En su conjunto, estos hechos dan cuenta, sin duda alguna, de quesimblicamente -y con expresiones en la poltica rutinaria- las disputaspor la memoria y el legado de la dictadura militar siguen presentes enel Chile post-pinochet, dando cuenta de la obstinacin de la memoriay un pasado que nos pesa (Manzi et al, 2003). En efecto, entre lasmuchas ambigedades y conflictos alrededor del problemtico pasa-

do reciente de Chile hay algo claro: en la poltica y los medios, en lasmemorias individuales y colectivas y en las historias que se escriben,publican y debaten, el pasado est presente (Winn, 2007:03). Juntoa otros casos, estos hechos contribuyen a engrosar un repertorio queparece inacabado, que Wilde (1999) denomin las irrupciones de lamemoria. Lo llamativo, no obstante, es que ha sido el propio procesode redemocratizacin el que frustr las expectativas de verdad y justiciamediante un pacto de silencio dentro de la clase poltica chilena, un si-lencio consentido incluso por algunos dirigentes que fueron vctimas de

la represin (Winn, 2007:09). Al respecto, se ha sealado que las elitespolticas de la Concertacin ejercen una poltica cauta de construccinde un consenso elitista (Wilde, 2007:07), tendencia exaltada en el tra-


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tamiento poltico dado a aquellos conflictos que recuerdan el pasadoreciente y, consecuente, a las acciones estatales en este campo poltico.

En el cuadro descrito, qu pistas podran entregar las trayecto-

rias, afinidades y recursos de los agentes productores de esas polticas,sean stas originadas en el Estado o sus inmediaciones? Pues bien, apartir de la pregunta de investigacin terica y metodolgica que ar-ticula toda la discusin sobre elites, quines son los agentes de la elitede los derechos humanos en Chile, el objetivo de este trabajo es anali-zar sus trayectorias de formacin acadmica, profesional y poltica,su posicionamiento institucional y la circulacin en esferas estatalesy para-estatales (partidos polticos, organizaciones de sociedad civil einternacionales y espacios acadmicos). Figuras como la del poltico-acadmico, que combina la autoridad acadmica con recursos prove-nientes del mundo poltico (Dezalay y Garth, 2002); aquellos que ejercenel activismo social y, sobre esa base de experiencias acumuladas, sonconvocados a desempear funciones pblicas (Basombrio, 2005); o bienagentes religiosos comprometidos social y polticamente (Vicara de laSolidaridad, 1984), son tipos de agentes que conforman redes de polti-ca que expresan un particular esquema de gobernanza para el campode los derechos humanos en Chile.

El objetivo planteado es significativo si se considera que: a) mu-chos de los cuadros de la Concertacin fueron reclutados y entrenadosen la sociedad civil organizada (Delamaza, 2004:01), aunque dicho re-clutamiento estuvo mediado por la militancia partidaria y el rol cre-ciente de la tecnocracia (bid.:02), sin advertir trayectorias de retornoa la sociedad civil. En el marco poltico de la transicin democrtica,ello fortaleci el vnculo entre las lites polticas y un segmento alta-mente calificado y profesionalizado de la sociedad civil organizada, quecomparte orgenes sociales y capital cultural (Delamaza, 2011:77); b)los centros de estudios y espacios acadmicos tambin han constituidouna fuente de reclutamiento para la conformacin de las elites dirigen-

tes en Chile, observndose trayectorias de ida y vuelta hacia el Estado(Lechner, 1997; Botto, 2007; Mella, 2008); y c) ello exige indagar en elpapel escasamente estudiado que activistas e intelectuales han tenidoen la funcin pblica en Amrica Latina (Basombro, 2005). As, sebusca demostrar que, a partir de evidencia emprica sobre un conjuntode agentes categorizados en perfiles representativos, las principalesorientaciones de polticas pblicas no se explican solamente por el peso,bondades intrnsecas y racionales de las ideas que les subyacen, sinopor las caractersticas y trayectorias polticas de la elite que ha converti-

do esas ideas en polticas confiriendo cohesin y afinidades mutuas quedeben ser consideradas como parte del anlisis del proceso poltico(Joignant, 2010).


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I. TRANSITAR DEL AUTORITARISMO A LADEMOCRACIA: LOS DERECHOS HUMANOS

COMO CAMPO DE ARTICULACIN

SOCIOPOLTICA EN CHILE

Una vez recuperada la democracia en los distintos pases de Amrica Latinatras los regmenes y dictaduras militares de los aos setenta y ochenta -loque Huntington (1994) llam la tercera ola democratizadora- el Estadodebe hacer frente a un pasado conflictivo, signado fundamentalmente porlas graves violaciones de derechos humanos. Chile no es la excepcin ysu caso puede ser enmarcado en la llamada tercera ola de polticas dememoria y justicia (Beristain, 2005). Aunque previo a las transiciones pol-ticas y las democratizaciones, cabe destacar el efecto que las dictaduras ge-neraron al otorgar las condiciones materiales para la transnacionalizacinde redes internacionales de las causas en derechos humanos en AmricaLatina y, consecuentemente, la posibilidad de articular un discurso regio-nal sobre los derechos humanos (Sikkink & Keck, 2000; Ros P., 2011). Esdecir, as como existi una Operacin Cndor para coordinar acciones de

represin poltica en el Cono Sur, existi una articulacin contrahegem-nica en la regin que se bas en un modo particular de concebir, narrar yutilizar los derechos humanos. A esto contribuyeron redes transnacionalesde agentes localizados en diversos pases.

Pero volviendo sobre las transiciones polticas en Amrica Latina,los estudios dan cuenta que las violaciones de derechos humanos es unode los asuntos ms complejos que deban abordar las democracias re-cin instaladas (Lira, 2005). Las transiciones, desde el punto de vistade ese pasado conflictivo, implican establecer aproximaciones sobre

tres temas vinculados: i) el modo de reconciliacin nacional; ii) las co-misiones de verdad; y iii) consecuentemente, las polticas de memoriay reparacin adoptadas.


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Sobre la modalidad de la reconciliacin nacional, sta haba sidoconceptualizada como una referencia comn para referirse a dos cues-tiones: estabilidad democrtica y democratizacin de las instituciones;

y la definicin de una poltica sobre las violaciones masivas de derechoshumanos y sus consecuencias (Lira 2004, en Beristain, 2005:53). Parael caso de Chile -que vivi la dictadura del general Pinochet desde 1973hasta 1990-, la reconciliacin se adscribi a un modelo de transicinpactada (Godoy 1999), lo que implic que la capacidad de coaccin delrgimen anterior condicionara una gran parte del proceso (Beristain,2005:56). Por ello, aunque era ineludible que las condiciones de la re-conciliacin fueran contradictorias y hasta antagnicas para unos yotros, pareca prevalecer la idea de no arriesgar la estabilidad alcanza-da continuando con los juicios contra los victimarios (Lira, 2005: 468).As, en Chile se opt por la frmula de verdad y justicia en la medidade lo posible (Beristain, 2005).

En relacin con el segundo aspecto, los actores de las transicionesconformaron comisiones de verdad y reconciliacin para evidenciarante la sociedad los hechos cometidos y reparar los daos a las vcti-mas (bid.:57). Esas comisiones se constituyeron en el principal modode produccin de un saber y en la forma de inscribir una nueva verdadpblica sobre la violencia poltica (Crenzel, 2009: 360). Los activistasen derechos humanos vinculados a las estas comisiones confiaban enque, al decir la verdad sobre el pasado a un pblico lo ms extensoposible, se evitara su repeticin (Keck & Sikkink, 2000). En AmricaLatina, y en Chile, los informes de verdad producto de las comisionesconstituyeron en la escena pblica una nueva conceptualizacin delos derechos humanos que se torn hegemnica (ibd.:361-362). Esahegemona discursiva se expres en tres elementos de los informes quearticularon una nocin limitada de derechos humanos: a) restringir suinvestigacin a las violencias dictatoriales que vulneraron el derechoa la vida, lo que supuso una suerte de jerarquizacin de los derechos

humanos que privilegi el derecho a la vida sobre los derechos civiles,polticos y sociales; b) subordinar la explicacin poltica de las violacio-nes a su descripcin minuciosa, diluyendo los compromisos polticosde los desaparecidos y los asesinados; y c) descontextualizar histrica ypolticamente la violencia (Crenzel, 2009). En definitiva, en los informesde Chile, al igual que en otros pases de la regin, prim un relato jur-dico y una narrativa factual, realista y en detalle de las violaciones [que]se impuso sobre la historizacin compleja del pasado (ibd.:361-363).

Sobre el tercer aspecto, aunque las polticas de memoria no tie-

nen por s solas la fuerza para democratizar un pas han jugado unpapel fundamental en tales procesos (Beristain, 2005). Las polticasde reparacin, se ha argumentado, formaban parte de la persistente


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lucha entre fuerzas e idearios opuestos y contradictorios para legar unahistoria oficial, o al menos aceptada, del pasado y una visin del futuro(Lira, 2005:469).

No obstante, esa lucha entre fuerzas e idearios opuestos que enlos gobiernos post-autoritarios se enfrentaban para legar una memoriaoficial, puede ser rastreada en un contexto ms amplio y ciertamenteanterior. En efecto, el origen de la preocupacin pblica y la defensa delos derechos humanos hay que ubicarla en la dcada del setenta y en unmarco de anlisis mayor condicionado por la Guerra Fra2. En esa l-nea, el derecho internacional de los derechos humanos se alzara comouno de los recursos (en el modo de conocimiento especializado) en laperspectiva de materializar la hegemona estadounidense en AmricaLatina y en las propias luchas internas del norte (v. gr. el alcance y sig-nificado de los derechos civiles y polticos). De all que, desde el puntode vista de la izquierda, esta arma simblica de los derechos humanosdio continuidad a la empresa hegemnica de la Guerra Fra (Dezalay yGarth, 2002:205). Sin embargo, a la luz de los hechos histricos (esto es,las dictaduras latinoamericanas) el cambio de posiciones en este juegoestratgico contradiceex post factola plausibilidad de este diagnsticocrtico (ibd.:206).

