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IndiceLos orígenes que dieron forma al actual Ministerio de Justicia datan del 1 de febrero de 1837, durante la Presidencia

de José Joaquín Prieto.

Bajo el nombre de Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública tuvo como su primera autoridad -aunque encarácter de interino- al destacado político chileno Diego Portales y Palazuelos. Posteriormente, en junio de ese mismoaño, asumió en calidad de titular el abogado Mariano Egaña, autor de la Constitución de 1833.

En 1887, y hasta fines del siglo XIX, esta secretaría de Estado pasó a llamarse Ministerio de Justicia e InstrucciónPública, al desligarse del Ministerio de Culto. Recién en julio de 1899, con la dictación de la Ley 1.297, se separandefinitivamente los ministerios de Justicia y de Instrucción Pública.

l año 1927 se dictó la ley el DFL 7.912, que dio vida a nueve ministerios: Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda,Educación Pública, Justicia, Guerra, Marina, Fomento y Bienestar Social. Este decreto rigió al Ministerio de Justiciahasta el 22 de mayo de 1980, fecha en que se publicó el Decreto Ley Nº 3.346, que fijó la Ley Orgánica de la cartera.Posteriormente, el 23 de enero de 1981, entró en vigencia su actual reglamento orgánico.

El edificio que ocupa desde 1989 el Ministerio de Justicia, en Morandé 107, frente a la Plaza de la Constitución yvecino a La Moneda, es obra del arquitecto chileno Ricardo González Cortés.

Construido en 1928, consta de doce plantas y fue originalmente la sede de la Caja del Seguro Obrero. Como tal sele asocia a uno de los acontecimientos más trágicos de la política nacional, al ser escenario el 5 de septiembre de1938 de la matanza de medio centenar de jóvenes del Movimiento Nacional Socialista de Chile, que se oponía algobierno de Arturo Alessandri Palma y apoyaba la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo.

Reseña histórica

Reseña histórica

Saludos del Ministro de Justicia,Felipe Bulnes Serrano

Los tres ejes de la justicia del futuro

Justicia del Bicentenario

Gendarmería de Chile

Servicio de Registro Civil e Identificación

Servicio Médico Legal

Servicio Nacional de Menores

Defensoría Penal Pública

Corporaciones de Asistencia Judicial

Superintendencia de Quiebras

Saludos de la Subsecretaria de JusticiaPatricia Pérez Goldberg

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Saludos del Ministro de Justicia

Felipe Bulnes Serrano

La celebración de nuestro Bicentenario coincide con profundas transformaciones en el ámbito de la Justi-cia. Así, durante los últimos años se han dado importantes pasos, como la implementación de un nuevosistema de Justicia Penal, la modernización de la Justicia Laboral, la creación de una nueva Justicia deFamilia, y una serie de otras reformas, que en su conjunto han permitido ponernos al día con muchas de lasdeudas que teníamos con el siglo XX.

Sin embargo, nos corresponde ahora proyectarnos hacia el siglo XXI, lo que nos exige continuar en la sendade las reformas, perfeccionar los avances alcanzados y también, enfrentar realidades acuciantes que nopueden seguir esperando.

En este sentido, tarea prioritaria que enfrentamos es resolver la grave situación carcelaria que afecta anuestro país, ya que los niveles de hacinamiento alcanzados durante los últimos años comprometen seria-mente la dignidad de los reclusos y hacen especialmente difíciles los planes de rehabilitación y reinserción.Tenemos que mejorar con urgencia esta realidad, al tiempo que cimentar todo un régimen de sanción penaldonde las medidas alternativas a la prisión tengan mucho mayor protagonismo que la cárcel.

Asimismo, estamos abocados a gestar una nueva Justicia Civil, que coincide con ser la gran modernizacióntodavía pendiente. Resulta imperativo modificar la legislación que nos rige desde el año 1902 e implementarprocesos ágiles, orales, con presencia permanente del juez y en que las soluciones demoren poco tiempo ysean fácilmente comprensibles

.También queremos dar pasos decisivos en pro de mejorar las condiciones de acceso a la justicia. Para ello,estamos convencidos de la necesidad de crear una institucionalidad jurisdiccional cercana, como lo son lostribunales vecinales, y fortalecer la asistencia jurídica gratuita para quienes carecen de recursos, reforman-do las Corporaciones de Asistencia Judicial.

