1.Presentación de los Miembros de la Mesa Directiva · una huelga general que, en opinión del...

1COMITÉ DE CRISIS HISTÓRICA

17 - 22 DE JULIO PUCP MUN 2017

Estimados delegados/delegadas:

Mi nombre es Martín Araníbar y tengo el honor de ser el director del comité de Crisis Histórico del VI Modelo de Naciones Unidas de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Estudio derecho de la PUCP y mis áreas de interés son: Derecho internacional público; mediación y resolución de conflictos; resolución de controversias y litigios; política nacional e internacional e Historia del Perú republicano.

Actualmente, además de trabajar en un importante estudio de abogados, vengo desarrollando mi tesis de grado. En mis ratos libres aprovecho para salir con amigos, escuchar música, ver Netflix y viajar.

Vengo participando en MUN desde el 2013 casi por casualidad y desde entonces los MUN me han dado muchos gratos recuerdos, incrementado mis habilidades de negociación, oratoria e investigación, además de permitirme conocer gente interesante y hacer muy buenos amigos en todo el mundo. Mi experiencia incluye diversos MUN nacionales e internacionales tanto como delegado (Delegado Destacado UPMUN 2014 en Consejo de Seguridad y Delegado Sobresaliente - MUN San Marcos 2013 en DISEC) y como director (especialmente en Crisis y Consejo de Seguridad).

Los comités de Crisis tienen una dinámica muy distinta a los comités ordinarios de un MUN, lo cual hace más interesante y dinámico el debate, razón por la cual el nivel de debate que se espera en este comité es mayor que en un comité tradicional de MUN. En este comité la habilidad de cada delegado reside en su capacidad de adaptarse a los constantes cambios que se van desarrollando en el comité (los updates) así como a saber preservar no solo su interés/influencia/poder personal, sino los intereses de su respectivo comité. Por mi parte brindare toda la información posible para lograr un alto nivel de competencia entre los delegados y, para animar las cosas, los updates van a a ser una constante en el comité. Espero que se diviertan y aprendan en esta edición del PUCPMUN. Desde ya les deseo los mayores éxitos.

1.Presentación de los Miembros de la Mesa Directiva

2 COMITÉ DE CRISIS HISTÓRICA

17 - 22 DE JULIOPUCP MUN 2017

¡Saludos delegados!

Yo soy Elías Casanova Prada y en este PUCPMUN2017tendré el encargo de ser uno de los dos directores de la crisis histórica que tendrá como temática la guerra civil española, una de las guerras más importantes del siglo XX.

Actualmente estoy en el tercer ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad del Pacífico y soy un delegado de segundo año en International Delegation of Peru. Mi gusto por estos modelos empezó en el año 2015, cuando participé por primera vez en el LiMUN de ese mismo año. Con el tiempo pude emprender nuevas experiencias y afrontar nuevos retos, participando en PUCPMUN2016 y en SanMarcosMUN2016, además de haber sido director de un gabinete de crisis conjunta en el LASALLEMUN, asesor de crisis en HNMUNLA2016 y futuro director de la crisis histórica en MUNUR17.

En esta oportunidad, veremos a dos bandos beligerantes reunidos en un solo gabinete, decidiendo y planeando el desarrollo de la guerra por el poder en la España de 1936. Tanto rebeldes como republicanos tendrán que usar sus distintas facultades para poder dirigir el conflicto hacia una resolución del conflicto ventajosa para cada quién. Sin nada más que decir. todos están cordialmente invitados a formar parte de este evento, y aún más si es que los comités de crisis y/o los temas netamente históricos llaman su atención.

¡Espero verlos muy pronto!



2. Introducción al Comité

Luego de las elecciones generales de 1936, la Segunda República Española no logró salir de sus crisis y, por el contrario, los sectores políticamente enfrentados continuaron su proceso de radicalización. La Victoria del Frente Popular no logró traer tranquilidad a la República. Para julio de 1936, el ambiente político era muy explosivo y los temores de un Golpe de Estado eran cada vez más frecuentes. En la tarde del 12 de julio, partidarios de la extrema derecha (falangistas) asesinaron al Teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo (miembro de la Unión Militar Republicana Antifascista – UMRA -, una asociación militar clandestina de izquierda). Lo cual originó que en la madrugada del 13 de julio, un grupo de la Guardia Civil (pertenecientes a la UMRA) detuvieran y posteriormente asesinaran al jefe parlamentario de Renovación Española (movimiento político monárquico leal al Rey Alfonso XIII), José Calvo Sotelo. Luego de estos asesinatos, el ambiente político y los complots militares están a la orden del día, por lo que el Presidente de la República ha convocado a una sesión extraordinaria y ampliada del Consejo de Ministros, con la participación de todas las fuerzas políticas y altos mandos militares a fin de lograr salvar la República.



3. Definición del tema a debatir

El tema a debatir en el presente comité es “la guerra civil española”, para la cual el punto de partida de todo el comité es el día 15 de julio de 1936, a pocos días del intento de golpe de estado que, luego de su triunfo parcial, dejo irremediablemente dividido a España en 2 bandos, los cuales se enfrentaron en una cuenta guerra civil de 3 años.

Para efectos prácticos del presente comité, ambos bandos van a estar reunidos en una sesión extraordinaria y abierta del consejo de ministros, el cual tiene como objetivo principal salvar a la Republica de la inminente guerra civil. Dependiendo del rol que les toque asumir, ustedes, como delegados, no solo deberán lograr cumplir sus objetivos personales, sino que deberán reforzar el poder e influencia de su respectivo bloque, tejer alianzas y realizar/develar/anular toda clases de complots, ya que la Republica se encuentra en un inminente peligro.

Tengan en cuenta, estimados delegados, que si bien la situación política y social en la actualidad (es decir, al 15 de julio de 1936) es extremadamente polarizada, dependerá de sus acciones en el comité que la republica sobreviva o que estalle la guerra. También hay que tener en consideración que el desarrollo de los acontecimientos históricos posteriores a la fecha de inicio del presente comité, no tienen que coincidir necesariamente con los hechos históricos, por lo que el destino de la República Española no está del todo escrito.



4. PROBLEMÁTICA ACTUAL (EN NUESTRO CASO, RESUMEN DE LA SITUACIÓN HASTA EL

15 DE JULIO DE 1936)

El contexto histórico abarca desde el 14 de abril de 1931 hasta el 15 de julio de 1936, procederé a escribir el contexto histórico previo a la crisis del 36.

A. Dictadura de Berenguer, Gobierno de Aznar - Elecciones Municipales de 1931 y fin de la Monarquía

Luego de la dictadura del General Miguel Primo de Rivera en enero de 1930, el Rey Alfonso XIII nombro al General Dámaso Berenguer presidente del Gobierno el 28 de enero de 1930 con el fin de retornar a la normalidad constitucional, luego de 7 años de dictadura, “pero esto ya no era posible si se pretendía enfocar el proceso de transición hacia un régimen liberal, simplemente mediante el restablecimiento de la situación previa al golpe de Estado de 1923, es decir, sin tener en cuenta la vinculación que había existido entre la Corona y la Dictadura de Primo de Rivera. Y ese fue el error que cometió el propio rey y su gobierno: intentar volver a la Constitución de 1876, cuando en realidad llevaba ya seis años abolida, porque desde 1923 Alfonso XIII era un rey sin Constitución, y su poder durante ese tiempo no había estado legitimado por ella, sino por el golpe de Estado que el rey aceptó. La Monarquía se había vinculado a la Dictadura y ahora pretendía sobrevivir cuando la Dictadura había caído ”.

Todo ello conllevo a que el Rey Alfonso XIII – encabezado por el Régimen de Berenguer- conforme gobierno para, luego de ello, convocar a elecciones de la Cortes (Parlamento) y elecciones municipales en 1931. El objetivo del gobierno de Berenguer era restablecer la vigencia de la Constitución de 1876 y reestablecer el “orden constitucional” con el fin de lograr devolver legitimidad al Rey y la Corona (reforzando el rol de la Monarquía Constitucional). Sin embargo, Berenguer obtuvo múltiples problemas para conformar su gobierno, ya que tanto los partidos democráticos como los partidarios de la Corona desconfiaban del Rey Alfonso XIII, igualmente muchos políticos y juristas de la época sostenían que una vuelta al orden constitucional era prácticamente imposible, ya que el Rey al apoyar la dictadura de Primo de Rivera había violado flagrantemente la constitución que ahora pretendía restablecer y respetar, por lo que la única salida era la convocatoria a una Asamblea Constituyente. A todo ello se sumó el hecho de que ningún partido político de importancia se unió al gobierno de Berenguer, lo que dificulto la implementación del calendario electoral, lo que a su vez alimento la animadversión y sospechas de los demás partidos políticos, quienes sospechaban que el Gobierno de Berenguer no pretendía llamar a elecciones y que todo consistía en una estrategia para “ganar tiempo” a favor del Rey. Con todo ello, los apoyos políticos y sociales a favor del Rey disminuían día a día, lo que hacía cada vez más difícil el retorno al “orden constitucional” que pretendía el Rey Alfonso XIII, ya que los antiguos partidos monárquicos se declaraban “monárquicos sin Rey” y otrora aliados políticos se transformaban en partidos republicanos. Sin embargo, el Rey aun contaba con 2 aliados de importancia: La Iglesia Católica y el Ejército.

Conforme pasaba el tiempo (esto es, a lo largo de 1930) la asociación entre Rey y Dictadura se reforzó en la política y sociedad española, lo que explica el rápido aumento de la causa republicana en las grande ciudades. Ello convenció a los partidos democráticos de que la única salida a la crisis política era la instauración de la Republica, por lo que el 17 de agosto de 1930 se llevó a cabo, a iniciativa del partido Alianza Republicana el Pacto de San Sebastián, la cual trazo la estrategia para poner fin a la Monarquía y el establecimiento de la Segunda República Española. Este pacto fue firmado por Alianza Republicana, Partido Republicano Radical, Grupo de Acción Republicana, Partido Radical Socialista, Derecha Liberal Republicana, Acción Catalana, Acción Republicana de Cataluña, Estat Català y la Federación Republicana Gallega; en Octubre de 1930 se unirían el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Unión General de Trabajadores (UGT). El objetivo de dicha adhesión era la convocatoria de una huelga general y el posterior levantamiento militar, con el fin de ponerle fin a la Monarquía encabezada por Alfonso XIII. Con tal



fin, se conformó un Comité Revolucionario integrado por Niceto Alcalá-Zamora, Miguel Maura, Alejandro Lerroux, Diego Martínez Barrio, Manuel Azaña, Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz, Santiago Casares Quiroga y Luis Nicolau D’Olwer, por los republicanos, e Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y Francisco Largo Caballero, por los socialistas.

El Comité Revolucionario estaba presidido por Niceto Alcala Zamora y celebraban sus reuniones en el Ateneo de Madrid. En esas reuniones, ultimaban los preparativos para la sublevación militar, la cual debía de ser acompañada por una huelga general que, en opinión del Comité Revolucionario daría la “estocada final a la Monarquía personificada por Alfonso XIII”. A inicio de diciembre de 1930, empezó a circular un manifiesto que decía lo siguiente:

“¡ESPAÑOLES! Surge de las entrañas sociales un profundo clamor popular que demanda justicia y un impulso que nos mueve a procurarla. Puestas sus esperanzas en la República, el pueblo está ya en la calle. Para servirle hemos querido tramitar la demanda por los procedimientos de la ley, y se nos ha cerrado el camino. (…) Seguros estamos de que para sumar a los nuestros sus contingentes se abrirán las puertas de los talleres y las fábricas, de los despachos, de las Universidades, hasta de los cuarteles. Venimos a derribar la fortaleza en que se ha encastillado el poder personal, a meter la Monarquía en los archivos de la Historia y a establecer la República sobre la base de la soberanía nacional representada en una Asamblea Constituyente. Entre tanto, nosotros, conscientes de nuestra misión y nuestra responsabilidad, asumimos las funciones del Poder Público con carácter de Gobierno provisional. ¡Viva España con honra! ¡Viva la República!”

