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No obstante, Japón es uno de los países desarrollados con una tasa de empleo femenino

más baja y con menor representación femenina entre altos cargos del sector público y

privado.

La participación de la mujer en el mercado laboral fue del 62,5 por ciento en 2013, frente a

la masculina del 80,6 por ciento, y la proporción de mujeres en cargos de responsabilidad

no llega al 12 por ciento, mientras que otros países occidentales ronda el 30 o 40 por

ciento.

Asimismo, las mujeres ocupan sólo un 8,1 por ciento de los escaños en la cámara baja del

Parlamento nipón y un 18,6 por ciento en la cámara alta, lo que sitúa a Japón en el puesto

123 de los 189 países analizados en un estudio de la Unión Interparlamentaria

internacional.

El plan del Ejecutivo japonés sobre la participación femenina en la sociedad, conocido

como "Womenomics", se ha fijado el objetivo de aumentar la proporción de mujeres en

cargos de responsabilidad en las esferas pública y privada hasta el 30 por ciento para

2020.

En este sentido, la semana pasada Abe anunció una remodelación de su equipo de

Gobierno donde aumentó el número de ministras de tres a cinco -de un total de 18 cargos

ministeriales-, igualando así el máximo que hasta ahora había tenido Japón. EFE

 

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Las dobles auditorías a los proyectos de investigación ya han sido discutidas en otras ocasiones. En este post visitamos dos vertientes del problema. Repasemos la situación: desde hace unos años, una alta proporción de proyectos de investigación son auditados varios años después de su finalización por empresas privadas. El problema no está en que los proyectos sean auditados – estamos trabajando con fondos públicos y todos aceptamos que debemos rendir cuentas – sino en la forma en que se llevan a cabo las auditorías y el desconocimiento que los auditores muestran sobre el funcionamiento de la investigación. Este desconocimiento hace que muchos de los reintegros exigidos por los auditores sean finalmente desestimados – tras largos y laboriosos trámites.

En un artículo de opinión, cuatro vicerrectores argumentan que el dinero que Hacienda está recuperando a través de las auditorías sólo paga una pequeña proporción de las horas invertidas por investigadores y gerentes en tramitar las auditorías. Cada euro recuperado por Hacienda le cuesta muchos euros a las universidades y centros de investigación, con lo que el único que sale ganando es una empresa privada que va a comisión del dinero que “rescata”. Es decir, se pierde a fecha de hoy mucho dinero público en rescatar un dinero publico presuntamente perdido o mal gastado hace unos años para que una empresa haga caja y se dé la falsa impresión de que Hacienda está haciendo un buen trabajo de saneamiento y seguimiento del gasto público.

Discutimos a continuación dos auditorías a las que nos hemos visto sometidos. La primera es un caso típico de teatro del absurdo. En un proyecto de cien mil euros los auditores exigieron inicialmente la devolución de más de sesenta mil. Un equipo de científicos, becarios, administrativos y gerentes tuvimos que invertir semanas en revisar documentos y comprobantes antiguos para mostrar que el gasto estuvo bien hecho: al final, hubo que devolver cuatro mil ochocientos euros – sobre los que volveremos enseguida. Un cálculo rápido del gasto en términos de horas de trabajo generado por ese requerimiento dio lugar a una cifra comparable a la requerida en la devolución. Se gastó tanto dinero en justificar el gasto como el que se pedía devolver por un gasto presuntamente mal ejecutado. Y eso sin incluir la pérdida de oportunidad medida en tareas que tuvieron que quedar sin hacer, desde experimentos arruinados hasta preparación de proyectos europeos que se tuvieron que cancelar.

