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6. PREGUNTAS PARLAMENTARIAS CON RESPUESTA ESCRITA DEL GOBIERNO

A. CONGRESO:

Fecha prevista por el Ministerio de Educación y Ciencia para convocar el Pleno del Foro de atención educativa a las personas con discapacidad.

AUTOR: Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano (GP)

Respuesta del Gobierno (BOCG Cortes-Congreso de Madrid, 14 de diciembre de 2004

Tras el cambio de Gobierno, la reorganización de la Administración y el posterior nombramiento de los nuevos responsables en el Ministerio de Educación y Ciencia, se han mantenido reuniones con representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y con todas las organizaciones que forman parte del mismo y que lo han solicitado, estando el Ministerio, actualmente, ultimando los preparativos para la convocatoria, en breve, del Pleno del Foro para la atención educativa a personas con discapacidad.

Madrid, 9 de diciembre de 2004.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Intención del Gobierno de escuchar a las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias, a la hora de abordar la reforma legislativa en la esfera educativa.


Respuesta del Gobierno (BOCG Cortes-Congreso de Madrid, 22 de diciembre de 2004).

El Ministerio de Educación y Ciencia presentó, el pasado 27 de septiembre, el documento "Una educación de calidad para todos y entre todos", que aspira a propiciar el debate y el diálogo abierto sobre las propuestas que en él se contienen y así enriquecer la propuesta final, cuya consecuencia más directa será la elaboración de la Ley a la que se ha comprometido el Gobierno y que requiere la aportación de todos.

El Ministerio considera de gran importancia el mantenimiento de la colaboración y del diálogo con los representantes de las

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personas con discapacidad y es de su interés seguir impulsándolo, al tiempo que tiene en cuenta y valora sus propuestas en el momento de tomar decisiones que afecten al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, así como en estos momentos en que se esta debatiendo el documento anteriormente citado.

En este sentido, el Ministerio ha mantenido reuniones con representantes de todas las organizaciones de las personas con discapacidad y que lo han solicitado, colaborando, además, activamente con ellas y asistiendo a actos organizados por las citadas organizaciones.


Inquietud causada en el sector de la discapacidad por la falta de respuestas a sus demandas de ser oídos en el desarrollo y aplicación de las políticas educativas.



La atención del alumnado con necesidades educativas especiales, entre el que se encuentra el que presenta discapacidad, ha sido y es una de las prioridades del Ministerio de Educación y Ciencia.

Las organizaciones que representan a las personas con discapacidad son escuchadas y sus propuestas son tenidas en cuenta y valoradas a la hora de tomar decisiones que afecten al mencionado alumnado.

En este sentido, el Ministerio, ha mantenido reuniones con representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y con todas las organizaciones del sector de la discapacidad que lo han solicitado.

Asimismo, el Ministerio está colaborando activamente y asistiendo a los actos organizados por las diferentes asociaciones.


Actuaciones previstas por la Inspección de Trabajo en relación al seguimiento y control del cumplimiento de

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la cuota de reserva de empleo para las personas discapacitadas para el año 2005.

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU)


En relación con las actuaciones que pueda tener previsto desarrollar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social durante el próximo año 2005 con el fin de controlar el cumplimiento, por parte de las empresas, de la cuota de reserva de empleo para las personas discapacitadas, se ha de precisar que la materia de ejecución de la legislación laboral se halla transferida a las Comunidades Autónomas, siendo éstas las que, a tenor de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre (BOE del 15), Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, deben establecer, a través de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, los objetivos de actuación de la Inspección de Trabajo en esta materia y en cada territorio respectivo.

La Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales en la que las Comunidades Autónomas determinan sus prioridades de actuación en materia laboral, y por tanto en el asunto por el que se interesa S.S., aún no ha sido celebrada estando prevista su celebración para el próximo mes de diciembre.

Una vez que dichos objetivos hayan sido concretados por aquellas a quienes les corresponde, procederá que la Inspección de Trabajo lleve a cabo todas las actuaciones previstas para fiscalizar el cumplimiento de la legislación social, pudiendo informar, entonces, respecto a los resultados de dicha actividad inspectora en materia del control del cumplimiento de la normativa social referida a la integración laboral de los minusválidos.


Personas con discapacidad y en edad laboral existentes en Sevilla.

AUTOR: Rodríguez López, María Dolores (GP)


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Respuesta:

Se adjunta a continuación la información facilitada por el INE: resultados sobre personas discapacitadas de 16 a 64 años procedentes de la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999, así como los resultados del módulo específico anexo a la Encuesta de Población Activa en 2002, referidos en este caso a personas de 16 a 64 años discapacitadas o con problemas de salud de duración superior o igual a 6 meses.


Medidas para mejorar el acceso a los edificios de titularidad estatal de los discapacitados, especialmente en la provincia de Ciudad Real.

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AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP)


El Ministerio de Vivienda está trabajando en el ámbito normativo, y concretamente en el proyecto de Código Técnico de la Edificación, en fase avanzada de preparación. En esta norma inicialmente se había excluido lo referente a la accesibilidad, por así establecerlo la disposición final segunda de la Ley 38/1999, de 6 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Sin embargo, en virtud de lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, el Gobierno deberá aprobar unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las edificaciones, que una vez aprobadas deberían tener la consideración de parte integrante del Código Técnico de la Edificación.

De igual modo, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, insta al Gobierno a realizar los estudios integrales sobre accesibilidad a las edificaciones, en lo que se considere más relevante desde el punto de vista de la no discriminación y la accesibilidad universal. Por ello, en el Real Decreto 1780/2004, de 23 de julio, por el que se desarrolla la estructura general básica del Ministerio de Vivienda, se establece claramente que una de las competencias de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda, será la "elaboración de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y las edificaciones, así como de los estudios integrales sobre dichas materias" conforme a la mencionada Ley 51/2003. Para llegar a este fin se ha creado la Subdirección General de Innovación y Calidad en la Construcción, Todas estas actuaciones están siendo llevadas a cabo con la concurrencia y dialogo con los representantes de las personas con discapacidad y sus familias. Por ello, el Ministerio de Vivienda ha firmado un convenio con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), una entidad que aglutina a más de 3.000 asociaciones, federaciones, organizaciones y entidades que en su conjunto representan a más de tres millones y medio de ciudadanos. Este convenio marca una agenda conjunta de trabajo, los medios e instrumentos necesarios para que en el sector de la edificación se pongan en marcha las garantías adicionales que permitan ejercer con plenitud e igualdad la condición de ciudadanos a las personas con discapacidad.

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Número de hombres y mujeres con discapacidad que han conseguido un puesto de trabajo en el sector público entre los años 2000 y 2004, en la provincia de Lugo.

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel, y Salazar Bello, María Isabel (GS).

Respuesta del Gobierno (BOCG Cortes-Congreso de Madrid, 14 de enero de 2005).

En los Cuerpos y Escalas adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas, y en los años considerados, un único aspirante (de sexo masculino) obtuvo, en la convocatoria de plazas de funcionarios al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, en la Oferta de Empleo Público de 2003, un puesto de trabajo por el turno de discapacitados, en concreto un puesto de nivel 12 en la Oficina de Prestaciones de Lugo.


Número de personas con discapacidad y en edad laboral en la provincia de A Coruña.

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel, y Couto Rivas, María Esther (GS).


Los datos sobre personas discapacitadas, que se aportan como anexo, proceden de encuestas o módulos específicos que ha realizado en determinados años el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos más recientes proceden de los años 1999 y 2002.

En el año 1999, el INE llevó a cabo la "Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud", lo que constituyó una macroencuesta orientada a cubrir las necesidades de información sobre los fenómenos de la discapacidad, la dependencia, el envejecimiento de la población y el estado de salud de la población residente en España.

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Posteriormente, en el segundo trimestre del año 2002, el INE realizó, en el marco de la Encuesta de Población Activa, en un módulo "ad hoc", una investigación específica sobre las personas con discapacidad y su relación con el empleo.

La gran diferencia entre las cifras del módulo de 2002 y las de la encuesta de 1999 se atribuye al hecho de que, en el módulo de 2002, se ha seguido un enfoque más genérico del concepto de discapacidad. Por una parte, se pregunta por discapacidades o problemas de salud y, por otra, la duración del problema de salud o discapacidad se establece en 6 meses en lugar de en 1 año, que era el período considerado en la encuesta de 1999. Por tanto, los datos no son comparables.


Se remiten los resultados sobre personas discapacitadas de 16 a 64 años procedentes de la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999, así como los resultados del módulo específico anexo a la Encuesta de Población Activa en 2002, referidos en este caso a personas de 16 a 64 años discapacitadas o con problemas de salud de duración superior o igual a 6 meses.

Número de personas con problemas de salud o discapacidad de duración de 6 meses o más en la provincia de A Coruña por grupos de edad

2.º trimestre de 2002. Valores en miles

Población de 16 a 64 años con discapacidades residente en la provincia de A Coruña

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Número de personas con discapacidad y en edad laboral en la provincia de Pontevedra.

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel, y Louro Goyanes, Antonio (GS).


Respuesta:


En el año 1999, el INE llevó a cabo la "Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud", lo que constituyó una macroencuesta orientada a cubrir las necesidades de información sobre los fenómenos de la discapacidad, la dependencia, el envejecimiento de la población y el estado de salud de la población residente en España.





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Número de personas con problemas de salud o discapacidad de duración de 6 meses o más en la provincia de Pontevedra por grupos de edad


Fuente: INE, Encuenta de Población Activa.

Población de 16 a 64 años con discapacidades residente en la provincia de Pontevedra

Fuente: INE, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estados de Salud de 1999.

Número de personas con discapacidad y en edad laboral en la provincia de Lugo.

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel, y Salazar Bello, María Isabel (GS).



En el año 1999, el INE llevó a cabo la "Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud", lo que constituyó una macroencuesta orientada a cubrir las necesidades de información sobre los fenómenos de la

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discapacidad, la dependencia, el envejecimiento de la población y el estado de salud de la población residente en España.




ANEXO


Número de personas con problemas de salud o discapacidad de duración de 6 meses o más en la provincia de Lugo por grupos de edad


Grupos de edad

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Población de 16 a 64 años con discapacidades residente en la provincia de Lugo


Actuaciones previstas para convertir en accesibles los establecimientos culturales de las redes públicas a las personas con discapacidad.

AUTOR: García Suárez, María Carmen (GIV-IU-ICV).


Las intervenciones arquitectónicas actualmente en curso y aquellas proyectadas para los museos de titularidad estatal cumplen con la normativa vigente de accesibilidad. Además de ello, se encuentran en desarrollo intervenciones específicas dirigidas a la eliminación de barreras arquitectónicas en los siguientes museos:

- Museo Arqueológico Nacional. Adecuación integral del edificio a la normativa vigente en materia de barreras arquitectónicas.

- Museo Sorolla. En redacción el proyecto de supresión de barreras arquitectónicas y adecuación de instalaciones.

- Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Adaptación a normativa.

- Museo de Burgos. Intervención de reorganización espacial y ampliación que atenderá la eliminación de barreras arquitectónicas.

- Museo de Ávila. En proyecto la adquisición de un edificio que solucione la falta de espacio y la deficiencia de accesos y circulaciones de la sede actual.

- Museo Numantino de Soria. Adaptación a normativa vigente.

- Museo de Mallorca. Se ha solicitado a la Comunidad Autónoma

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la ejecución del proyecto de adecuación a normativa de accesibilidad.

- Museo Casa de Dulcinea. Adaptación a normativa, dentro de proyecto de intervención arquitectónica.

- Museo de las Peregrinaciones de A Coruña. Ejecución de rampa de acceso.

- Museo Arqueológico de Tarragona. Adaptación a normativa.

- Museo de Artes y Costumbres Populares de Rivadavia. Eliminación de barreras arquitectónicas en proyecto de rehabilitación y ampliación.

Respecto de los Archivos, se están adoptando las medidas necesarias en los Archivos de nueva creación para garantizar el acceso a las personas discapacitadas. Asimismo, se están realizando los máximos esfuerzos para que los Archivos construidos en edificios históricos se adapten, dentro de lo posible, para que puedan acceder las personas con discapacidad.

Por otra parte, las actuaciones previstas en las sedes de las Bibliotecas Públicas del Estado afectan a la supresión de barreras arquitectónicas en los edificios de nueva planta que se están construyendo en Ourense, Santander y Santiago de Compostela, así como a los que se construyan en un futuro en Barcelona, Burgos, Ciudad Real, Córdoba, Málaga y Segovia.

También se actuará en la rehabilitación de los edificios ahora ocupados por las Bibliotecas Públicas del Estado en Cáceres y Girona y en todos los proyectos de reforma que se redacten.

En cuanto a la colaboración con organizaciones de personas con discapacidad, la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria colabora con CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas) en la elaboración de normas para la accesibilidad en los edificios de bibliotecas, en el marco de las propuestas de la Ley de Igualdad de Oportunidades.

Finalmente está previsto promover un convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en materia de promoción de la accesibilidad de los museos por parte de las personas con minusvalía.


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Previsiones acerca de transponer completamente la Directiva 2000/78/CE, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).

Respuesta del Gobierno (BOCG Cortes-Congreso de Madrid, 14 de enero de 2005).Respuesta:

1. La Directiva 2000//78/CE, del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, que pretende luchar contra las discriminaciones basadas en la religión o convicciones, la discapacidad, la edad y la orientación sexual, así como la Directiva 2000/43/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas, independientemente de su origen racial o étnico, fueron incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que, en materia de función pública, supuso la introducción de importantes modificaciones normativas, tanto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, como en la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964.

Así, se modificó el artículo 31.1.b) de la Ley 30/1984 para tipificar como falta muy grave toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad u orientación sexual..., así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, y el artículo 63 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964, para prever como derechos de los funcionarios la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad edad u orientación sexual.

2. Asimismo, y por lo que se refiere a la lucha contra discriminaciones basadas en la discapacidad, las modificaciones introducidas en la Ley 30/1984 se han efectuado por las siguientes leyes recientes:

a) La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que modificó el artículo 29.4, al objeto de permitir un período de excedencia no superior a un año, para los funcionarios para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo que por razones de discapacidad no pueda valerse por sí mismo.

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b) La Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados, que, en aplicación de la Directiva 2000/78/CE y, con objeto de promover medidas positivas de igualdad de oportunidades y la adopción de ajustes razonables que remuevan las barreras u obstáculos de acceso al empleo, modificó la disposición adicional decimonovena de la Ley 30/1984, al objeto de que en las ofertas de empleo público se reserve un cupo no inferior al 5% de las vacantes, para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%, de modo que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales de la Administración del Estado.

3. A la vista de lo expuesto se entiende correctamente realizada la transposición de la Directiva 2000/78, en lo que al ámbito competencial del Ministerio de Administraciones Públicas se refiere, respecto de los funcionarios públicos.


Modificaciones de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) sobre centros socioeducativos municipales.

AUTOR: Holgado Flores, Manuela (GS).


Respuesta:

El Ministerio de Educación y Ciencia ha abierto un debate previo sobre las reformas necesarias que sirva de base para la elaboración del proyecto de ley que el Gobierno presentará al Parlamento.

Para facilitar y ordenar el debate, se ha elaborado el documento "Una educación de calidad para todos y entre todos", que recoge una serie de propuestas de actuación. Este documento publicado íntegramente en la página "web" del Ministerio, tiene por objeto invitar a los profesores, a todos los centros docentes, a los alumnos y a sus familias, a los agentes sociales y a todos los ciudadanos interesados a participar en el debate.

La propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia que se hace en el documento señala que la educación infantil constituirá la etapa educativa correspondiente al tramo de edad de los niños y niñas de cero a seis años. Se organizará en dos ciclos de tres

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años cada uno y tendrá carácter voluntario, teniendo además el segundo ciclo carácter gratuito. La educación infantil tendrá, en sus dos ciclos, una finalidad educativa propia y una orientación diferenciada de la de etapas posteriores

Asimismo, en el citado documento se señala que: "El centro educativo añade una intencionalidad educativa por parte del profesorado, una cuidadosa planificación de experiencias y actividades y una apertura a los intereses e iniciativas de los niños. De ahí deriva la necesidad de que satisfagan una serie de requisitos mínimos de profesorado, espacios y recursos, que deben ser asegurados para todos los alumnos de educación infantil".


Fecha prevista para el inicio de las obras del Centro Nacional de Referencia en la enfermedad del Parkinson.

AUTOR: Méndez Monasterio, Lourdes (GP).


Respecto a la previsión de inicio de obras, no puede facilitarse una fecha concreta, dadas las siguientes circunstancias:

- El acuerdo de cesión del solar no fue facilitado por el Ayuntamiento de Cartagena al Imserso, sino que se entregó en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia, para su traslado a la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social.

- Con fecha 20 de octubre de 2004, la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia, remitió, a solicitud del Imserso, una copia por fax del acuerdo de cesión.

- A la vista de este acuerdo, debe facilitarse a la Dirección General del Imserso, antes de proceder a la remisión de la documentación patrimonial a la Tesorería General de la Seguridad Social, la siguiente información:

· Certificado del Secretario General del Ayuntamiento, acreditativo de la inclusión de la parcela en el inventario de bienes municipales.

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· Certificación registral que acredite que el solar se encuentra inscrito en el Registro como bien patrimonial de la Corporación cedente y que se encuentra libre de cargas y gravámenes.

· Dictamen o Informe de técnico competente que asevere que el solar en cuestión se encuentra catalogado urbanísticamente como de equipamiento y que dispone de los servicios urbanísticos necesarios o existe compromiso de dotar al solar de tales servicios.

· En su caso, y de conformidad con la normativa de Régimen local aplicable, esta documentación básica puede ser acompañada, aunque no es absolutamente necesario, de lo siguiente:

- Certificado del Secretario General del Ayuntamiento, acreditativo de que la cesión gratuita se ha sometido a información pública.

- Informe de la Intervención General del Ayuntamiento.

- Trámite de dación de cuentas al órgano competente de la Comunidad Autónoma, si procede.

Por otra parte, durante este tiempo el Imserso ha mantenido consultas técnicas con profesionales y expertos de los ámbitos asociativo y científico, a los efectos de definir el contenido funcional del Centro.


COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Valoración de la aprobación del Consejo Nacional de la Discapacidad.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).


Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr.Diputado preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

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En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Discapacidad.

Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz

Texto:

¿Cómo valora el Gobierno la aprobación del Consejo Nacional de la Discapacidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2004.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado. Medidas para hacer accesible el sitio web del

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)


Acuerdo:



Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Grupo Parlamentario Socialista



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¿Qué medidas está llevando a cabo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para hacer accesible el sitio web de este Ministerio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2004.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Contenido del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la Federación Española de Municipios y Provincias, en relación a la implantación de transportes urbanos accesibles en las líneas regulares de autobuses urbanos.









¿Cuál ha sido el contenido del Acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la Federación Española de Municipios y Provincias en relación a la implantación de transportes urbanos accesibles en las líneas regulares de autobuses urbanos?


Contenido del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad

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(CERMI), sobre medidas para mejorar las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad.









Texto:

¿Cuál es el contenido del Acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el CERMI sobre medidas para mejorar las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad?


Previsiones acerca de promover la reforma del régimen de valoración de la discapacidad contenido en el Real Decreto 1971/1999.



Con anterioridad al Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, para el reconocimiento, declaración y calificación del

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grado de minusvalía y desde el Real Decreto-Ley 36/1978, de 18 de noviembre, de Gestión Institucional de la Seguridad Social, la Salud y el Empleo, se han sucedido diferentes disposiciones reglamentarias a partir de la que estableció el citado régimen de valoración de la discapacidad mediante Real Decreto 1723/1981, de 24 de julio.

Ha sido desde entonces un proceso que ha requerido una labor de investigación y de asimilación de experiencias, complejo y delicado, para ir adecuando el sistema a las variaciones médico-funcionales y a la aparición de nuevas patologías. Actualmente se siguen analizando y completando los baremos en el ámbito de la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Minusvalía, creada por Orden Ministerial de 12 de junio de 2001 (BOE del 26).

Por tanto, el régimen de valoración de la discapacidad es un campo en el que se producen continuas mejoras, que se introducen de acuerdo con las Comunidades Autónomas, y en el que los avances tecnológicos requieren actualizaciones periódicas del sistema citado.


Previsiones acerca de impulsar un programa de alfabetización digital dirigido a las personas discapacitadas.



La Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, en sus comparecencias ante las respectivas Comisiones del Congreso y del Senado manifestó su propósito de mejorar el empleo de las personas con discapacidad, por entender que es un aspecto sustancial para su verdadera integración y participación en la vida social.

Con ese objetivo, la Secretaria de Estado informó que el Gobierno está preparando el plan estatal de "promoción de la formación y el empleo de las personas con discapacidad, en el marco del Plan de Empleo del Reino de España", en el que estarán incluidas, entre otras, las medidas de alfabetización digital.


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Actuaciones para garantizar la eficacia del gasto de las políticas de empleo.



Entre las actuaciones que el Gobierno ha venido impulsando para garantizar la eficacia del gasto de las políticas activas de empleo se encuentran las relativas al proceso de regionalización de los Servicios Públicos de Empleo, hecho éste que tiene su base en la distribución de competencias constitucionales en materia de empleo, entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y que tiene como objetivos: Acercar los Servicios Públicos de Empleo a los usuarios, prestar un mejor servicio a los ciudadanos, y lograr la integración de todas las políticas activas y de todos los actores que participan en el mercado de trabajo. Todo ello, además, con una mayor dotación de fondos destinados a la modernización de los Servicios Públicos de Empleo, en línea con lo establecido en la Directriz 1 de la Estrategia Europea para el Empleo.

La garantía de eficacia de las políticas activas de empleo corresponde, por tanto, a todos los Servicios Públicos de Empleo que integran el Sistema Nacional de Empleo, esto es, al Servicio Público de Empleo Estatal y a los Servicios de Empleo de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

En estos momentos, el proceso de descentralización está prácticamente concluido y a nivel europeo se establecerán indicadores que puedan medir la eficiencia en la gestión de políticas de mercado de trabajo dentro del marco del Plan Nacional de Acción para el Empleo.


Posición del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales ante la decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía de paralizar durante un año los programas de políticas activas de empleo.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).


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La Orden Ministerial de Trabajo y Asuntos Sociales, TAS/1939/2004, de 11 de junio (BOE de 22 de junio), recoge las cantidades asignadas para el ejercicio económico de 2004 a las Comunidades Autónomas con competencias de gestión asumidas, en materia de políticas activas de empleo, con identificación de programas, así como de aplicaciones presupuestarias, desde las que se realizan las transferencias de crédito.

Por Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal se realizó, con fecha 29 de julio, la transferencia de los fondos a la Comunidad Autónoma de Andalucía. La citada Comunidad Autónoma deberá remitir, una vez finalizado el ejercicio económico y con anterioridad al 31 de marzo de 2005, el estado justificativo de la gestión de las subvenciones correspondientes al ejercicio 2004.

El Servicio Público de Empleo Estatal no tiene conocimiento de que la Comunidad Autónoma de Andalucía haya suspendido los programas de políticas activas de empleo.


Principales características del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.




En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Políticas

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Integrales de la Discapacidad

Diputado don Carles Campuzano i Canadés

¿Cuáles son las principales características del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2005.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Diputaciones con las que se han firmado Convenios de Teleasistencia Domiciliaria.

AUTOR: Seller Roca de Togores, Enriqueta (GP).


A través del Convenio Marco suscrito con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el IMSERSO mantiene Convenios de Colaboración en materia de Teleasistencia Domiciliaria, con las Diputaciones Provinciales que en anexo se relacionan.

Madrid, 11 de enero de 2005.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

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Previsiones acerca de incorporar a los planes de estudio elementos formativos relacionados con la accesibilidad de las personas con discapacidad.



Con carácter específico, el I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012 contempla el objetivo general de difundir el conocimiento y aplicación de la accesibilidad, para lo que se promoverá el "Diseño para Todos" en la educación y en la formación laboral, técnica y superior, así como el desarrollo de materiales didácticos y guías técnicas adecuadas.

En el capítulo de educación obligatoria reglada se fija el objetivo de formar en los contenidos, actitudes y procedimientos imprescindibles, a fin de que el "Diseño para Todos" forme parte de la cultura general asentada en la totalidad de la población.

Desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se establecerán contactos con las Administraciones Públicas competentes para que aparezca explícitamente el "Diseño para Todos" como un concepto que los alumnos de educación obligatoria deben conocer.


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Medidas para mejorar el régimen económico aplicable en los casos de fallecimiento o invalidez física de alumnos en prácticas del Cuerpo Nacional de Policía.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).


La cobertura de tales contingencias ya se halla prevista en la normativa vigente, en especial a la que afecta a los derechos pasivos de los funcionarios, tanto en beneficio directo de éstos en caso de invalidez, como el de sus familiares en caso de fallecimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1 y 2 y en el artículo 2.1.h) en relación con el artículo 13.2 y demás concordantes, del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.


Medidas para evaluar de manera sistemática el impacto de las políticas activas de empleo en la generación de puestos de trabajo estables.



La Declaración para el Diálogo Social 2004, sobre Competitividad, Empleo Estable y Cohesión Social, firmada el pasado 8 de julio por el Gobierno y los interlocutores sociales contempla, entre otros ámbitos, el relativo al análisis de los elementos que inciden en la creación de empleo, en su estabilidad y en la utilización no justificada de la contratación temporal.

A la vista de este análisis, las partes firmantes se comprometen a consensuar las modificaciones legales y de otra naturaleza que se estimen oportunas, para buscar compromisos que logren aunar seguridad y flexibilidad.

También se analizará cuál debe ser el diseño de las políticas de empleo y el papel de los Servicios Públicos de empleo de cara a asegurar la eficacia y eficiencia de sus funciones, así como la adecuada protección ante la falta de empleo.

Por otra parte, el Servicio Público de Empleo Estatal ha suscrito

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un convenio de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el que entre otros asuntos, se pretende controlar el sistema de bonificaciones de cuotas por contratación.


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(181) PREGUNTA ORAL AL GOBIERNO EN COMISIÓN

Previsiones acerca de recoger la especificidad de las mujeres con discapacidad en el Observatorio de Salud de la Mujer.

AUTOR: Vañó Ferre, Francisco (GP).

Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.



Grupo Parlamentario Popular

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo

Diputado don Francisco Vañó Ferre

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2005.-Francisco Vañó Ferre, Diputado.

Fecha prevista para establecer un marco legal de Atención Temprana tal como recoge el Libro Blanco presentado por el Ministerio de Trabajo en la anterior legislatura.

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Texto:

¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno establecer un marco legal de Atención Temprana tal como recoge el Libro Blanco presentado por el Ministerio de Trabajo en la anterior legislatura?


Actuaciones previstas para homogeneizar el catálogo ortoprotésico en todo el territorio nacional.





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Medidas previstas para homogeneizar la dispensa de la bolsa recolectora de orina multicanal con cierre utilizable por tetrapléjicos en igualdad de condiciones para todas las Comunidades Autónomas.








Texto:

¿Piensa adoptar el Gobierno medidas para homogeneizar la dispensa de la bolsa recolectora de orina multicanal con cierre utilizable por tetrapléjicos en igualdad de condiciones para todas las Comunidades Autónomas?


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Previsiones en relación con la incorporación de las asociaciones de usuarios en la Comisión Técnica Asesora sobre Prestación Ortoprotésica.








¿Tiene previsto el Gobierno la incorporación de las asociaciones de usuarios en la Comisión Técnica Asesora sobre prestación ortoprotésica?


Previsiones acerca de proceder a la actualización de las ayudas para la creación de empleo en los centros especiales.


Respuesta del Gobierno (BOCG Cortes-Congreso de Madrid, 7 de febrero de 2005).

La Secretaría General de Empleo, a través del servicio Público de Empleo Estatal, está preparando en la actualidad una modificación de las políticas activas de empleo, elaborando al efecto un proyecto de Real Decreto que aglutine todos los programas que regulan dichas políticas y entre las que se encuentra el programa de integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo.

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Por lo tanto, cuando culmine la revisión de las políticas activas de empleo, el citado programa podría sufrir modificaciones dirigidas a una mayor adaptación a las necesidades actuales.


Número de hombres y mujeres con algún tipo de discapacidad y en edad laboral existentes en la Comunidad de Madrid que han conseguido un puesto de trabajo desde el año 1996

AUTOR: Vera Pro, Juan Carlos (GP).


En anexo se remiten varios cuadros sobre contratos registrados con minusválidos en la Comunidad Autónoma de Madrid. En el primero de ellos se recoge la totalidad de los contratos realizados a personas de este colectivo, en cualquier modalidad de contratación, a partir del año 1999, ya que en años anteriores no se dispone de la información completa.

Por ello se incluyen otros cuadros en los que se refleja la información correspondiente a modalidades dirigidas específicamente a minusválidos, única información disponible hasta el año 1998.


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Mujeres con discapacidad y en edad laboral existentes

en las distintas provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía que han conseguido un puesto de trabajo desde el año 1996.

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).


Respuesta:

En anexo se adjuntan los siguientes cuadros, referidos todos ellos a las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

Total contratos registrados de trabajadores minusválidos, 1996-2004.

Incluye todos los contratos registrados, tanto inciales como conversiones, cuyo empleado es un trabajador minusválido, sea cual sea la modalidad de contratación y el tipo de centro de trabajo.

Contratos registrados de la modalidad "contrato de minusválido", 1996-2004.

Contratos registrados de la modalidad "contrato temporal de minusválido", 1996-2004.

Contratos registrados de la modalidad "contrato de minusválido en Centros Especiales de Empleo", 1996-2001.

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Esta modalidad desaparece como modalidad de contratación en el año 2002.

Contratos registrados de trabajadores minusválidos en C.E.E., 2002-2004.

Incluye todos los contratos de trabajadores minusválidos cuyo centro de trabajo sea un Centro Especial de Empleo, sea cual sea la modalidad de contratación.Madrid, 10 de enero de 2005.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes

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Hombres con discapacidad y en edad laboral existentes en la provincia de Cádiz que han conseguido puesto de trabajo desde el año 1996.



Se adjuntan, en anexo, los siguientes cuadros, referidos todos ellos a la provincia de Cádiz.

Total contratos registrados de trabajadores minusválidos, 1996-2004.

Incluye todos los contratos registrados, tanto inciales como conversiones, cuyo empleado es un trabajador minusválido, sea cual sea la modalidad de contratación y el tipo de centro de trabajo.

Contratos registrados de la modalidad "contrato de minusválido", 1996-2004.

Contratos registrados de la modalidad "contrato temporal de minusválido", 1996-2004.

Contratos registrados de la modalidad "contrato de minusválido en Centros Especiales de Empleo", 1996-2001.

Esta modalidad desaparece como modalidad de contratación en el año 2002.

Contratos registrados de trabajadores minusválidos en C.E.E., 2002-2004.

Incluye todos los contratos de trabajadores minusválidos cuyo centro de trabajo sea un Centro Especial de Empleo, sea cual sea la modalidad de contratación.


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Previsiones acerca de la creación de una Agencia de Calidad en el Empleo.



La creación de una Agencia de Calidad en el Empleo, en la que colaborarán el Estado, las Comunidades Autónomas y los agentes sociales, es un compromiso electoral del Partido Socialista. Dicha Agencia deberá encargarse de evaluar anualmente las políticas de empleo y formación profesional, así como los objetivos y resultados de la aplicación de la estrategia europea de empleo en nuestro país.

Por el momento no hay todavía una previsión sobre cuando será creada dicha Agencia, ya que los compromisos electorales deberán ir poniéndose en marcha a lo largo de los cuatro años de legislatura, con los tiempos y prioridades que el Gobierno considere.

No obstante, el Gobierno ha tomado ya una decisión importante en materia de evaluación de las políticas de empleo, en este caso de aquellas que han estado en marcha en los últimos años y que se están sometiendo a revisión de cara al futuro, al solicitar a una Comisión de Expertos, creada al efecto, que evalúe el funcionamiento de las políticas de empleo desde las reformas laborales realizadas en el período 1992-1994 hasta la actualidad. Los trabajos de esta Comisión, que se encuentra actualmente en pleno funcionamiento, se utilizarán como base para las discusiones que, sobre las diferentes materias, se llevan a cabo en el proceso de diálogo social en marcha, que ha sido propiciado por el Gobierno.


Datos estadísticos acerca de la creación de empresas por parte de mujeres en la provincia de Cádiz desde el año 1996.



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No se dispone de datos estadísticos acerca de cuantas empresas han sido creadas por mujeres a nivel provincial. Tanto la Encuesta Industrial de las Empresas (EIE) como el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogen datos relacionados con esta materia, pero en los que no se incluyen, conjuntamente, las variables relativas al sexo y la provincia.

No obstante, el Instituto de la Mujer, Organismo autónomo adscrito a la Secretaría General de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, promueve el "Programa apoyo empresarial a las mujeres" cuyo objetivo es sensibilizar a las mujeres hacia el autoempleo y la actividad empresarial, siendo un instrumento eficaz para la creación de empresas lideradas por mujeres.

Este programa se realiza en colaboración con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España y las Cámaras de Comercio de distintas localidades, y por ello, a través de los Gabinetes Técnicos de las Cámaras de Comercio participantes, se pueden facilitar los datos de los últimos años, relativos a la participación de las Cámaras en la creación de empresas por parte de mujeres.

A este respecto, las Cámaras de la provincia de Cádiz apenas han tenido resultados en la creación de empresas, dado que se han incorporado tardíamente al Programa. No obstante se facilitan los datos siguientes:

Año 2000: Dos.Año 2002: Uno.Total: Tres empresas.


Número de mujeres y hombres con discapacidad que han conseguido un puesto de trabajo en el sector público entre los años 2000 y 2004 en la provincia de Ourense.

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel y Fidalgo Francisco, Alberto (GS).


En los nombramientos efectuados entre funcionarios de carrera de Cuerpos y Escalas adscritos al Ministerio de Administraciones

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Públicas, no se ha producido la incorporación a puestos de trabajo en el sector público en la provincia de Ourense, entre los años 2000 y2004, de ningún aspirante con discapacidad.


Previsiones acerca de impulsar un Plan de Asociación de Deportes Olímpicos (ADO) para los deportistas paralímpicos.

AUTOR: Jiménez Pérez, Agustín; García Valls, Antonia, y Serna Masiá, Juana (GS).


Tras el reconocimiento de la labor que ha desarrollado el Deporte Paralímpico español en los pasados Juegos paralímpicos de Atenas 2004, el Gobierno ha asumido el compromiso para incrementar las ayudas y velar para que el Deporte Paralímpico pueda continuar con sus planes de entrenamiento; consecuentemente con este principio, el Consejo Superior de Deportes se halla actualmente trabajando para agilizar los trámites de creación de un Plan ADO Paralímpico, la mejora de la financiación e infraestructuras y la creación de un apartado específico dedicado al Deporte Paralímpico dentro del Plan de Preparación Olímpica.

Se están desarrollando los siguientes objetivos:

- Impulsar el papel de las Federaciones Deportivas Españolas, entre las cuales se hallan las cinco Federaciones Polideportivas Españolas (Ciegos, Minusválidos Físicos, Discapacitados Intelectuales, Paralíticos Cerebrales y Sordos). Estas Federaciones seguirán recibiendo las subvenciones del Consejo Superior de Deportes con el fin de ayudar al desarrollo de sus actividades nacionales e internacionales y a los programas de preparación anual de sus deportistas, así como la financiación parcial de los Programas de Tecnificación Deportiva y de apoyo a los deportistas discapacitados que puedan llegar a integrar, en su día, las Selecciones Absolutas en sus respectivas modalidades deportivas.

- Apoyar al Comité Paralímpico Español para posibilitar la preparación de los deportistas paralímpicos que participen en las Paralimpiadas de Verano e Invierno.

- Apoyar, en cooperación con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría de Estado de Servicios

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Sociales, Familias y Discapacidad, a los deportistas paralímpicos en la preparación de Pekín 2008.

- Facilitar la práctica del deporte a los discapacitados mediante un programa de eliminación de barreras arquitectónicas en instalaciones deportivas que permita el acceso a los discapacitados y mayores mediante el establecimiento de convenios con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del IMSERSO, la ONCE y el Comité Paralímpico Español.

- En el año 2003 el Consejo Superior de Deportes concedió a las Federaciones Polideportivas una subvención ordinaria de 841.420 € y en el año 2004 una subvención de 841.420 € que ha sido complementada, el 7 de junio de 2004, con una subvención extraordinaria de 600.000 € al Comité Paralímpico Español para la preparación y asistencia del Equipo Paralímpico Español participante en la Paralimpiada de Atenas 2004 y unas subvenciones extraordinarias de 61.924,82 € en concepto de residencias y bolsas de viaje, obras y equipamientos, calendarios de cooperación deportiva y programas de tecnificación deportiva.

- Promover en el deporte base una concepción del mismo que fomente los valores de la participación y que permita que todos los jóvenes españoles puedan realizar actividades físicas deportivas con independencia de sus cualidades físicas.

- Posibilitar el acceso a la práctica deportiva de todos los ciudadanos y en especial de las personas con discapacidad, como factor de bienestar social, integración y calidad de vida y transmisor de valores democráticos y educativos.

- Fomentar la utilización de los Centros de Alto Rendimiento por deportistas paralímpicos.


Número de personas con discapacidad y en edad laboral en la provincia de Ourense.

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel, y Fidalgo Francisco, Alberto (GS).


En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:

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Número de personas con problemas de salud o discapacidad de duración de 6 meses o más en la provincia de Ourense por grupos de edad 2.º trimestre de 2002. Valores en miles.

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

Grupos de edad

Total 23,4

16 a 29 1,1

30 a 39 3,0

40 a 49 5,3

50 a 59 7,9

60 a 64 6, Población de 16 a 64 años con discapacidades residente en la provincia de Ourense.

Valores en miles

TOTAL Varones Mujeres

14,4 8,7 5,7



Puesta en funcionamiento del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos (CRMF) de Bergondo (A Coruña).

AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio (GP).


Respuesta:

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La entrada en funcionamiento del centro del Imserso en Bergondo (A Coruña) está prevista para el segundo semestre de 2005.

La dotación con que contará el Centro se prevé que sea de aproximadamente 150 trabajadores de diferentes categorías.

La cobertura de los puestos de trabajo se hará a través de la Oferta de Empleo Público.

Previsiones acerca de incorporar a las personas mastectomizadas en las políticas de fomento de empleo a personas discapacitadas.

AUTOR: Grau i Buldu, Pere (GCC).



Para que las personas con discapacidad puedan ser beneficiarias de los programas de fomento de empleo dirigidos a dicho colectivo es requisito imprescindible que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%, según los baremos de aplicación conforme al Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre.

Asimismo, según el artículo 1 de la Ley 51/2003, se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de Incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Actualmente se está procediendo a la actualización de las políticas activas de empleo adecuando tales medidas y extendiendo sus beneficios a aquellas personas que por sus circunstancias personales tienen más difícil el acceso al empleo y la formación.

En conclusión, si las consecuencias de la mastectomía originan en la persona un grado de deficiencia que, conforme a los baremos vigentes, alcanzan la consideración de discapacidad, estarán incorporados a las políticas de fomento de empleo para las personas con discapacidad.

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Previsiones acerca de la creación de un Catálogo de Ayudas Técnicas y Tecnológicas para las personas con discapacidad.



En la página Web del Centro Estatal de Ayudas Técnicas (CEAPAT) del IMSERSO (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) http://www.ceapat.org, existe un Catálogo de Ayudas Técnicas con carácter informativo de productos existentes en el mercado nacional.

Asimismo, se informa de que existe un catálogo de prestaciones ortoprotésicas en el que se incluyen aquellas ayudas técnicas que son subvencionadas a través del Sistema Sanitario Público.


Medidas para desarrollar los mandatos contenidos en la Ley de Protección de las Familias Numerosas.



La Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, fue aprobada básicamente para actualizar la obsoleta Ley de 1971 que aún se mantenía vigente, a fin de adecuarla a la realidad social, económica y administrativa de nuestro país. Algunos de sus mandatos son directamente aplicables; en cambio, otros requieren de un desarrollo reglamentario que concrete el alcance y condiciones de ciertas previsiones (principalmente en materia de acción protectora), para el que la disposición final segunda habilita al Gobierno.

Esta tarea se aborda en el marco del Real Decreto de desarrollo de la Ley 40/2003, cuya elaboración técnica se está llevando a cabo en estos momentos, bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con la participación de diversos Departamentos Ministeriales afectados por las materias objeto de regulación, entre ellos los Ministerios de Fomento, Educación y Ciencia, Cultura, Industria, Turismo y Comercio.

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El desarrollo reglamentario de la Ley de Protección a las Familias Numerosas es una de las prioridades inmediatas que están siendo abordadas en materia de política de apoyo a las familias, pero debe tenerse en cuenta la complejidad en la elaboración de una norma de carácter transversal en la que se prevén beneficios en ámbitos tan diversos como transporte, educación, vivienda, Seguridad Social o fiscalidad.

Aunque no puede anticiparse una fecha concreta para la aprobación de este Real Decreto de desarrollo, sí puede afirmarse que constituye un objetivo inmediato en cuya consecución ya se está trabajando desde diversos Centros Directivos, con la voluntad de agilizar al máximo la entrada en vigor de los beneficios previstos en la Ley 40/2003 y que hasta ahora no han podido tener una efectividad real para las familias numerosas.


Previsiones existentes para que todos los trenes que prestan servicio de Cercanías de Barcelona cumplan con los criterios de accesibilidad para la no discriminación en el acceso y utilización de los medios de transporte.

AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).


La accesibilidad a los trenes de cercanías se garantizará con la nueva generación de trenes CIVIA que disponen de un coche de piso bajo que facilita el acceso desde el mismo nivel que el andén de la estación.

En el año 2007 está prevista la incorporación de los primeros trenes CIVIA al Núcleo de Cercanías de Barcelona que concluirá en el año 2009.


Previsiones acerca de adoptar los trenes denominados Catalunya Exprés para que cumplan con los criterios de accesibilidad para la no discriminación en el acceso y utilización de los medios de transporte.


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Los trenes "Catalunya Exprés" se realizan con electrotrenes S/448, de los que de un total de 27 se han transformado 23 para realizar servicios regionales. En esta remodelación se les ha habilitado un espacio para las personas con movilidad reducida, así como un WC para las mismas.

La remodelación de los 4 restantes se hará a lo largo del año 2005.


Número de los nuevos trenes de RENFE que cumplen con los criterios de accesibilidad para la no discriminación en el acceso y utilización de los medios de transporte.



El Plan Nacional de Accesibilidad, promovido por el IMSERSO, establece un marco de actuación dentro de un horizonte temporal para desarrollar unos objetivos coordinados con las Administraciones Públicas en cuanto a promoción de la accesibilidad en general, y en particular para la "incorporación de la accesibilidad en los medios de transporte públicos" como obra en la estrategia n.º 17 del citado Plan; y todo ello desde una perspectiva de formentar la participación activa en la sociedad de todas las personas con minusvalías.

Desde RENFE-Operadora se desarrollan una serie de actuaciones en concordancia con las legislaciones autonómicas en materia de accesibilidad además de la "Ley de no discriminación" y el " Proyecto de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad", todo ello bajo el absoluto respeto a la normativa vigente al respecto, tanto los artículos 9.2, 47 y 49 de la Constitución Española, como de la Ley 13/1982, que dedica la sección I a la supresión de barreras arquitectónicas; esto se hace patente no sólo en los trenes adquiridos desde 1995 sino en las adquisiciones previstas de material rodante.

En los documentos técnicos para la compra de nuevos trenes,

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Grandes Líneas exige que éstos cuenten con rampa de acceso para silla de ruedas, numeración de asientos en Braille, acceso a servicio de restauración y cafetería e incluso la instalación de una barra de bar en cafetería a menor altura para que sea accesible para personas en silla de ruedas.