Sin embargo, el plan del Comité Revolucionario fracaso debido a 2 factores: a) la huelga general no llego a declararse y b) El pronunciamiento militar fracaso debido a que los capitales Fermín Galán y Ángel García Hernández se sublevaron en la Guarnición de Jaca el 12 de diciembre, 3 días antes de lo previsto, lo que motivo la rápida reacción del Gobierno, el aplastamiento de la sublevación, un Consejo de Guerra y el fusilamiento de los sublevados.

Sublevación de Jaca:

El 12 de diciembre de 1930, los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, al mando de un grupo de militares toman el control de la Guarnición de Jaca, arrestando al Gobernador militar. Posteriormente ocupan la estación de ferrocarril y los centros de correos y telégrafos. Una vez que tomo control del pueblo, se dirige al Ayuntamiento y proclama “en nombre del Gobierno Provisional Revolucionario” la Republica.

Luego de controlar la situación de Jaca, el capitán Galán decide ir a marchar sobre Ayerbe, con el objetivo de alcanzar Huesca. Para ello, decide dividir sus tropas (compuestas por militares y paisanos) en 2 columnas e inician la marcha tras una serie de retrasos (producto de la desorganización y al hecho de que no contaban con vehículos suficientes para iniciar el trayecto), este retraso jugo a favor del Gobierno de Berenguer, quien enterado de la sublevación ordeno a la Capitanía General de la V Región Militar que se haga cargo de la sublevación militar. El General Fernández Heredia ordena que 2 columnas se dirijan hacia Huesca. Mientras tanto, las tropas sublevadas toman Ayerbe y proclaman la Republica. En la madrugada del 13 de diciembre ambas tropas se encuentran en los alrededores del santuario de Cillas, Galán trato infructuosamente de convencer a los oficiales que se les unieran, tras lo cual se inició un enfrentamiento que diezmo a la tropas sublevadas. Los capitanes Galán y García huyeron hacia Biscarrues, donde se entregaron a la Guardia Civil. Luego de un Consejo de Guerra sumarísimo, los Capitanes Fermín Galán y García Hernández fueron condenados a muerte y fusilados el 14 de diciembre de 1930.



Gobierno de Bautista Aznar y elecciones municipales del 12 de abril de 1931

Como consecuencia de la fallida sublevación militar, el Gobierno de Berenguer decide arrestar a todos los integrantes del Comité Revolucionario, sin embargo la presión por cambios políticos obligo al Gobierno de Berenguer aplicar el Art. 131 de la Constitución de 1876, el cual garantiza las libertades civiles, políticas y de expresión y a convocar a elecciones generales para el 1 de marzo de 1931, todo ello obligo al Rey a ponerle fin al Gobierno de Berenguer y nombrar al Almirante Juan Bautista Aznar, quien modifico el calendario electoral: Primero se celebrarían elecciones municipales el 12 de abril de 1931 y luego se celebrarían elecciones para las Cortes, las cuales tendrían el carácter de Constituyente. Asimismo, el 20 de marzo de 1931 se inició el juicio contra el Comité Revolucionario, el cual se convirtió en una plataforma a favor de la causa republicana, por lo que los detenidos quedaron en libertad.

Así, las elecciones del 12 de abril de 1931, si bien solo eran para la elección de municipios, tenían un carácter de plebiscito para la Corona, ya que una derrota electoral de los partidos leales a la Corona, se entenderían como un rechazo hacia el Rey. Por ello, al conocerse que en 41 de las 50 capitales de provincias había ganado los partidos republicanos-socialistas, el Comité Revolucionario lanzo un comunicado señalando que el pueblo “se había manifestado en contra de la Monarquía y a favor de la Republica”, lo que hacía que la continuidad del Rey Alfonso XIII sea insostenible.

Tras conocerse el resultado electoral, el Almirante Aznar dimitió, si bien parte del Gobierno trato de conseguir el apoyo del ejército para “mantener el orden”, fue el presidente del Comité Revolucionario quien logro el apoyo del General Sanjurjo, el cual a su vez tenía el apoyo de la Guardia Civil. Por ello, tras constatar que carecía de los apoyos suficientes para garantizar su seguridad, el Rey partió al exilio el 14 de abril de 1931 sin abdicar formalmente. El mismo día se proclamó La Segunda República Española y el Comité Revolucionario se convirtió en el Gobierno Provisional.

B. Gobierno Provisional y Constituyente de 1931

Luego de la huida del Rey Alfonso XIII, el Comité Revolucionario se instala en el Ministerio de Gobernación, allí designan a Niceto Alcalá-Zamora como presidente del Gobierno Provisional.

La primera autoridad de la Monarquía de Alfonso XIII en reconocer como nuevo gobierno al “comité revolucionario” republicano-socialista que se había formado en octubre de 1930 tras la adhesión del PSOE al Pacto de San Sebastián acordado por todos los partidos republicanos, es el general Sanjurjo, director de la Guardia Civil, que a primeras horas de la mañana del 14 de abril de 1931 se dirige a la casa de Miguel Maura donde se encuentran reunidos los miembros del comité revolucionario que no estaban exiliados en Francia, ni escondidos: Niceto Alcalá-Zamora, Francisco Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Santiago Casares Quiroga, y Álvaro de Albornoz. Nada más entrar en la casa el general Sanjurjo se cuadra ante Maura y le dice: “A las órdenes de usted señor ministro”. Inmediatamente avisan a Manuel Azaña y a Alejandro Lerroux, que se hallaban escondidos en Madrid desde hacía meses, para que acudan a casa de Maura. Conforme van llegando las noticias de la proclamación de la República en diversas ciudades y cuando por la tarde una muchedumbre se concentra en Madrid en la Puerta del Sol donde se encuentra la sede del Ministerio de la Gobernación, los miembros del comité revolucionario se dirigen allí, mientras tanto el rey se despedía de los nobles y grandes de España que habían acudido al Palacio de Oriente y abandonaba Madrid en coche en dirección a Cartagena, donde hacia las cuatro de la madrugada embarcaba en el crucero Príncipe de Asturias rumbo a Marsella.

Tras proclamar la República el 14 de abril de 1931, el comité revolucionario republicano-socialista constituido en Comité Político de la República firma un decreto que será publicado al día siguiente en el diario oficial, la Gaceta de Madrid, en el que comunica que ha tomado el Poder adoptando el título de Gobierno Provisional de la República, y a continuación en otro decreto nombra a Niceto Alcalá-Zamora como presidente del Gobierno Provisional, que asumirá además las funciones de Jefe del Estado (función ejercida hasta el 14 de abril por el rey Alfonso XIII). En el preámbulo



de este último decreto se dice: El Gobierno provisional de la República ha tomado el Poder sin tramitaciones y sin resistencia ni oposición protocolaria alguna; es el pueblo quien le ha elevado a la posición en que se halla, y es él quien en toda España le rinde acatamiento e inviste de autoridad. A continuación Alcalá-Zamora nombra ministros del Gobierno Provisional a los miembros del comité revolucionario.2 Un decreto publicado el 28 de abril en la Gaceta de Madrid adoptaba como bandera nacional la tricolor.

El mismo día 15 de abril la Gaceta de Madrid también publica otro decreto fijando el Estatuto jurídico del Gobierno Provisional que fue la norma legal superior por la que se rigió el Gobierno Provisional hasta la aprobación por las Cortes Constituyentes de la nueva Constitución de la República, el 9 de diciembre de 1931. Más significativo aún de cómo iba a abordar el nuevo Gobierno el orden público y la libertad de prensa fue todo lo que ocurrió en torno a los sucesos que se produjeron en San Sebastián el 28 de mayo. Aquel día unos huelguistas de Pasajes que se dirigían a San Sebastián fueron bloqueados por la Guardia Civil en el puente de Miracruz. Ante la negativa de aquéllos a disolverse, los guardias civiles comenzaron a disparar ocasionado la muerte a ocho personas y más de cincuenta heridos. Ante la magnitud del hecho el ministro de la Gobernación, Miguel Maura, reunió a todos los directores de periódicos para recordarles “que se hallaban frente a un ministro que disponía de plenos poderes en materia de orden público”.

Durante el Gobierno Provisional se dieron una serie de debates en torno a temas que serían muy recurrentes durante toda la Segunda República Española (y de hecho, son temas polémicos y que generan debates hasta el día de hoy en la España moderna) como:

• La cuestión Catalana • La cuestión Vasca • El papel de la Iglesia Católica • La reforma del ejército (se tiene que tener en cuenta que se acababa de salir de una dictadura militar que contaba con el beneplácito del Rey) • La cuestión agraria y la reforma de la propiedad • La reforma laboral

Con todas estas cuestiones pendientes de resolver, se convoca a las elecciones a las Cortes Constituyentes, tras lo cual se formó el Primer Bienio de la Segunda República Española

C. Primer Bienio

La primera vuelta de las elecciones generales de España de 1931, consideradas a Cortes Constituyentes, se celebró el 28 de junio de 1931. La segunda vuelta se prolongó, con diversas elecciones parciales, entre el 19 de julio y el 8 de noviembre. Tuvieron lugar poco después de la proclamación de la Segunda República Española con el fin de elaborar una nueva constitución. A ellas concurrieron, por una parte la Conjunción Republicano-Socialista, compuesta por el PSOE, los radicales de Lerroux, los radicalsocialistas, la Derecha Liberal Republicana de Alcalá-Zamora y la Acción Republicana de Azaña, si bien cada partido concurría con su propio programa. La derecha antirrepublicana concurrió dividida y no presentó candidaturas en parte de las circunscripciones.

Las elecciones dieron un triunfo rotundo a la Conjunción Republicano-Socialista. La derecha y el centro republicanos (con la excepción de los radicales) quedaban reducidos a un papel testimonial, en tanto que la derecha monárquica sufría un serio revés. Como resultado la mayoría de las izquierdas en el Parlamento (nucleada en torno a socialistas, radicalsocialistas y Acción Republicana, puesto que radicales y progresistas abandonaron pronto la coalición) dio lugar al denominado bienio reformista entre los años 1931 y 1933. La derecha monárquica y católica sólo consiguió unos



50 diputados, repartidos entre los quince agrarios de José Martínez de Velasco y los cinco de Acción Nacional de José María Gil Robles, que formarían la Minoría Agraria, y los diputados de la coalición católico-fuerista, integrada por la carlista Comunión Tradicionalista, los nacionalistas vascos del PNV y católicos independientes, que había triunfado en el País Vasco-navarro, y que constituirían la Minoría vasco-navarra con 15 diputados, además de otros diputados monárquicos y regionalistas de derechas.

En octubre de 1931 las Cortes debatieron el asunto más polémico de la futura Constitución: la «cuestión religiosa». La intervención del día 13 de Manuel Azaña, ministro de la Guerra del Gobierno Provisional y líder del pequeño partido Acción Republicana, fue decisiva para que las fuerzas políticas de la coalición republicano-socialista que había ganado las elecciones constituyentes de junio alcanzaran un acuerdo relativamente más moderado sobre la cuestión religiosa que el propuesto inicialmente por la ponencia. Sin embargo, la redacción final del artículo 26 de la Constitución no contó con el apoyo de los miembros declaradamente católicos del gobierno provisional, Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, fundamentalmente porque se mantuvo la prohibición de ejercer la enseñanza a las órdenes religiosas. Así el 14 de octubre ambos presentaron la dimisión.

El gobierno provisional se reunió ese mismo día 14 por la tarde para resolver la grave crisis provocada por la dimisión de su presidente. Los socialistas no estaban dispuestos a asumir la presidencia, por lo que no quedaba más opción que escoger entre Alejandro Lerroux, veterano líder del Partido Republicano Radical, el grupo republicano que contaba con más diputados, o Manuel Azaña, líder de Acción Republicana, un grupo con menor representación parlamentaria. Pero fue el propio Lerroux el que adelantándose a todos propuso como presidente a Azaña, lo que fue aprobado inmediatamente y por aclamación por el resto de miembros del gabinete. La rápida unanimidad que se alcanzó en el Gobierno Provisional para nombrar a Azaña fue debida a que era el único miembro del mismo que contaba con el apoyo del resto de ministros.

