Dossier de Prensa ULPGC

Domingo, 28 de Julio 2013

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“Estamos sacando de donde no hay para poder mantener a toda la plantilla”

Justo Artiles Sánchez, gerente de la Universidad de La Laguna (ULL). / SERGIO MÉNDEZ

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Licenciado en Económicas y máster MBA, Justo Artiles Sánchez llegó en junio de 2011 a la Gerencia de la Universidad de La Laguna (ULL), tras ser jefe de servicio en el área de Recursos Humanos del Hospital de la Candelaria, donde se encargó de coordinar los proyectos estratégicos de gestión. Con ese bagaje, Artiles afrontó la difícil tarea de ajustar el presupuesto de la institución académica a la época actual, marcada por la crisis y los recortes. Dos años después, su gestión le avala.

-La semana próxima se vuelve a producir el cierre temporal de la universidad, como ya ocurrió en Navidad y Semana Santa. ¿Han cuantificado ya cuánto suponen estos cierres para las arcas de la universidad?

“Ya hemos hecho una primera valoración de lo que supone en términos contractuales la suma de los cierres de los periodos de Navidad, Semana Santa y agosto, y estaríamos hablando de un ajuste de costes, fundamentalmente en los contratos de limpieza y seguridad, de unos 750.000 euros anuales. Sobre todo porque la suma de estos tres periodos de inactividad permiten negociar una anualidad de 10,5 meses, en lugar de 12. Respecto a otra fuente de ahorro, que serían los suministros de luz y agua, estamos esperando a este periodo de cierre en agosto para ver cuánto es el ahorro, porque están produciéndose continuas subidas tarifarias, que obstaculizan nuestros objetivos”.

-Teniendo en cuenta la cantidad que se ahorra, supongo que esta medida se mantendrá durante los próximos ejercicios, ¿no?

“Sí. Mi intención es que mientras continúen los recortes presupuestarios, estas medidas sigan aplicándose. Ha sido una materia de negociación con el personal bastante sensible, porque entre otras cosas se les obliga a que cojan las vacaciones en agosto, y en su momento fue una negociación dura. Pero todo el mundo es consciente de la situación que estamos viviendo, porque a nadie se le escapa la magnitud de esta crisis. Por eso, entiendo que mientras los recortes continúen, habrá que seguir con esta medida y con el resto de medidas de ajuste que venimos aplicando”.

-A pesar de todo, acaban de recibir una buena noticia, como ha sido la sentencia del TSJC sobre el contrato programa. ¿Qué impacto puede tener, a nivel presupuestario y a corto plazo, para la entidad?

“Indiscutiblemente, estamos satisfechos, aunque no fue plato de buen gusto tener que impulsar el recurso, porque hubo un intento inicial de acercamiento con la Consejería, porque entendíamos que la supresión unilateralmente de un contrato firmado no era legal, como así han dictado los tribunales. Me imagino que el Gobierno canario utilizará los cauces y medidas que estimen oportunos, por lo que a corto plazo no se harán efectivos estos derechos de cobro. Pero nosotros vamos a seguir humildemente en la misma línea, y cuando el entramado judicial se resuelva, esa financiación será bien recibida”.

-En ese contrato programa, una de las prioridades eran las infraestructuras, especialmente en el caso de la Facultad de Bellas Artes…

“Sin duda. Nosotros tenemos una ‘patata caliente’ a muy corto plazo. Desde el mes de febrero venimos negociando con las consejerías de Educación y Hacienda, porque parar la obra nos costaría unos cinco millones de euros. Sin embargo, finalizarla parcialmente para dar docencia, nos costaría cerca de seis millones. Sobre ese dilema, negociamos con ambas consejerías la propuesta de financiar la obra con los recursos propios de la universidad, utilizando el cien por cien del superávit del año pasado, por un valor de 1.450.000 euros; y una dotación que tendría que venir de la Comunidad Autónoma de 3.700.000 euros. Esto es lo que se ha planteado. La Consejería de Hacienda se mostró receptiva, porque ha visto que para nosotros es una prioridad absoluta, sobre todo porque si la obra se para luego puede costar más de nueve millones finalizarla. Estamos a la espera de ver cómo se concreta la relajación del objetivo del déficit, para ver el margen de financiación que tiene la comunidad, para lograr esos tres millones y poder finalizar la obra”.

