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4° Coloquio de Migración Internacional. San Cristóbal de las Casas, Chiapas,

México. 13, 14 y 15 de noviembre de 2013

Propuesta de política pública para mejorar seguridad y respeto a los

derechos humanos de transmigrantes en territorio nacional en un contexto

regional norteamericano y centroamericano.

Bernardo Méndez Lugo, Consejero del Servicio Exterior Mexicano

Introducción.- Cada año transitan por territorio mexicano más de 400 mil

migrantes centroamericanos que tienen como destino los Estados Unidos, en

buena parte tiene como destino las regiones metropolitanas de Los Ángeles y San

Francisco en California. Radican en estas dos concentraciones californianas

alrededor de la mitad de los salvadoreños, guatemaltecos y hondureños que viven

en Estados Unidos.

La transmigración es una problemática compleja ya que las condiciones

económicas desfavorables y la violencia en sus países de origen expulsan a la

mayoría de los migrantes centroamericanos que proceden de los tres países

mencionados. Cuando los transmigrantes son deportados de los Estados Unidos

se concentran en las ciudades fronterizas de la parte mexicana y generan

demanda de servicios, vivienda y empleo en México, lo que se convierte en una

fuerte carga financiera para las ciudades mexicanas fronteriza, poblaciones que

además reciben importantes flujos de deportados mexicanos y estancia de

migrantes que esperan intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos, las

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estancias se pueden prolongar por meses y los intentos de cruce pueden llegar a

la decena de veces.

La transmigración por territorio de nuestro país es un fenómeno que tiene décadas

de existir pero que en los últimos años se ha convertido en un problema delicado y

de implicaciones múltiples (1).

En especial a partir del presente siglo y en la administración federal de 2006 a

2012 se generó una alta incidencia de ataques y hostigamiento hacia los

transmigrantes de parte de bandas criminales, en muchos casos integrantes de

carteles del narcotráfico asociados con pandilleros centroamericanos y en

complicidad de algunas autoridades mexicanas federales, estatales y municipales.

La capacidad de respuesta de nuestro gobierno ha sido limitada y los cambios de

la Ley de Migración y su reglamento han resultado poco efectivos para generar

mecanismos que brinden seguridad y respeto a los derechos humanos e

integridad física de los transmigrantes centroamericanos, que en la actualidad

incluye a ciudadanos que proceden de Sudamérica, Asia y África.

Exposición de motivos del trabajo.- Esta propuesta se enmarca en el Plan

Nacional de Desarrollo (2) (PND) 2013-2018 en el rubro de las Metas Nacionales

en el Apartado V. “Un México con Responsabilidad Global” y tiene como objetivo

proponer medidas viables para darle congruencia a la idea de que México “sea

una fuerza positiva y propositiva en el mundo, una nación al servicio de las

mejores causas de la humanidad. Nuestra actuación global debe incorporar la

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realidad nacional y las prioridades internas, enmarcadas en las otras cuatro Metas

Nacionales, para que éstas sean un agente definitorio de la política exterior”

Nuestra propuesta se vincula también a las cuatro Metas Nacionales del PND ya

que para lograr resultados en la seguridad y respeto pleno a los derechos

humanos de los transmigrantes centroamericanos se necesita cumplir con las

metas de: “México en Paz”, “México Incluyente”, “México con Educación de

Calidad” y “México Próspero”. En nuestra opinión, solo logrando estos objetivos,

se podrá aspirar a “que nuestra nación fortalezca su voz y su presencia en la

comunidad internacional, recobrando el liderazgo en beneficio de las grandes

causas globales”. Véase: PND 2013-2018, Apartado V. “Un México con

Responsabilidad Global”.

Y específicamente se basa en la reafirmación contenida en dicho apartado del

PND para asegurar “la movilidad segura de las personas y la atracción de talento

e inversión al país”. En las circunstancias actuales, no se trata solamente de

recuperar la movilidad segura de los transmigrantes centroamericanos en nuestro

territorio, incluye necesariamente a miles de mexicanos que sufren inseguridad y

alto riesgo en muchas regiones del país que no tienen movilidad segura y que

muchos de ellos son parte del talento que estamos perdiendo por su emigración

forzada hacia los Estados Unidos y Canadá.

También se considera como fundamento para esta propuesta, el Apartado 1 “Un

México en Paz” del PND 2013-2018 que señala que: “La prioridad, en términos

de seguridad pública, será abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía

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mediante la prevención del delito y la transformación institucional de las fuerzas de

seguridad. En este sentido, se busca disminuir los factores de riesgo asociados a

la criminalidad, fortalecer el tejido social y las condiciones de vida para inhibir las

causas del delito y la violencia, así como construir policías profesionales, un

Nuevo Sistema de Justicia Penal y un sistema efectivo de reinserción social de los

delincuentes” (3). Esta prioridad es clave y solo se podrá concretar si como país y

región tenemos la capacidad de generar programas de desarrollo económico

sustentable con empleos y para lograrlo se necesitan políticas consistentes de

capacitación y entrenamiento laboral de calidad para los jóvenes con énfasis en el

fortalecimiento de la equidad de género, esta prioridad debe extenderse a

Centroamérica y contar con la cooperación de Estados Unidos, país destino de

cientos de miles de migrantes de México y Centroamérica.