Según Lerroux, su decisión de proponer a Azaña como sustituto de Alcalá-Zamora en lugar de postularse él mismo para el cargo de presidente, obedeció al hecho de que su gobierno no habría contado con el apoyo ni del Partido Republicano Radical-Socialista ni del PSOE por lo que difícilmente habría conseguido una mayoría estable en las Cortes. Como había dicho poco antes de la crisis, «el Parlamento, en su mayoría, se dedicaría a procurar nuestro fracaso, y, principalmente, el mío». Sin embargo, el historiador británico Nigel Townson considera esta interpretación «harto discutible» ya que Azaña, según dejó constancia en sus diarios, estimaba prematuro asumir la presidencia y por tanto, le habría apoyado, y el rechazo de los radical-socialistas y de los socialistas a un gobierno radical no era tan evidente. En realidad la verdadera razón de que Lerroux hubiera propuesto a Azaña era que pensaba que era



una solución interina y que su gobierno no duraría mucho —el propio Azaña escribió en su diario: «estoy como un condenado, esperando que me pongan en capilla»— y entonces no quedaría más alternativa que él mismo, formando un gobierno que convocaría elecciones para dotarse de una mayoría amplia en las Cortes, «sirviéndose en gran medida de los medios ilícitos de influencia a disposición de las autoridades». Ese era, según el dirigente radical Diego Martínez Barrio, el «secreto deseo» de Lerroux. Otros miembros del gobierno también entendieron, según Santos Juliá, que «se trataba de un nombramiento interino: Azaña, como líder de un partido minoritario, volvería al lugar secundario que por su fuerza le correspondía cuando se promulgara la Constitución y se eligiera al primer presidente de la República»

El apoyo a Azaña por parte de todas las fuerzas políticas se debió a que durante los últimos meses se había convertido en la figura más destacada del Gobierno Provisional. Contaba su destacada y difícil labor al frente del Ministerio de la Guerra poniendo en marcha una reforma militar de gran calado y sobre todo su liderazgo demostrado en sus intervenciones parlamentarias, especialmente la del día anterior sobre la cuestión religiosa.

Sin embargo, no deja de sorprender el hecho de que el elegido fuera Azaña dada su escasa experiencia política, al menos si se compara con la de Alejandro Lerroux. Según el historiador británico Nigel Townson, además del liderazgo demostrado por Azaña, en su designación también contaron lo que él llama «razones estratégicas». «Para los socialistas y radical-socialistas era la elección ideal: compartía muchas de sus ideas, alejaba de la presidencia a Lerroux y sería capaz de mantener la unidad de la coalición republicana-socialista al menos hasta la Constitución. Ello se debía a que Acción Republicana, el único partido que gozaba de buenas relaciones con los radical-socialistas y los socialistas por una parte, y con los radicales por otra, actuaba como bisagra en el gabinete. Azaña tenía la ventaja adicional para los socialistas de encabezar un pequeño partido que no amenazaba su posición en el seno de la mayoría gobernante».

El primer gobierno de Azaña (octubre-diciembre de 1931)

La salida del gobierno de los dos ministros católicos, a Miguel Maura le sustituyó al frente del Ministerio de la Gobernación el republicano de la ORGA Santiago Casares Quiroga, que hasta entonces había ocupado el Ministerio de Marina, cargo que pasó a José Giral, de Acción Republicana y sobre todo la asunción de la presidencia por Manuel Azaña supusieron un giro a la izquierda en la política del Gobierno Provisional, lo que acentuó el enfrentamiento entre radicales y socialistas no sólo en el gobierno y en las Cortes sino también fuera de las instituciones. El conflicto se evidenció claramente en Andalucía y en Extremadura, donde los socialistas representaban a los jornaleros sin tierras y los radicales a «labradores y propietarios, personas de orden» perjudicadas por los decretos agrarios del ministro socialista Francisco Largo Caballero e indignadas por los supuestos abusos de poder de las autoridades locales socialistas. Pero también en las ciudades donde los radicales estaban respaldados por «comerciantes, industriales y productores… atemorizados» por el creciente poder de los sindicatos. El diario oficial del PSOE, El Socialista, acusó a Lerroux de haberse asociado con la derecha antirrepublicana —«caudillo de las derechas» llegó a llamarle—, lo que fue denunciado por el líder radical como «una vileza».

Las relaciones entre los radicales y el partido de Azaña también se deterioraron debido a que los «azañistas» durante el debate constitucional en muchas ocasiones votaron junto con los radical-socialistas y los socialistas y no apoyaron las propuestas del partido de Lerroux. Sucedió, por ejemplo, durante la discusión sobre la bicameralidad o la unicameralidad de las Cortes, en la que los radicales defendieron un parlamento bicameral, compuesto por el Congreso y el Senado, mientras que los «azañistas» junto con los socialistas proponían uno unicameral, que fue la alternativa que finalmente se adoptó. Más grave fue el enfrentamiento suscitado durante el debate sobre el procedimiento de elección del presidente de la República, en el que de nuevo Acción Republicana votó junto con radical-socialistas y socialistas en contra de la propuesta de los radicales, lo que los puso «furiosos», según anotó Azaña en su diario, añadiendo a continuación: «dicen que Acción Republicana es una querida que les ha salido infiel»



La formación del segundo gobierno de Azaña

El 9 de diciembre las Cortes aprobaron finalmente la nueva Constitución. Inmediatamente se planteó la elección del presidente de la República que en esta primera ocasión correspondería a las propias Cortes Constituyentes —en las siguientes sería designado además de por las Cortes por un cuerpo de compromisarios elegido por sufragio universal—.

El primer candidato en el que se pensó fue Alejandro Lerroux, el dirigente más veterano del republicanismo español, consiguiendo así una «jubilación magnífica» en palabras de Azaña, pero Lerroux en julio ya había manifestado que no aceptaría ser presidente de la República debido a que «este debe ser independiente y yo no lo soy. Me debo a una disciplina política». Además Lerroux estaba convencido de que si ocupaba el cargo su partido, el republicano radical, se desintegraría —de hecho circulaba el rumor de que una veintena de diputados estaban dispuestos a pasarse al partido de Azaña— y, por otro lado, su ambición política era ocupar la presidencia del gobierno, no el cargo más o menos protocolario de la presidencia de la República.

Antes de que acabara el debate constitucional, los partidos que apoyaban al gobierno ya habían decidido que este continuaría después de aprobada la Constitución para desarrollar la legislación complementaria de la misma, por lo que no se disolverían las Cortes constituyentes ni se convocarían elecciones, sino que las constituyentes se convertirían de facto en Cortes ordinarias. Siguiendo los trámites establecidos en la nueva Constitución, Azaña presentó su dimisión al presidente de la República el sábado 12 y este tras las preceptivas consultas con los líderes políticos —Lerroux manifestó de nuevo que no quería ser presidente del gobierno ya que el nombramiento no iba acompañado del «decreto de disolución», tal como declaró a los periodistas— encargó a Azaña la formación del nuevo gobierno, el primero ordinario de la Segunda República.

Azaña se puso en contacto con los partidos políticos que habían formado parte del gobierno anterior presidido por él y todos le manifestaron su voluntad de continuar, aunque los socialistas aceptaron después de mantener un acalorado debate sobre si el PSOE debía seguir o no en el poder. La idea de Azaña era que el nuevo gabinete estuviera formado por tres ministros socialistas —desplazando a Indalecio Prieto de Hacienda a Obras Públicas, siendo ocupada la primera cartera por el catalán Jaume Carner—, dos radical-socialistas, dos radicales, uno de la ORGA y otro de Acción Republicana, una distribución similar al gobierno anterior. Pero cuando Azaña visitó de nuevo a Lerroux para informarle del éxito de su gestión, el líder radical le dijo que ni él ni su partido formarían parte del gobierno. Según contó después Lerroux en sus memorias el motivo fue que Azaña no atendió su petición de que redujera notablemente el número de ministros socialistas del gobierno. Sin embargo, la verdadera razón del abandono de Lerroux fue la continuidad de los socialistas en el gobierno, lo que explicaría que en principio hubiera respondido afirmativamente y que luego cuando los socialistas decidieron seguir en él, dijera que no. Según Nigel Townson si el gobierno hubiera sido exclusivamente republicano, Lerroux y los radicales habrían participado en él, porque hubieran tenido «una mayor influencia que antes en el Gobierno y en particular en el calendario de disolución [de las Cortes] y en la organización de las elecciones». Un punto de vista que comparte Santos Juliá —«O yo o los socialistas, vino a decir [Lerroux] a Azaña», afirma -y que coincide con la interpretación que hizo el propio Azaña, como quedó reflejado en su diario: «Los radicales en pugna con los socialistas, quieren estar en la oposición para ser la reserva y disolver las Cortes. Quieren que nos gastemos los demás, y venir un día al poder como garantía de orden».

La explicación que dio el Partido Republicano Radical en los días siguientes fue que las propuestas de Azaña no habían respondido al «sentido y a las orientaciones de la política que a nuestro juicio necesita el país actualmente». Más adelante Lerroux dijo: «se cree que no ha llegado la ocasión de que gobierne la democracia liberal republicana». La decisión de Lerroux de abandonar la coalición respondía también a lo que querían las bases del partido, cada vez más enfrentadas a los socialistas.



Al decidir formar gobierno con los socialistas, aunque quedaran fuera los radicales, Azaña fue coherente con el proyecto político que había defendido desde que se pasó al campo republicano tras el triunfo del golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923 y que expuso en Apelación a la República del año siguiente. Azaña estaba convencido de que la democracia no se consolidaría si sólo contaba con el apoyo de las clases medias por lo que era necesario atraer a las clases trabajadoras. Descartados los anarcosindicalistas porque su propia ideología era contraria al Estado, había que conseguir que los socialistas participaran en las instituciones democráticas como ya estaba sucediendo con mayor o menor fortuna en otros países europeos. Además, el programa de reformas que tenía pensado Azaña sería muy difícil aplicarlo con los socialistas fuera del gobierno. Por otro lado, Azaña prefería tener en la oposición a los radicales antes que a los socialistas «lanzar a los socialistas a la oposición sería convertir a las Cortes en una algarabía», escribió Azaña en su diario, aunque fuera a costa de perder el apoyo de parte de las clases medias rurales y urbanas y de ciertos sectores de trabajadores, todos ellos identificados con el partido republicano radical.

El 15 de diciembre de 1931 Manuel Azaña presentó su segundo gobierno, integrado exclusivamente por republicanos de izquierda (Acción Republicana, Partido Republicano Radical Socialista (PRRS), ORGA, Esquerra Republicana de Cataluña) y socialistas, dispuesto a desarrollar un vasto programa de reformas que pretendían transformar los parámetros que habían sido esenciales en la sociedad de la Restauración. El historiador Julio Aróstegui enumera los siguientes: «La estructura del Estado con la implantación de la democracia de partidos y autonomías regionales, plasmadas en la Constitución. La transformación del sistema de tenencia de la tierra, con la reforma agraria [y el cambio del marco de relaciones laborales, tanto en el campo como en la industria y los servicios]. La recuperación por las fuerzas laicas de la hegemonía ideológica, lo que explica todo el intento de reformismo eclesiástico y educativo. La conversión del aparato militar en un instrumento moderno, mínimo y controlado, de un Estado que había renunciado a la guerra constitucionalmente, alejado de veleidades políticas como las que dieron lugar a la dictadura en los años veinte». El gobierno dio prioridad a la cuestión religiosa por lo que aun siendo socialmente reformista el primer bienio republicano fue mucho más anticlerical.

