15 hombres que mataron a sus esposas recibirán rebaja de pena · (Por Leonor De la Cruz El ......
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TALLER DE DESARROLLO DE LA CONCIENCIA CRÍTICA VI ENCUENTRO EDUCAMOS EDUCÁNDONOS- MEDELLÍN- SEPTIEMBRE 13-16/2012 15 hombres que mataron a sus esposas recibirán rebaja de pena EL TIEMPO | 29 de Julio del 2012 Reclusos reciben beneficios por 'colaborar con justicia'. Hablan de que mataron por amor. Javier Rodríguez tiene 40 años y siempre manifestó públicamente que amaba a su esposa, Yanira Rojas Ramírez, de 37, y a su pequeño hijo, de 9 años. Sin embargo, el amor no le alcanzó el pasado 8 de febrero, cuando, sin el mayor remordimiento, le asestó 32 puñaladas delante del pequeño, que le suplicaba por la vida de su mamá. El brutal crimen, que quedó registrado paso a paso en las cámaras de seguridad de un conjunto residencial de Soacha, está a punto de quedar en la impunidad porque Javier decidió arrepentirse, luego de ser cubierto con medida de aseguramiento. En ese momento, y ya detenido en la cárcel Modelo, aceptó los cargos. Caso similar afronta la familia de Viviam Urrego. Su asesino, Javier Giovanni Ceballos, firmó hace dos meses un preacuerdo con la Fiscalía por el que recibiría una rebaja del 47 por ciento de la pena, pese a que mató a Viviam de 28 puñaladas frente a más de 50 personas en un centro comercial de Bogotá. Los dos, Ceballos y Rodríguez, hacen parte de un grupo de 15 hombres que EL TIEMPO ubicó en la cárcel Modelo y que, además de tener en común su arrepentimiento, usaron armas cortopunzantes para acabar a puñaladas con la vida de las mujeres que amaban. Todos han hecho preacuerdo y, según la ley colombiana, puede prosperar, a pesar de que hace cinco días la Corte Suprema de Justicia sentó posición sobre el tema en un fallo que no permite la rebaja cuando no se han aceptado los cargos en el momento de la captura. Sin embargo, estos 15 hombres han contado con la suerte, pese a la sevicia de los crímenes, de ser amparados por allanarse a los cargos, aunque en primera instancia negaron los asesinatos y se declararon inocentes. Wilson Darío Rojas, albañil de 38 años, argumentó el día de la audiencia de imputación de cargos que María Esther, su compañera durante 15 años, era lo mejor de su vida, pero tuvo que matarla porque la amaba. "Adoraba a esa mujer pero se hizo coger rabia porque coqueteaba con los vecinos", dijo y luego admitió que la rabia lo llevó a propinarle 19 puñaladas. Para Carlos Arturo Gómez Pavajeau, abogado del caso Urrego, la equivocación en que incurre la justicia es creer que los preacuerdos y negociaciones de culpabilidad tienen como único fin la descongestión judicial. "¿Qué ganaba en el caso de Viviam Urrego la justicia, qué ahorraba en esfuerzos investigativos, si la prueba es contundente y evidente?", agregó Gómez. Mañana, en los juzgados de Paloquemao, la familia de Yanira Rojas sabrá si es avalado el preacuerdo. "Admitir la rebaja de pena es legitimar el cuchillo para que cientos de hombres más asesinen a sus compañeras", sentenció un familiar. Los asesinos arrepentidos: "Yo llevaba varios meses diciéndole que cambiara, que fuera más sumisa, pero no me escuchó." Luis Javier Quintero "La prueba de mi amor es que la recibí con el hijo que ya tenía, pero ella se empeñaba en recordarme mi pasado... No me entendía." José Darío Rodríguez "Habíamos tenido dos altercados porque ella se quería ir con los niños. Decía dizque la maltrataba." Jhon Jairo Ríos 'Ni un abuso más'. En el 2011 fueron asesinadas 1.444 mujeres en Colombia. Los casos de Viviam Urrego, Rosa Elvira Cely, Yanira Rojas y Esther Medina son solo algunos entre centenares de abusos y homicidios que padecen las colombianas. Hoy, EL TIEMPO inicia una campaña de No Violencia.
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TALLER DE DESARROLLO DE LA CONCIENCIA CRÍTICA VI ENCUENTRO EDUCAMOS EDUCÁNDONOS- MEDELLÍN- SEPTIEMBRE 13-16/2012
15 hombres que mataron a sus esposas
recibirán rebaja de pena
EL TIEMPO | 29 de Julio del 2012
Reclusos reciben beneficios por 'colaborar con justicia'.
Hablan de que mataron por amor.
Javier Rodríguez tiene 40 años y siempre manifestó
públicamente que amaba a su esposa, Yanira Rojas Ramírez,
de 37, y a su pequeño hijo, de 9 años. Sin embargo, el amor
no le alcanzó el pasado 8 de febrero, cuando, sin el mayor
remordimiento, le asestó 32 puñaladas delante del pequeño,
que le suplicaba por la vida de su mamá.
El brutal crimen, que quedó registrado paso a paso en las
cámaras de seguridad de un conjunto residencial de Soacha,
está a punto de quedar en la impunidad porque Javier decidió
arrepentirse, luego de ser cubierto con medida de
aseguramiento. En ese momento, y ya detenido en la cárcel
Modelo, aceptó los cargos.
Caso similar afronta la familia de Viviam Urrego. Su asesino,
Javier Giovanni Ceballos, firmó hace dos meses un
preacuerdo con la Fiscalía por el que recibiría una rebaja del
47 por ciento de la pena, pese a que mató a Viviam de 28
puñaladas frente a más de 50 personas en un centro comercial
de Bogotá.