Objetivos.- Se proponen una seria de acciones concertadas entre gobierno

federal, gobiernos estatales y municipales en alianza con organizaciones de la

sociedad civil y entidades públicas y privadas con el objeto de atender de manera

coordinada una gama de respuestas sistemáticas a ejecutarse en un lapso de tres

años y que deberán contar con el apoyo y cooperación de los gobiernos e

instituciones de los países de donde proceden la mayoría de los transmigrantes

así como de las autoridades de Estados Unidos, país de destino .

Entre los objetivos de la propuesta se pretende como primer paso realizar un

diagnóstico de la situación actual de los flujos migratorios desde Centroamérica

hacia los Estados Unidos y el tránsito por México. Se deberá convocar a una

consulta internacional con participación centroamericana y estadounidense para

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discutir raíces del problema de la transmigración, tendencias recientes y posibles

soluciones, con la participación de gobiernos, académicos, organizaciones no

gubernamentales, fundaciones y organizaciones de migrantes.

Con las conclusiones y recomendaciones de esta Consulta Internacional se

deberán tomar medidas inmediatas para generar nuevos escenarios, estas

medidas deberán contemplar: reformas a la Ley Migratoria mexicana y su

reglamento, nuevos esquemas de cooperación triangular entre México y países

desarrollados con programas de desarrollo productivo sustentable en los países

expulsores de migrantes incluyendo a los estados de la República mexicana que

tienen altos índices de desempleo y emigración.

La cooperación de Estados Unidos es obligada y México deberá modificar criterios

del pasado reciente donde solamente se operaba como país que realizaba tareas

de contención y control migratorio de acuerdo a la dinámica de las necesidades de

los Estados Unidos. El objetivo último es modificar el paradigma migratorio de

carácter policíaco y de criminalización por una nueva visión preventiva y de

opciones de desarrollo social.

Este trabajo propositivo no corresponde ni es parte de tesis para obtener algún

grado académico, tampoco es parte de instructivos o manuales

Marco Teórico .- Nuestro marco teórico parte de la idea de la urgente necesidad

de una Consulta Internacional para generar propuestas de solución a los

problemas que genera la transmigración, este ejercicio teórico-práctico debe reunir

a entidades gubernamentales, académicas, representantes de comunidades de

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migrantes y organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos, México y

Centroamérica para definir con amplia visión las realidades sociales e históricas

de la transmigración, que permitan una discusión genuina para acercar los

paradigmas y las hipótesis de investigación con las políticas públicas entre

académicos, funcionarios gubernamentales y actores sociales de los países

involucrados y enfocarlos a una propuesta integral de política pública de acuerdo a

nuestras prioridades regionales.

Hipótesis.- La vulnerabilidad de los transmigrantes centroamericanos en su paso

por México es también una situación que comparten los migrantes mexicanos. Es

la misma vulnerabilidad que tienen los migrantes mexicanos que intentan cruzar a

Estados Unidos y que pude observar en el tiempo que fui Cónsul alterno de

México en Tucson en la extensa frontera Sonora-Arizona donde los peligros están

presentes en el desierto en ambos estados y donde desde hace años operan

carteles de la droga y delincuencia organizada que intenta reclutar a los migrantes.

La prevalencia y dominio del paradigma de la economía de mercado implica

repensar muchos presupuestos ideológicos y de políticas públicas en toda la

región norteamericana y centroamericana. Esta realidad plantea la búsqueda de

compatibilidad de los modelos económicos con el desarrollo sustentable y con

equidad, que no es fácil armonizar e integrar. Es en este gran marco de referencia

donde se debe ubicar la reflexión sobre la urgencia de un profundo

reordenamiento de prioridades en distintos aspectos de la transmigración

centroamericana.

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Análisis y desarrollo del problema.- Las raíces de la migración mexicana y

centroamericana se origina en problemas estructurales de pobreza y

crecientemente se ha agregado el componente de la violencia e inseguridad. De

acuerdo con la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) la violencia provoca

desplazamientos de pobladores en los países del Triángulo del Norte

centroamericano, integrado por Honduras, Guatemala y El Salvador.

En el documento denominado "Desplazamiento forzado y necesidades de

protección por nuevas formas de violencia y criminalidad en Centroamérica" (4)

elaborado por ACNUR y el Centro Internacional para los Derechos Humanos de

los Migrantes (CIDEMUH) se analizan las principales causas del desplazamiento

en Centroamérica en el siglo XXI, entre ellas, el narcotráfico, el acoso y extorsión

de las pandillas (maras) y otros grupos criminales que operan a nivel local en cada

uno de estos países y a nivel transnacional.