Para los partidos políticos que integraban la coalición republicano-socialista encabezada por Azaña, la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931 no había constituido un simple cambio de régimen (de Monarquía a República, de dictadura a democracia) sino que había sido una revolución popular —la república «había rasgado los telones de la España oficial» dijo Azaña en la campaña electoral de 1931— y las esperanzas que el «pueblo» había puesto en ella no podían ser defraudadas ni «traicionadas». Por eso buena parte de los republicanos de izquierda, singularmente los radical socialistas, usaban más el término «revolución» que el de «democracia»

La concepción exclusivista o patrimonialista de la República también era compartida por los socialistas, dado su carácter «revolucionario y popular» sólo podía ser dirigida «por los genuinos representantes de ese pueblo que lo había traído», afirmaron—, con la particularidad de que al menos para su sector mayoritario, el encabezado por el ministro de Trabajo Francisco Largo Caballero, la República no era un fin en sí misma sino una etapa intermedia y un instrumento en la consecución del socialismo, por lo que su colaboración con la misma era circunstancial —se mantendría mientras diera satisfacción a sus reivindicaciones—. Así lo había afirmado en 1930 Largo Caballero para quien la opción republicana no se presentaba «como resultado de una defensa del parlamentarismo o de la democracia sino como creciente convicción de que la república era la única fórmula que permitiría a la organización obrera [la UGT, de la que el PSOE era un apéndice] no perder las posiciones conquistadas con la dictadura e incluso avanzar hacia metas superiores». Los socialistas también entendieron el 14 de abril como un «episodio revolucionario» a cuyo triunfo ellos habían contribuido de forma «activa y decisiva», lo que les comprometía a «empujar la República a la realización de una política progresiva que dé satisfacción a los justos deseos de los trabajadores, sobre todo a los campesinos» y a «ser la vanguardia que defienda la República de los asaltos de la reacción», pero dejaron claro, al menos el sector caballerista, que aquella República «burguesa» no era ni «su» República ni «su» revolución. Sin embargo, para el sector encabezado por Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, sin perder de vista el objetivo final del socialismo,



la República no era un simple instrumento, sino que podía ser un fin en sí misma temporalmente si cumplía unos mínimos.

El amplio abanico de reformas que intentaban solucionar las cuestiones pendientes (la «cuestión política» y la «cuestión regional», la «cuestión agraria» y la «cuestión social», la «cuestión religiosa» y la «cuestión militar»), encontró gran resistencia desde sus primeros pasos por parte de los grupos sociales y corporativos a los que las reformas intentaban «descabalgar» de sus posiciones adquiridas: los terratenientes, los grandes empresarios, financieros y patronos, la Iglesia católica, las órdenes religiosas, la opinión católica, la opinión monárquica, el militarismo «africanista». Pero también existió una resistencia al reformismo republicano de signo contrario: el de revolucionarismo a ultranza, que encabezaron las organizaciones anarquistas (la CNT y la FAI) y un sector del socialismo, el vinculado al sindicato UGT. Para ellos la República representaba el «orden burgués» (sin demasiadas diferencias con los regímenes políticos anteriores, Dictadura y Monarquía) que había que destruir para alcanzar el «comunismo libertario», según los primeros, o el «socialismo», según los segundos.

Reforma Laboral

El objetivo de estas reformas era crear un marco legal que reglamentara las relaciones laborales y afianzara el poder de los sindicatos, especialmente de la UGT, en la negociación de los contratos de trabajo y en la vigilancia de su cumplimiento. Su fin último respondía al proyecto socialdemócrata que pretendía «otorgar a los trabajadores, a través de sus sindicatos, la posibilidad de aumentar paulatinamente su control sobre las empresas y, en definitiva, sobre el conjunto del sistema económico y de relaciones de clase. Con ello se avanzaría hacia el logro de una sociedad socialista, pero gradualmente.

Reforma Agraria

El debate del proyecto de reforma agraria se alargó debido a las discrepancias surgidas entre los partidos que apoyaban al gobierno sobre su contenido y también porque, según Javier Tusell, ni Azaña ni Domingo lo consideraron un proyecto prioritario. La discusión se habría prolongado aún más de no haberse producido el intento de golpe de Estado encabezado por el general Sanjurjo del 10 de agosto de 1932, que al ser derrotado dio al gobierno el impulso definitivo para la aprobación de la Ley. A pesar de las grandes expectativas que había levantado, los efectos de la Ley de Reforma Agraria fueron muy limitados: a finales de 1933 sólo se habían ocupado 24 203 Has., repartidas entre 4339 campesinos, a los que habría que añadir otros tres o cuatro mil en las tierras previamente expropiadas a la Grandeza. La razón principal de este fracaso fue que el Instituto de Reforma Agraria (IRA), que era el organismo encargado de aplicar la ley, fue dotado de unos recursos humanos y económicos claramente insuficientes, debido a la falta de dinero de la Hacienda pública y al boicot que realizó la banca privada (vinculada familiar y económicamente a los terratenientes) al Banco Nacional de Crédito Agrícola, creado por la Ley para financiar la reforma. A esa razón principal habría que añadir la propia complejidad de la ley, resultado de los difíciles pactos que permitieron alcanzar el consenso definitivo entre los partidos que defendían proyectos muy diferentes sobre la «cuestión agraria»; la organización «confusa y excesiva» del Instituto de Reforma Agraria, ya que sus decisiones debían tomarse de forma colegida por lo que acabó convirtiéndose en una especie de Cortes en miniatura en el que las discusiones se eternizaban; la incompetencia del ministro encargado de aplicar la reforma, Marcelino Domingo, por lo que sorprende que no fuera sustituido por Azaña quien escribió en su diario un juicio muy duro sobre él y sus huestes: «No harán nada útil y habiendo producido inquietud y perturbación ni Domingo ni sus huestes son capaces de hallar una compensación para la República, atrayéndose a masas de campesinos a los que se dé tierra». La lentitud en la aplicación de la ley se intentó paliar con una medida complementaria, que fue el Decreto de Intensificación de Cultivos de 22 de octubre de 1932, que



permitía la ocupación temporal de fincas de tierras de labranza que hubieran dejado de ser arrendadas a cultivadores y se hubieran dedicado sólo a la ganadería en la mitad sur de España (Extremadura fundamentalmente). La medida afectó a 1500 fincas en 9 provincias (unas 125 000 hectáreas) y dio trabajo a 40 108 familias, sobre todo extremeñas, cuyos miembros se encontraban en paro. El decreto motivó vivas protestas de los propietarios.

El fracaso de la reforma agraria fue una de las causas principales de la aguda agitación social del periodo 1933-34, porque el anuncio de la reforma hizo creer a muchos jornaleros en una rápida entrega de tierras, que finalmente no se produjo por lo que pronto se sintieron decepcionados. Esto llevó a la radicalización de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) de UGT que se situó en la vanguardia de los que pedían la ruptura de la coalición republicano-socialista que gobernaba el país y se oponían a la «república burguesa», coincidiendo así con la CNT, que desde el principio había combatido una reforma agraria que, según ella, consolidaba el modelo capitalista en el medio rural e imposibilitaba el que se produjera una «verdadera» revolución.

La cuestión Religiosa

A partir de la aprobación en diciembre de 1931 de la Constitución que establecía la aconfesionalidad del Estado el gobierno republicano-socialista promulgó una serie decretos y propuso unas leyes que la hicieran efectiva y que permitieran que el Estado asumiera aquellas funciones administrativas y sociales que la Iglesia católica había desempeñado hasta entonces. La primera medida que tomó el gobierno fue el decreto de 23 de enero de 1932 que daba cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución: la disolución de la orden de los jesuitas y la nacionalización de la mayor parte de sus bienes (colegios y residencias, especialmente), que pasaron a ser gestionados por un Patronato. El problema que se le planteó al Gobierno fue que la mayoría de las propiedades no figuraban a nombre de los jesuitas, sino que pertenecían a hombres de paja o a sociedades. El Gobierno pudo identificar unas 33 escuelas, 47 residencias y 79 edificios urbanos que esperaba utilizar como escuelas, pero pronto se vio frustrada esa pretensión porque los jesuitas plantearon numerosos recursos ante los tribunales (uno de sus abogados fue el líder de Acción Nacional José María Gil Robles) que demostraban que ellos eran simplemente los inquilinos de los inmuebles, pero no los propietarios. Al final el Gobierno pudo hacerse con una docena de edificios, pero la legalidad de su ocupación continuaba pendiente de los tribunales y de la eventual compensación que tendría que ser pagada. A pesar de todo, los jesuitas mantuvieron sus colegios mediante el recurso a instituciones privadas. Por otro lado, el decreto no expulsaba a los jesuitas del país, como ya sucedió en tiempos de Carlos III, sino que les daba la oportunidad de permanecer en España si se desvinculaban de la Compañía. Pero los propios jesuitas decidieron retirar a muchos de sus sacerdotes más jóvenes, por lo que la prensa mundial habló de la «expulsión de los jesuitas».

Cumpliendo otro mandato constitucional, siete días después, el decreto de 30 de enero de 1932 secularizaba los cementerios (la mayoría de ellos estaban administrados por iglesias parroquiales o por cofradías), que pasaron a ser propiedad de los ayuntamientos que fueron los que a partir de entonces asumieron su gestión. Asimismo los entierros católicos fueron considerados manifestaciones públicas del culto, por lo que de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución, tenían que ser autorizados por los alcaldes, quienes podían establecer las normas por las que deberían regirse e incluso gravarlos con impuestos. Pocos días después, el 2 de febrero de 1932, las Cortes aprobaban la ley de divorcio que sentaba el principio de que la disolución del contrato matrimonial era una potestad del Estado no de la Iglesia católica, que hasta entonces había detentado su monopolio (con las «nulidades matrimoniales» de los tribunales eclesiásticos).

El momento de mayor enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia católica fue la presentación y el debate de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas que tuvo lugar en los primeros meses de 1933. Así, el 25 de mayo de 1933, cuando ya había sido aprobada por las Cortes, aunque faltaba la firma del presidente Alcalá-Zamora, los cardenales y obispos españoles, encabezados por el nuevo cardenal primado Isidro Gomá y Tomás —quien tras suceder en el cargo



al polémico cardenal Segura el mes anterior había dicho que los católicos españoles habían trabajado «poco, tarde y mal», hacían pública una carta episcopal que consideraba la ley «un duro ultraje a los derechos divinos de la Iglesia», condenaba «todas las injerencias y restricciones con que esta ley de agresiva excepción pone a la Iglesia bajo el dominio del poder civil» y llamaba a la movilización de los católicos. La ley de Congregaciones desarrollaba los artículos 26 y 27 de la Constitución y establecía que las órdenes y congregaciones religiosas debían inscribirse en un Registro especial del Ministerio de Justicia; reglamentaba el culto público; suprimía la dotación de «culto y clero» del Estado y eliminaba otros subsidios oficiales; nacionalizaba parte del patrimonio eclesiástico (templos, monasterios, seminarios, etc.) aunque quedaban a disposición de la Iglesia; atribuía al Estado la potestad de vetar determinados nombramientos religiosos; y por último, establecía el cierre de los centros de enseñanza católicos de secundaria para el 1 de octubre y los de primaria para el 31 de diciembre de 1933.

Todas estas reformas contaron con la férrea oposición de los monárquicos, agrupados bajo el liderazgo del General Sanjurjo; los fascistas liderados por José Antonio Primo de Rivera; los católicos liderados por la Iglesia Católica; los miembros de la CNT (Confederación Nacional de Trabajadores) en unión con los anarquistas.