Por lo tanto, dadas las condiciones materiales del juego estrat-gico, los derechos humanos fueron constituyndose como el leitmotiv

de aquellos que optaron por su defensa y promocin durante la dicta-dura del general Pinochet. Al respecto, el trnsito del autoritarismo ala democracia implic tres momentos centrales que contribuyeron ahacer de los derechos humanos un campo de articulacin socio-polticay moral de agentes que, ya en democracia, devinieron elenco elitario acargo de las polticas de memoria y derechos humanos en Chile.

Un primer momento fue la profusa formacin de organismos dedefensa y promocin de derechos humanos durante el autoritarismo,que otorg las condiciones de posibilidad para la interrelacin, inter-

cambio y acumulacin de experiencias de los agentes (v. gr. expertiseprofesional) y supuso la fijacin de los lmites morales de la accinpoltica. Producto de ello, y ste es el segundo momento, varios de esosagentes concurren a la elaboracin programtica del campo de dere-chos humanos pensando en el primer gobierno democrtico que asumi-

2 De acuerdo a Cecilia Medina, la genealoga del concepto Derechos Humanos en el

Sistema Interamericano puede rastrearse con anterioridad al contexto de Guerra Fra. Suuso, segn las actas de la OEA, data del periodo de surgimiento de los fascismos en las d-cadas del 30 y 40. Medina C., (1988) The Battle of Human Rights. Gross, Systematic Vio-lations and the Inter-American System, Martinus Nijhoff, Dordrecht, The Netherlands.


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ra en 19903. Finalmente, un tercer momento es la implementacin delas polticas de memoria y derechos humanos en el perodo 1990-2010:sin observar su contenido particular, se abordan los espacios institucio-

nales desde donde se producen y los agentes elitarios all posicionados.CONSTRUYENDO MORALIDAD JURDICA: ACTORES YORGANIZACIONES DE PROMOCIN Y DEFENSA DE DERECHOSHUMANOS EN EL PERIODO AUTORITARIO 19731990Mirado en perspectiva, es factible hipotetizar que los agentes elitariosdel campo de los derechos humanos en Chile fueron productores y luegoportadores de una autoridad moral de la cual se valieron para operar po-lticamente en la democracia recuperada. La produccin de lo que podradenominarse capital moral (Kane, 2001) se realiz durante el perodo au-toritario y su fbrica principal, aunque no exclusiva, fueron las mltiplesorganizaciones de defensa y promocin de derechos humanos. Esta au-toridad moral permiti a los lderes nacionales reforzar las institucionesdemocrticas, dado que constituira el soporte moral de la accin polticaque opera habitualmente como un recurso que puede ser empleado paralegitimar a algunas personas, posiciones e instituciones. El capital moraldebe ser entendido como un factor coadyuvante de la accin poltica,como un recurso complementario a los otros recursos que los agentesdesarrollan (credenciales acadmicas, redes polticas, experiencias pro-fesionales). El capital moral no desplaza a ninguno de ellos, sino msbien se entrelaza con cada uno de ellos, ya que generalmente apoya todoslos procesos y negociaciones de la vida poltica, contribuyendo a dotar delegitimidad a la accin poltica (Kane, 2001; Wilde, 2007).

En el caso de Chile, las graves violaciones de derechos humanosdurante la dictadura militar generaron las condiciones materiales paraque la produccin de capital moral sucediera. El sentido de la estrategiaimperial del uso de los derechos humanos que en principio era hege-mnica, se modific y fue adaptada localmente por los agentes nacio-

nales. Ahora, el campo de los derechos humanos desarroll un gradosubstancial de autonoma con respecto al poder del Estado (Dezalayy Garth, 2002: 206). Y como se ver, esa autonoma forzada implicque la estrategia de defensa de los derechos humanos se articulara enespacios no estatales que ms tarde, producido el trnsito democrtico,decantaran en la configuracin de acciones estatales para subsanar lasviolaciones de derechos humanos.

De all que resulte factible estudiar la consolidacin de la defensaa los derechos humanos como parte de una estrategia ms amplia cuyo

3 El primer gobierno de transicin (1990-1994) tuvo como Presidente de la Repblica aldemocratacristiano Patricio Aylwin.


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objetivo, en una interpretacin ex post facto, habra sido reconvertirlos Estados latinoamericanos; para ello el anlisis del papel y carac-tersticas que determinados actores han desempeado en la funcin

pblica y en la configuracin de las acciones estatales, resulta una pistaciertamente necesaria. Es decir, estudiar los desempeos y trayectoriasde agentes elitarios concentrndose tanto en las posiciones que losactores ocupan en determinadas estructuras y momentos biogrficosespecficos de sus trayectorias, como en las caractersticas socio-perso-nales de dichos actores que inciden en la produccin en red de polticas.

Dezalay y Garth (2002) constatan la creciente hegemona delos economistas en la conduccin de los Estados latinoamericanos endetrimento del papel de los abogados, advirtiendo que en la ltimamitad del siglo XX se ha producido un cambio, un re-equipamientode las lites estatales, desde el derecho hacia la economa y desde losprocesos de saber europeos hacia aquellos que son generados en losEstados Unidos (ibd.:40)4. En otras palabras, una transicin que vade un conjunto de abogados del Estado a un grupo de economistasahora enlazados con la democracia (ibd.:43)5. De acuerdo al esquemapropuesto por los autores esto es, analizar los resultados y adapta-ciones nacionales frente a procesos de exportaciones de tcnicas yconocimientos especializados internacionales- dicho giro puede sermejor explicado si se tienen en cuenta las semejanzas estructuralesen los respectivos escenarios estatales, lo que supone evaluar redesde conexin e incluso afinidades electivas entre los agentes impor-

4 Siguiendo a Rodrguez -quien prologa a Dezalay & Garth (2002), las claves de lecturadel libro tomadas son dos de las seis sugeridas. Aquella que lo interpreta como unacomparacin de la utilizacin de redes, conocimientos e instituciones internacionales porparte de actores polticos -v. gr., defensores de derechos humanos, acadmicos, abogados,economistas, etc.- para consolidar o mejorar su posicin en la lucha por el poder estatal.Y aquella que lo ve como un aporte a la sociologa de las lites latinoamericanas, cuyo

papel en el establecimiento y la reproduccin del Estado neoliberal an no ha sido docu-mentado sistemticamente (Rodriguez C., en Dezalay y Garth, 2002:12).

5 Este giro -desde los polticos abogados prestigiosos hacia los economistas denominadospolticos tecncratas- tiene una serie de rasgos generales, sealan los autores. El msbsico consiste en que el conocimiento especializado de los polticos tecncratas se hacentrado en la economa, mientras el de los polticos que eran abogados destacados, en elderecho (Dezalay y Garth, 2002:62). Sin embargo, advierten, tambin existen continui-dades entre las generaciones de las lites estatales. Primero, la mayora de los tecncrataspolticos tienen muy buenas conexiones y cuentan con abolengos ms o menos cercanos ala lite. Lo que resulta diferente es que ellos se apoyan relativamente menos en el capitalfamiliar y ms en sus propios conocimientos especializados, as como en la red cosmo-

polita construida de manera concurrente con la adquisicin de sus conocimientos y elposterior desarrollo de sus carreras. Todava sigue siendo verdad que el capital sociales extremadamente importante para determinar quin ser capaz de obtener un gradoavanzado en los Estados Unidos para luego participar en redes transnacionales (ibd.).


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tadores y los exportadores. Y estas transformaciones en los Estadosson observadas a la luz de los nuevos universales hegemnicos queoperan dolarizando los Estados del Sur: el consenso de Washington,

la democracia liberal y los derechos humanos.As, cualquier anlisis de las luchas por el poder al interior delEstado debiese partir del hecho cierto que el derecho se encuentra enel ncleo de los procesos que estructuran, construyen y reproducenel campo del poder (ibd.:27), especficamente en las facultades dederecho, que ocupan un lugar central en la reproduccin del cono-cimiento, en la dinmica de las lites gobernantes y en las jerarquasestablecidas entre las lites y las tcnicas y los conocimientos espe-cializados (ibd.:28).

En Chile, ello se encuentra bien representado por ciertos espaciosacadmicos que han operado al interior de universidades nacionales.Una es la tradicional Facultad de Derecho de la Universidad de Chile,cuyo Centro de Derechos Humanos inici sus actividades bajo la co-direccin de dos emblemticos agentes del campo de derechos huma-nos, ambos depositarios de trayectorias emblemticas, ejerciendo elactivismo jurdico-acadmico y posicionndose en importantes esfe-ras internacionales de defensa de los derechos humanos6. Otro caso loconstituye la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Huma-nismo Cristiano, cuyo origen es el Programa de Derechos Humanos dedicha institucin que se funda en dictadura como un Centro AcadmicoIndependiente; en este espacio hoy convergen como docentes variosabogados que han sido activistas de derechos humanos7. Mismo patrnse verifica en la Universidad Arcis, en cuyo Magster en Promocin yDefensa de los Derechos Humanos convergen actualmente agentes em-blemticos del campo8.

