1

La participacin ciudadana en las polticas pblicas bajo el enfoque de gobernanza

democrtica: anlisis de experiencias en Colombia y Chile

Nombre de los autores: M. Olaya Grau, Gabriela Rubilar y Marcia Santacruz

Institucin de procedencia: Universidad CatlicaUniversidad Complutense de Madrid

Direccin electrnica: olayitagrau@gmail.com; grubilad@uc.cl; malesa56@hotmail.com

Nota biogrfica de las autoras: Gabriela Rubilar, es acadmica de la Escuela de Trabajo

Social de la Universidad Catlica de Chile, Magster en Gestin y Polticas Pblicas de

la Universidad de Chile; Doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad

Pontificia Comillas de Madrid. Marcia Santacruz, es sicloga de la Universidad de

Manizales Colombia, Magster en Gobierno y Administracin Pblica de la Universidad

Complutense y Doctoranda del programa en Ciencias Polticas de la misma institucin.

Olaya Grau, es Trabajadora Social de la Univrsidad Catlica de Chile, Magster en:

Investigacin Participativa y Desarrollo Local; y en Gobierno y Administracin Pblica

de la U. Complutense. Actualmente Doctoranda del programa en Ciencias Polticas de

la misma institucin. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto

FONDECYT N1110428.

Resumen

El desarrollo de una sociedad precisa de unas instituciones polticas aceptadas por sus

ciudadanos, para lo que deben establecerse los cauces necesarios para que participen en

las distintas fases de las polticas pblicas. En esta lnea, se empiezan a establecer con

mayor nfasis iniciativas que promuevan y fortalezcan la relacin de cooperacin entre

la Administracin y la sociedad civil. La incidencia de esta corriente se puede observar

en las dos experiencias escogidas para esta ponencia: el caso de la comisin pedaggica

2

de la poltica de etnoeducacin en Colombia y el movimiento de estudiantes chilenos

por la calidad de la educacin. Para analizar dichas experiencias se considerar el

enfoque de policy networks en el marco de la gobernanza democrtica.

Palabras claves: participacin ciudadana, gobernanza, educacin, ciudadana activa,

policy networks.

1. El contexto en el cual se sita esta discusin: Voz de los ciudadanos y

participacin en el proceso de poltica pblica

En los ltimos meses hemos sido testigos del despliegue de movimientos y

manifestaciones ciudadanas que dan cuenta de la necesidad de lograr una mejor

articulacin entre los intereses y expectativas de distintos actores y el modo como estas

inquietudes se plasman en polticas pblicas y acciones de inters pblico. En Europa,

el Norte de frica, los Pases rabes y en Latinoamrica distintos actores y

representantes de la ciudadana, articulados por medios de las redes sociales -twitter,

faccebook y msm- han promovido acciones de inters pblico que demandan y abogan

por un cambio en la forma de entender las interacciones entre Estado y ciudadana.

Si seguimos los clsicos planteamientos de Hirschman (1970) podemos observar que

existen en las polticas pblicas tres mecanismos que permiten ajustar la oferta de

programas y polticas sociales: (1) los mecanismos de control jerrquico, que incluye

procesos de desconcentracin de funciones, delegacin y descentralizacin; (2) los

mecanismos de salida o exit , que introducen competencia en la provisin de servicios

y permiten que los usuarios elijan entre distintos proveedores, siempre que haya

disponibilidad de los mismo; y (3) los mecanismos de voice, voz o participacin,

donde los usuarios pueden incidir en las caractersticas de la oferta. Estos incluyen

3

desde la simple informacin hasta mecanismos de tipo ms deliberativos.

En esta ponencia vamos a prestar especial atencin a los mecanismos de participacin y

a las interrelaciones que se generan entre los distintos actores que potencian, promueven

y desarrollan con el propsito de ajustar la oferta o los programas disponibles a sus

intereses. Por lo mismo, el debate en torno a intereses privados e inters pblico se

encuentra a la base de esta cuestin y nos permite hacer una aproximacin a algunos de

los fundamentos que en torno a la participacin ciudadana en las polticas pblicas.

Vamos a entender con esta aproximacin que la voz, o la participacin es una accin

pblica en muchas de sus definiciones, pero no en todas. Muchas veces la salida se

refuerza al incluir la voz. Planteando la idea de la decepcin de los usuarios o

ciudadanos puede ser percibida como una escalera que hace ascender al foro pblico.

Esto el autor lo va a llamar desplazamiento hacia los asuntos pblico (Hirschman,

1992/1986: 74 y 75). Es precisamente este movimiento en especial hacia arriba, tambin

connotado por algunos autores como ir tirando, de arraigarse o que Lindblon (1979)

defini como muddling thougt, el que nos interesa revisar en esta presentacin que

analiza algunas de las expresiones de participacin ciudadana en polticas pblicas en el

caso de Colombia y Chile.

En este contexto la participacin es concebida como un proceso en el cual determinados

actores se movilizan, se activan, irrumpen en un escenario pblico e intentan influir

sobre las reglas y procesos, en particular sobre las polticas pblicas y el modo de

organizacin social al que ellas apunta. Proceso que analizado desde la perspectiva de

Oszlak, 2009 y Subirats, (1994: 114-118) da cuenta de un compromiso cvico que

alude a acciones individuales y colectivas dirigidas a identificar y encarar cuestiones de

inters pblico.

4

La revisin de los sucesos acontecidos en los ltimos meses da cuenta de tres

emociones/movimientos que dan impulso a un inters ciudadano que interpela a una

sociedad para que reaccione: una mayor conciencia de las relaciones entre lo privado y

lo pblico (Klein, 2007); un implicacin en asuntos pblicos como reaccin a la

pregunta Qu le pasa a la sociedad esta sociedad que ni siente ni padece? (Garzn,

2011) y la indignacin que genera el no saberse parte de los mecanismos de

participacin no presencial, que desde la perspectiva de (Hessel, 2010) fortalece el

poder ciudadano y su capacidad de implicacin. Implicacin que, desde la perspectiva

de Arendt (1993), slo tiene sentido y posibilidad de ser en el espacio en que se

construye lo pblico.

En este caso, la esfera pblica alude al espacio donde los ciudadanos interactan a

travs del dilogo y de la capacidad de cada uno de influir en las posiciones del otro,

donde descubren sus identidades y deciden mediante la deliberacin colectiva los temas

de inters comn. Si bien la participacin puede tener lugar en mbitos y modalidades

muy diferentes (locus), en este trabajo nos interesa situar el debate en las interacciones

entre estado y sociedad civil que se generan a propsito de esa interaccin, la que ser

abordada desde dos referentes tericos conceptuales que le dan sustento: el enfoque de

gobernanza democrtica y el anlisis de redes de poltica.