También se encuentra finalizado el estudio para la incorporación de una rampa de acceso en los Talgo de la serie 7 (producto Altaria), la cual se realizará en breve.

RENFE viene trabajando de forma continua junto a los constructores, en base a su experiencia, en buscar soluciones que traten de mejorar las condiciones de accesibilidad de personas con minusvalía en nuestros trenes y de adaptación a la normativa en cada momento en vigor.

En el caso de los trenes AVE, el acceso a las plataformas de los coches desde el andén, se hace mediante plataforma elevadora.

En los trenes de Alta Velocidad, se ha dispuesto un coche de cada composición para la acomodación de Personas con Movilidad Reducida (PMR), en su propia silla de ruedas, para dos PMR en los nuevos trenes Talgo-Bombardier y Siemens y una PMR en los trenes Alstom-CAF.

Para ello, se dispone de una amplia zona de ubicación, con anclajes, pulsador de llamada a la tripulación, etc., y un WC contiguo específicamente diseñado al efecto.

Asimismo, se han adoptado medidas adicionales para adaptar el diseño a otras personas con necesidades especiales (discapacitados visuales, auditivos, etc.).

En cuanto a trenes que prestan servicios Regionales, se indica que en el año 2004 no se han adquirido nuevos trenes. En el transcurso de este año se están recepcionando los nuevos Automotores S/598, contratados en 2002, que disponen de espacio para personas con movilidad reducida, así como WC adaptado a las mismas.

Respecto a los trenes que prestan servicio de Cercanías, los ochenta trenes cuya construcción se ha contratado en el año 2004 incorporan una solución para el fácil y cómodo acceso y estancia de personas con movilidad reducida.


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Fecha prevista para aprobar las condiciones básicas de accesibilidad en los medios de transporte, y estudios integrales sobre la accesibilidad a los diferentes medios de transporte por las personas con discapacidad.



De acuerdo con las previsiones establecidas por la disposición final octava de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, ha iniciado gestiones con el Ministerio de Fomento para coordinar las actuaciones interministeriales imprescindibles en orden a definir el programa de los trabajos que a partir de los primeros meses de este año 2005, han de comenzar para permitir la elaboración final de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los medios de transporte por personas con discapacidad en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la citada Ley, según establece la misma.


Actuaciones para hacer frente al creciente número de trabajadores afectados por dorsalgias y traumatismos por esfuerzos repetitivos y malas posturas en los puestos de trabajo.



El Gobierno es consciente del elevado número de trabajadores que se ven afectados en su salud por problemas relacionados, entre otras causas, con las malas posturas en el puesto de trabajo y por esfuerzos o movimientos repetitivos.

Cada año, aproximadamente un 30 por ciento del total de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo que se producen en el país están caracterizados como "sobreesfuerzos".

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Respecto a las enfermedades profesionales, del total de enfermedades profesionales declaradas cada año, más del 80 por ciento corresponden a enfermedades osteomusculares, entre las que se encuentran las enfermedades por fatiga de las vainas tendinosas (más de un 65 por ciento del total), parálisis de los nervios por presión, las bursitis etc. Estas enfermedades afectan especialmente al sector industrial, principalmente a las ramas de extracción y aglomeración de carbón; fabricación de automóviles y remolques; fabricación de productos de caucho y materias plásticas; industria de alimentos, bebidas y tabaco; metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria.

Por ello, durante los últimos años, se ha venido trabajando en el diseño y ejecución de acciones con el objeto de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y en particular aquéllas que afectan a las condiciones de trabajo relacionadas con estas patologías.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), organismo científico--técnico especializado de la Administración General del Estado en materia de seguridad y salud en el trabajo, ha llevado a cabo una serie de actuaciones dirigidas a mejorar el conocimiento que se tiene sobre las condiciones de trabajo relacionadas con estas patologías y a promover instrumentos y campañas destinadas a la mejora de dichas condiciones de trabajo.

Cabe destacar en este sentido la inclusión en la página web del INSHT de un portal temático de ergonomía y psicosociología del trabajo, en el que se puede encontrar específicamente la información relativa a esta materia. Más concretamente, en los apartados de Entorno físico (temas relacionados con espacios de trabajo y mobiliario y equipos), Sectores y actividades específicas, y Exigencias físicas (posturas, esfuerzos y movimientos), se ofrece el catálogo documental y la reseña de trabajos de investigación llevados a cabo por los técnicos del INSHT en este campo.

La documentación elaborada por el INSHT acerca de estos temas es muy extensa, e incluye guías, libros, documentos breves, notas técnicas de prevención y carteles divulgativos. Entre los libros y documentos publicados al respecto, además de los libros y guías generales de ergonomía se encuentran títulos dedicados a la prevención de las lesiones de espalda, a la prevención de las alteraciones musculoesqueléticas, al síndrome del túnel carpiano...Entre los carteles divulgativos, los hay de temas tan diversos como la manipulación de enfermos, trabajo de pie o en posturas

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forzadas, normas de levantamiento y manipulación de cargas, etc.

Entre la serie de acciones que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) está desarrollando se pueden destacar:

1) La mejora de los métodos de trabajo en prevención a través de la elaboración de metodologías de evaluación de riesgos, guías técnicas y notas técnicas de prevención, con una especial intención de aportar métodos sencillos y eficaces de intervención preventiva accesibles a las pequeñas empresas.

2) La mejora de la capacitación de los recursos preventivos mediante acciones y colaboraciones en el área de la formación, diseñando y ofreciendo cursos específicos en materia de prevención de lesiones musculoesqueléticas y lesiones de espalda.

3) Asesoramiento técnico en materia de prevención a empresas, asociaciones empresariales, sindicales y profesionales.

4) Desarrollo de actividades de investigación orientadas a identificar las necesidades, origen y soluciones a los problemas de la sociedad española en materia de seguridad y salud en el trabajo. En este sentido, se podrían enumerar ciertos trabajos de técnicos del INSHT presentados a reuniones, congresos, eventos, o ciertos proyectos de investigación, como por ejemplo:

• Diseño ergonómico de un puesto de trabajo en una empresa de vacunas avícolas.

• Gestión y evaluación de las condiciones de trabajo en centros hospitalarios.

• Estudio biomecánico sobre algunas técnicas de movilización de enfermos.

• Procedimiento para la evaluación de riesgos en oficinas: factores ergonómicos.

• Síndrome del túnel carpiano: guía para la vigilancia médico laboral.Protocolo médico específico.

• Invalidez permanente por lesión de la espalda debida a accidente de trabajo.

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• Evaluación y prevención de trastornos musculoesqueléticos.

• Ángulos articulares en el uso del ratón informático.

5) Por otra parte, el INSHT, como Centro de Referencia Nacional en relación con las instituciones de la Unión Europea, y en particular respecto a la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, apoya y participa en las campañas de promoción de alto impacto que se desarrollan a nivel europeo, como por ejemplo la promovida en el año 2000 por la Agencia Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo el lema "Da la espalda a los trastornos musculoesqueléticas", y que dada la importancia del problema es posible que se repita en breve.

Además, se colabora con la Agencia Europea en la elaboración de documentos divulgativos dirigidos a las PYMES, algunos de ellos relacionados con la materia que nos ocupa, como por ejemplo los dedicados a los trastornos músculo-esqueléticos de origen laboral, a los trastornos músculo-esqueléticos del cuello y las extremidades superiores o a las lesiones por movimientos repetitivos.

Además de todas estas actuaciones, y fruto de la preocupación por la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y adecuarse a una sociedad laboral cambiante, el marco legal de la prevención de riesgos en España está casi permanentemente sujeto a evaluación y revisión, modernizándose con el fin de disponer de normativa preventiva armonizada con nuestro entorno europeo, lo que incluye la transposición a nuestro derecho de todas las Directivas Comunitarias relacionadas con la protección de los trabajadores. En este sentido, cabe resaltar que se está estudiando la posibilidad de regular a nivel europeo determinados riesgos laborales responsables de esas patologías, que tras su eventual aprobación motivará la adecuación de la normativa española.


Iniciativas para impulsar las tecnologías de apoyo para las personas dependientes.



La Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y

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Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del IMSERSO, lleva a cabo las siguientes actuaciones: • Ayudas Técnicas:

El Programa Europeo de la Iniciativa EASTIN (European Assistive Technology Information Network), en el que participa el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas dependiente del IMSERSO, está proporcionando un mayor conocimiento de las ayudas técnicas existentes en el mercado nacional y europeo.

El sistema de suministro de ayudas técnicas se realiza a través de los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas que disponen de los catálogos de prestaciones ortoprotésicas. La Comisión Interterritorial del Ministerio de Sanidad cuenta con un grupo de trabajo sobre prestaciones ortoprotésicas para decidir la inclusión de nuevos productos.

• Formación:

Se deben destacar, asimismo, los convenios de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y diferentes universidades para la formación en tecnologías de apoyo de profesionales en servicios sociales. La celebración, próximamente, de un curso de formación, presencial y a distancia, sobre tecnologías de apoyo va a dotar de una nueva herramienta a los diferentes profesionales implicados.

En cuanto a normativa técnica, existe un Comité AENOR específico sobre ayudas técnicas (AEN/CTN153), que coordina la elaboración y desarrollo de dichas normas técnicas.

• Investigación y Desarrollo:

El IMSERSO coordina el Programa de Tecnologías de Apoyo para Personas con Discapacidad y Mayores, incluido dentro del Plan Nacional de I+D+i, 2004-2007, cuya próxima convocatoria se desarrollará a principios del 2005.

• Teleasistencia Domiciliaria:

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del IMSERSO, suscribió, en abril de 1993, un Convenio Marco con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la colaboración en materia de teleasistencia domiciliaria a personas mayores dependientes y personas discapacitadas, con el objetivo fundamental de contribuir a la permanencia de personas vulnerables en su medio habitual de vida, asegurándoles la intervención inmediata en crisis personales o

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médicas, para proporcionar seguridad y contribuir decisivamente a evitar ingresos innecesarios en centros residenciales o/y hospitalarios.

A este Convenio se han incorporado Ayuntamientos de diferentes Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia, Principado de Asturias y Comunidad Valenciana, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Las previsiones para el año 2005, en cuanto al número de usuarios, ascienden a 112.356 (número de terminales de usuarios solicitadas por las distintas EntidadesLocales). La aportación económica del IMSERSO a este Programa, será de 17.885.944 euros.


Número de personas que pueden ser susceptibles de una calificación de dependientes, teniendo en cuenta los grados de dependencia establecidos en el Libro Blanco.





Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.



Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz.

Teniendo en cuenta los grados de dependencia establecidos en

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el Libro Blanco, ¿cuántas personas pueden ser susceptibles de una calificación de dependientes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2005.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia: AUTOR: Sánchez Rubio, María Josefa (GS).

Adaptación de baremo aplicado en la valoración del grado de minusvalía, recogido en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de julio, para dar respuesta a la problemática que su aplicación está generando.

AUTOR: Sánchez Rubio, María Josefa (GS)


Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la Sra. Diputada preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo.

Diputada doña María José Sánchez Rubio.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno, en el marco de los trabajos realizados por la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Minusvalía, relativo al Real Decreto 1971/1999, de 23 de julio, de adaptar dicho baremo para dar respuesta a la problemática que su aplicación está generando?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2005.-María José Sánchez Rubio, Diputada.

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Grado de accesibilidad para personas con discapacidad de las páginas de Internet de la Administración General del Estado y de todo sector público estatal.



A continuación se reflejan los datos de accesibilidad de las páginas web de la Aministración General del Estado y Organismos Públicos de la misma:

• Administracion.es Portal del Ciudadano cumple con el Nivel A de conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0).

• Mde.es (Ministerio de Defensa) cumple con el Nivel Doble-A de conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0).

• INTA.es (Instituto de Técnicas Aeroespaciales Estban Terradas - Ministerio de Defensa) cumple con el Nivel Doble-A de conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0).

• Ico.es (Instituto de Crédito Oficial - Ministerio de Economía y Hacienda) cumple con el Nivel A de conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0).

• Map.es (Ministerio de Administraciones Públicas) cumple con el Nivel A de conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0).

• Min.es (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) cumple con el Nivel A de conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0).

• Aena.es (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea - Ministerio de Fomento) cumple con el Nivel Doble-A de conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0).

• Dgt.es (Dirección General de Tráfico - Ministerio de Interior) cumple con el Nivel A de conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0).

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• Seg-social.es (Secretaría de Estado de Seguridad Social - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) cumple con el Nivel A de conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0).

• Rpd.es (Real Patronato sobre Discapacidad - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) cumple con el Nivel A de conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0).


Previsiones acerca de hacer accesible la información disponible en las páginas de Internet de las Administraciones Públicas a personas con discapacidad física y edad avanzada, antes del 31 de diciembre de 2005.



El Gobierno adoptará las medidas precisas para que, a fecha 31 de diciembre de 2005, todas la páginas web de la Administración General del Estado cumplan con las condiciones de accesibilidad exigidas. A estos efectos, se está elaborando una guía de edición y publicación de páginas web que contendrá los compromisos y estándares de accesibilidad de las páginas web de la Administración General del Estado.


Número de trenes de Cercanías de Barcelona que cumplen los criterios de accesibilidad para las personas con problemas de movilidad.



Actualmente los trenes que integran el parque móvil de Núcleo de Cercanías de Barcelona no están adaptados para el acceso de personas con limitaciones de movilidad.

La solución a la problemática existente en la actualidad se ha

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implantado en la nueva generación de trenes Cercanías que se han diseñado con la denominada "Plataforma Civia". Estos nuevos trenes Civia disponen de un coche de piso bajo al mismo nivel que el andén de las estaciones.

RENFE está realizando un gran esfuerzo inversor mediante la adquisición de estos nuevos trenes, una parte de los cuales irá sustituyendo paulatinamente el parque móvil actual de Barcelona.

En el año 2007 está prevista la incorporación de los primeros trenes Civia al Núcleo de Cercanías de Barcelona, que concluirá en el año 2009.


Número de los nuevos trenes adquiridos por RENFE durante el año 2004 que cumplen con los criterios de accesibilidad para la no discriminación en el acceso y utilización de los medios de transporte.



El Plan Nacional de Accesibilidad, promovido por el IMSERSO, establece un marco de actuación dentro de ese horizonte temporal para desarrollar unos objetivos coordinados con las Administraciones Públicas en cuanto a promoción de la accesibilidad en general, y en particular para la "incorporación de la accesibilidad en los medios de transporte públicos", como obra en la estrategia número 17 del citado Plan; y todo ello desde una perspectiva de fomentar la participación activa en la sociedad de todas las personas con minusvalías.

Desde RENFE-Operadora se desarrollan una serie de actuaciones en concordancia con las legislaciones autonómicas en materia de accesibilidad, además de la "Ley de no discriminación" y el "Proyecto de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad", todo ello bajo el absoluto respeto a la normativa vigente al respecto, tanto los artículos 9.2, 47 y 49 de la Constitución española, como de la Ley 13/1982 que dedica la Sección I a la supresión de barreras arquitectónicas; esto se hace patente no sólo en los trenes adquiridos desde 1995, sino en las adquisiciones previstas de material rodante.

En los documentos técnicos para la compra de nuevos trenes,

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Grandes Líneas exige que éstos cuenten con rampa de acceso para silla de ruedas, numeración de asientos en Braille, acceso a servicio de restauración y cafetería, e incluso la instalación de una barra de bar en cafetería a menor altura para que sea accesible para personas en silla de ruedas.

También se encuentra finalizado el estudio para la incorporación de una rampa de acceso en los TALGO de la serie 7 (producto ALTARIA), la cual se realizará en breve.

RENFE viene trabajando de forma continua junto a los constructores, en base a su experiencia, en buscar soluciones que traten de mejorar las condiciones de accesibilidad de personas con minusvalía en nuestros trenes y de adaptación a la normativa en cada momento en vigor.

En el caso de los trenes AVE, el acceso a las plataformas de los coches desde el andén se hace mediante plataforma elevadora.

En los trenes de Alta Velocidad se ha dispuesto un coche de cada composición para la acomodación de Personas con Movilidad Reducida (PMR) en su propia silla de ruedas, para dos PMR en los nuevos trenes TALGO-BOMBARDIER y SIEMENS, y una PMR en los trenes ALSTOM-CAF.

Para ello se dispone de una amplia zona de ubicación, con anclajes, pulsador de llamada a la tripulación, etc., y un WC contiguo específicamente diseñado al efecto.

Asimismo, se han adoptado medidas adicionales para adaptar el diseño a otras personas con necesidades especiales, discapacitados visuales, auditivos, etc.).

En cuanto a trenes que prestan servicios Regionales, se señala que en el año 2004 no se han adquirido nuevos trenes. En el transcurso de este año se están recepcionando los nuevos Automotores S/598, contratados en 2002, que disponen de espacio para personas con movilidad reducida, así como WC adaptado a las mismas.

Respecto a los trenes que prestan servicio de Cercanías, los 80 trenes cuya construcción se ha contratado en el año 2004 incorporan una solución para el fácil y cómodo acceso y estancia de personas con movilidad reducida.

Madrid, 1 de febrero de 2005.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Previsiones acerca de atender a la petición formulada por el comité español de representantes de personas

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con discapacidad (CERMI) de replantear de manera inmediata la supresión de la información sonora sobre vuelos en el aeropuerto de Barajas (Madrid).

AUTOR: Campuzano Curbelo, Casimiro (GS).


La tendencia aeroportuaria general a nivel internacional en los grandes aeropuertos es la de implantar los llamados "terminales silenciosos", que consiste en reducir la emisión de mensajes por el sistema de megafonía general para facilitar una eficaz información al pasajero.

Con la cada vez más alta densidad del número de mensajes, agudizada por la existencia de vuelos con códigos compartidos por compañías de distintas nacionalidades e idiomas, es muy difícil, por no decir inviable, captar la atención del pasajero sobre su vuelo, con lo que se pierde efectividad en los mensajes hablados, en perjuicio de la operatividad del aeropuerto y de la calidad de servicio a los pasajeros.

Esta reducción de mensajes hablados se compensa incrementando el número de monitores y de señales gráficas y manteniendo la megafonía localizada en las áreas de embarque, que emplearán directamente las propias compañías aéreas según las necesidades que se requieran.

Con respecto a los Pasajeros con Movilidad Reducida (PMR), entre los que se encuentran los invidentes, la atención y preocupación que AENA mantiene es permanente y constante, como lo demuestra el conjunto de actuaciones que han venido desarrollándose en los últimos años. Estas medidas están siendo contempladas directamente en todos los nuevos diseños, proyectos y obras de nuevos edificios terminales o de remodelaciones existentes.

En julio de 2001, AENA suscribió el "Compromiso de servicios de los aeropuertos con los pasajeros", documento que se está cumpliendo en sus términos y que elaboraron los aeropuertos europeos después de una amplia consulta realizada a los consumidores, gobiernos europeos, Comisión Europea y la industria del transporte aéreo.AENA tiene editados y a disposición de los pasajeros en todos los aeropuertos españoles los documentos "Derechos del Pasajero" e "Información para Personas con Movilidad Reducida", de los cuales se ha editado también una versión conjunta reducida en el sistema Braille.

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Con el fin de poder mejorar la accesibilidad de los Pasajeros con Movilidad Reducida en el transporte aéreo, y dentro del ámbito de actuación de AENA, el Ministerio de Fomento y el Comite Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) firmaron el pasado año un "Convenio Marco de colaboración para la mejora de las condiciones de vida y accesibilidad de las personas con discapacidad".

En este marco, AENA también colabora con la Fundación ONCE y con la misma ONCE para la cooperación e integración de personas con minusvalías con la eliminación de barreras arquitectónicas y de adaptación de puestos de trabajo para personas con discapacidad en las instalaciones de AENA.

Además, AENA colabora tanto con los agentes de handling como con las compañías aéreas, y cualquier organización que intervenga en el transporte aéreo, para solucionar posibles deficiencias detectadas en los servicios prestados y para mejorar los mismos. A este respecto, se informa que las compañías de handling tienen un tratamiento específico y procedimentado para atender a los pasajeros ciegos parecido al de los menores no acompañados, por lo cual se acompaña a los pasajeros invidentes en su tránsito por los aeropuertos guiándoles a las puertas de embarque de sus vuelos.

Asimismo, los perros guías, cuando se avisa previamente a la compañía aérea, están autorizados a acompañar a sus dueños invidentes a bordo de los aviones, comprobándose en los controles de seguridad que el perro tenga los documentos requeridos para este caso (certificados sanitarios, certificado de propiedad, el chip de identificación implantado, etc.).

No obstante, si bien la solicitud de ayuda es habitual, hay personas ciegas que no la solicitan, acercándose por sus medios hasta la puerta de embarque de sus vuelos. A este respecto, se recuerda que en las áreas de embarque se mantiene la megafonía local para dar aviso a los pasajeros, la cual se proporciona por las compañías aéreas.

Aparte de la situación general anterior, para el caso particular del aeropuerto de Madrid-Barajas, y en lo relativo a la reducción de mensajes por la megafonía general, el aeropuerto está estudiando nuevas fórmulas para mejorar la atención a personas con movilidad reducida para que todas sus necesidades sean comprendidas y atendidas de la mejor forma posible.

En este sentido, la implantación del programa "aeropuertos silenciosos" se está haciendo teniendo en cuenta la próxima

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adjudicación del expediente de Servicio de Atención Telefónica de AENA (CALL CENTER), en el que se exige al adjudicatario la disponibilidad de la tecnología necesaria para informar al pasajero invidente vía mensajes por telefonía móvil (SMS) sobre retrasos, cancelaciones, salidas y llegadas de vuelos. Este servicio permitirá a los invidentes disponer de un servicio oral personalizado y proporcionado en su propio teléfono.

Por otro lado, el proyecto CILENSI, que se encuentra en fase de pruebas en el aeropuerto de Madrid-Barajas, dispone de un videoteléfono que permite a los sordos la comunicación en lugares públicos. Este proyecto se ha realizado en colaboración con la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE).

Finalmente, es importante indicar que se están manteniendo reuniones con CERMI para la firma de un Convenio específico con AENA con el fin de conocer y estudiar todas las necesidades y adoptar aquellas medidas adicionales necesarias para prestar la mejor atención y tratamiento posible a las personas invidentes o con cualquier otra discapacidad, de forma que no les afecte negativamente la supresión de la información sonora de los vuelos en los aeropuertos.


DE LA SEÑORA FUENTES PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CRITERIOS DE SELECCIÓN QUE ESTÁ TENIENDO EN CUENTA CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN RELACIÓN CON LOS PLANES DE DINAMIZACIÓN Y EXCELENCIA TURÍSTICA. (Número de expediente 181/000255.)

DE LA SEÑORA FUENTES PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE REFORMAS EN EL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE TORREMOLINOS (MÁLAGA). (Número de expediente 181/000311.)

DE LA SEÑORA FUENTES PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CONTENIDO DEL PLAN DE MARKETING DISEÑADO POR TURESPAÑA. (Número de expediente 181/000539.)

El señor PRESIDENTE: Siguiendo con el orden del día, también hablamos de turismo y el secretario general va a contestar preguntas. Habíamos quedado en la reunión de la Mesa y

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portavoces que en este orden del día tan condensado podríamos juntar las preguntas de los grupos que las habían planteado. ¿El Grupo Parlamentario Socialista va a acumular todas las preguntas? (Asentimiento.) ¿Y el Grupo Parlamentario Popular?

El señor FAJARNÉS RIBAS: Yo dos y el señor Reguera una.

El señor PRESIDENTE: El objetivo es que terminemos antes de las dos. Es habitual en esta Comisión que haya libertad absoluta para hablar, pero la responsabilidad de cada uno es administrar el tiempo. Tiene la palabra la señora Fuentes para las tres preguntas que figuran con el número 4, criterios de selección que está teniendo en cuenta cada comunidad autónoma en relación con los planes de dinamización y excelencia turística; la número 5, sobre reformas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos, en Málaga; y la número 9, sobre el contenido del plan de marketing diseñado por Turespaña.

La señora FUENTES PACHECO: Respetando la brevedad a la que nos hemos comprometido, respecto a los criterios de selección en cada comunidad autónoma en relación con los planes de dinamización y excelencia turística ha contestado sobradamente en la comparecencia el secretario general de Turismo.

Respecto a la segunda pregunta, señor secretario general de Turismo, en el año 1998 se cede al Ayuntamiento de Torremolinos el Palacio de Congresos y Exposiciones de esta ciudad. Es indudable que este segmento turístico es cada vez más importante porque se refiere a lo que usted exponía hace tan solo unos segundos, y es que los que vienen a hacer turismo de congreso invierten más (así lo dicen todas las estadísticas a las que usted hace referencia), y siguiendo su criterio es importante aplicar la ciencia al sector turístico, que es lo que estamos haciendo desde el Partido Socialista y se ha demostrado que tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo es muy importante este segmentos y el Palacio de Congresos de Torremolinos no solo es importante para la ciudad sino también para toda la Costa del Sol. Por ello, ¿cuáles son las inversiones que Turespaña va a realizar en esta instalación para hacerla más moderna y que sea más competitiva?

Respecto a la tercera pregunta, en tanto en cuanto Turespaña tiene como primera obligación la promoción de España -lo ha dicho usted hoy en su comparecencia- como destino turístico a nivel general, en un momento en que se están produciendo cambios muy profundos en el sector, cambios importantísimos en la promoción -no solo hablamos de operadores sino de pequeños operadores-, y el turista no solo compra los paquetes

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en las agencias sino que en algunos casos los diseña él mismo y acude masivamente a internet, ¿cuáles son las nuevas técnicas que se están aplicando y, por tanto, cuál es el plan de marketing que está desarrollando Turespaña? Espero que me pueda contestar estas preguntas.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general.

El señor SECRETARIO GENERAL DE TURISMO (Martínez Fraile): Agradezco que la primera pregunta la dé por contestada con toda la información que he dado.

En cuanto a la segunda, la Secretaría General de Turismo tiene dos palacios de congresos, el de Madrid y el de Torremolinos, este último cedido desde el año 1998 al ayuntamiento de dicha ciudad. En este momento está prorrogado por un periodo de cinco años que se acaba en el año 2008, o sea que es el segundo periodo ya. Se hizo la prórroga el año 2003 y se decidió por parte de Turespaña llevar a cabo un plan de inversiones y se llevan invertidos 440.000 euros en el año 2000, 250.000 en el 2001, 35.000 en el 2002 -una media por año entre 250.000 y 300.000 euros- y para este año tenemos prevista una inversión de 200.000 euros para adecuarlo ponerlo y al día. La colaboración consiste en que la secretaría general lleva a cabo las reformas y lo gestiona directamente el municipio, sin ninguna obligación -lo cual me extrañó y lo descubrí a raíz de su pregunta- de información sobre las actividades que se desarrollan, de manera que las he solicitado para tener conocimiento porque, como digo, no tienen obligación ninguna, y a partir de ahora intentaremos tener esa información que si usted la desea se la proporcionaré. Lo único que hacemos -si me permite la expresión- es invertir en la infraestructura con una media de 250.000/280.000 euros anuales del presupuesto de Turespaña.

En cuanto al plan de marketing, nosotros no tenemos plan de marketing expresamente; tenemos un plan de objetivos, porque los objetivos del 2005 son cuantificables todos ellos y, por tanto, en todas esas acciones que vamos a desarrollar queremos saber qué es lo que vamos a conseguir en cada uno de los mercados. Lo decía en mi exposición primera cuando me refería a que las oficinas de turismo tienen deberes en el sentido de que tienen objetivos a cumplir cuantificables. En el mundo del turismo se ha dicho muchas veces que esto no se puede cuantificar. Es mentira. Lo que no se puede cuantificar en economía no existe y, por tanto, en turismo pasa exactamente igual. Nosotros lo que tenemos es un plan de objetivos basado en unos principios estratégicos, que en mi exposición primera no he puntualizado mucho, y en seis ejes o programas. El

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primero de los principios es la orientación al consumidor; que el consumidor encuentre en nuestra oferta que le estamos dirigiendo. Por eso hacía referencia también al portal de Infospain. Conseguir no que tenga el conjunto, porque si tiene el conjunto se pierde, sino cómo puede llegar a aquello que en definitiva puede ser su objetivo o ir generando que ese sea su objetivo. El segundo principio es la cooperación y establecimiento de alianzas con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos y, como novedad, con el sector privado, como he explicado también a pregunta del diputado del Grupo Popular. El tercero es el reforzamiento de la marca y diferenciación; ser capaces de que esa marca esté más reforzada todavía a pesar de que lo está mucho y diferenciación también de cuáles son los productos. El cuarto es conseguir el mayor impacto. Que lo hagamos bien o mal dependerá de nuestra capacidad. Los resultados de ese plan nos lo demostrarán. Por otra parte, los seis ejes o programas son: investigación de mercados, primero saber qué es lo que pasa antes de tomar una decisión; segundo, posicionamiento de la marca e imagen, que va ligado con lo otro; tercero y cuarto, el desarrollo de los productos y la comercialización de los productos turísticos en colaboración con la privada, porque nosotros no podemos hacerlo; establecer una comercialización on line, apostar fuerte por ella sobre todo en determinados productos; los productos más pequeños hay que meterlos on line, no utilizar el off line, porque estás perdiendo el dinero, estás matando moscas a cañonazos y no hace falta que dispares un cañonazo para poder intentarlo de nuevo; quinto, buscar la excelencia en la gestión por nuestra parte y en desarrollo de nuestra promoción; y sexto y último apartado, al que no he hecho referencia en la presentación, la gestión de crisis. Saben que en el sector turístico hemos tenido a finales de diciembre el tsunami y aquí también hemos padecido por desgracia el año pasado -en todos está presente- determinados atentados que han tenido importancia en el turismo.

Estamos explorando también en colaboración con las comunidades autónomas una célula de gestión de crisis dentro del sector turismo para que seamos capaces de que cuando se produzcan estos acontecimientos podamos dar un único mensaje por el conjunto de las administraciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, Estado y también el sector privado. Esto lo estamos desarrollando también dentro de este plan de objetivos del año 2005. Por eso nos negamos a llamarlo plan de marketing. Queremos que sea plan de objetivos porque son cuantificables y evaluables y que el día 31 de diciembre podamos poner nota, poner medallas o cesar.

DEL SEÑOR VAÑÓ FERRE (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE PREVISIONES

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ACERCA DE INVITAR A LAS ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS DEL SECTOR DE LA DISCAPACIDAD PARA QUE APORTEN SU PUNTO DE VISTA EN RELACIÓN CON SU PARTICIPACIÓN EN EL OBSERVATORIO DE SALUD DE LA MUJER. (Número de expediente 181/000584.)

DEL SEÑOR VAÑÓ FERRE (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE RECOGER LA ESPECIFICIDAD DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD EN EL OBSERVATORIO DE SALUD DE LA MUJER (Número de expediente 181/000585.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos, a continuación, a la formulación de las dos últimas preguntas. Antes de ello, quiero agradecerle al diputado que es dueño de las mismas, el señor Vañó, la amabilidad que ha acreditado al aceptar formularlas conjuntamente, dada la hora que es y dada, también, la evidente relación que existe entre ellas.

Cuando se le ha pedido por los servicios letrados de la mesa, no se le había dicho con anterioridad pero, inmediatamente lo ha aceptado así y quiero que conste en el "Diario de Sesiones" y en público el agradecimiento.

Las dos hacen referencia al observatorio de salud de la mujer y solicita, primero, que sean oídas, en relación con la misma, las asociaciones que las representan y, en segundo lugar, que el observatorio tenga en cuenta su especificidad. Para formularla en la forma en que desea tiene la palabra el seño Vañó.

El señor VAÑÓ FERRE: Muchas gracias, señor secretario, por su comparecencia y voy a ser muy breve, dada la hora que es.

El Observatorio de salud de la mujer, creado en el Consejo de Ministros del 5 de marzo de 2004, establecía seis meses para su desarrollo, donde debían incorporarse las especificidades, como estamos hablando, de la discapacidad.

La comisión de la mujer del Cermi, me consta, tiene la intención de formar parte de dicho observatorio, igual que del observatorio de violencia de género, igual que el Instituto de la Mujer. Manifiestan dificultades para participar en las esferas de la salud y en ámbitos de participación como los citados. El formar parte del Cermi hace que no sea específico de mujeres. A su vez, el movimiento asociativo tuvo que englobarse en torno a un movimiento fuerte porque estaba muy atomizado. En definitiva, piden que se les admita en los foros en donde haya representatividad de las mujeres, independientemente de no

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ser una asociación específica de mujeres. Por ejemplo, en el caso de Foro europeo de mujeres sí forman parte, gracias al Foro europeo de la discapacidad. Sin embargo, en el caso del Foro español de las mujeres no han podido entrar, precisamente, por esa especificidad.

En aras de evitar algún coma hipoglucémico y dada la hora, voy a tratar de sintetizar la pregunta para que, si puede ser en un monosílabo, acabemos la sesión, insisto, que por el bien de todos. La pregunta va a ser, resumiendo las dos en una, ¿va a poder entrar a formar parte del Observatorio de la salud de la mujer la comisión de discapacidad de la mujer del Cermi?

La señora PRESIDENTA: Para responder tiene la palabra el señor secretario general.

El señor SECRETARIO GENERAL DE SANIDAD (Lamata Cotanda): En todo caso, quisiera subrayar la importancia del asunto que plantea. Desde luego, todo el tema de la atención, desde el punto de vista de la salud, a personas con discapacidad es importante. Estamos hablando alrededor de tres millones de personas. Según las estimaciones, el 9 por ciento de la población, y de ellas el 58 por ciento, casi el 60 por ciento son mujeres. También de las personas mayores que viven solas.

Reconocemos la importancia de la discapacidad en las mujeres y esa especificidad que justificaría, desde luego, contar con las personas expertas, con las personas que conocen, bien por su afectación, bien por su cercanía, estos problemas. Sería muy importante contar con estas personas o estas instituciones en los trabajos del Observatorio de salud de las mujeres. La forma jurídica que tiene el observatorio, que es como comité interministerial, está definida, como usted señalaba, en el momento de su creación. No contempla, en esa fórmula, otro tipo de estructura, de forma que el Gobierno actual está dándole forma, para hacerlo operativo, porque eso estaba creado, como usted señalaba, pero no puesto en marcha. Hemos designado una estructura dentro de la Agencia de Calidad. Dentro de esa dirección general hay una responsable del observatorio, una persona que acaba de incorporarse.

Hemos trabajado con distintos grupos de asociaciones, de identidades relacionadas con esta problemática, en un primer taller, que definió lo que sería la agenda de trabajo del observatorio, y vamos ya a empezar a desarrollar estudios, investigaciones, etcétera. Por lo tanto, desde el Ministerio de Sanidad se verán las maneras adecuadas, operativas y eficaces de poder contar con la opinión o la presencia en estas tareas y en estas actividades del Cermi. Lo que no le puedo contestar en estos momentos es cuál será esa manera, porque, desde el

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punto de vista estructural, como le digo, hay una comisión interministerial donde no hay otra participación. Existe un órgano en este momento ejecutivo, que sería esta unidad de la agencia, pero sí que va a haber foros, talleres y estructuras que quizás se consoliden como órganos estables de participación, en cuyo caso en los informales, desde luego, tendrá cabida, y si se produjera alguna estructura formal, entonces nos pondríamos en contacto para valorar esa participación. Pero nos parece una propuesta muy positiva y la recogemos con interés.

La señora PRESIDENTA: Señor Vañó, si desea replicar.

El señor VAÑÓ FERRE: Quisiera darle las gracias y espero que, efectivamente, cuente con ellas.

La señora PRESIDENTA: Señoras diputadas, señores diputados, considero la conveniencia de poner en su conocimiento que durante el Pleno de esta semana nos reuniremos en los escaños, puesto que lo acordado en la Mesa y Junta de Portavoces fue que hubiera una Comisión el día 8 o 9 de marzo, si no recuerdo mal. Hay que tener en cuenta que la semana próxima no hay Pleno. La Mesa de la Cámara nos exige que, para poder darnos un día al margen del calendario previsto, sea con orden del día cerrado. Por lo tanto, intentaremos reunirnos en los días de sesión esta semana para poder cerrar el orden del día.

También pongo en su conocimiento lo que ya los portavoces conocen, y es que el día 25, es decir, el próximo viernes, se celebrará, dentro de esta nueva actividad de jornadas abiertas que se ponen en marcha en el Congreso de los Diputados, una comparecencia en la Cámara de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, que va a contar con la presencia de diputados de la propia Comisión de Sanidad y también de la de Educación y Ciencia. Esperamos que nos acompañe también el presidente de la Cámara, puesto que ha sido de las primeras instituciones que se ha adelantado a esta prohibición respecto del consumo de tabaco, ya que la materia objeto de la jornada será el impacto socioeconómico y la elevada morbilidad y mortalidad asociada directamente con el consumo de tabaco.Les invito a todos ustedes, puesto que en la jornada celebrada hace dos semanas, en el día del paciente, hubo una escasa presencia de señores diputados, si bien, a pesar de ello, las jornadas resultaron enormemente interesantes tanto para las asociaciones que estuvieron presentes como para los diputados que participamos en ellas. Insisto, les invito a que acudan el viernes a estas nuevas jornadas.

Me pide la palabra la señora Pan.

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La señora PAN VÁZQUEZ: Para solicitar de usted la retirada del "Diario de Sesiones", si es posible, de las alusiones directas que la diputada Isabel Salazar ha hecho sobre mi persona en una pregunta que, en principio, era genérica. La pregunta era genérica y se ha referido a unas responsabilidades que yo desempeñé en otro momento, por lo que no he tenido oportunidad de defenderme.

La señora PRESIDENTA: Me lo ha comentado usted y había creído conveniente, dada la hora, que también esta cuestión fuese hablada respecto del tono y el ámbito, aunque creo que está claro en el reglamento, que han de tener las preguntas orales. En todo caso, sí me parece sensato, si usted considera que ha habido alguna imputación personal de responsabilidades políticas del pasado al margen, que, cuando menos, hubiera una palabra no digo de retirarla, puesto que la crítica política es legítima, pero sí quizá pulir los modos o las maneras para que pudiera quedar satisfecha.

Aun así, le rogaría que, dada la hora que es, no intentásemos prolongar por más tiempo el contenido de esta Comisión.

La señora SALAZAR BELLO: Señora presidenta, yo creo que no he citado en ningún momento su nombre. Si lo hubiera hecho, retiro totalmente esa parte que no tiene que ver.

La señora PRESIDENTA: Se lo agradezco enormemente, señora Salazar.

Se levanta la sesión.

Eran las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

Número de hombres con discapacidad que han conseguido un puesto de trabajo en el sector público entre los años 2000 y 2004 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

AUTOR: Coello Fernández-Trujillo, María Mercedes, y Cedrés Rodríguez Olivia (GS).

Respuesta del Gobierno (BOCG Cortes-Congreso de Madrid, 3 de marzo de 2005).

En el período 2000-2004, y por lo que se refiere a los nombramientos de personas discapacitadas como funcionarios de carrera en los Cuerpos y Escalas adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas, se señala que en la provincia de

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Santa Cruz de Tenerife, tres hombres con discapacidad fueron nombrados funcionarios en el período considerado.

Número de mujeres con discapacidad que han conseguido un puesto de trabajo en el sector público entre los años 2000 y 2004 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

AUTOR: Coello Fernández-Trujillo, María Mercedes, y Cedrés Rodríguez, Olivia (GS).


En el período 2000-2004, y por lo que se refiere a los nombramientos de personas discapacitadas como funcionarios de carrera en los Cuerpos y Escalas adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas, se señala que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ninguna mujer con discapacidad fue nombrada funcionaria en el período considerado.


Número de hombres con discapacidad que han conseguido un puesto de trabajo en el sector público entre los años 2000 y 2004 en la provincia de Las Palmas.

AUTOR: Cedrés Rodríguez, Olivia, y Coello Fernández-Trujillo, María Mercedes (GS).


En el período 2000-2004, y por lo que se refiere a los nombramientos de personas discapacitadas como funcionarios de carrera en los Cuerpos y Escalas adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas, se señala que en la provincia de Las Palmas, dos hombres con discapacidad fueron nombrados funcionarios en el período considerado.


Número de mujeres con discapacidad que han conseguido un puesto de trabajo en el sector público entre los años 2000 y 2004 en la provincia de Las Palmas.

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En el período 2000-2004, y por lo que se refiere a los nombramientos de personas discapacitadas como funcionarios de carrera en los Cuerpos y Escalas adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas, se señala que en la provincia de Las Palmas, tres mujeres con discapacidad fueron nombradas funcionarias en el período considerado.


Previsiones en relación con la creación de un centro de día en el Centro de Atención de Minusválidos Físicos (CAMF).

AUTOR: Font Bonmati, María Ángeles y Echániz Salgado, José Ignacio (GP).


Las obras proyectadas en el CAMF de Guadalajara tienen como objeto la ampliación de sus servicios y zona residencial y la mejora de las habitaciones, especialmente las dobles. Se ampliarán, asimismo, el comedor y los servicios comunes.

Esta obra se iniciará en 2005, estando prevista la finalización para el año 2007. El coste asciende a 1.850.000 euros.


DEL SEÑOR HEREDIA DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL AUMENTO DE LAS AYUDAS A LAS FAMILIAS QUE TIENEN ENTRE SUS MIEMBROS A UNA PERSONA DISCAPACITADA.

9 de marzo de 2005

El señor PRESIDENTE: Continuamos con la comparecencia del señor Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, que responderá a su vez a las que figuran en los puntos del orden del día con los números quinto a octavo, ambos inclusive,

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acumulando asimismo la pregunta que aparece en el punto nueve.

Para su exposición, tiene la palabra el señor Secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Fernández Ordóñez): Señorías, comparezco ante esta Comisión de Economía y Hacienda para atender a distintas solicitudes, relativas todas ellas a cuestiones de carácter fiscal. En concreto, una de ellas se refiere al Plan de prevención del fraude fiscal, recientemente presentado, mientras que el resto atañe a la reforma fiscal proyectada por el Gobierno.

Quiero comenzar recordando que, como bien saben SS.SS., el programa electoral con el que el Partido Socialista concurrió a las elecciones abogaba tanto por una reforma fiscal del impuesto sobre la renta de las personas físicas como por un nuevo impulso en la lucha contra el fraude fiscal.

En estos momentos, el Plan de prevención del fraude fiscal es ya una realidad y las líneas directrices de la reforma del IRPF serán presentadas por el Gobierno próximamente, aunque su concreción se realizará a lo largo del año y la aprobación final corresponderá a estas Cortes Generales.

La reforma del IRPF ha despertado, como no podía ser de otro modo, un gran interés. Las medidas en el ámbito fiscal afectan de modo directo al conjunto de los ciudadanos, permiten redistribuir la riqueza y constituyen por otra parte un importante instrumento de política económica. Por último, tal y como está configurada hoy en día la financiación territorial, las reformas en materias tributarias inciden directamente en los recursos con que pueden contar las comunidades autónomas. Entiendo el interés que genera esta reforma, pero como expondré más adelante todavía nos encontramos trabajando sobre la misma y, aunque es posible avanzar algunos aspectos, hay cuestiones relevantes que todavía no hemos decidido.

Sí puedo abordar ampliamente -y comenzaré por ahí- la solicitud de comparecencia relativa al Plan de prevención del fraude fiscal. Desde la toma de posesión del actual Gobierno, en el Ministerio de Economía y Hacienda nos marcamos como prioridad reforzar los mecanismos con los que cuenta el Estado para hacer frente al fraude fiscal. El fraude no solo comporta una merma para los ingresos públicos, sino que constituye un comportamiento insolidario que condiciona el nivel de calidad de los servicios públicos y agrava la presión fiscal soportada por los contribuyentes cumplidores, puesto que de otra forma no se

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podría mantener el gasto público. En este punto me gustaría recordar que el plan parte de una premisa básica: la gran mayoría de los obligados tributarios cumple con sus obligaciones fiscales, por lo que se les debe seguir facilitando el cumplimiento voluntario.

