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https://goo.gl/maps/tJa9Q64RXqQ2mailto:temarios@teleoposiciones.esTELEOPOSICIONESTexto escrito a máquinaCapacidad jurídica y capacidad de obrar. La mayoría de edad.

TELEOPOSICIONESTexto escrito a máquinaTÉCNICO DEL BANCO DE ESPAÑA 2019

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La capacidad jurídica:

La capacidad jurídica es aquella que nos permite ser sujetos de

derechos y obligaciones. Así, por ejemplo, un niño recién nacido

puede ser titular de una cuenta bancaria porque tiene capacidad

jurídica.

La capacidad jurídica se obtiene con el nacimiento y la mantenemos

a lo largo de toda nuestra vida.

La capacidad de obrar es la aptitud para el ejercicio de los derechos

subjetivos y de los deberes jurídicos de los que se es titular. Toda

persona, por el hecho del nacimiento tiene capacidad jurídica, pero

no tiene capacidad de obrar, la cual dependerá de la situación

personal de cada uno.

¿Qué es la capacidad de obrar?

Para la definición y, debida comprensión de la capacidad de obrar,

se hace preciso contraponer dichos términos a la capacidad jurídica.

Por capacidad jurídica se entiende la aptitud para ser titular de

derechos subjetivos y de deberes jurídicos. El concepto de capacidad

jurídica es coincidente con el de personalidad; y de este modo, toda

persona, por el hecho del nacimiento con los requisitos previstos en

el artículo 30 del Código Civil, tendrá capacidad jurídica.

Por el contrario, por capacidad de obrar se entiende la aptitud para el

ejercicio de los derechos de los que se es titular; capacidad de obrar

que no tiene toda persona, sino que dependerá de la situación

personal de cada uno.

Partiendo de lo anterior, se podría definir la capacidad de obrar

como "la aptitud para el ejercicio de los derechos subjetivos y de los

deberes jurídicos".

¿Qué caracteriza a la capacidad de obrar?

a) Como característica esencial del concepto de capacidad de obrar

se entiende la de que ni toda persona tiene capacidad de obrar, ni

todas aquellas que tienen dicha aptitud, la tienen en el mismo grado

o intensidad. De esta forma, se pueden distinguir distintos grados

de capacidad de obrarque corresponden al estado civil y que se

encuentran íntimamente ligados con la edad, la incapacitación y la

nacionalidad y vecindad civil.

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b) Presunción de que la capacidad de obrar es plena para todas las

personas; por lo que la falta o la limitación de la capacidad de

obrar ha de probarse o acreditarse debidamente.

¿Puede modularse la capacidad de obrar?

Los grados de la capacidad de obrar, basados o fundamentados

esencialmente en las condiciones naturales del sujeto, pueden ser

clasificados en:

Capacidad plena

Es el grado de capacidad más pleno o amplio o sin limitaciones. De

conformidad con el artículo 322 del Código Civil, se encuentra en

dicho grado, la persona mayor de edad, y así dispone el mismo:

"El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo

las excepciones establecidas en casos especiales por este Código".

No obstante, y pese a la presunción general de capacidad de los

mayores de edad para todos los actos de la vida civil, esta presunción

se encuentra sujeta a excepciones, en las que previamente a la

realización de un acto, se requiere la comprobación de la capacidad

natural de la persona para prestar válidamente el consentimiento.

Asimismo y, para determinados supuestos, no es requisito único

de plena capacidad la mayoría de edad, sino que se requeriría para

la validez y plena eficacia del acto o negocio jurídico, un plus, como

es el caso de la adopción, en el cual no sólo se requiere que el

adoptante sea mayor de edad, sino que además se precisa que tenga

al menos la edad de veinticinco años (artículo 175 del Código Civil).

Incapacidad

Como contraposición al grado superior de capacidad plena, se halla

el grado inferior o incapacidad. En este caso la persona carece

absolutamente de aptitud para el ejercicio de derechos subjetivo y

deberes jurídicos, por lo que precisa de un representante legal, que

ejercita los derechos y deberes de los cuales si es titular.

Capacidad restringida

La capacidad restringida es el grado intermedio de la capacidad.

Dicha capacidad, requiere de un complemento de la misma para

determinados y específicos actos o negocios jurídicos,

denominado, bien consentimiento, bien autorización o asentimiento.

