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Abril de 2009 A ATENEATENEA D DEE L LAA
CCRUZRUZ B BRITORITO
VII EREHNO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE ECONOMÍA Y RELACIONES INTERNACIONALES
LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES
Atenea De La Cruz Brito
[LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN MÉXICO : EL PAPEL DE LAS
REFORMAS DE 1963 A 1996]
[LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN MÉXICO : EL PAPEL DE LAS REFORMAS DE 1963 A 1996] Atenea De La Cruz Brito
RRESUMENESUMEN
Palabras clave: Transición democrática, reformas electorales, sistema electoral.
La transición política de un país es parte de una transformación de mayor profundidad,
aparece al mismo tiempo que otras transiciones, la de su cultura, la de su economía y la de
su interacción con el mundo (Becerra et. al., 2000: 16).
De todos los temas relevantes a la democracia y a la transición, este trabajo se
enfoca en las instituciones, específicamente en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos como base de los demás fundamentos legales que regulan el sistema
electoral como instrumentos del cambio en el marco de su impacto en el sistema político en
general. Se hará una revisión desde la ley electoral de 1963 hasta 1996.
En México las reformas al sistema electoral han tenido dos tendencias: la apertura
del sistema de partidos, de partido único a multipartidismo y la atención de estas reformas a
clamores por mayor democracia que se acompañan contradictoriamente de una adaptación
de la legislación según el momento político para favorecer al partido dominante.
Es pertinente continuar fomentando cambios benéficos al sistema electoral y de
partidos pero, sobre todo, es indispensable crear las condiciones culturales y de
participación ciudadana para que esos logros electorales mejoren en el fondo el sistema
político mexicano y al país en su conjunto.
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[LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN MÉXICO : EL PAPEL DE LAS REFORMAS DE 1963 A 1996] Atenea De La Cruz Brito
“Transición: es decir, un trayecto que arranca de un gobierno autoritario, atravesando varias fases híbridas, distintas unas de las otras.
Transición: un esfuerzo político de instalar instituciones democráticas y hacerlas funcionar en contextos que las desconocían
o que las habían abandonado”.
– Becerra, Salazar y Woldenberg (2000: 26)
INTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN
La transición política de un país es parte de una transformación de mayor profundidad,
aparece al mismo tiempo que otras transiciones, la de su cultura, la de su economía y la de
su interacción con el mundo (Becerra et. al., 2000: 16).
Para que una transición democrática tenga lugar es necesaria la creación de una
cultura democrática fundamentada en los valores de competencia, honestidad,
participación, transparencia, diálogo, entre otros que acompañan a la visión de la sociedad
para ser y generar conciencia. Para poder mantener o generar cambio en un régimen
democrático – como en cualquier otro – se requiere de instituciones de poder que son todo
órgano, norma o principio que permite ordenar políticamente a la sociedad. Las
instituciones de poder de acuerdo a este concepto tienen tres dimensiones: orgánicas,
normativas o ideológicas, según la clasificación de André Hauriou sean las instituciones
cosas: reglas legales impuestas a la voluntad de las partes, e instituciones personas: los
grupos sociales (Reyes, 2000: 68).
Entre las instituciones democráticas se pueden encontrar dos tipos, propositivas y
coercitivas. Las leyes por su característica orgánica proponen la manera en que deben
darse las relaciones en determinado ambiente, los procedimientos y las costumbres.
Respecto a su capacidad coercitiva encontramos que las leyes de carácter constitucional
son equitativas, su desconocimiento no exime de su responsabilidad y permiten vigilar las
relaciones políticas de los actores que, en caso de no observar las normas, serán
sancionados.
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De todos los temas relevantes a la democracia y a la transición, este trabajo se
enfoca en las instituciones, específicamente en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos como base de los demás fundamentos legales que regulan el sistema
electoral como instrumentos del cambio en el marco de su impacto en el sistema político en
general. Se hará una revisión desde la ley electoral de 1963 hasta 1996.
Para fines de estudio, los procesos electorales e institucionales de México y su
inserción en la transición democrática, representan uno de los casos más interesantes en el
estudio de sistemas políticos en general y en particular dentro de los estudios
latinoamericanos.