En Centroamérica hay además una constante migración económica laboral por las

dificultades imperantes y la búsqueda de mejores niveles de bienestar. De

acuerdo con el estudio, el crimen organizado genera el mayor movimiento de

desplazados, lo que "se evidencia con mayor intensidad en los países del

Triángulo del Norte, lo que se refleja en el aumento de los índices de violencia

(homicidios y criminalidad)".

El crimen organizado ha aumentado su presencia y efectos negativos en

Centroamérica, lo cual se evidencia por medio de la extorsión, asesinatos,

reclutamiento forzoso, control estratégico de territorios. El informe mencionado

8

enfatiza en las necesidades de protección nacional e internacional para las

víctimas del crimen organizado.

En un palabra, no se trata solamente de violencia ejercida en territorio mexicano

contra los transmigrantes centroamericanos sino de una compleja red de

delincuencia organizada a nivel regional que no excluye la complicidad de redes

de tráfico y trata de personas establecidas o con ramificaciones en los Estados

Unidos y Centroamérica, donde se integran pandilleros, traficantes de drogas y

redes de prostitución de mujeres y menores.

"En el caso de Honduras las cifras son reveladoras, en 2011 tuvo una tasa de

homicidios de 86.5 por cada 100 mil habitantes, es decir la más elevada del

mundo, mientras en 2012, esta tasa apenas se redujo a 85.5 homicidios por 100

mil habitantes", señaló el estudio.

Los centroamericanos que solicitan protección internacional y reconocimiento

como refugiados suelen recurrir a Canadá, Estados Unidos, México, pero también

a otros países centroamericanos como Costa Rica y Panamá. No todos los

centroamericanos acosados por la violencia en sus países de origen buscan el

refugio en los países mencionados, muchos de ellos emprenden su travesía hacia

el norte, en especial hacia Estados Unidos, donde radican familiares y amigos que

ya se han establecido y que a través de redes sociales y familiares les orientan

para conseguir trabajo y establecerse de manera paulatina en EU. (5)

Una buena parte del flujo no logra ser acogido como refugiado y transita por

territorio mexicano sin contar con visa o papeles migratorios, esta situación los

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vuelve muy vulnerables ante organizaciones criminales de diversa índole como

traficantes de personas, tratantes de personas y narcotraficantes entre otros.

Además de que no se excluye a autoridades municipales, estatales y federales de

México que en ocasiones abusan de su poder frente al transmigrante o tienen

complicidad con el crimen organizado.

Varios estudios muestran que los transmigrantes intentan hasta una decena de

veces pasar a territorio estadounidense y en su travesía por México y su estancia

temporal en la frontera se vuelven victimas de tratantes de personas y crimen

organizado que busca reclutarlos para pasar droga a EU. Vale la pena señalar

que la violencia e inseguridad afecta también a amplias regiones de México y sus

habitantes.

Coincidimos con la académica Leticia Calderón Chelius, cuando ha señalado que

“los procesos nuevos en la migración mexicana, tanto nacional como internacional,

cuyo factor central es que son producto de la violencia que el país experimentó de

manera abierta a partir justamente del sexenio 2006-2012. Exilio, asilo,

desplazamiento forzoso, desarraigo, son, desafortunadamente, algunas de las

nuevas formas de movilidad humana que México experimenta y de las que es

imposible evadirse, por el contrario, es preciso dar cuenta cabal en este mapa de

lo migratorio mexicano” (6).

Debe reconocerse que nueva Ley de Migración de México en vigor desde mayo de

2011 y su reglamento publicado en noviembre de 2012, tenían la intención de

asegurar la protección de los derechos humanos de estos transmigrantes así

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como sus derechos a la educación y salud en su paso por México sin importar su

estatus migratorio.

Sin embargo, varios expertos en temas jurídicos han indicado que tanto Ley como

el reglamento tienen fallas y lagunas que podrían afectar su plena aplicación por la

carga de contenidos, extensión y profundidad que puede convertirse en letra

muerta (7).

Vale la pena citar de manera extensa la evaluación crítica que ha hecho la doctora

Leticia Calderón Chelius a la nueva Ley de Migración de México con algunos

comentarios de nuestra parte. La principal crítica radica en que la ley es un listado

de buenos principios que no conllevan acciones concretas.

Además, el Reglamento aprobado no es nada alentador ya que confirma la visión

de la Ley que a pesar de buenas intenciones resulta en una camisa de fuerza para

los transmigrantes y cualquier extranjero que transite o ingrese a territorio

mexicano. Calderón Chelius indicó que “la ley despertó, además, reacciones

negativas de parte de los grupos de la sociedad civil que han trabajado durante

años con los migrantes en México, principalmente por los siguientes aspectos (8):

1.- Contrario al espíritu de su exposición de motivos, en su propuesta de artículos

ofrece crear una policía fronteriza que depende del Ministerio Público, lo que

mantiene un nivel de control policiaco de los flujos migratorios.

2.- Aunque se habla de crear un sistema de profesionalización y certificación de

personal de migración a través de un Centro de Evaluación y Control de

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Confianza, no se establecen elementos para generar un espacio confiable que

permita efectivamente generar una profesionalización de sus cuadros.