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En este tipo de capacidad se encuentran tanto los menores

emancipados, como los pródigos y el incapacitado parcial, así como

un caso muy especial, como es, el del menor que va a contraer

matrimonio en cuanto al otorgamiento de capitulaciones

matrimoniales, artículo 1329 del Código Civil, o para el caso de las

donaciones, según elartículo 1338 del mismo texto legal.

Supuestos de capacidad restringida:

• a) Emancipación. Produce produce la extinción de la patria

potestad (artículo 169.2 del Código Civil) y de la tutela (artículo

276.4 del Código Civil), comenzando desde dicho momento

una capacidad restringida, esto es, una capacidad plena para

la mayoría de los actos y negocios jurídicos, precisando para

algunos de los actos un complemento de capacidad, que será

otorgado bien por los padres que ejercían la patria potestad, o

a falta de éstos, por el curador.

Destacable, como supuesto de capacidad restringida, lo constituye el

menor, que no emancipado va a contraer matrimonio, el cual siendo

incapaz, como menor de edad que es, no obstante tiene capacidad

restringida para el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales o

para hacer donaciones por razón de su matrimonio, ahora bien para

dichos actos requerirá de complemento de capacidad, ofrecido bien

por los padres bien por el tutor.

• b) Prodigalidad. La persona declarada pródiga, e incapacitada

parcialmente, tendrá capacidad restringida, requiriendo para

todos aquellos actos y negocios jurídicos relacionados en la

sentencia de prodigalidad, de complemento de capacidad, que

en todo caso será otorgado por el curador.

• c) Incapacitado parcial, según el artículo 200 del Código Civil,

esto es, por enfermedades o deficiencias persistentes de

carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse

por sí misma. En este supuesto la sentencia que declare la

incapacidad parcial de la persona, fijará taxativamente todos

los actos y negocios jurídicos para los cuales precisará de

complemento de capacidad, bien otorgado dicho complemento

por tutor o curador. Para el caso de que la sentencia de

incapacitación no enumerase los actos y negocios jurídicos que

requieren de complemento de capacidad, se entenderá que son

todos aquellos en que los tutores necesitan de autorización

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judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 290 del

Código Civil.

Incapacitación.

Este grado es el grado más especial de la capacidad de obrar, en

cuanto que no tiene una extensión concreta y determinada, sino

que dependerá de cada caso específico, y habrá de fijarlo

expresamente la sentencia que declara la incapacitación.

El declarado incapacitado quedará bajo la representación legal bien

del tutor (artículo 267 del Código Civil), bien de los padres, a los

cuales se les prorrogará o rehabilitará la patria potestad, según

el artículo 171 del Código Civil).

¿Afecta el estado civil a la capacidad de obrar?

Directa e íntimamente relacionado con la capacidad de obrar, se

encuentra el estado civil, entendido éste como conjunto de

situaciones, de especial carácter, permanencia y relevancia o de

cualidades por estar en cada una de estas situaciones, que tiene

cada persona.

El estado civil podrá tanto determinar la capacidad de obrar de la

persona, así en los casos de la mayoría de edad o la incapacitación,

como también un conjunto de derechos y deberes, como es el caso

de la nacionalidad.

Caracteres del estado civil:

• a) - Personalidad, en cuanto que atributo de la persona.

• b) - Carácter de orden público, ya que todas las normas que

regulan el estado civil son imperativas.

• c) - Eficacia erga omnes. Según lo contenido en el artículo

222.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tienen eficacia y validez

frente a todos.

Clases de estados civiles:

• a) La edad y la incapacitación, que determinan los grados de

la capacidad de obrar.

• b) El matrimonio, cuyo estado de soltero, casado, divorciado

o viudo determinan derechos y deberes especiales.

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• c) La filiación, en este caso con derechos especiales, pero sin

que quepa hacer diferencias entre la matrimonial,

extramatrimonial y adoptiva.

• d) La nacionalidad y vecindad civil, estados civiles que

determinarán la legislación aplicable, vía artículo 9.1 y 14.1 del

Código Civil.

En cuanto a la prueba de estado civil, ésta se encuentra en las

inscripciones y anotaciones efectuadas en el Registro Civil, y

atinentes al estado civil. A falta de dicho medio, se acudirá a la

denominada "posesión de estado", entendida ésta como el

reconocimiento del estado civil a quien de modo habitual, notorio y

público lo viene empleando.

¿Cómo se ha pronunciado la Jurisprudencia?