A este respecto, el que se realice un esfuerzo para combatir el fraude en ningún modo va a suponer que se abandone la labor que la Agencia Tributaria desempeña en orden a facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Esta labor, en la que la Agencia Tributaria española ha alcanzado un reconocimiento unánime no solo en el ámbito nacional sino incluso en el internacional, queremos seguir potenciándola. De hecho, hace poco más de una semana que comenzamos la campaña de renta correspondiente al ejercicio 2004 en la que se ha hecho un esfuerzo adicional para dar impulso a los procedimientos de devolución rápida y de remisión de borradores de declaración. Las devoluciones rápidas pueden ser solicitadas desde el pasado 1 de marzo por quienes no estén obligados a declarar. La Agencia Tributaria les calculará la devolución que les corresponde y se la ingresará antes del próximo 31 de mayo. Calculamos que alrededor de un millón de contribuyentes se va a beneficiar de esta medida. Del mismo modo, el próximo día 20 se van a comenzar a enviar los borradores de declaración a los ciudadanos que así lo solicitaron en la declaración del pasado año. Para que se hagan una idea de la importancia de esta medida basta con señalar que 7,3 millones de contribuyentes solicitaron el citado borrador en su declaración del año pasado.

Los que no lo solicitaron pueden hacerlo desde el pasado 1 de marzo, incluso por internet o por teléfono, y les será remitido también próximamente. Quienes estén de acuerdo con el borrador que les remita la agencia podrán limitarse a confirmarlo y su declaración estará ya presentada. Lógicamente, en caso de no estar de acuerdo con los datos podrán y deberán modificarlos. Este año, como he dicho, hemos adelantado respecto al pasado el plazo de remisión de borradores y, por tanto, el plazo en que se efectuará la devolución correspondiente. En este sentido está previsto que las devoluciones se inicien en la segunda quincena de abril, lo que supone un adelanto sustancial respecto de la pasada campaña de renta.

Por último, no quiero dejar de mencionar otros servicios como la remisión de datos fiscales, la puesta a disposición de los contribuyentes del programa Padre, el servicio de cita previa o la atención telefónica. Como novedad de este año, me gustaría hacer mención a la colaboración que prestará la entidad pública

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empresarial Red.es, que proporcionará aulas de internet fijas y móviles en las que se prestarán los servicios de la campaña de renta que no exijan firma electrónica. En definitiva, y como pueden ver, en ningún caso se han dejado de lado las actuaciones orientadas a favorecer el cumplimiento voluntario; antes al contrario, este tipo de servicio se ha visto reforzado y mejorado.

Respecto al Plan de prevención del fraude fiscal, motivo de la comparecencia, lo primero que me gustaría destacar es que ha sido concebido no como un plan de la Administración o del Gobierno, sino como un plan de la sociedad. En este sentido, la elaboración del plan comenzó con un diagnóstico de la situación por parte de los técnicos de la Agencia Tributaria, a partir del cual se redactó un borrador que fue sometido a un proceso de información pública a través de la página web de la agencia, permitiendo que cualquier persona, tanto particulares como asociaciones, realizaren observaciones, aportaciones o críticas al mismo.

Además, como ustedes saben, pusimos en la web no solo el plan sino las observaciones y sugerencias remitidas, con lo cual todo el mundo, y no solo el Gobierno, podía ver las críticas o sugerencias que se hacían y, por tanto, tenía toda la información que hemos tenido nosotros. Esta apuesta por la transparencia y la participación no puede valorarse sino de forma claramente positiva.

Hemos recibido más de 500 sugerencias y 22 informes de distintas organizaciones que, como he dicho, publicamos también en la web. Algunas de las sugerencias las hemos incorporado al plan o han motivado su revisión en varios puntos, otras lógicamente las hemos desechado. Por último, algunas se han considerado de interés, pero se ha decidido estudiarlas con más detalle para su eventual incorporación en la próxima revisión del plan, y es que -me gustaría señalarlo aquí- el plan lo concebimos como un instrumento dinámico sujeto a un proceso de adaptación continua.

Respecto a las sugerencias, a título de ejemplo puedo apuntar que se han incorporado sugerencias como las relativas a reducir al mínimo las medidas dirigidas a exigir nuevas obligaciones formales y de información, de tal forma que hemos decidido que solo cuando se observe una carencia fundamental que no pueda resolverse de otro modo se establecerá la obligación de suministrar los datos. También hemos quitado del plan original la idea de acceso al Registro de la Propiedad de los documentos privados sobre la compraventa de un inmueble. Y entre las sugerencias que hemos dejado pendientes con el fin de incorporarlas, en su caso, más adelante, me parece interesante

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destacar la relativa al establecimiento de valores de referencia para los inmuebles que tengan validez para todos los impuestos. Este es un asunto crucial que puede significarnos una reducción trascendental de litigiosidad en el campo tributario. En este momento tenemos en España una litigiosidad del orden de 150.000 casos al año y una buena parte de ellos se debe a una falta clara de valores de referencia, ya que a veces tenemos distintos valores de referencia para distintos impuestos. Esto lo hemos puesto ya en marcha dentro de la Agencia Tributaria en relación con las comunidades autónomas. Hemos creado un grupo de trabajo para estudiar esto, que yo creo que puede liberar de medios de forma importante a la Administración tributaria y a los tribunales. Es un objetivo realmente importante.

Entrando en el contenido del plan, debo poner de relieve que comporta un cambio de orientación en algunos aspectos que consideramos básicos. Así, queremos pasar de una acción hasta ahora centrada en la comprobación -en traer al contribuyente y comprobar- a una acción basada en la investigación, en la detección de rentas no declaradas. Decimos de alguna forma que los inspectores deben pasar de la oficina a la calle, que deben investigar el fraude más que estar en la oficina comprobando contribuyentes, que también tendrán que estar.

En fin, frente a la creciente litigiosidad pretendemos fomentar la colaboración social; hay unas líneas de colaboración con asociaciones, colegios, etcétera. Frente a una organización del trabajo separada en áreas dentro de la Administración tributaria hemos impulsado la integración y, frente a una actuación orientada a la liquidación de las deudas tributarias, hemos pasado a reforzar el cobro efectivo de la deuda tributaria y no exclusivamente de la deuda descubierta y no la liquidación. Finalmente, se apuesta decididamente por la prevención y detección temprana del fraude, tratando de evitarlo antes de que se produzca. En vez de ir a investigaciones de muchos años atrás, se trata de ir a la investigación de los últimos momentos. Todas estas ideas se han concretado en más de 300 medidas que son fundamentalmente operativas y organizativas, cambios de orientación importantes en la forma de actuar de la Agencia Tributaria en la línea que he señalado, pero si ustedes examinan el plan verán que también hay normativas dirigidas a prevenir y corregir el fraude fiscal.

Estas medidas normativas se concentran especialmente en ámbitos prioritarios como el sector inmobiliario, las tramas organizadas en relación con el IVA e impuestos especiales, la ingeniería fiscal y el fraude a través de paraísos fiscales, el blanqueo de capitales o el delito fiscal.

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Entrando ahora en el detalle podemos poner de relieve medidas como las siguientes. Reforzar la actividad investigadora. ¿Dónde especialmente? En el sector inmobiliario, donde vamos a realizar una planificación integral de las actuaciones de control con inspecciones verticales, es decir, actuaciones coordinadas y simultáneas acerca de diversas empresas del sector que estén interrelacionadas o que realizan operaciones entre ellas. Además, se llevarán a cabo actuaciones específicas acerca de subcontrataciones y uniones temporales de empresas. Respecto a las tramas organizadas del IVA, se establece una estrategia única y centralizada para combatir este tipo de fraude, así como protocolos de actuación ante las distintas situaciones que puedan producirse.

A estos efectos, todas las actuaciones de las distintas áreas de la agencia en este ámbito se llevarán a cabo con la coordinación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. En los impuestos especiales se actuará contra las tramas organizadas, en especial las vinculadas a la introducción en España de vehículos; supuestos en los que en ocasiones se declaran bases imponibles bajísimas. Se hace un esfuerzo específico para combatir el blanqueo de capitales sobre los expedientes del delito fiscal. Dentro del plan está previsto crear un observatorio del delito fiscal e incrementar la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la Abogacía del Estado, con el ministerio fiscal, con el Ministerio de Justicia y con el Consejo General del Poder Judicial. Asimismo se contempla un mejor aprovechamiento de los recursos del Servicio de Vigilancia Aduanera, en particular en tareas de prevención de contrabando y narcotráfico y apoyo a la investigación fiscal. Se han adoptado medidas específicas para hacer frente a la denominada ingeniería fiscal, estableciendo un procedimiento para gestionar la información y el conocimiento disponibles y garantizar su uso en los procedimientos de control, de forma que se puedan detectar casos similares y se normalice el modo de actuar contra este tipo de fraudes. Hacemos especial hincapié -lo he mencionado antes- en la fase de recaudación. ¿Para qué? Para garantizar el cobro de la deuda mediante la adopción de medidas cautelares y la adopción de acciones judiciales para lo que se denomina levantamiento del velo en los casos de entramados de sociedades utilizadas para eludir el pago de la deuda. Finalmente, se apuesta decididamente por una mayor presencia de la Agencia Tributaria fuera de las oficinas de la Administración, potenciando tareas de investigación y recopilación de información in situ. Además de reforzar la actividad investigadora se recogen otras líneas de actuación como las siguientes.

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Una apuesta decidida por las actuaciones preventivas, promoviendo la colaboración social en la prevención del fraude. En el plan hemos previsto la suscripción de acuerdos de entendimiento con sectores económicos en los que la generalización del fraude constituye un importante factor de competencia desleal. No sólo nosotros estamos interesados como Administración tributaria, sino las empresas que están trabajando y están pagando sus impuestos y consideran el fraude como un caso claro de competencia desleal. Impulsamos la educación tributaria y la comunicación externa, y se crean nuevos servicios para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Se lleva a cabo un mayor control de las devoluciones mediante actuaciones de comprobación limitada por unidades especializadas cuando se trate de contribuyentes con actividades económicas y actuaciones inspectoras en casos de mayor riesgo fiscal. Por último, hemos impulsado alianzas institucionales con otras administraciones tributarias y con otros organismos e instituciones, en especial con las administraciones tributarias autonómicas. En la web del ministerio está colgado un documento, que yo creo que es de enorme interés y que ha sido muy valorado por las comunidades autónomas, titulado Relaciones entre los órganos de la Secretaría de Estado de Hacienda y las comunidades autónomas. Realmente hemos dado unos pasos muy importantes, haciendo cosas que deberían ser obvias pero que no se hacían. Finalmente, aunque el plan, como he dicho, tiene un carácter eminentemente operativo, se incluyen determinadas medidas normativas que pueden contribuir en forma positiva a la prevención del fraude. La idea es elaborar, a lo largo de este año, un proyecto de ley de prevención del fraude en el que se recojan las principales medidas de tipo normativo.

Quiero señalar también que en la agencia hemos adoptado medidas organizativas que a mí me parecen importantes. Durante los últimos once años, la agencia se había ido fragmentando y separando, desintegrando de alguna forma. ¿Y qué hemos hecho? En este momento hay cuatro oficinas nacionales, de inspección, recaudación, gestión y aduanas, y se crea una delegación central que de alguna forma integre todas -es un proceso lento, no es un proceso rápido-; y ante las dos oficinas de investigación de fraude fiscal que teníamos, la del resto de los impuestos y la de aduanas, se crea una sola oficina nacional de investigación del fraude.

Todo esto quizá les puede parecer poco importante pero es trascendental para el funcionamiento de la Agencia Tributaria. En cuanto a las actuaciones de coordinación e integración entre áreas funcionales, desde el 1 de enero, inspectores y aduanas están llevando a cabo actuaciones a la vez. Les parecerá obvio

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pero no se ha hecho nunca, se hace desde el 1 de enero, y es algo absolutamente fundamental. Los inspectores y los encargados del servicio de aduanas actúan conjuntamente sobre los sujetos pasivos que tienen ambos tipos de impuestos, y lo mismo ocurre en un área fundamental como es la de liquidación y recaudación -como les he dicho- para conseguir el cobro efectivo de la deuda. En este sentido, desde el 1 de enero, hemos empezado una experiencia piloto, cuatro delegaciones especiales y una provincial lo están haciendo y a partir del 1 de abril lo extenderemos a todas para las actividades previstas. Todo esto, insisto, parece obvio pero no se hacía. Siento mucho decirlo pero es una cosa elemental y uno se pregunta cómo podían estar funcionando todas estas áreas de forma diversa. El resultado era que no se cobraban las deudas. Todos los años teníamos unos informes enormes de liquidación de cantidad de deuda, pero cuando íbamos al cobro efectivo no se cobraba. Ahora estamos pasando de algo que es menos espectacular a una cosa más efectiva.

Para concluir, pondría de relieve que el plan ha comenzado, como ven, a aplicarse de forma inmediata; que la mayoría de las medidas tienen carácter operativo y pueden ser puestas en práctica sin necesidad de grandes cambios, y que el resto de las medidas las iremos aplicando a lo largo del año. En todo caso, la Agencia Tributaria ha identificado ya un documento de las unidades responsables de la aplicación de cada una de las medidas y cada una de ellas tiene un calendario para su puesta en práctica. Esto refleja nuestro compromiso con el plan y nuestra voluntad de llevarlo adelante de forma rigurosa.

Pasemos ahora a abordar lo relativo a la reforma fiscal, aunque como ya les adelantaba, señorías, no se han adoptado decisiones finales. Llevamos tiempo trabajando en la reforma, analizando el funcionamiento del IRPF vigente y estudiando los aspectos que hay que modificar y, como he dicho, próximamente, en este mes, se darán a conocer las directrices básicas de la reforma, pero creo que entenderán que ahora, antes de que hagamos ese anuncio, yo deba ser prudente. Señorías, el Gobierno ha querido desde el primer momento huir de prácticas como las vividas en los últimos años, con modificaciones tributarias continuas que iban acumulándose hasta alcanzar más de 2.000 cambios normativos en este ámbito en la pasada legislatura, tres diarios, el BOE inflado absolutamente. Dijimos en nuestro programa que una de las ideas clave es el sosiego tributario, y hemos arrancado con sosiego tributario. ¿Por qué? Porque la inestabilidad normativa favorece la conflictividad y la litigiosidad, y de ahí que insistamos en mantener cierta estabilidad normativa en el ámbito fiscal y tranquilidad y prudencia en los cambios. Por esto motivo, por ejemplo, hemos mantenido íntegramente la Ley

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General Tributaria aprobada en la legislatura anterior. Ustedes saben que el Partido Socialista presentó enmiendas importantes a esa ley y que no fueron aceptadas con el rodillo de la mayoría absoluta; sin embargo, no hemos venido a esta Cámara a modificar aquello que ahora, con una nueva mayoría, deberíamos haber modificado en la línea de veamos qué sucede, experimentemos tranquilamente y si es necesario modifiquemos. Por ello también nos estamos tomando el tiempo previsto en el programa electoral para presentar a lo largo del segundo año de legislatura la reforma del IRPF, que hemos empleado en analizar con detalle, como les he dicho, el régimen vigente y en estudiar posibles modificaciones y evaluar sus efectos. Por el momento, y como saben SS.SS., los únicos cambios normativos que hemos introducido en el campo de los impuestos se han orientado a bajarlos moderadamente. Hemos deflactado la tarifa del IRPF tal como prometimos en el programa electoral. En este sentido, creo que hemos puesto fin a una práctica perniciosa del Gobierno anterior, y que habíamos denunciado, que iba subiendo los impuestos en frío todos los años para luego decir que los bajaba justo antes de las elecciones. Por lo demás, en la Ley de presupuestos se han introducido poquísimas modificaciones tributarias, todas ellas en el sentido de reducir los impuestos a las pequeñas y medianas empresas; otra línea de política fiscal que propugna este Gobierno. Igualmente se ha aprobado una Ley de modificación de tasas y beneficios fiscales de acontecimientos de interés público, que no me cabe duda que ustedes conocen bien porque ha sido objeto de trabajo en esta Comisión, que es la que da lugar a la desaparición de la ley de acompañamiento y a que estas modificaciones se puedan estudiar de nuevo sosegadamente, no con una enmienda en el último momento en el Senado, tal como se hacía habitualmente.

Me gustaría referirme también brevemente a las poquísimas medidas fiscales contenidas en el Plan de dinamización de la economía e impulso de la productividad, que podrán debatir ustedes muy pronto. Este plan, que abarca un amplio elenco de medidas liberalizadoras y que fundamentalmente es un plan de liberalización y de creación al menos de cinco mercados nuevos, incluye también un proyecto de ley en el que se recogen medidas fiscales para el fomento de la competitividad empresarial y el crecimiento de la economía. Yo querría destacar de esas medidas las adoptadas para potenciar el régimen de vivienda en alquiler, creando un nuevo tipo de institución de inversión colectiva de carácter inmobiliario y simplificando los complejísimos requisitos del régimen especial de las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas. Además, lo que hemos hecho ha sido extender los beneficios fiscales que se habían dado a las instituciones de inversión colectiva a aquellas instituciones que hagan promoción

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inmobiliaria, porque uno de los grandes problemas que tenían estas instituciones es que no encontraban el tipo de inmuebles para de alguna forma poder alquilar y, por tanto, se abre la posibilidad de que ellas mismas puedan promoverlo. Por otro lado, hemos potenciado el tema de la investigación e innovación en las pymes, reformando el impuesto sobre sociedades en dos sentidos: modificando la deducción por actividades en investigación, desarrollo e innovación tecnológica y potenciando las nuevas tecnologías en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, incrementando en cinco puntos el porcentaje aplicado a la deducción para el fomento de tecnologías de información y de la comunicación, pasando del 10 al 15 por ciento.

No obstante todo lo anterior, no me cabe duda que lo que despierta mayor interés es la próxima reforma del IRPF, reforma que -como digo- estamos ultimando y cuyas directrices presentaremos este mes. Esta reforma es, como saben ustedes, un compromiso recogido en el programa electoral con el que el Partido Socialista concurrió a las últimas elecciones generales. Las líneas generales de la reforma se encontraban recogidas en ese programa y en buena lógica pueden pensar que las vamos a respetar. Como hemos venido reiterando, la idea es configurar un impuesto sobre la renta más simple, más equitativo, más eficiente y con tipos más bajos. Lógicamente, no se tratará de imponer el programa a rajatabla, entre otras cosas porque -como ustedes saben-, dadas las mayorías en este Congreso, la reforma deberá ser necesariamente negociada en sede parlamentaria y asimismo -no lo olviden- habrá de tenerse en cuenta la posición de las comunidades autónomas. Aunque legalmente uno pudiera decir que no porque tienen capacidad normativa para, evidentemente hay un tema de lealtad institucional de dialogar con ellas a la hora de reformar este impuesto.

El 33 por ciento va directamente a comunidades autónomas, por supuesto mucho más del 33 a través del fondo de suficiencia, pero el 33 va directamente a comunidades autónomas y por tanto estamos reformando algo que les afecta sin duda. A partir de estos criterios básicos, en la Secretaría de Estado hemos llevado a cabo un intenso trabajo de estudio y análisis, tratando de perfilar una reforma que se ajuste a estas ideas del programa electoral y que al mismo tiempo garantice la suficiencia, que es algo que ha de presidir todo sistema fiscal que se pretenda viable. Lo primero que me gustaría destacar es que se presentará una reforma moderada. Nuestra apuesta por la estabilidad y por evitar cambios bruscos que puedan causar incertidumbres nos ha llevado a seguir una línea de trabajo orientada a introducir cambios que consideramos importantes, pero no revolucionarios. Así, en la línea de lograr un tributo más

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sencillo y eficaz nos hemos propuesto desde el primer momento reducir el número de tramos del mismo. Este compromiso, que proviene también del programa electoral, nos ha llevado a analizar distintas hipótesis y aunque -insisto- no hay una decisión definitiva, es cierto que algunas cuestiones ya han sido aclaradas por el vicepresidente segundo en el sentido de ir a un impuesto con un número de tramos que se situaría entre dos y cuatro. Asimismo nos hemos propuesto bajar los tipos. Desde el primer día hemos venido apuntando la conveniencia de reflexionar acerca de si resulta preferible un impuesto con tipos elevados, como el que hemos heredado, el impuesto actual, el de las últimas reformas, o un impuesto con tipos más reducidos y un menor peso de las deducciones. En esta línea, estamos tratando de hacer lo posible por llevar a cabo una reducción de tipos que siempre habrá de conjugarse con el mantenimiento de un cierto nivel de recaudación, otro de los compromisos que está en el programa electoral. Por otro lado -y en esto sí quiero ser categórico-, nos proponemos corregir algunos de los que consideramos aspectos injustos y regresivos de las reformas del Gobierno anterior introducidas en este impuesto. Me he referido ya en anteriores ocasiones y aquí mismo al tratamiento de las circunstancias personales y familiares. En esta materia ya he comentado que la reforma que introdujo el Partido Popular yo solo la puedo calificar de regresiva e injusta. En su configuración actual, la que le dio el Gobierno anterior, el tratamiento de las circunstancias personales y familiares depende del nivel de renta, de tal forma que reporta mayor beneficio fiscal a los contribuyentes con mayores rentas. Pongamos un ejemplo gráfico. Si a dos ciudadanos con un hijo a cargo se les reduce la base imponible en 1.400 euros, como prevé la ley, y uno con rentas menores tributa al 24 por ciento mientras que el otro con mayores ingresos tributa al 45 por ciento, el primero tendrá una deducción en la cuota de 336 euros mientras que la deducción del segundo alcanzará los 630 euros. ¿Por qué tiene que subvencionar el Estado en mayor medida a los hijos de los ciudadanos con rentas más elevadas? Es algo que carece de toda lógica y atenta contra los elementales principios de progresividad y solidaridad. Por eso esta es otra de las cuestiones que vamos a modificar. Del mismo modo, nos parece profundamente injusto el tratamiento de las rentas de trabajo, otra de las cuestiones que ya se apuntaban en el programa electoral. En esta materia, siguiendo lo que decía el programa, debemos avanzar hacia una mayor equidad horizontal, que hoy se ve vulnerada en perjuicio de las rentas de trabajo frente a las de actividades empresariales o de capital.

Las rentas de trabajo han venido suponiendo en los últimos años casi un 80 por ciento de las rentas declaradas en el IRPF y en torno al 75 por ciento de la cuota líquida frente a las rentas

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procedentes de otras fuentes. El dato más claro, más rotundo es el siguiente. Por rendimientos de trabajo se declara una media de 15.000 euros y por actividades empresariales no se llega a 11.800. Parece evidente que existe un desequilibrio y que debe hacerse un esfuerzo por corregirlo, al menos parcialmente. El IRPF, pues, debe ganar en horizontalidad, de tal forma que, como señalaba nuestro programa, vayamos a que ciudadanos con iguales niveles de renta y circunstancias similares paguen lo mismo.

Algo podemos decir asimismo de las reducciones y deducciones, y con ello entraríamos en algunos aspectos concretos sobre los que se ha solicitado mi comparecencia en esta Comisión. Me referiré en primer término al tratamiento fiscal de la adquisición de vivienda. Las deducciones fiscales para adquisición de vivienda tienen un hondo arraigo en nuestro país y, aunque han sufrido modificaciones en el tiempo, lo cierto es que son muchos los contribuyentes que se benefician de las mismas y que vienen contando con ellas cuando deciden adquirir una vivienda. Más de 5.500.000 contribuyentes se acoge a este tipo de deducciones, con una distribución en función de sus niveles de renta bastante homogénea. De hecho, los tramos en los que nos encontramos mayor número de declarantes que se benefician de estas deducciones son los situados entre 12.000 y 21.000 euros, seguidos de los situados entre 6.000 y 12.000. No obstante, pese a su indudable popularidad, no han faltado los comentarios críticos respecto a estas deducciones relacionados con la situación que atraviesa el mercado inmobiliario en nuestro país y en particular el importante incremento de los precios de la vivienda, que dificulta a menudo el acceso a la misma. También se ha destacado desde distintos ámbitos el desequilibrio que se da en España entre la vivienda en propiedad y la vivienda en alquiler, desequilibrio en el que también pueden influir estas deducciones. Es cierto que es un problema complejo y que en él existen factores muy diversos, como la situación de los tipos de interés, las políticas sobre el suelo e incluso la indudable existencia de una cultura en España de la vivienda en propiedad, pero ello no obsta para que no se haya suscitado una reflexión sobre la idoneidad de las deducciones por adquisición de la vivienda. Muy recientemente era el Fondo Monetario Internacional, dirigido por el español señor Rato, el que ponía en cuestión estas deducciones. Lógicamente, en el momento de abordar la reforma del IRPF el tratamiento de estas deducciones se ha puesto sobre la mesa, tratándose de una de las cuestiones que mayor inquietud ha despertado. Si SS.SS. pretenden que yo aclare aquí ahora cómo van a quedar configuradas las deducciones por la vivienda en el nuevo IRPF, me veo obligado a insistir en que no hay decisiones finales al respecto, pero sí puedo apuntarles, como ha hecho ya

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el propio vicepresidente, que en esta materia optamos en todo caso por una reforma moderada. No somos partidarios de cambios bruscos en este ámbito, precisamente porque se trata de un tipo de deducción con amplio arraigo que ha incidido e incide en las decisiones económicas de muchas familias.Por otro lado, cabe plantearse si un momento como en el que estamos, con la vivienda con precios elevados y muchas familias embarcadas en su adquisición, es el más adecuado para plantear la supresión de este tipo de incentivos. Además -no lo olvidemos y como ya he apuntado-, se trata de una deducción a la que se acogen mayoritariamente declarantes de renta media y baja y cuya cuantía es bastante homogénea en los distintos tramos de renta, circunstancia que como luego veremos no concurre en otro tipo de beneficios fiscales, como pueden ser los previstos para los planes de pensiones. Entendemos, no obstante, que hay aspectos muy mejorables en el tratamiento fiscal de la vivienda, y algunas de las medidas que propondremos en este campo ya son conocidas. Antes me he referido a las medidas orientadas a favorecer el alquiler, introducidas en el plan de dinamización, que atañen fundamentalmente al impuesto de sociedades.

En definitiva, el Gobierno está comprometido con la mejora de la situación del mercado inmobiliario en España y la política fiscal no debe ser en absoluto ajena a estas cuestiones. Las deducciones por adquisición de vivienda están siendo objeto de estudio en el marco de los trabajos de la reforma del IRPF y no es posible hacer estas deducciones sin tomar en consideración el tratamiento final que se dará a otros elementos del tributo. En todo caso, sí puedo decir que el Gobierno no pretende introducir cambios profundos en esta materia. Hay retoques o correcciones que podrían introducirse, pero el mantenimiento en lo esencial de las deducciones de esta índole entra dentro de lo razonable.

Otra de las cuestiones por las que se ha solicitado mi comparecencia es la de los incentivos fiscales al ahorro a largo plazo. El ahorro a largo plazo es sin duda importante y debemos preocuparnos de promoverlo. Con ello garantizamos la capacidad adquisitiva de los ciudadanos en el futuro y aseguramos cierta estabilidad socioeconómica. Pero el ahorro a largo plazo no puede identificarse únicamente con los planes de pensiones. Y digo esto porque en el momento en que se produjo la petición de mi comparecencia, y por el eco que tuvo en ese momento la cuestión, imagino que la solicitud pretendía orientarse hacia el tema del tratamiento fiscal de los planes de pensiones, una de las cuestiones que más debate ha suscitado en la sociedad. Por cierto, me gustaría hacer un breve paréntesis personal para decir que en contra de lo que parecen entender algunos, yo creo que el debate público sobre esta

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cuestión es muy útil y enriquecedor. Digo esto porque mis palabras, en su día, de la conveniencia de abrir una reflexión sobre el tratamiento fiscal de los planes de pensiones, que fueron objeto de crítica por algunos señalando que se despertaban incertidumbres e inquietudes, al final, el debate y la exposición de argumentos en público en un momento en el que se trabaja por reforma el IRPF es positivo. A partir de entonces han sido muchos los que se han pronunciado sobre esta cuestión desde distintas tribunas, se ha escrito artículos, se ha debatido en las Cámaras y yo mismo comparecí a propósito de esta cuestión ante la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo. Creo que este proceso ha sido y es enriquecedor y valioso.

Entrando ya en materia, puedo decir que con el régimen fiscal de los planes de pensiones ocurre algo no muy diferente de lo que señalábamos respecto a las deducciones de vivienda, si bien con el matiz de que no pueden considerarse tan populares, o al menos tan extendidas, sino que benefician mayoritariamente a determinados contribuyentes con mayor capacidad de ahorro. Así, si analizamos los datos que nos ofrece la Agencia Tributaria, vemos que de los 23 millones de contribuyentes hay 20 millones con rentas inferiores a 21.000 euros, es decir, el 85 por ciento de los contribuyentes; y de ese 85 por ciento de esos 20 millones sólo el 6 por ciento realiza anualmente aportaciones a los planes de pensiones.

Es decir, es algo exótico en el conjunto de los 20 millones de contribuyentes; además, la media es 90 euros. Sin embargo, a medida que subimos en los tramos de renta, los porcentajes van creciendo hasta llegar a ser muy importantes: de 21.000 a 60.000 euros son todavía minoría, pero son un tercio los contribuyentes los que aportan a planes de pensiones, y a partir de 60.000 euros de renta son dos tercios de entre los 300.000 contribuyentes que hay en ese tramo. Estos resultados no deben sorprender porque la subvención está establecida que es mayor cuanto mayor es la renta. Así, tomando por ejemplo una aportación de 9.000 euros, la renta diferida para un contribuyente con un tipo del 18 por ciento es 1.600 euros, mientras que para un contribuyente con el marginal del 45 la renta diferida son 4.000 euros. Por tanto, no deben causar sorpresa los efectos en la distribución entre los distintos tramos de renta. Yo creo que las diferencias en el caso de las deducciones con la vivienda son claras. Les decía que existe un paralelismo entre que en distintos foros se ha puesto en cuestión el acierto del tratamiento fiscal que se da a estos instrumentos. Son muchísimos los autores que se han pronunciado sobre esta cuestión, pero me gustaría traer a colación aquí las reflexiones que se han hecho en el marco del Comité de Política Económica de la OCDE.

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En el seno de la OCDE se ha estudiado cómo están funcionando los incentivos a los planes de pensiones, que en casi todos los países de la organización tienen un tratamiento similar al español. Aquello que creamos -ya saben que tuve la suerte de preparar esa ley siendo secretario de Estado de Economía en los años ochenta- y que todos los países de alguna forma nos lanzamos, hoy tenemos todos más o menos el mismo esquema, por tanto no nos diferenciamos en el esquema que tenemos, es algo que se está poniendo en cuestión y que la OCDE parece poner de relieve. El resultado es que los incentivos que diseñamos en su momento no están logrando conseguir los objetivos para los que los instituimos. A partir de los estudios de reputados economistas, en el seno de la OCDE, se aprecia que por un lado los incentivos fiscales a los instrumentos complementarios de previsión social no propician un incremento global del ahorro, mientras que por otra parte a lo que dan lugar estos incentivos es a una desviación del ahorro, particularmente entre los ciudadanos con rentas más elevadas, hacia los productos fiscalmente más beneficiados, lo cual no deja de ser absolutamente lógico. A grandes rasgos, por tanto, podemos afirmar que en el marco de la OCDE se está abriendo paso la idea de que estos incentivos fiscales a los planes de pensiones no parecen estar consiguiendo su objetivo, porque no logran que se genere más ahorro, y particularmente -y lo que es más importante- es que no consigan generarlo allí donde es más necesario: en los ciudadanos con rentas más bajas. Hemos de tener en cuenta que estos ciudadanos con menores rentas ejercerán, cuando sean ancianos, una presión al gasto que afectará no sólo al sistema público de pensiones sino al sistema fiscal en general, exigiendo en última instancia una subida de impuestos que permita obtener recursos para atenderle. Por tanto, diseñar unos beneficios fiscales que realmente nos den unas pensiones complementarias privadas es crucial, porque es de alguna forma con lo que vamos a impedir la presión sobre el gasto público en el futuro. Si estos beneficios fiscales no son exitosos en generar pensiones complementarias privadas, sino que van a otro objetivo distinto, el de desviación del ahorro, legítimo desde el punto de vista de cualquiera que tenga sus incentivos fiscales para usarlos, no estamos consiguiendo el objetivo fundamental. El objetivo fundamental de los planes de pensiones no es tanto el ahorro como la supervivencia de los ahorros. El problema es cuando alguien vive más de lo que le han durado los ahorros. Este es el problema fundamental que afronta la Seguridad Social desde el punto de vista público y al que desde el punto de vista de los beneficios fiscales de los fondos de pensiones debemos orientar de alguna forma nuestra legislación. A una conclusión muy parecida a la que ha llegado la OCDE se llegó en este país por los representantes de todas las fuerzas políticas en esta Cámara. Estoy hablando de cuando

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aprobaron por unanimidad en octubre de 2003 la revisión del Pacto de Toledo. La Comisión de seguimiento constató el insuficiente grado de desarrollo de la previsión complementaria en España y la necesidad de seguir reforzándola, ampliando su alcance a un mayor número de personas. Es decir, se reconoció que la normativa vigente no ha propiciado, o al menos no lo ha hecho suficientemente, que los sistemas complementarios de previsión se extiendan a determinados colectivos.

En definitiva, sin dejar de coincidir en que favorecer el ahorro a largo plazo y potenciar los sistemas complementarios de previsión social es importante, se está cuestionando que estos incentivos fiscales, tal y como estén configurados, sirvan eficazmente a este fin. Y hemos visto que globalmente no generan más ahorro, y que además no lo generan entre los niveles inferiores de renta. En ello incide, lógicamente, la menor capacidad de ahorro de los ciudadanos con menores rentas, pero también el régimen fiscal, que recibe mayor subvención el contribuyente de renta más alta. Y todo esto sin entrar en otro debate, directamente ligado a este, acerca del dirigismo o las distorsiones que introducen los incentivos dando lugar a que el ahorro, especialmente el de los ciudadanos de rentas elevadas, se desvíe hacia productos fiscalmente beneficiados en lugar de dirigirse a las inversiones más rentables, con el perjuicio que ello pueda comportar en términos de crecimiento económico. Por tanto, como ocurre con la deducción en vivienda, si nos planteamos una reforma del IRPF parece que hay motivos para preguntarnos, cuando menos, qué debemos hacer con los incentivos de los planes de pensiones. Una vez más me veo obligado a ser cauto y a manifestarles que no es posible dar una respuesta definitiva en estos momentos. Creemos que hay aspectos mejorables que pueden perfeccionarse y que hay cuestiones vinculadas a estas, como por ejemplo el régimen fiscal de los seguros de dependencia, que no cuentan hoy en España con tratamiento adecuado. Estamos trabajando sobre ello y hay ideas sobre la mesa, pero la decisión final se conocerá cuando se dé el conjunto de la reforma.

Con esto concluyo, señorías. Como pueden ver, durante este primer año hemos puesto en marcha un ambicioso plan de prevención del fraude fiscal, y vamos a aprobar la reforma del IRPF a la que nos comprometimos en el programa electoral. Se trata, por tanto, de dos pilares complementarios de nuestra política fiscal, que persiguen, en última instancia, un mismo objetivo: un reparto más justo y eficiente de las cargas fiscales.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y

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PRESUPUESTOS (Fernández Ordóñez): ¿Puedo contestar ahora la pregunta oral?

El señor PRESIDENTE: Sí, puede contestarla ahora.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Fernández Ordóñez): Me dice el presidente que puedo contestar ahora a la pregunta oral formulada por don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con las ayudas a las familias que tienen entre sus miembros a una persona discapacitada. Tengo el texto de la pregunta, lo he leído y les recomiendo a todos que lo hagan, porque S.S. hace en la pregunta un repaso magnífico de las medidas más importantes que el Gobierno ha ido adoptando durante estos dos meses. Podría repetirlas pero ya las expone él en su pregunta. Yo me centraré en los aspectos fiscales.

El Gobierno es plenamente consciente de que el sistema fiscal puede ayudar a este tipo de familias a paliar las dificultades que supone el hecho de tener una persona discapacitada en su seno. Ya he apuntado que el tratamiento de las circunstancias familiares y personales en la configuración actual del impuesto no es equitativo, es susceptible de ser mejorado y estamos trabajando en ello. No puedo decir en qué términos quedarán estas ayudas fiscales a las familias, porque es una cuestión que depende de la configuración final del tributo y del conjunto de los elementos que lo integran, pero les aseguro que el Gobierno, como no puede ser de otro modo, será sensible a estas circunstancias y mantendrá esos elementos de individualización en la regulación del impuesto, de tal forma que las familias con personas que sufran minusvalía cuenten con un tratamiento fiscal favorable. Esta es una idea que recogía expresamente nuestro programa electoral y a la que el Gobierno no puede renunciar. Por otro lado, como he apuntado en la comparecencia, uno de los aspectos que nos preocupan es el tratamiento fiscal que han de tener los seguros de dependencia, o la toma en consideración de la dependencia y el envejecimiento al abordar la revisión de los beneficios fiscales de los planes de pensiones. La dependencia será, sin duda, uno de los grandes temas de esta legislatura. El libro blanco que ha elaborado el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pone de manifiesto que esta situación afecta ya a dos millones y medio de personas y que puede alcanzar a tres millones y medio durante los próximos 15 años. Estamos decididos, pues, a progresar en la puesta en marcha de planes que resuelvan esta situación.

Es una cuestión que atañe a toda la sociedad, y, desde luego, en el área de mi responsabilidad, tanto por el lado del gasto

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público como por el fiscal, tenemos muy presentes estar circunstancias.

El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al debate en el que intervendrá, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Me ha pillado por sorpresa porque pensaba que iba a intervenir en primer lugar el Grupo Popular, pero es igual, no hay ningún problema.

El señor PRESIDENTE: Sí, tiene usted razón. He querido seguir el orden de menor a mayor, pero como es habitual en las comparecencias seguiremos el orden contrario, de mayor a menor. En este caso, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Utrera.

El señor UTRERA MORA: Yo entendía que no era sólo por el orden de mayor a menor, sino también en razón de quien realizaba la solicitud de comparecencia, y esta es una de las que ha solicitado el Grupo Parlamentario Popular; una de las cuatro que hemos subsumido en esta comparecencia, que agradecemos, del secretario de Estado de Hacienda.

¿De cuánto tiempo dispongo, señor presidente? Son cuatro las comparecencias que estamos subsumiendo en esta.

El señor PRESIDENTE: Quince minutos.

El señor UTRERA MORA: Gracias.

Me van a permitir que utilice en mi intervención un orden inverso al que ha utilizado el secretario de Estado para, de la misma forma que se va a hacer con la inspección fiscal, ir cogiendo primero las cuestiones más frescas.

En cuanto a la tributación del ahorro a largo plazo, no era solo a la tributación del ahorro-previsión social sino también de los incrementos de patrimonio y del capital era general, de las colocaciones de ahorro, lo que pretendíamos referirnos y debatir en esta comparecencia, pero puesto que el secretario de Estado se ha referido exclusivamente a la previsión social me van a permitir que centre mis reflexiones sobre esta cuestión. Me alegra este cambio de opinión. Lo que hace unos meses era manifiestamente contrario al espíritu de lo que debía ser un impuesto sobre la renta progresivo, ahora parece que es compatible con un impuesto sobre la renta progresivo. Lo que antes no favorecía en absoluto el ahorro, y además no se tomaba en consideración -los acuerdos de la Comisión del Pacto de Toledo precisamente-, y el papel no sólo de generador de

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ahorro y por tanto de flujo de inversión a largo plazo, sino también de previsión social, que es el objetivo básico de esos instrumentos, parece que está subiendo en la valoración de los responsables del Ministerio de Hacienda.

Nosotros nunca tuvimos duda de que se mantendría la deducción sobre este instrumento de colocación de ahorro a largo plazo, basado en instrumentos fiscales pero orientado hacia objetivos sociales a muy largo plazo, el hecho de compatibilizar -como decía el señor Fernández Ordóñez- la esperanza de vida con el ahorro directo o indirecto de los ciudadanos colocado en estos instrumentos, por lo que defenderemos este criterio. De modo que bienvenidas sean las reflexiones, que consideramos puramente teóricas puesto que no nos ha aclarado si la deducción se va a mantener y en qué términos, aunque comprendemos que es todavía pronto para que nos desvele algunas de las cuestiones que incluirá su plan de reforma fiscal.

Entendemos de sus reflexiones que sí tendremos deducción -no podría ser de otra manera-, como hemos defendido y amparado desde el primero momento, por lo que precisamente reforzamos y potenciamos los límites cuantitativos de esa deducción, incluso adecuamos el importe de la deducción a la esperanza de vida, y por tanto a la edad, de los contribuyentes en el momento de beneficiarse del instrumento.

En cuanto a su reflexión sobre la deducción por vivienda, también le damos la bienvenida a su cambio de criterio. Algo que se inició en un debate también teórico, fundamentado no sólo en informes internacionales sino en una percepción quizás demasiado coyuntural del concepto burbuja inmobiliaria, llevó al Gobierno -o algunos miembros de él y a algunos altos cargos- a presumir que esta deducción podría ser suprimida, eliminada. Efectivamente, la deducción tiene un hondo arraigo, creo recordar que forma parte de nuestro sistema tributario desde finales de los años setenta; desde luego seguro que desde principios de los años ochenta en el nuevo sistema fiscal, en el sistema que nació a finales de los setenta plenamente acorde con el espíritu progresivo que debía inspirar la nueva tributación después de la transición política. Y no solo el arraigo del instrumento, también su potencia para favorecer el cumplimiento de las previsiones de la Constitución española en cuanto a la promoción de un bien básico, la vivienda, que los españoles tengan una vivienda en propiedad, sino que ha sido un instrumento que ha funcionado mejor o peor. En el pasado funcionaba peor, y me gustaría que el secretario de Estado de Hacienda, que tiene criterio sobre las cuestiones de que estamos hablando, no obvie la reflexión sobre el hecho de que si ahora la deducción por vivienda beneficia fundamentalmente

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a contribuyentes de rentas bajas lo hace precisamente como consecuencia de la reforma que a la deducción por vivienda le aplicaron los gobiernos del Partido Popular. ¿Sabe usted por qué, señor Fernández Ordóñez? Por la sencilla razón de que nosotros entendíamos que este instrumento debía mantenerse en el tiempo, pero que debía potenciarse y reforzarse precisamente como instrumento de adquisición de vivienda por los contribuyentes de rentas más humildes y para la adquisición de viviendas de menor precio. Dicho de otra forma, nosotros topamos la deducción de vivienda, eliminamos la deducción en base imponible de los intereses por los préstamos para la adquisición de la vivienda, limitamos a 9.000 euros la deducción tope que se podía aplicar en la cuota del impuesto sobre la renta y como resultado da un instrumento, una deducción, un incentivo fiscal que beneficia en general a todos los contribuyentes, pero en mayor medida a quienes se quiere beneficiar: a los contribuyentes de rentas más reducidas y por la adquisición de viviendas de precio más reducido. Eso es así porque anteriormente -hasta el año 1995 en que usted fue responsable en el Ministerio de Economía- le quiero recordar -aunque no le voy a poner un ejemplo numérico, como ha hecho usted- que contribuyentes de bases imponibles por ejemplo de 100 millones de pesetas podían deducirse por vivienda hasta el 30 por ciento de la base imponible; es decir, podía llegar la deducción por adquisición de vivienda hasta 30 millones de pesetas dependiendo del nivel de la renta.