3.- Para muchos grupos de derechos humanos, ofrecer nuevos tipos de visados

sin incluir una visa de tránsito no resuelve el verdadero problema de la migración.

Los artículos 34 y 47 de dicha ley invalidaron totalmente la discusión y el análisis

sobre el posible permiso de tránsito, eliminando toda posibilidad de cualquier tipo

de estatus migratorio para la población transmigrante. Esta situación preserva la

invisibilidad de los migrantes de paso, que son los más vulnerables frente al

crimen organizado y las propias autoridades.

4.- El aspecto más crítico de la nueva ley es que no desaparecen los operativos ni

las verificaciones domiciliarias sin orden judicial, lo que permite mantener la

discrecionalidad de las autoridades para abusar e intimidar a los migrantes.

Además, permite el desarrollo de operativos de control migratorio en lugares

distintos a los destinados al tránsito internacional para comprobar la situación

migratoria de los extranjeros.

5.- Se mantiene el control discrecional para permitir la entrada a los defensores de

los migrantes en los Centros de Detención, como un acto necesario, a fin de dar

cauce legal a su detención y eventual libertad. Además, la nueva ley no menciona

límites precisos para que la detención no constituya una medida desproporcionada

—plazos que exceden a los legalmente permitidos por la Carta Magna—, por lo

que no se contemplan programas de alternativas a la detención, que configurarían

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una opción más equilibrada a fin de dar cumplimiento al interés legítimo del

Estado.

6.- Pese a la mención de derechos humanos como parte del léxico de la nueva

ley, se ha insistido en que no hay una visión de género efectivamente transversal y

la inclusión de normas básicas respecto de la niñez, tópico de especial interés

para los distintos grupos que trabajan el tema en México y que ven con

preocupación el incremento del flujo de niños y niñas no acompañados en el

proceso migratorio contemporáneo.

7.- Un punto que destaca entre las críticas es la incapacidad del Estado para

generar verdaderos mecanismos de diálogo, intercambio y recepción de las

propuestas de parte de los grupos de la sociedad civil organizada hacia la ley, y

posteriormente al reglamento, sobre todo cuando muchas de esas organizaciones

hacen gran parte del trabajo que las mismas autoridades acaban delegando.

8.-Finalmente, contrario al argumento de que la ley de migración promulgada en

México ofrece un marco legal de avanzada y ejemplar incluso a nivel mundial, se

precisa que la propia ley no considera algunos de los elementos básicos de la

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los

Trabajadores Migratorios y sus Familias, aprobada por México en 1990, ratificada

en 1999, y en vigor a partir de 2003, que incluye el derecho al trabajo, el bienestar

social y, principalmente, el reconocimiento de la condición política de los sujetos

migrantes a través de sus derechos políticos, que en la nueva ley ni siquiera se

mencionan.

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En resumen, los puntos que despertaron polémica en cuanto apareció la nueva

Ley de Migración y que iniciaron un amplio debate sobre la misma fueron:

Mantener un lenguaje inclusivo y homologar términos. Preservar en todo el

documento un enfoque de género, además de hablar específicamente de niñas,

niños y adolescentes migrantes” (9). (Fin de la cita del trabajo de la Dra. Leticia

Calderón Chelius).

La clave para solucionar el problema de transmigración indocumentada descansa

en generar opciones de empleo digno y seguridad en sus países de origen y lograr

que un porcentaje de estos transmigrantes que tienen cónyuges, padres y

familiares en EU, se beneficien de una reforma migratoria estadounidense que

permita la reunificación familiar, y en estos casos, México deberá promover visas

humanitarias a los transmigrantes que tienen amplia posibilidad de regularizar su

situación legal en EU.

Aunque presentan muchas similitudes los procesos de transmigración de

guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, cada país tiene sus particularidades.

En el caso de El Salvador, la investigadora Mariana Flores Castillo de la

Universidad Autónoma de Zacatecas ha escrito que “en el Salvador, donde la

migración laboral internacional ha llegado a ser un fenómeno significativo, las

raíces de este proceso pueden encontrarse en el siglo XIX. En ese tiempo los

flujos de trabajo fueron diferenciados por clases sociales.

Por ejemplo, los primeros migrantes que llegaron al Área de la Bahía de San

Francisco tendieron a ser la élite de la sociedad salvadoreña, mientras que

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aquellos involucrados en las migraciones para las cosechas de café eran

campesinos. Durante las décadas de los sesenta y setenta, los flujos migratorios a

los Estados Unidos fueron conformados por un grupo relativamente pequeño de

migrantes quienes establecieron la base de las redes sociales que posteriormente

servirían de apoyo para los nuevos migrantes”. Flores Castillo señala que muchos

de estos migrantes en los Estados Unidos son residentes permanentes o

ciudadanos, y esto hace que las nuevas migraciones se den dentro de estructuras

legales establecidas.