La Fiscalía del Tribunal Supremo interpretó, en informe elevado a la

Sala Primera del Alto Tribunal que la Convención de Naciones

Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13

de agosto de 2006, incide de lleno en el proceso especial de

«capacidad de las personas», fundamentalmente en la incorporación

del «modelo de apoyos», que se enfrenta directamente al sistema de

tutela tradicional.

En concreto la Fiscalía, y también previamente algún sector doctrinal,

se basaba en el artículo 12 de Convención que dice: Esas

salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la

capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las

preferencias de la persona que sean proporcionales y adaptadas a

las circunstancias de la persona, lo que a su juicio comportaba una

mutación radical del régimen previsto por el Código Civil.

No tiene, sin embargo, en cuenta que en no pocas ocasiones, la

persona carece por completo de capacidad de obrar en uno, alguno

o todos los ámbitos de la vida, o bien, el déficit de capacidad de obrar

en uno, varios o todos los ámbitos de la vida es tan marcado que no

es suficiente ese mero complemento, sino que hay que suplir la

capacidad de la que naturalmente carece para una adecuada

protección de sus derechos, de modo que pueda actuar en la vida

jurídica en igualdad de condiciones con las personas que, por

naturaleza, tienen plena capacidad de obrar. Así pues, frente a lo que

sostiene mediante la incapacitación se otorga el estado civil

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correspondiente a su estado natural supliendo la deficiencia que le

sitúa en o inferioridad respecto a los demás confiriéndole los medios

e instrumentos necesarios para garantizar el correcto ejercicio de sus

derechos, y ello valorando en el caso la intensidad con la que se

manifiesta en la persona el estadio de la enfermedad, las condiciones

personales y el grado de afectación.

Este es el criterio que sostiene el Pleno de la Sala de lo Civil del

Tribunal Supremo en la STS 282/2009 de 29/4/2009, rec. 1259/2006,

en la que señala en relación a las instituciones de protección

fundamental:

"Queda acreditado en la prueba practicada que Dª Victoria está

afectada por una incapacidad total y permanente que limita

funcionalmente la capacidad para regir su persona y administrar sus

bienes. Tal como se ha argumentado en los anteriores fundamentos,

la incapacitación, con el consiguiente nombramiento de tutor, es una

medida de protección para quienes no pueden autogobernarse y por

tanto, se toma en su beneficio y no en el de familiares o de otras

personas del entorno.

En consecuencia, no es posible someter a una persona que sufre las

limitaciones que quedan probadas en el presente procedimiento a

una medida cautelar como es la curatela, que es una institución de

guarda de la persona a la que se nombra un asistente en atención a

su grado de discernimiento, para que pueda realizar determinados

tipos de actos, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 289 del Código

Civil; la curatela es un órgano estable, pero de actuación intermitente

que se caracteriza porque la función no consiste en la representación

de quien está sometido a ella, sino completar la capacidad de quien

la posee, pero necesita un plus para la realización de determinados

actos.

La diferencia se encuentra entonces en que el sometido a tutela

carece de capacidad y por ello la medida de protección es la

representación, mientras que el sometido a curatela es capaz, pero

requiere de un complemento de capacidad. Los argumentos de los

recurrentes se enfrentan con las pruebas realizadas en el

procedimiento que determinaron la falta de capacidad de la ahora

recurrente, de modo que la medida de protección adecuada es el

nombramiento de tutor. Y como se ha afirmado antes, no se trata de

medidas discriminatorias, sino que se deben tomar para adaptar la

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medida de protección a la situación de la persona, ya que sólo en los

casos de falta de capacidad deberá tomarse la medida más drástica,

que implica representación".

Así pues, el denominado modelo de sustitución o apoyo en la toma

de decisiones -tutor o curador- es necesario para la protección del

incapacitado.

A modo de recordatorio:

• • La capacidad de obrar es la aptitud para el ejercicio de los derechos subjetivos y de los deberes jurídicos de los que se es

titular.

• • Se presume que todos los mayores de edad tienen plena capacidad de obrar, por lo que su falta o limitación habrá de ser

probada.

• • Los incapaces carecen absolutamente de esta aptitud, por lo que necesitan de un representante legal.

• • No obstante, la incapacidad puede ser restringida parcialmente, requiriendo un complemento para determinados

actos o negocios jurídicos.