Asimismo, se impone mejorar la institucionalidad penal adolescente y sus redes de apoyo, recoger la expe-riencia que estos diez años han arrojado en lo que se refiere a la nueva Justicia Penal y, en general, apoyarcon decisión aquellas reformas que contribuyan al fortalecimiento y modernización de nuestro Poder Judi-cial.

El Bicentenario nos hace estar especialmente optimistas que estamos próximos a vivir tiempos de desarrollo,como nunca antes experimentó nuestro país. Sin embargo, este auspicioso futuro, para su adecuada mate-rialización, exige mejorar permanentemente nuestras condiciones de justicia. Ello incide directamente en lafortaleza de nuestra democracia y en la calidad de nuestra convivencia, en el respeto y promoción de losDerechos Humanos, y en definitiva, hace posible que los chilenos y chilenas puedan hacer verdaderamen-te efectivas sus garantías y derechos.

Todas las reformas y tareas a las cuales estamos abocados van precisamente en esa dirección, y estamosciertos que contribuirán decididamente a dar forma a ese Chile futuro que tanto queremos.

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Para el periodo presidencial 2010-2014, el Ministerio de Justicia ha diseñado un plan de trabajo, orientado a consolidar una justicia

más cercana, ágil y transparente, con especial énfasis en facilitar el acceso a los sectores más vulnerables; y atendiendo aquellas

áreas que no han sido abordadas en los distintos procesos de reformas hasta ahora implementados.

Una nueva Justicia Civil:

Reforma a más de cien años de historia

La reforma a la Justicia Civil es el gran cambio pendiente de nuestro sistema jurídico, yaque el procedimiento vigente se gestó a fines del siglo XIX y no responde a los desafíosque imponen los nuevos tiempos.

Si se considera que aproximadamente el 60 por ciento de las causas que se tramitan ennuestros tribunales corresponden a este ámbito, es fácil comprender la urgencia dellevar adelante una reforma que modifique los procedimientos hoy vigentes para simpli-ficarlos y permitir dar soluciones oportunas, cercanas y ágiles a este tipo de demandas.

En este sentido, y como tarea prioritaria, el Ministerio de Justicia, por medio de unacomisión interna de expertos, está abocado a la reformulación del proyecto que fuepresentado el año 2009, con miras a generar un nuevo texto dotado de una organicidady coherencia suficiente, que augure su vigencia para los próximos cien años. Este esfuer-zo no quedará reducido a la visión interna del propio Ministerio, pues se ha implementadoun procedimiento de consultas a fin de contar con la visión y apoyo de distintos acadé-micos y profesionales de nuestro país, incluyendo por cierto la mirada del Poder Judicial.

Asimismo, una vez concluida la elaboración del nuevo código, se definirán las clavesde los requerimientos orgánicos necesarios para su implementación; todo ello a fin deasegurar que esta reforma comience a regir –con la necesaria gradualidad- con lascondiciones materiales y humanas suficientes para su adecuado éxito.

Todos estos cambios asociados a este esfuerzo reducirán sustancialmente los tiemposde tramitación de las causas civiles, dando paso a procedimientos donde se privilegia-rá la oralidad, la presencia permanente del juez y la debida comprensión de las resolu-ciones que se dicten. Actualmente, los tribunales civiles conocen más de un millón 896mil causas al año (cifra del año 2009) .

Este nuevo Código Procesal Civil vendrá a reemplazar al actual Código de Procedi-miento Civil, que entró en vigencia el 1 de mayo de 1903, bajo la Presidencia deGermán Riesco Errázuriz, y que había iniciado su tramitación en el Congreso el año 1893.

Los tres ejes de la justicia del futuro

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Reforma al sistema de asistencia Jurídica gratuita:

Profesionalización y especialización

El presente año se está efectuando el estudio de la reforma y modernización delSistema de Asistencia Judicial y de las actuales corporaciones de Asistencia Judicial,con miras a la profesionalización de éstas.

El objetivo es que la atención de los asuntos jurídicos sea asumida por profesionalesmás que por egresados de Derecho (que por ley deben cumplir con su prácticaprofesional en estas instituciones durante 6 meses), y se considere, además, la posibi-lidad de externalizar sus servicios con modalidades como la entrega de un bono deasistencia jurídica y licitaciones.

Impulso a los Tribunales Vecinales:

Una Justicia cercana para todos

Durante 2010 se desarrollarán las etapas de estudio y diseño de la nueva JusticiaVecinal, para comenzar a implementar a principios del año 2011 un programa pilotode tribunales vecinal en cuatro comunas de la región Metropolitana, y con estaexperiencia, evaluar la iniciativa y planificar su expansión gradual a todo el país.