En nuestro criterio, existe una dualidad en el actual proceso migratorio: parte de

las nuevas migraciones tienen estructuras legales previas pero una parte del

nuevo flujo en los últimos quince años, depende de “coyotes o traficantes de

personas” ya que muchos de los migrantes no cuentan con visa ni vínculos de

familiares legales en Estados Unidos. La región de la Bahía de San Francisco

incluye grandes ciudades como San José, San Francisco y Oakland, junto con

áreas urbanas y rurales más pequeñas. En su totalidad, el Área de la Bahía

consiste aproximadamente por siete mil millas cuadradas, superficie conformada

por nueve condados y 101 ciudades. Los nueve condados son Alameda, Contra

Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano y Sonoma.

Flores Castillo puntualiza que “para la década de los ochenta, la guerra civil

desarraigó a miles de salvadoreños. Muchos huyeron de las áreas rurales al país

vecino de Honduras mientras otros buscaron el refugio y el anonimato en áreas

urbanas. Aquellos que contaron con los medios se dirigieron a los Estados Unidos

en cantidades sin precedentes. Las restricciones crecientes para entrar a Estados

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Unidos contribuyeron al crecimiento de una estructura de viaje paralela que

requerían grandes sumas de dinero pagadas a los coyotes o polleros, esta

industria actualmente maneja gran parte de la migración indocumentada hacia los

Estados Unidos”.

Hoy en día es poco claro el número de salvadoreños indocumentados en Estados

Unidos, según las cifras derivadas de las detenciones realizadas por el INAMI en

nuestro país 9,981 salvadoreños intentaron llegar a los Estados Unidos entre

enero y diciembre del 2009, pero estas cifras son poco confiables ya que están

basadas en las detenciones realizadas, pero no en el tránsito real.

En el cuadro que presenta la investigadora Flores Castillo sobre eventos de

devolución/expulsión y repatriación de México según nacionalidad

centroamericana en el período 2004-2009 de acuerdo con Instituto Nacional de

Migración de México, el año con mayor número de migrantes centroamericanos

regresados desde México fue 2005 con un total de 226, 205 personas, sumando

expulsiones y repatriaciones voluntarias, en 2009 esta cifra disminuyó a 61, 525

personas devueltas a sus países de origen (Guatemala, Honduras, El Salvador y

Nicaragua).

Fuente: http://rimd.reduaz.mx/ponencias_flacso/PonenciaMarianaFlores.pdf

La recesión en los Estados Unidos ha influido en el menor flujo de migrantes

mexicanos y centroamericanos hacia la frontera norte de México entre 2008 y

2012 pero las razones y factores son muchos para explicar los altibajos de los

flujos migratorios.

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El incesante aumento de la violencia ejercida en México –tanto por grupos

delictivos como por autoridades federales y estatales– en el período 2007-2012

contra los migrantes centroamericanos, fue la principal causa del aumento en las

repatriaciones de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses que

transitaban por México en esos años, en busca del cada vez más lejano sueño

americano. “La ruta se ha convertido en algo mucho más complejo de lo que antes

era, por lo que muchos de los migrantes desisten y, voluntariamente, piden que los

repatríen”, explicó en entrevista con el blog “Desinformémonos” la defensora de

los derechos humanos, Martha Sánchez, del Movimiento Migrante

Mesoamericano. No debe subestimarse la vulnerabilidad y riesgo de los migrantes

mexicanos que transitan del sur al norte de nuestro país y la creciente peligrosidad

del cruce hacia los Estados Unidos donde se combina la política estadounidense

de sellar la frontera con muros y tecnología sofisticada y la presencia de bandas

de delincuencia organizada que opera en la región fronteriza extorsionando a los

migrantes y obligándolos a transportar droga hacia Estados Unidos.

Debe recordarse que en agosto de 2010, 72 migrantes centroamericanos en su

mayoría, fueron asesinados en San Fernando, Tamaulipas, México. La alta

vulnerabilidad de los transmigrantes centroamericanos y de cualquier nacionalidad

se origina en varios factores: la inmensa mayoría de ellos viajan sin documentos,

sujetos a los “coyotes” o “polleros” que son traficantes de personas que de manera

creciente tienen vínculos con el crimen organizado relacionado con el tráfico de

drogas y otros delitos como trata de personas. No debe minimizarse la cada vez

17

mayor presencia de las pandillas o “maras” centroamericanas en territorio

mexicano.

Incremento de los flujos migratorios centroamericanos hacia Estados

Unidos (10)

El propósito de llegar a Estados Unidos se acentuó desde mediados de la década

de los ochenta, como consecuencia de la agudización de los conflictos armados

en Centroamérica. El incremento de estos flujos continuó en los años noventa y

posteriores con algunas variaciones hasta llegar a un máximo histórico en 2005,

no obstante de haberse firmado los acuerdos de paz y de finalizar la guerra civil en

El Salvador y Guatemala en 1992 y 1996, respectivamente.

• El volumen de la migración centroamericana de tránsito irregular por México

hacia Estados Unidos se puede estimar de manera indirecta por la suma de tres

grupos: (a) los retenidos por las autoridades migratorias mexicanas (50-55%); (b)

los retenidos por las autoridades migratorias estadounidenses en la zona

fronteriza con México (25-30%) y; (c) aquellos que lograron entrar y residir en

Estados Unidos después de haber cruzado de manera irregular el territorio

mexicano (15-20%).