Como se adelant, en el campo de los derechos humanos esasluchas por el poder al interior del Estado tuvieron como una de sus es-trategias internacionales preferentes el uso del derecho internacional

de los derechos humanos. Y en Chile dichas tcnicas y conocimientosespecializados extranjeros fueron utilizados [] para luchar en con-

6 La referencia es a los reconocidos juristas Jos Zalaquett y Cecilia Medina. Al respec-to, Centro de Derechos Humanos Universidad de Chile (http://www.cdh.uchile.cl/quie-nes_somos/index.tpl).

7 Por ejemplo, Vernica Reyna Morales, Humberto Lagos Schuffeneger y Hernn Que-zada Cabrera. Al respecto, Escuela de Derecho UAHC (http://www.escueladederecho.cl/?p=37).

8 Entre ellos, Nelson Caucoto Pereira, Julia Urquieta Olivares, Eduardo Contreras Mellas,Magdalena Garcs Fuentes y Carmen Hertz Cdiz. Al respecto, Escuela Latinoamerica-na de Estudios de Postgrado (http://elap.cl/course/magister-promocion-y-defensa-de-los-derechos-humanos/).


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tra de los opositores con el objeto de lograr el control sobre el poderdel Estado (Dezalay y Garth, 2002: 31). Segn ello, estar fuera delEstado forzaba a los actores a enfrentarse a dos situaciones interre-

lacionadas: ejercer incidencia pblica desde las organizaciones de lasociedad civil, la academia y el mundo religioso; y, debido a ello, suposterior participacin y contribucin en el Estado, ahora bajo unrgimen democrtico, supuso tensiones y un alto nivel de circulacinentre distintas esferas de la vida pblica, cuando no pasos fugaceso intromisiones en el Estado.

La incidencia pblica extra-estatal se expres principal, aunqueno exclusivamente, en el activismo social ejercido desde las organiza-ciones de la sociedad civil y las iglesias. Se fundaron entonces unagran cantidad de organizaciones de defensa y promocin de derechoshumanos, un verdadero movimiento por los derechos humanos en Chile(Orellana & Quay, 1991). De acuerdo a la literatura sistematizada, seidentifica una veintena de organizaciones cuya fundacin adscribe alciclo 1973-1990. En su conjunto, representan la fbrica del capitalmoral y legitimidad poltica de los agentes, para operar luego en lademocracia recuperada. Un antecedente fundamental para rastrear elorigen y consolidacin de estos organismos es la alianza primigeniaque se dio entre polticos y abogados de oposicin con la Iglesia Cat-lica inmediatamente producido el golpe de Estado, escenario en quela Democracia Cristiana jug un importante rol, apelando probable-mente al rol social de la Iglesia en un contexto altamente politizado enAmrica Latina. Por ejemplo, una iniciativa que circul en contra dela toma militar del poder en 1973[] slo obtuvo el respaldo de docefirmas, entre ellas las de Jaime Castillo, Francisco Cumplido y EugenioVelasco (Dezalay y Garth, 2002: 228); ellos desempearn papeles clavetanto en la defensa y promocin de derechos humanos en dictadura,como en la elaboracin de bases programticas y posterior diseo yejecucin de polticas pblica en el campo de derechos humanos, en la

democracia recuperada.La primera organizacin de defensa de los derechos humanos es

el Comit de Cooperacin para la Paz en Chile (COPACHI)9, fundadapor religiosos comprometidos. Formalmente adscrito a la Iglesia Catli-ca, en realidad estuvo conformado por representantes de varias iglesias.Al Comit concurren religiosos, abogados y asistentes sociales dispues-tos a otorgar asistencia a las primeras vctimas del rgimen autoritario,entonces est comit lo que respalda es la defensa legal, y los abogadosque se haban agrupados en trminos amistosos o de contactos son los

que se movilizan y se instalan, y despus terminan siendo financiados

9 Decreto Arzobispal N 158-73, del 9 de octubre de 1973.


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en el Comit (Lira E., 2012, entrevista con el autor). Eran algunosabogados que simpatizaban con el grupo de Allende y que unieronesfuerzos con la Iglesia la cual an reflejaba un fuerte compromiso con

una interpretacin social del Evangelio para tratar de conseguir algu-nas reparaciones judiciales (Dezalay y Garth, 2002: 90). Los abogadosempezaron a crear nexos con actores internacionalesde una maneratal que lograba facilitar la construccin de un movimiento en favorde los derechos humanos. Amnista Internacional, que tom un fuerteinters por el caso de Chile, haba trabajado vigorosamente la idea deque los derechos humanos no eran meros instrumentos en favor de losgrupos polticos afuera del poder, sino que constituan universales queproscriban la tortura y las desapariciones (ibd.; nfasis propio).

Se conforma al interior del Comit una divisin jurdica a car-go del abogado Jos Zalaquett: el activismo jurdico se expresa en laobstinada presentacin de recursos legales ante la justicia, que ape-laba a la desacreditada pero no obstante existente tradicin jurdicapara obtener apoyo [] Como afirm uno de los activistas, algunossujetos preguntaban en un comienzo si de esa forma ellos estabanlegitimando el sistema al utilizar los juzgados, pero el caso es queno contbamos con otro tipo de foros. Si bien los juzgados fallabana favor del detenido por mucho en dos o tres ocasiones, lo cierto esque estas decisiones tambin servan para perseguir ciertos objetivosconexos (ibd.:229).

Si el activismo jurdico estaba a cargo de los abogados, el ac-tivismo religioso lo ejercan religiosos y laicos que se fueron encon-trandocon abogados, asistentes sociales (Arizta, 2001:14, nfasispropio)10. En su conjunto, los activistas del Comit pudieron establecerconexiones internacionales, favorecido en efecto por el contexto deGuerra Fra, pues conocieron la existencia de Amnista Internacio-nal, de la Comisin Internacional de Juristas, de la Organizacin delos Estados Americanos y de los instrumentos internacionales para

los derechos humanos que haban sido creados bajo el auspicio delas Naciones Unidas [] en pocos meses [los abogados] empezaron areferirse a los derechos humanos y buscaron, por primera vez, ac-tivar sistemticamente el armazn ofrecido por las Naciones Unidas(Dezalay y Garth, 2002: 230).

El ao 1975 cesa en sus funciones COPACHI. El mismo ao 1973,el Obispo Luterano Helmut Frenz fund el Comit Nacional de Refu-giados (COMAR), reconocida por el Alto Comisionado de las NacionesUnidas y por el gobierno militar, institucin que permiti que alrededor

10 Varios autores (2002) Iglesia y Derechos Humanos en Chile Fundacin de Documen-tacin y Archivo de la Vicara de la Solidaridad, LOM Ediciones, Santiago.


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de 7.000 refugiados extranjeros salieran de Chile, otorgndoseles ayudasocial, espiritual y jurdica11.

En 1975 se crea la primera y ms emblemtica agrupacin de

familiares de vctimas de la represin: la Agrupacin de Familiares deDetenidos Desaparecidos (AFDD), originada con las visitas que los fa-miliares de los detenidos desaparecidos hacan al Comit Pro-Paz paraproceder con los trmites judiciales que correspondan [y para] exigirla verdad sobre los detenidos desaparecidos, exigir la sancin penal delos involucrados en desapariciones y aportar en la construccin de unamemoria histrica para Chile12. El mismo ao, el Luterano Frenz fun-da FASIC, la Fundacin de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, refle-jando el activo compromiso moral de las iglesias. Su foco fue prestarapoyo a los presos polticos, posteriormente extendiendo la asistencialegal y medica-psiquitrica a otras vctimas de la represin (Orellana& Quay, 1991: 22)13.

La matriz valrica de compromiso con los derechos humanosen que se basaron los organismos de defensa y promocin de derechoshumanos en Chile se encuentra bien expresada en la misin que en losinicios de la democracia tiene FASIC: contribuir al fortalecimiento dela democracia sobre la base de la promocin y defensa de los DerechosHumanos Universales, inspirada en el compromiso cristiano por la li-bertad y dignidad de las personas (ibd.). En ese sentido, en la poca detransicin FASIC declaraba que las tareas pendientes de la democracia

11 Helmut Frenz[] Lleg a Chile en 1965 como pastor de la Iglesia Evanglica Luteranade Concepcin [] En 1970, fue elegido Obispo por el Snodo de la Iglesia EvanglicaLuterana de Chile [] En septiembre de 1973, fund la Comisin Nacional de Ayuda a losRefugiados (CONAR) [] Junto al Cardenal Ral Silva Henrquez, fund el Comit deDefensa de Derechos Humanos, que posteriormente pas a denominarse Comit de Coo-peracin para La Paz en Chile, compartiendo la presidencia de esa entidad con el obispoFernando Arizta Ruiz [] En 1975, Helmut Frenz particip en la creacin de la Funda-cin de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC. Debido a su labor, el 3 de octubre

de 1975, fue expulsado de Chile. El 30 de julio de 2007, la ex Presidenta Michelle Bacheletfirm la ley que le concedi la nacionalidad chilena, por especial gracia []. Fuente: ElMostrador, Diario Digital www.elmostrador.cl, Edicin 13 de septiembre de 2011.

12 Derechos Chile (sitio de seleccin de documentos, artculos, referencias bibliogr-ficas y otro material acerca de la situacin de los derechos humanos en Chile durante elrgimen militar (19731990) hasta la actualidad. Chile Information Project (CHIP), sitioweb (http://www.derechoschile.com/ONG/ong.html). La AFDD sigue vigente hoy. Hanejercido su presidencia: Sola Sierra (noviembre de 1977 1 de julio de 1999); VivianaDaz (2 de julio de 1999 6 de enero de 2003); Lorena Pizarro Sierra (6 de enero de 2003 en el cargo). Viviana Daz obtuvo el 1 Premio Nacional de Derechos Humanos en 2011.