Los dos, Ceballos y Rodríguez, hacen parte de un grupo de
15 hombres que EL TIEMPO ubicó en la cárcel Modelo y
que, además de tener en común su arrepentimiento, usaron
armas cortopunzantes para acabar a puñaladas con la vida de
las mujeres que amaban.
Todos han hecho preacuerdo y, según la ley colombiana,
puede prosperar, a pesar de que hace cinco días la Corte
Suprema de Justicia sentó posición sobre el tema en un fallo
que no permite la rebaja cuando no se han aceptado los
cargos en el momento de la captura.
Sin embargo, estos 15 hombres han contado con la suerte,
pese a la sevicia de los crímenes, de ser amparados por
allanarse a los cargos, aunque en primera instancia negaron
los asesinatos y se declararon inocentes. Wilson Darío Rojas,
albañil de 38 años, argumentó el día de la audiencia de
imputación de cargos que María Esther, su compañera
durante 15 años, era lo mejor de su vida, pero tuvo que
matarla porque la amaba. "Adoraba a esa mujer pero se hizo
coger rabia porque coqueteaba con los vecinos", dijo y luego
admitió que la rabia lo llevó a propinarle 19 puñaladas.
Para Carlos Arturo Gómez Pavajeau, abogado del caso
Urrego, la equivocación en que incurre la justicia es creer que
los preacuerdos y negociaciones de culpabilidad tienen como
único fin la descongestión judicial.
"¿Qué ganaba en el caso de Viviam Urrego la justicia, qué
ahorraba en esfuerzos investigativos, si la prueba es
contundente y evidente?", agregó Gómez.
Mañana, en los juzgados de Paloquemao, la familia de
Yanira Rojas sabrá si es avalado el preacuerdo. "Admitir la
rebaja de pena es legitimar el cuchillo para que cientos de
hombres más asesinen a sus compañeras", sentenció un
familiar.
Los asesinos arrepentidos:
"Yo llevaba varios meses diciéndole que cambiara, que fuera
más sumisa, pero no me escuchó." Luis Javier Quintero
"La prueba de mi amor es que la recibí con el hijo que ya
tenía, pero ella se empeñaba en recordarme mi pasado... No
me entendía." José Darío Rodríguez
"Habíamos tenido dos altercados porque ella se quería ir con
los niños. Decía dizque la maltrataba." Jhon Jairo Ríos
'Ni un abuso más'. En el 2011 fueron asesinadas 1.444
mujeres en Colombia.
Los casos de Viviam Urrego, Rosa Elvira Cely, Yanira Rojas
y Esther Medina son solo algunos entre centenares de abusos
y homicidios que padecen las colombianas. Hoy, EL
TIEMPO inicia una campaña de No Violencia.
TALLER DE DESARROLLO DE LA CONCIENCIA CRÍTICA VI ENCUENTRO EDUCAMOS EDUCÁNDONOS- MEDELLÍN- SEPTIEMBRE 13-16/2012
PIDEN ENDURECER PENAS POR VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
(Por Leonor De la Cruz El Heraldo Barranquilla, 4 de junio
2012)
Las voces de rechazo a todo tipo de violencia contra la mujer
se siguen levantando en todos los rincones del país, luego de
conocerse los brutales casos de tortura, violación y muerte de
Rosa Elvira Cely, en Bogotá; Merlis Madrid, en Barranquilla;
Adelfa Méndez, en Soledad; Jessica Medina, en Sincelejo; y
Gloria Ruiz, en Cartagena.
Emma Doris López, coordinadora de la Red de Mujeres del
Atlántico, urgió una Ley drástica para castigar a quienes
maltratan a las mujeres en Colombia. En lo que va del año en
Atlántico han muerto 12 mujeres en forma violenta. En la
mayoría de casos el agresor es el esposo, su expareja o
compañero permanente.
“Ya no nos golpean sino que nos asesinan y atacan sin
discriminación, esta situación se debe detener, se está
agravando la situación de los derechos contra las mujeres”,
aseguró López.
También dijo que está de acuerdo con la creación de una
Secretaría para la Mujer siempre y cuando cuente con
presupuesto real para adelantar acciones en favor del género
femenino.
Advirtió que un grave problema es que las mujeres tienen
miedo de denunciar porque sienten que la justicia es muy
débil, no se sienten seguras y creen que no hay garantías del
Estado para proteger la vida de las mujeres. Sin embargo, en
la Casa de Justicia de la Paz se reportan 80 casos diarios de
violencia contra la mujer.
Factor cultural. Karime Mota, senadora de la República,
afirma que hay que prestarle más atención al factor cultural ya
que cada día aumenta la violencia contra la mujer. Además, al
momento de denunciar, las autoridades no prestan la
suficiente atención porque no lo consideran un asunto grave,
por lo que en muchos casos, el maltratador termina siendo un
homicida. “Hemos visto que cuando las mujeres instauran la
denuncia, son objeto de burla y maltrato por parte de las
autoridades”.
Aseguró que todos los estamentos del Estado deben
concientizarse que la violencia contra la mujer es grave y que
finalmente termina muerta.
“Desde el Congreso hemos legislado para que se evite todo
tipo de violencia contra la mujer, para que el delito de
violencia intrafamiliar deje de ser un delito querellable y se
siga la investigación de oficio, pero aún así creo que todas las
instituciones encargadas de recibir estas denuncias deben
concientizarse de la necesidad de prestarle atención a este tipo
de delitos, a dejar de maltratar a la mujer o discriminarla
cuando coloca un denuncio”, indicó Mota.
Recordó que la Ley 1257 de 2008 elimina todo tipo de
violencia contra la mujer y también está en trámite una
reforma al artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de
Procedimiento Penal, para eliminar el carácter de querellable
tanto de la violencia intrafamiliar como de la inasistencia
alimentaria.