Por tanto, bienvenidos sus cambios de criterio, pero dejen de reflexionar en voz alta. Creo que en el Ministerio de Hacienda tiene usted expertos suficientes y usted mismo debería tener -presumo que lo tiene- bastante criterio como para que reflexionen entre ustedes y dejen de reflexionar en la opinión pública, hacia afuera, porque lo único que se crea es inquietud respecto a un instrumento fiscal poderoso, bien dirigido y que beneficia fundamentalmente a rentas medias o modestas en la adquisición de viviendas de precio medio o modesto y además sin limitaciones, es decir, se puede adquirir una vivienda de precio más alto y se puede adquirir también por individuos de rentas más altas, lo que ocurre es que no se benefician de la deducción; la deducción llega hasta donde llega, hasta 9.000 euros año en la adquisición de vivienda. Por tanto, es un instrumento que se ha mejorado, del que estamos orgullosos y parece -de sus palabras lo deduzco- que no se va a tocar.

En cuanto a la reforma fiscal, hay dos cuestiones a las que usted se ha referido y sobre las que voy a hacer algún comentario, pero hay una a la que no se ha referido y le quiero llamar la atención sobre ella. Las reformas fiscales pueden ser más justas, más regresivas o más progresivas, pero no deben ser un hito en el tiempo, no deben ser algo que la situación en

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un momento dado aconseje y que en otro momento, largo en el tiempo, no lo aconseje y se trate de vivir en una especie de sosiego tributario, como usted ha dicho, es decir, de estar quietecitos y no hacer prácticamente nada. Ese es un concepto antiguo y además erróneo.

Las reformas tributarias modernas son reformas continuas, constantes. No se puede pensar que se puede hacer una gran reforma y olvidarnos de introducir modificaciones, a veces retoques menores y otras veces importantes -y luego hablaré del plan de dinamización que usted nos ha comentado-, porque es una necesidad perentoria, absoluta, de economías modernas que se enfrentan no solo a retos de internacionalización y de globalización sino a inputs continuos, tanto de naturaleza económica como de naturaleza social. Fenómenos como la inmigración, las nuevas tecnologías o la competencia internacional en mercados cada vez más abiertos aconsejan precisamente que la tributación sea objeto de modificaciones continuas.

Por tanto -y entro a analizar el primero de los elementos conceptuales que usted aportaba-, lo del sosiego tributario, por favor, póngalo usted entre comillas y en letra muy chiquitita; no lo ponga en letras grandes y no lo constituya en un elemento vértice o esencial de su discurso, porque efectivamente estamos viviendo una época de sosiego tributario desde que ustedes gobiernan, pero negativa, una época de sosiego tributario en la que no se está haciendo nada o prácticamente nada, y hay problemas de competitividad en la empresa española que hay que atajar y a los que hay que responder rápidamente. Consecuentemente, menos sosiego tributario y aunque puedo estar de acuerdo contigo en que la propia simplificación y sobre todo el conocimiento que los ciudadanos tengan del sistema tributario puede... Me parece que he hecho un tratamiento inadecuado anteriormente. (Risas.) Es decir, puedo estar de acuerdo con usted -estaba pensando en otra cosa- en que el tratamiento fiscal, que exige multitud de normas, debe tratar de sujetarse hacia las normas esenciales, hacia las normas principales y además establecer paquetes coherentes. Por tanto, hablar de reforma fiscal y establecer una modificación amplia es conveniente en lugar de pequeños y breves retoques continuos en el tiempo. Ahí tenemos un equilibrio que hay que guardar y estudiar, pero en modo alguno podemos anteponer la relajación en las normas tributarias como un concepto que ha de orientar la acción de los responsables de la Hacienda pública. Ese es un grave error desde nuestro punto de vista.

Segunda cuestión: sin adelantarnos ni anticiparnos a lo que la reforma fiscal va a ser -lo cual, por otro lado, es razonable

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porque nosotros queríamos escucharle criterios y los ha dado-, hay algunos elementos que se reiteran en el tiempo y además usted ya afirma que se van a introducir. Hay uno en particular por el que califica de regresivo e injusto el sistema actual, y es el relativo al tratamiento fiscal de las circunstancias familiares; lo ha calificado de regresivo e injusto y además nos da un ejemplo numérico. Me va a permitir que yo califique sus reflexiones de demagógicas y no ilustradas. Le voy a decir por qué.Piense sobre ello, consulte a los expertos que tiene en Hacienda y no sea simplista, no sea simplificador. Esto va mucho más allá de si un contribuyente paga 300 ó 600 euros, de si el hijo de rico da más derecho a deducción o lo da el hijo de pobre. No lo plantee como lucha de clases porque está desenfocando totalmente la cuestión. La reforma que se hizo del impuesto sobre la renta pretendía, básicamente, definir el concepto de renta fiscal, de la misma forma que se está haciendo en todo el mundo desarrollado, definir el concepto de renta fiscal, lo que tributa y lo que no tributa. No tributan los gastos personales, familiares, etcétera, de un contribuyente -ya sea soltero o unidad familiar- cuya situación de ninguna forma debe quedar sometida a tributación, de acuerdo con las definiciones que introduce la Ley del impuesto sobre la renta. Esta sería la renta básica exenta o la renta de subsistencia o como la quiera usted llamar y, a partir de ahí, aplíquese la progresividad. Por tanto, a partir de ahí es cuando empezamos a hablar de ricos y pobres; a partir de ahí, ¿quiere que el rico -y por tanto su hijo que también se beneficia de las rentas del rico- tribute a tipos más altos? Proponga tipos más altos.¿Que usted quiere que tribute a tipos más reducidos? Proponga tipos más reducidos, pero no mezcle los conceptos. Además, esto es una cuestión menor. Es decir, si toda su estrategia de reforma fiscal está basada en este concepto, le puedo decir que la reforma fiscal que le va a salir de esto va a ser muy pobre y de muy corto alcance. Reflexione sobre ello.

Está neutralizando el concepto de renta fiscal, lo cual por otro lado es también incoherente con su programa electoral; repáselo. El tributo a tipo lineal o a tipo único exige precisamente la definición previa de la renta fiscal, la renta que no tributa, la renta que está exenta, y exige introducir las deducciones familiares en la base imponible. Ese es el concepto de renta o de impuesto lineal sobre la renta que todos los que nos dedicamos a esto estamos manejando en la actualidad. Por tanto, usted está utilizando elementos dispersos propios de concepciones diferentes y además lo hace desde una perspectiva puramente justiciera, como a mí me gusta denominar esto. Es decir, no es injusto ni regresivo, usted no se ha encontrado un impuesto sobre la renta injusto y regresivo, usted se ha encontrado un impuesto sobre la renta que define

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el concepto de renta fiscal, la parte de renta que tributa y la parte de renta que está exenta. Y la parte de renta que tributa -usted mismo lo ha dicho-, lo hace, a su modo de ver, a tipos impositivos altos, el 46 por ciento, y usted pretende bajar esa progresividad. Por tanto, usted pretende bajar los impuestos a los contribuyentes de rentas más altas, opinión con la que yo, por otro lado, estoy de acuerdo, pero no me disfrace eso con el debate de ricos y pobres, hijo de rico o hijo de pobre, cambiándome las deducciones de base imponible a cuota impositiva. No sé si me estoy explicando con claridad, pero creo que usted tiene que repasar ese concepto. Nosotros no estamos de acuerdo con esa percepción.

Pasamos a la tercera y última cuestión que nos ocupaba en el día de hoy, que es el contenido y el calendario de la aplicación del programa de prevención del fraude fiscal. El mejor resumen de lo que este programa es me lo he encontrado en una monografía, Monografía de ventana, se le llama, Plan de prevención del fraude fiscal, publicado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En una de las cuestiones generales sobre el plan de prevención y en un sistema muy didáctico de preguntas y respuestas (no sé si exactamente esta es una de las cuestiones que plantean los que a través de internet o extranet han conectado con la Agencia Estatal en ese proceso de diálogo del que usted nos ha informado que se ha realizado con el borrador previo, pero en cualquier caso esta pregunta viene recogida en esta publicación) se dice: muchas de estas cosas suenan a conocido; ¿Es que la agencia hasta ahora no luchaba contra el fraude? Eso es lo que dice la pregunta. La respuesta es: En muchos casos lo que se ha hecho es actualizar el diagnóstico o sistematizar la información, por ejemplo con el fraude inmobiliario con las tramas del IVA (estoy leyendo textualmente, no me estoy dejando ni una palabra), pero está claro que muchos de los tipos de fraudes que se describen son ya conocidos. La agencia cuenta desde hace muchos años con un modelo de control, y decir que no se ha luchado contra el fraude no solo sería injusto con la organización, sino también con sus funcionarios y con su personal laboral. De lo que se trata ahora es de redefinir las prioridades y actuar en consecuencia. Concluye: El plan valdrá lo que valga su puesta en práctica. Precisamente la puesta en práctica es lo más decepcionante del plan al que hemos dedicado meses; créame si le digo que hemos dedicado meses de trabajo intenso y colaborador en la medida que nosotros queremos que el fraude fiscal se controle, sea cada vez menor y sea, en definitiva, una realidad que no perturbe el funcionamiento normal, porque creemos que efectivamente perjudica la competencia en los sectores productivos, porque perjudica a los contribuyentes que cumplen sus obligaciones tributarias y porque es un incumplimiento legal, es una ilegalidad que como tal la

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Administración debe y tiene que perseguir. Sin embargo, precisamente lo que valdrá su puesta en práctica, como digo, es decepcionante por la pobreza de los resultados obtenidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el año 2004, que se nos han explicado solo muy parcialmente, muy de pasada, y que usted mismo hoy ha orillado absolutamente, porque no nos ha explicado los resultados de la Agencia correspondientes al año 2004. Me va a permitir que se los resuma muy brevemente.

Hay una muy preocupante ralentización en el ritmo de descubrimiento de fraude, lo que se conoce como resultados de control, en el año 2004; su tasa de crecimiento en términos interanuales fue cuatro veces inferior, la cuarta parte del crecimiento del año anterior. Frente a un crecimiento de más del 27 por ciento de resultados de control (incluye prácticamente todo: inspección, aduanas, gestión...) en el año 2003 tenemos un crecimiento muchísimo más corto, la cuarta parte en el año 2004: un 7,3.

Tenemos también un parón en el crecimiento de resultados relativos a delito fiscal, de 1.052 millones denunciados en 2004 frente a 1.064 millones, algo más, en el año 2003; por tanto una evolución negativa en delito fiscal. En cuanto a los resultados derivados de actuaciones de recaudación coactiva, que incluye tanto la recaudación en ejecutiva como aplazamientos de pago, como otros procedimientos, quiero recordarle, señor Fernández Ordóñez, que ha sido precisamente uno de los objetivos básicos que el actual director de la agencia nos ha establecido como un elemento de los más desamparados, de los menos trabajados en los anteriores ejercicios por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y donde había que centrar los mayores esfuerzos en el plan de prevención.

Pues bien, ¿sabe cuánto han crecido en el año 2004 los resultados de recaudación coactiva? Un 0,26 por ciento (se le han estancado, se le han parado) frente a un crecimiento del 11,31 por ciento el año anterior y crecimientos aún mayores en los años anteriores, puesto que la gestión de recaudación, la recaudación coactiva, es bastante previsible en el tiempo, a diferencia de las inspecciones o de aduanas, donde puede resultar con importantes variaciones a lo largo del ejercicio dependiendo de las circunstancias que se den; sin embargo, en recaudación no, la tendencia es muy continua, y este parón o esta caída al 0,26 por ciento es francamente preocupante. En el área de gestión los resultados han sido negativos, un 11 por ciento, frente a crecimientos superiores al 35 por ciento en el año anterior, y no me diga que eso es imputable exclusivamente a los expedientes sancionadores porque esto no explicaría ni la cuarta parte de esa caída en los resultados de

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gestión. Por tanto, diremos que este plan, cargado de buenas intenciones, de medidas, algunas oportunas, otras inoportunas, y que ahora seguiré calificando, en cualquier caso tiene un comienzo bastante pobre; son los datos del año 2004 que ustedes han presentado pero, como digo, bastante de pasada y de forma bastante parcial.

Es también decepcionante la transparencia en la información. Esto le toca a usted muy directamente, señor Fernández Ordóñez, puesto que el pasado ejercicio usted no compareció ni una sola vez (tiene comprometidas tres comparecencias cuatrimestrales) para explicar esto; sí compareció, ciertamente, y eso lo sé yo porque estuve en la comparecencia, pero no para explicar los resultados cuatrimestrales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Esperemos que este ejercicio inicie usted las comparecencias cuatrimestrales para explicar esos resultados. También echamos en falta, porque todavía no se ha publicado, la memoria de la Administración tributaria correspondiente al año 2003 con datos del año 2004; todavía no se ha publicado, ni siquiera se ha colgado de la página web de la Agencia Estatal, el informe anual de recaudación correspondiente al año 2004. Si queremos esos datos (instamos a que mueva esa estadística dentro de este proceso de transparencia y de buen talante que les caracteriza) es porque entre otras cosas los datos del año 2004, que son malos, prevemos que puedan ser todavía peores, porque no hacen la distinción entre resultado ordinario y resultado extraordinario. Sabrá usted que anteriormente se decidía segregar (concepto puramente definitorio) los resultados ordinarios, los resultados que son base y fundamento de la actividad de la agencia en cualquiera de las secciones, de los resultados extraordinarios, es decir los resultados que procedían de actas o expedientes que superaban los 60 millones de euros de importe unitario, es decir por encima de los 10.000 millones, porque una aprehensión relevante de droga y su valoración o el descubrimiento de un gran fraude fiscal podían distorsionar los resultados correspondientes a un ejercicio. Pues bien, esa distinción, en esa presentación corta que ustedes han hecho, no la han realizado. Le ruego que tome nota de que nosotros queremos que se mantenga esa distinción entre resultados ordinarios y extraordinarios, definiendo extraordinarios como todos aquellos que proceden de operaciones que superan los 60 millones de euros.

El señor PRESIDENTE: Si es tan amable, vaya concluyendo.

El señor UTRERA MORA: Termino en dos minutos, señor presidente.

También decepcionante y difícilmente explicable (le ruego,

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señor secretario de Estado que me corrija si estoy equivocado) es el cambio de objetivos que se ha producido en la valoración de las actuaciones inspectoras. Dicho de forma muy simplificada, se les exige ahora a las unidades inspectoras, en lugar de una deuda global anual de su actuación durante todo el ejercicio, que es el criterio tradicional con el que se ha venido trabajando, aunque pueda ser mejorable, que en las comprobaciones figure una deuda global esperada por cada contribuyente, sin limitar además el número de contribuyentes. Eso tiene dos derivadas muy importantes sobre las cuales le quiero llamar la atención. La primera es la presunción de defraudador de todos los contribuyentes, una vez que se imputa un fraude estimado teórico, derivado de los datos históricos de la agencia, a cada uno de los contribuyentes. La segunda es que también tiene el inconveniente de que no incentiva la profundidad en la inspección, sino todo lo contrario, la dispersión, al no limitar el número de contribuyentes que pueden ser objeto de inspección y al establecer un baremo objetivo que se sabe que muchos contribuyentes no van a cumplir puesto que no defraudan. Ese cambio de criterios y esa presunción de defraudadores en los contribuyentes es realmente sorprendente y decepcionante; si el cambio de objetivos de este plan de prevención en la labor inspectora se basa en este concepto (y nos consta que es así) yo le ruego no solamente que se ponga usted a trabajar sobre ello, sino que en cualquier caso se mantenga la homogeneidad con las series anteriores. Nosotros queremos datos de recaudación global y de deuda global descubierta. Aparece además (con esto voy terminando, señor presidente) una nueva práctica que desde que venimos trabajando en el plan de prevención del fraude fiscal, desde hace meses, nunca habíamos oído hasta hace unos días, que es limitar la comprobación inspectora a los dos últimos ejercicios, lo que se explica sobre la base de permitir una mayor amplitud y (si me permiten el término) un mayor desparrame inspector, centrándose en muchos más contribuyentes e incidiendo con menor intensidad en cada uno de ellos. Esto no solamente es injusto y anómalo, sino que además supone (observe lo que le voy a decir) una amnistía fiscal encubierta que, por otro lado, no es la primera del Gobierno socialista. Los gobiernos socialistas se han caracterizado por otorgar amnistías fiscales a lo largo del tiempo y esta es una amnistía fiscal.

El señor PRESIDENTE: Señor Utrera, lleva 30 minutos de intervención, es decir el doble de lo que habíamos pactado.

El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente, señalando otra cuestión.

Ustedes crearon los contratos laborales basura a finales de los

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noventa, precisamente cuando estaba usted en el Ministerio de Economía. Esos contratos laborales eran temporales, esos contratos laborales no generaban ningún derecho social y nos tememos que ahora están creando ustedes la inspección basura; una inspección que no asume todo el período de prescripción, sino que se limita a la mitad: dos ejercicios; una inspección que presume culpabilidad y defraudación en todos los contribuyentes, cualquiera que sea su historial, y una inspección además que se basa en un elenco de medidas (eso es muy importante, señor secretario de Estado, y espero que me dé una explicación a esto) basadas en un plan de prevención que no incluye ni un solo elemento material más, ni una reclasificación de elementos de activos humanos y que, en definitiva, no tiene nada para sustentar estas 351 medidas que componen el plan de prevención del fraude fiscal.

El señor PRESIDENTE: Suspendemos la reunión durante cinco minutos.(Pausa.)

Reanudamos la sesión.

Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre por el Grupo Catalán.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda ante esta Comisión de Economía y darle la bienvenida en nombre de nuestro Grupo Parlamentario de Convergència y Unió.

Voy a hacer unos cuantas consideraciones, en primer lugar, las que hacen referencia al plan de lucha contra el fraude fiscal que ha sido el primer planteamiento que ha tratado el secretario de Estado en su intervención.

La máxima de que todos aquellos medios que se propongan y se intensifiquen para luchar contra el fraude y que comporten mejorar por parte de la Administración los medios y procedimientos que permitan un control más adecuado de la lucha contra el fraude y al mismo tiempo impulsen la prevención, la eficacia y la transparencia, son cuestiones que nuestro grupo siempre ha apoyado y que siempre va a seguir apoyando.

De la intervención realizada por el señor secretario de Estado respecto a las grandes medidas o al gran formato del nuevo plan de lucha contra el fraude ha habido una cuestión que me ha llamado la atención y que puede ser una novedad importante respecto a todos los asuntos que hemos venido observando a lo largo de estos últimos años. Todos los planes de lucha contra el fraude fiscal (ya sea con la Administración del

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PSOE del año 1993 al año 1996, como con la del PP del año 1996 al 2004) siempre han venido precedidos de los grandes números que se nos han presentado y que han sido considerados correctos y viables por la mayoría de grupos parlamentarios. Después no hemos hecho el seguimiento de lo ocurrido con la liquidación y recaudación o si ha habido o no ingreso de la liquidación definitiva, por lo que siempre nos hemos quedado al inicio de la película y nunca hemos sabido el final. Hoy ha dicho usted algo que nos ha parecido positivo y es que, independientemente de las labores de inspección, se va a crear una unidad de investigación dentro de la Agencia Tributaria, para que se tengan en cuenta todas aquellas rentas de capital o de trabajo que no se declaran y que existen sumergidas. Desde Convergència i Unió siempre hemos visto necesaria la inspección del contribuyente o de la empresa, que en la mayoría de los casos liquida voluntariamente sus impuestos, cosa necesaria, pero hemos echado en falta la inspección sobre las personas o rentas de capital que no se declaran.No podemos obviar que en España existe hoy una economía sumergida que casi llega al 21 por ciento del PIB. Yo pienso, señor secretario de Estado, que es aquí donde la Agencia Tributaria tiene que dedicar recursos, para investigar y levantar acta de esta economía sumergida que todos conocemos. En la práctica la Agencia Tributaria y la Inspección se han orientado básicamente hacia los contribuyentes y empresas que ya declaraban. Es cierto que ha habido un gran trabajo en la lucha contra el fraude en todas aquellas cuestiones relativas al sector inmobiliario, a las aduanas, etcétera. Nos satisface el planteamiento hecho por el secretario de Estado de la orientación de recursos hacia estos sectores, aunque también es necesaria una acción profunda e intensa hacia las rentas no declaradas, hacia ese 21 por ciento de la economía sumergida.

A nosotros nos gustaría abordar dos consideraciones que no hemos dejado de plantear cada vez que ha habido una comparecencia del secretario de Estado, ya sea en los gobiernos anteriores como en este. Señor secretario de Estado, yo pienso que es importantísimo que ustedes consigan la complicidad de los inspectores tributarios para que el plan sea efectivo.

Por lo que yo he podido leer en las páginas web de su ministerio, por la relación con personas allegadas a su ministerio y por informaciones observadas en diferentes medios de comunicación, uno llega a la conclusión de que no existe motivación, implicación o sensibilización suficiente por parte de la Inspección Tributaria para que esto sea un éxito. Desde nuestra perspectiva ustedes han de hacer todos los esfuerzos necesarios para conseguir esta complicidad. Señor secretario de

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Estado, hay un aspecto que nosotros ya planteamos en la reforma de la Ley General Tributaria y que no fue aceptado en su momento. Desde la Agencia Tributaria tendrían que plantearse la posibilidad de eliminar la retribución por objetivos a la Inspección Tributaria. Nosotros siempre hemos mantenido que los inspectores y los subinspectores de Hacienda forman un cuerpo de elite y que se trata de profesionales de la Administración pública al servicio del Estado con una gran preparación y con grandes posibilidades desarrollar el trabajo que consiga los objetivos que ustedes se proponen, pero los resultados de la tributación por objetivos han sido muy negativos. Quizá en teoría y sobre el papel las actas levantadas hayan sido muy cuantiosas, pero al final se demuestra que la mayoría de estas actas se pierden en los tribunales económico-administrativos y finalmente en instancias superiores, y solamente un 15, un 20 o como máximo un 30 por ciento de las actas levantadas por objetivos son realmente las que pueden ser liquidadas. Por lo tanto, creemos que la retribución por objetivos es una cuestión estructural importante que ustedes tienen que reformar. Pensamos que los inspectores de Hacienda forman un cuadro profesional suficientemente preparado y solvente para poder plantear una retribución importante, ya que su trabajo y objetivos son igualmente delicados e importantes y que la retribución por objetivos (parece no estar bien vista por parte de la Inspección tampoco) pudiera llegar a una solución, lo que traería mucho mejores resultados para la Inspección propiamente dicha y también para la lucha contra el fraude.

Usted ha dicho que remitirán al Congreso de los Diputados un proyecto de ley de lucha contra el fraude. Entonces veremos cuál es el abasto de dicho proyecto de ley, pues según algunas informaciones que hemos tenido sabemos que esto comportará medidas administrativas que quizá complicarían la declaración de las pequeñas y medianas empresas de los que están dentro del segmento de los módulos. Nos gustaría hacer alguna precisión, pero esperaremos a que llegue este proyecto de ley a la Cámara y entonces haremos las enmiendas pertinentes.

En cuanto a la futura reforma fiscal agradecemos su exposición, pues creemos que ha centrado un poco por dónde irán las líneas generales de la reforma fiscal que va a plantear el Gobierno socialista en esta legislatura. Hasta la fecha, señor secretario de Estado (no públicamente, pero sí privadamente), coincidiría conmigo en que las declaraciones planteadas por el vicepresidente del Gobierno, por el secretario de Estado de Hacienda y por el asesor del presidente del Gobierno han provocado confusión y en muchos casos han sido contradictorias; diría más, señor secretario de Estado: en ciertos sectores han provocado una cierta alarma social. En

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determinados momentos la confusión no permitía, aunque existe una legislación fiscal, situar inversiones en una dirección o en otra. La verdad es que ha habido muchas declaraciones que han provocado confusión, y finalmente ahora que se va acercando el momento en que el Gobierno va a plantear la reforma fiscal definitiva todos van en una misma dirección. Desde esta perspectiva nosotros nos alegramos de que la fiscalidad, que ha sido la gran ausente de este primer año de Gobierno socialista, vaya a ser quizá la gran protagonista en esta segunda fase de la legislatura. Creemos que esto va a ser positivo. Hay aspectos que hacen referencia a la fiscalidad orientados a mejorar la competitividad de nuestro tejido industrial, que seguramente van a resultar positivos si finalmente las medidas que ustedes plantean van en la dirección de potenciar el tejido industrial, la economía productiva y la competitividad de nuestras empresas.

Quisiera comentar dos pequeñas cuestiones que hacen referencia a algunos aspectos que usted ha tratado en su intervención. Primero, lo que hace referencia al ahorro, a los incentivos fiscales del ahorro a largo plazo.

En primer lugar, celebramos que haya un criterio diferente al que había hace dos o tres meses. Entendemos que todos aquellos incentivos fiscales que van orientados a un mejor tratamiento del ahorro a largo plazo hay que impulsarlos en lugar de cuestionarlos. Ahora parece ser que no están cuestionados y que seguramente van a recibir el impulso que nosotros creemos necesario. Básicamente, se trata de mantener los incentivos actuales de que disfrutan los sistemas de previsión social complementarios en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y, al mismo tiempo, promover la extensión de la incorporación a los planes de pensiones laborales y a los seguros colectivos de mayor número de trabajadores, vía negociación colectiva; es decir, incrementar esta posibilidad que, hasta la fecha, como usted sabe -lo ha dicho en sus manifestaciones-, no ha tenido éxito, dentro del mercado de los fondos de pensiones. La otra cuestión que nosotros entendemos importante es la referida a aquellos incentivos fiscales que vayan en la dirección de incentivar a las pymes y a sus trabajadores a fin de que participen en planes de pensiones de promoción conjunta y en seguros colectivos con sistemas sencillos y flexibles.

Hay unos datos importantes que, digamos, refuerzan las enmiendas, las consideraciones que Convergència i Unió planteará en dicha futura reforma, datos que avalan que hay que seguir impulsando, fomentando, reforzando estos planes de pensiones a largo plazo. Usted ha dicho que había pocos partícipes o que la mayoría de los partícipes eran de rentas

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elevadas. Yo le puedo decir, señor secretario de Estado, que a preguntas del diputado que les habla se ha contestado que los partícipes en planes de pensiones a largo plazo a nivel individual alcanzaban en el año 2003 la cifra de 6.339.518 contribuyentes, contribuyentes que habían acudido al ahorro a largo plazo a través de los incentivos fiscales, con un promedio consolidado de alrededor de 5.000 millones de euros, una cantidad suficientemente importante para analizarla en profundidad y, en vez de cuestionar esos planes, como alguna vez se ha podido hacer por parte del Gobierno, consolidarlos, impulsarlos y hacer partícipes a estos sectores que antes le he mencionado, porque no hay que olvidar, señor secretario de Estado, que es verdad que cuando el contribuyente hace una aportación a un plan de pensiones existe una bonificación, una reducción fiscal importante, pero no es menos cierto que cuando este contribuyente llega a los 65 años paga la fiscalidad de una parte importante de estos ahorros. Por tanto, hay que tener en cuenta todas las consecuencias de la vida fiscal de este producto financiero.

Respecto a la vivienda -ya lo ha manifestado usted en su intervención-, de cara al futuro y a la nueva reforma existe consenso por parte del staff del Gobierno socialista en que van a mantener la deducción por adquisición de viviendas. Yo hice una pregunta a su departamento y los datos que me ha dado la Secretaría de Estado de Hacienda son tremendos, muy expeditivos.

En España, en el año 2002, los contribuyentes que se acogieron a los planes por deducción de vivienda fueron 5.496.602 contribuyentes, que suponen casi 4.700.000 millones de euros; o sea, una parte muy importante de la población española tiene estos planes, hablamos de cantidades muy importantes y seríamos suicidas si quisiéramos hacer una regulación importante en relación con esta cuestión. Usted ya ha manifestado que van a seguir manteniendo las deducciones y lo único que tiene que decir Convergència i Unió es que esto se puede hacer extensivo a los alquileres -ya lo han hecho en estas medidas de modernización- para potenciarlos con la misma intensidad.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aspiazu

El señor AZPIAZU URIARTE: En primer lugar, quiero agradecer el secretario de Estado de Hacienda su presencia y sus explicaciones en torno a los cuatro temas para los que en principio ha sido requerido, pero, siendo temas de enorme interés los que ha tratado aquí -muchos de ellos los hemos ido conociendo estos últimos tiempos por la prensa-, me permitiré decirle, y posiblemente sea culpa de estos diputados y de esta

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propia Comisión, que hay otros temas que supongo que tendrán que tener la atención debida en un futuro bastante inmediato, temas que a mí me preocupan también enormemente y a los que después haré una breve referencia, y estoy hablando de la futura ley de estabilidad y transparencia, de los pactos europeos de estabilidad y crecimiento y de las perspectivas financieras europeas 2007-2013.

Centrándome en su intervención, y tratando de no repetirme y decir algo diferente a lo que se ha dicho hasta ahora, quiero manifestar, en relación con el plan de lucha contra el fraude, que por la información que yo tengo -no digo por la que ustedes han dado, sino por la que yo tengo, por lo que yo he mirado-, es un plan en el que no existen excesivas novedades. El plan, como usted ha reconocido, en gran medida consiste en cambios procedimentales, en facilitar el cumplimiento a los contribuyentes que vienen pagando religiosamente los impuestos, en coordinación interna entre servicios; es decir, muchas son cuestiones de sentido común, si bien es verdad que usted ha dicho que hasta este momento esas cosas no se hacían, lo cual es realmente sorprendente. De todos modos, englobar esto dentro de lo que se denomina un plan de prevención del fraude es un poco excesivo, quizá encajaría mejor dentro de un plan de mejora de procedimientos internos para la gestión, evidentemente con implicaciones en la recaudación. Es decir, que se trata de modificaciones que no sé si deben englobarse en un plan de estas características.

Estoy de acuerdo con el señor Sánchez i Llibre, que ha comentado que todavía hay una parte importante de la economía que es economía sumergida que, aparte de identificarla desde Hacienda, habría que intentar, con los medios legales disponibles en manos de Hacienda, aflorarla y actuar sobre estos contribuyentes que, en principio, están ocultos, porque me da la sensación -igual es mala interpretación- de que el plan de prevención de lucha contra el fraude va a encontrar tres o cuatro focos, el tema inmobiliario, los fraudes de IVA; en fin, una serie de fraudes, pero que no son todos e imagino que en un plan de prevención del fraude habría que contemplar, al menos a nivel de diagnóstico, todas las posibles actuaciones que cabría hacer por Hacienda en relación con los contribuyentes que no pagan sus impuestos o no como deben. No sé si lo que voy a comentar es muy relevante o no, pero quiero decirle que, además, da la sensación de que este plan de lucha contra el fraude se ha realizado en un momento de una coyuntura económica relativamente favorable, con una economía que está creciendo, que está generando empleo desde hace unos años, y en este contexto se plantea un plan de lucha contra el fraude. En este sentido, quiero preguntarle al secretario de Estado si ha tenido en cuenta qué medidas,

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precisamente para evitar que se incremente el fraude, se podrían tomar por Hacienda en unos momentos de cierta recesión económica, cuando las empresas -también los particulares, pero básicamente las empresas- empiezan a tener problemas, si se han planteado medidas de aplazamientos de pago o cierto tipo de políticas que faciliten a las empresas el pago de los impuestos y no que éstas, por verse obligadas a pagar de inmediato, se salgan del sistema y, al final, decidan no pagar nada. Quería preguntarle también si, en el marco de este plan de prevención del fraude fiscal, desde la secretaría de Estado o desde el ministerio se han planteado alguna posibilidad de coordinación con las haciendas forales porque hay cinco haciendas, todas actúan en el ámbito del Estado y tendría que ser necesaria una cooperación en ambos sentidos para que cualquier plan de prevención o de lucha contra el fraude pretenda ser eficaz.

En relación con la reforma fiscal -todos esperábamos que hoy nos dijera algo más que lo que conocemos a través de los medios de comunicación-, yo le diría que estoy completamente de acuerdo en que las políticas fiscales o las reformas de los impuestos hay que hacerlas con sosiego. No podemos estar instalados permanentemente en una reforma, yo diría irreflexiva, que está pensada más para que los ciudadanos, el día de la votación, se inclinen por una determinada opción política que para establecer un sistema fiscal que dé cobertura a los servicios públicos que en un futuro se quieran desarrollar. Yo creo que, desde Hacienda, las cuestiones habría que tratarlas de una forma diferente en el sentido siguiente. No se puede plantear una reducción de impuestos, ver qué resultados da y, a partir de ahí, ver lo que cabe en el presupuesto; la reflexión debe ser al revés, aunque entiendo que para Hacienda es más difícil, pero es la única forma de reflexionar de una manera inteligente. Creo que es preciso saber qué servicios públicos se quieren tener en un horizonte temporal a medio plazo, aunque sea el de una legislatura; cuáles son las carencias que tenemos en materia de infraestructuras; cuáles son las distancias que tenemos con Europa en materia de servicios públicos como educación, sanidad; cuál es el déficit tecnológico, y sobre esa base plantearse una serie de políticas para ir acercándonos a los estándares europeos o a los que el propio Gobierno se plantea. Teniendo en cuenta la ley de estabilidad, la transparencia, el déficit público en definitiva, esto requerirá disponer de una serie de ingresos que hagan posible llevar a cabo estas políticas. Una vez hecha esta reflexión inicial, habrá que diseñar todos los impuestos, concretamente el IRPF que es el que estamos aquí debatiendo, para que sean coherentes con este planteamiento; luego habrá que tener en cuenta si, dentro del IRPF, hay medidas que no son progresivas sino regresivas y hacer todo tipo de correcciones. Creo que los impuestos tienen

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que estar al servicio de una política de gasto público coherente y explítica. Una vez establecidos los ingresos, no podemos meter los gastos en el presupuesto público con un calzador, porque el papel todo lo aguanta, pero al final lo que tenemos que valorar es que las políticas vayan caminando en el sentido que queremos para conseguir cada vez más eficacia y más eficiencia en las políticas públicas.

Últimamente he visto en la prensa unos datos realmente preocupantes en relación con los estándares de la propiedad en la comunidad española, que están bajo mínimos, están muy lejos de los estándares que se esperaban.

Por mucho que este Gobierno se haya planteado, yo creo que con acierto, que la productividad es un objetivo de política económica importante, hay que dar pasos en el sentido de que las políticas vayan orientadas a conseguir esos aumentos de productividad, no nos valen sólo con las palabras. Creo que la política fiscal hay que plantearla de una manera inversa, aunque sé que es tentador hablar permanentemente de rebaja de impuestos.

En ese sentido, yo diría que estamos engañando porque esto, dentro de un ciclo político, es pan para hoy, es decir, pan para el que está en el Gobierno, pero de cara al futuro los déficit en materia de servicios públicos, en infraestructuras -lo que estaba planteando-, desde el punto de vista del coste, incluso electoral, puede ser incluso peor que hacerlo de otra manera. Por lo tanto, yo diría que sosiego y reflexión. También debo decir coordinación con las comunidades autónomas -que usted lo ha dicho- y coordinación también, insisto, por mi condición de miembro del Grupo Vasco y del Partido Nacionalista Vasco, con las haciendas forales; además, el concierto económico exige esta coordinación. Si se trata de conseguir una paz fiscal, previamente debe haber también una comunicación de las medidas que las diferentes haciendas pretendan acometer para que exista esa coordinación que yo entiendo que es necesaria aunque no sea del todo satisfactoria, por lo menos de momento, y creo que usted lo sabe bastante bien.

No nos ha dicho nada de cómo piensan ustedes variar la presión fiscal, qué deducciones de la base van a hacer, cuáles de la cuota, etcétera. Nos ha hablado de los tramos de dos a cuatro y nos ha avanzado algunas cuestiones, pero nos hubiera gustado más concreción. Supongo que tendremos que esperar, ¿pero no cree que sería positivo que muchas de estas medidas se trasladaran a la opinión pública a través de los medios de comunicación, a modo de globo sonda -da la sensación que eso ocurre algunas veces- para generar el debate en los medios y que luego el Gobierno reorientara su política en este sentido?

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Creo que es mejor, aunque no sé si es posible, traer a esta Cámara ese debate, esas medidas para que, con sosiego, podamos tratar estas cuestiones al margen de la crispación que pueden generar los medios de comunicación. Antes me ha dado la impresión -no sé si ésa era su intención; si no, usted me reinterpreta- de que estaba criticando algunas actitudes, no digo de mi grupo ni mías sino de algunos grupos de esta Cámara, en el sentido de que reaccionaban a través de lo que salía en los medios en contra de las supuestas decisiones del Gobierno en este tema. Para que eso no ocurra, yo creo que es mejor traer a esta Cámara las medidas, antes de haber adoptado las decisiones, para que puedan ser puestas en común, porque los apoyos importantes facilitarán las decisiones del Gobierno.

Si me permite, voy a comentarle los dos temas que le he dicho antes. Como no están en el orden del día, si usted no quiere responder imagino que está usted en su derecho, pero yo estoy en la obligación de transmitirle nuestras preocupaciones respecto a la futura ley de estabilidad y transparencia, y lo digo porque me da la impresión de que se están precipitando las decisiones. Puede que pronto tengamos un proyecto de ley, hay conversaciones con Esquerra Republicana y con Izquierda Unida, que son los socios que apoyan al Gobierno, y yo pienso que hubiera sido importante que también hubiera habido conversaciones con otros grupos parlamentarios como el vasco, que hemos mantenido una actitud determinada en torno a la ley de estabilidad, como el propio Grupo Socialista, a lo largo de la pasada legislatura. Pero si al Gobierno le es suficiente con una mayoría absoluta y no quiere un amplio consenso, evidentemente, esa será una decisión del Gobierno. Desde luego, nosotros estaríamos dispuestos a colaborar en el debate previo, en el consenso previo de este proyecto; si no puede ser, defenderemos nuestra posición y nuestras enmiendas a lo largo del proceso parlamentario.

Nos gustaría que nos dijera hasta qué punto han llegado a acuerdos, a qué acuerdos y en qué fase está la situación, si es que se puede aclarar hasta dónde han llegado ustedes, y también querríamos saber la intención del Gobierno en cuanto a la relación con las comunidades autónomas, porque ese es un tema que también les va a afectar. ¿Cómo piensa el Gobierno coordinarse o establecer las relaciones con las comunidades autónomas de manera que lo que recoja la ley refleje la voluntad y el acuerdo de todos los implicados y de todos los competentes en esta materia, con las comunidades autónomas o con las corporaciones locales, que a lo mejor también tienen que tener voz en este tema? Si usted lo sabe, también nos gustaría saber para cuándo prevé el Gobierno tener una ley de estabilidad y transparencia porque, tras modificar el artículo 8

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de la Ley de estabilidad a través de la Ley de presupuestos, el Gobierno podría tener la tentación de no modificar la ley puesto que ha salvado el escollo del Senado, que era lo que le preocupaba, y la actual ley le puede ser útil para elaborar los presupuestos de una manera relativamente sencilla. Existe un compromiso con todos los grupos de la Cámara, una proposición no de ley, incluso ustedes como Partido Socialista recurrieron la Ley de estabilidad y creo que lo van a hacer, ¿pero cuándo? Lo ideal hubiera sido que esa nueva ley hubiera entrado en vigor antes de que se elabore la ley de presupuestos para el año que viene. No sé si eso será posible.

En relación con el Pacto de Estabilidad europeo, quisiera saber si nos puede decir cuál es la posición española en todo este debate que se está produciendo estos días, que no sabemos si va a llegar a buen puerto o no.

Se está fijando como fecha para alcanzar un acuerdo el día 20, el 22 o el 23 y es importante conocer la posición del Gobierno, puesto que, si la posición alemana o la de otros países prospera, seguro que tiene implicaciones positivas o negativas, incluso en relación con las prestaciones financieras y con los fondos europeos del año 2007 al 2013.

Y también me gustaría saber cómo piensa abordar el Gobierno esa pérdida importante de recursos que previsiblemente se va a producir a lo largo de los próximos años. La tentación en este sentido, como hay una caída de recursos considerable, puede ser hacer lo que se hace siempre, esto es, recortar la inversión pública con los efectos negativos que puede tener de cara al crecimiento económico y al empleo en el futuro. Quisiera saber la posición del Gobierno con respecto a estos temas. Y también insisto en el cauce que va a seguir el Gobierno para comunicarse en relación con esta materia y llegar a acuerdos con las comunidades autónomas, así como qué cauce va a seguir, si es que piensa seguir alguno, para que las comunidades autónomas participen en Europa en defensa de sus intereses en una materia tan importante como es la de los fondos europeos, porque está claro que estos fondos europeos van a afectar a los futuros ejercicios presupuestarios.

En este sentido, hay múltiples preguntas que responder y yo creo que estamos a tiempo de entrar con cierta tranquilidad en estos debates que he planteado, sin prisa pero sin pausa. Me gustaría saber si el secretario de Estado está dispuesto a que estos temas se discutan aquí y así poder avanzar conjuntamente.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Torres.

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El señor TORRES BALAGUER: Señor secretario de Estado, muchas gracias por ser tan rápido en aceptar nuestra invitación para comparecer en esta Comisión, con lo cual no nos podemos quejar de que la reforma fiscal no esté acabada en tanto en cuanto los portavoces le instamos a su rápida comparecencia. Lo digo porque a veces queremos acoplar los tiempos, absolutamente necesarios, a las prisas que podemos tener en la Comisión.

En cualquier caso, le quedo agradecido por su disposición inmediata, como siempre, a comparecer. Tengo que recordar también al portavoz del Grupo Popular, ausente, que todas las comparecencias se han cumplido religiosamente y que pedimos la acumulación de la Comisión de Economía y de Presupuestos porque no tenía sentido que temas que eran comunes se viesen por separado en fechas inmediatas. Por lo tanto, es una petición unánime de esta Comisión y nunca se ha producido la mínima ausencia ni la mínima situación de no disponibilidad. También quiero darle la enhorabuena por los resultados que usted nos ha comunicado, resultados que nos tienen que satisfacer a todos respecto al ejercicio 2004, ya que el déficit conjunto de las administraciones públicas ha tenido un superávit del 0,4 por ciento y la decisión, a mi juicio acertada, de asumir la deuda de Renfe ha llevado a ese 0,28 por ciento del PIB, que realmente es un resultado excelente, también en términos de caja. Según sus datos, el superávit del 0,07 por ciento del PIB, a pesar de que se ha satisfecho la deuda de Andalucía, y la deuda pública por debajo del 50 por ciento, es para estar todos muy satisfechos. Por lo tanto, el trabajo del Gobierno hasta ahora ha sido excelente y esto no solamente debería contentar al Grupo Socialista, sino al conjunto de los ciudadanos. Por eso me sorprende que cuando se hacen críticas se hagan tan parciales y, por qué no decirlo, tan partidistas. Hemos escuchado una serie de afirmaciones que no pueden más que sonrojarnos. El Gobierno, el partido tiene un programa y hemos manifestado claramente en qué términos nos posicionamos. Desde el punto de vista del gasto público -lo dijimos-, nuestra intención es que el gasto público no supere el 40 por ciento, con todo lo que eso conlleva en favor de la economía productiva fundamentalmente; hemos dicho claramente cuál es nuestra intención respecto a la presión fiscal y recientemente el Gobierno acaba de presentar un plan sobre la productividad que, entre otros elementos, contiene un compromiso para superar el apagón estadístico en el que en la anterior etapa nos sumió el Partido Popular. Es de agradecer el esfuerzo que en concreto la secretaría de Estado de don Miguel Ángel Fernández Ordóñez está haciendo para suministrar información y tener de manera inmediata todos los indicadores para poder juzgar cómo está evolucionando la situación de la Hacienda pública y de la economía española.