-Los plazos de esa decisión cada vez son más cortos…

“Cierto. Y las condiciones en las que están los estudiantes son cada vez peores, porque la infraestructura está muy mal, aunque estos alumnos están pagando las mismas tasas que el resto. Hay una urgencia que hay que afrontar, y creemos que con este planteamiento de financiación debe ser factible, para que en el curso 2014-2015 pueden recibir ya las clases en la nueva facultad. La decisión no puede ir más allá del mes de septiembre, porque nosotros también debemos darle un planteamiento de viabilidad a la empresa constructora, porque si no, no continuarán con la obra. Por normativa, además, el remanente del curso pasado debe ser utilizado en el ejercicio siguiente, y ya contamos con el visto bueno del Consejo de Gobierno y el Consejo Social. Hemos hecho nuestros deberes, y sería una situación muy complicada si luego no nos dan esos 3,7 millones”.

-Teniendo en cuenta esta situación y el escaso margen de financiación de la región, ¿en qué términos se moverá el próximo presupuesto de la Universidad de La Laguna?

“Sinceramente, a día de hoy no nos han adelantado cómo va a ser el panorama financiero del próximo año. Fuimos de los primeros que concretamos un plan de ajuste, con unas medidas que vamos aplicando paulatinamente, y una hoja de ruta de la que no nos vamos a salir. Tenemos un nivel cero de reposición del personal que se jubila, con todo lo que ello supone. Por eso, entendemos que la escalada de recortes que ya va para seis años, y que nos ha supuesto más de 30 millones de euros menos, no puede continuar. Máxime cuando hay otro nivel de incertidumbre, como son la disminución de las matrículas por la subida de tasas y la reducción de las becas. Estamos a la espera de conocer cuál va a ser el panorama financiero, y en función de eso tendremos que actuar, pero el margen de ajuste se va agotando”.

-En esa línea está el proyecto de fusión de centros y departamentos de la institución académica…

“Así es. Esa posible reducción de las facultades a nueve supone prepararnos para lo que pueda venir. Pero sería una situación muy complicada si viniera un nuevo recorte de la misma magnitud que la del presente ejercicio, que estuvo en unos 10 millones de euros”.

-Ese margen, además, supondría el tener que tocar a la plantilla, como ha dicho en varias ocasiones el rector Eduardo Doménech…

“Exactamente. Ya estamos sacando punta al lápiz, sacando de donde no hay, para seguir manteniendo la plantilla, pero si viene un nuevo recorte no lo podremos soportar. Las tasas cada vez son más altas, por lo que debemos dar más servicios a los alumnos que las pagan, y ofrecer una cartera de titulaciones actualizada, conforme a las necesidades que tiene el mercado. Y lo tenemos que hacer con 30 millones de euros menos, y esto tiene un límite. Por eso, espero que el panorama de 2014 sea más llevadero, como dicen los expertos en la materia”.

-Quizá haya que acudir a nuevas fuentes de financiación, máxime cuando cada vez se dispone de menos fondos propios…

“Tenemos mucho miedo con el tema de las matrículas, porque la subida de tasas ha provocado que muchas familias no puedan asumirlas. Sobre todo si tenemos en cuenta que en Canarias estamos en una tasa de paro del 30%. Y creo que el efecto en el descenso del número de alumnos se consolidará en dos o tres años, sobre todo porque el panorama de las becas también empeora”.

La ULL estudia la automatrícula escalonada por centros para 2014 eldia.es, Santa Cruz de Tenerife

Unos 5.600 estudiantes se matricularon el lunes en la Universidad de La Laguna pese a los problemas sufridos por el proceso de inscripción "on line". La dirección de la ULL dio explicaciones este martes al Consejo de Gobierno sobre los problemas experimentados por el sistema durante el primer día de formalización de la matrícula.

La vicerrectora de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Rosa María Aguilar, planteó como posible solución para el próximo curso la automatriculación escalonada por centros, ya que el problema se produjo porque más del 70% de los estudiantes que entraron al mismo tiempo se fueron a tan solo tres carreras. Los bloqueos entre ellos hicieron que el sistema no pudiera atender estas demandas.

Con todo, Aguilar aseveró que una cifra tan elevada de matriculados como se registró el lunes hubiera sido imposible de forma presencial.

El secretario general de la institución académica, Juan Rodríguez Calero, señaló que este es el primer curso en el que los dos procesos de preinscripción y matrícula son absolutamente telemáticos. Así, el 11 de julio se produjo la matrícula de los estudiantes de nuevo ingreso que consiguieron plaza en primera opción, y durante el resto de mes se atendió la inscripción de los alumnos con plaza en segunda, tercera lista y en cualquier preferencia.