El objeto de la nueva Justicia Vecinal será mediar y resolver conflictos en ámbitoscomo arrendamiento y comodato precario, copropiedad inmobiliaria, cobranzas dedeudas de menor cuantía y conflictos de diversa índole que se suscitan entre vecinosy que hoy no tienen una vía expedita de solución.

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Justicia del Bicentenario1990-2010: Las grandes reformas a la judicatura nacional en el último decenio

Reforma Procesal PenalA partir del 16 diciembre del año 2000 y hasta junio de

2006, comenzó en el país el proceso de instalación pro-gresiva de la gran reforma realizada a la justicia chilenaen los últimos 20 años: la Reforma Procesal Penal.

La nueva justicia criminal integró al sistema judicial nue-vos estándares de transparencia, publicidad, inmedia-ción, celeridad y oralidad, junto con separar las funcio-nes de investigar y juzgar, con lo que dejó atrás un siste-ma inquisitivo y vetusto.

Con una inversión original superior a los $342 mil millo-

nes, la Reforma Procesal Penal permitió pasar de 79 jue-ces del crimen a más de 800 magistrados de garantía yoral en lo penal. Además se instalaron y construyeron 84nuevos tribunales en todo el país.

En este marco surge el Ministerio Público (ley 19.640), unorganismo autónomo y jerarquizado que tiene comofunciones representar a la comunidad en la persecu-ción penal, dirigir la investigación de los delitos, dirigir alas policías en este proceso, presentar las acusacionesante los tribunales, además de brindar atención y pro-tección a víctimas y testigos.

Como contraparte de esta nueva institucionalidad, ycon el fin de garantizar el debido proceso, se crea laDefensoría Penal Pública (Ley 19.718), como un serviciopúblico, descentralizado, sometido a supervigilancia delPresidente de la República, por intermedio del Ministe-rio de Justicia. La Defensoría tiene por finalidad propor-cionar defensa penal a los imputados o acusados porun crimen, simple delito o falta, que sea de competen-cia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juiciooral en lo penal y de las respectivas Cortes, que carez-can de abogado.1990-2010: Las Grandes Reformas a laJudicatura Nacional en el último decenio.

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La familia, a tribunales especializadosEn línea de los principios inspiradores de la Reforma Procesal Penal y al anhelo

de contar con una justicia especializada en todos sus ámbitos, el 30 de agostode 2004 fue publicada la ley 19.968 que creó los Tribunales de Familia.

En estos juzgados se tramitan, entre otras causas, las relativas al derecho decuidado personal de los niños, niñas o adolescentes; las relativas al derecho yel deber del padre o madre; las del ejercicio, suspensión o pérdida de la patriapotestad, etc.

La ley de Juzgados de Familia estableció la creación de 258 jueces de familia,agrupados en 60 tribunales especiales. En aquellos lugares en los que no existíajudicatura especializada, se adecuaron 77 juzgados de letras con competen-cia en asuntos de familia. Hasta antes de comenzar a regir esta nueva judica-tura, existían en el país 51 jueces de menores.

El surgimiento de la justicia laboralEl 31 de marzo de 2008, en las regiones de Atacama y Magallanes comenzó la

instalación de la nueva Justicia Laboral. Esta reforma modernizó la forma deresolver los conflictos laborales, con efectiva vigencia a los derechos y deberesde los trabajadores en su relación con su empleador.

Así, de un total de veinte jueces del Trabajo, se pasó a 84 jueces especializa-dos en la materia, a casi 500 funcionarios de apoyo a la labor administrativa,además de 26 juzgados que trabajan basados en los principios de oralidad,inmediatez y rapidez.

Uno de los cambios más sustanciales fue la atención que brindan 136 aboga-dos laborales especializados, quienes asumen la representación de aquellostrabajadores de escasos recursos en conflicto, velan por la igualdad ante laley, el debido proceso y el equilibrio entre las partes.

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Abolición de la pena de muerte

El 20 de mayo de 2001, en Chile se dejó de aplicarla pena de muerte. A partir de ese momento, lamáxima sentencia que dictan los jueces es el presi-dio perpetuo efectivo. En rigor, el condenado a pre-sidio perpetuo calificado debe permanecer encar-celado de por vida, pero al cumplir los 40 años deprivación de libertad efectiva, excepcionalmentepodrá solicitar a la Corte Suprema algún beneficio.