13 Hoy FASIC sigue vigente como organizacin, a cargo de Claudio Gonzlez -quien inte-gra adems el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos- centrando su laboren la defensa jurdica, apoyo a los afectados por violaciones a sus derechos humanos,capacitacin y documentacin.


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son Verdad y Justicia, asegurando respecto a su consolidacin que sufortaleza moralreside en constituirse sobre bases ticas humanistas yde igualdad ante la ley, impidiendo que se materialice la lgica perver-

sa del olvido, como principio articulador de consenso y estabilidad(FASIC, 2012, nfasis propio)14. De acuerdo a su trayectoria histrica einstitucional, FASIC porta sobre s unaresponsabilidad morale insti-tucional en la construccin de una sociedad ms justa (FASIC, 2012,nfasis propio).

Dada la necesidad de continuar con la labor iniciada, el Arzo-bispado de Santiago, a travs del emblemtico Cardenal Silva Henr-quez, crea la Vicara de la Solidaridad en 1976, heredando la tradicin,personal y funciones del COPACHI [que] no pudo ser disuelta por elgobierno militar ya que se trataba de una instancia interna de la estruc-tura de la Iglesia Catlica (Orellana & Quay, 1991: 30). En palabras delreligioso Cristin Precht:

la Vicara de la Solidaridad estableci su propio marco insti-tucional gracias a la capacidad de organizar de su primer Se-

cretario Ejecutivo, el abogado Javier Luis Egaa Se cre elDepartamento Jurdico[] Junto a abogados muy competentesque presentaban las situaciones ante las Cortes de Justicia y lle-vaban los procesos contamos tambin con un grupo important-

simo de trabajadoras sociales [] cristianas laicas como MaraLuisa Seplveda, Daniela Snchez y tantas ms []. Admirable.Realmente si hay alguien que merece un monumento es el trabajode este equipo mayoritariamente femenino(Precht, 2001:25).

Dado el escenario poltico y la restauracin democrtica, la Vicara de laSolidaridad culmina sus funciones el ao 1992. Ciertamente la Vicarase constituy en un verdadero laboratorio de los derechos humanos yuna fbrica de capital moral; por sus espacios transitaron varios abo-

gados emblemticos en la lucha por la defensa de derechos humanos,adems de asistentes sociales y otros profesionales comprometidos,todos quienes luego desempearon importantes roles en las accionesdel Estado democrtico en materia de derechos humanos. Constituyeun referente obligado de la accin en favor de los derechos humanos,lo que se expres con ms claridad el ao 1977, cuando la FundacinFord haba visitado la Vicara en Chile emprendi la creacin de unprograma en derechos humanos utilizando para ello el modelo de laVicara el cual al parecer era curiosamente legalista con el objeto

14 Fundacin de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, sitio web (http://www.fasic.org/institu/institucion.htm).


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de expandirse hacia otros terrenos (Dezalay y Garth, 2002: 91)15. Tantoas que en Chile la elite poltica de mayor influencia efectiva es la queprovino de la Vicara en todas sus pocas y, por tanto, sin el trabajo

de la Vicara no habra sido posible ni siquiera el Museo de la Memoria,por su acervo documental, su visin poltica y su influencia nacional(Lira E., 2012, entrevista con el autor).

Como se aprecia, estos aos son explosivos en trminos delsurgimiento de organismos de defensa y promocin de derechos hu-manos, situacin que permanece, dado que el ao 1976 se funda unasegunda organizacin de familiares de vctimas de la represin: laAgrupacin de Familiares de Presos Polticos (AFPP). En la lnea deesa tendencia, el ao 1978 aparece como un momento donde nacenuna gran cantidad de organismos de defensa y promocin de derechoshumanos. Puede, en efecto, ser visto como un punto de inflexin, dadoque el ao 1978 se cumpla los 30 aos de la Declaracin Universal deDerechos Humanos. En ese marco, a partir de la iniciativa de variosabogados comprometidos, se funda la prolfica Comisin Chilena deDerechos Humanos, vigente hoy. La primera directiva de la Comisinestuvo conformada, de hecho, por destacados abogados que ms tardeinfluiran desde diversos espacios institucionales en las polticas dememoria y derechos humanos16.

El mismo 1978, un diputado de la democracia transicional fundala Corporacin por los Derechos de la Juventud (CODEJU), con el obje-tivo de promover los derechos de los jvenes. El mismo ao se forma,a partir de una escisin de la AFDD, la tercera agrupacin de familia-res de vctimas: la Agrupacin de Familiares de Ejecutados Polticos(AFEP), para visibilizar y denunciar la especificidad de su problem-tica. Tambin se crea el Comit Pro Retorno de Exiliados (CPRE), for-mada por un grupo de familiares de presos polticos que haban sidocondenados a extraamiento. Junto por luchar por el retorno, el CPREha sido capaz de mantener un flujo de informaciones permanentes a y

desde el exilio, logrando mantener uncanal de comunicacinentre las

15 La documentacin prolfica de la Vicara la gente pudo recabar datos empricosimpresion a los delegados de la Fundacin Ford cuando visitaron a Santiago. No slose trataba de gritones sino de personas curiosamente legalistas. Para finales de losaos 70, el modelo haba sido implementado y funcionaba en Chile. La Ford entoncesvislumbr y foment la creacin de redes internacionales que pudieran llegar a auxi-liarse mutuamente en materia de derechos humanos. Asimismo, la Ford desarroll unprograma formal en derechos humanos [e] hizo de los derechos humanos la pieza centralde la Fundacin Interamericana (Keck y Sikkink 1998; Dezalay y Garth, 2005: 233).

16 En la presidencia Jaime Castillo Velasco; en la vicepresidencia Mximo Pacheco G-mez; Germn Molina como Secretario de Asuntos Nacionales; Gonzalo Taborga a car-go de los Asuntos Internacionales y, finalmente, Andrs Domnguez como CoordinadorGeneral.


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dos partes que compusieron en Chile del rgimen militar (Orellana &Quay, 1991:29, nfasis propio). La creacin de esta organizacin es in-dicativa de la importancia que comenzaba a adquirir el tema del retor-

no, desarrollando estrategias diversas para persuadir a las autoridadesmilitares, entre ellas la creacin de organismos ad-hoc, pero tambinla produccin acadmica, los anlisis histricos y la coordinacin dediversos actores (articulados por la Iglesia Catlica) respecto al fen-meno del exilio y el retorno17, establecindose de esta forma conexionesinter-organizacionales.

Las mujeres tambin tendran un activo rol en la promocin dederechos humanos en el perodo autoritario. En 1979 Mara EugeniaRojas Baeza funda el PIDEE, Fundacin de Proteccin a la InfanciaDaada por los Estados de Emergencia, cuya misin fue entregar asis-tencia mdica, psicolgica y educacional a menores y jvenes que hansufrido directa e indirectamente la represin y violencia del rgimenmilitar. Adems, PIDEE promueve la investigacin sobre las consecuen-cias de la represin en la infancia y adolescencia18.

Tambin en 1979, un grupo de laicos comprometidos eclesial-mente con los derechos humanos funda SERPAJ-Chile, el Servicio dePaz y Justicia, fuertemente inspirado en la doctrina de la no-violenciaactiva. Uno de sus fundadores, Domingo Namuncura, que en demo-cracia contribuye con el diseo e implementacin de polticas y ocupaposiciones ejecutivas, reflexiona que una vez finalizados sus estudiosde Trabajo Social, se pregunt junto a otros dirigentes de la PastoralUniversitaria de qu manera podamos colaborar, particularmente conla labor de la Iglesia Catlica, en la defensa y promocin de los derechoshumanos (Namuncura, 2005: 271). La respuesta fue SERPAJ que, dadala articulacin con otras organizaciones habaencontrado un lugarenel movimiento de derechos humanos (bd.:272, nfasis propio). Pero

17 Ver, por ejemplo, Esponda, Jaime (1981) El Exilio: Aspectos Jurdicos. Revista Men-saje, N 305, Dic. 1981, Pp. 698-705; y Pastoral del Exilio de la Conferencia Episcopal deChile (1987) Encuentro de Retornados, que cont con el patrocinio de una ya articuladared nacional de organismos de derechos humanos. Una vez recuperada la democracia,se crea la Oficina Nacional del Retorno a cargo de Jaime Esponda, para gestionar lascondiciones para el regreso de los chilenos. La discusin legislativa previo a su creacinhace un reconocimiento a algunos agentes de la elite de los derechos humanos en Chile.Un diputado seal fruto de las experiencias y de las esperanzas de personas vinculadasa la defensa de los derechos humanos es el resultado de este mensaje. Pero debemos reco-nocer [al] propio Presidente Aylwin, su Ministro de Justicia, don Francisco Cumplido[y] los asesores especiales del Ministro, abogados seores Jaime Esponda y HumbertoLagos Intervenciones de Vicente Sota, Participacin en Proyectos de Ley, Biblioteca del

Congreso Nacional (www.bcn.cl).

18 Hoy el PIDEE sigue vigente, siendo Rojas Baeza su Directora Ejecutiva. DerechosChile, dem.


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la articulacin era aun ms amplia, y SERPAJ estableca conexionespuentes con diversos organismos, generando as las condiciones pro-picias para la conformacin de una verdadera red.

establecimos nexos de cooperacin con la Vicara de la So-lidaridad y ms tarde con la Comisin Chilena de DerechosHumanos[] y con la Comisin de Derechos Juveniles []. Pre-

viamente, ya habamos establecido tambin un vnculo con laFundacin de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC(Namuncura, 2005: 272)19.