El lunes se abrió la matrícula los 22.000 alumnos restantes, es decir, aquellos que se matriculan en segundo o sucesivos cursos. El sistema estaba preparado para atender a 900 alumnos a la vez. Una vez abierta la matrícula a las 9 horas, viendo que el ritmo de matriculación iba lento y que llegó a colapsarse, se decidió sacar a los alumnos del sistema, para atender a 350 estudiantes simultáneamente y garantizar el éxito del proceso.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la ULL dio su visto bueno al uso del remanente no afectado o superávit de la Universidad de La Laguna con destino a la financiación parcial de la obra de la Facultad de Bellas Artes. Así, por un total de treinta votos a favor y dos abstenciones, el órgano colegiado, reunido en la sala de juntas de la Facultad de Derecho, refrendó el uso de 1.450.000 euros para continuar la obra, ubicada en el campus universitario de Guajara. Las autorizaciones posteriores de Consejo de Gobierno y Consejo Social se remitirían a la Consejería de Hacienda, instancia ésta última cuyo refrendo es preceptivo para su puesta en marcha.

El gerente de la institución, Justo Artiles, explicó que el remanente no afectado no es una medida de beneficio, como podría darse en una empresa privada, sino una medida que permite no incurrir en déficit y que procede de la gestión ordinaria de ahorro y contención del gasto por parte de la universidad.

El rector añadió que se precisarían 3.700.000 euros más para finalizar la obra de forma parcial, lo que permitiría habilitar las

zonas de docencia y, por tanto, el traslado eventual de la facultad. Esta cantidad tendría que aportarla la Consejería de Educación

o permitir el endeudamiento de la propia universidad, quien está a la espera de la decisión que tome el ejecutivo y que espera

conocer a finales de este mes.

El decano de Bellas Artes, Alfonso Ruiz, añadió por su parte que su centro debería haberse trasladado al nuevo edificio desde

hace dos años, tiempo desde el que cuenta con dos nuevas titulaciones: Diseño y Conservación y Restauración de Bienes

Culturales, cuyos alumnos han estado recibiendo sus clases en diferentes centros y de forma provisional, lo que atenta a la

calidad de la docencia y pone en riesgo la satisfacción de los alumnos.

Relacionado con este punto, el rector informó de la demanda interpuesta por la Universidad de La Laguna por el incumplimiento

del contrato programa, que ha sido fallada recientemente a favor del centro académico. Así, se ha reconocido la obligatoriedad

del ejecutivo regional de conceder a la universidad más de 13 millones en inversiones y 12 millones más en funcionamiento

ordinario.

Existen otros 16 millones más reclamados, pero sobre los que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dice que no están

suficientemente acreditados, cantidad que el centro docente reclamará ahora debidamente. “Esto nos permite acabar

completamente las obras que están en marcha, es decir, Bellas Artes y la segunda fase de Informática, al tiempo que también

podríamos hacer frente a cualquier otra contingencia”, aclaró el rector, Eduardo Doménech.

El rector informó que parece que el Gobierno de Canarias lo va a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, “por lo que no es

probable que tengamos esa financiación de forma inmediata”, aventuró. Con todo, este tribunal resolvió la reclamación de la

Comunidad de Madrid frente a la Universidad Complutense en menos de un año, lo que probablemente suceda en los mismos

términos de tiempo.

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CCOO calcula que en un año se han 'recortado' casi 4.500 docentes e investigadores universitarios La "salvaje política de recortes" ha provocado que, entre enero de 2012 y de 2013, haya 1.655

trabajadores de administración y servicios menos en la universidad pública

EFE Madrid

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha calculado un descenso de 5.976 empleos en las universidades públicas en un año al comparar los datos de enero de 2012 y enero de 2013 del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

En un comunicado, el sindicato precisa que se han perdido 4.321 docentes e investigadores (PDI) y 1.655 miembros de personal de administración y servicios (PAS), lo que atribuye a una "salvaje política de recortes".

En enero de 2012, los empleados públicos de las universidades eran 154.881 en total, de los que 100.511 pertenecían al grupo de PDI y 54.370 eran PAS, según CCOO, que se basa en los boletines que publica el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Un año después eran 148.905 empleados públicos universitarios: 96.190 de PDI y 52.715 de PAS. El sindicato aclara que el PDI incluye personal contratado a tiempo completo y parcial.

Esta reducción de personal coincide, asegura CCOO, con un incremento del 24,3 % del alumnado que se presentó a la selectividad entre 2008 y 2011. No obstante, la disminución del personal y el aumento del alumnado presentan "fuertes diferencias" por comunidades autónomas y universidades. "Los problemas más urgentes de los campus siguen siendo su insuficiente financiación y las nefastas políticas de ajuste de personal impuestas en las leyes de presupuestos estatal y autonómicas", dice el sindicato.