A 40 años del Golpe: una declaración generacional

Con ocasión de la conmemoración de los 40 años del golpe militar

de 1973, los abajo firmantes –pertenecientes a generaciones post

1973 que crecieron siendo testigos de una sociedad profundamente

dividida– consideramos necesario escribir esta carta abierta

compartiendo nuestra reflexión política acerca de los duros hechos

del pasado y de cara a los desafíos del presente. Al hacerlo, nuestro

objetivo es contribuir a establecer mínimos comunes transversales

sobre los cuales fundar una convivencia política más profunda y

robusta. No se busca, por ende, afirmar ciertas narrativas históricas

sobre lo sucedido en Chile ni menos juzgar la eventual ‘superioridad

moral’ de un sector sobre otro, ejercicios que sentimos no nos

corresponden y que son, en cualquier caso, profundamente

inconducentes al objetivo de la reconciliación. No obstante ello,

queremos afirmar lo siguiente:

1. El golpe de Estado fue la culminación de un proceso de

deterioro de la convivencia cívica y de erosión transversal en

los valores democráticos y republicanos que habían sustentado

la vida política nacional desde al menos 1932. Creemos que las

causas de este deterioro fueron complejas y trascienden lo que

aquí es nuestra intención abordar, pero ciertamente

protagonista entre ellas fue la creciente validación de la

violencia como método para conseguir objetivos políticos. La

afirmación ideológica del camino de la violencia, el apoyo

explícito o tácito a acciones políticas violentas y los llamados a

la intervención de las FF.AA., fueron todas formas concretas

de dicha validación. Por ello, no queda sino reafirmarlo con

total claridad: la violencia como vía de acción política es

radicalmente incompatible con la democracia, y el abandono

de este principio fundamental estuvo al centro de las causas

que llevaron finalmente al 11 de septiembre de 1973. No

obstante, creemos que incluso en la dificilísima situación

política, económica y social de entonces, un golpe de Estado

no era ni puede ser una manera aceptable de resolver incluso

profundas diferencias políticas. Con ello no queremos

desconocer la profunda complejidad política que entrañó para

millones de chilenos tener que escoger entre apoyar una salida

armada a la crisis económica e institucional de entonces, o

continuar obedeciendo a un régimen que, para muchos

chilenos, parecía haber abandonado un compromiso con la

legalidad vigente. Con todo, reafirmamos que una

comprensión ponderada de las causas y circunstancias del

golpe –un ejercicio clave en el cual seguimos en deuda como

país– no es sustituto de una clara condena al mismo como

forma de zanjar crisis económicas, políticas o institucionales,

por agudas que éstas sean.

2. No obstante lo anterior, e independientemente del análisis que

cada chileno haga respecto al golpe de Estado y de sus causas,

creemos que es fundamental separar dicho análisis de lo que

sucedió después: una política de gravísima y sistemática

violación de derechos humanos seguida por la dictadura

durante sus 17 años en el poder. Un piso compartido de nuestra

convivencia política futura debe ser, ineludiblemente, la más

absoluta condena a todas y cada una de las violaciones

cometidas en ese aciago período de nuestra historia.

Simplemente no hay compatibilidad posible entre defender la

democracia y justificar –siquiera parcialmente– una política de

violaciones a los derechos humanos y de uso del aparato del

Estado como instrumento de terror. Por cierto, si esa condena

es seria debe también ser universal: ni en Chile, ni en ninguna

parte del mundo la violación de derechos humanos es

compatible con la democracia.

3. Si bien la transición política chilena a la democracia fue en

muchos sentidos ejemplar –y una muestra de enorme

responsabilidad política por parte de los dirigentes de la

época–, ella tuvo inevitablemente sombras que nos han

seguido penando. Creemos que, a 40 años del Golpe y a más

de 23 de recuperada la democracia, es posible hacer un

esfuerzo colectivo adicional para, progresivamente, ir

superando los fantasmas de un período histórico que sigue

marcando –y manchando– la convivencia nacional. Creemos

que este esfuerzo requiere avanzar en varios frentes distintos:

a. El primero es en términos de subsanar déficits de verdad y

justicia. Primero, creemos que se deben apoyar todos los esfuerzos

para la investigación de los crímenes de Estado cometidos durante la

dictadura y la sanción de los responsables. Paralelamente a la vía

judicial, y conscientes de los esfuerzos que ya se han hecho en el

pasado, apoyamos la continua búsqueda de fórmulas institucionales

o políticas (como programas de delación compensada u otras) que

permitan que se conozcan los crímenes cometidos, sus autores y,

sobre todo, el paradero de aquellos detenidos desaparecidos que aún

se ignora.