Pero estas instituciones tambin se cruzan con los partidos y con re-des histricas, no habiendo personas que influyan sin considerar las

redes y las relaciones sociales que se constituyen en torno a ellas. Porlo tanto, puede afirmarse que una red importante es durante los 70 y80 la que se constituye en torno a la izquierda catlica que construyela Vicara y que las personas que ejercen cargos polticos durante laConcertacin solo al inicio provienen de esas redes, despus provienende los partidos y de las redes del exilio (Lira, E., 2012, entrevista conel autor). As, y en un contexto que exiga diversificar las estrategias delucha, un recurso hasta entonces no explorado fue la reflexin acadmi-ca. El Programa de Derechos Humanos de la Academia de Humanismo

Cristiano, co-fundado en 1979 por Hugo Frhling, subsan ese dficit;all el tema de los derechos humanos fue siempre una preocupaciny ya en 1977 un abogado de la Vicara de la Solidaridad inici una in-vestigacin en relacin con la academia sobre el tema de la seguridadde Estado y los derechos humanos. En 1979 se formaliza [y] en 1981ya se haca investigacin, docencia y extensin con la colaboracin deprofesores voluntarios (Orellana & Quay, 1991: 36).

El ao 1980 se inicia con la creacin de la Corporacin dePromocin y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), como

19 Respecto a SERPAJ, actualmente tiene presencia nacional, enfatizando lneas de ac-cin sobre militarismo y democracia, y promocin de la objecin de conciencia. Adems,por cierto, de la perspectiva de la no violencia activa y la defensa y promocin de los de-rechos humanos que esta organizacin activa. Estos valores ilustran el compromiso quetenan SERPAJ y la mayora de las organizaciones de defensa de derechos humanos endictadura. Se trata de un compromiso tico, de una moralidad que se expresa en accionesdiversas. La va jurdica era la principal, pero tambin la capacitacin y la promocin devalores cristianos aparecan como recursos para materializar esa moral. Por ello, es queel proyecto requera incluir un componente poltico al discurso tico, entendiendo quedicho componente doctrinario provena, casi en clave de necesaria naturalidad, de la De-

claracin Universal de los Derechos Humanos, a partir de cual integramos un conjuntode valores que dieron sentido al discurso tico, invitando a una defensa integral de ta lesderechos, no solo en el mbito individual, sino tambin en lo social, lo econmico y lopoltico (Namuncura, 2005: 273).


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entidad de defensa, promocin e investigacin de los derechos hu-manos [que] realiza trabajos de formacin, defensa legal a personasafectadas en sus derechos, y atencin psicoterapetica a vctimas

de violaciones de los derechos humanos y a sus familiares20

. Elmismo 1980 se funda una nueva organizacin de vctimas de larepresin, la Agrupacin de Relegados y Ex Relegados (AFEREL).En su funcin de apoyo y solidaridad con los relegados mantie-ne permanentes contactoscon la Vicara de la Solidaridad, FASIC,CODEPU y la Comisin Chilena de Derechos Humanos (ibd.:31,nfasis propio).

El ao 1982, la diversidad de formas en que se expresaban lasviolaciones de derechos humanos oblig a una mayor especializacin:un grupo de personas que haban sido torturadas conforman la Co-misin Nacional contra la Tortura como organismo especializadoen el tema de la tortura, dada la gravedad de este instrumento deterror, que habitualmente se emplea en la represin que se desarrollen Chile (ibd.: 36). La agudizacin de la tortura como mtodo repre-sivo provoc tambin la creacin del Movimiento Contra la TorturaSebastin Acevedo, a cargo del jesuita comprometido Jos Aldunate,nominado el ao 2012 como Premio Nacional de Derechos Humanos21.El Movimiento, disuelto en 1990, se organiz a partir de una comu-nidad cristiana, basado en el mtodo de la no violencia activa y en larealizacin de demostraciones frente o en los lugares que se saba quese realizaban torturas. El movimiento no es confesional, sino laico ypluralista, lo permite la participacin de sacerdotes y monjas (Ore-llana & Quay, 1991).

El ao 1983 se funda una organizacin mixta, que expresaba bienlos distintos modos de aproximarse al trabajo de defensa y promocinde derechos humanos en Chile. Se trata del Centro Ecumnico Diegode Medelln (CEDM), querenea profesionales de las reas del trabajosocial, la teologa, y las ciencias sociales, para actividades de formacin,

20 Vigente hasta hoy, CODEPU es miembro afiliado a la Organizacin Mundial contrala Tortura; la Federacin Internacional de Ligas de Derechos del Hombre; Liga Interna-cional por los Derechos y la Liberacin de los Pueblos; la Sociedad Internacional parala Salud y los Derechos Humanos . Entre sus fundadores se religiosos comprometidos,abogados prestigiados, polticos profesionales y otros activistas profesionales..

21 Instituto Nacional de Derechos Humanos (2012) Premio Nacional de Derechos Huma-nos 2011, INDH, Santiago. El Premio fue establecido por la ley N 20.405, de 2010, quecre el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En su artculo N 14 seala: Crase elPremio Nacional de los Derechos Humanos, con el propsito de cultivar una memoria

histrica sana de la Nacin chilena, a travs de resaltar y valorar cada dos aos una per-sona de nacionalidad chilena, hombre o mujer, que se haya distinguido en tal esfuerzo.En el jurado se identifican agentes con trayectorias relevantes en el campo de derechoshumanos desde el perodo autoritario.


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asesora e investigacin, al servicio de cristianos en medios popularesy de sus organizaciones de base22.

Finalmente, destacan dos organizaciones cuyo foco fue espec-

ficamente la salud mental de las vctimas de la represin. El Centro deSalud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), fundado en 1985 conla finalidad de otorgar asistencia solidaria en salud mental a las perso-nas psquicamente daadas por la tortura y otras formas de represinpoltica, y efectuar estudios e investigacin en este campo23, vigentehasta hoy; y el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y DerechosHumanos (ILAS), fundado en 1988 por un grupo de profesionales (psi-clogos y psiquiatras) quienes se desempeaban en el mbito de la saludmental y los derechos humanos, brindando atencin psicoteraputica apersonas que haban sufrido represin poltica (familiares de detenidosdesaparecidos, de ejecutados polticos, presos polticos, vctimas de tor-tura, exiliados) (ILAS, 2012)24. Dada la experiencia acumulada, ILASse ha convertido en un importante actor para las polticas pblicas dereparacin en Chile, contribuyendo con acciones emanadas a partir delas Comisiones de Verdad y participando activamente en el diseo delos programas de salud y derechos humanos de la Concertacin, parti-cularmente en el Programa de Reparacin y Atencin Integral en Saludy Derechos Humanos, PRAIS.

Este recuento de organismos de defensa y promocin de derechoshumanos en el perodo autoritario en Chile permite relevar un modo dearticulacin de actores que es altamente significativo para la configu-racin de la futura elite de los derechos humanos. En estas entidadesconfluyeron dirigentes provenientes del mundo sindical, de partidospolticos censurados, de una amplia red de intelectuales y artistas, pe-riodistas, lderes ecumnicos y muchas otras personas (Namuncura,2005:275). Indistintamente, estaban constituidas como una esfera deaccin poltico-social adscrita a un marco tico-doctrinario que, ade-ms, cont desde sus inicios con el respaldo y solidaridad internacional

necesarios para afrontar la compleja tarea de la profesionalizacin denumerosos cuadros directivos y movimientos de activistas en todo elpas (ibd.:275). Tal profesionalizacin de los cuadros directivos de lasorganizaciones de sociedad civil, como se seal respecto a las fuentesde reclutamiento de la coalicin gobernante que asume en 1990, fuecondicin necesaria para la consolidacin del elitismo democrtico

22 Derechos Chile, dem. El CEDM sigue vigente hoy.

23 dem.

24 Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (http://www.ilas.cl/nuestrahistoria.html).


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en Chile. Dicho reclutamiento estuvo mediado por la militancia parti-daria y la tecnocracia, fortaleciendo los vnculos entre las lites y unsegmento altamente calificado y profesionalizado de la sociedad civil

organizada, que comparte orgenes sociales y capital cultural (Delama-za, 2004; 2011).Como es fcil apreciar, el rol de las iglesias cristianas (el mundo

religioso) es un rasgo central en el origen y consolidacin de la defen-sa y promocin de los derechos humanos (Fruhling y Portales, 1989;Namuncura 2005), pero ello no inhibi la activa y protagnica partici-pacin de laicos comprometidos con los derechos humanos. Los orga-nismos de defensa y promocin de derechos humanos, adems de unmovimiento social, constituyeron verdadera unared nacional de coor-dinacin(Frhling y Portales, 1989, nfasis propio), apoyados interna-cionalmente a travs del establecimiento de conexiones puentes y redesde actores constituyendo redes defensoras de causas (Keck & Sikkink,1998). En efecto, el movimiento de los derechos humanos en Chile sur-gi como una alianza entre estudiantes de derecho, abogados e iglesias,que contaban con el respaldo del Consejo Mundial de Congregaciones,el Consejo Nacional de Iglesias de los Estados Unidos, algunos recursosprovenientes de Europa y una creciente presin internacional (Dezalayy Garth, 2002: 229).