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I. TI. TRANSICIÓNRANSICIÓN
Dentro de la política comparada se entiende a la dicotomía democrático/autocrático
como característica determinante entre un régimen y otro. Los estudios clásicos de esta
materia clasifican a los sistemas políticos del mundo dentro de la tipología mutuamente
excluyente arriba mencionada y evalúan sus procesos de transición hacia la democracia – si
es que los hay – entre un tipo de régimen y otro (Nohlen, 1998: 11). Un tipo ideal de
transición supondría un cambio político basado en un pacto entre las élites que, con base
en una ruptura con el pasado, llevan a cabo una transformación político-institucional del
país.
La transición más comúnmente estudiada es la que ocurre cuando un país con
gobierno autoritario se mueve hacia un régimen democrático. Este es el caso de los países
latinoamericanos y sus experiencias de democratización, algunos con éxito, otros con
reveses autoritarios o freno al proceso democratizante y posterior reinicio.
II. LII. LAA T TRANSICIÓNRANSICIÓN D DEMOCRÁTICAEMOCRÁTICA ENEN A AMÉRICAMÉRICA L LATINAATINA
En la segunda mitad de la década de los setenta la vida política latinoamericana
contempla el fenómeno del tímido proceso de transición rumbo a la democracia. Cada vez
iba en aumento el número de países en Latinoamérica que elegían a sus representantes por
medio del sufragio popular (Nohlen, 1998: 30).
Las democracias latinoamericanas vigentes han presentado un cuadro más o menos
general de características a lo largo de sus transiciones todavía en curso. Entre ellas se
encuentra la alternancia entre dictadura y democracia, entendiendo como dictadura al
sistema autoritario con elecciones semi-competitivas que sirven para reafirmar las
relaciones de poder existentes (Nohlen, 1998: 15). La oposición se puede articular
parcialmente pero no tiene posibilidades reales de acceder al poder. En cambio, los
sistemas democráticos llevan a cabo comicios competitivos donde las elecciones son una
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verdadera fórmula para establecer las relaciones de poder que pueden cambiar dado que la
oposición tiene posibilidades reales de llegar al poder, posible alternancia (Nohlen, 1998:
17).
Otra característica de los regímenes latinoamericanos es que las elecciones tienen
diferentes funciones según sea el tipo de régimen y fase de desarrollo político. La
organización de las elecciones varía según el tipo de gobierno, pero en general existen
problemas para asegurar los principios del voto que son el sufragio universal, igual en
calidad, de emisión secreta, directo y fundamentalmente libre. Como consecuencia de
estos problemas se ve disminuida la capacidad legitimadora generando desconfianza y
puesta en duda de los resultados.
Entre otras características los regímenes latinoamericanos son presidencialismos
fuertes (Hurtado, 2002: 20), sistemas que tienen como centro del sistema político y
electoral la designación para este puesto, aunque suele presentarse una baja participación
electoral a pesar de la obligatoriedad del voto en todos los países latinoamericanos
(Nohlen, 1998; 32).
III. LIII. LAA T TRANSICIÓNRANSICIÓN D DEMOCRÁTICAEMOCRÁTICA ENEN M MÉXICOÉXICO
En lo particular, México se distingue de sus pares latinoamericanos por no haber
padecido las dictaduras como en el cono sur en las décadas de los sesentas y setentas,
mientras golpes de Estado y gobiernos de facto se extendían por el continente, México tuvo
gobiernos constitucionales estables (Meyer y Reyna, 1999: 323), no es de extrañarse que
los analistas se encuentren con un régimen como pocos de singular clasificación que en
ocasiones, ha tenido que tener una categoría única creada especialmente para describir las
características de este sistema político, como la categoría especial de sistema de partidos
hegemónico que hace Sartori (2005: 69).