2. El enfoque de gobernanza como producto del debate sobre el papel del Estado

en un contexto de sociedad moderna

El contexto altamente complejo, diferenciado y plural de la sociedad moderna supone la

interrelacin de distintos actores y sistemas con marcada autonoma para definir

5

intereses y procedimientos de operacin propios. En este escenario se desarrollan

modelos de coordinacin social, combinando la autonoma de los actores y sistemas con

la coherencia en torno de objetivos.

Dicho proceso de complejizacin, incita a los gobiernos a responder a las diferentes y

nuevas demandas de los ciudadanos, diversificando las entidades pblicas y

considerando a diferentes actores de la sociedad civil para poder hacer frente a tal

complejidad social. De ah que surge la pregunta por la capacidad del Estado, mediante

las polticas pblicas, de absorber y articular demandas diversas, conflictivas entre s y

con expectativas de cumplimiento que no admiten demasiada flexibilidad temporal.

En otras palabras estamos frente a una crisis de la capacidad directiva de los gobiernos.

Ya no se trata de un desajuste entre los ingresos y el gasto pblico, ni tampoco de la

discusin sobre cul debe ser el alcance de las funciones del Estado; sino de que el

gobierno no es capaz de gobernar por s solo.

En este sentido, Aguilar (2006:136) seala que la gobernacin en solitario del gobierno

ha perdido sentido y eficacia. Asistimos al trnsito de un centro protagnico a un

sistema de gobernacin con las tres esferas que componen una nacin: Estado, mercado

y sociedad civil. El inters de esta aproximacin desde el enfoque de la Gobernanza

radica en la capacidad de este enfoque de reconocer los cambios y transformaciones

experimentados por las administraciones pblicas en Latinoamrica y su capacidad de

contextualizar su papel en un nuevo escenario (Aguilar, 2007).

Ser de estas crisis planificadoras que emerge la necesidad de una alternativa que,

respetando la autonoma sistmica, sea capaz de orientar su funcionamiento a la

realizacin paralela de expectativas (Mascareo, 2010). De ah surge la necesidad de

6

aunar capacidades, recursos, conocimientos y habilidades de otros sectores para juntos

poder hacer una gobernacin que cumpla eficiente y eficazmente las funciones y

necesidades que los gobiernos estn llamados a cumplir. En este sentido, el concepto de

la nueva gobernanza sealado por Aguilar (2006: 99) consiste en el proceso social de

decidir los objetivos de la convivencia y las formas de coordinarse para realizarlos se

lleva a cabo en modo de interdependencia-asociacin-coproduccin/corresponsabilidad

entre el gobierno y las organizaciones privadas y sociales. Otra manera de entender

este concepto desarrollado por Aguilar (2006), es comprendindolo como un concepto

descentralizado de la direccin social.

En suma, el ejercicio de la gobernanza democrtica se configura como un campo de

accin esencial en esta nueva forma de gobernar, asignndoles protagonismo a los

distintos actores por medio de mecanismos de participacin. As, la participacin

ciudadana se podra enmarcar en esta nueva forma de gobernar, que pone el acento en la

centralidad del ciudadano recuperado y revalorizado.

Uno de los principales exponentes de este enfoque es Kooiman (2003) quien indica que

por gobernanza democrtica desde la perspectiva gubernamental, se entiende como una

forma de conseguir la gobernabilidad democrtica basada en el reconocimiento de la

pluralidad de actores, en la asuncin de la interdependencia, en la configuracin de unos

patrones de conducta que faciliten la participacin e interaccin de los actores sociales

en los procesos de gobierno democrtico. La sociedad de la globalizacin es una

sociedad que opera en redes, y las redes se comunican constantemente y trabajan

horizontalmente, de ah que los modelos tradicionales de gobierno jerrquico, opaco y

cerrado normalmente, ya no sirvan. Lo anterior significa pensar la administracin

pblica con pblico con ciudadanos electores y deliberantes de las acciones que se

7

desarrollan en este mbito.

De este modo, la nocin de gobernanza da cuenta de un enfoque ms heurstico, societal

y relacional. No es una manera ms atractiva o novedosa de nombrar una vieja idea,

sino una propuesta que analiza el modo como la sociedad contempornea se coordina

para definir sus valores y objetivos de convivencia y hacerlos reales. Por lo tanto,

analizar los procesos de polticas pblicas desde el enfoque de gobernanza, implica

considerar necesariamente su carcter es multifactico y variable, exige a las polticas

pblicas que se promueven desde dicho enfoque mayor flexibilidad y capacidad de

adaptacin, y supone con una continua negociacin y capacidad de dilogo entre los

actores.

Arenilla (2011) seala que bajo el enfoque de gobernanza la formulacin de las polticas

pblicas es el resultado de un proceso de intercambio continuo y regular de

informacin entre las instituciones polticas y los actores de la sociedad. Por lo tanto, los

dos componentes esenciales de la gobernanza son una nueva configuracin institucional

formada por una multiplicidad de actores y las interrelaciones que se producen y una

nueva actitud de desarrollo y mantenimiento de la credibilidad y legitimidad del

gobierno en la sociedad. De esta manera, la realidad social sera contemplada como un

complejo de subsistemas sociales que se interrelacionan (Baena, 2000: 118-9) que se

concretan en redes de gobernanza.

Siguiendo con el principio de coordinacin social propio de este enfoque, Lechner

(1997) identifica el modelo de coordinacin por redes basado en los principios de

autonoma y coherencia, combinando comunicacin vertical y horizontal, que supone a

su vez dependencia recproca y se orienta a la articulacin de intereses en un tema

comn mediante una cooperacin competitiva. Este surge cuando algn agente -pblico

8

o privado- procura regular la dinmica autnoma de actores y sistemas orientando

concreta, social y temporalmente sus rendimientos. Adems, asume la alta complejidad

de las relaciones de actores y sistemas, su autonoma sustantiva y procedimental y la

asimetra de intereses entre ellos.

Entre los modelos de coordinacin social que cumplen las condiciones antes descritas,

est el modelo de policy networks o red de polticas pblicas.

3. Aproximaciones al enfoque de policy networks

Arenilla (2011:74), a partir de las definiciones de Rhodes (1997: 37), Benson (Smith

1993: 58), Brzel (1997: 2) y Klinj (2005: 234), entiende por red de gobernanza o red

de polticas pblicas el conjunto de actores que se relacionan entre s de manera ms o

menos estable en el tiempo con la finalidad de influir, mediante el intercambio de

recursos, en la definicin o solucin de una poltica pblica.