As, los organismos desarrollaron labores fundamentales: de-fensas judiciales, denuncias pblicas, difusin, ayuda y publicaciones(Frhling y Portales, 1989). Esa magnitud fue menos importante en elcampo de la investigacin, aunque ello fue subsanado por los centrosacadmicos. Dada la circulacin de agentes chilenos entre distintospases de la regin que vivan bajo gobiernos autoritarios, las activi-dades de las organizaciones tienden a su similitud en el campo jurdi-co, de atencin sicolgica, de documentacin y educacin (Frhling yPortales, 1989). Extensivo a Amrica Latina, esa experiencia acumu-lada por los agentes y el movimiento de los derechos humanos como

un todo ayud a implementar las reglas que sirvieron de transicinhacia la democracia en varias partes, y los abogados activamente in-volucrados en estos movimientos se convirtieron en actores clave delos nuevos regmenes (Dezalay y Garth, 2005: 92). Aunque con mayorcantidad de poder, los agentes del campo de los derechos humanosen Chile (pero tambin en Brasil y otros pases), dejaron a un ladoinstituciones como el Vicariato con el objeto de dedicar sus cometidosen el nuevo Estado (ibd.:93).

La virtuosa combinacin (activismo moral con el derecho a tra-

vs de las iglesias y los actores internacionales) no se sigui presentan-do como tal en la democracia recuperada, aunque ello no implic quelos agentes abandonaran el campo de derechos humanos. En efecto,


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varios agentes que se entrometieron en el Estado democrtico, pudie-ron seguir ejerciendo el activismo no estatal. Muchas ONG de derechoshumanos han ajustado sus causas y objetivos a los nuevos desafos en la

democracia recuperada, tales como seguridad ciudadana y prevencinde violencia contra las mujeres. Es ilustrativo en Chile el ejemplo deagentes que transitaron hacia temas de seguridad pblica, incorporan-do la mirada de derechos humanos25. Ello da cuenta de la validacin dela experiencia acumulada, redes establecidas y capital moral producido,que en definitiva permiti a los distintos agentes ser convocados a la for-mulacin del programa de derechos humanos de lo que sera el futuroprimer gobierno democrtico, para luego asumir posiciones influyen-tes en el Estado. Y permite constatar, simultneamente, la centralidadestatal en Chile. La red poltica tiende a la verticalidad y se hace msvisible la desigual distribucin de recursos, la mayor capacidad estataly, en definitiva, la configuracin del Estado como escenario simblicodominante para el posicionamiento de agentes con trayectorias valio-sas. El activismo en derechos humanos es fcilmente convertible en unvalioso poder estatal

LA CARTA DE NAVEGACIN: EL PROGRAMA DE DERECHOSHUMANOS DE LA CONCERTACIN DE PARTIDOS POR LADEMOCRACIA (1988-1989)

A mediados de la dcada del 80 nace la Alianza Democrtica, un espa-cio de articulacin de la oposicin democrtica a travs del encuentrode los partidos del centro poltico y de la izquierda histrica renovada.Con la creacin del instrumental Partido por la Democracia (PPD)en 1987, la Alianza Democrtica aceptaba la legalidad con miras alplebiscito del ao 1988, que finalmente supuso la realizacin de elec-ciones y, con ello, el trmino de la dictadura del general Pinochet. LaConcertacin de Partidos por el NO deba entonces comenzar la prepa-racin para asumir el futuro gobierno. En este marco de articulacin, y

habiendo aceptado las reglas del juego de la transicin tras el triunfoopositor en el plebiscito de 1988 y el arreglo institucional dispuesto porel rgimen autoritario, un grupo de agentes abogados, profesionales,activistas- fueron convocados a preparar las bases del programa de laConcertacin en el rea de los derechos humanos. Este punto repre-sent un hito significativo en las trayectorias de agentes que habanluchado y promovido los derechos humanos desde el activismo social,

25 Uno, un abogado y Doctor en Derecho por la Universidad de Harvard, que fund elCentro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile (CESC), y otro,un socilogo que ingres a la polica civil de Chile desarrollando un amplio programa dederechos humanos en su interior desde el retorno mismo a la democracia.


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jurdico y/o acadmico, ya sea en la arena nacional o internacional.Muchos profesionales de variadas disciplinas y experiencias, de dis-tintos grupos y partidos polticos, trabajamos en forma voluntaria en la

preparacin de los antecedentes para formular el programa de gobiernoque encabez Patricio Aylwin (Lira, 2005:261).Una de las fuentes principales para la extraccin de agentes fue

sin duda la gran experiencia desarrollada por los organismos de defen-sa y promocin de derechos humanos, importantes fbricas de capitalmoral. Sus profesionales fueron fundamentales para formular el pro-grama de gobierno de la Concertacin, as como para implementar endemocracia las polticas, acciones y medidas vinculadas a violacionesde derechos humanos (Lira, 2005). Estas organizaciones humanitariasconstituan, a decir de un actor clave, una verdadera red nacional deorganismos de derechos humanos que adquiri una granpotencialidadmoral, social y poltica (Namuncura, 2005:274, nfasis propio). Hacerpoltica no era un campo de accin ajeno a los activistas de derechoshumanos, pues las entidades humanitarias, como se indic, compar-tan redes con los partidos polticos a travs de agentes posicionadosen ambas esferas.

En relacin con el proceso poltico mayor, en todos los organis-mos de derechos humanos estaba la preocupacin por los modelos detransicin democrtica y el lugar que los derechos humanos deberanocupar en dicha transicin (Namuncura, 2005:276), por lo que los ac-tores convocados a elaborar el programa estuvieron siempre dispuestosa contribuir con la necesaria inclusin del tema derechos humanos enla agenda de gobierno. Las macro-directrices y lineamientos funda-mentales para un eventual gobierno haban sido definidos en las BasesProgramticas Poltico-Institucionales de la Concertacin26.

Con la necesidad de materializar y aterrizar estas bases en elcampo de derechos humanos, se constituye en mayo de 1989 el Ple-nario de Derechos Humanos, conformado por comisiones tcnicas y

profesionales de los diversos organismos de defensa y promocin dederechos humanos. Naci entonces la Comisin Nacional de Verdady Justicia que se instal en el seno mismo del comando de campaapresidencial (bd.:278). En esta comisin confluyeron los profesionalesde los organismos de derechos humanos quienes se vincularon perma-nentemente con los dirigentes polticos de la Concertacin, incluyendopor cierto al ya nominado candidato presidencial Patricio Aylwin. Noslo fuimos una comisin de estudios sino que tambin mantuvimos unprotagonismo poltico muy relevante (ibd.), de modo tal que al asumir

26 Bases Programticas Poltico-Institucionales, Captulo Derechos Humanos. Concer-tacin de Partidos por la Democracia. Diario La poca 1989.


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el nuevo gobierno la relacin entre los representantes de organismosnacionales de defensa y promocin de los derechos humanos con lasnuevas autoridades democrticas del pas, estaba establecida y conso-

lidadadesde antes. Los dirigentes de estos organismos habamos tenidoun acierto poltico alrehusar distanciarnosde los partidos polticos ysu campaa presidencial (ibd., nfasis propio). En octubre de 1989, elcoordinador general del proceso programtico, el poltico profesionalEdgardo Boeninger, sealaba que las comisiones de trabajo (entre ellasla de derechos humanos), estn funcionando embrionariamente,comosi furamosgobierno. Por lo tanto, la integracin pluralista de las co-misiones y las formas de trabajo de la Concertacin probaban que yaes una virtual coalicin de gobierno (APSI, 1989:9, nfasis propio). Enel rea poltico-institucional estaban radicados los agentes clave parael campo de derechos humanos27.

Sobre estas bases de relacionamiento y articulacin de actores, segenera un documento base suscrito por los partidos de la ConcertacinDemocrtica el 10 de diciembre de 1989 (un nuevo hito localcon motivode la conmemoracinglobalde la Declaracin Universal de los DerechosHumanos): el Compromiso Nacional por los Derechos Humanos,

en donde destac el compromiso para derogar la Ley de Amnis-ta, la creacin de una Comisin Nacional de Verdad y Justicia

a nivel de Estado, la ratificacin de todos los protocolos pen-dientes en materia de derechos humanos, la derogacin de lasleyes represivas y muchas otras medidas que conformaron la

plataforma programtica de Patricio Aylwin, quien sera elegidoPresidente de Chile al da siguiente, el 11 de diciembre de 1989(Namuncura, 2005:278).

La carta de navegacin de la Concertacin Democrtica se configurapor este documento base y por el captulo sobre derechos humanos de

las Bases Programticas Poltico-Institucionales, que haba estableci-do los fundamentos morales y polticos. Los derechos humanos, enconsecuencia, constituyen uno de los fundamentos de la construccinde una sociedad democrtica y su garanta es tambin un requisitoesencial en el restablecimiento de un Estado Democrtico de Derechoque garantice un orden fundado en el respeto a la vida, la libertad y lajusticia, siendo una obligacin del gobierno democrtico promover-los y protegerlos contribuyendo a la expansin de los valores que son

27 En la Comisin de Administracin de Justicia, se identifica, entre otros, a Hugo Fru-hling; en la Comisin de Reformas Polticas, Francisco Cumplido, el ministro de Justiciadel primer gobierno democrtico; y en la Comisin de Derechos Humanos, abogados-activistas: Eugenio Velasco, Jaime Castillo y Jaime Esponda.


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esenciales a la dignidad humana28. Los compromisos fundamentalesparten por el campo internacional: se deba adecuar toda la legislacine instituciones existentes a los contenidos de la Declaracin Universal

de Derechos Humanos, de la Declaracin Americana y Pactos Comple-mentarios, tales como la Convencin Internacional contra la Tortura yel Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales.En esa lnea, la poltica exterior del gobierno democrtico enfatizarespecialmente la defensa y promocin de los derechos humanos en todoel mundo y la solidaridad activa con aquellos pueblos que sufren porsus violaciones29.