• La migración centroamericana de tránsito irregular por México muestra una

tendencia creciente desde 1995 a 2005. A partir de 2006 la tendencia cambia a la

baja, y se observa una reducción del orden de 70% en el periodo 2005-2010, al

pasar de 433 mil a 140 mil eventos entre ambos años. Se hace referencia a

eventos porque una persona puede transitar por México con destino a Estados

18

Unidos en más de una ocasión durante el mismo año. Durante 2009 y 2010 los

flujos parecen estabilizarse.

• La interacción de diversos factores explican la tendencia decreciente de estos

flujos en los últimos años, es decir, no tendrían el mismo efecto si se hubieran

presentado en diferentes momentos. Entre éstos destaca, la desaceleración y

crisis económica de Estados Unidos, así como el mayor control migratorio por

parte de ese país en su frontera sur y en el interior de su territorio, tomando en

consideración que la estrategia de México de retención de estos flujos migratorios

a lo largo del país, no ha cambiado sustantivamente.

• Otros factores que han cobrado importancia en los últimos dos años e impulsan

esa tendencia a la baja, es la creciente inseguridad en México en particular en la

zona norte y la mayor vulnerabilidad a que están expuestos los migrantes, ante la

violencia ejercida en su contra por parte del crimen organizado durante su tránsito

por México, situación que incluye extorsiones, secuestros y hasta asesinatos. Si

bien es cierto que estos factores están incidiendo en la reducción de los flujos

migratorios irregulares, la experiencia internacional demuestra que mientras

existan incongruencias entre las políticas migratorias y los mercados de trabajo,

este tipo de migración seguirá existiendo y serán mayores los riesgos y costos

para esos migrantes.

• Ambos grupos, los migrantes retenidos por México y por Estados Unidos,

muestran una tendencia similar a lo largo de todo el periodo (1995-2010), aunque

las magnitudes son distintas y tienden a converger en los últimos años.

19

• Entre 1995 y 2004 México realizó seis aprehensiones por cada una de las

realizadas por Estados Unidos; para el periodo 2005-2008 la relación fue de dos a

uno; y para el periodo 2009-2010 fue de 1.5.

• Mientras los nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua,

constituyen entre 92 y 95% del total de los alojados en las estaciones migratorias

del INM entre 2006 y 2010 como ya se ha dicho, según los registros

estadounidenses, los centroamericanos representaron en estos años el 89% del

total de migrantes irregulares no mexicanos retenidos por la patrulla fronteriza de

Estados Unidos en la zona de la frontera con México y solo el 7% del total, al

incluir a los migrantes mexicanos que son el gran volumen de la migración

irregular en esa frontera.

• Lo anterior nos indica que, además de la migración centroamericana de tránsito

irregular por México hacia Estados Unidos, también existen migrantes procedentes

de otros países en volumen muy inferior, que de igual manera utilizan a México

como territorio de paso para intentar llegar a Estados Unidos, mismos que pueden

haber llegado en forma irregular o documentada al país.

Algunos avances

Se han dado pequeños avances de carácter multilateral en los últimos meses ya

que legisladores de México, Centroamérica y del Caribe celebraron una reunión

interparlamentaria sobre migración en Washington la primera semana de junio de

2013, en medio del debate político en Estados Unidos sobre la reforma migratoria.

20

La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados

de México, Amalia García Medina señaló que se trató de una iniciativa del

Parlamento Centroamericano y del Consejo Parlamentario Regional sobre

Migración. Al foro asistieron los presidentes de las comisiones migratorias de El

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, así como de República

Dominicana y otros países caribeños. Hay señales alentadoras del nuevo

compromiso de México con Centroamérica al participar activamente legisladores

mexicanos en los foros interparlamentarios así como la mayor presencia de la

cancillería mexicana en la región a través de participación directa del Canciller en

organismos multilaterales regionales como el Sistema de Integración

Centroamericano (SELA) y reforzamiento de acuerdos bilaterales de cooperación

en diversos rubros.

Testimonio personal como funcionario de nuestra Embajada en El Salvador

Como vocero de la embajada de México en El Salvador en el momento de

responder a las manifestaciones de sindicatos, legisladores y organizaciones

sociales salvadoreñas pidiendo justicia para sus connacionales asesinados en

México, no fue sencillo construir una respuesta convincente de nuestra parte.

Mi percepción de las reacciones de los representantes de alto nivel del gobierno

mexicano ante la contundencia de los hechos violentos contra los transmigrantes

centroamericanos en Tamaulipas fue de una respuesta defensiva, de cierta

insensibilidad ante la tragedia y cierta incapacidad para asumir nuestra

responsabilidad.

21

Se reiteró de parte nuestra la respuesta de la “responsabilidad compartida” y las

propias autoridades del Instituto Nacional de Migración (INAMI) no lograron

articular un discurso creíble y meses después se generó un conflicto diplomático

de mayor envergadura al negar una declaración de autoridades salvadoreñas

sobre el presunto secuestro de transmigrantes de ese país en el sur de México.