Klijn (1998:5) desarrolla el concepto de redes de polticas pblicas como patrones ms

o menos estables de relaciones sociales entre actores interdependientes, que toman

forma alrededor de los problemas y/o de los programas de polticas. Las redes de

polticas pblicas, forman el contexto en el que tiene lugar el proceso poltico. De esta

forma, las redes de polticas pblicas representan un intento dentro de la ciencia poltica

para analizar la relacin entre el contexto y el proceso de hechura de polticas.

Mascareo (2010: 116) por su parte, seala que el concepto de policy networks "supone

en principio la definicin de reglas para la realizacin de compromisos entre agentes

pblicos y privados, que permitan una distribucin de costos y beneficios frente a una

decisin comn o una solucin de problemas; reglas que en cada caso exigen de los

participantes limitar de manera voluntaria su libertad de accin; esto puede conducir a

9

un modelo de identidades organizativas, competencias y esferas de inters mutuamente

aceptadas (Mayntz, 1992, p. 27 y ss. En Mascareo 2010).

Las principales caractersticas y puntos de encuentro que se derivan de estas

definiciones son: la interdependencia de los actores, ya que ningn actor puede por s

slo alcanzar sus objetivos ni puede influir de manera decisiva sobre las polticas

pblicas; los patrones de relaciones que se establecen que son de interdependencia y se

mantienen en el tiempo; la diversidad e importancia del nmero de actores que

representan a grupos e intereses heterogneos de la sociedad; la existencia de un

objetivo comn a pesar de la diversidad de metas particulares (Arenilla, 2011).

Desde esta perspectiva, el anlisis de una poltica puede ser entendido como el

acoplamiento de la verticalidad de la democracia representativa y la horizontalidad de

las mltiples formas de gobernanza de actores privados que se sitan fuera del dominio

de relaciones de la democracia representativa.

Aun cuando se trate de acoplamientos sueltos, las redes de poltica suponen elementos

que incentivan su mantencin. Uno de ellos es la dependencia mutua de recursos:

fondos, legitimacin, capacidades de ejecucin, informacin y elementos poltico-

institucionales (Park, Rethemeyer y Hatmaker, 2009 en Mascareo 2010); otros

elementos altamente relevantes son los recursos socioestructurales, esto es, aquellos

patrones de comunicacin e intercambio de recursos entre tres o ms actores

(Hatmaker y Rethemayer, 2008, p. 430 en Mascareo 2010) cuya estabilidad depende

de los rendimientos para quienes las sostienen. Por su parte, el capital social de los

participantes tambin contribuira a un mejor desempeo de la red y con ello a su

continuidad (Sandstrm y Carlsson, 2008). Sin embargo, un aspecto central de su

operacin parece ser su funcionamiento sobre la base de la produccin de bienes

10

colaterales, es decir, bienes que el Estado quiere, pero no puede producir por carencia

de recursos y experticia, y que los privados no producen por falta de garantas ante el

surgimiento de incentivos para agentes oportunistas (free-riders) o de un marco de

condiciones apropiado (Willke, 1996). Los bienes colaterales corresponden a una

reformulacin estructural de los bienes colectivos cuya no competitividad desincentiva

su produccin.

En trminos de estas redes, los bienes colaterales suponen dependencia mutua (pblico-

privada) de recursos, un marco para su operacin, patrones de comunicacin e

intercambio relativamente estabilizados, orientacin a un policy issue, y un alto nivel de

uso de conocimiento y capacidades ejecutivas (Mascareo, 2010: 116).

Arenilla por su parte, distingue tres perspectivas para estudiar las redes de polticas

pblicas: (1) la que considera a las redes como una forma novedosa de intermediacin

de intereses, y la aplica a todos los tipos de relaciones entre actores pblicos y privados;

(2) la que de una manera ms ambiciosa concibe a las redes como una nueva forma de

gestin de gobierno denominada gobernanza, que afecta a una forma especfica de

interaccin pblica-privada en las polticas pblicas, basada en la coordinacin no

jerrquica (Brzel, 1997: 5 en Arenilla 2011); y (3) la que la considera una metfora,

una mera herramienta de anlisis de la realidad (Dowding, 1995 en Arenilla 2011).

Arenilla opta por la segunda perspectiva para desarrollar y estudiar la red de gobernanza

o polticas pblicas.

Tanto Arenilla (2010) como Mascareo (2011) coinciden que la principal crtica o

limitacin de este concepto de redes de polticas estriba en la inequidad de los actores

participantes en las mismas. Esta inequidad es de dos tipos, por un lado no todos los

actores sociales tienen el mismo peso ni influencia en la formulacin y ejecucin de las

11

polticas pblicas; por otro, sigue existiendo un claro desequilibrio a favor de los actores

pblicos que participan en las redes. Su predominio se basa en el acceso a la

informacin y a los recursos y, de manera determinante, a su legitimidad democrtica.

En el marco de esta ponencia, el concepto de entramado (network) dice relacin con

aquella comunidad que afecta y resulta afectada por una poltica concreta, y por lo

mismo interpela a los intereses, lo que nos lleva nuevamente a la tensin entre

interese pblicos y privados que presentamos al inicio del este artculo. Tomando en

cuenta lo anterior, los policy network estn conformados por aquel entramado de actores

institucionales, polticos y sociales que hacen frente a una tarea o programa de actuacin

especfico.

En esta presentacin se pone especial nfasis en que cada poltica pblica genera su

propio entramado de organizaciones e intereses conectados entre s por dependencias

financieras o administrativas sus intereses en el network variarn segn su funcin o

servicio que realicen, el territorio y la relacin cliente-grupo o el asesoramiento que

generen (Subirats, 1994: 120).

4. Dos experiencias de anlisis: un caso en Chile y Colombia

Los movimientos de estudiantes chilenos por la calidad de la educacin (2006-

2011)1

El punto de partida para la configuracin de este caso son las movilizaciones

estudiantiles que se han desarrollado en Chile desde fines del mes de abril a junio del

ao 2006 y entre mayo y junio de este ao. En ambos perodo estudiantes secundarios,

provenientes de establecimientos pblicos y concertados de la capital han protagonizado

1 Esta seccin ha sido elaborada considerando los aportes de Arnguiz (2010) y Rupin (2006).

12

un proceso creciente y masivo de tomas de centros educativos, sus demandan ponen en

cuestionamiento la forma cmo se han concebido e implementado las polticas pblicas

en este mbito, con especial nfasis en los temas de financiamiento, calidad y equidad

de la educacin.