En el segundo proyecto, la justificación resultó muy rápida: cerca del 90% de los reintegros que solicitaban fueron aceptados de inmediato, al tratarse básicamente de un problema formal. En el 2010, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas accedió a una antigua reivindicación del CSIC, concediéndole una exención parcial del IVA similar a la que desde hacía años disfrutaban las universidades. Además, implementó la medida con carácter retroactivo, devolviendo una parte del IVA cobrado a partir del 2008. Obviamente, los proyectos justificados en el 2010 no habían tenido en cuenta la medida (que todavía no se conocía), y en las justificaciones se había asumido que durante los años 2008 y 2009 el CISC pagaría el 100% del IVA. Los auditores exigían el reintegro de la fracción del IVA que Hacienda había devuelto al CSIC. (De los cuatro mil ochocientos euros devueltos en el proyecto anterior, tres mil correspondían a la devolución del IVA.)

El 10% restante correspondía a un viaje a Singapur cuya vinculación con el proyecto, aparentemente, no quedaba clara. En la solicitud original habíamos

proyectado realizar parte del trabajo en Australia, y Singapur no aparecía en la solicitud. Pero en la primera memoria anual del proyecto (cada año debe enviarse una memoria explicando tanto los gastos realizados como los resultados conseguidos y los problemas que hayan surgido) ya explicábamos que el trabajo no se realizaría en Australia, sino en Singapur, y exponíamos los motivos del cambio. Además, de ese viaje salieron dos publicaciones íntegras, y otros datos tomados durante la estancia en la Universidad Nacional de Singapur aparecieron en una tercera publicación (todas ellas centrales para el proyecto). Cualquiera que hubiera leído las memorias del proyecto (cuyo fin no es otro que justificar los gastos) habría sabido que el viaje era una parte esencial del proyecto.

Nuestra conclusión es que, en cierto sentido, las auditorías de los proyectos antiguos están sobradamente justificadas por la reforma del IVA. Cualquier proyecto de investigación de las convocatorias 2007-2009 en que participase el CSIC está necesariamente mal justificado. Dicho esto, si el objetivo fuera recuperar el dinero del IVA bastaría con ceñirse a revisar este aspecto, sin entrar a juzgar si un viaje está relacionado con el trabajo (recordemos que ya se han auditado una primera vez los proyectos para justificar los gastos – nadie pretende no rendir cuentas) o si la inscripción de un doctorando a un curso se trata de un gasto “personalísimo”, como nos cuentan Fernando Orejas y colaboradores. Además, para realizar este tipo de correcciones (la devolución del IVA en sí, teniendo en cuenta que los proyectos estaban justificados antes de que cambiara la normativa, no constituye exactamente una auditoría) no parece necesario contratar agencias externas y, sobre todo, no debería afectar a proyectos de investigación ejecutados íntegramente por universidades – ya que la normativa no cambió para estas instituciones.

Una vez más, el objetivo real y último de estas auditorías encargadas a empresas privadas no queda claro en absoluto. Y debería estarlo, ya que están generando pérdidas económicas, pérdidas de oportunidad, y un profundo malestar por la desconfianza asociada a una nueva auditoría y por el esfuerzo administrativo que suponen. Dicho esfuerzo y pérdida de capital que se exige a las administraciones e investigadores de los institutos puede ser incluso peor si tenemos en cuenta que algunos de estos centros están sobrellevando la crisis como buenamente pueden, ante una situación de escasez presupuestaria sin precedentes. Se trataría de que la administración del Estado contribuyese a no decelerar todavía más el tren de la investigación y que la prioridad sea la I+D – no el falso saneamiento de cuentas que aquí se plantea.   

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El CSIC es el mayor organismo público de investigación del país. Entre 2012 y 2013, la institución atravesó una  seria  crisis presupuestaria que obligó a  suspender pagos de forma  temporal  y  generó  una  congelación  de  fondos  de  investigación  que  vino  a llamarse corralito. Este año, el presidente del CSIC, Emilio Lora‐Tamayo, celebró que el organismo alcanzaba ya la estabilidad económica. 