Victoria Vargas, Representante por el Departamento del
Atlántico y ponente de la iniciativa, explicó que si se elimina
la querella de la violencia intrafamiliar y una mujer denuncie
a su agresor, y luego se arrepiente por conveniencia, voluntad
o por sentirse amenazada y la retira, el proceso seguirá.
“Esto permitirá que cualquier persona que tenga
conocimiento de que hay maltrato puede denunciarlo o
apenas las autoridades conozcan del caso pueden iniciar una
investigación aunque la víctima se retracte de este hecho
porque muchas veces las víctimas psicológicamente han
perdido su autoestima, se sienten culpables, tienen temor de
denunciar y llegan al extremo de asesinarlas”, precisó.
El proyecto ya surtió su trámite en Comisión Primera de
Cámara, por lo que solo falta el debate en Plenaria de Cámara
para cumplir con su trámite en el Congreso y convertirse en
Ley. Es uno de los mecanismos para proteger a la mujer
contra toda forma de violencia.
TALLER DE DESARROLLO DE LA CONCIENCIA CRÍTICA VI ENCUENTRO EDUCAMOS EDUCÁNDONOS- MEDELLÍN- SEPTIEMBRE 13-16/2012
"En Colombia, la mujer es víctima
doble"
Por: Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador 1
enero 2011
Luz Patricia Mejía, Relatora de los Derechos de la
Mujer de la Comisión Interamericana, estuvo en el país
para recibir un informe sobre diez años de violencia
contra la población femenina.
Cecilia Orozco Tascón.- El X Informe sobre violencia
sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en
Colombia 2000-2010, tiene unas estadísticas
aterradoras sobre la frecuencia y tipo de agresiones
que sufre la población femenina en el país. Esta
situación ¿Es similar en el resto del continente o los
colombianos son particularmente violentos con las
mujeres?
Relatora Luz Patricia Mejía.- Colombia tiene un
conflicto adicional al conflicto histórico que enfrentan
las mujeres en todo el continente. Éste último está
soportado en un sistema patriarcal que ha oprimido y
discriminado a la mujer a lo largo de la historia, y genera
la perpetuación de la violencia. Lamentablemente hoy no
existe ningún Estado en la región en donde la situación
social de la mujer sea equilibrada, equitativa, justa y
pacífica. En Colombia hay, adicionalmente, un conflicto
armado que hace que la mujer termine siendo víctima
doble. Por eso se dan los resultados que se reflejan en el
informe y que usted llama “aterradores”.
C.O.T.- Respecto de la violencia que históricamente ha
sufrido la población femenina, el X Informe asegura
que en Colombia “el hogar es el sitio más inseguro
para la vida e integridad de las mujeres”. En la década
del 2000 al 2010 que cubre el documento ¿Ése
indicativo permanece estable? Segundo, ¿por qué la
mujer agredida se niega, consistentemente, a
denunciar?
L.P.M.- La familia no escapa a la cultura de la violencia
que impera en la región contra la mujer. Así que no es
extraño que el primer agresor sea un pariente cercano. A
esto se añade la gran impunidad generada por el silencio
y la invisibilidad de las agresiones en el hogar.
Empeoran la situación la ausencia de políticas estatales
de apoyo a las víctimas y la falta de rechazo a la
conducta agresiva masculina. Una niña que ha sido
violentada, y no hablo solo en sentido sexual, se ve
obligada a enfrentar en silencio su problema porque
además de no contar con protección dentro o fuera del
hogar, sabe que la violación es vista como un estigma
social.
C.O.T.- Además de la sexual ¿Cuáles otros tipos de
violencia afectan a las niñas o mujeres de la región
suramericana?
L.P.M.- Sufren con igual frecuencia violencia física y
violencia psicológica. Lo más grave es que estos
problemas no son abordados como públicos y generales
sino como privados y particulares. Usted me pregunta
por qué la mujer no denuncia al agresor. La respuesta es
que el sistema patriarcal dominante enseña que no hay
agresión cuando la violencia es contra ella. Si se revisa
con atención este informe, uno de los elementos que
salta a la vista es que muchas de las mujeres víctimas no
reconocen que haya en los abusos un elemento de
violación de sus derechos. E incluso entre las que sí lo
reconocen, no todas toman medidas para obtener una
cesación de la conducta abusiva.
C.O.T.- ¿Por qué las mujeres que tienen mayor
capacidad económica y cultural aguantan los actos
violentos de sus compañeros?
L.P.M.- Pese al conocimiento y a la información que se
tiene en estos sectores, hay que decir que quizás en los
estratos más altos el silencio es mayor. A eso me refiero
cuando sostengo que el problema de violencia contra las
mujeres se maneja, históricamente, en el ámbito íntimo
de la familia y que no se traduce en políticas públicas
¿Por qué las mujeres con capacidad económica se callan
y aguantan maltrato? Porque el sistema patriarcal cubre
todos los estratos y enseña que la mujer debe ser sumisa.
C.O.T.- ¿Cómo aprenden sumisión las mujeres a través
del “sistema patriarcal” del que usted habla?
L.P.M.- La sociedad envía muchos mensajes a través de
diversos tipos de canales y de los medios de
comunicación. Por ejemplo, cuando da por establecido
que las mujeres, a partir de cierta edad, deben contar con
TALLER DE DESARROLLO DE LA CONCIENCIA CRÍTICA VI ENCUENTRO EDUCAMOS EDUCÁNDONOS- MEDELLÍN- SEPTIEMBRE 13-16/2012 compañía masculina para cumplir a plenitud con el rol
que se les ha asignado. Como se supone que es así, la
compañía masculina se tolera pese a los problemas que
pueda haber, bien sea con el argumento del bienestar de
los hijos, bien con el del bienestar de la sociedad
conyugal o de la sociedad misma. Se cuenta con un
amplísimo flujo de información según el cual mujeres
profesionales que están preparadas para enfrentar solas
la vida, culturalmente están convencidas de que uno de
sus deberes es garantizar la presencia paterna en la casa.