Todos los hijos son iguales con la Leyde Filiación

El 27 de octubre de 1999 marcó uno de los hechosmás relevantes en la historia de las legislaciones denuestro país: a partir de entonces todos los hijos na-cen iguales ante la ley. Ese día comenzó a aplicar-se la nueva Ley de Filiación, que puso fin a unadiscriminación vigente desde 1855, que distinguíaentre hijos legítimos, ilegítimos y naturales.

El divorcio llegó con la Ley deMatrimonio Civil

En Chile, el divorcio está regido por la Ley 19.947,de Matrimonio Civil, que fue publicada en mayode 2004 y que puso término al sistema de las nulida-des para regular los quiebres matrimoniales.

Gracias a esta nueva norma, el divorcio puedesolicitarse cuando exista violación grave de los de-beres y obligaciones del matrimonio, que tornen in-tolerable la vida en común (por ejemplo: atenta-dos contra la vida, maltrato psíquico contre el cón-yuge o los hijos, o conducta homosexual) o cuandoexista separación de tres años de los cónyuges, ocuando la pareja ha estado separada por un tiem-po mínimo de entre uno y tres años, dependiendode si el divorcio es pedido por ambas partes o porun solo cónyuge.

Nuevo sistema penitenciario concesionado Hitos de la Justicia

El 22 de noviembre de 2005 fue inaugurada enRancagua la primera de las nuevas cárcelesconcesionadas. Este hecho marcó un cambio radicalen el sistema penitenciario al incorporar la inversión pri-vada en la construcción y mantención de los penales.

Estas cárceles cuentan con la más alta tecnología enmateria de vigilancia y administración, que incluye blo-queo de sistemas de comunicación y sistemas de de-tección de metales, drogas y explosivos de última ge-neración, además de varios anillos de seguridad.

Con la puesta en marcha de este recinto Chile se alzócomo pionero en Latinoamérica en desarrollar infraes-tructura penitenciaria mediante el sistema de conce-

siones, iniciativa que ha sido implementada con éxitoen países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra.

El concesionario privado es el encargado de construirel penal y de mantener la infraestructura carcelaria,incluyendo equipamiento y seguridad. Asimismo, está acargo de la alimentación, aseo, salud y reinserción delos internos. Esta última labor incluye programas de edu-cación, atención social y psicológica, atención alactantes de hijos e hijas de internas, rehabilitación enalcohol y drogas, capacitación laboral, acceso a tra-bajo, deporte, recreación, arte y cultura. Por la presta-ción de estos servicios recibe un pago del Fisco. Las la-bores de custodia y vigilancia quedan en manos deGendarmería.

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Gendarmería de ChileDe «presidios ambulantes»coloniales a la primera cárcel, en1844Una novedosa forma de castigar y hacer escarnio de

quienes eran condenados por cometer ilícitos estable-ció el ministro Diego Portales y Palazuelo en los alboresde la República. El «Presidio Ambulante», como se leconoció en 1836, consistía en carros de metal tiradospor bueyes, que llevaban a los presos en jaulas a tra-bajos forzados en obras públicas. Su objetivo, humillara los reclusos ante el resto de la sociedad, amedrentara potenciales delincuentes, y hacer patente el poderdel Estado.

Los frecuentes motines y los cuestionamientos de losintelectuales al vejatorio e inhumano sistema, llevarona su término en 1847, e iniciar su reemplazo por unesquema de prisiones más moderno.

Fue el Presidente Manuel Bulnes Prieto, quien en 1841estableció medidas de seguridad y rehabilitación paralos reos. Así, comisionó al primer secretario de la legaciónde Chile en Estados Unidos, Francisco SolanoAstaburuaga, para promover un modelo extranjeroaplicable al país. Tras analizar dicho informe, el Estadodecide la construcción de la Cárcel de Santiago, paralo cual el 19 de julio de 1843, se instaura en el país defi-nitivamente la institución penitenciaria.

Alarmado por la intranquilidad social a causa del ban-dolerismo, fugas y motines en las prisiones transitorias, elmismo Manuel Bulnes inició la construcción de la Peni-tenciaría de Santiago, hoy Centro de Detención Pre-ventiva Santiago Sur. La obra, comenzó a ejecutarseprincipios de 1844 bajo los estándares de la época.

La «guardia especial», la precursoradel actual servicioEl 25 de noviembre de 1870, una ordenanza de José

Joaquín Pérez, establece la creación de una «GuardiaEspecial para el Presidio Urbano de Santiago».