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Quiero recordarles también que en ese plan nos hemos comprometido a la calidad en las finanzas públicas, es decir, a intentar llevar el máximo gasto público posible a aquello que asegura el crecimiento económico, fundamentalmente investigación y desarrollo, capital humano, etcétera.

Eso está planteado a esta Cámara por el vicepresidente, en la última ocasión con una concreción absolutamente clara. Por lo tanto, traer a esta Comisión la duda acerca del marco en el que estamos y de la transparencia a nuestro juicio no parece que sea muy afortunado.Tergiversar podemos tergiversar lo que queramos. Podemos decir que se habló de suprimir cuando ni el Grupo Socialista ni el Gobierno jamás han hablado de suprimir nada. Se ha estado trabajando y desde el primer momento en esta Cámara se ha anunciado la reforma fiscal, los tiempos, las precipitaciones, los agobios. El análisis de que se estaba creando incertidumbre estaba fuera de lugar, puesto que desde el primer momento tanto en la comparecencia del ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno como en la del propio secretario de Estado se ha dejado claro el tiempo en el que se iba a hacer la reforma; son otros los que han insistido en que, al no hacerse en ese tiempo, se ha creado incertidumbre. No, la incertidumbre se crea por interés, por el interés de hacer una oposición, aunque eso, insisto, genere incertidumbre y daño.

Quien genera el daño es quien genera incertidumbre. Por lo tanto, la transparencia, afortunadamente, la tenemos asegurada y los compromisos macroeconómicos y el Plan de Estabilidad están presentados en esta Cámara, así como el plan para abordar la productividad. Bienvenidos al tema de la competitividad. En las primeras comparecencias en esta Comisión se dijo literalmente que eso no era lo importante, sino que lo importante era un crecimiento económico, aunque fuera desequilibrado.

Bienvenido, pues, a lo que es razonable.

Voy a hacer algunos pequeños comentarios sobre algunas cuestiones concretas. Plan de prevención del fraude. El director de la agencia, señor Pedroche, hizo una exposición detallada del plan de la lucha contra el fraude y nos dijo claramente que era un plan operativo. Por cierto, qué curioso que describa 350 medidas para a continuación decir que no hay ni una sola medida. Son 350 ó 300. Lo que está claro es que hay un cambio de orientación reconocido por todos los analistas externos, excepto por ustedes, en el que claramente la investigación y la detección del fraude se coloca como el objetivo prioritario. No hemos sido nosotros quienes hemos escrito que los incentivos

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que hasta ahora tenían los funcionarios de la agencia venían determinados por un volumen de actas que sabemos -hemos dado los datos varias veces- que no tenían relación con las que se cobraban. Simplemente era un volumen de actas levantadas. Se nos ha explicado reiteradamente que el cambio de criterio viene determinado porque lo importante es la calidad del trabajo que hace la Inspección y sobre todo un trabajo que sea efectivo sobre el fraude. Ustedes pueden decir que vamos a dar una amnistía. Ya lo han dicho en otras ocasiones, por cierto, y cuando lo dijeron saltaron las ampollas de los funcionarios de la agencia, que se sintieron insultados, y así lo hicieron público. Le quiero recordar, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que la injerencia del Partido Popular en la agencia fue extraordinaria. No puede citar una sola ocasión en este periodo en la que se nos pueda acusar, siquiera levemente, de ningún tipo de injerencia, porque el comportamiento es tremendamente profesional y ajustado a las directrices globales que desde el Gobierno se dan sobre el tema macroeconómico y de objetivos. Por tanto, nada más lejos de la realidad que su descripción. Creo que, como en otras ocasiones, le traiciona el subconsciente cuando habla de amnistía.

Los medios de la agencia son objeto de un debate, con la voluntad política de incrementarlos, como nos dijo el director y como nos ha repetido en otras ocasiones el secretario de Estado. El plan operativo es para ganar en eficiencia con unas medidas que todos tenemos que dar por bien venidas. Es cierto que hay una economía sumergida importante. El Instituto de Estudios Fiscales dice que en la etapa del Gobierno popular no solamente ha disminuido, sino que ha aumentado. Se nos califica como un país en transición por el porcentaje de economía sumergida que se detecta por métodos indiciarios. Está claro que una gran parte de esa economía sumergida puede ser detectada a través de los procedimientos que se han abordado.

Respecto a las medidas fiscales que afectan a la empresa, a la economía, no quiero detallarlas, pero lo tienen ustedes a su disposición, tanto en el plan de productividad como con algunas que ha anunciado el secretario de Estado, desde los incentivos de innovación, de nuevas tecnologías, pasando por el de los muestrarios de sectores con dificultades en estos momentos, como el textil; un rosario de medidas que tienen a su disposición y que conocen. Lo que han hecho en su intervención ha sido obviarlas. Desde luego, a mi juicio, continúan faltando el respeto a los funcionarios de la agencia cuando vuelven a decir que queremos convertir a la Inspección en una inspección basura, si no en estos términos en otros similares, y ruego que me disculpe si no soy exacto. Vuelven a faltar el respeto y a la profesionalidad de las diversas escalas de funcionarios de la

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Agencia Tributaria. Ha quedado claro en el plan que nosotros lo que queremos es dotarles de más medios. Se ha presentado aquí una serie de detalles sobre ese plan y la descalificación es el único recurso que le queda al Grupo Parlamentario Popular.

Supongo que el secretario de Estado entrará en detalle de los impuestos y de las deducciones concretas, por lo que sólo querría afirmar respecto a la vivienda la idea de que, como en casi todo, ustedes han tenido concepto y análisis desequilibrado. La vivienda en España, con el Gobierno popular, ha sufrido el mayor encarecimiento de la historia de España. Los ciudadanos tienen que hacer un esfuerzo tremendamente superior -se ha doblado- al que tenían que hacer en situaciones anteriores. La vivienda es un bien que desde el punto de vista de los socialistas merece un tratamiento global, está claro que se pueden dar ayudas directas y deducciones, en España tenemos la situación inversa a la que existe en Europa y en países desarrollados -aproximadamente 80 por ciento en deducciones y 20 por ciento en ayudas directas- y eso crea una grave distorsión en el mercado, como se ha podido comprobar. El tratamiento que han dado ustedes al alquiler no ha sido el adecuado. Si ustedes querían favorecer realmente la promoción inmobiliaria dedicada al arrendamiento ¿cómo en todos estos años no tuvieron el valor de sacar una norma efectiva que favoreciera el arrendamiento de inmuebles? Era imposible cumplir las normas que ustedes sacaron por el 99 por ciento de las entidades que se dedicaban a la promoción de viviendas en arrendamiento. No generaron ningún espacio adicional para este tipo de empresas. No lo hicieron y ahora el secretario de Estado nos ha dado cuenta de unas medidas efectivas fiscales, directas, que van a repercutir en que haya un mercado en el que esa burbuja se vaya tranquilizando y que no tenga ningún tipo de consecuencias. Estas sí que son medidas. Ustedes no pueden aportar ni una sola a favor de la vivienda y mucho menos del alquiler.

No quisiera seguir extendiéndome porque me imagino que el secretario de Estado tiene muchas cosas que decir, pero nuestro grupo le quiere agradecer el esfuerzo que ha hecho, pues siempre ha estado a nuestra disposición, sobre todo la transparencia con la que su Secretaría de Estado se ha comportado desde que usted al frente de la misma.

El señor PRESIDENTE: El señor compareciente tiene la palabra.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Fernández Ordóñez): Voy a tratar de contestar a todos recogiendo las intervenciones.

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Tanto el señor Utrera como el señor Sánchez i Llibre han hablado de cambio de opinión sobre el tratamiento de fondos de pensiones. No es cierto, es verdad que en algún momento se habló de supresión, pero nadie del Gobierno habló de supresión, nunca. Exactamente lo que se dijo es abrir una reflexión sobre la posibilidad de suavizar -se dijo- las deducciones sobre los fondos de pensiones. Por tanto, no hay cambio de opinión. Si políticamente quiere utilizarse eso, utilícese, pero no es verdad.

Sobre vivienda, acaba de mencionar el señor Torres, y yo no voy a subrayarlo, el fracaso del Gobierno popular en vivienda y sobre todo en alquiler. De alguna forma estamos tratando de cambiarlo con las modificaciones que traemos a esta Cámara, porque las normas han sido absolutamente muertas, no han tenido ningún valor y pueden mejorarse notablemente.

Sí estoy bastante de acuerdo con el señor Utrera en que la reforma que se hizo en el IRPF por el PP en el tema de la vivienda fue interesante. Si quiere se lo digo, porque como no soy en absoluto sectario, me parece que fue una reforma interesante. Ahora, lo que tenemos que ver es qué hacemos para el futuro. Si alguien se queda contento con mi apreciación, digo que me parece estuvo bien, pero parte de esa reforma hay que reformarla. Lo que sucede es que me gustaría que usted reconocieran las cosas que hicieron mal, como el tratamiento del tema de los hijos, llevar los fondos de pensiones a ser utilizados por rentas altas, etcétera; es decir, que reconociera que dentro de esa reforma se hicieron cosas que no estaban bien. La bajada de tipos la hemos compartido ambos partidos. De los 23 puntos, nosotros hemos bajado 12 y ustedes 11; es algo compartido por ambas formaciones y por todos los que han respaldado en esta Cámara en las sucesivas reformas. Sin embargo, hay temas importantes que ustedes hicieron muy mal; y de la misma forma que le digo que lo de la eliminación de los intereses estaba bien hecho, hay otras cosas que están muy mal hechas y tenemos que corregirlas.

De nuevo incide usted en el estilo, dejar de reflexionar en voz alta, hablar, etcétera. En esto va a ser muy difícil que cambiemos. El estilo de este Gobierno no es yo me reúno, guardo todo, no digo nada y doy las cosas por sorpresa y por decreto-ley. No, lo siento, pero no. Es otro talante, es otra forma, vamos a hablar de todo, vamos a no tener decretos-leyes, vamos a discutir las cosas con tranquilidad. Por tanto, en talante no va a haber ningún cambio. Sin embargo, sí que va a haber muchos cambios.

Yo agradezco al señor Azpiazu su intervención respaldándome en lo del sosiego, en contra de lo que usted ha dicho porque

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estoy convencido de que el sosiego es muy importante. Las 2.000 modificaciones tributarias llevan exclusivamente a más conflictividad, a más litigación y a más tarea absurda para los asesores fiscales, a darles dinero sin interés. La tarea de los asesores fiscales es muy importante y muy valiosa, pero no está basada en 2.000 cambios tributarios en un BOE absolutamente inmanejable. Ordenar las reformas y tratarlas con sosiego es muy importante. De modo que no crea usted que es mala esta época de sosiego tributario, porque se trata de un sosiego tributario con impuestos a la baja. Prefiero haber modificado los impuestos sobre alcoholes y tabaco en un 2 por ciento durante el primer año de Gobierno, que aumentarlos en un 26 por ciento, como hizo el señor Rato al llegar. Me parece que es un susto, y creo que es mejor bajar impuestos y modificar estos tributos con la inflación. De manera que tampoco vamos a cambiar en esto.

En cuanto al tratamiento de los hijos, cuente usted lo que quiera, pero no le va a seguir casi nadie en este país. Si a la gente que tiene renta baja le descuenta usted 300 euros por el hijo y al que tiene las rentas más altas le descuenta 600, ya puede usted contarle todas las teorías de sus expertos, que nadie le va a entender. Desde 1978 tenemos un sistema en este país por el que los hijos se descuentan igual, sea la que sea la renta. Si algo hay arraigado en este país es eso, y ustedes lo han cambiado. Si insisten, les va a costar muchísimo explicar al país que prefieren quitar 600 euros a la gente que tiene rentas más altas y 300 a los que las tienen más bajas. Ya les digo que les va a costar muchísimo, y nosotros, desde luego, no vamos a ir por ahí, vamos a ir al tratamiento igualitario. Esto lo entiende todo el mundo, no hacen falta expertos, aunque siempre se pueden tener algunos, que expliquen la renta. En un sistema fiscal no operamos sobre la teoría, operamos sobre la realidad.

Teóricamente, no sería necesario el tratamiento de disminución de rentas de trabajo. Si todo el mundo declarara y este fuera un mundo perfecto, ¿por qué hacer exenciones especiales a las rentas de trabajo? ¿Por qué las hacemos? Ya les he dado los datos: resulta que la renta media declarada por los trabajadores es el doble que la de los empresarios.

Tenemos que corregir esto de alguna forma. ¿Cuál sería el mundo ideal? Evidentemente, que los empresarios declararan el doble o el triple -que es lo que sale en los estudios de renta- que los trabajadores, pero no es así. Si no es así, tendremos que hacer algún tipo de correcciones para introducir cierta justicia en un mundo que no es el ideal. Probablemente, el experto podría decir otra cosa en un mundo ideal, pero estamos en un mundo que no es el ideal. Claro, en un mundo que no es el

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ideal, dar 600 euros por su hijo a quien tiene más renta y 300 al que tiene menos no hay forma de entenderlo, no lo va a entender nadie; desde luego, nosotros no vamos a ir por ahí.

Plan de prevención del fraude fiscal. No sé si se han dado cuenta del matiz; ya veo que algunos no, porque el señor Azpiazu y otros siguen hablando del plan de lucha contra el fraude. El matiz que hemos introducido es muy importante, es el plan de prevención del fraude. La idea filosóficamente es muy importante porque no se trata de ir contra el defraudador sino de impedir que los haya.

Por eso, de lo que hablaba el señor Utrera sobre los resultados ordinarios y extraordinarios, a mí me interesa más lo que paga la gente ordinariamente, que no la publicación de una lista enorme de la deuda que he liquidado y que no cobro. Lo siento mucho, pero creo que el pragmatismo ayuda en la lucha contra el fraude. Si el defraudador paga, si se le obliga a pagar inmediatamente -y ahora hablaremos de los procedimientos que hemos cambiado-, o se le detecta o se le investiga, siente de alguna forma que la policía -entre comillas- le sigue. Si no, puede usted decir que tiene una estadística muy grande de resultados de no sé qué, pero eso no me interesa; eso es algo que estamos cambiando.

Me ha impresionado cómo defiende usted el viejo sistema contra el fraude que hemos tenido en la Agencia Tributaria. Esto hay que cambiarlo, lo estamos cambiando y es fundamental cambiarlo. Además, es contradictorio con lo que también ha dicho -y es verdad- de que esto se había diagnosticado.

Se había diagnosticado correctamente; no me defienda usted ahora el no ir a la inmediatez. Ha dicho usted una barbaridad, lo de la amnistía fiscal encubierta; o es una barbaridad o es una estupidez o son las dos cosas, pero me parece increíble. ¿De qué se trata? Se trata de que al defraudador se le pille en el momento que defrauda y no que yo estudie cinco años antes lo que hizo alguien, se trata de que sienta detrás la presión, que la sienta ahora mismo, cuando está haciendo la promoción o cuando está escondiendo la factura, que en ese momento sienta detrás la inspección, no que lo sientan dentro de cinco años. Los sistemas de cambiar sociedades, poner patrimonio en otro sitio y demás son tales que el defraudador se siente tranquilo porque sabe que no va a pagar. La inmediatez es clave.

Agradezco al Sánchez i Llibre que apoye el ir a los que no declaran. Creo que hay cambios fundamentales. Frente a esa concepción de estar en la oficina con alguien que declara, diciéndole que los gastos no los ha hecho así, y largarle una

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deuda, está la de que el que declara ya está contando algo, colabora de alguna forma. El defraudador importante es el que no declara y no el que mete el gasto médico; aunque también este lo es, y hay que seguirle y hacer que la gente cumpla las leyes. No se trata de hacer una cosa y no hacer la otra, pero al que tenemos que ir fundamentalmente es al que no emerge las rentas. Todo el cambio de actuación de la agencia va en ese sentido, y me preocupa que usted no lo apoye: inmediatez, no a los cinco años. No es una amnistía fiscal encubierta, es una acción absolutamente fundamental de concentración de los medios ahora, salir a la calle y no estar en la oficina, abrir la puerta al stock y ver qué es lo que está pasando, y no esperar a que venga el inspector, etcétera. Todo esto es fundamental.

El cambio en el sistema de retribuciones, lo mencionaba usted, señor Sánchez i Llibre. De un sistema de retribuciones basado en la deuda liquidada, que no se cobraba, hemos pasado al sistema que estamos implantando, basado en las actuaciones. ¿Qué ha hecho usted? ¿Ha hecho usted realmente actuaciones para tratar de descubrir, pueda o no pueda hacerlo, o se ha quedado quieto? Estamos haciendo todo un cambio en el sistema de retribuciones de la Inspección. ¿Para qué? Para emerger rentas, y basado en la idea de emerger rentas no declaradas. Se trata de pasar de la comprobación a la investigación, al aspecto más dinámico y más policial. Insisto en que esto es trascendental. ¿Es de sentido común? Pues será de sentido común, pero lo estamos haciendo desde el 1 de enero, en todas las delegaciones. A lo mejor, esto se le había ocurrido a todo el mundo, pero lo estamos haciendo nosotros. Es importante hacer una cosa que parece de sentido común.

Como señalaba el señor Sánchez i Llibre, cuando uno analiza la litigiosidad, hay que ver cómo se van perdiendo los casos. Con el sistema que teníamos, largábamos al contribuyente una deuda e íbamos perdiendo sistemáticamente los casos. Al final, ¿qué se cobraba? No había presión.

Pues bien, todo eso hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo con sangre fría. Una deuda liquidada no me parece importante, no me importa; lo que me importa es cómo van los resultados y cómo van los ingresos ordinarios.

Por cierto, como señalaba el señor Torres, van de maravilla. La verdad es que hemos cerrado un año y hemos conseguido mucho. No sé si es nuestra llegada o no, pero de repente, tras empezar a hablar de fraude, el cumplimiento voluntario ha sido verdaderamente extraordinario. Durante los dos primeros meses hemos tenido tasas apreciables de crecimiento de ingresos. Esto es lo más importante de todo.

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El señor Sánchez i Llibre hablaba otra vez de declaraciones contradictorias, ya le he dicho que no las hay. No sé si me ha entendido muy bien, porque puede haber cambios sustanciales en cuanto a fondos de pensiones. He estado diciendo todo el rato que lo importante es tener y promover pensiones complementarias. Una cosa es el ahorro a largo plazo, una cosa es tener un fondo de inversión que uno recoge para comprarse un BMW o lo que sea en un momento determinado, y otra cosa es tener pensiones complementarias, o problemas con el seguro de dependencia.

No sé si me ha escuchado con atención, pero puede haber cambios importantes.

Otra cosa es que estemos utilizando el dinero bien; que lo estemos utilizando para que haya pensiones complementarias, para que tratemos la dependencia y que no haya sólo unos cuantos que tengan un privilegio excepcional. Así como le he reconocido al señor Utrera que lo que hizo el PP en cuanto al tratamiento de la vivienda tiene elementos muy positivos y supuso un salto considerable, tengo que decirle que, en cuanto a fondos de pensiones, la elevación de los límites nos ha llevado a que haya personas que puedan descontarse hasta 42.000 euros si lo utilizan eficientemente. El límite de deducción en el IRA americano es de 3.000 dólares y aquí lo pusieron ustedes en 8.000 euros. Quiero decir que hay una serie de posibilidades.

Respecto a los datos que ha dado de los participantes en planes de pensiones, tenga usted cuidado porque es verdad que son los que han tenido alguna vez algún fondo de pensión, pero como a esos 6 millones nadie -ni nosotros ni nadie- les va a tocar lo que han hecho, eso no importa, lo que importa es saber quiénes están haciendo aportaciones año tras año en fondos de pensiones. Ahí es donde le digo que de los 20 millones de contribuyentes de menores rentas, 20 millones, solo el 6 por ciento hace aportaciones a fondos de pensiones.

Es tremendo. Usted sale a la calle y pregunta a cada uno de esos 20 millones: ¿Ha hecho usted un fondo de pensiones? Y le contesta: ¿Mande? En cambio se va usted al tramo de renta altísima y son dos tercios entre los 300.000. Esa estadística sí es la que realmente de alguna forma describe algo. Lo otro, que haya una persona que en los últimos 20 años hizo una aportación al fondo de pensiones y que por tanto esté catalogado como alguien que es partícipe de un fondo de pensiones, no quiere decir nada. Vamos a ser serios en la utilización de estadísticas. La estadística es cierta, yo estoy hablando del análisis y del uso de la estadística. La estadística que usted ha dado es totalmente cierta, entre otras cosas

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porque se la hemos debido de dar nosotros, pero lo importante es ver lo otro, no solo pedir el número de partícipes de fondos de pensiones sino ver cómo está distribuida anualmente la aportación a fondos de pensiones.

En cuanto a la vivienda, creo que estamos de acuerdo, más o menos. Yo no he dicho que no haya que hacer nada en vivienda.

Yo he dicho -y repito- lo que ha dicho el vicepresidente: lo mantendremos esencialmente, aunque habrá correcciones.

El señor Azpiazu -aparte de agradecerle lo del sosiego y alguna otra cosa sobre la comparecencia de hoy- se me ha ido, señor presidente, a otros temas. Estoy dispuesto a hablar de ellos, pero no era el motivo de mi comparecencia. Si quiere, señor presidente, hablo o si no vengo otro día.

Puedo contarle cosas sobre esto, por supuesto y estoy dispuesto a hacerlo.

El señor PRESIDENTE: El orden del día ya es suficiente y no vamos a desbordar más el tiempo.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Fernández Ordóñez): ¿Seguimos o lo hacemos en otro momento? Ha colocado una cantidad enorme de temas encima de la mesa, nada menos que Ley de estabilidad, Rec., perspectivas financieras, etcétera. Hay una de tipo fiscal que sí me gustaría contestar. Se trata del tema de la coordinación con las haciendas forales. A tope, señor Azpiazu. Le pido también que quizá, por cercanía, hable usted con las tres diputaciones vascas -tenemos también la navarra- porque realmente en eso estamos muy lejos de lo que tenemos que hacer ambas administraciones. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque cada uno está yendo por su lado. Esto no me parece correcto porque, al margen de que lo estemos discutiendo, es un tema de gestión tributaria, los contribuyentes operan en el País Vasco, en Alicante y en todos los sitios y realmente hasta el espacio español es pequeño para la gestión tributaria. Por tanto, absolutamente de acuerdo, pero estas cosas de colaboración son de dos, no solo de uno y por nuestra parte quiero decirle que la disposición es total. Estamos hablando ya con muchos de ellos a ver cómo podemos avanzar, pero creo que sí requeriría un empujón porque es algo fundamental.

En el tema del contexto -le voy a responder a los asuntos fiscales, si me permite-, dice usted que solo algunos sectores. No. Hemos mencionado unos sectores, pero si usted se fija, los

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sistemas de inmediatez, investigación, etcétera, cubren todos los sectores de la economía nacional; es decir, es un cambio radical en la forma de actuar en todos los sectores, lo que pasa es que es verdad que hemos determinado unos sectores donde sí vemos en este momento que hay más razones para dedicar recursos. Al final, la planificación de la agencia, para utilizar bien los recursos, consiste en centrarla allí donde puede ser más útil y donde uno puede descubrir más. Luego, hablaba usted del contexto económico favorable. Es verdad, estamos en un contexto económico favorable.

Respecto a lo que usted ha señalado de que en algún momento tuviéramos problemas, yo no lo veo porque veo la economía muy bien, sinceramente; no sé cómo la ve usted, pero yo la veo bien en comparación a cómo estaba. Es verdad que en el año 2004 recogimos una economía que estaba empezando a cabecear, la producción industrial estaba cayendo en enero y ahora está subiendo, etcétera, pero ha variado radicalmente en el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año y la situación parece buena. Vamos a pensar en esa hipotética mala situación. Usted dice que habría que buscar en ese caso sistemas como el del aplazamiento. Yo creo que están, que los tenemos en la legislación; realmente algunos los pusimos en marcha en un momento en que estuvimos en mala situación, pero felizmente ahora se utilizan por pocas empresas. Todo eso está suficientemente diseñado, a no ser que S.S. me diga que habría que hacer algo más. Creo que no habría que preocuparse por eso, que está planteado, aunque habría que preocuparse si viniera esa situación, que todos esperamos que no llegue.

No tengo mucho más que añadir.

El señor PRESIDENTE: En este segundo turno, tienen ustedes, como máximo, cinco minutos.

Señor Utrera.

El señor UTRERA MORA: Voy a ajustarme al tiempo, se lo aseguro.

Seré muy breve en mis comentarios. Han quedado claramente expuestos los argumentos, tanto por el secretario de Estado como por cada uno de los grupos parlamentarios. No voy a entrar en debate con los grupos parlamentarios, esa es mi costumbre y la voy a seguir manteniendo sin ninguna duda en esta legislatura. Sin embargo, sí voy a hacer una labor de reflexión -que no de réplica- a lo que el secretario de Estado ha comentado en relación con el tema que nos ocupa. Me alegra oír que la deducción por vivienda nunca estuvo en peligro; me

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alegra porque no era esa la información que trascendió a los medios de comunicación.

Entiendo que efectivamente, ya sea porque se ha reconsiderado o porque nunca se consideró, lo cierto es que de aquí sacamos hoy la conclusión -por lo menos quiero creerlo así- de que la deducción por vivienda en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que estableció el Partido Popular en la pasada legislatura se mantendrá prácticamente en los términos en que está. Esa sería una primera conclusión de su comparecencia.

En segundo lugar, me insta a que reconozca errores. Yo estoy dispuesto a reconocer muchísimos errores, de todo tipo, no solamente fiscales, porque la vida está plagada de errores, pero no precisamente los que usted ha mencionado, ni los fondos de pensiones ni el tratamiento de la unidad familiar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Usted ha traído unas estadísticas poco descriptivas, diría yo, y muy a contrapelo de la realidad de la protección social en España. En cualquier caso usted está ignorando lo esencial y lo esencial es que el pacto que tenemos acordado en esta institución, en el Congreso de los Diputados y concretamente en la Comisión del Pacto de Toledo, es que esta vía de promoción del ahorro a largo plazo con orientación de prestaciones sociales, como son los fondos de pensiones o las mutualidades, es absolutamente imprescindible no solo para crear tranquilidad financiera en la Seguridad Social, sino para garantizar el futuro de quienes reciben las prestaciones sociales, ya provengan éstas de una capitalización que éstos hayan realizado, ya provengan de una capitalización compartida con las empresas -planes de empleo- o ya provengan de capitalización pública, que no es capitalización. Nosotros iniciamos la vía de la capitalización por el superávit de la Seguridad Social, pero el sistema de reparto, completado con la acumulación y capitalización de superávit, ha de garantizar el futuro de los españoles. Creo que con eso no se puede jugar, aunque no quiero hacer demagogia fácil, es obvio que no se puede jugar y que nadie lo va a hacer, aunque sí hay que potenciar esos instrumentos. Que usted me dice ahora que el problema está en que el límite en lugar de ser uno tiene que ser otro, bien.

Esa es una cuestión que podemos discutir, pero lo cierto es que lo que entiendo de sus afirmaciones es que, como mínimo, son distintas a las que usted mismo y algunos otros altos cargos formularon hace algunos meses que cuestionaban la existencia misma del instrumento; si no la cuestionaban, por lo menos establecían dudas sobre la eficacia del instrumento y sobre su perdurabilidad en el tiempo. Por tanto, parece que también esto queda despejado y ya veremos los retoques que usted va a traer.

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En cuanto a la renta familiar, la renta que ha de quedar sometida a impuesto sobre la renta, creo que ya he dicho lo que tenía que decir.Para que la gente nos entienda, buscaremos ejemplos, pero ejemplos tenemos todos. Le voy a dar uno que se me ocurre ahora mismo; ni siquiera he hecho números, pero se lo voy a explicar. Usted dice que le quita un ahorro de 300 euros al contribuyente de renta alta por cada uno de sus hijos con este sistema justiciero e igualitarista del que usted ha hecho mención, y yo le digo a usted que, si reduce el tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta del 46 al 40 por ciento, por ejemplo, a ese mismo contribuyente -hablemos por ejemplo de un contribuyente de 100 millones de base imponible- usted le ha metido en el bolsillo el 6 por ciento de 100 millones, es decir, 6 millones de pesetas. Si hablamos de euros, 6 millones de euros, una cifra todavía mayor. No utilice usted ese argumento fácil de los ahorros fiscales que resultarían de aplicar una medida. Entienda el concepto que le estamos explicando; si es fácil o difícil de explicar nosotros nos esforzaremos en ello, pero no lo reduzca usted a una simple discusión justiciera, porque no es verdad.

Vamos a hablar de los elementos de progresividad del impuesto sobre la renta en el impuesto moderno, no en el que usted se ha quedado anclado.

Usted me ha calificado de estúpido por mis afirmaciones y me va a permitir que yo a usted le califique de caduco en muchas de sus reflexiones. Caduco porque usted me está dibujando el sistema fiscal de los años setenta y principios de los años ochenta, pero eso está ya pasado de moda; y no porque haya modas, sino porque evolucionan el pensamiento fiscal y la forma de recaudar los tributos, y esa evolución lleva al concepto de renta fiscal del que yo le estoy hablando. Lo explicaremos, ya lo verá.

Respecto a la reforma tributaria, lo que no nos ha dicho es que nosotros en nuestro programa electoral proponíamos una reducción de tipos impositivos para las pequeñas sociedades en España, reducción que valorábamos en cinco puntos; proponíamos una ampliación, concretamente duplicábamos la deducción por hijos y por otros motivos familiares en el impuesto sobre la renta, proponíamos una reforma fiscal para reducir la carga tributaria sobre los contribuyentes. De eso usted no ha hablado, usted en ningún momento ha dicho que quiera reducir los impuestos. Lo que sí nos ha dicho es que lo va a utilizar todo suavemente, pero no para reducir impuestos.

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Nuestras reformas fiscales eran para reducir impuestos, y las propuestas que nosotros en el futuro hagamos sobre la reforma fiscal estarán orientadas a reducir los impuestos que soportan los contribuyentes.

Por último, en cuanto a estas dos reflexiones genéricas que deriva usted de su plan de prevención del fraude fiscal, la inmediatez y salir a la calle, lo que le puedo decir es que en conversaciones, y no con un inspector, ni con dos ni con tres, sino con el presidente de la asociación de todos o de casi todos ellos, en este momento me decía dos cosas. Primera, él y la junta directiva entienden -por tanto, no lo digo yo- que hay una amnistía fiscal encubierta, puesto que no hay razón objetiva para que sea durante los cuatro años, que no cinco, de prescripción del impuesto -una vez que se inicia una inspección, se emplean prácticamente los mismos recursos en inspeccionar dos que cuatro-. Segunda -y esto vamos a mencionarlo muy por encima, ellos todavía no saben qué significa salir a la calle. Porque usted, señor secretario de Estado, usted no querrá, yo tampoco, y supongo que ninguno de los que estamos aquí, que los inspectores de Hacienda se estén paseando por la Castellana con una cartera, porque no es ahí donde está el fraude fiscal, en la calle.

Lo que usted querrá decir es que hay que afinar procedimientos de búsqueda de bases imponibles ocultas, etcétera, y no es precisamente la descripción gráfica más clara buscarlo en la calle. De hecho, los inspectores no saben lo que usted quiere decir cuando habla de salir a la calle. Nos gustaría que lo explicara.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor secretario de Estado, me hubiera gustado que al menos me hubiera dicho algo, no digo con relación a todos los temas, porque además yo ya había reconocido que algunos estaban fuera del orden del día de alguna forma, pero sí con relación al menos al de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuándo pensaban aprobarla, qué cambios básicos pretenden incorporar para ajustarla al tema económico, para que no supongan intromisión competencial, etcétera, y de qué manera están buscando ustedes el consenso con este proyecto de ley.

Usted dice: coordinación a tope. Ojalá, pero, dicho de esa manera, da la sensación de que el Gobierno -usted lleva en él poco tiempo relativamente- tiene voluntad de que la colaboración sea a tope y que nosotros somos los que nos negamos. Yo tengo que decirle sinceramente que no tengo esa

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impresión y que mi deseo es que en el futuro se pueda instrumentar una relación más a tope. Con relación a cuestiones técnicas, por ejemplo la lucha contra el fraude, la colaboración entre las haciendas forales y la Hacienda del Estado me parece positiva, me parece que no funciona mal la colaboración técnica, que la colaboración es buena cuando hay este tipo de actuaciones conjuntas en temas de información, colaboración, etcétera. Es más, yo creo que es muy buena y que debe seguir siéndolo. El problema que tenemos entre administraciones, entre haciendas y el Gobierno del Estado, no es un problema técnico de colaboración en la lucha contra el fraude, es un problema de carácter más político. Y trato de trasladarle la responsabilidad que ustedes tienen en ese aspecto. Entiendo que es un problema de colaboración y de voluntad política, en el que todos tenemos cierta responsabilidad, pero su Gobierno tiene todavía más. El Gobierno anterior también; es un tema que se han trasladado de un Gobierno a otro. Espero que su Gobierno sea el que lleve a cierta normalidad las relaciones en este sentido.

Cuando hay colaboración, tal y como establecen el propio concierto y la paz fiscal, las haciendas forales, cuando pretenden llevar adelante una normativa, lo comunican y envían la documentación con la antelación suficiente a la Administración central para que puedan opinar. Pero desde el Estado no se hace lo mismo, no se envía con suficiente antelación para que se pueda opinar desde las haciendas forales. No se tiene en cuenta esa bilateralidad que las haciendas deben tener y ese respeto al resto de las haciendas. Aunque incidan sobre un menor número de ciudadanos, son unas haciendas que en su ámbito tienen tantas competencias como la suya.

Hay que dejar claro ese tipo de cuestiones, y si se quiere dar un empujón -yo invitaría a ello al Gobierno- podríamos intentar cerrar aquellos acuerdos que políticamente negociamos con su grupo parlamentario y con su Gobierno, que parecía que habían sido ya cerrados. Un empujón podría ser llegar a un acuerdo en la Comisión mixta de concierto y avanzar en una resolución de esos temas para dar cierta sensación de normalidad. No hace falta para esto esperar al 17 ó 18 de abril, a las elecciones vascas. La normalidad institucional tiene que ser independiente de los procesos electorales, y este puede ser un buen momento. Quizá lo que esté diciendo sea una ingenuidad, porque igual nadie está dispuesto a plantearse nada hasta después del 17 de abril, pero yo sinceramente pienso que no debería ser así.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Torres.

El señor TORRES BALAGUER: En primer lugar quiero hacer

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constar que lamento que no esté en la sala el portavoz del Grupo Popular, porque yo quiero decir al señor secretario de Estado que al menos para el Grupo Popular era innecesario esperar a su contestación. Cuando, después de su intervención, he visto que salía de la sala el señor Utrera, pensaba que lo hacía por alguna necesidad fisiológica, pero no, ha ido a hacer unas declaraciones en las que afirma que nosotros promovemos las inspecciones basura y que el plan de prevención supone una amnistía fiscal. No ha esperado a oír su contestación ni su argumentación, en la que ha quedado perfectamente claro que eso no era así. Me parece que tenían ya preparado el mensaje antes de escuchar la propuesta del Gobierno y la respuesta.

Por cierto, es muy complicado -ya sé que usted, señor secretario de Estado, no lo puede hacer desde una posición institucional- no contestar a adjetivos como justiciero, caduco, etcétera. Yo debería hacerlo, pero, simplemente para que conste en el "Diario de Sesiones", le diré que es una falta de respeto que espero que no se repita en posteriores comparecencias.

Respecto a la distorsión -me atrevería a decir casi paranoia- que se puede tener en algunos temas, voy solo a enumerar nuevamente el tema de las políticas de vivienda, donde pretende que nos instalemos en el fracaso más estrepitoso. Las cuestiones fiscales no son más que una parte de esa política de vivienda de protección, porque todos sabemos que pueden ser vía ingreso o vía gasto. Ni hubo dedicación en la etapa anterior a la vivienda protegida, ni dotaciones presupuestarias específicas, ni alquiler, ni nada. Por lo tanto no voy más que a repetir que es una distorsión de la realidad pretender que nos instalemos en un fracaso absolutamente demostrado.

Aprovechando que ha sacado a colación una conversación con la asociación de inspectores financieros, diré que esta asociación vino a vernos a todos los grupos políticos el mismo día y no creo que el mismo día le dijera una cosa al Grupo Socialista y otra al Grupo Popular; no lo creo.

Nos dijeron literalmente que ellos jamás aceptarían una instrucción que supusiera una amnistía fiscal porque eso también era faltarles al respeto. ¿Cómo no va a aplicar la ley un funcionario del Estado? Eso es literalmente faltar al respeto a la inspección financiera y tributaria del Estado. Se ha dicho por activa y por pasiva que una cuestión es intensificar la gestión en algunos períodos impositivos y otra muy distinta conceder algún tipo de amnistía, entre otras cosas porque para eso tendríamos que cambiar la ley, y no lo vamos a hacer, como ha dicho el secretario de Estado. Es muy difícil establecer un diálogo o hacer un razonamiento cuando las conclusiones se

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traen escritas y cuando son exclusivamente para dar un mensaje mediático; no solamente se hace daño a los contribuyentes cuando se les dicen estas cosas que se les dicen -sobre todo a los cumplidores-, sino también en general a las instituciones y a los funcionarios del Estado. (El señor Utrera Mora pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Utrera.

El señor UTRERA MORA: Señor presidente, le pido una intervención de un segundo, porque se ha dudado de algo que he dicho de una reunión que he mantenido con una persona, con quien yo no he hablado, por cierto. Me gustaría aclarar ese extremo. (El señor Torres Balaguer: No se ha dudado de nada.) Simplemente deseo hacer una aclaración sobre lo que acabo de decir; no se trata de hacer ninguna reflexión adicional. (El señor Torres Balaguer: Yo no he dudado de nada; por lo tanto, es una excusa.)

El señor PRESIDENTE: Aclárenlo ustedes después de la sesión y vamos a continuar.

El señor UTRERA MORA: Se ha dicho que se ha reunido con el presidente de la asociación -igual que yo- y que duda que se ha dicho cosa distinta a lo que le han dicho a usted. Yo no sé lo que han dicho a usted y tampoco le voy a decir lo que me han dicho a mí, porque yo no hablo nunca de las conversaciones privadas que tengo, pero la información de la que yo dispongo está publicada en los medios de comunicación... (Rumores.-Una señora diputada: Está en el "Diario de Sesiones")... en los que se atribuye a este señor -y supongo que tendrá usted que hablar con los responsables de esos medios de comunicación- y se dice de forma literal que en la práctica es una amnistía fiscal parcial. Eso lo ponen en boca de ese señor que usted dice que a usted le dijo cosa distinta. A mí me dijo lo que viene recogido en los periódicos. (El señor Torres Balaguer pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Torres.

El señor TORRES BALAGUER: Señor presidente, solo quiero mostrar mi rechazo a una intervención adicional sin sentido porque lo que el señor Utrera dice que se ha dicho no se ha dicho. Lo que ha hecho es ganarse una intervención con una trampita y yo protesto por esta situación.

El señor PRESIDENTE: El señor Heredia Díaz había pedido diez segundos para agradecer al secretario de Estado la respuesta a la pregunta que él ha formulado. Le vamos a dar seis veces más de lo que pide, es decir, 60 segundos.

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El señor HEREDIA DÍAZ: Deseo agradecer la intervención del secretario de Estado y el compromiso del nuevo Gobierno de incrementar las ayudas a las familias con personas discapacitadas entre sus miembros. Estamos hablando de un tema que afecta a 1,6 millones de hogares en nuestro país. El compromiso de este Gobierno ha sido, en primer lugar, incrementar de forma muy importante las pensiones mínimas para estas familias con discapacitados. También se han incrementado las prestaciones familiares por hijo discapacitado a cargo mayor o igual a 18 años así como la bonificación desde enero de un 45 por ciento de las cuotas de la Seguridad Social para las familias que contraten a personal para cuidar a personas dependientes, discapacitados o mayores. Muchísimas gracias por su contestación y por el impulso del nuevo Gobierno en esta materia.

El señor PRESIDENTE: No ha llegado a utilizar los 60 segundos. Gracias.

Señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Fernández Ordóñez): Agradezco las palabras del señor Heredia porque realmente él ha contado mejor que nadie todo lo que ha hecho el Gobierno con los discapacitados; no he querido repetirlo porque está perfectamente explicado.

Contesto. El señor Utrera se apoya en que yo he dicho -y es verdad- que hubo cambios interesantes en la política del PP en la deducción de vivienda y trata de decir que no vamos a cambiar la magnífica política que hicieron. El señor Torres ha explicado claramente su fracaso en política de vivienda, no solo en el tema general -donde es obvio- sino también en el fiscal, donde el alquiler ha sido un fracaso total. Ahora traemos a las Cortes algunos cambios que permitan mejorar la situación.

Una cosa es hacer bien algo y otra es que, en conjunto, lo suyo ha sido un rotundo fracaso. Dice que nosotros poníamos en cuestión su política. Ya le he dicho que el Fondo Monetario Internacional, dirigido por el señor Rato -que fue diputado de esta Cámara- acaba de decir que deberíamos revisar las deducciones por vivienda y que deberíamos hacer unos cambios sustanciales. No es algo que se le haya ocurrido a cualquiera; está en los informes de la OCDE y por tanto era necesario estudiarlo. Habrá correcciones evidentemente, pero la reforma está orientada a otros campos, a aquellos puntos -insisto- donde lo que nos ha dejado el Partido Popular consideramos que es más injusto y menos equitativo. Y en esto siento ser caduco; si no está de moda la equidad, lo siento.

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¿Qué se le va a hacer? A mí sí me parece que es algo que sigue de moda. Dice usted: se pueden bajar más los impuestos y será más la diferencia que va a tener entre un hijo y otro. La equidad no consiste en el nivel de los impuestos. Decía el señor Azpiazu que él consideraba que podían estar demasiado bajos y que habría que estudiar la cuestión del gasto fiscal. Hay que tener en cuenta la equidad horizontal.

¿Me trata usted igual que al otro, sí o no? Otra cosa es lo que tengamos que pagar de impuestos. Es verdad que quizás debamos bajar los impuestos directos e ir más a impuestos ecológicos -ahí hay una discusión global-, pero yo considero que el tema de la equidad está de moda y que ustedes lo tienen absolutamente perdido. No hay forma de explicar por qué a quien tiene más renta tiene que darle el Estado más dinero por su hijo; es imposible. Ya pueden ustedes dedicarse a eso, pero es imposible. Quizás deberían ayudarnos a perfeccionar otros temas.

En cuanto a los fondos de pensiones, seguimos diciendo lo que hemos dicho.

Tenemos que estudiar -y me parece muy importante- lo que ha dicho este Congreso en la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, y ha dicho que el tema de las pensiones complementarias no se ha desarrollado en España. Es importantísimo. Dese usted cuenta de que tener unas pensiones complementarias privadas es capital, es un instrumento esencial. Otra cosa muy distinta es lo que tenemos, que no está sirviendo a ese propósito. Lo que tenemos que hacer es ir al objetivo esencial de conseguir pensiones complementarias en este país, que de alguna forma nos den tranquilidad porque las disfrute un montón de gente, pero eso no se ha conseguido. Se ha conseguido una desviación de ahorro en zonas de renta determinadas. Lo que hay que hacer realmente es conseguir esas pensiones complementarias y no dar unos beneficios a otro tipo de cosas que no están consiguiendo el objetivo fundamental. Por tanto, lo importante no es sólo que el límite se vaya a bajar, sino la pura concepción de conseguir realmente que haya pensiones complementarias privadas en este país, que no tenemos. El problema fundamental, insisto, no es tanto el del ahorro a largo plazo como el de la supervivencia del ahorro. La gente está viviendo mucho más tiempo de lo que supone el dinero que tiene ahorrado y de repente se encuentra sin posibilidad de afrontar esa situación.