C.O.T.- ¿Cuáles mensajes de los medios de
comunicación reforzarían la sumisión de la mujer
frente al hombre?
L.P.M.- Un ejemplo típico es el de las historias de las
telenovelas tradicionales que tienen los más altos niveles
de audiencia. Allí siempre está el hombre que engaña a
la mujer y a los hijos. Entre tanto, ella desempeña el
papel de compañera que llora y de madre que cuida a los
hijos en medio de un sufrimiento resignado. En
Venezuela, mi país, hubo una novela famosísima que se
identificaba con una canción cuya letra decía que “el que
te hace sufrir es el que te ama”. A ese tipo de mensajes
me refiero cuando hablo de un patrón de
comportamiento que se repite como si fuera una
conducta natural.
C.O.T.- De cualquier manera, no puede negarse que en
Colombia, en las épocas más recientes, ha habido
grandes avances culturales en cuanto al rol profesional
y laboral que desempeñan las mujeres ¿Esta
afirmación es real o es una ficción creada por el éxito
de unas pocas?
L.P.M.- Puede tener algo de realidad pero a pesar de los
éxitos individuales, es innegable que coexiste una doble
carga laboral de la mujer. Aun cuando haya avances en
procesos de emancipación que tienen que ver con la
profesionalización y con el acceso de la mujer a mejores
recursos económicos en algunas clases sociales, subsiste
el estereotipo de la “cuidadora”. Los mecanismos de
formación en las escuelas y colegios, y también los de
información masiva a partir de los programas de
televisión, refuerzan el rol femenino de acuerdo con el
cual se soporta todo por amor y se mantiene la unidad
familiar. Mientras esa cultura se mantenga, los avances
siempre serán limitados.
C.O.T.- En Colombia el sistema judicial es bastante
ineficiente ¿Cuánto influye esta situación en la baja
intención de denunciar los abusos y violaciones?
L.P.M.- Como he dicho, la estructura patriarcal se
reproduce en múltiples ámbitos y uno de ellos es el
marco jurídico. La mayoría de las leyes de la región
todavía protegen a la mujer, no como un individuo social
valioso en sí mismo, sino como un miembro de la
familia: basta con proteger la estabilidad de la familia
para considerar que la mujer está protegida, como si
fuera un acto automático. Por eso, la mayoría de las
leyes de la región sobre violencia de género todavía
establecen mecanismos de mediación entre la víctima y
el victimario, entre el torturador y la torturada, en vez de
imponer castigos y generar rechazos culturales a las
conductas agresivas.
C.O.T.- Existe en Colombia la creencia de que los
jueces se ponen del lado de la mujer cuando hay un
proceso que la involucra ¿No es cierta?
L.P.M.- No solo en Colombia sino en toda la región, es
casi inexistente la posibilidad de que la mujer tenga
posibilidades de encontrar a un profesional del derecho
que maneje estos temas. Sí logra superar el obstáculo y
consigue a alguien que la represente en los tribunales,
ella tiene, además, que enfrentarse a las barreras
mentales del juez o la jueza. Muchos casos que
tramitamos en la Comisión Interamericana tienen que
ver con decisiones judiciales nacionales que se fundan en
elementos absolutamente estereotipados sobre la mujer y
sobre el rol que se supone que tiene que cumplir. El
problema de la justicia es que perpetúa la ausencia del
Estado y los mecanismos de represión, de dominación, y
de discriminación de la mujer.
C.O.T.- En cuanto al conflicto armado, el informe dice
que “en los casos en los cuales se conoce el presunto
autor genérico de las violaciones al derecho a la vida,
el 65.8% se le atribuye a responsabilidad del Estado,
bien por perpetración directa de los agentes estatales o
bien por tolerancia” con otros grupos. Aquí justamente
se está discutiendo una ley de víctimas pero hay
TALLER DE DESARROLLO DE LA CONCIENCIA CRÍTICA VI ENCUENTRO EDUCAMOS EDUCÁNDONOS- MEDELLÍN- SEPTIEMBRE 13-16/2012 quienes se oponen a beneficiar a las víctimas del
Estado ¿Qué opina al respecto?
L.P.M.- En el marco del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, ése es un tema ya superado. En
materia de Derecho Internacional de la Mujer, la
doctrina ha reiterado de manera permanente que la
responsabilidad de reparar las violaciones de género le
corresponde al Estado. También a todos los actores
estatales o no estatales que incurran en esas violaciones.
Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de
Derechos han venido insistiendo en la necesidad de que
las mujeres sean reparadas sin establecer categorías de
víctimas. No hay distinción que quepa porque las
convenciones sobre el tema atribuyen las
responsabilidades a partir de los derechos de la víctima y
no a partir de las características de los perpetradores.
C.O.T.- Tal vez en Colombia la discusión sobre las
víctimas está contaminada por los extremos políticos.
Aquí se sostiene que los informes sobre violación de
derechos son sesgados porque se les da menor
importancia a las víctimas de la guerrilla ¿El
documento que usted leyó, contiene una desviación
ideológica?
L.P.M.- Es claro que para que el tema de los derechos
humanos tenga poder liberador, debe ser objetivo. Pero
dudar de los resultados cuando éstos son negativos al
Estado en cuestión, bajo el argumento de que contienen
sesgos ideológicos, también suele ser un mecanismo
para descalificar los datos. No es de mi competencia
entrar en la discusión concreta sobre el caso colombiano
y no quisiera hablar directamente sobre quiénes tienen la
razón. Lo que sí quisiera decir de manera radical es que
las víctimas tienen la condición de tales, sin importar si
los victimarios son insurgentes, grupos armados
irregulares o actores estatales porque lo que está en
juego no es la dignidad de la mujer de derecha o la
dignidad de la mujer de izquierda sino la dignidad de la
mujer a secas. En el informe sobre la situación de
violencia en Colombia los protagonistas no son los
actores de las violaciones. Las protagonistas son las
víctimas.