Para 1887, se dispuso que el gobierno tomara bajo suadministración los penales del país, muchos a cargo demunicipalidades. Sin embargo, desde 1896, sólo el Mi-nisterio de Justicia se encargó de los correccionales através del «Cuerpo de Gendarmería de Prisiones».

Durante la administración de Jorge Montt (1891–1896),se estableció la organización de las «Guardias Especia-les de Prisiones». Su reglamento entregó funciones porcargos, grados, atribuciones, uniformes, armamentos,entre otros servicios.

En 1911, bajo la presidencia de Ramón Barros Luco,nace el «Cuerpo de Gendarmería de Prisiones»,estructurándose el servicio penitenciario actual. ArturoAlessandri Palma instauró definitivamente este nombre,el 30 de noviembre de 1921.

Efectos de la modernizaciónA mediados de los años 90 se comienza a implementar

la Reforma Procesal Penal, que cambió el sistema dejusticia y las medidas de seguridad en el país. EntoncesGendarmería tuvo que adaptar su labor y misión a lanueva institucionalidad. Una parte de este proceso deajuste se refleja en el sistema de cárceles concesionadas(ver aparte). En esta década, se crean además losCentro de Adiestramiento Canino (CEC), la Unidad Es-pecial de Servicios Penitenciarios (USEP) y la Secciónde Operaciones Tácticas (SOT).

El 20 de marzo de 2010, fue publicada la Ley 20.426 quemoderniza este servicio, con lo que durante los próxi-mos años se aumentarán sus dotaciones de oficiales ygendarmes en seis mil nuevos funcionarios.Consciente de las difíciles condiciones de habitabilidadde internos y gendarmes -que en gran medida respon-de al rezago en la construcción de establecimientospenales-, el Presidente Sebastián Piñera encarga el 25de julio de 2010 a su ministro de Justicia, Felipe BulnesSerrano, definir medidas que permitan establecer algu-nas mejoras en el corto y mediano plazo.

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Servicio de Registro Civil e IdentificaciónA fines del siglo XIX Chile vivía un proceso de profundas transformaciones en lo político, económico y social. Esas

condiciones marcaron el camino hacia la modernidad y la consolidación del Estado Nación, dentro del marcolegal de lo que se conoce hoy como "Leyes Laicas".

En ese contexto, la creación del Registro Civil durante la administración del Presidente Domingo Santa María, en1884, respondió a los cambios culturales que se dieron en la sociedad chilena de entonces, de mayor diversidad,con distintos credos religiosos y nuevos valores.

Su fundación significó para el Estado la posibilidad de administrar a la población y de constituir la identidad civilde cada persona. Desde ese año hasta nuestros días, el Registro Civil ha estado presente en los momentos mástrascendentales de la vida de todo chileno.

En 1943 esta institución se fusiona con el Servicio de Identificación y desde entonces quedó a cargo de la labor deidentificación de las personas. Desde entonces, pasó a denominarse Servicio de Registro Civil e Identificación, talcomo se lo conoce hasta nuestros días.

Cédula Nacional de IdentidadA fines del siglo XIX la identificación estuvo a cargo de

la Policía, a través del uso de la dactiloscopia y la foto-grafía en al ámbito de la criminalidad.

1924: El Servicio de Identificación instauró una Libretade Identidad que incluía el nombre, domicilio, huelladactilar y fotografía. Todos los mayores de 21 años esta-ban obligados a obtenerla, exceptuando las mujeres,religiosos enclaustrados y las personas recluidas en hos-picios y casas de orates.

1930: Se incorporó el Rol Único Nacional a la cédula deidentidad, que incluye a las mujeres.

1943: El Registro Civil e Identificación pasó a estar acargo de la emisión de la cédula de identidad.

1973: Se estableció un sistema computacional para sis-tematizar la entrega del Rol Único Nacional a cadanacido en el territorio nacional.

2002: Se instaura la cédula de identidad vigente en laactualidad, que integra medidas de seguridad y con-trol de última generación.

Principales hitos

Ley de Matrimonio Civil:

Se promulgó el 16 de enero de 1884, y autorizó al Juezde Letras para que efectuase la celebración civil delmatrimonio en caso que la autoridad eclesiástica senegara. Hoy, el Oficial Civil puede realizar matrimoniosy ser el ministro de fe para las inscripciones de los matri-monios religiosos en las actas de la institución.

Pasaporte, nuevo documento de viaje:

En 1924 el Servicio de Identificación es el encargadode emitir pasaportes, y en 1943 pasa a ser una tarea delRegistro Civil. Desde 1955 fue requisito el visto bueno dela Policía de Investigaciones a fin de comprobar que elusuario no tenía encargos pendientes.