Crisis y fin de gobierno de Azaña

En el otoño de 1932 el Gobierno de Azaña alcanzó su máximo prestigio. Había contenido a la oposición anarquista y derrotado sin dificultades la sublevación militar monárquica de agosto. La UGT apoyaba al gobierno a pesar de la impaciencia de parte de sus afiliados más exaltados y de la creciente influencia sobre las masas de la CNT. La República había iniciado la reforma del ejército, la construcción de escuelas públicas, y un programa de grandes obras públicas. Finalmente, había logrado la aprobación de una ley de reforma agraria y concedido un Estatuto de autonomía a Cataluña. Sin embargo, en 1933 el Gobierno de Azaña sucumbió a las presiones externas e internas. El declive empezó con la insurrección anarquista, que desembocó en la matanza de Casas Viejas y minó la credibilidad republicana. Confluyeron las malas noticias sobre la economía y el paro con la ofensiva de las organizaciones patronales contra el sistema corporativo de los jurados mixtos, la irrupción del catolicismo como movimiento político de masas y el acoso del Partido Republicano Radical. «En septiembre de 1933, como consecuencia de todo ello y de que Azaña perdió la confianza de Alcalá Zamora, los republicanos de izquierda y los socialistas ya no estaban en el gobierno». Una de las puntas de lanza de acoso al gobierno fue el Partido Republicano Radical, que había abandonado la coalición republicano-socialista en diciembre de 1931 al haberse decantado Azaña por la alianza con los socialistas en lugar de con ellos. La oposición de los radicales a la continuidad en el gobierno de los socialistas, una vez aprobada la Constitución de 1931, radicaba fundamentalmente en que una parte importante de su base social la constituían las clases medias urbanas y rurales, comerciantes, tenderos y pequeños empresarios que rechazaban las reformas socio-laborales aprobadas por el socialista Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo. Dado el conglomerado interclasista que lo constituía, su propaganda se dirigía a «todos los españoles». Alejandro Lerroux se convirtió así en portavoz de todos aquellos que odiaban a los socialistas, a los que llegó a acusar en una ocasión de estar ejerciendo «una especie de dictadura», y presionó a Niceto Alcalá Zamora para que le retirara su apoyo al gobierno de Azaña. «Que se fueran los socialistas se convirtió en el grito unánime de empresarios y patronos en la primavera y verano de 1933, cuando la crisis económica y el paro llegaban a su punto más alto y la CNT centraba sus huelgas y movilizaciones contra los jurados mixtos».

Las protestas patronales culminaron en julio de 1933 cuando se celebró en Madrid una Magna Asamblea Nacional de todas las organizaciones empresariales más importantes: la Confederación Gremial, la Confederación Patronal y la Unión Económica. Allí volvieron a exigir la modificación de la composición de los jurados mixtos. Por su parte la Confederación Española Patronal Agrícola acusaba a los socialistas y a su política en el Ministerio de Trabajo de haber trasladado de la ciudad al campo «la odiosa lucha de clases», además de solicitar la revisión de la Ley de Reforma Agraria por «antijurídica y antieconómica». Un revés para el gobierno y un signo de que la coalición gobernante estaba



perdiendo apoyos fueron las elecciones municipales parciales celebradas en abril de 1933, en las que se eligieron los 2500 ayuntamientos que habían sido designados en abril de 1931 por el artículo 29 de la antigua Ley electoral de 1907, que decía que si sólo se presentaba una única candidatura esta era proclamada ganadora y no hacía falta votar, y que desde entonces habían sido gobernados por comisiones gestoras. Los concejales republicanos duplicaron en número a los monárquicos pero el porcentaje de estos últimos (4954 sobre unos 15 000) resultó relativamente alto. Solo representaban el 2% de los electores de toda España, pero los resultados ofrecieron un avance sustancial de la CEDA y del Partido Radical, y un retroceso de los republicanos de izquierda y de los socialistas.

Pero el punto clave de la ruptura de la coalición no fueron las presiones «externas» o la pérdida de apoyos sino el intenso debate interno que vivió el socialismo español sobre la conveniencia de mantenerse en el gobierno. En el XIII Congreso del PSOE en octubre de 1932 y en el de UGT los dos sectores del socialismo (los encabezados por Indalecio Prieto y por Francisco Largo Caballero, respectivamente) decidieron continuar con la colaboración con los republicanos de izquierda con el objetivo de consolidar las reformas y de avanzar más por esa senda. Pero la colaboración se mantuvo con ciertas reservas porque crecía el descontento de las bases socialistas en el campo, desilusionadas por el alcance y los ritmos de la reforma agraria, y había habido ya sangrientos enfrentamientos como los Sucesos de Castilblanco (Badajoz) o los Sucesos de Arnedo (Logroño) entre jornaleros de la FNTT-UGT y la Guardia Civil, que estaba a las órdenes de un gobierno donde había tres ministros socialistas. En las ciudades la crisis económica se agudizaba, aumentaba el paro y las patronales radicalizaban su oposición a la normativa socio-laboral. Todo ello acentuó la brecha entre las bases socialistas y «su» gobierno. Por otro lado, los dirigentes de UGT observaron el crecimiento más rápido de sus rivales de la CNT y lo atribuyeron al hecho de que estos no se habían comprometido colaborando con un Gobierno «burgués». Los sucesos de Casas Viejas fueron los que terminaron de hacer prevalecer entre los socialistas la idea de que había llegado el momento de abandonar la alianza con la burguesía republicana. Incluso el sector encabezado por Prieto, hasta entonces el más firme partidario de la colaboración con los republicanos, llegó a defender a partir de marzo de 1933 la salida pactada de los socialistas del Ejecutivo y la formación de un gobierno de «concentración republicana» con apoyo del PSOE desde fuera. Pero el sector caballerista se opuso alegando que eso abriría el paso a la derecha y pondría fin al programa de reformas que aún estaba por acabar. Pero era muy difícil que la UGT siguiera comprometida en la consolidación de un régimen que sufría la abierta hostilidad del sindicato rival, CNT, capaz de movilizar a sectores cada vez más amplios de obreros y campesinos.

Caída del gobierno

La presión de los católicos de la recién creada CEDA sobre la Presidencia de la República con motivo del debate de la Ley de Congregaciones provocó en junio de 1933 la primera crisis del gobierno de Azaña. El presidente Alcalá Zamora, católico, esperó hasta el último día del plazo legal para sancionar la Ley de Congregaciones, aprobada por las Cortes el 17 de mayo pero no promulgada hasta el 2 de junio. Al día siguiente Alcalá Zamora le retiró su confianza al gobierno de Azaña y este tuvo que dimitir. El presidente de la República estaba convencido de que la opinión pública se estaba inclinando hacia la derecha. Sin embargo, Alcalá Zamora no tuvo más remedio que volver a nombrar a Azaña porque no encontró ningún otro candidato que pudiera obtener el respaldo de la mayoría de los diputados. Así, el 13 de junio se formó el tercer gobierno de Azaña, con una composición muy similar al segundo (los socialistas mantuvieron a sus tres ministros) aunque amplió su respaldo parlamentario al incluir un ministro del Partido Republicano Democrático Federal, José Franchy Roca, nuevo ministro de Industria y Comercio, y a Lluís Companys, de la Esquerra Republicana de Cataluña, como ministro de Marina. Pero a partir de ese momento el gobierno fue perdiendo apoyos porque continuaba la crisis de los radical-socialistas, divididos entre los seguidores de Félix Gordon Ordás, que se oponían a la presencia de los socialistas en el gobierno, y los que lideraban Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz, partidarios de su continuidad. La nueva oportunidad para destituir a Azaña se le presentó a Alcalá-Zamora a principios de septiembre de 1933. Se habían celebrado el día 3 las elecciones de los quince miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales que les correspondía nombrar a los ayuntamientos, y durante las mismas los



partidos de oposición, CEDA y Partido Radical se movilizaron y consiguieron seis y cuatro puestos respectivamente, mientras que los republicano-socialistas solo obtuvieron cinco. Azaña buscó el voto de confianza de las Cortes y lo ganó pero al día siguiente, 7 de septiembre, el presidente le retiró la suya por segunda vez y Azaña tuvo que dimitir.

D. Segundo Bienio

El presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora decidió resolver la crisis planteada por la disolución de la coalición republicano-socialista que había sustentado al gobierno de Manuel Azaña durante el primer bienio con la disolución de las Cortes elegidas en junio de 1931, porque creyó que éstas ya no representaban a la opinión pública dominante en ese momento después de las fuertes reacciones y tensiones que se habían vivido en España como consecuencia de la política reformista emprendida por el gobierno social-azañista, y por esta razón buscó «orientación y armonía definitiva, acudiendo a la consulta directa de la voluntad general», tal como decía en el preámbulo del decreto de convocatoria de las elecciones.

La nueva ley electoral aprobada el 27 de julio de 1933 introdujo algunos cambios respecto a la que se aplicó en las elecciones anteriores de junio de 1931: se elevó al 40 % la cantidad de votos requerida por una candidatura para triunfar en la primera vuelta, mientras que en la segunda, que se celebraría si ningún candidato llegaba a esa cifra, sólo podían participar quienes hubiesen alcanzado el 8 % de los votos. Además se posibilitó el cambio en la composición de las candidaturas entre la primera y la segunda vueltas. Pero se mantuvo lo esencial: era un sistema electoral mayoritario de listas abiertas que premiaba a las candidaturas que obtuvieran más votos, por lo que los partidos que consiguieran presentarse en coalición conseguían un mayor número de diputados que si se presentaban en solitario.

Los partidos

A diferencia de las elecciones constituyentes de junio de 1931, las derechas no republicanas formaron una coalición electoral que se formalizó el 12 de octubre de 1933 con el nombre de Unión de Derechas y Agrarios, en la que se integraron la CEDA, como partido hegemónico, el Partido Agrario, los monárquicos «alfonsinos» de Renovación Española y la Comunión Tradicionalista, además de algunos independientes «agrarios y católicos». A pesar de sus diferencias ideológicas y tácticas, consiguieron elaborar un programa mínimo que constaba de tres puntos y que plasmaba los tres ejes sobre los que había girado su política de confrontación con los gobiernos de Manuel Azaña durante el primer bienio «en defensa del orden y de la religión»: revisión de la Constitución de 1931 y de la legislación reformista del primer bienio, especialmente la social y la religiosa; abolir la Ley de Reforma Agraria de 1932, y declarar una amnistía por «delitos políticos», lo que suponía sacar de la cárcel a todos los condenados por el intento de golpe de Estado de agosto de 1932 encabezado por el general Sanjurjo. Durante la campaña la CEDA hizo un gran despliegue de propaganda gracias a la financiación que obtuvo muy por encima del resto de los partidos que concurrían a las elecciones.

EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE DE 1933, en las que votaron por primera vez las mujeres (6 800 000 censadas), FUE LA DERROTA DE LOS REPUBLICANOS DE IZQUIERDA Y DE LOS SOCIALISTAS Y EL TRIUNFO DE LA DERECHA Y DEL CENTRODERECHA, DEBIDO FUNDAMENTALMENTE A QUE LOS PARTIDOS DE ESA TENDENCIA SE PRESENTARON UNIDOS FORMANDO COALICIONES, MIENTRAS QUE LA IZQUIERDA SE PRESENTÓ DIVIDIDA. La coalición de la derecha no republicana obtuvo en torno a los 200 diputados (de los cuales 115 eran de la CEDA, 30 de los agrarios, 20 de los tradicionalistas, 14 de los alfonsinos de Renovación Española y 18 independientes de derecha, más dos fascistas, uno de Falange Española y otro del Partido Nacionalista Español), mientras que el centro-derecha y el centro obtuvieron unos 170 diputados (102 de Partido Republicano Radical, 9 de los liberal-demócratas, y 3 de los



progresistas; 11 del PNV; 24 Lliga Regionalista; Partido Republicano Gallego, 6; Partido Republicano Conservador, 17) y la izquierda vio reducida su representación a apenas un centenar de parlamentarios (59 el PSOE; 17 ERC; USC 3; Acción Republicana, 5; federales 4; Partido Republicano Radical Socialista Independiente 3). Se había producido un vuelco espectacular respecto de las Cortes Constituyentes, aunque el parlamento volvía a estar muy atomizado y se hacían necesarios los pactos para asegurar la gobernabilidad.