C.O.T.- Hay una parte dramática del informe y es la
situación que se relaciona con los delitos sexuales. El
Instituto de Medicina Legal reporta haber valorado a
92 mil víctimas en el periodo comprendido entre 2004 y
2009. Por si fuera poco, Medicina Legal reconoce que
no registra sino el 65% de los casos ¿La situación de
Colombia sobre abuso sexual es más alta que la del
resto del continente por estar en medio de un conflicto?
L.P.M.- Por supuesto, como estamos hablando de un
país que enfrenta un conflicto armado donde hay grupos
al margen de la ley que ocupan territorios o que impiden
el ingreso o salida de ellos, los mecanismos para que la
mujer pueda acceder a la justicia, se complican. Y por lo
tanto, los casos sobre violaciones sexuales pueden ser
muchos más de los reportados oficialmente. Observe que
estamos hablando de mujeres que han sido también
víctimas del desplazamiento. Ellas han sido expulsadas
no una sino dos y tres veces de su hogar.
País agresor de mujeres: El X Informe sobre violencia
sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en
Colombia 2000-2010, es un resumen que proyecta las
estadísticas de la última década sobre la materia, y que
revisa el cumplimiento que el Estado le ha dado a las
recomendaciones que le hiciera la Relatoría especial de
Naciones Unidas hace nueve años, para proteger a las
víctimas de las agresiones a las que son sometidas tanto
en su vida corriente como en situaciones de guerra. El
documento fue preparado por la Mesa de trabajo Mujer y
Conflicto Armado, integrada por ONGs reconocidas por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). El informe recoge graves datos sobre los abusos
que sufre la población femenina desde su niñez.
Menciona, por ejemplo, que “cada hora, cerca de 9
mujeres sufrieron (en un periodo determinado)
agresiones sexuales, y en su mayoría (84%), las víctimas
fueron niñas menores de 18 años”. Además revela
que el presunto autor genérico de violaciones al derecho
a la vida es, en la mayor parte de los casos, el Estado,
bien sea por perpetración directa de agentes estatales o
por tolerancia o apoyo a los actos violentos cometidos
por grupos armados irregulares. La dramática situación
descrita, dista mucho de la imagen cosmética que tiene
Colombia sobre igualdad de derechos entre los géneros.
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Bachelet lanza el programa ciudad segura
y llama a combatir la violencia de género
La secretaria ejecutiva de ONU Mujeres, la expresidenta
chilena Michelle Bachelet, lanzó hoy en Costa Rica el
programa de la ONU "Ciudades seguras para todos y
todas" e hizo un llamado a combatir la violencia contra
las mujeres.
San José, EFE 11 de septiembre de 2012
El programa estará vigente en San José hasta el año 2016
y comprende acciones para la recuperación de espacios
públicos, la prevención de la violencia y actividades para
la sensibilización de la población y participación más
activa de las mujeres en la sociedad.
Las otras ciudades que se han incluido en este programa
son Beirut (Líbano), Dusambé (Tajikistán), Manila
(Filipinas), Marraquech (Marruecos), Nairobi (Kenia),
Río de Janeiro (Brasil) y Tegucigalpa (Honduras).
Para Bachelet, este proyecto mejorará la calidad de vida
de la población y además contribuirá a "enfrentar la
violación de derechos humanos más extendida de todo el
planeta: la violencia contra las mujeres y niños".
"A las ciudades les está costando reaccionar a la
migración masiva (desde lugares rurales). En especial las
mujeres tienen dificultades para acceder a los servicios
básicos" y sufren riesgos como "el acoso, las agresiones
sexuales y la violencia de género", dijo Bachelet en un
discurso.
Agregó que "esta dura realidad limita severamente sus
libertades a acceder a educación, al trabajo, a la
recreación, a la vida personal, política y económica".
Bachelet citó un "dato brutal" de la ONU que revela que
a nivel mundial, en mujeres entre 15 y 44 años, la
violencia de género es responsable de más muertes que
el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y las
guerras juntos.
"En América Latina hemos sido testigos de un
incremento en la brutalidad de la violencia contra las
mujeres", dijo la directora de ONU Mujeres, quién puso
el ejemplo de Centroamérica y México donde existen los
índices de femicidio "más altos del mundo" con una
impunidad que alcanza "el 99 por ciento".
"Todas las políticas requieren miradas de género para las
necesidades especificas de las mujeres y las políticas de
seguridad ciudadana deben llevar ese contenido",
expresó Bachelet.
La chilena destacó que Costa Rica ha sido "desde hace
muchos años un ejemplo de buenas prácticas y leyes" a
favor de las mujeres y que muestra de ello es el lugar 14
en el mundo que ostenta en participación femenina en la
política.
Sin embargo, aseguró que este país "debe seguir
avanzando para disminuir de manera tajante los
femicidios y garantizar a las mujeres y niñas que puedan
vivir libres de violencia".
Datos oficiales señalan que en el primer semestre de
2012 un total de siete mujeres fueron asesinadas por su
pareja o expareja en Costa Rica, mientras en 2011 la
cifra fue de 11.
En este país de 4,3 millones de habitantes, las
autoridades reciben cada año 45.000 solicitudes de
medidas de protección para mujeres y en el primer
semestre de este año se han tramitado 753 casos de
violencia doméstica.
Bachelet hizo un llamado para que las mujeres se animen
a denunciar a sus agresores y una de sus
recomendaciones es que los países formen cuerpos
policiales más sensibles a esta problemática y que se
aumente en ellos la participación femenina.