Pero el hecho de que en el país no se haya establecido un gobierno de facto, no
implica necesariamente que el régimen mexicano sea democrático. Para que un sistema
pueda ser considerado democrático varios criterios se deben de cumplir, entre ellos: el
efectivo derecho a votar y ser votado, un sistema de partidos de competencia, la
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organización de elecciones libres y justas, el respeto a los derechos de libertad de
asociación y libertad de expresión, el acceso a fuentes alternativas de información, que las
instituciones hacedoras de políticas públicas dependan de los votos u otras expresiones de
las preferencias de los votantes, entre otras características (Hurtado, 2002: 3).
En México, cuya difícil equiparación con algún otro sistema es una constante, los
estudios que se suscriben bajo los procesos democratizadores son particulares y datan a
1977 como uno de los años fundamentales del proceso de democratización. A partir de los
años setenta lo que vivía la sociedad mexicana era algo nuevo en un sentido muy profundo:
no eran cambios abruptos, por el contrario, a distinta velocidad vivían transformaciones
graduales, sucesivas; escenificaban una construcción de instituciones y de hábitos unos
detrás de los otros. Sobre todo era un tránsito que no se ajustaba a las ideas y a las
experiencias revolucionarias (Becerra et. al., 2000: 26).
La transición política en México se caracteriza por haberse orquestado mediante las
urnas y las diferentes fórmulas de asignación de la votación en representación política, a
diferencia del tipo ideal de transición – pactada – además no ha habido una ruptura con el
régimen anterior, por el contrario se ha dado una apertura gradual y continua, de pequeñas
negociaciones por medio de la transformación de las reglas del juego limitada al terreno
electoral, recuperando las instituciones ya existentes, el sistema electoral y el sistema de
partidos (Merino, 2003: 15).
Las reformas al sistema electoral mexicano han tenido dos tendencias: la apertura
del sistema de partidos de partido único a multipartidismo y la atención de estas reformas a
clamores por mayor democracia que se han acompañado contradictoriamente, de una
adaptación de la legislación según el momento político para favorecer al partido dominante.
Es decir, las reformas en materia electoral han surgido como respuesta a una coyuntura
favorable o adversa al régimen, y no como una parte de un proceso democratizador
planeado y surgido desde las instituciones o la sociedad civil organizada. A continuación se
enumeran las reformas y leyes electorales más sobresalientes de 1963 a 1996.
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III. I. LEY ELECTORAL DE 1963
Antes de la reforma de 1963 se contaba con la fórmula electoral de mayoría en
distritos uninominales que favorecía al partido único, sin dar posibilidad a una
representación del espectro político real. Con esta disposición jurídica, se inicia la primera
etapa del desarrollo del sistema electoral mexicano.
En esta ley se dispone que todo partido inscrito que alcanzara el 2.5% de votación
nacional tenía derecho a cinco escaños y a una curul más por cada 0.5% de votación
obtenido una vez pasado repartido cinco escaños con el criterio anterior hasta llegar a un
máximo de veinte curules, a esta formula electoral se le llama también diputados de
partido (Nohlen, 1998: 284). Con esta ley se da comienzo a la primera etapa de desarrollo
del sistema electoral.
Se estableció también que si un partido alcanzaba veinte diputados en las
circunscripciones uninominales, ya no participaba en la distribución de escaños
minoritarios, ayudando de esta forma a que los partidos pequeños no compitieran por lo ya
escasos asientos de oposición. No se pretendía implantar un sistema proporcional, más
bien, se reconoce la necesidad de representar a las minorías políticas.
III. II. REFORMA ELECTORAL DE 1977
La segunda etapa del desarrollo del sistema electoral se dio con la reforma electoral
de 1977. En este momento se introdujo un sistema electoral segmentado, esto es, por una
parte mayoritario y por otra proporcional ya que se incluyó el sistema de doble voto. Este
sistema consiste en un voto para un candidato uninominal y el otro por una lista del partido
de diputados de partido, además se disminuye el umbral de representación de 2.5% a 1.5%
de la votación valida nacional (Nohlen: 1998: 285), permitiendo la permanencia de los
partidos pequeños en el sistema de partidos, fomentando su consolidación.
Respecto a la fórmula de elección de los diputados se establecen 300
circunscripciones uninominales para elegir a 300 diputados más 100 escaños a repartir en 5
circunscripciones plurinominales establecidas mediante un criterio poblacional. En 1985 se
respetan las 300 circunscripciones uninominales y se aumenta el número de escaños que se
reparten en las 5 circunscripciones plurinominales a 200 curules.