Portal www.registrocivil.cl:

En 2001 se lanza al público la Oficina Internet en el sitiowww.registrocivil.cl. Portal que permite emitir e imprimirde manera inmediata los certificados, conocer el esta-do de solicitudes de cédulas, pasaportes y posesionesefectivas y bloquear documentos de identidad.

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Servicio Médico Legal

El inicio formal de la Medicina Legal en Chile se concreta con el doctor Guillermo BlestCunningham, de origen irlandés, quien fundó en 1833 la Escuela de Medicina de laUniversidad de Chile, durante el gobierno del Presidente José Joaquín Prieto Vial y larectoría de Andrés Bello.

Eran los denominados "médicos de ciudad" quienes se encargaban de la realizaciónde las autopsias en la capital, en la antigua morgue situada en la calle Teatinos, a uncostado de la Cárcel Pública de Santiago.

La dedicación de los médicos que fundaron y ejercieron esta disciplina auxiliar de lajusticia se plasmó en 1915, en la creación del Servicio Médico Legal como una enti-dad pública que asesora -en materias legales y forenses- a los tribunales de justiciadel país.

Su institucionalidad se rige por el Decreto Ley 196, de abril de 1960, que definió unaestructura que actualmente está integrada por una sede central, ubicada en San-tiago, y otros 37 establecimientos regionales y provinciales. Cuenta con unidadesaltamente profesionalizadas, como, por ejemplo, el centro de toma de muestras delPrograma del registro Nacional de ADN (CODIS) y los centros referenciales de Iquiquey Concepción que apoyan la labor en materia penal y de familia.

En junio de 2009, el servicio fija una nueva política de calidad, para optimizar cons-tantemente sus procesos médico-forenses. Con ello se garantiza la calidad,confiabilidad, oportunidad, imparcialidad y trato digno. Asimismo, actualmente lainstitución desarrolla labores de investigación científica, docencia y extensión enmaterias propias de su competencia.

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Servicio Nacional de Menores

Si bien legalmente el nacimiento del actual ServicioNacional de Menores (Sename) se gestó hace pocomás de treinta años, los primeros antecedentes de sulabor ya se encuentran en la época de la Colonia. Másantigua que la República, con 248 años cumplidos, laCasa Nacional del Niño fue la primera que acogió aniños huérfanos.

Creado por ley en enero de 1979, el Sename es un or-ganismo mediante el cual el Estado asume un rol activoen la protección de los niños y niñas vulnerados, y daapoyo a la judicatura de menores como un «órganoauxiliar de la Administración de Justicia».

En abril de 2010, el Presidente de la República, SebastiánPiñera, anuncia una profunda reestructuración a estainstitucionalidad, con la futura creación del ServicioNacional de la Infancia y la Adolescencia -que pasaráa depender del futuro Ministerio de Desarrollo Social-, ydel Servicio de Persecución Penal y Rehabilitación, queestará radicado en el Ministerio de Justicia.

1980-1990:

La externalización del servicio

Fue el ministro de la Oficina de Planificación Nacional,Odeplan (actual Ministerio de Planificación), MiguelKast, quien aplicó el principio de subsidiariedad del Es-tado de la Constitución de 1980, externalizando y/omunicipalizando los servicios sociales. A partir

Con ello se creó un sistema de subvenciones similar alde educación, que permitió el traspaso a manos priva-das de los ex COD-Cereco (Centro de Orientación yDiagnóstico - Centro de Rehabilitación Conductual) de-pendientes del Sename. Hacia el año 1981, la institu-ción se convirtió en el órgano rector en materia de me-nores en situación irregular.

1990-2000:

Una nueva política institucional

Durante esta década, la institución da a conocer a losórganos colaboradores su nueva política, la que incor-pora la Convención sobre los Derechos del Niño comoel componente central y ordenador de todas las accio-nes en la materia.

En 1991, comenzó el traspaso de los ex COD-Cereco yCTD (Centro de Tránsito y Distribución) desde el sectorprivado al Estado, y se inicia la recuperación de loscentros de lactantes y preescolares como estrategiapara implementar la política nacional de adopción.

2000-2010:

Reforma y Ley Penal Adolescente

En esta década, el Sename enfrentó la Reforma al Sis-tema de Atención a la Infancia y Adolescencia que, enlo medular, estableció dos grandes áreas de atención:la promoción y protección de derechos, y la atención alos jóvenes infractores de la ley penal.