El  informe de  la IGAE, el organismo que controla  la gestión  interna del sector público estatal, ha detectado varios problemas e  irregularidades  financieras en  la  institución. Una de ellas  resalta que el CSIC  “minusvaloró”  su previsión de  ingresos. Uno de  los casos denuncia que el CSIC hizo una estimación inicial de que recibiría 5,6 millones de euros de Fondos Estructurales de  la Unión Europea cuando  la cantidad  final  recibida fue  de  22,9  millones  de  euros.  En  otro  caso,  se  detecta  “falta  de  previsión  en absoluto”, como con 39,9 millones de euros de subvenciones de  I+D+i de Programas Nacionales.  Las  auditoría  resalta  las deficiencias  suceden  “pese  a que  la Agencia  [el CSIC] dispone de información suficiente para la estimación adecuada y prudente de los importes correspondientes”. 

“Este comportamiento está siendo recurrente en varios ejercicios pasados, reflejando erróneamente  las  necesidades  financieras  de  la  Agencia”,  señalan  los  auditores.  El gestor el CSIC culpa de esta situación a las “restricciones” impuestas por el Ministerio de Hacienda  y  el  de  Economía  y  Competitividad.  Pero  la  auditoría  destaca  que  esa situación  “no  ha  sido  soportada  con  documentación”  y  además  que  los incumplimientos referidos superan las restricciones citadas” por los gestores del CSIC, es decir, no bastan para explicar los desarreglos contables. 

Otra de las “anomalías” contables se refieren a 3,9 millones de euros que “no figuran en  la Tesorería del CSIC”.  “La anomalía de este procedimiento y  su efecto  sobre  las cuentas anuales”, dice el  informe, “vienen produciéndose repetidamente… sin que se hayan adoptado medidas para su solución”. 

El  informe  también destaca  la “omisión en el balance de activos  financieros” de una aportación de 3 millones de euros a cargo de una subvención pública de la Secretaría de Estado de Investigación. En este caso también se trata de un problema “advertido en auditorías anteriores”. 

La  auditoría  también  destaca  que  los  responsables  del  CSIC  no  fueron  capaces  de aportar los datos detallados de tesorería requeridos para el control de las cuentas del organismo. El  trabajo  resalta “una  limitación  significativa” para comprobar  la validez de las cuentas de 2013 “dada la naturaleza de la información no contrastada”. A pesar de todos los problemas detectados, el resultado de la auditoría de las cuentas del CSIC es “favorables con salvedades” ya que, dice el texto, no afectan a la imagen fiel de las cuentas anuales”. La jefa de prensa del CSIC aseguró a Materia que “no hay nada que comentar” y que “son cifras antiguas”.  

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coincidencia con los excesos de financiación”. El problema derivado de esta situación es trascendental, pues este saldo negativo “incide desfavorablemente en el equilibrio financiero de la Agencia y su capacidad de afrontar los gastos futuros”. Incumplimientos presupuestarios y errores contables Por otra parte, la auditoría también saca a la luz ciertos incumplimientos presupuestarios y errores contables. Así, apunta una minusvaloración en la previsión de ingresos en algunos apartados que llega a la falta total de previsión en otros como las subvenciones I+D+i de los programas nacionales, pero también refleja la minusvaloración de los créditos de gasto. “Este comportamiento está siendo recurrente en varios ejercicio pasados, reflejando erróneamente las necesidades financieras de la Agencia derivadas de sus niveles previsibles de ingresos y gastos”, apunta el documento.

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comercialización de los productos forestales, pero siempre con el objetivo de "aprovechar

las rentas de esa riqueza, y no agotar el 'capital'".

Bilbao acoge un seminario de una especialidad clave en tiempos de crisis

También ha recordado que el Gobierno vasco ha promovido el programa de

reconocimiento de sistemas de certificación forestal como "garantía de calidad" y de

"apoyo" al sector.

En el acto de apertura del seminario también ha intervenido al secretaria general de

Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Economía, María Luisa Poncela, quien

ha resaltado la importancia de la bioeconomía en épocas de crisis, ya que se trata de un

sector "motor" de la exportación.

 

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