Usted se ha referido a las propuestas del programa electoral. Ustedes acaban de ser Gobierno y nosotros lo somos ahora, y hay que decir lo que se ha hecho. ¿Qué han hecho ustedes con

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las pymes? Lo que han hecho, ahí está lo que han hecho. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Algo más. En el presupuesto ya hemos reducido el impuesto de sociedades a las pymes, elevando el límite de 6 a 8 millones. En este momento, las pymes -y no es un problema de propuesta electoral- están mejor efectivamente con nosotros que cuando las dejaron ustedes. Así de claro, absolutamente, están mucho mejor tratadas. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en marcha una realidad que ha venido a esta Cámara y que ustedes han aprobado. No se trata de propuestas, sino de realidades.

En el Plan de prevención del fraude, insisto en lo que dice el señor Torres. Usted habla de una conversación privada, pero a lo que hay que ir es a lo que dicen los inspectores en sus documentos. Si usted examina lo que los inspectores han venido diciendo estos años al Gobierno del Partido Popular sobre lo que debían hacer en la Agencia Tributaria y lo que hemos hecho nosotros en el Plan de prevención del fraude, hay algo así como un 90 por ciento de coincidencia. En alguna cosa, no -hay quien quiere ganar más, etcétera-, pero coincide prácticamente el 90 por ciento. Hemos añadido más cosas de las que decían los inspectores, pero existe una coincidencia fundamental y es que estamos poniendo en práctica algo que los propios inspectores habían detectado. Porque este tema de la simultaneidad no nos lo hemos inventado nosotros, no nos hemos inventado la investigación.

Usted se ha referido al tema de la calle y es verdad que es un tema gráfico, pero es algo que conocen los inspectores. Fíjese usted si lo saben, que lo van a ver en el tema de retribuciones. ¿Cómo cambia el sistema de retribuciones? Pasa del sistema de deuda liquidada a actuaciones, a qué se hace por investigar. Esto es algo que hemos tenido que hacer delicadamente, hablando con ellos y de acuerdo con ellos, incluso, en todos los temas de promoción interna, basados en otros criterios a los anteriores. Yo creo que esto va muy bien, va en la línea de hacer cosas nuevas, por mucho que se hubieran dicho antes algunas de ellas, otras no.

Señor Azpiazu, respecto a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuanto más consenso haya, mejor, y si ustedes apoyan la reforma de esta Ley, magnífico, pero sabe usted que con sus votos exclusivamente no sacamos adelante el tema. Habrá que hablar también con quien podemos conseguir una mayoría parlamentaria, pero, a más a más, fenomenal. ¿Por qué? Porque esta ley es importante. ¿En qué línea se está cambiando? Yo creo que está cambiando en acabar con la hipocresía de la ley anterior, donde se decía que todo era equilibrio, mientras que en la liquidación del año 2003 veíamos que hay 13 comunidades autónomas que están en desequilibrio. De las 5

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primeras comunidades autónomas, la primera está gobernada -y lo siento por el señor Sánchez i Llibre, que se acaba de ir- por Convergència i Unió y las otras 4 por el Partido Popular; Valencia, Baleares, etcétera. El tema de la hipocresía había que cambiarlo. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia las líneas doctrinales de equilibrio a lo largo del ciclo. Estamos detectando en las conversaciones que este es un tema que se acepta y creo que es importantísimo; que todos tengamos al final la idea de que no se trata de un equilibrio año a año, que es una burrada, sino que hay un equilibrio a lo largo del ciclo, es muy importante.

El otro tema importante que había que cambiar era el de la autonomía de las comunidades autónomas. En este campo estamos tratando de ir hacia fórmulas que, dentro de un marco general de equilibrio, reconozcan la autonomía de las comunidades autónomas, con fórmulas que sean aceptables.

Además de las negociaciones en sede parlamentaria, vamos a tener que hablar con comunidades autónomas. ¿Dónde? En el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera -que me parece el marco adecuado para discutir este tipo de cosas-, pero antes tenemos que concretarlo.¿Cuándo? En cuanto podamos. Es verdad que no llegamos ya a la discusión parlamentaria de este presupuesto, eso es obvio, aunque la tuviéramos mañana, porque el proceso presupuestario arranca en mayo, como ustedes saben, pero lo haremos en cuanto podamos.

En la colaboración con las haciendas forales estoy absolutamente de acuerdo con usted. En la colaboración con las comunidades autónomas, ha habido una fase de colaboración con comunidades autónomas de régimen común, a través del documento que le digo, y yo creo que ha sido un éxito. ¿Qué es lo que hemos hecho? Dar los datos que nos pedían las comunidades autónomas, incorporar sus peticiones, etcétera, cosas muy obvias, pero que no se habían hecho en los últimos 8 años. Se trata simplemente de sentarse los consejos interterritoriales, intercambiar ideas, etcétera. Este tema ha trascendido las consideraciones políticas.

Las comunidades autónomas del Partido Popular están muy contentas con la nueva relación con la Agencia Tributaria. Las comunidades forales, como usted sabe, son distintas y tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Yo lo asumo por mi parte y asumo la parte de responsabilidad que podamos tener al respecto. Creo que es cierto, como usted dice, que no se han enviado suficientes proyectos informativos, pero se está haciendo ya. En este asunto hemos cambiado y lo hemos hecho en el seno de un comité que hay dentro de la propia Agencia

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Tributaria, del que forma parte también el Gobierno vasco y el Gobierno navarro. Nosotros pensamos que hay cosas que también se pueden hacer por el otro lado, aunque a veces se considera que se entra en la autonomía. ¿Significa entrar en la autonomía, por ejemplo, decir que la presión sobre determinados sectores debe ser la misma? Nosotros creemos que no y que podemos llegar a un acuerdo para que la presión inspectora sea la misma en todos los sitios. Yo creo que hay muchos campos en los que podemos colaborar y estoy convencido de que en beneficio de ambas administraciones.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y treinta minutos de la tarde.

Datos más recientes de que dispone el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre el número de personas con discapacidad en situación de desempleo.

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).


El número de trabajadores discapacitados que se encontraban inscritos como parados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo a finales del mes de enero de 2005 era de 35.512.


Diversas cuestiones relacionadas con el Convenio de colaboración entre los Ministerios de Economía y Hacienda y Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), para la promoción de accesibilidad a las edificaciones administrativas.

AUTOR: Vañó Ferrer, Francisco (GP).


La vigencia del Convenio interesado por Su Señoría es de dos años a partir de su firma, y los objetivos que se persiguen van dirigidos a incrementar la integración y la normalización social de las personas con discapacidad, promoviendo la accesibilidad

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de las edificaciones administrativas, a fin de facilitar el acceso, uso y disfrute de las mismas por las personas con discapacidad.

De forma inmediata, y una vez ya designados los representantes de las partes firmantes del Convenio, se va a constituir formalmente la Comisión de Seguimiento prevista en el mismo, lo que impulsará las actuaciones tendentes a la consecución de los objetivos anteriormente señalados.


Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales

Contenidos del Programa "Voy a hacer como si..." destinado a personas con autismo, así como financiación y actuaciones previstas en relación con esta discapacidad, durante el año 2005.

AUTOR: Cedrés Rodríguez, Olivia (GS).

22 de marzo de 2005

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión no permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad

22 de marzo de 2005

La Comisión no permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad, en su sesión del día 9 de marzo de 2005, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley para impulsar la variable de discapacidad en los censos de población y vivienda, y en las revisiones anuales de los padrones municipales, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el "BOCG. Congreso de

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los Diputados", serie D, núm. 122, de 15 de diciembre de 2004, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la introducción de alguna o algunas preguntas en los cuestionarios censales que permitan obtener datos sobre la discapacidad, siguiendo las recomendaciones internacionales que se acuerden en los grupos de trabajo de la ONU y Eurostat que actualmente están estudiando específicamente esta cuestión, y previa consulta con las asociaciones representativas y los agentes sociales."

A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


A la Mesa de la Comisión no permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, para impulsar la variable de discapacidad en los censos de población y vivienda, y en las revisiones anuales de los padrones municipales, del Grupo Parlamentario Popular.

Enmienda De sustitución.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la introducción de alguna o algunas preguntas en los cuestionarios censales que permitan obtener datos sobre la discapacidad, siguiendo las recomendaciones internacionales que se acuerden en los grupos de trabajo de la ONU y Eurostat que actualmente están estudiando específicamente esta cuestión, y previa consulta con las asociaciones representativas y los agentes sociales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2005.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Proposición no de Ley en Comisión

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Actuaciones previstas en el ámbito educativo, dentro de las etapas de primaria y secundaria obligatoria, para evitar las enfermedades relacionadas con los trastornos alimenticios de los menores de catorce años.

AUTOR: Cedrés Rodríguez, Olivia y Coello Fernández-Trujillo, María Mercedes (GS).


Las actuaciones planteadas en la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS), presentada recientemente y que afectan, entre otros, al ámbito escolar, no contemplan una edad frontera, los objetivos planteados y recogidos enla estrategia de abordaje a este problema pretende realzar la importancia de adoptar una perspectiva a lo largo de toda la vida en la prevención y control de la obesidad y, por tanto, los objetivos previstos en el ámbito escolar no se limitan a los catorce años.

Las acciones propuestas que se desarrollarán de forma conjunta entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Ministerio de Educación y Ciencia, se concretan en:

• Incluir en el currículo académico conocimientos y habilidades relativos a la alimentación y nutrición.

• Reforzar mediante talleres o actividades extraescolares la iniciación de los escolares en el mundo de la cocina y la gastronomía, estimulando así comportamientos positivos que favorezcan la aceptación y desarrollo de hábitos saludables, con una perspectiva de igualdad de género.

• Incluir en los cursos de formación del profesorado materiales didácticos y orientaciones sobre alimentación y nutrición.

• Potenciar las acciones educativas en colaboración con otros sectores como las asociaciones de padres de alumnos, etc.

• Promover la práctica frecuente de actividad física y deporte en el colegio, con programas de actividades deportivas durante los fines de semana, etc.

En cuanto al comedor escolar, y teniendo en cuenta el papel primordial que juega, se elaborará una norma sobre los comedores escolares donde se abordarán los requisitos que

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deben cumplir los menús que se ofrezcan, con una mayor información a los padres sobre los mismos, para facilitar la complementación entre las comidas de casa y del colegio.

Se ha suscrito también un convenio con las principales empresas de restauración colectiva, asociadas en la Federación Española de Asociaciones Dedicadas a la Restauración Social, en el que se comprometen a no utilizar en las frituras aceites ricos en ácidos grasos saturados o trans, sustituyéndolos por otros más saludables, a utilizar sal yodada y a realizar talleres para los niños donde se fomenten las medidas educativas destinadas a la promoción de una alimentación variada y equilibrada.

En cuanto a las máquinas expendedoras de alimentos y bebidas, se ha firmado un convenio con la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos, en el cual se comprometen a eliminar la publicidad de las máquinas para no incitar al consumo de determinados productos, sustituyéndose por adhesivos que incluyan mensajes que promocionen una alimentación saludable.

En las máquinas deberán incluir productos que favorezcan una alimentación equilibrada en detrimento de aquéllos con un alto contenido en sal, azúcar o grasas.

Se publicará una guía de buenas prácticas, dirigida a estos profesionales, donde se defina qué productos no deberían incluirse en las máquinas y aquéllos que deberían sustituirlos.

Por último, se elaborará una guía para una nutrición adecuada en los centros de enseñanza, a través de máquinas vending, para su difusión en los colegios a través de las asociaciones de padres de alumnos.

Madrid, 2 de marzo de 2005.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Número de personas con discapacidad en edad laboral en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.

AUTOR: Cedrés Rodríguez, Olivia y Coello Fernández-Trujillo, Mª Mercedes (GS).


En anexo, se facilitan los datos de que dispone el IMSERSO, a través de las bases de datos estatal de personas con

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discapacidad, que sólo incluye las personas reconocidas como minusválidos por los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma.


Iniciativas previstas para mejorar la calidad de vida de las personas que han accedido a un implante coclear.


Respuesta del Gobierno (BOCG Cortes-Congreso de Madrid, 28 de marzo de 2005). El implante coclear es un transductor que permite transformar las señales acústicas en señales eléctricas para estimular el nervio auditivo y que se utiliza en casos de sordera que no se benefician de otros tratamientos. El Gobierno considera muy importante mejorar los servicios sanitarios que se dan a los ciudadanos y también a los pacientes con sordera, sin menoscabo de que la prestación sanitaria como tal sea una competencia de las Comunidades Autónomas una vez producida la transferencia sanitaria.

El tratamiento con implantes cocleares está recogido entre las prestaciones ortoprotésicas que financia el Sistema Nacional de Salud, tal y como recoge el Anexo I de la Orden de 18 de enero de 1996 de desarrollo del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

Madrid, 2 de marzo de 2005.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes

Contenido del Programa 231C Servicios Sociales Seguridad Social a personas con discapacidad,

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incluido en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.



El detalle del programa 231C "Servicios Sociales Seguridad Social a personas con discapacidad" está incluido en el Proyecto de Prespuestos Generales del Estado para 2005 que el Gobierno presentó en las Cortes, en el volumen 2 Tomo 3, correspondiente al Presupuesto de Seguridad Social, programa 3131 "Gestiones de prestaciones económicas y centros".

No obstante se indica a continuación la descripción y fines de este programa:

Este Programa va orientado al desarrollo de los servicios directos y a la concesión deprestaciones económicas al colectivo de personas con discapacidad para cubrir sus necesidades básicas.

Los fines fundamentales del mismo son los siguientes:

1) Facilitar pestaciones económicas de carácter periódico, reglamentarias de derecho (LISMI), destinadas a:

- Atender las necesidades básicas de quienes, por razón del grado de incapacidad, carecen y no pueden obtener los medios necesarios para su subsistencia.

- Las personas con discapacidad que a consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales necesiten la asistencia de otra persona para realizar actos esenciales de la vida; prestación que se incardina plenamente dentro de la cobertura de necesidades de las personas dependientes.

- Las personas con discapacidad que precisen realizar gastos extraordinarios originados por desplazamientos fuera de su domicilio habitual en medios de transporte no colectivos.

2) Facilitar las siguientes prestaciones y ayudas a personas con discapacidad en el ámbito de competencias del IMSERSO:

- Ayudas individuales para rehabilitación, asistencia especializada, ayudas complementarias y ayudas para actividades.

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- Ayudas excepcionales extraordinarias para residentes en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Ayudas a los beneficiarios en edad laboral, con distintas medidas y prestaciones que hagan posible su inserción laboral a través de la capacitación o formación profesional adecuada a las aptitudes y motivaciones de cada sujeto.

3) Procurar una asistencia adecuada y unos tratamientos especializados, ofrecidos en régimen de internado y media pensión, a las personas con una discapacidad física y psíquica para contribuir, en la medida de lo posible, a evitar o limitar su deterioro.

4) Facilitar la prestación de un conjunto de servicios básicos y especializados, en régimen ambulatorio, a través de los Centros Base de IMSERSO en las ciudades autónomas de gestión directa de Ceuta y Melilla.

5) Lograr la máxima integración personal y social mediante la realización de turnos de vacaciones y estancias en balnearios, facilitando el acceso normalizado a los bienes del ocio, de la cultura, de la naturaleza y de la salud a las personas con discapacidad, así como facilitar el descanso de las familias.


Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales

Valoración del impacto que sobre las familias españolas va a tener la implantación de un Sistema Nacional de Dependencia.

Respuesta del Gobierno (BOCG Cortes-Congreso de Madrid, 4 de abril de 2005)


Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2005.-P.

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D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro. Actuaciones a desarrollar tras la presentación del

Libro Blanco de la Dependencia.






Número de personas mayores residentes en la Comunidad Autónoma de Castilla y León que se van a poder beneficiar del Programa de Termalismo Social durante el año 2005.






Medidas para llevar a cabo el desarrollo del Plan de Acción para Personas Mayores de 2003-2007.

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Actividades en el marco de la cooperación técnica con Iberoamérica y países en vías de desarrollo en lo que se refiere al ámbito de los servicios sociales.






Acciones previstas en el marco de la formación especializada en servicios sociales sobre las personas dependientes.



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Medidas para potenciar la participación de las organizaciones y asociaciones de mayores.






Inversiones en Ceuta y Melilla para las personas mayores.




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Incidencia social y económica del Programa de Termalismo Social en la Comunidad Autónoma de Aragón.






Inclusión en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) 2004-2007, de la financiación de proyectos de investigación relacionados con las personas mayores y con las personas con discapacidad.





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Actuaciones que se están realizando en la provincia de Badajoz dentro del Convenio Marco suscrito con la Fundación ONCE para el desarrollo de actuaciones en materia de accesibilidad.






Medidas para la formación de los profesionales que van a desarrollar la aplicación del Sistema Nacional de Dependencia.






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Fecha prevista para la entrada en funcionamiento del Centro de Minusválidos de Bergondo (A Coruña).






Previsiones acerca de la construcción de centros nacionales de referencia en materia de discapacidad.






Medidas para evitar el maltrato a las personas mayores.



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Actuaciones previstas en relación con la constitución del Consejo Estatal de las Personas Mayores según el Real Decreto 117/2005, de 4 de febrero, así como novedades que incluye respecto a su anterior regulación.






Previsiones acerca de la mejora de la calidad de los servicios sociales.



Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo

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al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.



Medidas previstas para facilitar la alfabetización

digital de las personas en situación de exclusión social.



Las dificultades en el acceso y la ausencia de un grado mínimo de conocimiento y familiaridad con las nuevas tecnologías puede traducirse en exclusión para un gran colectivo de personas.

1. Por ello, en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAin) 2003-2005, se tiene previsto actuar en las siguientes líneas:

• Facilitar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a las personas excluidas o en riesgo de exclusión, a través de:

- El acceso a Internet de las personas excluidas o en riesgo de exclusión dentro del programa "Internet para todos".

- El incremento de los puntos públicos de acceso a Internet en los Ayuntamientos, bibliotecas públicas y oficinas de correo, a través de Red.es (entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Ministerio de Ciencia y Tecnología).

- La promoción de la alfabetización digital de las personas con discapacidad.

- La accesibilidad a la información de las Administraciones Públicas por medios electrónicos para las personas con discapacidad o de edad avanzada.

• Extender las nuevas tecnologías en el ámbito de las ONG:

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- Estableciendo incentivos para el desarrollo de las ONG que actúen en calidad de difusoras y suministradoras de conocimientos entre grupos de alto riesgo.

- Desarrollando planes de actuación a través de proyectos piloto I+D+i para garantizar el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación de las ONG que realizan programas para la inclusión social.

- Promoviendo ofertas de información y formación favoreciendo al acceso a equipamientos y recursos básicos y propiciando la creación de redes multimedia entre las ONG a través de actuacioes incluidas en los proyectos RED CONECTA y RED SORDA III.

• Impulsar programas de nuevas tecnologías en el ámbito rural mediante:

- El desarrollo de programas experimentales que concecten las nuevas tecnologías con la educación y la formación impartida en zonas o comarcas rurales.

- El apoyo, a través de Red.es con el Programa "Internet Rural"; la creación de unidades para el acceso a las nuevas tecnologías en territorios especialmente desfavorecidos y en zonas rurales y el impulso de la utilización de Internet como instrumento de conexión e intercomunicación permanente entre núcleos rurales aislados y cabeceras de comarca y centros de servicios sociales.

2. Además de lo establecido en el PNAin 2003-2005, dentro de las convocatorias de subvenciones del 0,52% IRPF, se establece en el apartado dedicado a programas para la inclusión social, los destinados a facilitar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación a las personas excluidas o riesgo de exclusión, en el que se establecen como prioridades las siguientes:

1) Programas que promuevan el desarrollo de las habilidades y capacidades o destrezas para el acceso y participación en la sociedad de la información y la comunicación.

2) Programas que garanticen el acceso a la información a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y promuevan la alfabetización digital de las personas excluidas o en riesgo de exclusión.

Para la realización de estos programas se deberán establecer mecanismos de coordinación con los servicios sociales

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existentes en la zona o territorio de actuación, así como se deberán determinar los perfiles y el número de usuarios directos en riesgo de exclusión que accederían al programa y los criterios establecidos para su selección.

El la Convocatoria 2004 se concedió subvención para estos fines, por importe de 99.050,00 euros.

En la Convocatoria de 2005, según se establece en la Orden, se mantienen estos programas.


Medidas previstas para relanzar la actividad del Real Patronato sobre Discapacidad.



En la reunión del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad, celebrada el 15 de junio de 2004, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, en su calidad de Secretaría General del Real Patronato, presentó las líneas estratégicas de actuación del organismo, que son las siguientes:

1. Accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

2. Apoyo a los alumnos con discapacidad.

3. Informe bienal del Real Patronato.

4. Sistema de información y documentación sobre la discapacidad en España.

5. Observatorio de la Discapacidad.

6. Pronunciamiento sobre cuestiones normativas actuales y en desarrollo.

7. Grupos de expertos: legislación sobre discapacidad; imagen social de la discapacidad, educación y sociedad de la información; mujer con discapacidad.

8. Nuevas tecnologías.

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9. Coordinación del programa de accesibilidad, en especial la subtitulación para las personas sordas.

Estas líneas estratégicas enmarcan la actuación del Real Patronato sobre Discapacidad en lo referente tanto con respecto a la labor institucional de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, como en relación con los convenios que este organismo desarrolla con distintas entidades, asociaciones y fundaciones.

En el ámbito de la accesibilidad universal se están gestionando programas de desarrollo global de los municipios que den solución, no sólo a nivel de accesibilidad al medio físico, sino también a los ámbitos del ocio, la cultura, el turismo, el transporte, la educación, etc., a través del desarrollo del concepto "municipales accesibles". Se trata en este terreno de desarrollar una cultura del tratamiento de la discapacidad que posibilite el abordaje de políticas globales a nivel municipal.

El Real Patronato, asimismo, es el foro idóneo para promover de encuentro que posibiliten el intercambio de experiencias entre las distintas Comunidades Autónomas, puesto que todas ellas forman parte de su Consejo, y en este sentido se presentará en su próxima reunión una propuesta para que de manera monográfica se vayan abordando los diferentes ámbitos que abarca el tema de las personas con discapacidad. Así se programarían a lo largo del año de manera descentralizada reuniones de responsables y expertos de las distintas Comunidades Autónomas con un contenido previamente acordado. Se pretende a través de estas jornadas no sólo la puesta en común, conocimiento y difusión de las políticas que en materia de discapacidad se están desarrollando, sino también la propuesta al Consejo de temas de estudio e información actualizada sobre la situación de la discapacidad en el Estado, de manera que se puedan orientar desde la práctica y la experiencia la programación de las actuaciones del Real Patronato.

A lo largo de toda su historia, el Real Patronato ha sido un referente en el tema de la discapacidad para todos los países iberoamericanos. Fiel al compromiso con estos países hermanos a través, entre otras actividades, de congresos, simposios, videoconferencias, etc.

Todas estas actuaciones conforman un ambicioso proyecto de trabajo y solidaridad para con las personas con discapacidad que el nuevo equipo del Real Patronato afronta con una gran ilusión y profesionalidad.

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Acciones que se valoran en relación con las convocatorias de Becas FPI del Ministerio de Educación y Ciencia y Becas AECI del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, atendiendo a las perspectivas legales para la integración de las personas con discapacidad.

AUTOR: Pigem i Palmès, Mercè (GC-CiU).


La actual convocatoria del Programa de Becas Predoctorales de Formación de Personal Investigador (Becas FPI), regulada por Orden ECI/4484/2004, de 29 de diciembre (BOE de 14 de enero de 2005), se encuadra dentro del Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos, integrado en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) 2004-2007.

Entre los objetivos del citado Programa Nacional se encuentra el de garantizar, con los niveles adecuados de calidad y transparencia, la formación en investigación de los jóvenes, por el procedimiento de permitir su dedicación exclusiva a las actividades formativas en investigación, especialmente en las áreas definidas como prioritarias del Plan Nacional de I+D+i, mediante la realización de doctorados universitarios.

La orden de convocatoria de las Becas FPI y la normativa reguladora del régimen jurídico de los becarios recogen, con carácter genérico, medidas que facilitan la integración de las personas con discapacidad.

Entre los derechos de los becarios, se establece que aquellos que cumplan los requisitos establecidos en el Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del becario de investigación, tendrán derecho a la cobertura del Régimen General de la Seguridad Social, y los becarios que no cumplan estos requisitos disfrutarán de un seguro de accidentes corporales y de un seguro de asistencia médica, de acuerdo con lo establecido en los apartados correspondientes de la Orden de convocatoria.

Por lo que respecta a las Becas AECI del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se trata de becas enfocadas hacia los objetivos de la cooperación española en los países de ayuda

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oficial al desarrollo, no siendo la minusvalía óbice, en ningún caso, para acceder a estas becas, tal como ha sucedido en el pasado.Madrid, 14 de marzo de 2005.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes

Recursos destinados a la investigación de la fibromialgia, así como atención y tratamiento que se dispensa a las personas que sufren dicha enfermedad.

AUTOR: Xuvlá i Costa, Jordi (GC-CiU).


La Subcomisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en la reunión celebrada el 28 de mayo de 2001 acordó realizar un análisis de la situación en los diferentes ámbitos de gestión. A la vista de este análisis, la mencionada Subcomisión, en su reunión de 9 de abril 2002, decidió crear un Grupo de Trabajo integrado por representantes nombrados por las Comunidades Autónomas y coordinado por el Ministerio de Sanidad y Consumo que realizara un documento de consenso del Sistema Nacional de Salud, que abordara la problemática y manejo de la fibromialgia.

Elaborado el documento por el Grupo se presentó a la Subcomisión de Prestaciones, el 16 de enero de 2003, con el fin de que fuera revisado por cada Comunidad Autónoma y por los expertos por ellas designados, así como por las sociedades científicas implicadas y por las asociaciones de afectados. Analizadas todas las observaciones recibidas, se elaboró el documento definitivo que recoge directrices sobre el diagnóstico y tratamiento de esta patología, su impacto vital, sanitario, familiar y social, así como una serie de necesidades detectadas en relación con la misma.

De este documento se han distribuido un total de 10.000 ejemplares a lo largo del año 2004, a través de las Comunidades Autónomas, con el fin de que pueda llegar a los profesionales de Atención Primaria y Especializada, a los gestores de las prestaciones sanitarias y a las asociaciones de afectados, con el fin de avanzar en pautas comunes de actuación ante los afectados de fibromialgia.

Por ello, se considera que en estos momentos los profesionales implicados en el tratamiento de esta patología disponen de un documento que les facilita el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes y, por tanto, un mejor abordaje de los mismos.

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Asimismo, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha suscrito un convenio con Cochrene Library Plus, accesible gratuitamente a través de la página web del Departamento, con información para los profesionales, en la cual los facultativos que lo deseen pueden acceder a todas las revisiones sistemáticas sobre ésta y otras muchas patologías.

Finalmente, se señala que en el período 1997-2004, el Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) del Instituto de Salud Carlos III ha financiado cuatro proyectos de investigación sobre fibromialgia, por un importe total de 147.727,84 euros. Se adjuntan en anexo listados de estos proyectos.


Previsiones acerca de la creación de un centro de minusválidos físicos (CAMF) en la provincia de Pontevedra.

AUTOR: Pan Vázquez, María de los Dolores (GP).


En la provincia de Pontevedra no se ha previsto crear un centro de atención de minusválidos físicos (CAMF), sino que se ha comprometido presupuestariamente, para la firma de un convenio de colaboración con la Xunta de Galicia, la construcción de un centro gallego de desarrollo integral para discapacitados dependientes (CEGADI), en Mos (Pontevedra).

Esta actuación se llevará a cabo a lo largo de 2005, una vez que se haya firmado el correspondiente convenio.

Madrid, 1 de abril de 2005.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Número de trabajadores con discapacidad que se han beneficiado de las previsiones sobre jubilación anticipada dispuestas en el Real Decreto 1539/2003, de 5 de septiembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acrediten un grado importante de minusvalía.

AUTOR: Vaño Ferre, Francisco (GP).

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Hasta el 31 de enero de 2005 el número de pensiones de jubilación beneficiadas por las previsiones establecidas en el Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acrediten un grado importante de minusvalía, ascendía a 1.144 pensiones.


Motivos por los que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no ha coordinado la aplicación de los dispositivos de Teleasistencia con las Comunidades Autónomas.

AUTOR: Sainz García, María Jesús (GP).


El Consejo de Ministros de 7 de mayo de 2004 aprobó el Plan de Medidas Urgentes para la lucha contra la Violencia de Género, encomendando a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), el Servicio de Teleasistencia Móvil, para las víctimas de la violencia de género que cuenten con orden de protección.

A tales efectos, el IMSERSO amplió el Convenio de Servicio de Teleasistencia ya firmado con la Federación Española dc Municipios y Provincias (FEMP) para proporcionar esa cobertura.

De esta forma, el IMSERSO y la FEMP rubrican la correspondiente "addenda" al convenio de Teleasistencia establecido, creando las "Normas Generales del Servicio de Teleasistencia Móvil para las Víctimas de la Violencia de Género", en las que se detalla el establecimiento y funcionamiento del Servicio.

El Servicio está financiado íntegramente por el IMSERSO.

Las razones por las que el Programa se ha desarrollado de la forma actual y no de otra son:

• Acercarse a las ciudadanas a través de los servicios sociales municipales. En la actualidad existe un número elevado de entidades locales y Ayuntamientos que han solicitado la

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adhesión al Servicio, máxime si se tiene en cuenta, además de las Mancomunidades que engloban varios municipios, las diferentes Diputaciones Provinciales que coordinan el servicio con los municipios menores de veinte mil habitantes, que suponen la mayoría de municipios en todas las provincias.

• Aprovechar la experiencia de más de una década de prestación del servicio de Teleasistencia del IMSERSO y de la FEMP, así como la más específica de diferentes organizaciones, públicas y privadas, que vienen desarrollando esta labor en el campo de la Teleasistencia Móvil para mujeres maltratadas, y en la que vienen utilizando distintos dispositivos de comunicación y localización, dirigidos fundamentalmente a prevenir agresiones, fomentar la confianza de las víctimas en sí mismas y favorecer una vida lo más normal posible de todas aquellas personas que están sufriendo maltrato o puedan sufrirlo en un futuro.


Datos de la Encuesta de Población Activa sobre el número de personas con discapacidad empleadas.


Respuesta del Gobierno (BOCG Cortes-Congreso de Madrid, 6 de mayo de 2005)

El número de discapacitados ocupados, en el segundo trimestre de 2002, datos revisados con base Centro 2001 (actualmente vigente), asciende a 670.300 personas.


Previsiones acerca de impulsar la puesta en marcha del Centro Español de subtitulado para que pueda convertirse en un buen instrumento para las personas con discapacidad auditiva.

AUTOR: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).


El día 23 de septiembre de 2004 se firmó un Protocolo de Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, entidades representativas de las personas sordas y con

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discapacidad auditiva, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y las empresas audiovisuales.

La finalidad del mismo es dar solución a un problema que padece en España el numeroso colectivo de personas sordas, entre cuyas necesidades sobresale el derecho a recibir una información puntual de todos los sucesos que acontecen en nuestro entorno y que, cada vez con más fuerza, es solicitado por dicho colectivo en su condición de integrante de ciudadanos con iguales derechos y deberes que el resto de los españoles.

Así, en el punto 2 del mencionado protocolo figura el compromiso de promover la creación de un Centro Español de Subtitulado, que se ocupará de la normalización de los productos, de la formación y el asesoramiento de los profesionales del subtitulado y de la puesta en funcionamiento de un servicio de bases de datos, a disposición de todos los integrantes del sector.

Para que el centro pueda desarrollar plenamente sus funciones se realizó en 2004 un estudio de viabilidad para conocer las necesidades sociales de usuarios y colectivos y la demanda del mercado. Para el presente año 2005 la Comisión Asesora de Estudios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha aprobado otro estudio que sería la segunda parte del realizado en 2004, y cuyo objetivo es la creación y el funcionamiento del centro de subtitulado.


Diversas cuestiones relativas al Acuerdo General entre el Gobierno y la ONCE en materia de cooperación, solidaridad y competitividad para la estabilidad del futuro de dicha Organización para el período 2004-2011.



El 3 de febrero de 2004, el anterior Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales firmó con el Presidente del Consejo General de la ONCE un Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE en materia de cooperación, solidaridad y competitividad para la estabilidad de futuro de dicha Organización para el período 2004-2011. Este Acuerdo fue elevado al Consejo de Ministros del 27 de febrero de 2004.

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El 28 de enero de 2005, el Consejo General de la ONCE -máximo órgano de gobierno de la Organización- ha adoptado el acuerdo de recabar del Consejo de Protectorado la puesta en marcha de los mecanismos previstos en la cláusula 18 del Acuerdo General vigente. Conforme a la citada cláusula, existen unos plazos para optar entre las distintas posibilidades previstas en el Acuerdo.

En el momento actual, estamos dentro de dichos plazos, y el Gobierno, en respuesta a una pregunta escrita de Su Señoría, con número de expediente 184/19744, de fecha 16 de marzo de 2005, ha manifestado que asume en sus términos el Acuerdo en vigor entre el Gobierno y la ONCE.


Datos de la encuesta de población activa sobre el número de personas con discapacidad desempleadas.

AUTOR: Barrachina Ros, Miguel (GP).


El número de discapacitados parados, en el segundo trimestre de 2002, datos revisados con base Censo 2001 (actualmente vigente), asciende a 123.000 personas.

Asimismo, se indica que en la Comisión no permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso de los Diputados, ha sido aprobada, el 9 de marzo pasado, una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, con la modificación del Grupo Socialista, por la que se instaba al Gobierno a "Impulsar la variable de discapacidad en la Encuesta de Población Activa con periodicidad anual", remitiéndose en anexo fotocopia del BOCG, Serie D, número 174, donde se publica el texto aprobado.


Nota.- La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

Medida en que se ha tenido en cuenta en las contrataciones realizadas en Radiotelevisión Española (RTVE) desde el mes de mayo de 2004, a las personas con alguna discapacidad.

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AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).


ANEXO

RTVE siempre ha cumplido con la legislación vigente en esta materia. Desde mayo de 2004 no se ha celebrado ninguna convocatoria para la cobertura de plazas a través de Oferta de Empleo Público.

No obstante, está previsto llevar a cabo en el transcurso de este año una Oferta de Empleo Público en la que se cumplirán las directrices que sobre este tema se vienen dictando desde la Dirección General de la Función Pública.

No obstante RTVE mantiene el objetivo de promover e intensificar la colaboración con entidades docentes encaminadas a la integración de minusválidos en el mercado de trabajo.

COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES


Valoración del II Plan de Empleo convenido entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) 2002-2004.




Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


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Desarrollo de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2005.-Francisco Vañó Ferre, Diputado.



Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Calendario y recursos previstos para poner en marcha la Ley de Dependencia.





Calendario y desarrollo de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.


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Compromisos concretos y calendario previsto en materia de accesibilidad.





Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputado don Francisco Vañó Ferre.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2005.-Francisco Vañó Ferre, Diputado.

DEL SEÑOR VAÑÓ FERRE (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE LA CONSIDERACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO DE LOS EFECTOS NEGATIVOS QUE SUPONE PARA LAS PERSONAS CIEGAS O CON DEFICIENCIA VISUAL, LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA "AEROPUERTOS SILENCIOSOS" POR PARTE DE AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA). (Número de expediente 181/000472.)

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DEL SEÑOR HEREDIA DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LAS ACTUACIONES PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LOS "AEROPUERTOS SILENCIOSOS" EN PERSONAS INVIDENTES. (Número de expediente 181/000822.)

El señor PRESIDENTE: Voy a sugerir a los autores de las preguntas número 2, formulada por el señor Vañó Ferre, y número 7, formulada por el señor Heredia Díaz que, como tienen el mismo objeto -el relativo a los llamados aeropuertos silenciosos y el problema que ello supone para los invidentes-, se formulen agrupadamente. Seré un poco más flexible con el tiempo al ser contestadas. Si no, se contestarán separadamente.

En primer lugar, el señor Vañó tiene la palabra para formular la pregunta.El señor Heredia lo hará después y a continuación contestará el secretario general. Señor Heredía -y me dirijo a usted porque intervendrá en segundo lugar-, le pido que no utilice su turno para replicar al diputado del Grupo Popular porque no se lo permitiré ya que esa tarea le corresponde al señor secretario general. Limítese usted a formular la pregunta para no generar un debate entre ambos que no sería razonable.

El señor VAÑÓ FERRE: Cuando iba a implantarse el Programa de aeropuertos silenciosos, con el que se pretendía evitar la megafonía en los aeropuertos, nos asaltó la duda de si con ello se contemplaban todas las posibilidades de acceso y desenvolvimiento para todas aquellas personas, -y concretamente las personas ciegas- que tienen alguna minusvalía en cualquiera de los campos, tanto psíquico como físico o sensorial. Ante ello, nosotros planteamos la pregunta de si se habían tenido en cuenta los efectos negativos que suponía para estas personas -tanto ciegas como deficientes visuales- la implantación de este programa de aeropuertos silenciosos, en la medida en que no tener un buen acceso a la información les perjudicaba. Simultáneamente se formuló una pregunta por escrito, a la que recibimos respuesta el 24 de febrero, donde se nos decía que, efectivamente, se estaba contemplando. Me consta que el 30 de marzo se firmó un convenio de colaboración entre Aena y el Comité Español de Representantes de Minusválidos, en el que se comprometieron a llevarlo a cabo. No sé si fue coincidencia, si se contaba con ello o si la pregunta sirvió de recordatorio y de acicate para tener en cuenta a las personas con dificultades de visión. Según tengo entendido, para el 16 de mayo está prevista la implantación -espero que así sea- de la atención individualizada para este colectivo de personas, a través de cualquiera de los procedimientos que se han habilitado: con aviso a través de móvil -incluso con un móvil

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que facilitaría Aena- o con un aviso particular por megafonía. Aunque parece que está resuelto y espero que el día 16 se lleve a cabo, me gustaría recordar e incidir en que se tuviese en cuenta a los representantes de las personas con discapacidad a la hora de elaborar o establecer cualquier programa que les pueda afectar. Los representantes de las personas con discapacidad suelen decir que lo que está previsto para quien más dificultades tiene está previsto para todos. En ese sentido, insisto en que me gustaría que -aunque la pregunta tiene una previsión de respuesta- al programar actuaciones de este tipo se tuviese en cuenta a la cúpula del movimiento asociativo, que es el Cermi, el Comité Español de Representantes de Minusválidos, de forma que se cuente con ellos al planificar actuaciones como es el caso de la nueva terminal de Barajas al planificar para no tener luego que corregirlas.

El señor PRESIDENTE: Señor Heredia, tiene S.S. la palabra.

El señor HEREDIA DÍAZ: Señor director general, el pasado mes de septiembre Aena anunció que se iba a modificar el sistema de información al público en el aeropuerto de Madrid Barajas, mediante la reducción de los mensajes acústicos emitidos por megafonía, siendo sustituidos por mensajes en pantallas. De hecho, se eliminaron los mensajes de megafonía relativos al embarque, última llamada y aviso a pasajeros, salvo en la zona cercana a las puertas de embarque, mientras que las pantallas se disponían en las terminales donde aparece el logotipo de la compañía de cada vuelo, la zona de facturación y la de embarque, informándose allí sobre la puerta asignada y la situación del vuelo. Esta medida ha supuesto importantes beneficios para el pasajero en general en su recorrido por las instalaciones, ya que la información en pantalla es más útil, práctica y funcional y contribuye a hacer más agradable y silenciosa la estancia en el aeropuerto. Esta medida ya ha sido puesta en marcha con magníficos resultados en otros aeropuertos europeos. Por tanto, cabe valorar positivamente dicha actuación desarrollada por Aena para la mayoría de los usuarios, entre los cuales se encuentran las personas con discapacidad auditiva, aunque bien es cierto que puede suponer un problema para las personas ciegas. De hecho, en su día el Cermi, el Comité Español de Representantes de Minusválidos, solicitó a Aena que se evitasen los posibles perjuicios que pudieran surgir como consecuencia de la decisión del organismo público de reducir los mensajes acústicos y potenciar la información a través de las pantallas. Nos consta que este Gobierno considera la solución a los problemas derivados de la discapacidad como una prioridad. Por ello el febrero de 2005 Cermi y Aena negociaron un convenio para que en el aeropuerto de Madrid Barajas se estudiasen fórmulas que paliasen los efectos que sobre las personas invidentes habían tenido la

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puesta en marcha de la iniciativa aeropuerto silencioso. Podría decirle que, evidentemente, se tiene en cuenta el contacto con Cermi, pero como el presidente me ha impedido que entre en el debate no lo voy a decir. Nos consta que para el caso particular del citado aeropuerto -el de Madrid Barajas- y en lo relativo a la reducción de mensajes por la megafonía general se han planteado nuevas fórmulas que mejoran la atención a personas con movilidad reducida para que todas sus necesidades sean comprendidas y atendidas de la mejor manera posible.

También me gustaría, aprovechando esta intervención, hacer referencia a otro acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Fomento y Cermi, este más reciente, el pasado 30 de marzo para mejorar la accesibilidad del transporte aéreo. El convenio, que va a tener una vigencia de en torno a tres años, permitirá que Aena y Cermi pongan en marcha diversas iniciativas y actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida y garantizar los derechos de las personas con discapacidad que representan un 9 por ciento de la población española, alrededor de 3,5 millones de personas. Durante las dos pasadas legislaturas el PP habló mucho de la discapacidad, pero hizo bastante poco. De hecho, fueron ellos quienes en los últimos ocho años recortaron las políticas sociales en nuestro país.

Ahora, sin embargo, curiosamente exigen un día sí y otro también al Gobierno de Rodríguez Zapatero que hagan en un año lo que ellos no hicieron durante ocho en lo que se refiere a la eliminación de barreras arquitectónicas. Por tanto, me parece muy importante ese convenio firmado entre Aena y Cermi y me gustaría que respondiese, no solamente sobre los aeropuertos silenciosos, sino también sobre ese acuerdo que está bastante relacionado con el tema que abordamos.

El señor PRESIDENTE: Señor Palao, tiene usted la palabra.

El señor SECRETARIO GENERAL DE TRANSPORTES (Palao Taboada): Señorías, la tendencia aeroportuaria general en los grandes aeropuertos internacionales es la de implantar las llamadas terminales silenciosas que consiste en reducir la emisión de mensajes por el sistema de megafonía general para facilitar una eficaz información al pasajero. Con la cada vez más alta densidad del número de mensajes, agudizada por la existencia de vuelos con códigos compartidos por compañías de distintas nacionalidades e idiomas, es muy difícil, por no decir inviable, captar la atención del pasajero sobre su vuelo, con lo que se pierde efectividad en los mensajes hablados, en perjuicio de la operatividad del aeropuerto y de la calidad de servicio a los pasajeros.

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Para ilustrar el caso con un ejemplo, en un aeropuerto internacional, con unos 500 vuelos diarios de salida -caso de los aeropuertos de Madrid Barajas y de Barcelona-, si se consideran exclusivamente los mensajes de inicio de embarque y de última llamada, con once segundos de duración por mensaje, en tres idiomas de media, los mismos representaría nueve horas diarias de mensajes hablados, con una altas concentraciones en franjas horarias muy determinadas. Esta reducción de mensajes hablados se compensa incrementando el número de monitores y de señales gráficas y manteniendo la megafonía localizada en las áreas de embarque, que emplearán directamente las propias compañías aéreas, según las necesidades que se requieran. Medidas de este tipo se han implantado y se están implantando en otros aeropuertos internacionales como los de Copenhague, Oslo, Bruselas, Lyon, Estocolmo, Helsinki, Niza, Dublín, Gotemburgo y Atenas, con objeto de mejorar el servicio a los usuarios.