b. Un segundo frente apunta a una dimensión personal, y refiere a la

capacidad de pedir perdón y de perdonar. Creemos que la

reconciliación nacional requiere también de esta dimensión ética, no

institucional, que constituye el fundamento humano de un

reencuentro verdadero. En esto no puede haber emplazamientos

individuales ni caza de brujas, pues el pedir perdón sólo puede ser

auténtico si es hecho libremente. Por lo mismo, tampoco caben las

condicionalidades ni la búsqueda de empates morales. Algunos

notables ejemplos que hemos visto a lo largo de los años de personas

que se han atrevido a dar este paso nos alientan a pensar que este

camino es posible. Hacemos, por ende, un humilde llamado a las

personas de todos los sectores que se sientan interpelados por esta

reflexión, a pedir y ojalá dar perdón, en la medida de sus

posibilidades.

c. Finalmente, creemos que es imprescindible avanzar también en la

dimensión netamente política de la reconciliación. Ello, puesto que

si bien las responsabilidades éticas y penales son individuales, las

responsabilidades políticas son en buena medida colectivas.

Creemos que los partidos y dirigentes de todo el espectro que aún no

lo hayan hecho, pueden realizar un proceso de reflexión y autocrítica

pública respecto al rol que jugaron en el proceso de quiebre de

nuestra democracia en 1973. Adicionalmente, creemos que los

partidos de la Alianza harían una enorme contribución a la

reconciliación nacional si estuvieran dispuestos a realizar una suerte

de quiebre histórico con su voluntaria identificación con, y defensa

del, Gobierno (Cívico-)Militar. Desde luego, la “obra” de éste en

términos de políticas públicas puede ser valorada legítimamente por

muchos. Pero dichas políticas no pueden ser puestas en una suerte de

balanza contra algo tan profundamente inconmensurable a ellas,

como son las violaciones a los derechos humanos de miles de

chilenos –como si una cosa compensara la otra. Por de pronto, tanto

Renovación Nacional como la Unión Demócrata Independiente

podrían empezar por quitar de sus respectivas declaraciones de

principios la referencia a la “acción libertadora [de las Fuerzas

Armadas] del 11 de Septiembre de 1973, que salvó al país de la

inminente amenaza de un totalitarismo irreversible y de la

dominación extranjera, culminando así una valiente resistencia civil

y recogiendo un clamor popular abrumadoramente mayoritario”. El

solo hecho de remover esta frase de los principios de cada partido

constituiría una potente señal de que su vocación democrática es

efectivamente incondicional (es decir, no meramente instrumental) y

de que comparten lo señalado en el primer punto de esta carta, en el

sentido de que los golpes de Estado no son una manera legítima de

resolver incluso graves diferencias políticas. Crear una

centroderecha cuyo ethos más profundo no esté asociado a la

defensa política de una dictadura nos parece la mejor contribución

que las actuales generaciones de dicho sector le podrían hacer a la

democracia chilena y a las generaciones futuras, independientemente

de que defiendan (o no) las reformas políticas y económicas

concretas que dicho gobierno realizó, materias que son parte

legítima del debate de cualquier democracia sana.

Por último, nos gustaría reiterar que cada uno de estos puntos busca

establecer un estándar razonable de mínimos comunes democráticos

sobre los cuales construir una comunidad política. A ya 40 años del

Golpe, creemos que afirmar el rechazo incondicional a la violencia

política en todas sus formas, y afirmar de modo igualmente

incondicional la inviolabilidad de los derechos humanos de cada

persona, debieran ser mínimos comunes transversalmente aceptados.

Por su parte, y reconociendo lo difícil de la tarea de la reconciliación

nacional dada la profunda carga emocional que conllevan los

trágicos hechos que dividieron a Chile, creemos que colectivamente

podemos hacer más. Nuestro llamado a generar las condiciones para

seguir avanzando en perdón, justicia y afirmación pública de valores

democráticos es, pues, un intento por ayudar a construir un país

donde todos nos podamos mirar a los ojos sin rencor y donde las

nuevas generaciones puedan habitar la memoria, sin por ello cargar

con las pesadas mochilas del pasado.

Cristóbal Bellolio, Daniel Brieba, Gonzalo Bustamante, Max

Colodro, Jorge Fábrega, Camilo Feres, Jorge Ferrando, Andrés

Hernando, Francisco Irarrázaval, Hernán Larraín M., Davor Mimica,

Roberto Munita, Macarena Ponce de León, Slaven Razmilic, Javier

Sajuria, Rafael Sánchez, Sergio Urzua, Valentina Verbal, Paz

Zarate.