El descontento y las manifestaciones de los alumnos, exigiendo mejoras en la calidad de

la educacin, han sido connotadas tanto por la opinin ciudadana, como por las

autoridades polticas y gubernamentales como un problema de inters pblico,

convocando la atencin de los ms diversos actores de la ciudadana en general2.

El siguiente mapa identifica a los principales actores que han participado en este

proceso, con especial nfasis en las fases o etapas de movilizacin de los estudiantes

(2006 y 2011).

2 Tradicionalmente la educacin chilena fue concebida como un mecanismo de movilidad social

ascendente, garantista de igualdades de oportunidades. Con las reformas econmicas y sociales instauradas durante la dictadura militar, la educacin enfrent importantes cambios pasando de un sistema universal de provisin centralizada a uno mixto pblico (sujeto a financiamiento pblico mediante la asignacin de un subsidio per cpita). Con el retorno a la democracia, una de las principales tareas programticas que han tenido que enfrentar los distintos Gobiernos se relaciona con el mejoramiento de la situacin de la educacin en el pas, abordando tanto el problema de la baja calidad como la inequidad de la distribucin social de sus resultados

13

En la posicin de cada uno de los actores identificados en el mapa anterior hay

percepciones y expectativas distintas, sin necesariamente aspirar a construir una visin

compartida. Lo que nos permite afirmar que, a pesar los esfuerzo realizados por las

instancias de participacin como el Consejo por la Calidad de la Educacin3, los

intereses individuales de los distintos grupos de poder no han logrado articularse en

procesos efectivos de intercambio y negociacin, que permita avanzar en la

configuracin de intereses comunes que actan como directrices para el desarrollo de la

educacin en Chile.

Siguiendo los planteamientos de Gouch (1982) nos preguntamos cul ha sido la

naturaleza o posicin asumida por el Estado? Cules han sido los mecanismos

implementados para conciliar estos intereses en conflicto y la capacidad de representar

los intereses comunes? Reconociendo que en este caso, y dado que nos encontramos en

3 El Consejo por la Calidad de la Educacin, oper durante el ao 2006 y form parte del proceso de

salida de la Revolucin de los pingino. En su momento fue considerado una herramienta participativa innovadora, especialmente por su capacidad de incorporar perspectivas y visiones de actores diversos.

CCoommuunniiddaadd oo eennttrraammaaddoo ddee llaa PPoollttiiccaa PPbblliiccaa

Ministerios

Educacin, Interior y

Seguridad Pblica

Expertos / Organismos

internacionales

Presidencia

Organizaciones sociales

movimientos ciudadanos

Sector implicado

en la poltica

Agrupaciones de

profesores, padres y

apoderados

Establecimientos

Educacionales

Municipales

Sector

interesado o

atento al

desarrollo de

la poltica

Otros grupos de

presin

Medios de

comunicacin y redes

sociales

Otros movimientos

sociales

Estudiantes

secundarios

(organizaciones)

Estudiantes

universitarios

(organizaciones)

Establecimientos

Educacionales

Subvencionados y

Privados

Pross (1986) Groups Politics an Public Policy en Subirast, 1994: 120

14

una sociedad que funciona bajo los parmetros capitalistas, la clase econmica

dominantes es tambin la clase poltica dominante, con representacin mayoritaria en el

parlamento, dada la particular configuracin del sistema democrtico chileno.

En palabra de este autor, para asegurar un cierto nivel de reproduccin y acumulacin

del capital, el Estado chileno, en su concepcin moderna, ha desarrollado una cierta

capacidad de autonoma de la clase econmicamente dominante, con el fin de permitir

el desarrollo de sus intereses de una forma conciliadora y mediadora (Gough,

1982:107). Se constata entonces que lo que ha operado en Chile en estos ltimos aos es

un marco de libertad que permite el despliegue de todo el potencial privado en los

mbitos de su inters, mientras que la accin del estado es de tipo residual,

concentrndose en aquellos temas crticos que a nivel educativo podran constituir un

potencial de conflicto social. Es posible revertir esta situacin? Parece ser la pregunta

que los estudiantes levantan con sus movilizaciones y sus pancartas

Korpi (1980) entrega algunas pistas al respecto al sealar que la capacidad de

movilizacin o presin de los actores en funcin del poder que estos tienen, puede

impactar en los resultados distributivos de una sociedad. Revisando sus argumentos es

posible afirmar que stos coinciden con lo sealado por Gough (1982), en la medida que

se concibe que el Estado no es un ente neutral, y que en su interior operan agencias y

actores con capacidad de imponer sus perfiles distributivos propios, y por lo mismo el

anlisis del estado de bienestar puede ser mirado en este caso como un asunto de

intereses, que se ha polarizado. En este marco las movilizaciones estudiantiles, pero

esencialmente los resultados o logros alcanzados en las ltimas semanas, que incluyen

algunas acciones de reforma y mayor transparencia en el financiamiento, daran cuenta

de la capacidad de instalar en la agenda pblica las demandas de un conjunto de la

15

poblacin, que hasta ahora haban sido escasamente escuchadas, articulando un

proyecto cuya permanencia en el tiempo hoy constituye una interrogante.

Sin alcanzar a observar an el desenlace del proceso, sera posible afirmar que las

acciones del Estado y el modo como ste resuelven los intereses corporativos, estatales

o pblicos, han mostrado mayor sensibilidad a las cuestiones de inequidad, en este caso

esgrimidas bajo el eslogan de la desigualdad, que a otras bases del conflicto como

podra haber sido la edad de los movilizados (Wilesky, 1975).

La relevancia otorgada a esta experiencia se relaciona con la complejidad progresiva

que ha adquirido el problema la educacin y las diferencias de calidad que se observan

cuando entre distintos agentes responsables de su provisin. La fundamentando la

eleccin de este fenmeno, se encuentran aquellas afirmaciones que indican que el

movimiento de los estudiantes secundarios puede ser descrito como todo un hito en la

historia democrtica del pas. Organizado, masivo, inicialmente pacfico y alegre. Un

gran llamado de atencin sobre la necesidad de establecer dispositivos permanentes de

participacin social4.

La participacin social es la temtica que se espera relevar en este caso, especialmente

porque, entre los elementos utilizados para dar salida a la movilizacin del ao 2006 se

puso en marcha un mecanismo de participacin mixto, que por la conformacin de sus

participantes consideraba a actores asociativos con ciudadanos habitualmente no

considerados en los proceso de toma de decisiones de poltica (Font y Blanco, 2006).