Hacia el año 2000, y tras un fuerte impulso al sistema deprotección de derechos de la infancia y adolescenciapor parte del Estado, se pusieron en marcha las prime-ras seis Oficinas de Protección de Derechos (OPD) en lasregiones Metropolitana, V, VIII y IX.

El 8 de junio de 2007 entró en vigencia la ley de Res-ponsabilidad Penal Adolescente (RPA), que creó un sis-tema penal especial para los jóvenes de entre 14 y 17años, coherente con la Convención sobre los Derechosdel Niño; en consecuencia se eliminó el trámite del dis-cernimiento y se consagró el derecho a defensa y a undebido proceso.

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Defensoría Penal Pública

«Sin Defensa No Hay Justicia»Bajo este principio desarrolla su labor la Defensoría Pe-

nal Pública, cuya misión es entregar atención legal decalidad a todas las personas que hayan sido imputa-das por falta, crimen o simple delito y que no cuentencon los recursos económicos para pagar un abogadodefensor.

Su origen se remonta a 2001, cuando surge como unservicio dotado de personalidad jurídica y patrimoniopropio, sometido a la supervigilancia del Presidente dela República a través del Ministerio de Justicia, en elmarco de la Reforma Procesal Penal.

Esta institución presta servicios por medio de aboga-dos que son parte de este servicio y de abogados pri-vados que son contratados mediante licitaciones.

La Defensoría atiende en todo Chile, con una dota-ción cercana a las 600 personas, de las cuales 145 sonabogados defensores. Además, mantiene contrato conunos 300 abogados privados, a través de licitacionespúblicas, para el desarrollo de su misión.

Los destacados de la DPP-Licitaciones de Defensa Penal: El sistema de licitaciones

de la DPP se inició el 17 de enero de 2003, en la cuartaetapa de la Reforma Procesal Penal.

-Estándares de calidad para la defensa penal: La leyque creó la DPP exige la tarea permanente de crear,implementar y supervisar un sistema de gestión de lacalidad orientada al mejoramiento del servicio.

-Unidad de Corte: Creada en abril de 2005, colaboraen la tarea de presentar recursos judiciales, acordes conlos requerimientos del imputado, y asumir su defensaante las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema y elTribunal Constitucional.

-Comisión de Ética: En 2008 se creó la Comisión Consul-tiva de Ética de la DPP y la Comisión Redactora delproyecto de Código Deontológico del DPP.

-Academia de Defensores: En 2009, la DPP diseñó unplan de formación continua para defensores denomi-nado "Academia de Defensores Públicos".

Líneas de defensa especializada-Defensoría Indígena: La primera defensoría especiali-

zada del país fue la indígena -particularmente laDefensoría Mapuche- creada en la IX Región en 2003.

-Unidad de Defensa Penal Juvenil (UDPJ): Luego de lapromulgación de la Ley 20.084 de Responsabilidad Pe-nal Adolescente, el 26 de enero de ese año se creó laUnidad de Defensa Penal Juvenil (UDPJ), que cubre lasdemandas de los menores infractores de ley.

-Piloto penitenciario: Con el apoyo de la Agencia Es-pañola de Cooperación Internacional para el Desarro-llo (AECID), en junio de 2009 se firmó un convenio entrela Defensoría y la Agencia Chilena de Cooperación In-ternacional, que permitió poner en marcha el proyecto"Fortalecimiento Institucional de la DPP".

-Gestión de Defensa Penal: La Defensoría creó el Siste-ma Informático de Gestión de Defensa Penal (SIGDP),instrumento que permite el manejo de la informaciónsobre el proceso de defensa, la persona del imputado,la gestión del defensor, entre otras.

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Superintendencia

La ley 17.995, del 08 de mayo de 1981, concedió la personalidad jurídica a las actua-

les Corporaciones de Asistencia Judicial de las regiones Metropolitana, del Bío Bío y de

Valparaíso. Con éstas fueron sustituidos los antiguos consultorios dependientes del

Colegio de Abogados de Chile en lo referente a los servicios de asistencia judicial. En

tanto, en julio de 1987 se publica la ley 18.632, que crea estas corporaciones en las

regiones de Tarapacá y Antofagasta.

En su calidad de servicio público, descentralizado y sin fines de lucro, las CAJs tienen

como misión proporcionar orientación y asesoría jurídica a las personas de escasos

recursos que no pueden acceder al sistema de prestaciones jurídicas privado. Ade-

más, deben dar las facilidades para que los egresados y licenciados de derecho

realicen su práctica profesional.