La expresidenta chilena terminó hoy una visita de dos
días a Costa Rica en la que se reunió con la presidenta de
este país, Laura Chinchilla, visitó un centro infantil, el
Poder judicial y lanzó el programa de ciudades seguras.
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MUJERES QUE MUEREN POR LA
VIOLENCIA
Autor: Deisy Johana Pareja (El Mundo, 21 de Mayo
de 2012)
Según la Alta Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer, en el país se registran más de
52.190 casos de mujeres víctimas de violencia
doméstica al año. Ocho de cada diez personas que
mueren por este tipo de violencia son mujeres.
En el 2011, 270 mujeres fueron asesinadas en
Antioquia, de las cuales el 44 por ciento fueron en
Medellín.
En Colombia cada vez más aumenta el homicidio
contra las mujeres. Antioquia no es ajena a esa
realidad, en lo que va del año van 78. En Medellín
se han registrado 35 feminicidios, lo que significa
un promedio de tres cada semana. Las cifras
preocupan y alarman.
Según expertos, muchos de los asesinatos los
cometen personas cercanas a ellas, quienes en su
mayoría son campesinas, pertenecientes a grupos
étnicos, mujeres sin educación y trabajadoras
sexuales entre 25 y 34 años.
Así lo reveló la última investigación de feminicidio
en Medellín, realizada por Julia Victoria Montaño
Bedoya, decana de la Facultad de Derecho de la
Universidad de San Buenaventura, en convenio con
la Federación de Asociaciones de Promoción y
Defensa de los DD.HH. de España.
La investigadora analizó las cifras desde el 2006 al
2010. “Encontramos que las más altas
correspondieron a los años 2009 y 2010, con 433 y
415 casos.
Algunos autores afirman que el feminicidio es el
asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres.
Sin embargo, Marcela Lagarde, antropóloga
mexicana, define el feminicidio como un conjunto
de formas de violencia que, en ocasiones, concluyen
en asesinatos o en suicidios.
Julia Victoria Montaño defiende esta teoría y afirma
que el feminicidio no solo es el asesinato de las
mujeres. “Son todas las formas de violencia
constantes basadas en género (VBG), violencia
sexual (VS) y violencia intrafamiliar (VIF).
De acuerdo con Medicina Legal, las niñas de 10 a
14 años fueron las mayores víctimas de violencia
sexual, 6.395 en el 2009 y 6.219 en el 2010. La
violencia intrafamiliar en 2009 afectó a 3.288
mujeres de 18 a 24 años. En el 2010 se reportaron
3.069 casos.
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, en el 2010 se registraron 86.426
casos de violencia, de los cuales el 78 por ciento
fueron mujeres y 69.761 fueron casos de violencia
entre parejas.
“Colombia carece de procedimientos eficaces que
permitan restablecer los derechos de las víctimas.
Falta capacitación y sensibilización en los
funcionarios que atienden esta clase de víctimas”,
afirma la investigadora.
Montaño agrega que el sistema judicial es ineficaz.
No hay juzgados especializados que atiendan este
tipo de casos. “No todas las víctimas denuncian y
las entidades encargadas de registrar la información
sobre estas violencias no cuentan con datos
completos ni actualizados”.
Los expertos afirman que en Colombia no hay un
sistema unificado de registro de denuncias que
permita hacer seguimiento a las víctimas. “En todas
las formas de violencia no hay datos concretos y el
feminicidio no se ha visibilizado”, concluye
Montaño.
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La muerte de Rosa Elvira Cely, un
crimen abominable
Semana, 12 de junio 2012
Rosa Elvira estaba validando el bachillerato en el
mismo colegio que su agresor. Este la atacó
brutalmente en un paraje del Parque Nacional
cercano a un riachuelo, en donde la Policía la
encontró gravemente herida.
Un compañero de colegio es el responsable del
crimen de Rosa Elvira Cely, la mujer que fue
brutalmente violada en el Parque Nacional de
Bogotá y murió tras varios días de agonía.
Escalofriante. Así fue el crimen de Rosa Elvira
Cely, una mujer de 35 años cuya escena de agonía
parece extraída de un episodio del Medioevo. Pero
todo ocurrió en el Parque Nacional, en pleno
corazón de Bogotá y el perpetrador es un amigo del
colegio de la víctima.
Los bomberos y la Policía encontraron allí a Cely,
malherida, luego de que ella misma hizo
angustiosas llamadas de auxilio desde su celular.
Fue el pasado jueves 24 de mayo. Según explicó
William Cardona, coordinador de la Línea de
Emergencias 123, la primera llamada se registró a
las 4:47 de la mañana y en ella se escuchó la voz
angustiada de una mujer que decía haber sido
violada en el Parque Nacional y pedía socorro. La
llamada se cayó. A las 4:50 timbró de nuevo y
entregó indicaciones más precisas. Tras cerca de
una hora de búsqueda las autoridades la
encontraron. Fue una imagen estremecedora.
Estaba tendida sobre un charco de sangre, con las
extremidades inferiores desnudas y laceraciones en
los brazos y en torno al cuello que sugerían un
intento de estrangulamiento. En la cabeza tenía un
golpe fuerte. Pero además padecía graves heridas en
las zonas íntimas, donde sangraba. De inmediato se
solicitó una ambulancia. El vehículo acudió y Rosa
Elvira fue internada en el Hospital Santa Clara,
pasadas las siete de la mañana. "Los galenos de
urgencias nunca habían visto algo tan brutal y tan
horrible como lo que encontramos con esta
persona", explicó el subdirector del centro médico
José Páramo. No era para menos. Rosa Elvira sufrió
un paro cardiaco, perdió la conciencia y al ser
intervenida en el quirófano le encontraron la pelvis
y el útero rotos como consecuencia de un palo que
le habían introducido por el ano. Dentro del cuerpo
se hallaron rastros de yerba y astillas. Fueron cinco
días de lucha en cuidados intensivos. Los médicos
probaron, infructuosamente, distintas maniobras
para controlar la infección interna que sobrevino,
así como el traumatismo craneoencefálico. Rosa -
madre de una niña de 12 años- falleció el lunes y
desde entonces el país está estremecido con este
salvaje crimen. La indignación provocó una
inmediata convocatoria ciudadana para hacer una
concentración en el Parque Nacional en solidaridad
con su familia y como expresión de rechazo a la
barbarie.