Una recomendacin que surge de de la observacin de lo acontecido en estos ltimos 5

aos es la necesidad de avanzar hacia mejores diseos participativos que conduzcan a 4 Mayores antecedentes sobre este tema ver columna de Mario Waissbluth http://www.dii.uchile.cl/wp-

content/uploads/2011/06/24-EL-MOSTRADOR-Ponguinos-2.0-columna-Mario-Waissbluth.pdf (24.06.2011)

16

mejores polticas pblicas, abarcando todo su ciclo de desarrollo, y que se contemplen

la participacin ciudadana desde el inicio del proceso de poltica y no slo como un

mecanismo de salida ante una crisis.

La desigualdad percibida y el malestar generado en tono a la falta de oportunidades han

sido los articuladores de las movilizaciones y por lo mismo las demandas de los actores

abogan por la incorporacin de elementos alternativos, a los que actualmente operan

bajo principios y dimensiones de un modelo de bienestar esencialmente liberal.

La consideracin de estas problemticas tiene como principal referente las reflexiones

en torno al rol de la ciudadana y la sociedad civil en este cambio de concepcin, y en

los mecanismos o dispositivos que la sociedad establece para definir sus prioridades y

formas de coordinacin para llevarlas a cabo.

Lo observado en el caso chileno permite constatar que la participacin ciudadana en la

construccin de las soluciones de sus propias problemticas, contribuye no slo al

desarrollo social sino que a un mejor desempeo de un sistema poltico que necesita, de

manera urgente, dar los pasos necesarios hacia una mejor democracia.

La Comisin Pedaggica en el marco de la Poltica de Etnoeducacin en Colombia

En el ao de 1991 se aprob en Colombia, una nueva Constitucin, que ampla los

derechos tnicos y territoriales, afirma la identidad y promueve acciones para mejorar

las condiciones de vida de los afrodescendientes. En el cambio constitucional tambin

influy la adopcin que el pas vena realizando desde tiempo atrs de diversos tratados

y declaraciones internacionales en los cuales se estipulaban medidas para proteger a las

minoras tnicas y raciales sobre la base de los principios de la igualdad la equidad y la

no discriminacin.

17

Posterior a la promulgacin de la Constitucin poltica de 1991, en Colombia tuvo lugar

un desarrollo legislativo importante en materia de disposiciones orientadas a disminuir

la situacin de desigualdad y de vulnerabilidad de la poblacin afrodescendiente y de

sus asentamientos, es el caso de la ley 70 de 1993 o ley de negritudes se les

reconocieron a estas comunidades5 sus derechos territoriales econmicos, sociales y

culturales. As mismo se establecieron mecanismos generales para proteger su identidad

cultural y para fomentar su desarrollo econmico y social.

En ese mismo contexto de avance normativo en la esfera de la educacin se aprueba

entre otros, el Decreto 0804 de 1995 por el cual se reglament la atencin educativa

para grupos tnicos, que es destacada como uno de los principios bajo los cuales se

deben orientar, desarrollar y evaluar sus procesos etnoeducativos, ejerciendo su

autonoma (Artculo 2). Por ello se establece que los concursos para el nombramiento

de docentes en las comunidades afrodescendientes y para el desarrollo de la

infraestructura fsica de las entidades educativas deben responder a criterios

concertados (Artculos 13 y 19).

Por otra parte, mediante el Decreto 2249 de 1995 se conform la Comisin Pedaggica

de Comunidades Negras a nivel nacional y departamental; y se estableci que debe

contarse con la asesora de esta comisin para formular y ejecutar las polticas de

etnoeducacin, construir currculos acordes con las expectativas de las comunidades

afrodescendientes y disear la ctedra de estudios afrocolombianos y dems polticas y

proyectos educativos que contribuyan a fortalecer la identidad de los afrocolombianos.

5 La jurisprudencia constitucional ha precisado que por comunidades afrocolombianas se entiende el

conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relacin campo poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distingue de otros grupos tnicos.

18

Asimismo, mediante el Decreto 140 de 2006, que regul el ingreso de etnoeducadores

afrocolombianos a la carrera docente, se modific el artculo 18 del Decreto 3323 de

2005 en el sentido de garantizar el desarrollo del concurso con la participacin de la

Comisin Pedaggica Nacional para las Comunidades Negras (Movimiento Cimarrn,

2007)

La Comisin Pedaggica aborda peridicamente diversos aspectos entre los cuales se

encuentra la elaboracin de Informes sobre la problemtica educativa de Comunidades

y gestin de soluciones ante las instituciones, la evaluacin de las polticas, programas y

proyectos del Ministerio de Educacin Nacional y las entidades territoriales y la

evaluacin de las polticas, programas y proyectos del Ministerio de la Cultura.

Tambin es la encargada de la gestin e implementacin del Plan Nacional de

Desarrollo Etnoeducativo de las Comunidades, de la gestin de recursos y asignaciones

presupuestales, de la evaluacin y gestin para el fortalecimiento del fondo de crdito

educativo para estudiantes, as como la presentacin de propuestas y proyectos para la

implementacin de la etnoeducacin y el mejoramiento del servicio afrocolombiano.

La Comisin Pedaggica Nacional, est compuesta por un conjunto de actores

institucionales: el Ministro de Educacin, o el Viceministro, quien ser el encargado de

presidirla, el Director de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del

Interior o su delegado, un representante de la instancia del Ministerio de Educacin

encargada de la etnoeducacin, un representante del Consejo Nacional de Educacin

Superior (C.E.S.U.), el Director de Colcultura o su delegado, o las dependencias que

hagan sus veces. Al mismo tiempo, participan tres representantes por la Regin

Atlntica, dos delegados por cada uno de los departamentos y un representante (de las

comunidades afrodescendientes) por el distrito de Santaf de Bogot.

19

En trminos generales podemos decir que en Colombia el desarrollo legislativo y

administrativo que han tenido los postulados constitucionales de proteccin y

promocin de la diversidad tnica y multicultural, han transformado, por lo menos sobre

el papel, la situacin de algunas comunidades Afrocolombianas. Estas polticas, han

materializado los principios constitucionales del multiculturalismo y de la diversidad

tnica, generando un marco institucional para que la gente negra pudiera titular de

forma colectiva las tierras que han ocupado ancestralmente y puedan acceder por medio

de programas de cuotas a cupos en instituciones educativas y as cuenten con una

circunscripcin electoral especial, y participen en Comisiones de diferentes niveles de

gobierno en materia de salud, ambiente, educacin entre otras garantas.