Esta situación provocó una reacción tripartita de los tres países del Triángulo del

Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) que hizo crecer el conflicto y que no

fue acotado y manejado con cautela diplomática de parte nuestra y que influyó

para que no prosperaran con fluidez los grupos de negociación bilateral para el

diálogo sobre seguridad y migración de México con dichos países en los últimos

dos años de la administración federal pasada.

Recomendaciones y conclusiones.- Nuestras propuestas se unen a las

recomendaciones de diciembre de 2006 del Mtro. Rodolfo Casillas, (académico

mexicano que ha sido asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de El

Salvador) en su ensayo sobre Transmigración Centroamericana siguen siendo

válidas así como su diagnóstico:

“El conocimiento de las inmigraciones que vienen del sur sigue siendo un

conocimiento muy limitado en México. Más limitado es la masa crítica de

conocimiento especializado sobre los transmigrantes en el país. Dado que estos

flujos son de gran vigencia y continuarán formando parte de la agenda pública

nacional, es recomendable:

22

“Alentar y patrocinar la realización de estudios especializados sobre los distintos

flujos inmigratorios del sur. Ampliar el marco conceptual y de categorización a

efecto de contar con un espectro. Cambiar la concepción de que el transmigrante,

por el simple hecho de serlo, representa un peligro para la seguridad nacional del

país. Se necesita avanzar en la precisión conceptual y operativa de seguridad

nacional en los términos específicos de la migración internacional en México y su

vinculación con el sistema nacional de seguridad del cual forma parte el Instituto

Nacional de Migración de México, pero no se subsume en él. En ese contexto, se

precisa ubicar el lugar que corresponde al flujo transmigratorio, en particular el

centroamericano.

Promover la participación de las dependencias gubernamentales dedicadas a la

materia social, económica, cultural, laboral, educativa y salud, principalmente, en

el diseño y aplicación de programas de atención a la población inmigrante y

transmigrante en el país. Su participación actual es mínima e intermitente cuando

no inexistente. Esta deseable participación podría contrarrestar la excesiva, e

innecesaria, actuación de las instancias del orden público y el enfoque policial que

se ha venido imponiendo en el trato a los inmigrantes y transmigrantes

indocumentados.

Si bien la problemática migratoria internacional es responsabilidad federal, hay

efectos en los ámbitos estatales y locales que habría que coordinar. Hasta el

presente, esta coordinación ocurre de manera casi exclusiva con las de seguridad

pública que, en consecuencia con el punto anterior, no es suficiente y no siempre

la pertinente.

23

El Estado mexicano ha suscrito y ratificado convenios y convenciones

internacionales protectoras de los migrantes y sus familias, de sus derechos

humanos y su deseable vinculación con el desarrollo de las naciones. Sin

embargo, se requiere reforzar dichos esfuerzos a efecto de que esos compromisos

internacionales se conviertan en práctica diaria en suelo nacional, con sensibilidad

política y social de dichos fenómenos sociales. Fuente:

http://www.elfaro.net/templates/elfaro/migracion/vida.pdf

Estas recomendaciones de política pública que presenta el Mtro. Casillas

coinciden plenamente con nuestras propuestas. Coincidimos con él de que:

“Debe reconocerse que están en curso algunos mecanismos de consulta y

colaboración a nivel federal con organismos de la sociedad civil dedicados a la

migración internacional y los derechos humanos.

Debe revisarse y actualizar el esquema de colaboración de las delegaciones

regionales de migración con los consejos consultivos locales, en particular en

aquellos sitios de mayor número de aseguramiento y en donde por carecer de

instalaciones propias, la delegación envía a los asegurados a cárceles locales,

lugar inadecuado para aquéllos. Favorecer el clima de colaboración, confianza y

respeto en particular con los albergues y su personal humanitario.

Deben establecer mecanismos específicos con dichos organismos para el registro

y atención de las violaciones de los derechos humanos de los migrantes, por

delegación regional, así como los correspondientes medios de difusión de los

logros obtenidos en la materia.

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Alentar a los organismos civiles a acudir a las distintas fuentes de financiamiento y

coinversión social disponibles, sean patrocinadas por el gobierno federal,

organismos internacionales y otros. Esa sería una manera práctica e inmediata de

establecer, o fortalecer según sea el caso, la labor concertada entre autoridades y

organismos civiles, a la vez que apuntalar el trabajo humanitario que se realiza en

la sociedad con los migrantes internacionales”.

Comentario final

Debe destacarse que el presidente de México, Enrique Peña Nieto tiene una

nueva propuesta de estrategia de combate a la delincuencia organizada, que da

un giro de 360 grados con respecto a la aplicada en el sexenio pasado por el

expresidente Calderón.