Formación del Nuevo Gobierno

Dada la práctica desaparición de las Cortes de la izquierda republicana, la única opción que quedaba para formar un gobierno estable era que las dos principales minorías, Partido Republicano Radical (102 diputados) y CEDA (115 diputados), alcanzaran algún acuerdo, apoyado por grupos menores, como el Partido Agrario (30 diputados), la Lliga Regionalista (24) o el Partido Republicano Liberal Demócrata (9 diputados), y así alcanzar los 237 diputados necesarios para tener la mayoría en las Cortes.

El líder del Partido Radical Alejandro Lerroux recibió el encargo del presidente de la República Alcalá-Zamora de formar un gobierno «puramente republicano», pero para conseguir la confianza de las Cortes necesitaba el apoyo parlamentario de la CEDA, que quedó fuera del gabinete (siguió sin hacer una declaración pública de adhesión a la República), y de otros partidos de centro-derecha (los agrarios y los liberal-demócratas que entraron en el gobierno con un ministro cada uno). Como ha señalado Santos Juliá, «los radicales justificaron esa opción como la única vía para incorporar a la derecha católica a la República y lograr así ‘una República para todos los españoles’; la derecha católica [de la CEDA] la justificó como la mejor manera de acercarse al poder para reformar la Constitución. Respaldado por su triunfo electoral José María Gil Robles se dispuso a llevar a la práctica la táctica [de tres fases] enunciada dos años antes: prestar su apoyo a un gobierno presidido por Lerroux y dar luego un paso adelante exigiendo la entrada en el gobierno para recibir más tarde el encargo de presidirlo». Y una vez obtenida la presidencia dar un «giro autoritario» a la República construyendo un régimen similar a las dictaduras corporativistas que acababan de instaurarse en Portugal (1932) y en Austria (1933). El 19 de diciembre de 1933, Alejandro Lerroux presentó su Gobierno, compuesto por siete radicales, dos republicanos independientes, un liberal-demócrata y un agrario. «Comenzaba así lo que Lerroux llamó ‘una República para todos los españoles’». El apoyo de la CEDA al gobierno de Lerroux fue considerado por los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y por los carlistas como una «traición» por lo que iniciaron los contactos con la Italia fascista de Mussolini para que les proporcionara dinero, armas y apoyo logístico para derribar a la República y restaurar la Monarquía. Con ese fin en marzo de 1934 viajaron a Roma para entrevistarse con Mussolini y con Italo Balbo, el general Barrera, el alfonsino Antonio Goicoechea y el carlista Rafael de Olazábal. Por su parte, los republicanos de izquierda y los socialistas consideraron una «traición a la República» el pacto radical-cedista e intentaron que el Presidente de la República convocara nuevas elecciones antes de que llegaran a constituirse las Cortes recién elegidas. Los socialistas del PSOE y UGT fueron aún más lejos y acordaron que desencadenarían una revolución si la CEDA entraba en el gobierno, lo que era especialmente grave pues se trataba de uno de los partidos que habían fundado la República y había gobernado durante el primer bienio.

En este marco, el nuevo gobierno empezó a gobernar con el decidido propósito de «rectificar» el curso emprendido por la República bajo el gobierno de las izquierdas del bienio anterior. La pretensión del gobierno de Lerroux era «moderar» las reformas del primer bienio, no de anularlas, con el objetivo de incorporar a la República a la derecha «accidentalista» (que no se proclamaba abiertamente monárquica, aunque sus simpatías estuvieran con la Monarquía, ni tampoco republicana) representada por la CEDA y el Partido Agrario. Lerroux pensaba que sería suficiente con una «rectificación» parcial de las reformas del primer bienio, manteniendo la fidelidad a los principios básicos proclamados el 14 de abril, pero pronto surgieron las tensiones porque la CEDA y sus aliados pretendían ir más lejos en la rectificación.



El 20 de abril de 1934 las Cortes aprobaron la Ley de Amnistía (uno de los tres puntos del «programa mínimo» de la CEDA, y que también figuraba en el programa electoral del Partido Republicano Radical) que suponía la excarcelación de todos los implicados en el golpe de estado de 1932 (la «Sanjurjada»), el general Sanjurjo incluido, además de que la sede de Acción Española podría abrirse de nuevo y José Calvo Sotelo regresaría a España (la ley de amnistía también incluyó a los encarcelados por la insurrección anarquista de diciembre de 1933).

El problema que se planteó fue la decisión del presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora de vetar la ley, pero ningún ministro aceptó refrendarle el decreto de devolución a las Cortes, por lo que Niceto Alcalá Zamora tuvo que firmarla, aunque la acompañó de un largo escrito personal, de dudosa constitucionalidad, en el que planteaba diversas objeciones a la ley, una de ellas, el haber sido privado del ejercicio constitucional del derecho de veto. Lerroux constató que había perdido la confianza del presidente y presentó la dimisión.

La solución a la crisis fue encontrar un nuevo dirigente radical que presidiera el gobierno. Fue el valenciano Ricardo Samper quien formó el tercer gobierno radical el 28 de abril de 1934. Se mantuvo en el poder hasta que la CEDA inició a principios de octubre la segunda fase de su estrategia de conquista del poder exigiendo la entrada de tres ministros suyos en el gabinete. El pretexto fue la supuesta falta de carácter del gobierno de Samper para resolver el conflicto con la Generalidad de Cataluña con motivo de la aprobación por el parlamento catalán de la Ley de Contratos de Cultivo y la posterior declaración de inconstitucionalidad por el Tribunal de Garantías Constitucionales.

El nuevo gobierno de Samper nada más al nacer perdió el apoyo de diecinueve diputados de su partido que siguieron los pasos de Martínez Barrio. El grupo de disidentes en un manifiesto publicado el 19 de mayo afirmaba que dejaba el partido porque éste ya no seguía el «viejo ideario radical» y se había «derechizado». Tres meses más tarde este grupo encabezado por Martínez Barrio se unió al Partido Republicano Radical Socialista (PRRS), encabezado por Félix Gordon Ordás, para dar nacimiento a un nuevo partido llamado Unión Republicana, que pronto inició el acercamiento a Izquierda Republicana, el nuevo partido de Manuel Azaña, surgido en abril de 1934 de la fusión de Acción Republicana, el Partido Republicano Gallego de Santiago Casares Quiroga y el Partido Republicano Radical Socialista Independiente (PRRSI) de Marcelino Domingo. El abandono de los 19 diputados disidentes de Martínez Barrio, aún hizo más dependiente al nuevo gobierno Samper a las presiones de la CEDA, no sólo desde parlamento sino también mediante demostraciones de fuerza como las dos multitudinarias concentraciones que celebró en El Escorial y en Covadonga, y en las que aparecieron signos propios de la parafernalia fascista como la exaltación de su líder José María Gil Robles.

A la vuelta de las vacaciones parlamentarias, y antes de que se reunieran el 1 de octubre, la CEDA anunció que retiraba su apoyo al gobierno de Ricardo Samper y exigía la entrada en el mismo. En la sesión de apertura del 1 de octubre Samper intentó defender su gestión, pero la CEDA no lo apoyó por lo que tuvo que presentar su dimisión. Entonces el presidente de la República se encontró con un grave problema político pues los republicanos de izquierda (la Unión Republicana de Martínez Barrio e Izquierda Republicana de Manuel Azaña) le presionaron para que disolviera las Cortes, convocaran nuevas elecciones y no consumara la «traición» que suponía «el hecho monstruoso de entregar el gobierno de la República a sus enemigos». Pero Alcalá Zamora se atuvo a las reglas de los sistemas democráticos y propuso a Alejandro Lerroux de nuevo como presidente de un gobierno que incluiría a tres ministros de la CEDA (Manuel Giménez Fernández en Agricultura; Rafael Aizpún en Justicia; y José Oriol Anguera de Sojo en Trabajo). La composición del nuevo gobierno se hizo pública el día 4 de octubre. Los socialistas cumplieron su amenaza de que desencadenarían la «revolución» si la CEDA accedía al gobierno y convocaron la «huelga general revolucionaria» que comenzaría a las 0 horas del día 5 de octubre. «Nada sería igual después de octubre de 1934».



Revolución de 1934 y radicalización de los Socialistas

Los socialistas desde su expulsión del gobierno en septiembre de 1933 y su ruptura con los republicanos, y especialmente tras la derrota en las elecciones de noviembre de 1933, cambiaron de estrategia para alcanzar el socialismo: abandonaron la «vía parlamentaria» y optaron por la vía insurreccional para la toma del poder. Para muchos socialistas la lucha legal, el reformismo y la República parlamentaria ya no servían, convirtiéndose la revolución social en su único objetivo.

Pero para que la vía insurreccional fuera legítima, según los socialistas, debía mediar una «provocación reaccionaria», que enseguida relacionaron con la entrada de la CEDA en el gobierno. Este cambio de orientación coincidió con el fracaso de la insurrección anarquista de diciembre de 1933 que cerró el ciclo insurreccional de la CNT durante la Segunda República. «Justo cuando los anarquistas agotaban la vía insurreccional y aparecían en el seno del movimiento las críticas de esas acciones de ‘minoría audaces’, los socialistas anunciaban la revolución»

Así pues, «los socialistas no pretendían con sus anuncios de revolución defender la legalidad republicana contra un ataque de la CEDA, sino responder a una supuesta provocación con objeto de avanzar hacia el socialismo. En parte por ese motivo y en parte porque nunca creyeron que el presidente de la República y el propio Partido Radical permitieran el acceso de la CEDA al gobierno, se comprometieron solemnemente, desde las Cortes y desde la prensa, a que en el caso de que ésta se produjera, desencadenarían una revolución. Esa decisión se vio reforzada por el activismo de las juventudes socialistas y por los acontecimientos de febrero de 1934 en Austria, cuando el canciller socialcristiano [el equivalente de la CEDA española] Dollfuss aplastó una rebelión socialista bombardeando los barrios obreros de Viena, acontecimientos interpretados por los socialistas españoles como una advertencia de lo que podía esperarles en caso de que la CEDA llegara al gobierno».

El primer paso de la nueva estrategia se produjo en enero de 1934 cuando Francisco Largo Caballero, el dirigente socialista que defendía la «vía insurreccional», y sus partidarios desalojaron de la comisión ejecutiva de UGT a Julián Besteiro y a otros dirigentes socialistas contrarios a la estrategia «revolucionaria» (poco después hicieron lo mismo con la dirección «besteirista» de la FNTT). Así Largo Caballero acumuló en ese momento los cargos de presidente del PSOE con el de secretario general de la UGT, además de ser el líder más aclamado por las Juventudes Socialistas.

Nada más al producirse la derrota de los moderados «besteiristas» se formó una Comisión Mixta presidida por Largo Caballero e integrada por dos representantes del PSOE, dos de la UGT y dos de las Juventudes Socialistas, cuya misión era organizar la huelga general revolucionaria y el movimiento insurreccional armado que estaría protagonizado por las milicias socialistas y que contaría con la complicidad de algunos mandos militares. La anunciada «huelga general revolucionaria» se inició el día 5 de octubre y fue seguida prácticamente en casi todas las ciudades (no así en el campo, que acababa de salir de su propia huelga), pero la insurrección armada quedó reducida, salvo en Asturias, a algunos tiroteos y ninguna población importante quedó en poder de los revolucionarlos. En todos los lugares, excepto en Asturias, fracasó la insurrección porque los militantes socialistas comprometidos estuvieron a la espera de que se abrieran las puertas de los cuarteles y los soldados se unieran al «pueblo revolucionario», pero eso no se produjo nunca. Al contrario, el Ejército al proclamar el gobierno el «estado de guerra» es el que protagonizó el restablecimiento del orden. En realidad la insurrección careció de una auténtica planificación, política y militar. La revolución también fracasó porque no contó con el apoyo de la CNT, salvo en Asturias.