Con respecto a los pasajeros con movilidad reducida, entre los que se encuentran los invidentes, la atención y preocupación que Aena mantiene desde hace tiempo es permanente y constante, como lo demuestran el conjunto de actuaciones que han venido desarrollándose en los últimos años. Estas medidas están siendo contempladas directamente en todos los diseños, proyectos y obras de nuevos edificios terminales y en las remodelaciones de los actuales. Además, en julio de 2001 Aena suscribió el Compromiso de servicio de los aeropuertos con los pasajeros; documento que se está cumpliendo en sus términos y que elaboraron los aeropuertos europeos después de una amplia consulta realizada a los consumidores, gobiernos europeos, Comisión Europea y a la industria del transporte aéreo. Aena tiene editados y a disposición de los pasajeros en todos los aeropuertos españoles el documento Derechos del Pasajero -tengo aquí un ejemplar- e información para personas con movilidad reducida -todos acabemos teniendo alguna reducción en nuestra capacidad de movilidad-, del que también se ha editado una versión conjunta y reducida en el sistema braille. Con el fin de mejorar la accesibilidad de los pasajeros con movilidad reducida en el transporte aéreo y dentro del ámbito de actuación de Aena, el Ministerio de Fomento y el Comité Español de Representantes de Minusválidos, Cermi, firmaron el 2 de diciembre de 2003 -Año europeo de las personas con discapacidad- un convenio-marco de colaboración para la mejora de las condiciones de vida y accesibilidad de las personas con discapacidad. En este marco Aena también colabora la Fundación ONCE y con la misma ONCE para la cooperación e integración de personas con minusvalías, con la eliminación de barreras arquitectónicas y la adaptación de puestos de trabajo para personas con discapacidad en las instalaciones de Aena. Además, Aena colabora tanto con los

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agentes de handling como con las compañías aéreas y cualquier organización que intervenga en el transporte aéreo para solucionar posibles deficiencias detectadas en los servicios prestados y para mejorar los mismos. A este respecto se informa de que la compañías de handling tienen un tratamiento específico y procedimentado para atender a los pasajeros ciegos, parecido al de los menores no acompañados, por el cual se acompaña a los pasajeros invidentes en su tránsito por los aeropuertos, guiándolos hasta las puertas de embarque de sus vuelos. Asimismo, cuando se avisa previamente a la compañía aérea, los perros guía están autorizados a acompañar a sus dueños invidentes a bordo de los aviones, comprobándose en los controles de seguridad que el perro tenga los documentos requeridos para este caso: certificado sanitario y de propiedad, chip de identificación implantado, etcétera. No obstante, si bien la solicitud de ayuda es habitual, hay personas ciegas que no la solicitan, acercándose por sus medios hasta la puerta de embarque de sus vuelos.

A este respecto se recuerda, como S.S.ha mencionado, que en las áreas de embarque se mantiene la megafonía local para dar avisos a los pasajeros, la cual se proporciona por las compañías aéreas.

Aparte de la situación general anterior, para el caso particular del aeropuerto de Madrid Barajas y en lo relativo a la reducción de mensajes por la megafonía general, el aeropuerto está estudiando nuevas fórmulas para mejorar la atención a personas con movilidad reducida para que todas sus necesidades sean comprendidas y atendidas de la mejor manera posible.

En ese sentido, la implantación del programa aeropuertos silenciosos se está haciendo teniendo en cuenta la próxima adjudicación del expediente de servicio de atención telefónica de Aena, Call center, en el que exige al adjudicatario la disponibilidad de la tecnología necesaria para informar al pasajero invidente, vía mensajes sms por telefonía móvil, sobre retrasos, cancelaciones y salidas y llegadas de vuelos. Ese servicio permitirá a los invidentes disponer de un servicio oral personalizado y proporcionado en su teléfono particular.Por otro lado, existe un proyecto en fase de prueba en el aeropuerto de Madrid Barajas, que consiste en un videoteléfono que permite a las personas sordas la comunicación en lugares públicos. Este proyecto se ha realizado en colaboración con la Confederación Estatal de Personas Sordas, CNSE.

Finalmente, es importante indicar que el pasado 30 de marzo de 2005, en presencia de la señora ministra de Fomento, se ha firmado un convenio de colaboración entre Aena y Cermi con

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una vigencia de tres años, con el fin de mejorar las condiciones de acceso al conjunto de las instalaciones y entornos aeroportuarios que gestiona Aena. Entre otras cuestiones, Cermi asesorará a Aena en todos los aspectos relacionados con la accesibilidad en la construcción de infraestructuras, desde la fase de proyecto de las mismas hasta su desarrollo, con el fin de garantizar que resulten plenamente accesibles para las personas con discapacidades. Resulta evidente que hay pequeñas modificaciones en el proyecto que tienen prácticamente un coste cero y, sin embargo, su ejecución posterior, cuando el proyecto está terminado, supone complicaciones y un esfuerzo extraordinario.

En resumen, para conocer y estudiar todas las necesidades de las personas discapacitadas Aena está mejorando sus procedimientos e instalaciones mediante el establecimiento de colaboraciones con entidades conocedoras de la materia con el fin de adoptar aquellas medidas adicionales necesarias para prestar la mejor atención y tratamiento posibles a las personas invidentes, lo cual constituye un objetivo del Gobierno actual.

Igual ocurre con cualquier otra discapacidad, para que la supresión de la información sonora de los vuelos en los aeropuertos no les afecte negativamente.

El señor PRESIDENTE: Señor Vañó, tiene la palabra.

El señor VAÑÓ FERRE: Muchas gracias por la explicación.

Efectivamente, cuando nosotros planteamos esta pregunta ante una situación que no estaba contemplada, quisimos mostrar nuestra inquietud para tratar de resolver los posibles problemas que podían surgir y tenerlos previstos. Cuando la pregunta se formuló era oportuna porque no había nada hecho. A diferencia del señor Heredia, yo no he tenido inconveniente en reconocer que, efectivamente, he empezado diciendo que me consta que se había firmado un convenio, que me constan todas las actuaciones que están previstas e incluso me consta que el día 16 es el día en que se pondrá en marcha. Insisto en que no hay ningún inconveniente en reconocer que las cosas se hacen bien, cuando se hacen bien, lo haga quien lo haga.

Me hace gracia porque siempre que mantengo un debate con el señor Heredia, él se retrotrae a sacar una serie de efectos que no tienen nada que ver con la pregunta ni con la inquietud, que en realidad es lo que queremos resolver. Él ha dicho que no iba a decirlo y, por supuesto lo ha dicho; yo tampoco podría decir que durante los ocho años de las dos legislaturas de Gobierno del PP en las que salimos de las cavernas en cuanto a legislación y actuaciones respecto a la discapacidad -reconocido

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por los propios representantes de los discapacitados- se ha avanzado y nos hemos puesto a niveles europeos.

En fin, ese no es el problema. Cuando se planteó la pregunta esta inquietud no estaba resuelta. Me alegro de que ya esté contemplado.Solamente insisto en que se tenga en cuenta, pero no ante situaciones, preguntas o iniciativas parlamentarias que pueden provocar que se actúe como consecuencia, sino que se debe tener en cuenta a todas las personas discapacitadas en la planificación. Como le he dicho antes, si se contempla la situación para quien más dificultades tiene, resolvemos para todos.

El señor PRESIDENTE: Señor Heredia, tiene la palabra.

El señor HEREDIA DÍAZ: Coincido con el Vañó, sin que sirva de precedente, en valorar positivamente el interés de Aena por el tema de la discapacidad, así como valorar en este sentido los permanentes contactos mantenidos e incluso ese convenio que se ha firmado entre el ente público y el Cermi para abordar esta cuestión.

El señor PRESIDENTE: Señor Palao, tiene usted la palabra.

El señor SECRETARIO GENERAL DE TRANSPORTES (Palao Taboada): Simplemente quiero agradecer la coincidencia que se plantea en este caso entre la política del Gobierno y la de los diferentes representantes parlamentarios. En cuanto a lo que aludía respecto a la pregunta parlamentaria, es evidente que el Gobierno presta una atención cuidadosa a todas las actuaciones del Parlamento y, en la medida en que coincidan con la propia política del Gobierno, se convierten en un estímulo más para avanzar en este terreno.

Quiero garantizarles, tanto al señor Heredia como al señor Vañó, que Aena y el Gobierno están absolutamente sensibilizados ante el problema de las personas discapacitadas. El señor Heredia ha mencionado que son el 9 por ciento de la población, pero, como he dicho antes, todos los ciudadanos españoles pasaremos gradualmente a formar parte de ese 9 por ciento.Estamos absolutamente sensibilizados para avanzar y resolver todos los problemas que se puedan plantear en este escenario y para utilizar la tecnología para facilitar el tránsito por las infraestructuras aeroportuarias y portuarias de todas las personas con movilidad limitada.

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Jaén,

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susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Pérez Anguita, María Dolores (GS).

Respuesta del Gobierno (BOCG Cortes-Congreso de Madrid, 23 de mayo de 2005).

El número de pensiones no contributivas de invalidez, para la provincia de Jaén, correspondiente al mes de febrero de 2005, último dato disponible, es de 2.912.

Madrid, 21 de abril de 2005.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la Comunidad de Madrid, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa; Corral Ruiz, Lucila y Fernández Santos, Luis (GS).


El número de pensiones no contributivas de invalidez, para la provincia de Madrid, correspondiente al mes de febrero de 2005, último dato disponible, es de 13.712.


Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Jaén, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Holgado Flores, Manuela (GS).


El número de pensiones no contributivas de invalidez, para la provincia de Cáceres, correspondiente al mes de febrero de 2005, último dato disponible, es de 1.904.

226

Madrid, 21 de abril de 2005.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Encina Ortega, Salvador de la (GS).


El número de pensiones no contributivas de invalidez, para las Comunidades Autónomas de Ceuta y de Melilla, correspondiente al mes de febrero de 2005, último dato disponible es de 862 y 1.330, respectivamente.


Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Cádiz, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Fuentes González, María Isabel (GS).

El número de pensiones no contributivas de invalidez, para la provincia de Cádiz, correspondiente al mes de febrero de 2005, último dato disponible, es de 9.319.


Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Juaneda Zaragoza, María Rosario (GS).


227

El número de pensiones no contributivas de invalidez, para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, correspondiente al mes de febrero de 2005, último dato disponible, es de 7.856.


Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Córdoba, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Polonio Contreras, Rosa Lucía (GS).


El número de pensiones no contributivas de invalidez, para la provincia de Córdoba, correspondiente al mes de febrero de 2005, último dato disponible, es de 4.102.


Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Badajoz, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Galache Cortés, José Luis (GS).


En el anexo que se acompaña figura el número de pensiones no contributivas de invalidez, para las provincias, Comunidades y Ciudades Autónomas que se citan, correspondiente al mes de febrero de 2005, último dato disponible.

228

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Salamanca, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Juanes Barciela, Carmen (GS).



232

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Segovia, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y López Águeda, Óscar (GS).


235

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de La Rioja, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Elías Cordón, María Remedios (GS).


238

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Ourense, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.


AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Fidalgo Francisco, Alberto (GS).

En el anexo que se acompaña figura el número de pensiones no contributivas de invalidez, para las provincias, Comunidades

241

y Ciudades Autónomas que se citan, correspondiente al mes de febrero de 2005, último dato disponible.

242

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Ciudad Real, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Fuentes Guzmán, Sebastián (GS).


En el anexo que se acompaña figura el número de pensiones no contributivas de invalidez, para las provincias, Comunidades y

244

Ciudades Autónomas que se citan, correspondiente al mes de febrero de 2005, último dato disponible.

245

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Ávila, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Muñoz González, Pedro José (GS).



248

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Vizcaya, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Mendizábal Gorostiaga, Arantza (GS).



250


251

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Cuenca, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Alcázar Escribano, Angustias (GS).

En el anexo que se acompaña figura el número de pensiones no contributivas de invalidez, para las provincias, Comunidades y Ciudades Autónomas que se citan, correspondiente al mes de febrero de 2005.

254

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de León, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Turiel Sandín, Agustín (GS).



256


257

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de A Coruña, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Marón Beltrán, Carmen (GS).



258


259

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Málaga, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel y Sánchez Rubio, María Josefa (GS).



261


262

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Castellón, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y García Valls, Antonia (GS).



264

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Guipúzcoa, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).



267

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la Comunidad Foral de Navarra, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Castillejo Hernández, Carolina (GS).



270

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Zamora, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Cuadrado Bausela, Jesús (GS).


Se remite en anexo la información solicitada, correspondiente al mes de febrero de 2005, último dato disponible.

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Lleida, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Cunillera i Mestres, Teresa (GS).


273


Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Valencia, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa, Císcar Casabán Cipriá y Pin Arboledas, Margarita (GS).



Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Teruel, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Casaus Rodríguez, María Yolanda (GS).


En anexo, figura el número de pensiones no contributivas de invalidez, para la provincia interesada, correspondiente al mes de febrero de 2005, último dato disponible.

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Burgos

274

susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Coello Fernández, María Mercedes (GS).



Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Tenerife, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Coello Fernández, María Mercedes (GS).



Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Toledo, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Cruz Valentín, Raquel de la (GS).

275



Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Huesca, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Villagrasa Pérez, María Teresa (GS).



Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Palencia, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Villarrubia Mediavilla, Julio (GS).



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Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Girona, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Palma Muñoz, Montserrat (GS).



Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Zaragoza, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Sáenz Royo, Eva (GS).



Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Guadalajara,

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susceptible de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa, y Herrero Sainz-Rozas, María Soledad (GS).



Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Las Palmas, susceptible de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa, y Cedrés Rodríguez, Olivia (GS).



Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Tarragona, susceptible de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa, y Lizarraga Gisbert, María Luisa (GS).

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En anexo, figura el número de pensiones no contributivas de invalidez, para la provincia de Tarragona, correspondiente al mes de febrero de 2005, último dato disponible.

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Barcelona, susceptible de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa; López i Chamosa, María Isabel, y Esteve Ortega, Esperança (GS).


En anexo, figura el número de pensiones no contributivas de invalidez, para la provincia de Barcelona, correspondiente al mes de febrero de 2005, último dato disponible.

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la provincia de Albacete, susceptible de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa, y López Rodríguez, María Pilar (GS).


En anexo, figura el número de pensiones no contributivas de

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invalidez, para la provincia de Albacete, correspondiente al mes de febrero de 2005, último dato disponible.

Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la Comunidad Autónoma de Cantabria, susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa, y Gómez Santamaría, María Gloria (GS).


En anexo, figura el número de pensiones no contributivas de invalidez, para la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al mes de febrero de 2005, último dato disponible.


Diversas cuestiones sobre el personal funcionario y laboral que presta sus servicios en la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad.

AUTOR: Oreiro Rodríguez, José Domingo Cipriano (GP).


Mediante Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 21 de enero de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única del RD 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio, se adscriben a la

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Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad, funcionarios y contratados laborales procedentes del Imserso y de la Subdirección General de Fundaciones y Entidades tuteladas de la extinta Dirección General de Acción Social, Menor y Familia, hasta tanto se apruebe la correspondiente relación de puestos de trabajo.

Está previsto un aumento de personal en la referida Dirección General, habiéndose solicitado a la Cecir la creación de nuevos puestos en dicho Órgano directivo.

Son 48 los funcionarios actualmente adscritos a la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad y 4 los laborales.

Dicho personal, como ya se ha indicado, proviene, por una parte, de la Unidad de Apoyo y la Subdirección General de Fundaciones y Entidades Tuteladas de la extinta Dirección General de Acción Social, Menor y Familia, y, por otra, del Imserso.


Número de personas discapacitadas demandantes de empleo en la provincia de Granada.

AUTOR: Sánchez Rubio, María Josefa (GS).


El número de demandantes de empleo discapacitados en la provincia de Granada en el mes de marzo de 2005 era de 689, de los que 368 eran hombres y 321 mujeres.


Número de personas con discapacidad admitidas en el Programa de Renta Activa de Inserción en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas en los años 2002 y 2004.



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Los datos disponibles en relación al número de personas discapacitadas que han sido beneficiarias del Programa de Renta Activa de Inserción en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, en el período 2002-2004 se refleja en anexo adjunto.


Población y edades representativas de los enfermos autistas, así como programas y recursos económicos destinados para dicho colectivo.

AUTOR: Caracuel del Olmo, María Amelia (GP).


Las características esenciales del trastorno autista son la presencia de un desarrollo marcadamente anormal o deficiente de la interacción y comunicación sociales y un repertorio restringido de actividades e intereses.

En cuanto a la Prevalencia, se estima que el autismo afecta a 2-5 de cada 10.000 habitantes, dependiendo de los criterios diagnósticos utilizados.

Afecta a los varones 4 veces más que a las mujeres y se encuentra la misma proporción de casos de autismo en todas las clases sociales y en las diferentes culturas estudiadas (Fuente: Confederación Autismo-España y National Institute of Neurological Disorders and Stroke).

Según la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999 (INE), se han registrado en nuestro país:

- 5.224 autistas para el grupo de edad comprendido entre 6 y 24 años, de los cuales 4.499 son varones y 725 son mujeres.


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- 1.873 autistas para el grupo de edad comprendido entre 45 y 64 años de los cuales 1.646 son varones y 227 son mujeres.

La atención a las personas con problemas de salud mental está incluida en las prestaciones actuales del Sistema Nacional de Salud tanto en el apartado de atención primaria como en el de atención especializada, dentro de los servicios transferidos a las Comunidades Autónomas.


Número de contratos bonificados anualmente desde el año 2000, así como colectivos beneficiados.



En anexo se remite la información solicitada por Su Señoría, con detalle por años y colectivos beneficiarios, de los contratos bonificados.

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Madrid, 4 de mayo de 2005.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

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Número de mujeres y hombres con discapacidad que han conseguido un puesto de trabajo en el sector público en la provincia de Zamora entre los años 2000 y 2004.

AUTOR: Juanes Barciela, Carmen y Cuadrado Bausela, Jesús (GS).


En los nombramientos efectuados entre funcionarios de carrera de los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas, no se ha producido la incorporación a puestos de trabajo en el sector público en la provincia de Zamora, entre los años 2000-2004, de ningún aspirante con discapacidad.


En los nombramientos efectuados entre funcionarios de carrera de los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas, no se ha producido la incorporación a puestos de trabajo en el sector público en la provincia de Soria, entre los años 2000-2004, de ningún aspirante con discapacidad.

AUTOR: Juanes Barciela, Carmen y Álvarez Arza, Eloisa (GS).


Número de mujeres y hombres con discapacidad que han conseguido un puesto de trabajo en el sector público en la provincia de Soria entre los años 2000 y 2004.


Número de mujeres y hombres con discapacidad que han conseguido un puesto de trabajo en el sector público en la provincia de Zamora entre los años 2000 y 2004.

AUTOR: Juanes Barciela, Carmen y Cuadrado Bausela, Jesús (GS).


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En los nombramientos efectuados entre funcionarios de carrera de los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas, no se ha producido la incorporación a puestos de trabajo en el sector público en la provincia de Zamora, entre los años 2000-2004, de ningún aspirante con discapacidad.


Número de mujeres y hombres con discapacidad que han conseguido un puesto de trabajo en el sector público en la provincia de Soria entre los años 2000 y 2004.

AUTOR: Juanes Barciela, Carmen y Álvarez Arza, Eloisa (GS).


En los nombramientos efectuados entre funcionarios de carrera de los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas, no se ha producido la incorporación a puestos de trabajo en el sector público en la provincia de Soria, entre los años 2000-2004, de ningún aspirante con discapacidad.


Número de mujeres y hombres con discapacidad que han conseguido un puesto de trabajo en el sector público en la provincia de Valladolid entre los años 2000 y 2004.

AUTOR: Juanes Barciela, Carmen y Bedera Bravo, Mario (GS).


En los nombramientos efectuados entre funcionarios de carrera de los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas, no se ha producido la incorporación a puestos de trabajo en el sector público en la provincia de Valladolid, entre los años 2000-2004, de ningún aspirante con discapacidad.


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Número de mujeres y hombres con discapacidad que han conseguido un puesto de trabajo en el sector público en la provincia de Burgos entre los años 2000 y 2004.

AUTOR: Juanes Barciela, Carmen y Simón de la Torre, Julián (GS).

Respuesta del Gobierno (BOCG Cortes-Congreso de Madrid, 26 de mayo de 2005).En los nombramientos efectuados entre funcionarios de carrera de los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas, no se ha producido la incorporación a puestos de trabajo en el sector público en la provincia de Burgos, entre los años 2000-2004, de ningún aspirante con discapacidad.


DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ RESULTADOS ESTÁN OFRECIENDO LAS MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA FAVORECER EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD? (Número de expediente 180/000733.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Miguel Ángel Heredia.

El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, en el informe del Consejo Económico y Social de finales de 2003 sobre la situación en España de las personas con discapacidad se señalaba que son estas personas las que encabezan las listas por desempleo. El porcentaje de españoles en edad de trabajar con discapacidad es del 8,7 por ciento; es decir, hay más de un millón de españoles en esta circunstancia, que tienen una tasa de actividad que es la mitad del resto de la población, solo un 32 por ciento, pero tienen al mismo tiempo una tasa de paro que es el doble, más del 26 por ciento. El compromiso de este Gobierno desde el primer día fue poner en marcha todas las medidas necesarias tendentes a facilitar el acceso al empleo a las personas con discapacidad, porque la verdadera integración social pasa por una plena inserción social. Cuando Zapatero llega al Gobierno, el número de personas con discapacidad en las administraciones públicas es

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únicamente del 0,7 por ciento. Por tanto, algo tuvo que hacer mal el Partido Popular, muy mal, para no alcanzar ni siquiera el 1 por ciento.

Nos consta que este Gobierno y usted como ministro están adoptando medidas tendentes a incrementar este porcentaje; medidas como el real decreto-ley, que se aprobó el 3 de diciembre, en que se establece un mínimo del 5 por ciento de las plazas que se convoquen para personas con discapacidad. En ese real decreto se establece también que si no se cubren esas plazas se acumularán para la siguiente convocatoria o que las personas con discapacidad tienen preferencia a la hora de elegir provincia de destino, así como la adjudicación de los puestos de trabajo en función de las disponibilidades. A esto hay que añadir que en la oferta de empleo 2005 aprobada por el Gobierno el pasado 4 de febrero se estableció ese 5 por ciento para las personas con discapacidad y también que el pasado 14 de marzo usted aprobó una orden ministerial en la que se convocaban un total de 4.005 plazas, de las cuales 250 eran para personas con discapacidad. Esto significa que un 6,2 por ciento del total de plazas convocadas eran para personas con discapacidad, lo cual supone un incremento sobre ese porcentaje mínimo del 5 por ciento. En este sentido, le pregunto cuáles son los resultados que todas estas medidas impulsadas por el Gobierno y por usted como ministro están dando de cara a facilitar el acceso a los discapacitados al empleo público.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señoría. Le agradezco la pregunta porque es evidente que la preocupación de este Gobierno para facilitar el acceso al trabajo y una vida digna a las personas con discapacidad se manifiesta en muchos ámbitos de la acción del Gobierno, pero también de manera especial en aquello en lo que además de Gobierno somos empleadores y, por tanto, allí donde como en la Función pública podemos tomar medidas que faciliten, en primer lugar, la incorporación de personas con discapacidad y, en segundo lugar, la vida de estas personas con discapacidad, una vez que han entrado en los servicios de la Administración. Esto se consigue de muchas maneras. Se consigue con objetivos cuantitativos, con compromisos como los que S.S. ha señalado: conseguir el 5 por ciento de todas las plazas en las distintas convocatorias de la oferta pública de empleo, conseguir dar prioridad a algunos de los traslados que se produzcan en el seno de la Administración Pública o que la

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reserva de plazas no se pueda trasladar al turno libre. Quiero señalarle resultados, hechos, datos.Solo en el año 2004 con estas medidas han ingresado en la Administración General del Estado 94 personas con discapacidad reconocida. Seguramente habrá quien diga que 94 personas no son muchas, pero yo quiero decir que en los 10 años anteriores ingresaron 147 personas; es decir, en solo un año han ingresado más de la mitad que en los 10 años anteriores. Por tanto, algunas de las cosas que estamos poniendo en marcha parece que están teniendo ese efecto positivo de facilitar la incorporación al trabajo de las personas con discapacidad en la Administración General del Estado. Pero además hemos puesto en marcha el contacto con quienes ya están trabajando en la Administración General del Estado, personas con discapacidad, para ver si se les puede ayudar a conseguir el objetivo de que el 2 por ciento del conjunto del empleo público esté en manos de personas con discapacidad, que por otro lado hacen un trabajo espléndido.(Aplausos.)

Medidas realizadas por el Gobierno para que en el ámbito de las convocatorias de personal investigador, post-licenciatura universitaria, se apoye la integración laboral de personas con algún grado de discapacidad.

AUTOR: García Suárez, Carme (GIV-IU-ICV).

Respuesta del Gobierno (BOCG Cortes-Congreso de Madrid, 3 de junio de 2005)

Entre los objetivos del Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos, integrado en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) 2004-2007, se encuentra el de garantizar, con los niveles adecuados de calidad y transparencia, la formación en investigación de los jóvenes, por el procedimiento de permitir su dedicación exclusiva a las actividades formativas en investigación, especialmente en las áreas definidas como prioritarias del Plan Nacional de I+D+I, mediante la realización de doctorados universitarios.

Aunque no existen actualmente acciones específicas para la integración de las personas con discapacidad, la Orden de convocatoria del Programa de Becas Predoctorales de Formación de Personal Investigador (Becas FPI), regulada por Orden ECI/4484/2004, de 29 de diciembre (BOE de 14 de enero de 2005) y la normativa reguladora del

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régimen jurídico de los becarios, recogen, con carácter genérico, medidas que facilitan la integración de las personas con discapacidad.

Entre los derechos de los becarios se establece que aquéllos que cumplan los requisitos establecidos en el Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Becario de Investigación, tendrán derecho a la cobertura del Régimen General de la Seguridad Social, y los becarios que no cumplan estos requisitos disfrutarán de un seguro de accidentes corporales y de un seguro de asistencia médica, de acuerdo con lo establecido en los apartados correspondientes de la Orden de convocatoria.

Por otro lado, se apunta expresamente que los Centros de I+D a los que se incorporen los becarios vienen obligados a prestar la colaboración y apoyo necesario para el desarrollo normal de sus estudios y programas de investigación, debiendo aplicar a los becarios del Programa FPI las mismas condiciones de que disfruta su personal de similar categoría y proporcionar al becario el apoyo necesario y facilitarle la utilización de los medios, instrumentos o equipos que resulten precisos para el normal desarrollo de su actividad.


Número de accidentes de tráfico en los que el conductor del vehículo fuera discapacitado.



El cuestionario estadístico de accidentes de circulación con víctimas (Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno de 18 de febrero de 1993, en su Anexo I) no recoge información identificativa de las personas que han intervenido en los accidentes, por lo que no es factible conocer si los conductores implicados en accidentes eran discapacitados.


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- DEL SEÑOR CAMPUZANO I CANADÉS (GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN, CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS PARA PROMOVER LA REHABILITACIÓN Y LA INSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS RECLUSAS CON DISCAPACIDAD. (Número de expediente 181/000229.)

La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el diputado señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: El pasado mes de noviembre, el Boletín Oficial del Congreso publicaba una respuesta del Gobierno a una pregunta que le formulaba mi grupo parlamentario sobre las medidas del Gobierno en aras a la reinserción y rehabilitación de las personas reclusas con discapacidad. En esa respuesta en noviembre el Gobierno afirmaba: Se pretenden impulsar y promover programas de rehabilitación tanto para discapacitados físicos como psíquicos, y para conseguir este objetivo hay un grupo de trabajo que analiza y prepara cuál va a ser la intervención adecuada para estas personas. Se afirmaba: En estos momentos se dispone de un recurso para tratamiento en internos con bajas capacidades psíquicas en el centro penitenciario de Segovia con la colaboración de la Asociación Horizontes Abiertos.

A mi grupo le gustaría conocer a día de hoy, 1 de junio, cuál es el estado de ese grupo de trabajo que estaba analizando y preparando la adecuada intervención en este ámbito.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Efectivamente hay un grupo de trabajo en Instituciones Penitenciarias que ha hecho un estudio sobre el 75,8 por ciento de la población reclusa de 66 centros penitenciarios. El total de presos con discapacidad es de 668, lo que se traduce en un 1,6 por ciento del total de la población reclusa, que en el momento del estudio era de 42.800 internos. El 87,4 por ciento de la población reclusa con discapacidad son físicos y psíquicos, repartidos de la siguiente manera: el 45,8 por ciento discapacidad física y 41,6 por ciento psíquicos, mientras que los discapacitados sensoriales componen el 8,1 por ciento; el 4,5 por ciento restante son personas en las que concurre más de una discapacidad. Según los grados de tratamiento el estudio fija que un 3,3 por ciento de la población penal con discapacidad está en primer grado, el 79,5 en segundo grado de tratamiento o régimen ordinario, y un 10,1 por ciento en tercer grado o régimen de semilibertad. En cuanto a su nacionalidad, el 93 por ciento son españoles, un porcentaje muy distinto cuando nos

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referimos a la operación reclusa en general, donde cerca del 25 por ciento son extranjeros.

El estudio señala también que ocho de cada diez reclusos no tienen certificado oficial de discapacidad, cosa que nos preocupa. El cuadro en el que se desarrollan los grados de discapacidad sería: hasta el 33 por ciento, un 1 por ciento de personas reclusas; del 34 al 64 por ciento de discapacidad, es decir, discapacidad moderada, el 7,6 por ciento; la discapacidad grave, la que va del 65 al 75, un 1,6 por ciento; y en el caso de la muy grave el 12,6 por ciento. No consta en el 77,2 por ciento.

Hay que señalar que con cargo a la asignación tributaria del IRPF del año 2004, dentro del colectivo de personas reclusas o ex reclusas se han subvencionado los siguientes programas: a la Confederación española de organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual, para la integración social y actividades rehabilitadoras de personas reclusas o ex reclusas, 288.213 euros; a la Confederación española de agrupaciones de familiares y personas con enfermedad mental, para desarrollar programas en centros penitenciarios para rehabilitación, 28.226 euros; al Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales, para intervención psicosocial con personas reclusas enfermas, 106.543 euros.

Por otra parte, un convenio marco entre el Real Patronato sobre Discapacidad y la Universidad de Alicante recoge para este año de 2005 en una adenda un programa para realizar un seguimiento y análisis de la inserción pospenitenciaria de las personas con deficiencia y de la provisión de recursos para los internos de Fontcalent (Alicante) y Sevilla 2, e instituciones penitenciarias de Madrid, Cantabria y Cataluña. El segundo objetivo de este convenio es poner en marcha un protocolo informatizado para el seguimiento de las personas egresadas del régimen penal penitenciario, que se elaborará también con la Federación Ceaps.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Le rogaría que nos pudiera trasladar el estudio del que habla, que yo supongo que es nuevo porque a mi grupo le constaba que a finales de 2002 se había hecho un estudio sobre esa misma cuestión que daba las mismas cifras que usted mencionaba, 668 presos y un 20 por ciento con certificados de minusvalía. No sé si estamos hablando de un estudio nuevo o de un estudio de finales del año 2002. Si las cifras que maneja el Gobierno son de finales del año 2002, sería importante dar más luz a esta cuestión porque, por lo poco que nos hemos acercado a la misma, desde mi grupo parlamentario estamos constatando, en la misma línea que bastantes expertos han formulado, que falta información con relación a esta problemática, lo que dificulta la

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puesta en marcha de políticas específicas orientadas al cumplimiento de los fines que en nuestro ordenamiento jurídico tiene el ingreso en prisión, que principalmente son la reinserción y la rehabilitación. En un reciente seminario sobre estas cuestiones, la mayoría de los expertos destacaron que los centros penitenciarios españoles no estaban preparados para atender a estas personas y que, por tanto, es necesario activar recursos específicos sobre esta materia. Estoy seguro de que estamos hablando de un reducido grupo de ciudadanos españoles, pero precisamente por el carácter reducido de estas personas, por las características de las mismas y por la necesidad de que los mandatos constitucionales de rehabilitación y reinserción lleguen a todos los ciudadanos presos, mi grupo tiene la obligación de reclamar al Gobierno -y no estamos hablando de Cataluña, donde las competencias efectivamente están traspasadas, sino para el resto del Estado- un compromiso efectivo en esta materia. Nos parece que estos ciudadanos también se merecen una atención concreta por parte de las administraciones públicas.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Así es, señor diputado, comparto su reflexión: no por el hecho de que sean pocos ciudadanos los que estén en esta situación merecen desatención; al contrario, su situación es de una especial vulnerabilidad y necesitan todo el apoyo de las administraciones. Por ello el plan específico para los reclusos en situación de discapacidad que estamos poniendo en marcha contempla las siguientes actuaciones. En primer lugar, vamos a establecer protocolos normalizados para la detección de casos, como respuesta al dato que antes he facilitado, es decir, que más del 70 por ciento están sin la acreditación de discapacidad. En segundo lugar, vamos a promover en todos los casos que proceda la tramitación de los expedientes para certificar la discapacidad a través de los servicios sociales de los centros penitenciarios. En tercer lugar, vamos a incentivar los programas de rehabilitación específicos, vamos a intensificar la firma de convenios con administraciones y entidades colaboradoras, como ya lo hemos hecho a través del Real Patronato sobre Discapacidad, e incrementar la participación de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a los programas específicos de rehabilitación, reinserción y atención a las personas reclusas con discapacidad.

- DEL SEÑOR CAMPUZANO Y CANADÉS (GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN, CONVERGÈNCIA Y UNIÓ), SOBRE LOS CAMBIOS QUE PIENSA INTRODUCIR EL GOBIERNO EN EL SISTEMA DE ASIGNACIÓN TRIBUTARIA PARA FINALIDADES DE INTERÉS SOCIAL (Número de expediente 181/000381.)

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La señora VICEPRESIDENTA: Para formular la pregunta número 7 que figura en el orden del día, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora Valcarce, estamos en plena campaña de la renta y hemos superado algunas de las incógnitas, en sentido negativo, que se plantearon hace unos cuantos meses en relación con la gestión y la distribución de los recursos derivados del 0,52 por ciento del IRPF a otros fines de interés social. En el contexto de la presente campaña que está en marcha, a mi grupo parlamentario le gustaría conocer qué modificaciones está introduciendo el Gobierno para la mejora de la gestión de la recaudación de los programas relacionados con el 0,52 por ciento.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Para el presente ejercicio, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establece que el mínimo garantizado para subvencionar las actividades de interés social no podrá ser inferior a 121.181.782 euros. Si no se alcanzase esta cifra en la campaña de la renta con la asignación que libremente pueden hacer los ciudadanos, quedará garantizada por el Estado, que aportará la diferencia.

En este sentido, hay que indicar que la Conferencia sectorial de Asuntos Sociales del pasado 27 de enero, a propuesta de esta secretaría de Estado, acordó la creación de un grupo de trabajo formado por directores generales para mejorar la coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos de las comunidades autónomas en la gestión de las subvenciones del 0,52 del IRPF, que ya está en marcha. También quiero señalar que en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso se debatió el pasado 6 de abril de 2005 una proposición no de ley de Esquerra Republicana relativa a la asignación tributaria, que el Gobierno está cumpliendo en todos sus apartados y que es del siguiente tenor: primero, elaborar en un plazo de seis meses un estudio que establezca los mecanismos para incentivar y reducir la distancia entre lo que se recauda por el 0,52 y lo que se distribuye, con determinación de una fórmula de territorialización de recursos basada en indicadores autonómicos, con excepción de lo aportado para la cooperación internacional; segundo, promover la realización de campañas de información destinadas a estimular y fomentar la participación de la ciudadanía en las opciones de los programas con fines sociales.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Por tanto, he de entender que continuamos básicamente con el esquema puesto en marcha en

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la pasada legislatura por el anterior Gobierno y que no hay novedades en esta materia.

En relación con su respuesta, en esa proposición no de ley que se aprobó el 6 de abril se planteaba la promoción de campañas de información destinadas a estimular el compromiso de los ciudadanos. En este sentido, me gustaría saber qué campaña ha puesto en marcha la Administración Central del Estado en esta materia.

Por otro lado, señora Valcarce, quiero pedir al Gobierno que sea más diligente en su respuesta a las preguntas que planteamos los grupos parlamentarios en el tema del 0,52 por ciento. Mi grupo ha recibido hace pocos días -está registrada el 24 de mayo- una respuesta por escrito a una pregunta que planteé yo mismo sobre las organizaciones que se han beneficiado del 0,52 por ciento del impuesto sobre la renta destinado a fines de interés social desde el año 2000 y la cuantía que cada una de las organizaciones ha recibido. En ella, el Gobierno me responde que es incapaz de darme esta información. Intuyo que quizá para los servicios de la Administración la elaboración de respuestas parlamentarias tiene su complejidad, pero precisamente para nuestra acción de control al Gobierno necesitamos conocer este tipo de informaciones. La respuesta, a nuestro entender, plantea excusas que no son de recibo. Los grupos políticos tenemos derecho a saber, en nombre de los ciudadanos, cómo se gastan nuestros impuestos, qué entidades reciben dinero desde el año 2000 y en función de qué. Le pediría, señora Valcarce, que fuesen diligentes en las respuestas parlamentarias. Mi grupo va a volver a plantear esta pregunta por escrito y espera tener la debida respuesta. En caso contrario, nos veremos obligados a pedir el amparo a la Presidencia del Congreso.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Estoy segura de que no será necesario.

Estoy completamente de acuerdo con usted. Es muy importante que esos datos sean conocidos por todos los ciudadanos y, qué duda cabe, por los grupos parlamentarios. Por ello, el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para el tratamiento informático de esa información. Usted mismo lo ha reconocido, es una información dispersa y compleja, puesto que se refiere a muchos años, pero sobre todo a una multiplicidad de organizaciones solicitantes. Señor Campuzano, es usted un experto en lo que se refiere al 0,52 y sabe muy bien que hay que distinguir entre las organizaciones solicitantes y las finalmente ejecutantes. Nosotros, en ese tratamiento informático que estamos desarrollando, queremos ser

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escrupulosos en el procesamiento de los datos para que sean claros y, sobre todo, para que recojan la mayor información posible, no solo de qué organización es la que solicita y de cuál es la cantidad que finalmente se resuelve que sea aprobada, sino también de los ejecutantes de los diferentes programas. Nos proponemos, en la medida en que sea posible y al amparo de este estudio que estamos realizando también, que esa labor, que ese tratamiento informático recoja las precisiones territoriales más ajustadas; no siempre será posible al cien por cien porque, como usted muy bien sabe, al ser muchos de ellos programas de ámbito estatal, tienen un componente común, aunque después se ejecuten en determinados territorios.

Quisiera señalarle que la situación no es igual hoy, este año, que el año anterior. Le he detallado el conjunto de acuerdos que hemos adoptado, algunos a iniciativa del Gobierno y otros a iniciativa del Parlamento y todos esos acuerdos se están ejecutando. En primer lugar, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña retiró el recurso presentado porque hemos alcanzado un acuerdo común para el tratamiento del 0,52; en segundo lugar, ese acuerdo con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña incluía el tratamiento en la Conferencia sectorial de Asuntos Sociales y nosotros lo hemos hecho con absoluta diligencia, el 27 de enero.

El grupo de trabajo desarrolla las tareas que tiene encomendadas y nosotros, en lo que se refiere a la información, hemos decidido que la realicen las propias organizaciones no gubernamentales. Creemos que es muy importante que esa información a los ciudadanos no sea solo la que ya institucionalmente se realiza, a través de todos los logotipos y la puesta en conocimiento de los ciudadanos de los diferentes programas, sino que también las campañas específicas las hagan las propias organizaciones no gubernamentales.

Por último, le indicaré que el Gobierno y la Fundación Luis Vives están ya cerrando cuáles van a ser los grandes apartados del estudio sobre el 0,52 que el Gobierno presentará a la Cámara.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora presidenta, una aclaración al efecto de que yo sepa exactamente lo que se me ha respondido. ¿He de entender que no va a haber campaña específica del Gobierno de difusión del 0,52 por ciento para estimular que los ciudadanos marquen las casillas correspondientes?

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): De información, sí; de publicidad, no.

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- DEL SEÑOR HEREDIA DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE CONTENIDO DEL ACUERDO ALCANZADO ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y EL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERMI), SOBRE MEDIDAS PARA MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Número de expediente 181/000554.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente, para proceder al enunciado de la pregunta que figura con el número 8 en el orden del día acordado por la Mesa, tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Socialista don Miguel Ángel Heredia.

El señor HEREDIA DÍAZ: Señora secretaria de Estado, mi primera pregunta se refiere al tema de empleo y discapacidad, un tema, sin duda alguna de enorme importancia, sobre todo en el día de hoy, porque he visto a algunos diputados del Partido Popular un tanto nerviosos exigiendo mucho en este primer año de Gobierno socialista cuando tuvieron ocho años para tener la oportunidad de hacerlo y nunca lo hicieron. Exigen, reclaman y demandan ahora que se incrementen las políticas sociales. Quiero recordarles que el Partido Popular recortó en cinco puntos del producto interior bruto las políticas sociales en nuestro país. En 1996 se destinaba un 24 por ciento del producto interior bruto a estas políticas y cuando perdieron las elecciones solo se destinaba un 19 por ciento, alejándonos cada vez más de Europa. Por tanto, no entendemos esa reivindicación que hacen en este momento. También hablan del empleo.

Nunca se ha creado más empleo en nuestro país. (El señor Barrachina Ros: Señora presidenta, para una cuestión de orden.)

La señora VICEPRESIDENTA: Perdón, pero si es por una cuestión de orden, las preguntas que ha emitido y formulado S.S. no se correspondían con el enunciado que figuraba en el orden del día.

El señor BARRACHINA ROS: Sí, pero yo le preguntaba a la compareciente, no a un diputado del PSOE.

La señora VICEPRESIDENTA: Simplemente está haciendo una aclaración.(Risas.)

Señor diputado.

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El señor HEREDIA DÍAZ: Le estoy preguntando a la secretaria de Estado sobre un tema que sin duda alguna nos interesa...

La señora VICEPRESIDENTA: Le ruego que se circunscriba al enunciado de la pregunta.

El señor HEREDIA DÍAZ: Como decía, nunca se ha creado más empleo y se ha recortado más el paro que en este primer año de Gobierno de Zapatero.

Centrándonos, como digo, en un tema tan importante como el empleo y la discapacidad, hay que recordar que en el informe hecho público hace aproximadamente un año del Consejo Económico y Social, se señalaba que en nuestro país las personas con discapacidad encabezaban las listas de desempleo. El porcentaje de españoles en edad de trabajar con una discapacidad era de un 8,7 por ciento, es decir, había más de un millón de españoles en esta situación que tenían en esa fecha, prácticamente al final del Gobierno del Partido Popular, una tasa de actividad que era el doble de la del resto de la población, un 32 por ciento, pero al mismo tiempo tenían una tasa de paro que también era el doble, más del 26 por ciento. El Gobierno socialista se comprometió desde el primer día a adoptar todas las medidas tendentes a facilitar el acceso al mercado laboral de estas personas con discapacidad, porque una verdadera integración social pasa por su plena incorporación al mismo. Cuando Zapatero ganó las elecciones, en las administraciones públicas el número de personas con discapacidad únicamente representaba el 0,7 por ciento, luego algo tuvo que hacer mal el Partido Popular, muy mal diría yo, para que no se alcanzará ni siquiera el 1 por ciento de las personas con discapacidad en las administraciones públicas. Nos consta que el compromiso de este Gobierno es incrementar notablemente ese porcentaje.