De las acciones y objetivos delineados se deduce que el eje de la estrategia será

el énfasis que se pondrá en materia de prevención social, aunque ello no anule de

facto formas coercitivas para atacar la delincuencia, a la que, muy probablemente,

se sume la acción ciudadana. No se trata solamente de un cambio de estrategia

contra la delincuencia, se trata de repensar el modelo de desarrollo, de enfocar las

necesidades de las zonas de expulsión de migrantes y mejorar sustancialmente

las condiciones de vida de campesinos, indígenas y pobres de las ciudades.

Es alentador que las propias autoridades migratorias de México hayan reconocido

que “el problema de la violencia y violaciones a los derechos humanos de los

migrantes rebasó al país”, señaló el jefe de la Unidad de Política Migratoria, de la

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Secretaría de Gobernación (Segob), Omar de la Torre Mora, de acuerdo a nota del

diario mexicano El Economista del pasado 10 de abril de 2013.

En dicha nota periodística citada, se indica que en la presentación del informe “Ser

migrante no me hace delincuente” de la organización Sin Fronteras, se detalló que

el tema de la situación migratoria se abandonó en el país y llegó a dimensiones no

imaginadas... por otro lado, el informe revela que los tratos crueles, degradantes y

tortura hacia las personas migrantes en los centros de detención de las estaciones

migratorias identificadas en el pasado, persisten”.

En la misma nota se puntualiza que “la subcoordinadora de Acompañamiento

Psicosocial de Sin Fronteras, Carolina Carreño, informó que las principales

problemáticas que encuentran las personas migrantes en detención son la falta de

información, imposibilidad de representación legal gratuita, dificultad para los

abogados para entrar a las estaciones, insuficiente actividad deportiva y poco

contacto con el mundo exterior”.

La investigación incluyó entrevistas a detenidos en las estaciones de de

Iztapalapa, Distrito Federal, Tenosique y Villa Hermosa, Tabasco; mismas que

revelaron daños psicológicos en las personas. La población entrevistada reportó

un cambio de ánimo a partir del ingreso a las estaciones migratorias, dijeron estar

tristes, deprimidos, desanimados, ansiosos, nostálgicos y aburridos.

Los efectos positivos como manifestar estar tranquilos y relajados se presentó en

una menor proporción, lo que demuestra afectaciones a la salud mental el encierro

al que son sometidos.

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El documento, concluye que algunas reformas legales, han provocado que se

genere una regresión en la protección de los derechos humanos de las personas

extranjeras. El texto destaca la elevación a rango constitucional de la disposición

de la detención administrativa migratoria y el aumento de la temporalidad de la

detención administrativa migratoria a personas extranjeras de 15 hasta 60 días

hábiles (11). (Fuente: “Maltrato a migrantes, rebasó al país” reportaje de Ana

Langner en El Economista, México, DF, 10 de abril de 2013).

Bibliografía utilizada

1.- Este trabajo está inspirado en las investigaciones del Mtro. Rodolfo Casillas

Ramírez en especial en su ensayo “Una vida discreta, fugaz y anónima: Los

Centroamericanos Transmigrantes en México”. México, Flacso, 2006.

2.- Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. www.PND-

Mexico2013-2018conIntroduccion.pdf

3.- Apartado 1 “Un México en Paz” del PND 2013-2018, documento citado.

4.- Véase: “Desplazamiento Forzado y Necesidades de Protección, generados por

nuevas formas de Violencia y Criminalidad en Centroamérica” ACNUR-CIDEHUM,

mayo de 2012.

http://www.cidehum.sitew.com/fs/Root/8svj6Informe_CIDEHUM_Desplazados.pdf

5.- Documento “Desplazamiento Forzado..” citado.

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6.- Véase: “Cambios en la agenda migratoria: entre el nuevo marco jurídico y la

nuevas formas de migración en México.

7.- Ver editorial “Migración: un modelo para armar” de revista IDC del 31 de

octubre de 2012, p. 2, publicación del Grupo Editorial Expansión, México, DF

8.- Dra. Leticia Calderón Chelius, “Cambios en la agenda migratoria: entre el

nuevo marco jurídico y la nuevas formas de migración en México” en libro “México

ante los recientes desafíos de la migración internacional”, Coordinadores Telésforo

Ramírez García y Manuel Angel Castillo. México, CONAPO-SEGOB,

9.- Calderón Chelius, en “México ante los recientes desafíos de la migración

internacional” Op Cit. Enlace a ensayo de Dra Calderón en:

http://www.academia.edu/4103629/Cambios_en_la_agenda_migratoria_entre_el_n

uevo_marco_juridico_y_la_nuevas_formas_de_migracion_en_Mexico

10.- Véase: Apéndice: sobre el proceso de migración centroamericana de tránsito

irregular por territorio de México en los últimos 20 años. Fuente:

http://www.inm.gob.mx/static/Centro_de_Estudios/Investigacion/Avances_Investig

acion/APUNTES_N1_Jul2011.pdf

11.- “Maltrato a migrantes, rebasó al país” reportaje de Ana Langner en El

Economista, México, DF, 10 de abril de 2013). Veáse también CIMAC Noticias del

10 de octubre de 2013: “Personal de migración estigmatiza a centroamericanas”.

http://cimacnoticias.com.mx/node/64620