Los diarios de la derecha (como ABC, portavoz de la derecha antirrepublicana y antidemocrática de Renovación Española, o El Debate, vinculado a la derecha católica «accidentalista» de la CEDA), calificaron a los revolucionarios como «fieras», como seres no humanos cuyo único instinto es sólo matar y destruir, por lo que su destino final es estar muertos o presos. Honorio Maura Gamazo en el diario ABC del 16 de octubre calificaba a los insurrectos asturianos como «España ante la lista de crímenes que durante tres años ha presenciado desde Castilblanco a Asturias...la providencía de España que no abandono jamás a España ha juntado en un solo haz bien definido y bien visible



toda la escoria, toda la podredumbre, toda la basura que roia sus entrañas» son «Esas mujeres y esos niños degollados y ultrajados bárbaramente por unos chacales repugnantes que no merecen ser ni españoles ni seres humanos» (16 de octubre). ABC en su edición del día 17 de octubre calificó los hechos de «macabra explosión marxista». El elemento esencial sobre el que giró la percepción derechista de la «Revolución de Octubre» fue el considerarla como obra de la «Anti-España», de la «Anti-Patria», en una visión «mítico-simbólica» en la que se identificaba el Bien con la Patria, España, contra la que lucha el Mal, la Anti-Patria o Anti-España, definiendo a la Patria desde un punto de vista esencialista como algo ajeno a la voluntad de los ciudadanos e identificándola con los valores y las ideas de la derecha. José Calvo Sotelo, líder de la derecha antidemocrática de Renovación Española, definió a la Patria en las Cortes como «algo más que un territorio, algo más que una comunidad idiomática»; ese más es un «acervo moral de tradiciones, de instituciones, de principios y de esencias». ASÍ LOS SUCESOS REVOLUCIONARIOS SE ENTIENDEN COMO UN «AGRAVIO INFERIDO A ESPAÑA», COMO UNA «TRAICIÓN A LA PATRIA», JALEADA POR LA «HEDIONDA PRENSA DE LA ANTI-PATRIA». AL VENCER A LA REVOLUCIÓN «ESPAÑA SE RECOBRÓ A SÍ MISMA»

Represión Gubernamental

Se hicieron unos treinta mil prisioneros en toda España. Las cuencas mineras asturianas fueron sometidas a una durísima represión militar, primero (hubo ejecuciones sumarias de presuntos insurrectos), y de la guardia civil, después, encabezada esta última por el comandante Lisardo Doval. Hubo torturas a los detenidos a causa de las cuales murieron varios de ellos. La dura represión fue alentada por una intensa campaña de la prensa de derechas, asimismo fueron detenidos numerosos dirigentes de izquierdas, entre ellos el comité revolucionario socialista encabezado por Francisco Largo Caballero, y los tribunales militares dictaron veinte penas de muerte aunque sólo se ejecutaron dos, gracias a que el presidente de la República Niceto Alcalá Zamora las conmutó por cadena perpetua, resistiendo la presión de la CEDA y de Renovación Española que reclamaban una represión mucho más dura. Los primeros en ser sometidos a juicio por los tribunales militares fueron el comandante Enrique Pérez Farrás y los capitanes Frederic Escofet y Ricart, quienes habían estado al mando de los Mozos de Escuadra implicados en la insurrección catalana. Fueron condenados a muerte y el gobierno ratificó la sentencia el 17 de octubre, pero el presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora logró que el presidente del gobierno Lerroux, después de recordarle que los implicados en la Sanjurjada habían sido amnistiados, refrendara el 31 de octubre la conmutación de las penas de muerte, a pesar de la fuerte oposición de la CEDA (Gil Robles llegó a sondear la posibilidad de una solución de fuerza» por parte del ejército para restaurar la «legalidad violada por el presidente» de la República) y del partido de Melquiades Álvarez. Los siguientes en ser procesados fueron el presidente de la Generalidad Catalana Lluís Companys y el resto de «consellers» que fueron condenados a 30 años de cárcel cada uno por «rebelión militar». En cuanto a los revolucionarios de Asturias se dictaron 17 sentencias de muerte, de las que sólo se cumplieron dos (un sargento del ejército que se había pasado al lado de los insurrectos y un obrero acusado de varios asesinatos). Precisamente la conmutación de la pena de muerte a dos de los dirigentes socialistas de la «Revolución de Asturias», Ramón González Peña y Teodomiro Menéndez el 29 de marzo de 1935 provocó una grave crisis en el seno del gobierno pues los tres ministros de la CEDA, el agrario y el liberal-demócrata votaron en contra, y presentaron su dimisión.

Gobierno Radical Cedista (octubre 1934 – setiembre 1935)

A pesar de que para la izquierda el fracaso de la «Revolución de Octubre», de la que tanto socialistas como anarquistas salieron escindidos y muy debilitados, le hizo abandonar la «vía insurreccional», «Octubre» hizo aumentar en la derecha su temor a que en un próximo intento la «revolución bolchevique» (como ellos la llamaban) acabara triunfando. Esto acentuó su presión sobre su socio de gobierno, el Partido Radical, para llevar adelante una política más decididamente



«antirreformista» («contrarrevolucionaria» decían ellos), lo que no dejó de producir crecientes tensiones entre el centro-derecha republicano y la derecha «accidentalista» de la CEDA y el Partido Agrario (jaleada desde fuera por la derecha monárquica y por los fascistas). Y en última instancia «Octubre» convenció a la CEDA de que era necesario llegar a alcanzar la presidencia del gobierno para poder dar el «giro autoritario» que el régimen necesitaba. La derrota de la «Revolución de Octubre» había mostrado el camino: bastaba con provocar continuas crisis de gobierno para avanzar posiciones.

La crisis más grave que provocó la CEDA se produjo a principios de abril de 1935, cuando los tres ministros de su partido se negaron a aprobar la conmutación de la pena de muerte de dos de los dirigentes socialistas de la «Revolución de Asturias» (los diputados Ramón González Peña y Teodomiro Menéndez). Lerroux buscó una salida formando un gobierno que dejara fuera a la CEDA gracias a la confianza que le otorgó la Presidencia de la República que, en uso de sus prerrogativas, suspendió las sesiones de las Cortes por un mes. Pero este gobierno «doméstico», formado exclusivamente por radicales y demócrata-liberales, en cuanto se reabrieron las Cortes en mayo no consiguió los apoyos parlamentarios necesarios para gobernar por la oposición de la CEDA (y del Partido Agrario) lo que obligó finalmente a Lerroux a aceptar las exigencias de la derecha: la CEDA pasaría de tres a cinco ministros, uno de ellos el propio líder de la CEDA, José María Gil Robles, que exigió para sí mismo el Ministerio de la Guerra.

Así en el nuevo gobierno de Lerroux formado el 6 de mayo de 1935 la mayoría ya no la tenían los republicanos de centro-derecha, sino la derecha no republicana «accidentalista» integrada por la CEDA y el Partido Agrario, lo que se reflejó muy pronto en que su política fue aún más conservadora que la del gobierno radical-cedista anterior. Otra prueba de la «derechización» del nuevo gobierno fue la sustitución del cedista Manuel Giménez Fernández, que al frente del ministerio de Agricultura había desarrollado una política reformista moderada, por Nicasio Velayos Velayos, que enseguida puso en marcha un programa de «contrarreforma» agraria (el segundo punto del «programa mínimo» de la CEDA). Así pues, con el nuevo gobierno formado el 6 de mayo de 1935 de mayoría no-republicana, lo que sucedía por primera vez durante la República, «comenzó entonces de verdad la «rectificación» de la República, con los radicales, que habían roto todos los puentes posibles con los republicanos de izquierda y los socialistas, sometidos a la voluntad de la CEDA y a las exigencias revanchistas de los patronos y terratenientes». Un hecho simbólico lo constituyó la decisión de Clara Campoamor, la diputada que más había luchado por conseguir el sufragio femenino, de abandonar el Partido Republicano Radical, por discrepar con la política cada vez más derechista de su partido.

Asunción de Manuel Azaña e integración de la Izquierda Republicana y Socialista.

La propuesta de la vuelta a la alianza republicano-socialista del primer bienio surgió por iniciativa de los republicanos de izquierda, y más concretamente de su líder Manuel Azaña, que se había convertido tras su injusta detención por los sucesos de octubre en un «mártir político» y en un símbolo para la izquierda. Tras producirse la entrada en el gobierno en mayo de 1935 de más ministros de la CEDA (con su líder Gil Robles al frente), Azaña recorrió el país dando tres mítines multitudinarios: el del campo de Mestalla (Valencia), el 26 de mayo; el de Baracaldo (Vizcaya), el 14 de julio, y el de Comillas (Madrid), el 20 de octubre, con el fin de conseguir una «inteligencia republicana» que devolviera al régimen sus valores democráticos.

En abril de 1935, Azaña había alcanzado un pacto de «Conjunción Republicana» entre su propio partido (que ahora se llamaba Izquierda Republicana al fusionarse Acción Republicana el año anterior con el Partido Radical-Socialista «independiente» de Marcelino Domingo y la ORGA de Santiago Casares Quiroga) y la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio, que se había escindido en 1934 del Partido Republicano Radical de Lerroux, y el Partido Nacional Republicano de Felipe Sánchez Román. A mediados de noviembre de 1935 Azaña ofreció al PSOE la formación de una coalición electoral en base al acuerdo de conjunción de las fuerzas de la izquierda republicana.



Mientras que el sector socialista encabezado por Indalecio Prieto defendía el acuerdo, el sector encabezado por Francisco Largo Caballero era reticente al mismo y para reforzar la parte «obrera» de la coalición impuso la inclusión del Partido Comunista de España (PCE) en el mismo, lo que motivó la salida de la Conjunción Republicana del partido de Sánchez Román. El PCE, por su parte, había variado su posición respecto de los socialistas (a los que hasta entonces había considerado como «enemigos» de la revolución) tras el VII Congreso de la III Internacional celebrado en Moscú en el verano de 1935, donde Stalin había lanzado la nueva consigna de formar «frentes antifascistas». La firma del pacto de la coalición electoral entre los republicanos de izquierda y los socialistas tuvo lugar el 15 de enero de 1936. El PSOE cuando estampó su firma lo hizo también en nombre del PCE y de otras organizaciones obreras (el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña y el POUM).

El programa de la coalición, que comenzó a ser llamada «Frente Popular», a pesar de que ese término no aparecía en el documento firmado el 15 de enero y de que era un nombre que nunca aceptó Azaña, era el de los republicanos de izquierda (y sólo se mencionaban las aspiraciones de las fuerzas «obreras» con las que los republicanos de izquierda no estaban de acuerdo). El programa incluía, en primer lugar, la amnistía para los delitos «políticos y sociales» (el excarcelamiento de todos los detenidos por la «Revolución de Octubre»), la continuidad de la legislación reformista del primer bienio y la reanudación de los procesos de autonomía de las «regiones», que llevaba aparejada la reforma del Tribunal de Garantías Constitucionales. El gobierno estaría formado exclusivamente por republicanos de izquierda y lo socialistas le darían su apoyo desde el parlamento para cumplir el programa pactado. Así pues, la alianza de 1936 era circunstancial y limitada a las elecciones.