Las materias atendidas por las Corporaciones se relacionan con causas civiles, labo-

rales, de familia, aquellas del sistema penal antiguo, y una línea especializada en

atención integral de delitos violentos.

Corporaciones

La Superintendencia de Quiebras tiene

como principal función fiscalizar y regu-

lar las actuaciones de los síndicos, admi-

nistradores de la continuación del giro,

expertos facilitadores y asesores econó-

micos de insolvencias, para que den

cumplimiento a su mandato de resguar-

dar los derechos de los acreedores, falli-

dos y terceros involucrados en todo pro-

ceso concursal y usuarios del sistema de

quiebras.

Los primeros antecedentes históricos de

la institución se vinculan con la

Sindicatura General de Quiebras, crea-

da por la ley 4.558 de 1929, como orga-

nismo auxiliar de los Tribunales de Justi-

cia. Fue reorganizada como Sindicatura

Nacional de Quiebras en 1979 (DL 2.963),

entidad dependiente del Ministerio de

Justicia. Esta institucionalidad se mantu-

vo hasta 1982, cuando la ley 18.175 la

definió como Fiscalía Nacional de Quie-

bras. En mayo de 2002 se le otorgó la

categoría de Superintendencia (ley

68%de los usuarios de las CAJS

tiene un ingreso per cápita

inferior a los $100.000.

64%de la población de las

Corporaciones de

Asistencia Judicial son

Mujeres.

50%de la población atendida

tiene estudios de enseñan-

za media, completa o

incompleta.

19.806), al adecuarse diversas normas a

la legislación que impuso la Reforma Pro-

cesal Penal.

Hechos destacados2005: El 8 de marzo de este año, se publi-

có la ley 20.004, sobre fortalecimiento de

la transparencia de la administración pri-

vada y de las facultades de fiscalización

por parte de la Superintendencia de

Quiebras.

2007: Se formula el proyecto de levan-

tamiento, sistematización y mejoramien-

to de los procesos de trabajo en el orden

de la fiscalización a la labor de los síndi-

cos y administradores de continuidad de

giro.

2008: Se implementa una nueva plata-

forma web, con software de fiscalización

y documentación.

2010: Se crea la "Unidad de Empresas

de Menor Tamaño" para dar cumplimien-

to al mandato legal establecido en el

artículo undécimo de la ley 20.416.

de Asistencia Judicial de Quiebras

Máquina de microfichas utilizada en 1980(sistema de registro de quiebras)

Microfichas

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Saludos de la Subsecretaria de Justicia

Patricia Pérez Goldberg

El Bicentenario constituye una instancia de conmemoración nacional. Son doscientos

años de Independencia, identidad patria y de una larga y estable tradición.

Es el momento de reencontrarnos, de sentirnos orgullosos de ser parte de la historia

de nuestro país y de pensar los cambios que permitan proyectarnos por otros cien

años más.

Tras diez años de vigencia de la Reforma Procesal Penal, nos vemos enfrentados a

la evaluación de este modelo, que indiscutidamente ha sido calificado como exitoso.

El actual sistema consagrado en el Código Procesal Penal (oral y público) reemplazó

al antiguo sistema inquisitivo, escriturado y secreto. Hoy contamos con un organismo

investigador autónomo e independiente, tribunales especializados en materia criminal

(Tribunales de Garantía y de Juicio Oral) y un Estado que garantiza el derecho a

defensa para las personas imputadas de delitos.

Hitos como las reformas procesales en materia Penal, de Familia y Laboral, han sido

impulsados por nuestro Ministerio y han provocado importantes transformaciones en

materia judicial, permitiendo entregar a la ciudadanía una justicia más cercana y

oportuna. Nuestra labor está abocada a continuar con las tareas pendientes,

referidas al mejoramiento de las condiciones penitenciarias, el tratamiento a las

víctimas, la reinserción social de quienes cometen delitos, el cumplimiento efectivo

de las medidas alternativas a la cárcel y la incorporación de tecnología de punta

para estas labores, como es el caso del brazalete electrónico.

En plena celebración del Bicentenario de nuestro país, reiteramos nuestro compromiso

de contribuir al mejoramiento de la justicia y el acceso a ella por parte de las chilenas

y chilenos. Junto con mirar lo que hemos hecho y logrado como país, estamos

proyectando los desafíos futuros que nos permitan fortalecer nuestra institucionalidad.

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