En su comparecencia de noviembre de 2004, señora Valcarce, ante la Comisión de Discapacidad hacía referencia a la puesta en marcha de un real decreto por el que se regulaba el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, que finalmente fue aprobado el pasado 3 de diciembre, y en donde se reservan un 5 por ciento de las plazas a discapacitados en la Administración. En él se incluye que si los puestos ocupados por las personas con discapacidad no alcanzaran la tasa del 3 por ciento, se acumularían al cupo del 5 por ciento de la oferta siguiente con un límite máximo del 10 por ciento. Además, los empleados públicos con discapacidad iban a tener preferencia a la hora de elegir la provincia de destino. Se van a adjudicar puestos de trabajo adecuados en función de las posibilidades de cada persona con discapacidad, y asimismo se van a impulsar medidas formativas específicas que permitan una adecuada

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promoción profesional. El borrador de esta normativa se llevó a cabo en la voluntad de consenso y diálogo que caracteriza a este Gobierno de acuerdo con el Cermi.

Posteriormente, en una comparecencia de noviembre de 2004, usted también incidió, señora Valcarce, en que por parte del Gobierno existe un compromiso firme e importante por mejorar el empleo de las personas con discapacidad. Llegó a apuntar que en el Plan nacional de acción para el empleo, que fue aprobado en Consejo de Ministros el 8 de octubre del pasado año, figura en su directriz siete promover la integración de las personas desfavorecidas en el mercado de trabajo y combatir la discriminación de que son objeto, resaltando la preocupación por el empleo de las personas con discapacidad.

En cuanto al segundo acuerdo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el Cermi el pasado 6 de octubre, hay que decir que está dando unos buenos resultados. Se mantienen los incentivos fiscales en el IRPF para los trabajadores activos discapacitados mediante una elevación de reducciones y de la exención de la totalidad de prestaciones de desempleo. En este contexto hay que añadir que el pasado 21 de abril se aprobó otro real decreto para facilitar el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad, en este caso para las empresas de más de 50 trabajadores. Entre las novedades que recoge este real decreto aprobado el pasado mes de abril, está la agilización del proceso administrativo sobre declaración de excepcionalidad para el cumplimiento de la cuota de reserva mediante la reducción del plazo de resolución de tres a dos meses y la ampliación del plazo de validez de la declaración de excepcionalidad de dos a tres años. También en la normativa se actualizan los importes anuales de las medidas alternativas para referenciarlas al actual indicador público de renta de efectos múltiples, en lugar del salario mínimo interprofesional, y se introduce un nuevo criterio para la distribución de competencias administrativas entre el Estado y las comunidades autónomas. Esta medida era una de las cuestiones recogidas en el acuerdo firmado entre el Ministerio de Trabajo y el Cermi para mejorar el empleo de las personas con discapacidad y que todavía quedaba pendiente. Nos consta, señora Valcarce, su preocupación por facilitar el acceso a las personas con discapacidad, algo que le preocupó bien poco al Partido Popular durante los ocho años que estuvo en el Gobierno. En este contexto ¿cuál es el contenido de ese acuerdo alcanzado recientemente entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Cermi sobre medidas para mejorar la oportunidad de empleo de las personas con discapacidad?

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Efectivamente en

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este año el Gobierno ha querido impulsar las políticas activas sobre discapacidad. Nos hemos comprometido junto con los interlocutores sociales a dar prioridad absoluta a las acciones dirigidas a promover e incentivar el empleo para las personas con discapacidad, puesto que entendemos que esta es la vía más efectiva para su inserción social. Creo que junto a las modificaciones legislativas que ya conoce la Cámara, merece la pena hacer un recordatorio de cuáles son los acuerdos firmados con los interlocutores sociales y con el Cermi en lo que se refiere a las bonificaciones del empleo para personas con discapacidad.

El Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 ha consignado la cantidad de 507 millones de euros para empleo de personas con discapacidad. Esto supone, señorías, que en lo que se refiere a subvenciones, en el año 2004 teníamos 239.000.505,99 euros y hemos pasado en el año 2005 a 246.182.000,28 de euros. Señorías, el incremento es muy notable, algo más de 6 millones y medio de euros, con un incremento del 2,79 por ciento. En cuanto a bonificaciones para el empleo de personas con discapacidad, el incremento que este Gobierno ha realizado del año 2003 al año 2004 ha sido del 9,8 por ciento. Ello supone que en el año 2004 hemos bonificado empleos para personas con discapacidad por un total de 227.688 euros, pero en el año 2005 se prevé un incremento del 10 por ciento, lo que supone nada menos que pasar a 261 millones de euros. Esto nos da una idea del compromiso del Gobierno con el empleo para las personas con discapacidad. El conjunto de medidas que ha adoptado el Gobierno además de las medidas legislativas y las medidas presupuestarias también tienen mucho que ver con la eliminación de rigideces en los procedimientos. Para ello se simplifica el procedimiento y se acorta el plazo para declarar por parte de los servicios públicos de empleo cuando concurra la excepcionalidad que alega la empresa en supuestos en los que la misma tenga dificultad para contratar trabajadores con discapacidad, ello con un objetivo, facilitar siempre no solo de forma directa la contratación de personas con discapacidad, sino también la contratación con empresas que emplean a personas con discapacidad. Además, se incluye la declaración de excepcionalidad por parte de los servicios públicos de Empleo siempre por una validez de tres años. Esto facilita enormemente las cosas a las empresas que están contratando con otras empresas que además tienen empleados con discapacidad. Se añade una nueva medida alternativa a las que ya se consignan en los llamados enclaves laborales.

Esta medida es la suscripción de un contrato con un centro especial de empleo. Señorías, los centros especiales de empleo son absolutamente imprescindibles no solo para la inserción

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laboral de las personas con discapacidad, sino para la inserción de aquellos más gravemente afectados, como son las personas con una discapacidad psíquica. Los importes mínimos de los contratos mercantiles o civiles con centros especiales de empleo o con trabajadores autónomos con discapacidad y contratos entre los centros especiales de empleo y las empresas colaboradoras dentro de los enclaves van a tener la consideración de donaciones de carácter monetario y esto creo que es también una ventaja para los empleadores de personas con discapacidad. Por tanto, señorías, creo que el objetivo del Gobierno de que las personas con discapacidad se incorporen al mercado laboral se está cumpliendo, así como el apoyo de los servicios públicos de Empleo, pero sobre todo el régimen de subvenciones y bonificaciones está contribuyendo a ello.

- DEL SEÑOR HEREDIA DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE LA INCLUSIÓN EN EL PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+I) 2004-2007 DE LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON LAS PERSONAS MAYORES Y CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Número de expediente 181/000761.)

La señora VICEPRESIDENTA: Seguidamente, para formular la pregunta número 9 que figura en el orden del día, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Heredia.

El señor HEREDIA DÍAZ: Señora secretaria de Estado, el actual sistema español de ciencia, tecnología y empresa se configura como tal tras la aprobación de la Ley de la Ciencia de 1986 y tiene como uno de sus objetivos fundamentales una mayor y mejor coordinación entre las distintas entidades del sistema. El Estado a través del sector público desarrolla las políticas de ciencia, tecnología y empresa. Estas se llevan a cabo según el Plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i). Actualmente, está en vigor el Plan nacional 2004-2007. El citado plan contempla, como ya figuraba en la Ley 13/1986, la coordinación y fomento general de la investigación científica y técnica que lo crea, un mecanismo de actualización dinámica de sus contenidos mediante la aprobación de programas de trabajo anuales por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. El programa de trabajo 2005 es el compendio de las actuaciones públicas que promueve la Administración General del Estado en el fomento y coordinación de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica. En este sentido, cabe destacar la apuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia de investigación. De hecho, los presupuestos de 2005 han crecido

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en investigación, desarrollo e innovación más de un 25 por ciento; algo que hasta ahora nunca se había producido. El Plan de I+D+i está estructurado en áreas prioritarias e incluye modalidades de participación e instrumentos de financiación, así como mecanismos de seguimiento y evaluación de las actuaciones. La nueva etapa del plan nacional contempla una focalización de sus actuaciones con el fin de intentar una mayor eficacia en la utilización de los recursos disponibles. Las modificaciones realizadas por el actual Gobierno socialista suponen un paso adelante en el esfuerzo de planificación de las actuaciones financiadas en los Presupuestos Generales del Estado del presente año, en el esfuerzo encaminado al alcance de sus objetivos estratégicos, en la optimización de los recursos existentes mediante el diseño de los instrumentos financieros y de las modalidades de participación capaces de estimular las actividades de investigación científica, desarrollo e innovación también en el ámbito de la discapacidad y de los mayores.

Dentro de los programas y actuaciones estratégicas para el presente año 2005 en el área temática para la salud y el bienestar aparece el subprograma nacional de tecnología de apoyo a las personas con discapacidad y personas mayores. La discapacidad constituye, como decía anteriormente, una de las grandes prioridades de este Gobierno. No hay que olvidar que el 9 por ciento de la población española -más de tres millones y medio de ciudadanos- son personas con discapacidad. Si tenemos en cuenta también a sus familias, estamos hablando de que hay 10 millones de ciudadanos para lo que la discapacidad es una realidad presente cotidianamente en sus hogares. En las últimas décadas, estas personas, sus familias y las asociaciones que las representan han realizado un enorme esfuerzo para defender su derecho fundamental a la plena participación social y a una vida autónoma y normalizada, pero todavía se siguen enfrentando con demasiada frecuencia a distintas formas de discriminación que las colocan en una situación de particular vulnerabilidad ante los riesgos de pobreza económica, exclusión social y aislamiento personal. Tampoco hay que olvidar la desidia y la dejadez del anterior Gobierno en materia de políticas sociales y de la discapacidad en particular.

Como ha dicho usted, señora secretaria de Estado, en varias intervenciones, el objetivo de este Gobierno y de la sociedad española en general consiste en eliminar el déficit de los ciudadanos que presentan alguna limitación física, psíquica o sensorial, a través de políticas sociales que promuevan las condiciones de igualdad en el acceso a los bienes y a los servicios públicos. En este contexto le pregunto, dentro del Plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica para el periodo 2004-2007, ¿qué proyectos de

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investigación están previstos financiar durante el presente año relacionados con las personas mayores y con las personas con discapacidad?

La señora VICEPRESIDENTA: Señora secretaria de Estado.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Así es. El Imserso financiará proyectos de investigación relacionados con personas mayores y con personas con discapacidad. Dos programas nacionales en los que va a incluirse el Imserso son el programa nacional de tecnologías para la salud y el bienestar y, dentro del mismo, el subprograma de tecnologías de apoyo a las personas con discapacidad y personas mayores, y el programa nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas. El Imserso, recogiendo las líneas que le atañen en el plan nacional, ha efectuado ya la correspondiente convocatoria para el año 2005. Hasta el año 2003 el Imserso solo participaba en el subprograma de tecnologías. Ahora se incorpora al programa nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas. La convocatoria está ya en marcha y en ella se recogen dos grandes líneas. El concepto de tecnologías de apoyo es muy amplio y se relaciona sobre todo con aquello que está al servicio de la integración social, la autonomía personal, la salud, la calidad de vida, tanto de personas con discapacidad como de mayores en situación de dependencia. Queremos fomentar el desarrollo de tecnologías propias dirigidas a la explotación comercial, puesto que se calcula que en este momento en 75 por ciento del consumo interno de estas tecnologías procede de la importación, sobre todo de los Estados Unidos y del norte de Europa. Los créditos asignados por el Imserso para este subprograma en el año 2005 ascienden a 1.900.000 euros. En cuanto al programa nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas, el plan recoge aspectos a investigar sobre envejecimiento y dependencia. Este programa contará con 827.000 euros para el año 2005. Les señalaré cuáles son las prioridades temáticas. En cuanto al subprograma de tecnologías, productos y servicios para personas discapacitadas y mayores; ayudas técnicas para valoración, tratamiento y rehabilitación; ayudas técnicas para movilidad y ortoprotésica; ayudas técnicas para deficiencias visuales y ayudas técnicas para la audición y comunicación. Asimismo, ayudas técnicas para autonomía personal y actividades de la vida diaria; mobiliario adaptado y accesibilidad a la información y a la comunicación; urbanística y edificación; accesibilidad al automóvil y a los medios de transporte; accesibilidad en el puesto de trabajo y diseño para todos.

En lo que se refiere al programa nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas, las líneas de investigación tienen que

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ver con envejecimiento saludable y activo; definición de los perfiles del envejecimiento activo; estrategias de intervención para el fomento de la participación social de los mayores; programas intergeneracionales; programas para la incorporación de mayores a programas universitarios; envejecimiento prematuro de las personas con discapacidad; la necesidad de que personas en situación de dependencia reciban diferentes sistemas de apoyo y soporte para la promoción de su autonomía personal; demandas de las familias que cuidan a familias y personas dependientes; la evaluación de programas de memoria, en el caso de la enfermedad de Alzheimer; necesidades sociosanitarias de las personas con dependencia; residencias y valoración de las mismas para dependientes; economía y personas mayores; arquitectura para personas mayores y la elaboración de indicadores sintéticos sobre dependencia y calidad de vida.

- DEL SEÑOR HEREDIA DÍAZ (DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE LA FECHA PREVISTA PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE MINUSVÁLIDOS DE BERGONDO (A CORUÑA). (Número de expediente 181/000764.)

La señora VICEPRESIDENTA: Seguidamente, para formular la pregunta décima del orden del día de esta Comisión, tiene la palabra la diputada señora Couto, en representación del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora COUTO RIVAS: En el Ayuntamiento de Bergondo, en A Coruña, está construido desde el año 2003 un centro de minusválidos que acogerá, entre otras necesidades, las minusvalías derivadas de accidentes de tráfico y laborales. El centro se inició en el año 2001, concluyéndose las obras en el año 2003. Sin embargo, desde entonces y especialmente en los presupuestos del año 2004, la ausencia de partidas presupuestarias no permitieron abordar el equipamiento y la dotación de personal, lo que ha impedido la puesta en marcha de este centro que es tan necesario para cubrir las necesidades de los parapléjicos y tetrapléjicos. Con la llegada del Gobierno socialista, en los presupuestos de 2005 sí se recogieron partidas específicas para equipamiento y dotación de personal.

Estas dotaciones presupuestarias permitirán poner en funcionamiento este centro, que será un centro de referencia en Galicia.

Por esto le pregunto en qué fecha está prevista la entrada en funcionamiento del centro de minusválidos de Bergondo y en qué condiciones se producirá.

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La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Quiero informarles que el centro y los viales internos de la parcela están ya finalizados y corregidas todas las deficiencias. Está pendiente la realización de un vial, que es responsabilidad del Ayuntamiento de Bergondo y de la Xunta de Galicia, pero las gestiones realizadas por el Imserso nos permitirán tenerlo concluido de forma inminente. Se está estudiando que esa financiación corra a cargo del plan de accesibilidad del Imserso, con lo cual me permito informarle que esta importante deficiencia quedará con carácter inminente absolutamente salvada. En cuanto a la inversión, en el año 2005 se han consignado 3.383.000 euros para la recepción y entrega de la obra y en ellos va incluido todo lo que se refiere al equipamiento. Este supone 1.333.982 euros. También quiero decirles que ya está el concurso publicado en el diario de la Unión Europea y que por lo tanto estaremos en condiciones de tener ese equipamiento integral del centro en septiembre de 2005, concluida obra, equipamiento y accesos.

Plantilla. Se ha solicitado ya a la subdirección general de Ordenación y Desarrollo de los Recursos Humanos la plantilla correspondiente. Ha sido aprobada y se va a proceder a la selección de personal con carácter inmediato. Del personal funcionario, lógicamente hay que hacerlo con carácter provisional a través de comisiones de servicio o con carácter definitivo a través de concurso. La contratación de personal laboral de alta dirección se selecciona por parte del Imserso y está en marcha. La selección de todo el personal se hará en el mes de junio. La selección del personal laboral se llevará a cabo mediante los procesos de reingreso, concurso de traslados, promoción profesional y convocatoria libre, de acuerdo con la oferta de empleo público. Hasta que se saquen los puestos vacantes, seguiremos estos procedimientos: proceso selectivo previsto para el personal laboral de carácter fijo, relación de candidatos mediante convocatoria pública y preselección de candidatos a través del servicio público de empleo. La fecha de selección del personal laboral será de junio a septiembre y el centro entrará en funcionamiento en el mes de septiembre.

Número de población y edades de los enfermos autistas existentes en España.

AUTOR: Caracuel del Olmo, María Amelia (GP).


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En cuanto a la prevalencia, se estima que el autismo afecta a 2-5 de cada 10.000 habitantes, dependiendo de los criterios diagnósticos utilizados.

Afecta a los varones 4 veces más que a las mujeres y se encuentra la misma proporción de casos de autismo en todas las clases sociales y en las diferentes culturas estudiadas (Fuente: Confederación Autismo-España y National Institute of Neurological Disorders and Stroke).

Según la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999 (INE), se han registrado en nuestro país:



- 1.873 autistas para el grupo de edad comprendido entre 45 y 64 años de los cuales 1.646 son varones y 227 son mujeres.


Número de personas con discapacidad afiliadas a la Seguridad Social y en los últimos diez años previos referidos al mismo mes.



En el correspondiente anexo, se especifica la evolución del número de trabajadores afiliados en alta que están registrados en el Fichero General de Afiliación a la Seguridad-Social con algún grado de minusvalía, en el período de marzo/2001 (fecha desde la que se dispone de dichos datos) a marzo/2005.


ANEXO

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

(184) Pregunta escrita Congreso

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AUTOR: Ramón Torres, Jordi (GERC).

Accesibilidad de las páginas "web" de la Administración General del Estado para las personas con discapacidad.


1. Los criterios de accesibilidad que se han utilizado son los del consorcio W3C que es el estándar general utilizado para la accesibilidad de las páginas "web" (http//www.w3c.org).

2. Los grados de accesibilidad que se indican en el citado consorcio son tres, siendo plenamente accesibles las páginas que cumplan con el nivel 3 (AAA). No obstante, las personas que tengan cierto grado de discapacidad podrán acceder a la información de las páginas que cumplan con el nivel 1 (A) y el nivel 2 (AA).

3. Las páginas de la Administración General del Estado que indican el cumplimiento de un determinado nivel de accesibilidad son 11.

4. La relación es la siguiente:

- Administracion.es Portal del Ciudadano, Nivel A.

- Mde.es (Ministerio de Defensa) cumple con el Nivel AA.

- INTA.es (Instituto de Técnicas Aeroespaciales Esteban Terradas-Ministerio de Defensa) Nivel AA.

- Ico.es (Instituto de Crédito Oficial-Ministerio de Economía y Hacienda) Nivel A.

- Map.es (Ministerio de Administraciones Públicas) Nivel A.

- Min.es (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) Nivel A.

- Aena.es (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea-Ministerio de Fomento) Nivel AA.

- Dgt.es (Dirección General de Tráfico-Ministerio del Interior) Nivel A.

- Seg-social.es (Secretaria de Estado de Seguridad Social-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) Nivel A.

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- Rpd.es (Real Patronato sobre Discapacidad-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) Nivel A.

- Red.es (Entidad pública empresarial Red.es) Nivel AA.

5. El resto de las páginas de la Administración General del Estado no especifican el nivel de cumplimiento del grado de accesibilidad. En cuanto a la relación de las mismas, el elevado número de las páginas existentes y el carácter variable del mundo "web" hace muy difícil poder ofrecer una relación fidedigna.

6. El nivel de exigencia es el propio establecido en la Ley 34/2002, de Servicios para la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, y el que establece nuestro Estado de Derecho.

7. La Administración General del Estado, mediante Resolución del Secretario General para la Administración Pública de 9 de marzo de 2005, ha puesto en marcha una Guía para la elaboración y publicación de las páginas "web" y en ella se recuerda la obligatoriedad de cumplir al menos con el primer nivel de accesibilidad establecido por el Consorcio W3C. El Ministerio de Administraciones Públicas realizará las actuaciones precisas para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de dichos criterios, elaborando un informe al respecto, con carácter semestral.


Actuaciones realizadas en el desarrollo de la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad desde marzo de 2004.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).


La ley 41/2003 de 18 de noviembre de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria, tiene como finalidad aumentar la protección de las personas con discapacidad. Regula una nueva figura, la del "patrimonio especialmente protegido", que una vez constituido queda vinculado a la satisfacción de las necesidades vitales de la persona que padece esta circunstancia.

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La supervisión de la administración del patrimonio protegido corresponde al Ministerio Fiscal, a quién deberá rendir cuentas de su gestión el administrador del patrimonio.

Como órgano exterior de apoyo y auxilio del Ministerio Fiscal, se creará la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y en la que participarán representantes de las asociaciones más representativas de los diferentes tipos de discapacidad.En desarrollo de esta disposición, se ha aprobado el Real Decreto 177/2004 de 30 de enero, por el que se determina la composición, funcionamiento y funciones de la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, modificado por Real Decreto 2270/2004 de 3 de diciembre (BOE de 17 de diciembre de 2004).

El 31 de enero se celebró la reunión constituyente y el 17 de marzo se reunió la Comisión Permanente, para fijar el programa de trabajo para este año.

Madrid, 18 de mayo de 2005.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes

Incidencia del programa de accesibilidad del uso público de costas a la franja litoral de la provincia de Málaga.

AUTOR: Martel Gómez, María Remedios; Fuentes Pacheco, Ana María; Heredia Díaz, Miguel Ángel; Torres Mora, José Andrés, y Tomás García, Luis Juan (GS).


El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costas, está desarrollando un programa de accesibilidad a las costas con objeto de garantizar y facilitar el acceso público a las playas de todos los ciudadanos.

En este sentido se vienen realizando numerosas actuaciones en distintos ámbitos como son:

- Construcción de paseos marítimos y senderos peatonales.

- Construcción de escaleras y rampas.

- Instalación de pasarelas.

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- Negociación con Ayuntamientos costeros con objeto de recuperar accesos para presentar algún impedimento para su uso público así como contemplar en la revisión de los Planes Generales de Ordenación Urbana accesos públicos al litoral.

- Colocación de señalización en todos los accesos públicos a la costa.

En todo este Programa se considera de vital importancia facilitar el acceso a todas las personas que tengan algún tipo de minusvalía física.


Número de mujeres y hombres con discapacidad que han conseguido un puesto de trabajo en el sector público en la provincia de Palencia entre los años 2000 y 2004.

AUTOR: Juanes Barciela, Carmen y Villarrubia Mediavilla, Julio (GS).


En el período 2000-2004, y por lo que se refiere a los nombramientos de personas discapacitadas como funcionarios de carrera en los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas, se señala que en la provincia de Palencia no se nombró a ninguna mujer ni a ningún hombre con discapacidad como funcionarios en el período considerado.


Número de mujeres y hombres con discapacidad que han conseguido un puesto de trabajo en el sector público en la provincia de Segovia entre los años 2000 y 2004.

AUTOR: Juanes Barciela, Carmen y López Águeda, Óscar (GS).


En el período 2000-2004, y por lo que se refiere a los nombramientos de personas discapacitadas como funcionarios de carrera en los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio de

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Administraciones Públicas, se señala que en la provincia de Segovia se nombró a una mujer como funcionaria en el período considerado.


Número de mujeres y hombres con discapacidad que han conseguido un puesto de trabajo en el sector público en la provincia de Salamanca entre los años 2000 y 2004.

AUTOR: Juanes Barciela, Carmen (GS).


En el período 2000-2004, y por lo que se refiere a los nombramientos de personas discapacitadas como funcionarios de carrera en los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas, se señala que en la provincia de Salamanca no se nombró a ninguna mujer ni a ningún hombre con discapacidad como funcionarios en el período considerado.


Número de mujeres y hombres con discapacidad que han conseguido un puesto de trabajo en el sector público en la provincia de Ávila entre los años 2000 y 2004.

AUTOR: Juanes Barciela, Carmen y Muñoz González, Pedro José (GS).


En el período 2000-2004, y por lo que se refiere a los nombramientos de personas discapacitadas como funcionarios de carrera en los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas, se señala que en la provincia de Ávila fue nombrada una mujer con discapacidad en el período considerado.


Número de mujeres y hombres con discapacidad que han conseguido un puesto de trabajo en el sector

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público en la provincia de León entre los años 2000 y 2004.

AUTOR: Juanes Barciela, Carmen y Velasco García, Rosario (GS).


En el período 2000-2004, y por lo que se refiere a los nombramientos de personas discapacitadas como funcionarios de carrera en los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas, se señala que en la provincia de León fueron nombrados funcionarios una mujer y un hombre con discapacidad en el período considerado.


Número de personas que están cobrando la pensión no contributiva de invalidez en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias susceptibles de compatibilizarla con un trabajo remunerado.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Sánchez Rubio, María Josefa y Monteserín Rodríguez, María Virtudes (GS).


En el mes de marzo de 2005, el número de pensionistas (pensiones no contributivas por invalidez), en la Comunidad Autónoma de Asturias, asciende a 5.312


Número de personas con discapacidad que poseen carné de conducir.



Según consta en el Registro de Conductores, los titulares de autorizaciones administrativas para conducir con restricciones o limitaciones, como consecuencia de alguna enfermedad o disminución de las aptitudes psicofísicas ascienden a 716.685..


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Actuaciones destinadas a la eliminación de barreras para personas discapacitadas en las playas desde el 14/3/2004.




ALICANTE

Se está tramitando una autorización en la playa de la Grava T.M. de Jávea.

Se está elaborando el Avance del Plan Director de la Costa en Alicante que contemplará entre otras, las actuaciones en materia de accesibilidad para discapacitados pendientes de ejecutar.

ALMERÍA

Dentro del Plan de Accesibilidad a las playas españolas, se ha ejecutado la 1ª fase, que finalizó el 23 de julio de 2003.Se ha procedido al acondicionamiento de una serie de accesos para que el uso y disfrute de las playas pueda ser ejercido por todas las personas, incluidas aquellas cuyas facultades motrices estén mermadas. Las actuaciones han sido:

• Roquetas de Mar: paseos marítimos de las playas de la Urbanización, Uteco y la Romanilla.• Níjar: acceso a la playa de San José.

Se está ejecutando la 2ª Fase:

"Accesibilidad a las playas en la provincia de Almería. Paseos marítimos de Balerma, Almería, Almerimar, Cabo de Gata y Carboneras. TT.MM. de El Ejido, Almería y Carboneras".

Fecha de finalización prevista: marzo de 2006.

Las obras consisten en acondicionar el entorno de las siguientes zonas:

• Paseo marítimo de Balerma en el T.M. de El Ejido.• Paseo marítimo de Almería.• Playa de San Miguel en el T.M. de Almería.

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• Paseo marítimo de la playa del Lancón en el T.M. de Carboneras.

La actuación básica es la construcción de rampas de acceso a la playa, estacionamiento reservado de vehículos para minusválidos, itinerarios peatonales, pasos de acera, vados, servicios y señalización. El proyecto pretende adecuar una zona con una longitud total de 6,9 kms.

Se está redactando el proyecto de la 3ª Fase:

"Accesibilidad a las playas en la provincia de Almería. TT.MM. de Mojácar, Garrucha, Cuevas de Almanzara y Vera -3ª Fase-".

Las obras consistirán en acondicionar el entorno de las siguientes zonas: • Paseo marítimo de Mojácar.• Paseo marítimo de Garrucha.• Paseo marítimo de Vera.

En las obras actualmente en ejecución ("Restauración ambiental de la playa de El Toyo. T.M. de Almería", fecha de finalización prevista: mayo de 2005 y "Remodelación del paseo marítimo de Balerma-2ª Fase. T.M. de El Ejido", fecha de finalización prevista, en junio de 2005), la mayor parte de los accesos a los paseos marítimos o a la playa están previstos a través de rampas.

En el proyecto de "Mantenimiento y conservación de la costa de Almería.

Anualidades 2005-2007", redactado este año, se contemplan actuaciones para la mejora de itinerarios y accesos a los paseos marítimos y a las playas para minusválidos.

CÁDIZ

Finalizadas:

• Módulos de servicios experimentales en playas de El Puerto de Santa María.

• Accesibilidad a las playas de Sanlúcar, Chipiona, Rota, El Puerto de Santa María, Puerto Real San Fernando y Cádiz.• Accesibilidad a playas provincia de Cádiz, Fase I.

Aprobadas, en tramitación:

• Rampa de minusválidos en la Playa de la Caleta.

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• Addenda nº 1 al proyecto de módulos de servicio en las playas de la provincia de Cádiz.• Accesibilidad a las playas de Chiclana, Conil, Vejer y Barbate.• Accesibilidad a las playas de El Campo de Gibraltar.

MÁLAGA

Con fecha 19 de mayo de 2004 comenzaron las obras del proyecto de "Accesos Especiales para discapacitados a las playas malagueñas Fase II" con un importe de 907.665,17 euros. Se han realizado las siguientes actuaciones: 28 rampas, 22 vados, 1.500 m. de pasarelas, 16 conjuntos de ducha y lavapiés adaptados y 48 plazas de aparcamientos para discapacitados, en los términos municipales de Manilva, Estepona, Marbella, Torremolinos, Vélez-Málaga, Algarrobo y Torrox.

Con el proyecto de "Mantenimiento y Conservación de la costa de Málaga 2004-2006" se han adaptado los accesos existentes a playas de Torrox, Mijas, Benalmádena, estando prevista su continuidad en otros municipios, con una inversión hasta la fecha, de unos 79.000 euros, aproximadamente.

ASTURIAS

Dentro de las obras correspondientes al "Paseo Marítimo de la playa de la Ribera, en Luanco, T.M. de Gozón (Asturias)", se está habilitando un acceso a la playa adaoptándolo para uso de personas con minusvalías físicas.

En las obras de "Prolongación del Paseo Marítimo de Salinas desde el Club Náutico hasta La Peñona, T.M. de Castrillón (Asturias)", se han realizado unos servicios higiénicos adaptados para personas con discapacidades.

Por último, se señala que se ha redactado el Proyecto "Accesibilidad a playas de Asturias-Fase II", por un importe de 255.252,47 euros, estando el mismo actualmente pendiente de adjudicación.

ILLES BALEARS

Durante el año 2004, se finalizaron y recibieron las obras de accesibilidad universal en las playas de Santa Eulalia des Riu. Fase I en Ibiza por un importe total de 424.000 euros.Se encuentra pendiente de aprobación técnica el proyecto de implantación de la accesibilidad universal en diversas playas del Sureste de Mallorca, cuya tramitación y ejecución se prevé realizar en 2005, por un importe de 684.599,53 euros.

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Por último, se ha autorizado la redacción del proyecto de implantación de la accesibilidad universal en diversas playas de Baleares, con actuaciones previstas en todas las islas:

• Mallorca: Manacor (Cala Millor, Sa Coma), Alcudia, Pollença (Llenaire).• Menorca: Ciudadela (Cala Degollador), Es Mercadal (Fornells), Alaior (Santo Tomás-San Adeodato).• Ibiza: San Antonio y en Figueretes.• Formentera: Es Pujols.

Todas ellas por un presupuesto aproximado de 1.200.000 euros, con su ejecución prevista para 2006.

LAS PALMAS

Construcción de dos rampas de acceso a la playa de Arinaga, en el T.M. de Agüimes, las cuales se han realizado conforme a la Ley canaria 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidd y supresión de barreras físicas y de la comunicación. Las obras se iniciaron en septiembre de 2004 y finalizaron el pasado 1 de noviembre.

CANTABRIA (SANTANDER)

Entre mayo y noviembre de 2004 se adjudicaron tres actuaciones:

• Mejora accesos y pantalanes a las playas de La Magdalena y Bikinis.• Senda peatonal y accesos a Laredo.• Acondicionamiento y ordenación Playa-Ría en Galizano.

Las dos primeras, cada una con una inversión superior al medio millón de euros, están finalizadas; la tercera está en ejecución y cuenta con un presupuesto de 674.000 euros.

CASTELLÓN

Las actuaciones que tienen por objeto la mejora de la accesibilidad a las playas de la provincia, se engloban en el proyecto de "Accesibilidad de playas en la provincia de Castellón 4ª fase para personas con movilidad reducida" que se desarrolla en los términos municipales de Torreblanca, Cabanes, Oropesa del Mar, Nules y Moncofa, con una inversión de 169.033,84 euros.

CATALUÑA (BARCELONA)

Accesibilidad a las playas del Malgrat de Mar

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• Construcción de 4 plazas de estacionamiento adaptado reservado para personas discapacitadas físicas.• Realización de vados de acceso calzada.• Colocación de señales informativas.• Construcción de 2 rampas de acceso a la playa.• Itinerario adaptado a sillas de discapacitados sobre la arena, construido en madera.• Dos módulos de aseo y vestuario reservados a discapacitados.• Presupuesto 65.500,97 euros.• Acta de reconocimiento y comprobación de obras 21 de julio de 2004.Entregada al uso público.

Mejora de los accesos a la playa de Sant Andreu de Llavaneras

• Construcción de 4 plazas de estacionamiento reservado a personas discapacitadas físicas.• Colocación de señales informativas.• Construcción de 2 rampas de acceso a la playa.•Itinerario sobre la playa adaptado a sillas de discapacitados, construido de madera.• Presupuesto 55.861 euros.• Obras entregadas al uso público.

Mejora de la accesibiidad a la playa en la zona del Pº Mº de Badalona

• Construcción de una rampa en las salidas de un paso inferior bajo la carretera nacional II y la vía de RENFE, mediante el apantallado de la infraestructura ferroviaria con pilotes de hormigón armado, mejorando las condiciones de accesibilidad a la playa de personas discapacitadas.

• Presupuesto: 201.605,91 euros.• Obras en fase de construcción.

Mejora de la senda costera de Sant Gervasi en Vilanova i la Geltru

Integración dentro de un proyecto generalizado de mejora de la accesibilidad a la playa de Sant Gervasi con elementos de acceso adaptados para personas discapacitadas.

• Accesos para uso exclusivo de servicios de limpieza de playas y personas disminuidas.• Rampas de acceso desde la senda a la playa.• Itinerario sobre la arena adaptado a discapacitados físicos.• Presupuesto 1.875.719,29 euros.

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• Acta de recepción de las obras suscrita el 26 de mayo de 2004.• Entregada al uso público.

Pº Mº de Pineda de Mar, 2ª fase, tramo Riera de Pineda-camping Caballo de Mar

Integración dentro de un proyecto generalizado de paseo marítimo de la accesibilidad a la playa de Pineda de Mar con elementos de acceso específicos para personas discapacitadas.

• Accesos que permiten a las personas disminuidas acceder al paseo marítimo.• Rampas de acceso desde el paseo a la playa.• Itinerario sobre la arena de playa que posibilitan el paso de sillas de minusválidos.• Servicios adaptados.• Presupuesto 2.430.012,02 euros.• Pendiente de concluir una modificación del proyecto que no impide la utilización de instalaciones por el público en general.

A CORUÑA

Como consecuencia de las medidas de recuperación después de los vertidos del Prestige se ejecutaron accesos para las playas de:

• Playas de Carnota en Carnota.

• Playa de Soesto en Laxe.

• Playa de Area dos Botes hasta punta de los Remedios.

En noviembre del 2004 finalizó la ejecución del proyecto de "Accesibilidad a diversas playas de A Coruña-Zona Norte", que afectó a las playas de:

• Magdalena (Cedeira).

• Bares (Mañón).

• Miño (Miño).

• Caranza (Ferrol).

• Doniños (Ferrol).

• Santa Comba (Ferrol).

En estos momentos se está ejecutando el proyecto de

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"Accesibilidad a diversas playas de A Coruña-Zona Sur", en las playas de:

• Coroso (Ribeira).

• Cabio (Pobra).

• Tanxil (Rianxo).

• Espiñeirido (Muxía).

• Barraña (Boiro).

• Estorde (Cee).

• Sardiñeiro (Fisterra).

GIRONA

"Redacción del Proyecto de Mejora de la Accesibilidad a las playas de Girona, 2ª fase" y tramitación del correspondiente expediente; están previstas actuaciones en Torroella de Montgrí, Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja D'Aro, Blanes, con un presupuesto de ejecución por administración de 146.410,30 euros.

En las obras del proyecto de "Red de itinerarios del Ter Vell y La Pletera T.M. de Torroella de Montgrí, finalizadas en diciembre de 2004, se han construido dos pasarelas de madera elevadas sobre pilotes de unos 175 m de longitud que facilitan el acceso a la playa a las personas discapacitadas.

GRANADA

Con fecha 20 abril de 2004 se iniciaron las obras comprendidas en el Proyecto de "Mejora de las instalaciones de accesibilidad a la playa de Granada", con un presupuesto de 477.623,24 euros, finalizando el 19 de julio de 2004.

Las obras han consistido fundamentalmente en la creación de plazas reservadas de aparcamiento, rebajes de acerca, construcción de rampas, colocación de pasarelas y duchas adaptadas.

GUIPÚZCOA

Se han habilitado rampas con el 6% de pendiente para accesos a:

• Las cabinas playa de la Zurriola en San Sebastián.

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• El Paseo de Ribera en la ría de Oiarzunt en Rentería.

• El Paseo de Ribera en la ría del Urumea en el Barrio de Loyola de San Sebastián.

Por otra parte, todas las playas en la provincia de Guipúzcoa cuentan con rampas de acceso para minusválidos.

HUELVA

Se han ejecutado las siguientes obras:

• Adecuación de accesos a la playa de El Portil, t.m. de Cartaya. Ha contemplado la ejecución de tres accesos a la playa salvando la duna litoral. Inversión: 238.246,80 euros. Los accesos se terminaron en julio 2004.

• Acceso a la playa junto al faro de Torre La Higuera, en Matalascañas, t.m. de Almonte.

• Con la ejecución de un acceso desde el paseo Balcón del Atlántico hasta la playa. Inversión: 133.554,57 euros. El acceso se terminó en diciembre de 2004.

Se encuentra en ejecución el proyecto de restauración dunar y pasarelas en la playa de El Espigón, t.m. de Huelva que contempla, entre otras cosas, la ejecución de varias pasarelas de acceso a la playa desde el vial del dique Juan Carlos I. Inversión: 729.727,70 euros. Fecha de finalización prevista: noviembre de 2005.

Obras de próxima contratación:

• Mejora de accesibilidad de la playa de La Antilla, t.m. de Lepe.

• Restauración de la duna litoral en la playa de los Enebrales, t.m. de Punta Umbría incluye pasarelas de acceso sobre la duna restaurada).

• Mejora de accesibilidad de la playa de Punta Umbría.

LUGO

El proyecto de "Demolición del complejo de Caixa Galicia en playa de Valea, T.M. Barreiros (LUgo)", que se ejecutó entre septiembre de 2003 y junio de 2004, incluyó obras de accesibilidad a playa.

La "Senda litoral de los acantilados de San Bartolo, Fase II, T.M.Barreiros (Lugo)", iniciada en septiembre pasado y actualmente

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en ejecución, incluye un acceso a través de pasarela de madera en la playa San Bartolo.

El proyecto de "Recuperación del borde litoral playa Benquerencia a playa Lóngara, Fase II, T.M. Barreiros (Lugo)", actualmente en ejecución, también incluyen trabajos para facilitar el acceso a playa.

MURCIA

Se están llevando a cabo las siguientes obras:

• Mejora de Accesibilidad a las playas de Galúa, Marchamalo, La Azohía, El Cuartel y la Paera-La Chapienta T.M. Cartagena.

• Mejora de Accesibilidad a las Playas de Poniente, Delicias y Calabardina T.M. de Águilas.

• Mejora de Accesibilidad a las playas de El Pedrucho, Euromangas y Bellavista, T.M. San Javier.

• Mejora de Accesibilidad a las playas de Los Nares, La Pava y Bahía, T.M. de Mazarrón.

En el resto de actuaciones a realizar se prevé la eliminación de las barreras para personas con movilidad reducida, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Accesibilidad de la Costa.

PAÍS VASCO

Están en ejecución las Obras de rampa de acceso de ambulancias para sercicios y módulo de minusválidos (T.M. de Bakio). Presupuesto inversión: 226.005,34 euros. Plazo estimado obra 8 meses. Final previsto en junio de este año.

PONTEVEDRA

Las actuaciones llevadas a cabo en playas de la provincia de Pontevedra en el período solicitado, son las contenidas en los proyectos que a continuación se detallan:

Proyecto de "Construcción de accesos para minusválidos en playas de la provincia de Pontevedra (2ª Fase)". Se desarrolló entre marzo y noviembre de 2004, con una inversión de 497.870 euros. Las obras consistieron en la instalación y ejecución de los siguientes elementos:

• Pasarelas de madera sobre pilotes y sobre madera cableadas.• Plazas de aparcamientos para minusválidos.• Aseos prefabricados en madera (adaptados para minusválidos).

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• Rampas de acceso.

Las obras afectaron a los siguientes términos municipales:

• A Guarda: playa de Camposantos.• Baiona: playa de Santa Marta.• Vigo playa de O Bao.• Redondela: playa de Cesantes.• Poio: playas de Covelo, Chancelas y Lourido.• Sanxenxo: playas de Nanín, Silgar, Foxos.• O Grove: playas de Area de Cruz y Area das Pipas.• Vilanova de Arousa: playa de As Sinas.

Cabe citar también el proyecto denominado "Mejora de Instalaciones en las playas del municipio de Sanxenxo", que se desarrolló entre abril y junio de 2004 y cuyo presupuesto ascendió a 144.968,01 euros. Las obras consistieron en la instalación de los siguientes elementos:

• Colocación y reparaciones de rampas.• Colocación de cercados de madera.• Construcción de pasarelas sobre pilotes.• Aparcamientos para minusválidos.• Señalización de los diversos servicios.

Las obras se realizaron en las siguientes playas: Áreas de Agra. Pampaído. Areas. Canelas. Montalvo. Paxariñas. Pragueira. Major. Bascuas. Foxos. La Lanzada. A Lapa y Areas Gordas.

TARRAGONA

Está en fase de redacción el proyecto: "Accesibilidad a las playas de Tarragona, 3ª Fase" con un presupuesto de 650.000 euros.

El mismo complementará las actuaciones "Accesibilidad de las playas de Tarragona 1ª Fase" ejecutado en el 2002 con un presupuesto de 505.130,04 euros, y "Accesibilidad a las playas de Tarragona, 2ª Fase", ejecutado en el 2003, con un presupuesto de 540.959,79 euros.

TENERIFE

A partir de marzo de 2004 no se ha ejecutado ningún proyecto de accesibilidad a las playas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, estando a la espera de la adjudicación del proyecto de Accesibilidad a las playas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 2ª Fase.

Actualmente en esta provincia están en ejecución dos obras: el

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"Acondicionamiento del paseo marítimo y aledaños del litoral de los Cascajos, T.M. de Breña Baja (La Palma)" y el "Paseo marítimo de la Jaquita, T.M. de Guía de Isora (Tenerife), que cumplen el reglamento de la ley canaria de accesibilidad (Decreto 227/1997) de 18 de septiembre.

VALENCIA

Actuaciones ejecutadas:

• Accesibilidad de playas en la provincia de Valencia para personas con movilidad reducida, 1ª fase 2004, que se ejecutó en los términos municipales de Sueca y Oliva.

• Accesibilidad de playas en la provincia de Valencia para personas con movilidad reducida, 4ª fase 2004, que se desarrolló en los términos municipales de Piles y Sagunto.

Actuaciones contratadas:

• Accesibilidad de playas en la provincia de Valencia para personas con movilidad reducida, 2ª fase 2004, Términos municipales de Bellreguard y Guardamar de la Safor.

• Accesibilidad de playas en la provincia de Valencia para personas con movilidad reducida, 3ª fase 2004, términos municipales de Piles y El Puig.


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