En el mbito de la verdad y justicia, el gobierno se empear enel establecimiento de la verdad en los casos de violaciones de derechoshumanos que hayan ocurrido a partir del once de septiembre de 1973,procurando el juzgamiento de tales violaciones. Las comisiones de ver-dad expresaron ese deseo. Al respecto, se sealaba en 1989 que la leyestablecer un sistema debidamente regulado que permita consideraratenuantes a favor de aquellos responsables de violaciones de derechoshumanos que colaboren con el establecimiento de la verdad, lo queciertamente coincide con los lineamientos de la Mesa de Dilogo con-formada, entre otros actores, por las Fuerzas Armadas en el ao 1999.

En relacin con los procesos y/o condenas de presos polticos, laley establecer la invalidez procesal de dichos juicios y la radicacin delos casos en los tribunales ordinarios. Todos las situaciones anterior-mente indicadas requeran, de parte del Estado, algn grado de subsa-nacin o de acciones reparatorias. En ese sentido, ser obligacin delgobierno democrtico impetrar las medidas legales y administrativasdestinadas a que el Estado asuma la obligacin de reparar los daosmateriales y morales inferidos a las vctimas, lo que supone actuar endistintos niveles: exiliados y retorno; extraamiento y confinamiento;confiscaciones, y las polticas de reparacin, es decir lo que las Bases

28 Bases Programticas Poltico-Institucionales Concertacin, 1989.

29 A cargo de la poltica exterior de derechos humanos en el campo internacional en elciclo 1990-2010 estuvieron agentes clave del proceso de promocin de derechos humanosen dictadura, destacando los abogados Roberto Garretn y Carmen Hertz, abogados-activistas comprometidos con causas pendientes de derechos humanos y con la difusinde derechos humanos en mltiples esferas, adems de tener importantes conexiones in-ternacionales, v.gr. Comisin Internacional de Juristas. Otro agente clave que contribuyecon la implementacin de la poltica exterior de derechos humanos es el abogado y Doctoren Derecho Hernn Quezada, uno de los nominados al Premio Nacional de DerechosHumanos 2011. Activo colaborador del Comit de Derechos del Pueblo, sus redes incluyen

la Vicara de la Solidaridad, CODEPU y FASIC. En el Estado democrtico, ha ejercidoel activismo jurdico en casos emblemticos de violaciones de derechos humanos juntoa abogadas activistas (INDH, 2012). Al asumir el nuevo gobierno de Michelle Bacheleten 2014, Quezada ha sido nombrado Director de Derechos Humanos de la Cancillera.


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Programticas definan como polticas sociales y de salud fsica y men-tal dirigidas especficamente a las personas afectadas por la represinpoltica30.

A partir de estas definiciones programticas elaboradas por co-misiones conformadas por varios de los principales cuadros dirigen-tes de los organismos de defensa y promocin de derechos humanos,asume el primer gobierno democrtico en 1990, liderado por PatricioAylwin. Algunos de esos dirigentes sern convocados a desempearfunciones desde el interior del gobierno, otros en cambio permanece-rn ejerciendo el activismo social, jurdico y/o acadmico desde fueradel Estado, perifricamente, aunque a veces sern convocados tempo-ralmente a desempear funciones pblicas. En ese sentido, las propiasbases programticas haban previsto establecer relaciones de coope-racin con las organizaciones de la sociedad civil para operar en elcampo de derechos humanos desde el Estado, en el sentido de que talesorganizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo sernreconocidas como entidades coadyuvantes del Estado en el desarrollode esta poltica. Tanto el trabajo en instancias gubernamentales de losagentes, de modo permanente o temporal, como la implementacin delas propias polticas, sus sentidos y significados, supusieron tensionesimportantes (Basombrio, 2005; Lira, 2005)31. La seccin siguiente repa-sa las principales polticas del ciclo 1990-2010, aunque no profundizaen ellas, sino ms bien identifica los espacios institucionales en que seprodujeron esas polticas y los agentes all posicionados.

POLTICAS DE MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS EN CHILE 19902010. ESPACIOS INSTITUCIONALES Y AGENTES ELITARIOSLas polticas pblicas de memoria y derechos humanos constituyenuna de las estrategias que los Estados y gobiernos democrticos acti-van para hacer frente a un pasado conflictivo. En Chile esta estrategiaencontraba ya sus lineamientos en la elaboracin de las bases progra-

mticas en derechos humanos por parte de la Concertacin, que contcon la contribucin de las experiencias, saberes y valores de agentescomprometidos con la defensa de derechos humanos en dictadura.

30 Para el detalle de las Bases Programticas Poltico-Institucionales de la ConcertacinDemocrtica, ver: Bases Programticas Poltico-Institucionales, Captulo Derechos Hu-manos. Concertacin de Partidos por la Democracia. Diario La poca 1989.

31 En clave evaluativa, una agente clave del campo de derechos humanos en Chile hasealado respecto a la contribucin de activistas en la funcin pblica que me parece,

sin embargo, que no bastaba con el traslado de las personas de las ONG al Estado, ascomo tampoco de su bagaje terico y experiencial. Se requera trasladar al Estado lacapacidad de gestin de las polticas que las ONG haban sido capaces de formular eimplementar en condiciones muy adversas (Lira, 2005:266).


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En trminos de memoria poltica, la estrategia estatal cuandoantes hubo graves violaciones de derechos humanos permite enfrentarlas consecuencias de conflictos polticos y establecer condiciones para

recuperar la convivencia y la paz social (Lira, 2010). La reconciliaciny el establecimiento de la verdad constituyen, por consiguiente, objeti-vos relevantes para subsanar las violaciones de derechos humanos. Sinembargo, Chile es un buen ejemplo de cmo se han problematizadolos discursos sobre la reconciliacin, dado que las polticas aplicadashan resultado totalmente insuficientes; pero adems los procesos debsqueda de la verdad han tenido una dimensin temporal probable-mente ms larga de lo esperado (Beristain, 2005). Hoy, en efecto, elactivismo jurdico de abogados comprometidos sigue vigente en causaspendientes. Por lo tanto, las polticas de memoria asociadas a subsanarviolaciones de derechos humanos buscando el Nunca Ms cumplenuna funcin pblica de conocimiento y difusin de lo ocurrido quereafirma el valor de la convivencia democrtica (Lira, 2010). Sin dudael activismo jurdico

Adems de cumplir esta funcin pblica de conocimiento y difu-sin de lo ocurrido y por lo mismo-, las polticas de memoria disea-das desde el Estado configuran unaversin de los hechos, instalndosecomo lamemoria hegemnica, oficial, sobre el pasado. Lo anterior nodebera llamar la atencin cuando la esencia de las polticas pblicasradica en hacerse cargodesdeel Estado de una realidad determinada,buscando generalmente la regulacin de campos de actividad social,poltica, econmica y/o cultural, lo que supone instalar un discurso deverdad predominante sobre el objeto de regulacin, en un concepto,una determinada gubernamentalidad. En ese sentido, el Estado tieneuna buena memoria (Vinyes, 2009), y la expresa en polticas pblicasde verdad, memoria, reparaciones y justicia. Todas ellas forman partede un conjunto de medidas estrechamente vinculadas y en torno almismo objetivo final de hacer justicia (Garretn Kreft et al, 2011). En

el ciclo 1990-2010, Chile ha implementado polticas de derechos huma-nos cuyas dimensiones ms significativas son tres: la vindicacin de lamemoria y el buen nombre de las vctimas; la necesidad de indemnizara las familias de las vctimas; y el procesamiento y castigo de los culpa-bles (Zalaquett 1998, en Garretn Kreft et al 2011). Verdad, reparaciny justicia constituyen ejes articuladores de la accin del Estado.

Sobre las polticas de verdad y reparacin, haba componentesesenciales para las vctimas, tales como el reconocimiento de su dig-nidad y de sus derechos en el mbito social (Lira, 2005). Sin embargo,

los aspectos culturales y simblicos asociados a esta dimensin tuvie-ron un desarrollo limitado. El modo de la transicin explica bien esalimitacin: esos aspectos constituan una propuesta de memoria, que


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consolidaba las contradicciones y conflictos y que, en cierta forma, re-introducan y hacan evidentes las tensiones histricas (Lira, 2005:464,465). Por ello, la memoria del Estado como estrategia poltica de las eli-

tes busc enfatizar en la figura de vctimas y culpables, despolitizandoy descontextualizando el conflicto en pos de la estabilidad democrti-ca. De all que sea posible reconocer dos verdades: una factual y otramoral, la verdad de las narraciones que cuentan lo que ocurri y la delas narraciones que intentan explicar por qu y a causa de quin, quesuponen un juicio crtico y tico sobre los hechos (Ignatieff, 1999, enBeristain, 2005:63). Los agentes chilenos del campo de los derechoshumanos habra que diferenciarlos de acuerdo a estos dos discursos:mientras los agentes que se profesionalizaron en poltica enfatizaranla verdad factual (pues hay en juego un valor mayor: la estabilidad po-ltico-institucional o gobernabilidad), los agentes-activistas con inmer-siones temporales en el Estado enfatizaran el juicio tico-poltico delos hechos (pues tendran menos compromisos con dicha estabilidad,lo que en realidad podra suponer mayor libertad frente a un discursohegemnico gubernamental).

En relacin a la cuestin de la justicia, sta se prescribe comouna condicin que los gobiernos democrticos deben asumir luegode los procesos de transicin para afrontar la revisin del pasado. Lajusticia cumplira un rol pblico fundamental ante el vaco tico ypoltico que se produjo cuando la autoridad era la responsable de loscrmenes y los justificaba en nombre del bien comn (Lira, 2010:25).De acuerdo a este imperativo, la justicia ha mostrado tener efectoscontra la desmemoria y se reconoce que su ausencia puede impedirla reconstitucin democrtica (Beristain, 2005; Fernndez, 2010). EnChile se reconoce una instancia gubernamental especialmente dise-ada para la funcin de justicia interna: el Programa de DerechosHumanos del Ministerio del Interior, pero varios abogados-activistasprosiguen trabajando con causas pendientes desde fueradel Estado.