Sin embargo aunque se pueden resaltar estos logros, cumplidos 16 aos de aprobada la

ley 70 o ley de negritudes, y en consecuencia tiempo de existencia de la Comisin

Pedaggica Nacional y departamental, se hace necesario identificar cules son las

Ministerio de

Educacin Nacional

0 viceministerio

Expertos / Organismos internacionales ,

Presidencia

Organizaciones sociales de

comunidades

afrocolombianas

Sector implicado

en la poltica

Direccin de

asuntos tnicos

Delegados

regionales

Sector

interesado o

atento al

desarrollo de

la poltica

Otros grupos de

presin

Medios de

comunicacin y

redes sociales

Otros movimientos

sociales

Comisin

Pedaggica

Nacional

Comisiones

Pedaggicas

departamentales

Cooperacin al

desarrollo

Alcaldas

Municipales

Alta Consejera

para Asuntos

tnicos

Consejos

Comunitarios de

Comunidades

Negras

Pross (1986) Groups Politics an Public Policy en Subirast, 1994: 120

20

limitaciones en la implementacin de las polticas pblicas orientadas a atender las

demandas y garantizar los derechos de la gente negra o afrocolombiana.

Por tanto consideramos pertinente a la luz de futuras investigaciones indagar hasta

qu punto las definiciones legales o normativas se ajustan o no con las realidades que

se viven en los territorios afrodescendientes en Colombia?; Existe una influencia

efectiva de la participacin ciudadana de las comunidades afrocolombianos, en el

proceso de toma de decisiones en las polticas pblicas en Colombia?; En qu medida

el diseo institucional del nivel nacional, regional y municipal, favorece la participacin

de las comunidades negras o afrodescendientes en todo el ciclo de las polticas

pblicas?; Cmo es la interaccin entre los rganos convencionales (gobierno central

regional y local) y los rganos consultivos (Comisin pedaggica) instaurados en el

marco de la ley 70?; En otras palabras existe una relacin efectiva entre la red de

actores que participan en la poltica educativa para poblacin afro?

5. Anlisis Comparado entre las experiencias de Colombia y Chile

Tomando en consideracin los dos casos antes explicados, en este apartado se analiza de

manera comparativa aquellos elementos que definen la participacin ciudadana en el

marco de los conceptos de gobernanza y red de polticas pblicas, dando cuenta de las

diferencias y semejanzas entre ambas experiencias.

Es importante mencionar que las dos experiencias analizadas transcurren en tiempos

diferentes. En este sentido y en trminos de movimientos ciudadanos, podramos decir

que el caso colombiano viene desarrollndose hace ms de 20 aos, mientras que el

caso chileno comienza a ser un tema presente en la agenda desde hace menos de una

dcada, intensificndose en los ltimos 5 aos.

21

Como punto de partida en el anlisis, cabe mencionar que en ambas experiencias los

resultados y logros alcanzados son producto de la capacidad de la ciudadana para

levantar demandas e instalarlas en la agenda pblica de ambos gobiernos y de la

capacidad que tengas estos ltimos de acoges estas demandas.

En el caso de Colombia, a partir de la Constitucin de 1991, se comienzan a plasmar las

diferentes demandas y peticiones en cuanto al reconocimiento de la diversidad cultural,

tnica y racial de los diferentes grupos de la poblacin colombiana. Especficamente, la

promulgacin de la ley de negritudes en 1993 donde se reconocen algunos derechos de

la poblacin afrodescendiente, incluyendo la poltica de etnoeducacin y la creacin de

espacios vinculantes como la comisin pedaggica (CPN)que se constituye en nuestro

caso de estudio.

Todas estas reformas y marcos jurdicos instalados, responden en parte, a un largo

proceso organizativo de base de la comunidad afrodescendiente, que logra adquirir el

carcter de movimiento social entre los aos ochenta y comienzo de los noventa a partir

de la Asamblea Nacional Constituyente y cuya accin colectiva se enmarc en la

reivindicacin y defensa de sus derechos econmicos, sociales polticos y culturales,

reflejados entre otras, en sus formas milenarias propias de aprender y ensear como

aspectos de las luchas contra el colonialismo cultural y el etnocentrismo educativo en

este pas.

En el caso de Chile, la situacin es diferente, pues a pesar de las demandas ciudadanas

que se plasmaron en el movimientos de estudiantes secundarios del ao 2006 y la

generacin de algunos mecanismos para el abordaje del problema: como un consejo

asesor presidencial y la promulgacin de una Nueva Ley General de Educacin, gran

parte de las demandas y consensos generados en torno al tema, permanecen inalterables

cinco aos despus. De hecho, el movimiento social que se ha generado este ao,

22

demuestra el malestar general de los ciudadanos por la falta de consideracin en sus

propuestas y cambios necesarios que se debieran producir en materia educativa y el gran

Acuerdo nacional propuesto por el Gobierno del Presidente Piera es visto aun como

insuficiente por los principales actores que han impulsado este proceso, por lo que

auguran nuevas movilizaciones.

A pesar de las diferencias en cuanto a logros y resultados en los dos casos, ambas

demandas son producto del movimiento ciudadano, que ha articulado actores de

distintas posiciones y ha sido capaz de irrumpir en la agenda pblica. Sin embargo,

hasta ahora solo en el caso colombiano se puede observar el carcter vinculante de las

propuestas y demandas ciudadanas en los marcos normativos y en polticas pblicas

concretas referidas al grupo afrocolombiano, como lo es la poltica Etnoeducativa y la

conformacin de la comisin pedaggica.

En el caso chileno, a pesar del gran impacto y conmocin causado por el movimiento

estudiantil secundario en el ao 2006 y la hasta ahora multitudinaria e innovadora

adhesin que ha generado el movimiento estudiantil iniciado hace algunos meses, no se

han logrado an concretar reformas vinculantes a dichas propuestas. Queda la

interrogante de si este ao se lograrn cambios decididos que articulen los diferentes

intereses en procesos efectivos de intercambio y negociacin. Ya circula en los medios

algunos anticipios de una gran reforma a la educacin.