5. Situación Actual

El 16 y 23 de febrero de 1936, se llevaron a cabo las elecciones generales, las mismas que registraron la participación más alta de las tres elecciones generales que tuvieron lugar durante la Segunda República (el 72,9 %), lo que se atribuyó al voto obrero que no siguió las habituales consignas abstencionistas de los anarquistas. El resultado fue un reparto muy equilibrado de votos con una leve ventaja de las izquierdas (47,1 %) sobre las derechas (45,6 %), mientras el centro se limitó al 5,3 %, pero como el sistema electoral primaba a los ganadores esto se tradujo en una holgada mayoría para la coalición del «Frente Popular». Además de la gran novedad de la desaparición electoral del Partido Radical (que pasó de 104 diputados en 1933 a sólo 5 en 1936), los resultados mostraron la consolidación de tres grandes fuerzas políticas: los republicanos de izquierda (con 125 diputados: 87 de Izquierda Republicana y 38 de Unión Republicana), más la CEDA por su derecha (pasó de 115 diputados en 1933 a 88, mientras el Partido Agrario pasaba de 36 a 11); y el PSOE por su izquierda (de 58 diputados pasaba a 99). El PCE entraba en el parlamento con 17 diputados, también el Partido Sindicalista y el POUM, con un diputado cada uno. En total el «Frente Popular» contaba con 263 diputados (incluidos los 37 del «Front d’Esquerres» de Cataluña) la derecha tenía 156 diputados (entre ellos sólo un fascista, que era del Partido Nacionalista Español, ya que Falange Española no se quiso integrar en las coaliciones de la derecha porque le ofrecieron pocos puestos y decidió presentarse en solitario: José Antonio Primo de Rivera se presentó por Cádiz y no salió elegido, por lo que no pudo renovar su acta de diputado y perdió la inmunidad parlamentaria) y los partidos de centro-derecha (incluyendo en ellos a los nacionalistas de la Lliga y del PNV, y al Partido del Centro que rápidamente había formado Portela Valladares con el apoyo de la Presidencia de la República) sumaban 54 diputados.

«En el Frente Popular, los primeros puestos en las candidaturas los ocuparon casi siempre los republicanos del partido de Azaña y en la derecha fueron a parar a la CEDA, lo cual no confirma, frente a lo que se ha dicho en ocasiones, el triunfo de los extremos. Los candidatos comunistas siempre estuvieron en el último lugar de las listas del Frente Popular y los 17 diputados obtenidos, después de conseguir sólo uno en 1933, fueron el fruto de haber logrado incorporarse a esa coalición y no el resultado de su fuerza real. La Falange sumó únicamente 46 466 votos, el 0,5 % del total».

Intento de Golpe de Estado

Cuando en enero de 1936 el presidente de la República disolvió las Cortes y convocó elecciones, varios generales acordaron entonces sublevarse el 19 de febrero si el Frente Popular ganaba las elecciones. Algunos confiaban en que las derechas lograrían imponerse en las elecciones a las izquierdas.

Nada más conocerse la victoria en las elecciones del Frente Popular, lo que suponía que la «vía política» para impedir la vuelta de la izquierda al poder había fracasado tras la derrota de Gil Robles y de la CEDA en las elecciones, se produjo el primer intento de “golpe de fuerza” por parte de la derecha para intentar frenar la entrega del poder a los vencedores. Fue el propio Gil Robles —que ya en diciembre había pulsado la opinión de los generales que él mismo había situado en los puestos clave de la cadena de mando (Fanjul, Goded, Franco) en torno a un «golpe de fuerza»— el primero que intentó sin éxito que el presidente del gobierno en funciones Manuel Portela Valladares declarase el «estado de guerra» y anulara los comicios. El líder de Renovación Española, José Calvo Sotelo, se manifestó en términos similares. Le siguió el general Franco, aún jefe del Estado Mayor del Ejército, que se adelantó a dar las órdenes pertinentes a los mandos militares para que declarasen el estado de guerra (lo que según la Ley de Orden Público de 1933 suponía que el poder pasaba a las autoridades militares). Franco telefonéo a los generales Goded y Rodríguez del Barrio para que convencieran a otros altos oficiales. Rodríguez del Barrio, como inspector general del Ejército, tenía un buen número de contactos entre los militares, e intentó sondear a varias guarniciones militares de Madrid para que se sublevaran y



salieran a la calle. Sin embargo, tras varias llamadas tanto Goded como Rodríguez del Barrio le comunicaron el fracaso de sus gestiones.

Mientras esto ocurría, Franco fue desautorizado por el todavía jefe de gobierno Portela Valladares y por el ministro de la guerra el general Nicolás Molero. Un papel clave en el fracaso del golpe lo desempeñaron el director de la Guardia Civil, el general Sebastián Pozas (viejo africanista pero fiel a la República), que cuando recibió la llamada del general Franco para que se uniera a una acción militar que ocupara las calles se negó; y también el general Miguel Núñez de Prado, jefe de la policía, que tampoco secundó la intentona. Al final el general Franco no vio la situación madura y se echó para atrás, especialmente tras el fracaso de los generales Goded y Fanjul para sublevar a la guarnición de Madrid. Así pues, el resultado del intento de «golpe de fuerza» fue exactamente el contrario del previsto.

El presidente del gobierno en funciones entregó antes de tiempo el poder a la coalición ganadora, sin esperar a que se celebrara la segunda vuelta de las elecciones (prevista para el 1 de marzo). Así, Manuel Azaña, el líder del Frente Popular, formaba gobierno el miércoles 19 de febrero que, conforme a lo pactado, sólo estaba integrado por ministros republicanos de izquierda (nueve de Izquierda Republicana y tres de Unión Republicana, más uno independiente, el general Carlos Masquet, ministro de la guerra). Una de las primeras decisiones que tomó el nuevo gobierno fue alejar de los centros de poder a los generales más antirrepublicanos: el general Goded fue destinado a la Comandancia militar de Baleares; el general Franco, a la de Canarias; el general Mola al gobierno militar de Pamplona. Otros generales significados, como Orgaz, Villegas, Fanjul y Saliquet quedaron en situación de disponibles. Sin embargo esta política de traslados no serviría para frenar la conspiración militar y el golpe que finalmente se produjo entre el 17 y el 18 de julio, e incluso en algún caso, como el del general Franco, les hizo aumentar su rechazo al gobierno de Azaña al considerar su destino a Canarias como una degradación, una humillación y un destierro.

Gobierno del Frente Popular

La medida más urgente que hubo de tomar el nuevo gobierno fue la amnistía de los condenados por los sucesos de octubre de 1934, algo que era clamorosamente exigido en las manifestaciones que siguieron al triunfo electoral, y que ya había conducido a la apertura de varias cárceles, de las que salieron no sólo los presos “políticos” sino también los “sociales”. La amnistía puso en libertad a unos 30.000 presos “políticos y sociales”. Otra de las medidas urgentes era reponer en sus puestos a los alcaldes y concejales elegidos en 1931 y suspendidos durante el “bienio negro” por los gobiernos radical-cedistas que los sustituyeron por gestoras de derechas. Y el 28 de febrero el gobierno decretaba no sólo la readmisión de todos los trabajadores despedidos por motivos políticos y sindicales relacionados con los hechos de 1934, sino que, presionado por los sindicatos, ordenaba a las empresas que indemnizaran a estos trabajadores por los jornales no abonados. La “cuestión agraria” fue otro problema que el nuevo gobierno tuvo que abordar con urgencia a causa de la intensa movilización campesina que se estaba produciendo con el apoyo decidido de las autoridades locales repuestas y que amenazaba con provocar graves conflictos en el campo. “A los pocos días de las elecciones, unos ochenta mil campesinos andaluces, manchegos y extremeños convocados por la FNTT [socialista], se lanzaron a ocupar las fincas de las que habían sido desalojados en el invierno de 1934-35 [por los gobiernos radical-cedistas]. Se producía así un hecho consumado, que obligó al Ministerio de Agricultura a adoptar medidas oportunas para volver a poner en vigor la legislación del primer bienio”.

El 3 de abril, una vez resuelta la exaltada discusión de las actas parlamentarias, la izquierda presentó una iniciativa para destituir al Presidente de la República, acusándolo de haber incumplido el artículo 81 de la Constitución. Cuatro días después, el 7 de abril, por 238 votos contra 5 (la derecha se abstuvo, tras haber apoyado la medida), Alcalá Zamora fue destituido por el parlamento. El 26 de abril, se celebraron las elecciones de compromisarios establecida por la



Constitución y Manuel Azaña, el candidato de la izquierda, obtuvo 358 mandatos, y 63 la oposición, parte de la cual se había abstenido de presentarse a las elecciones. Así el 10 de mayo de 1936 era investido como nuevo presidente. Sin embargo, el proyecto de Azaña de nombrar al socialista Indalecio Prieto como su sustituto al frente del gobierno no cuajó por la oposición del ala “caballerista” del PSOE y de la UGT que se ratificó en el acuerdo de seguir fuera del gabinete, y el 13 de mayo ocupó la presidencia del gobierno uno de los colaboradores más fieles de Azaña, Santiago Casares Quiroga. Uno de los problemas a los que tuvo que hacer frente el gobierno fue la oleada de huelgas que se produjeron declaradas y sostenidas muchas veces por comités conjuntos CNT/UGT, en las que en muchas de ellas se hablaba de revolución, pero ni UGT ni CNT preparaban ningún movimiento insurreccional después de los fracasos de 1932, 1933 y 1934, y la única posibilidad de que se produjese alguno sería como respuesta a un intento de golpe militar. Otro de los problemas del gobierno de Casares Quiroga fue la división interna del PSOE, el partido más importante del Frente Popular que debía apoyar al gobierno, así como el decantamiento cada vez más acusado de la CEDA hacia posiciones antirrepublicanas. “De esta forma, el gobierno quedó desasistido por sus aliados naturales y hostigado desde la derecha por una envalentonada oposición monárquica que arrastraba ya con fuerza a los católicos y desde la izquierda por un sector del PSOE que, si había renunciado a la revolución esperaba con impaciencia la hora de sustituir al gobierno republicano por uno exclusivamente socialista”.

Otro de los problemas fue EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA PROVOCADA POR LA “ESTRATEGIA DE LA TENSIÓN” DESPLEGADA POR EL PARTIDO FASCISTA FALANGE ESPAÑOLA, que a principios de 1936 era una fuerza política marginal pero que tras el triunfo del Frente Popular recibió una avalancha de afiliaciones de jóvenes de derechas dispuestos a la acción violenta, que fue respondida por las organizaciones de izquierda. El primer atentado importante que cometieron fue el perpetrado el 12 de marzo contra el diputado socialista y “padre” de la Constitución de 1931 Luis Jiménez de Asúa, en el que éste resultó ileso pero su escolta, el policía Jesús Gisbert, murió. La respuesta del gobierno de Azaña fue prohibir el partido, detener el 14 de marzo a su máximo dirigente José Antonio Primo de Rivera y a otros miembros de su “Junta Política”, y cerrar su periódico Arriba. Pero el paso a la clandestinidad no impidió que siguiera perpetrando atentados y participando en reyertas con jóvenes socialistas y comunistas. Los incidentes de mayor trascendencia se produjeron los días 14 y 15 de abril. El día 14 tuvo lugar un desfile militar en el Paseo de la Castellana de Madrid en conmemoración del quinto aniversario de la república y junto a la tribuna principal, ocupada por el presidente de la república en funciones Diego Martínez Barrio y por el presidente del gobierno Manuel Azaña, estalló un artefacto y se produjeron a continuación varios disparos que causaron la muerte a Anastasio de los Reyes, un alférez de la Guardia Civil que estaba allí de paisano, e hirieron a varios espectadores. Derechistas e izquierdistas se acusaron mutuamente del atentado. Al día siguiente se celebró el entierro del alférez que se convirtió en una manifestación antirrepublicana a la que asistieron los diputados Gil Robles y Calvo Sotelo, oficiales del ejército y falangistas armados. Desde diversos lugares se produjeron disparos contra la comitiva que fueron respondidos, produciéndose un saldo de seis muertos y de tres heridos. Uno de los muertos era el estudiante Angel Sáenz de Heredia, falangista y primo hermano de José Antonio Primo de Rivera. La muerte de Sáenz de Heredia fue atribuida por la derecha a los miembros de la sección de la Guardia de Asalto comandada por el teniente Castillo, instructor de las milicias de las Juventudes Socialistas Unificadas.



5. EJEMPLO DE DIRECTIVAS Y ACCIONES SECRETAS

Las acciones secretas deben ser dobladas a la mitad y tener escrito en una cara la palabra crisis.

1.Presentación de los Miembros de la Mesa Directiva · una huelga general que, en opinión del...

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