Gracias a múltiples entrevistas y a lo que la misma
Rosa alcanzó a decir al ser hallada moribunda se
estableció una secuencia de hechos y quiénes son
los responsables: "Javier Velasco y Mauricio
Ariza", alcanzó a decir la víctima al ser auxiliada.
Tras varias pesquisas de las autoridades los
responsables fueron identificados: ambos
estudiaban en el colegio Manuela Beltrán, en
horario nocturno, aunque en un curso distinto al de
Rosa. El día de los hechos, tras la jornada de clase
que concluye a las diez de la noche, los tres fueron a
departir un rato en un establecimiento de Chapinero,
cerca del colegio, y tras esto Rosa se fue con
Velasco en la moto de este. No sabía el peligro al
que se exponía. Javier Velasco Velásquez es un
anónimo pero temido delincuente: en su prontuario
figura una condena por homicidio, y un par de
investigaciones, una de estas por acceso carnal en
una menor de edad. Al día siguiente del brutal
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ataque, Velasco se presentó como si nada al colegio,
suponiendo que su víctima había muerto. Sin
embargo, poco después que una profesora contó en
clase que Rosa había sufrido un accidente y estaba
en cuidados intensivos, Velasco salió discretamente
de la institución y empezó a huir. La Sijín logró
detenerlo el viernes por la noche y la captura fue
aplaudida por el propio presidente Juan Manuel
Santos.
El juez de garantías que conoció las pruebas
recopiladas se abstuvo de ordenar detención contra
la segunda persona señalada, porque no encontró
elementos que lo comprometieran. No obstante, la
investigación continúa, un grupo del CTI ha
realizado un milimétrico trabajo de campo en el
punto del Parque Nacional donde se halló a Rosa.
La inspección incluyó luces forenses y químicos
reactivos que permitieron recolectar muestras
biológicas extrañas que, tras un análisis en
laboratorio, consolidarán y determinarán los detalles
del crimen.
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TRABAJO INFANTIL COMO FORMA DE
MALTRATO
Se dispara el trabajo infantil en Colombia, afecta
a 1,7 millones de niños
Por: Elespectador.com (Agosto 24 de 2012)
De una población de 11,2 millones de niños entre 5
y 17 años, el 15,4 % está dedicado a alguna
actividad laboral, que en algunos casos combina con
los estudios, incluyendo labores en el hogar.
La encuesta Nacional de Trabajo Infantil (Enti)
revelada por el Dane destaca que en las ciudades
labora el 10,7% y en la parte rural el 19,1%.
Jorge Bustamante, director del Dane, aseguró que
1’465.000 niños trabajan en Colombia. Explicó que
en las cabeceras se concentra el 10,7% del empleo
infantil lo que equivale a 865.000 niños y
adolescentes. En la categoría ‘resto’ que incluye
áreas rurales, se ubican 593.000 personas.
La más próxima encuesta es de 2009 cuando el
trabajo infantil fue de 9,2% y la ampliada era
16,2%.
La rama de actividad que más ocupó a los menores
entre 5 y 17 años fue los oficios del hogar. Esto
incluye hacer mandados, mercados, limpieza y
mantenimiento. Según el Dane, las principales
razones para que esta población labore es “poder
tener su propio dinero” y también “participar en la
actividad económica de la familia”.
Según el informe, las ciudades donde más trabajan
los menores de edad en Colombia son Montería
(con un 18,1% del total) y Bucaramanga, con
14,4%. En contraste, Santa Marta y Sincelejo son
las urbes donde menos se presenta el fenómeno.
Recientemente, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo
Rueda, aseguró que el Gobierno busca retirar del
mercado laboral a 635.000 menores en los próximos
dos años.
Bustamante consideró que el crecimiento del trabajo
infantil es "una noticia delicada para el país, porque
el objetivo de una sociedad en desarrollo es que sus
niños no trabajen".
El director del Dane recordó que cerca del 23% de
los niños que trabajan no asiste a la escuela, "que
también empieza a dejar a una población muy
grande, rezagada desde el punto de vista de lo que
son las posibilidades de tener mejores
oportunidades de empleo y socioeconómicas hacia
el futuro".
Por su parte, Camilo Domínguez, director de
Protección del Bienestar Familiar, dijo que
"estamos muy preocupados, pues es un aumento
considerable del 9,2% al 13%".
Indicó que el trabajo infantil en el fondo es un
asunto cultural. Resaltó que por lo menos la mitad
de los niños empleadores en el país son sus propios
papás, y que el trabajo infantil es más rural que
urbano y más masculino que femenino, y sobre todo
es más asociado a adolescentes que a niños, entre 4
y 14 años.
Se comprometió, junto con el ministerio de Trabajo,
a flexibilizar ese mercado laboral, "pero en el fondo
lo que tenemos que entender que detrás de ese
mercado laboral hay una vulneración de derechos".
Bustamante señaló que el desafío es que la sociedad
tiene que hacer un esfuerzo muy grande para que
ningún niño esté en el mercado laboral. Recordó
que los niños en las ciudades trabajan mayormente
en el comercio, y en el campo, en las labores
agropecuarias.