Tal como lo seala la literatura revisada (Font y Blanco, 2006), lo interesante es que en

estos casos se conformen comisiones mixtas donde participen diferentes actores. En este

sentido, en algn momento del proceso de cada una de estas experiencias se han

conformado comisiones mixtas donde participan diferentes actores de la sociedad

(representantes del gobierno nacional, departamental, municipal, representantes

consultivos afrodescendientes). La gran diferencia que se observa, es que en el caso de

23

Colombia la comisin pedaggica es de carcter permanente en el tiempo, cumple

funciones relevantes y determinadas durante todo el proceso de la poltica etnoeducativa

y existe un proceso de toma de decisiones que rene a los diferentes miembros de la

comisin. A diferencia del caso colombiano, en Chile solo existi este consejo en un

momento determinado y coyuntural, como salida al conflicto del ao 2006, donde

adems los resultados no lograron impactar decididamente la poltica.

A pesar de las debilidades y deficiencias en cada una de las comisiones, se valora

positivamente la creacin de estas instancias de apertura a los diferentes actores de la

sociedad, lo que pone en evidencia la necesidad de avanzar hacia mejores diseos

participativos que conduzcan a mejores polticas pblicas elaboradas y desarrolladas en

conjunto con los ciudadanos abarcando todo el proceso y ciclo de la poltica.

El concepto de red de poltica pblica antes definido, destaca el importante papel que

juegan los diferentes intereses que persiguen los actores que conforman el entramado

sobre una poltica o issue especfico, lo que la mayora de las veces denota la tensin

existente entre los intereses pblicos, privados y generales.

Sin embargo, se debe tener precaucin en que el inters general que se conforme a partir

de la voz de los diferentes actores en cada uno de los casos, sea producto de la suma de

intereses sociales de los ms poderosos, sin considerar la voz de los ciudadanos

protagonistas de las polticas (Arenilla, 2011). Tal vez una de caractersticas ms

sustantiva de los dos movimientos analizados, es que han sido capaces de encausar las

voces de aquellos actores menos visibles y cuyos intereses se encuentran menos

representados como los grupos afrodescendientes en el caso de Colombia y los jvenes

ms pobres que slo tienen como alternativa asistir a los colegios municipales de peor

calidad en Chile. El movimiento estudiantil chileno, cuestiona las posibilidades que hoy

ofrece un sistema que pone el acento en los intereses privados por sobre el inters

24

pblico y general, adems instala un debate sobre la pertinencia de sostener en el tiempo

un sistema educativo que establece importantes diferencias entre ricos y pobres, sin

procesos de regulacin y con serias dudas acerca del enriquecimiento de algunos

sectores en desmedro de otros.

Adems se observa, que a pesar de los esfuerzos realizados por las instancias de

participacin como el Consejo por la Calidad de la Educacin, los intereses individuales

de los distintos grupos de poder no han logrado articularse en procesos efectivos de

intercambio y negociacin, que permita avanzar en la configuracin de intereses

comunes que actan como directrices para el desarrollo de la educacin en Chile.

En el caso de Colombia, la poltica Etnoeducativa tambin se ha visto afectada por la

lucha de intereses privados de distintos actores, sin embargo llama la atencin las

profundas discrepancias al interior del movimiento afrocolombiano; la falta de

cohesin, consenso, fortalecimiento social, econmico y poltico de este colectivo ha

provocado una endo-deslegitimacin de quienes representan los espacios creados en el

marco de la ley 70, como es el caso de la comisin pedaggica nacional, lo que afecta el

proceso de consulta previa, el seguimiento a la rendicin de cuentas y la toma de

decisiones frente a la implementacin de la poltica misma.

Con relacin a la conformacin de la red, se observan diferencias en cuanto a la relacin

y temporalidad en cada una de ellas. As, en el caso colombiano, la comisin

pedaggica est formalmente establecida, con un marco normativo que la avala, con

funciones determinadas entre los miembros y permanente en el tiempo. Mientras que en

el caso chileno, la red se configura a partir del movimiento estudiantil que se articula en

torno a los estudiantes (secundarios y universitarios), quienes son los protagonistas de

dicho entramado, y desde all van sumando a otros actores interesados en este proceso

de poltica: profesores, padres y apoderados, organizaciones de la sociedad civil,

25

partidos polticos.

Como no conocemos an el desenlace de este movimiento, no podemos constatar las

interrelaciones y dinmicas que se establecen entre ellos, pero lo que s podemos decir,

es que no se puede definir esta red como una red de polticas pblicas como tal, pues

hasta el momento, no es ni ha sido estable en el tiempo, ni incorpora un proceso

deliberativo ni abierto al dilogo entre los distintos actores en pro de la poltica

educativa.

A diferencia de ello, la comisin pedaggica de la poltica colombiana etnoeducativa, a

pesar de sus deficiencias, considera la participacin deliberativa de los actores durante

todo el proceso de la poltica.

En este sentido, la diferencia que existe entre ambos movimientos es que en el caso

colombiano, a pesar de las deficiencias y debilidades, se cuenta con una

institucionalizacin pertinente y ad hoc para el desarrollo de la poltica, mientras que en

el caso chileno se ha enunciado la creacin de una institucin de regulacin como la

Superintendencia de Educacin y la agencia de calidad que an no comienzan a

operar. Lo interesante tambin del caso colombiano, es que la comisin considera una

diversidad importante de actores intervinientes que a su vez cumplen con el principio de

interdependencia para concretar los objetivos comunes previamente establecidos a pesar

de la diversidad de intereses siempre presentes.

Ahora bien, tal como advierte Arenilla (2011) y Mascareo (2010) se debe poner

especial atencin a la inequidad en la participacin de los actores, pues en la prctica es

habitual observar el poder de unos actores sobre otros. En este sentido, puede que el

inters general sea el resultado de intereses particulares de los ms influyentes en la

poltica.

Por otra parte, un punto fundamental en el proceso de poltica pblica es realizar

26

seguimiento y evaluaciones durante las distintas fases de desarrollo con el fin de

reconocer aciertos, debilidades y oportunidades que se pueden ir generando en el

transcurso de la poltica. En ninguno de los dos casos estudiados existen instancias que

permitan hacer un seguimiento de las acciones emprendidas. En el caso de Chile uno de

los detonantes del actual movimiento, fue precisamente la constatacin que no se haban

concretado los pasos propuestos en el proceso anterior. De hecho, si se hubiese

realizado un seguimiento apropiado desde que comenz en el movimiento estudiantil

del 2006, probablemente hoy sera distinta la discusin, especialmente cuando se

constata que el movimiento actual adquiere fuerza entre otros elementos por la falta se

seguimiento de las tareas y compromisos adquiridos.