El Art. 321 ,Código Civil regula los requisitos previos a la concesión

del beneficio de mayor edad, un régimen similar al de la

emancipación del menor de edad sujeto a patria potestad (de ahí que

se aplique como a éste el Art. 323 ,Código Civil) pero referido a los

mayores de dieciséis años que, hasta el momento de emancipación,

hubiesen estado sujetos a tutela. Para su concesión, y desde el punto

de vista procedimental, habrá que estar, siempre que se cumpla el

ámbito de aplicación de la norma, a los Art. 53-55 ,Ley 15/2015, de 2

de julio.

Según dispone el Art. 322 ,Código Civil "el mayor de edad es capaz

para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones

establecidas en casos especiales por este código"; por su parte,

el Art. 315 ,Código Civils eñala que "la mayor edad empieza a los

dieciocho años cumplidos" y que "para el cómputo de los años de

la mayoría de edad se incluirá completo el día del nacimiento".

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No obstante, y a pesar de lo anunciado, las facultades inherentes a

la mayoría de edad no se alcanzan tan solo por haber cumplido

dieciocho años. Prueba de esto es la existencia del beneficio de

la mayoría de edad, un régimen, similar al de la emancipación de los

menores sujetos a patria potestad, pero referido no a éstos, sino a

los sujetos a tutela (de hecho, y según se dispone en el apdo. 4&

del Art. 276 ,Código civil, el beneficio de la mayoría de edad es una

de las causas de extinción de esta institución de protección legal).

El Art. 321 ,Código Civil se ocupa de regular los requisitos previos

a la concesión de este beneficio, disponiendo que será el juez, previo

informe del ministerio fiscal, el responsable de conceder el beneficio

de la mayor edad "al sujeto a tutela mayor de dieciséis años que lo

solicitare".

Con respecto a su contenido, como ya se ha adelantado, debe

atenderse a la misma disposición aplicable a los menores

emancipados, esto es, al Art. 323 ,Código Civil:

• La emancipación habilita al menor para regir su persona y

bienes como si fuera mayor; pero hasta que llegue a la

mayor edad no podrá el emancipado tomar dinero a préstamo,

gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos

mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin

consentimiento de sus padres y, a falta de ambos, sin el de su

curador.

• El menor emancipado podrá por sí solo comparecer en juicio.

• Lo dispuesto en este artículo es aplicable también al menor que

hubiere obtenido judicialmente el beneficio de la mayor edad.

También desde el punto de vista procedimental la emancipación

del menor y el beneficio de mayor edad comparten regulación. En

efecto: la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción voluntaria,

regula el expediente de jurisdicción voluntaria tanto para la

concesión judicial de la emancipación como del beneficio de

la mayoría de edad, para lo cual se otorga competencia al Juez de

Primera Instancia del domicilio del menor. Dicho expediente, para el

cual no es preceptiva la intervención de abogado ni de procurador

(salvo que se formule oposición) encuentra su regulación en los

Art. 53-55 ,Ley 15/2015, de 2 de julio.

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Según se establece en el Art. 54 ,Ley 15/2015, de 2 de julio, el

expediente se iniciará mediante solicitud dirigida al Juzgado por el

menor mayor de 16 años, con la asistencia de alguno de sus

progenitores, no privados o suspendidos de la patria potestad, o del

tutor. A falta de la asistencia de los mismos, se nombrará defensor

judicial al menor para instar el expediente. El Ministerio Fiscal

asumirá su representación y defensa hasta que se produzca el

nombramiento de defensor judicial. A la solicitud se acompañarán,

en su caso, los documentos que acrediten la concurrencia de la

causa exigida por el Código Civil para instar la emancipación o

beneficio de mayoría de edad, así como la proposición de prueba

que considere pertinente.

Por lo que respecta a la tramitación y resolución del referido

expediente, el Art. 55 ,Ley 15/2015, de 2 de julio señala lo que se

transcribe a continuación:

• Admitida a trámite por el Secretario judicial la solicitud,

convocará a la comparecencia ante el Juez al menor, a sus

progenitores o, en su caso, a su tutor, al Ministerio Fiscal y a

aquellos que pudieran estar interesados, quienes serán oídos

por este orden. Posteriormente, se practicarán aquellas

pruebas que hubieren sido propuestas y acordadas.

• El Juez, teniendo en cuenta la justificación ofrecida y valorando

el interés del menor, resolverá concediendo o denegando la

emancipación o el beneficio de mayoría de edad solicitados.

• Se remitirá al Registro Civil el testimonio de la concesión de la

emancipación o del beneficio de mayoríade edad para

proceder a su inscripción.

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