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SOBRE LAS CAUSAS DEL TRABAJO
INFANTIL
Por JORGE BARRIENTOS MARÍN | Publicado el 7 de
junio de 2012 EL COLOMBIANO
Sin duda alguna el trabajo infantil es un problema
generalizado de la Colombia rural y urbana (y en
buena parte del mundo en desarrollo). Hasta hace
algunos años, en la zona rural las familias eran
numerosas para asegurarse mano de obra barata en
las fincas; en contraste, en la zona urbana no era
muy común ver niños trabajando en las calles. En
este sentido, el trabajo infantil como lo conocemos
hoy es un problema relativamente reciente como
consecuencia innegable del incremento de la
población urbana y de la incidencia de la pobreza.
Uno supondría que el fenómeno debería estar
plenamente explicado por estos factores, pero
sorprendentemente no es del todo cierto.
Desde el punto de vista social el trabajo infantil es
un fenómeno preocupante, según cifras de la Gran
Encuesta Integrada de Hogares de 2010, cerca del
11% de los niños entre 10 y 17 años se encuentran
vinculados al mercado laboral -de los cuales el 70%
son hombres- con unos ingresos que no superan los
150 mil pesos mensuales. Teniendo en cuenta el
total de población en el área urbana y rural, el
porcentaje de menores ocupados en el área rural es
el doble de la del área urbana; pero lo más
preocupante es que entre los niños ocupados la tasa
de asistencia escolar es baja.
En principio, es de suponer que enviar un niño al
mercado laboral es una decisión estrictamente
familiar, pero no del niño; desde esta perspectiva, es
posible evaluar estadísticamente cuáles
características de la familia puede incrementar la
probabilidad de un niño en un hogar determinado
sea enviado al mercado laboral. Un estudio conjunto
de la Fundación ECSIM y la Fundación Telefónica
revela que no solo la incidencia de la pobreza es
responsable del problema.
Según este estudio, los hogares (no necesariamente
pobres) donde viven un gran número de personas y
el jefe de hogar es mujer con bajo nivel educativo,
están en alto riesgo de involucrar niños al mercado
laboral. Un hallazgo muy interesante del estudio, y
de dimensión intertemporal, es que el embarazo
temprano incrementa la probabilidad de vincular
niños al mercado laboral -y son varios los estudios
señalando que la decisión de embarazo se debe a
una decisión racional no correlacionada con la
pobreza-.
Si bien el trabajo infantil no tiene como causa
esencial la pobreza, los resultados del estudio
indican que el trabajo infantil sí es un vehículo de
perpetuación de ésta; de modo que el estudio
proporciona una guía aproximada de cuáles
características del hogar deberían intervenirse para
afrontar un problema social persistente y con riesgo
de incrementarse.
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TRABAJO INFANTIL Y VIOLENCIA
UNAS CIFRAS QUE PREOCUPAN
(Diario del Otún, Pereira, Publicado 02/09/2012)
En los últimos cuatro años las cifras de niños
trabajando en las calles de nuestras ciudades
prácticamente se duplicaron en todo el país. Según
la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil que cada
período realiza el Dane y cuyos últimos resultados
se conocieron la semana pasada, mientras en el año
2007 había en Colombia 787.000 menores
laborando y en el 2009 eran 1.050.000, en el 2011
esta cantidad llegó a la dramática cifra de los
1.465.000.
Lo más preocupante de este estudio es que queda
definitivamente derrotada la vieja teoría según la
cual los menores tienen que trabajar porque se ven
obligados a contribuir con el dinero ganado,
cualquiera que sea, a los gastos de manutención de
sus padres o del grupo familiar en el cual vive.
Según la Encuesta, la razón principal por la cual los
niños salen a buscar un empleo, es porque “les gusta
tener su propio dinero”. El 31,7 % de esta población
consultada respondió de esta manera, mientras el
27,6 % dijo que “debe participar en la actividad
económica de la familia”; el 24,6 % manifestó que
“para aprender un oficio porque el trabajo lo forma,
lo hace honrado y lo aleja del vicio”; y apenas el
11,9 % de los menores trabajadores contestó que
“debe ayudar con los gastos de la casa, a costearse
el estudio, por embarazo o porque tiene un hijo”, es
decir porque tiene una obligación apremiante.
Esto significa, ni más ni menos, que no hay tal
urgencia de aportar a los gastos de la casa y que la
gran culpable de tantos niños trabajando es la
sociedad y también que en ella hacia adelante está la
responsabilidad de tenerlos en el lugar que deben
estar en vez de exponiendo sus vidas, o su
integridad física y moral, o su futuro en actividades
que no son para su edad o simplemente para las
cuales no están preparados todavía.
Si las empresas, o el comercio, o los
establecimientos de servicio no contratan para
muchas de sus actividades a menores de edad y si
los ciudadanos no damos limosna en los semáforos
y en la vía pública, donde se cultiva un muy alto
porcentaje de niños que trabajan, con absoluta
seguridad esta altísima cifra de menores que, más
que laborando están siendo explotados
laboralmente, se reducirá sustancialmente y se
estaría contribuyendo a que estas personitas estén
donde tienen que estar y haciendo lo que deben
hacer.
El País y la ciudad quieren, por supuesto, reducir al
máximo sus altos niveles de desempleo, pero no a
costa de incrementar, como lastimosamente se está
haciendo, el número de menores que están
trabajando y menos si estos lo hacen en labores mal
pagadas, en jornadas excesivas y que están
poniendo en riesgo su integridad personal, como
son la mayoría de los oficios que devela la Encuesta
del Dane.
Ojalá, pues, estas cifras sirvan para llamar la
atención de los empresarios y los comerciantes para
que no sigan contribuyendo a aumentar los menores
que laboran en actividades que no son propias de su
edad, y por supuesto, a las autoridades para que
redoblen la vigilancia y el control sobre los
negocios en donde se sabe que se ocupan niños y en
los lugares, especialmente públicos, donde esta
práctica ha crecido a los niveles que denuncia la
investigación del Dane.