La tarea no es sencilla. En un primer momento ha habido diferentestipos de legislaciones orientadas a impedir la funcin de la justicia enla investigacin de las violaciones de derechos humanos [manifesta-das en] leyes de amnista [que] han supuesto un serio obstculo parala lucha contra la impunidad y la reconstruccin de un sentido dejusticia para los problemas del presente (Beristain, 2005: 61) y quehacen efectivo el olvido poltico y jurdico (Lira, 2010). En un segun-do momento, no obstante, las demandas de justicia y los resultadosde los procesos judiciales, especialmente las sentencias en casos de

detenidos desaparecidos y ejecutados polticos, han modificado la mo-dalidad histrica de impunidad como fundamento de la convivenciapoltica (ibd.:13).


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Esa labor ha sido apoyada decididamente por agentes elitarioscon trayectorias pblicas vinculadas estrechamente al campo de dere-chos humanos. La red poltica ha operado cuando se constata la partici-

pacin de dichos agentes en el diseo e implementacin de las polticaspblicas de memoria y derechos humanos. Algunos son abogados-ac-tivistas, acadmicos y/o dirigentes del movimiento de derechos huma-nos. Ellos transitaron hacia el desempeo de funciones en el Estadodemocrtico a partir de 1990. Ciertamente estos agentes mantuvieronconexiones y vnculos permanentes con las redes partidarias, o bienderechamente formaron parte de ellas, en el caso de agentes multipo-sicionados. Por ejemplo, la formacin del instrumental Partido por laDemocracia en 1987 cont con la participacin activa desde un inicio devarios integrantes vinculados a la defensa y promocin de derechos hu-manos, quienes en el ciclo 1990-2010 ocuparon posiciones de influencia,de modo ms o menos permanente, para el diseo o implementacin depolticas. Quienes se radicaron en el Estado fueron agentes que se pro-fesionalizaron polticamente, ocupando posiciones gubernamentales yparlamentarias. Al respecto, algunos cuadros directivos del movimien-to de derechos humanos que tambin militaban en partidos polticosde la Concertacin,

fueron invitados a participar en instancias de trabajo guber-

namental Otras personas asumieron [altos] cargos pblicos.En la prctica, no fueron muchos los profesionales de organis-mos nacionales humanitarios convocados a realizar tareas di-

rectas de gobierno. Se presumi que en su mayora, habiendoestado en lneas de trinchera contra la dictadura militar, podainterpretarse como un acto provocador destacarlos en cargos

gubernamentales, de tal modo que los pocos profesionales quese incorporaron a tareas ejecutivas lo hicieron bajo una frmulabajo perfil(Namuncura, 2005: 281).

Y efectivamente las posiciones de asesora y consejera (de bajo perfil)destacan en el ciclo 1990-2010 como posiciones de influencia poltica.Los derechos humanos en Chile, como hiptesis, se hacen desde lasinmediacioneso desde lassombrasdel Estado, al modo un espectro queamenaza su estabilidad institucional. El modo especfico de transicindemocrtica y el carcter traumtico del consenso en torno al modelochileno que implic la reconversin de toda una generacin de elitepoltica (Camargo, 2008) contribuye entonces a estas auto-inhibiciones,expresadas de modo claro en el campo de derechos humanos.

En trminos ms generales, en el perodo 1990-2009 puedenidentificarse varias polticas que constituyen hitos en el campo de bs-


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queda de la verdad, las reparaciones y el establecimiento de la justiciaen Chile32. Una especia de columna vertebral de las polticas (GarretnKreft et al, 2011). De modo resumido, las principales acciones estatales

en el perodo33

:La primera de ellas corresponde a la creacin de la ComisinNacional de Verdad y Reconciliacin (CNVR) en 1990, la cualentreg su informe final en marzo de 1991. Al ao siguiente,en 1992 tuvo lugar la creacin de la Corporacin Nacional deReparacin y Reconciliacin (CNRR), la cual entre otras fun-ciones trabaj por el cumplimiento de las recomendacionesrealizadas por la Comisin de Verdad y busc dar continuidad alas investigaciones de los casos sobre los cuales dicha Comisin

no pudo formarse conviccin, dando a conocer su Informe en1996. Otro hito corresponde a la creacin del Programa Con-tinuacin Ley 19.123 por el cual se ha dado continuidad a las

funciones realizadas por la Comisin de Reparacin. DichoProgramas adopt posteriormente el nombre Programa de De-

rechos Humanos del Ministerio del Interior. En el ao 1999 elPresidente Ricardo Lagos convoc a la Mesa de Dilogo, la que

promovi iniciativas para encontrar a las vctimas del rgimenmilitar, o cuando ello no fuera posible, obtener informacin

para clarificar su destino, con la participacin de las FuerzasArmadas y de Orden. Posteriormente, en el ao 2003, se crela Comisin Nacional sobre Prisin Poltica y Tortura, la que

emiti su informe en el 2004. Finalmente, y ms recientemente,Chile aprob la creacin del Museo de la Memoria y los DDHH,

y el rgano autnomo llamado Instituto Nacional de DerechosHumanos(Garretn Kreft et al, 2011: 5-6).

Sin duda, la primera medida gubernamental, la creacin de la Comi-

sin Nacional de Verdad y Reconciliacin (CNVR) en 1990, que ya seencontraba en las formulaciones programticas de la Concertacinantes de ser gobierno, tuvo en consideracin el capital moral delque se valan agentes perteneciente al campo de derechos huma-nos. Aunque dada la necesidad de estabilidad poltica, distribucin

32 En su conjunto, esta serie de medidas pueden adscribirse perfectamente al programainternacional de la Transitional Justice. Un anlisis de su desarrollo, puede verse en: DeGreiff, Pablo (2011) Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional.Anuario de Derechos Humanos, Chile, pp. 17-39.

33 Garretn, Francisca, Gonzlez, Marianne; & Lauzn, Silvana (2011) Polticas Pbli-cas de Verdad y Memoria en 7 pases de Amrica Latina, Centro de Derechos HumanosUniversidad de Chile, Santiago.


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y equilibrio de fuerzas polticas en el marco de la transicin (la go-bernabilidad), agentes sin afinidades profundas al mundo de los de-rechos humanos incluso asociadas a la dictadura- fueron tambin

convocados. As, la fundamentacin del Decreto Supremo que credicha comisin justific la nmina de sus integrantes en el informede conciencia de personas de reconocido prestigio y autoridad moralque permitir a la opinin nacional formarse un concepto racional yfundado sobre lo ocurrido34.

Los agentes habilitados moralmente, convocados a esta ins-tancia fueron Gonzalo Vial, un reconocido historiador, abogado yperiodista vinculado la historiografa oficial, que adems de integrarla CNVR, fue convocado el ao 1999 a formar parte de la Mesa deDilogo sobre Derechos Humanos (aunque no firm su declaracinfinal)35; Jaime Castillo Velasco, fundador de la Comisin Chilena deDerechos Humanos e integrante de la Comisin de Derechos Huma-nos de la Concertacin Democrtica36; el jurista Jos Luis Cea37; JosZalaquett, el reconocido abogado del Comit Pro Paz con amplios

34 Decreto Supremo N 355, Ministerio del Interior-Subsecretara del Interior, CreaComisin de Verdad y Reconciliacin 25 de abril de 1990. Diario Oficial N 33.665, AoCXIII (09-05-1990).

35 Realiz sus estudios en el Colegio de los Sagrados Corazones de Santiago y estudiderecho en la Universidad Catlica de Chile, ejerci la docencia universitaria y ocupposiciones directivas en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacin y enla Universidad Finis Terrae, adems fue miembro de la Academia Chilena de Historia. En1978 fue nombrado Ministro de Educacin de Pinochet, aunque slo ejerci dos aos; enesos aos critic pblicamente la situacin de derechos humanos. En 2005 fue reconocidocomo el intelectual pblico ms influyente en Chile.

36 Profesor de la Universidad de Chile y la Universidad Catlica; dirigi la revista Polticay Espritu; presidi el Instituto de Formacin y de Estudios Polticos (IDEP), fue miembrode la Comisin Ideolgica Mundial de la Democracia Cristiana y fundador y director del

Secretariado Latinoamericano de Derechos Humanos. En los ltimos aos de su vida pre-sidi el Instituto Chileno de Estudios Humansticos (ICHEH), organismo de reflexin decorriente social-cristiana (vinculado al Partido Demcrata Cristiano) entre 2000 y 2003.

37 Abogado Universidad Catlica, fue asesor jurdico para los borradores de la reformaconstitucional de 1967. Public un libro acerca de la teora de la libertad de expresin,basndose en John Stuart Mill y otros autores (1971), que fue elogiado por El Mercurioal trasluz del peligro que revestan las dictaduras comunistas. No obstante, despusdel golpe, el libro fue prohibido (Dezalay y Garth, 2002) Es Doctor en Derecho y actualDirector del Doctorado en Derecho de la Universidad Catlica; profesor titular de Dere-cho Poltico y Derecho Constitucional en la Universidad de Chile y Universidad Catlica.Desde 1994 es Decano en la Academia de Ciencias Policiales. Es Vicepresidente de la Aso-

ciacin Internacional de Derecho Constitucional y Presidente de la Academia Chilena deCs. Soc., Polticas y Morales del Instituto de Chile. Se desempe como Vicepresidente dela Corporacin Nacional de Reparacin y Reconciliacin; en

Abogados Prestigiados

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