En el caso de la poltica etnoeducativa de Colombia, se constata tampoco se ha

realizado un proceso de seguimiento ni evaluaciones respectivas que den cuenta del

desarrollo de la poltica ni de la comisin pedaggica. Este punto se constituye en una

debilidad importante de dicha poltica, debido a los aos que llevan en curso ambas

instancias.

Con todo lo sealado anteriormente, es evidente que estamos frente a un escenario

donde la gobernanza como nueva forma de gobernar toma posicin, pues ante el

descontento y malestar ciudadano y las diferentes problemticas sociales relevantes que

afectan a la poblacin en su conjunto, los gobiernos no pueden atender ni resolver por s

solos tales demandas e inquietudes Cmo se incorpora crecientemente a la ciudadana?

es la pregunta que queda para el debate.

Referencias bibliogrficas

Agudelo, Carlos; Hoffman, Odile; Rivas, Nelly (1999). Hacer poltica en el pacfico sur: algunas aproximaciones. Documento de trabajo No 39. Universidad del Valle, Facultad de Ciencias Sociales y Econmicas. Cali.

27

Aguilar, Luis (2006) Captulo 1 Gobernanza en Gobernanza y Gestin Pblica, Mxico: FCE, pginas 35-136.

Aguilar, Luis (2007b) El aporte de la poltica pblica y de la nueva gestin pblica a la gobernanza en XII Congreso Internacional del CLAD, Repblica dominicana: CLAD.

Arnguiz, Luis (2010) El caso del Consejo Asesor Presidencial para la calidad de la educacin del Gobierno de Michelle Bachelet. Nuevas lecciones, aprendizajes y propuestas para futuros ensayos de inclusin ciudadana en el proceso de formulacin de polticas pblicas en Chile Santiago: Universidad de Chile.

Arendt, Hanna (1993) La condicin humana, Barcelona, Paidos. Arenilla, Manuel (2011). Cap 1.6 "Gobernanza y Administracin Pblica" en Crisis y Reforma de la Administracin Pblica. Editorial Netbiblio. Espaa. Madrid.

Arroyo Muoz, Leyla Andrea (1993). El Proceso Organizativo de Comunidades Negras. Una Mirada Optimista. En: Revista Esteros. Santaf de Bogot, Swissaid. No. 2.

Carbajal, Fedora; Cruces, Guillermo; Gasparini, Leonardo (2003). Situacin socioeconmica de la poblacin afrocolombiana en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Proyecto Regional Poblacin afrodescendiente de Amrica Latina. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ciudad del Saber, Panam, 2010. CENTRO DE PASTORAL AFROCOLOMBIANA (CEPAC). Historia del Pueblo Afrocolombiano. Perspectiva Pastoral. Pastoral Afro, Cali.

Decreto 1745 de 1995. Por el cual se reglamenta el Captulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las Tierras de las Comunidades Negras y se dictan otras disposiciones. Colombia.

Documento CONPES (2004), Consejo Nacional de Poltica Econmica y Social Departamento Nacional de Planeacin, Bogot, D.C.

Escobar, Arturo et al (2001), Poltica cultural Cultura Poltica. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos, Madrid, Taurus

Font, Joan e Ismael Blanco (2006) Experiencias de Participacin Ciudadana. POLIS La Ciudad Participativa. Participar en los Municipios quin? cmo? y por qu? en Papers de Participacin Ciudadana, Diputaci de Barcelona.

Garzn, Baltasar (2011) La fuerza de la razn, Debates: Barcelona Gough, I (1982) Economa Poltica del Estado de Bienestar H. Blume Ediciones: Barcelona.

Hessel, S. (2011) Indignaos, Ediciones Destino: Barcelona (original de 2010). Hischman, Albert (1970) Voz, salida y lealtad, Fondo de Cultura Econmica, Mxico,

28

Hischman, Albert (1986) De los intereses privados al pblico en Inters privado y accin pblica, Fondo de Cultura Econmica, Mxico, pginas 72-87.

Klein, Naomi (2007) La doctrina del shock, Paidos: Barcelona Klijn, E. J (1998) Redes de Poltica, London: SAGE (original de 1998) Kooiman, Jan, (ed.) (2003) "Governing as Governance" en Modern Governance: Government Society Interactions. London: Sage.

Korpi, W Social Policy and Distributional Conflict in the Capitalist Democracies. A Preliminay Comparative Framework, West European Politics, Vol. 3 N3.

Lindblon, C.E. (1979) Still mudding not yet thought in Public Administration Review, 39, 6, pginas 517-523

Mascareo, Aldo (2010). Coordinacin social mediante polticas pblicas: el caso chileno. Revista Cepal N 101.

Mayntz, R. (1999). La teoria de la governance: sfide e prospective, Rivista italiana de Scienza Politica, 1.

Mosquera, Juan de Dios (2000). Las comunidades negras de Colombia hacia el siglo XXI. La etnoeducacin afrocolombiana. Docentes Editores.

Palacios Hinestroza, Nicols (1998). Etnoeducacin en Colombia. Docentes Editores.

Perceral, Jos Mara (1995). Nacionalismos, xenofobia y racismo en la comunicacin. Una perspectiva histrica. Paids.

Rhodes, R. W. A. (1997). Understanding Governance: Policy Networks, Reflexivity and Accountability. Buckinham: Open University Press-UNPD/PNUD

Rupin, Pablo (2006) Los dilogos ciudadanos por la calidad de la educacin: una experiencia de participacin ciudadana en la generacin de polticas pblicas en Estudio de Caso N89, Santiago de Chile: Universidad de Chile.

Subirats, Joan (1994) Anlisis de polticas pblicas y eficacia de la administracin, Ministerio para las Administraciones Pblicas, Espaa: Instituto Nacional de Administracin Publica.

Oszlak, Oscar (1997) Estado y Sociedad: las nuevas reglas del juego artculo publicado en Revista Reforma y Democracia N9, CLAD, 37 pginas.

Oszlak, Oscar (1998) Implementacin participativa de polticas pblicas: aportes a la construccin de un marco analtico en XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administracin Pblica, Buenos Aires: CLAD.

Valencia, Alberto (1998): Violencia en Colombia aos ochenta y reforma

Constitucional, Cali, Universidad del Valle. Colombia.

29

Velez, Carlos Eduardo; Rawlings, Laura; Paqueo, Vic y Riao, Juanita, (2003), El reparto

del crecimiento, pobreza y desigualdad, en Colombia: fundamentos econmicos para

la paz. Banco Mundial.

Wilesky, H.L (1975) The Welfare State and Equality. Structural and Ideological Root of Public Expenditure. University of California Press: California.