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Con estas acciones se favorece a los partidos pequeños aumentando sus
posibilidades de acceder al poder en regiones o en pocos puestos de mayor envergadura. Se
denominan liberalizantes a estas acciones del sistema (Becerra et. al., 2000: 25), ya que
permiten el acceso a puestos de representación por parte de la oposición, pero no permiten
la competencia real, como ocurre con las acciones democratizantes.
III. III. REFORMA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1986
En esta tercera etapa se aumentó el número de diputados en la Cámara de 400 a
500. Se fijan 5 circunscripciones de representación proporcional propiamente excluyendo
al Partido Revolucionario Institucional –PRI– de los diputados de partido. En
consecuencia, los partidos de oposición aumentan su presencia hasta un 30% de los puestos
electos con votos validos a nivel nacional (Nohlen, 1998: 287).
Pero como se mencionaba anteriormente, las reformas no sólo buscaban reglas más
justas y mayor apertura a la competencia, otra de las tendencias reformistas fue la
adaptación del modelo político para favorecer al partido hegemónico. Para garantizar
entonces la mayoría absoluta del partido más votado en la Cámara, la reforma de 1986 le
concede acceso al PRI al segmento de representación proporcional con un límite máximo
del 70%, a esto se le denominó cuota de gobernabilidad, dado que fue creada para evitar el
estancamiento de iniciativas en un congreso dividido, así que se consagraba la mayoría
calificada para el partido en el poder.
III. IV. REFORMA ELECTORAL CONSTITUCIONAL Y LEY ELECTORAL DE 1989
En esta ley se mantiene la Cámara de Diputados integrada por 500 representantes
elegidos 300 por mayoría y los 200 restantes en circunscripciones plurinominales de listas
cerradas y bloqueadas que los partidos proveían, se mantiene el umbral de entrada de 1.5%
de la votación valida nacional (Nohlen, 1998: 287).
Dado el resultado adverso para el partido en el poder de los comicios de 1988, se
prohibió la postulación de alianzas electorales o de candidatos presentados por más de un
partido, los llamados candidatos comunes como ocurrió con el Frente Democrático
Nacional –FDN –, que aglutinó a cuatro fuerzas políticas: Partido Mexicano Socialista –
PMS–, Partido Popular Socialista –PPS–, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana –
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PARM– y Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional –FDRN–, compartiendo como
candidato a la Presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en las
elecciones arriba mencionadas. Además se suprimieron las asociaciones políticas (Becerra
et. al., 2000: 51). Esta reforma fue eminentemente regresiva, creada para obstruir los
procesos y multiplicar los conflictos. No obstante, se logró reactivar el proceso
liberalizante con la reforma de 1996.
III. V. CAMBIOS CONSTITUCIONALES EN 1993 Y 1996.
La reforma electoral de 1993 abolió la cuota de gobernabilidad. El efecto se deja
ver en las elecciones para la renovación de las Cámaras de 1997 (Nohlen, 1998: 289).
Con la Reforma de 1996, ningún partido puede contar con un número de diputados
por ambos principios –mayoría y representacion proporcional – que equivalga a un
porcentaje que exceda en ocho puntos el obtenido en la votación nacional. Se fija en 42%
del total de votos obtenidos de límite mínimo a alcanzar para que el partido se constituya
como mayoría absoluta en la cámara baja. Además se incluye a la administración y justicia
electorales, elementos que dan mayor operación y legitimidad al sistema.
La reforma de 1996 es apreciada en el ámbito académico (Becerra et. al., 2000: 51),
como la más importante en el proceso de transición democrática y fue aprobada,
paradójicamente, por una mayoría priísta. En aquella reforma están basados los resultados
legislativos de 1997 en donde el PRI perdió la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados
por primera vez y la jefatura del Distrito Federal tras la primera elección directa, aunado al
resultado de las elecciones de 2000 donde el PRI pierde por primera vez la presidencia.
Esta reforma dotó de mayor competitividad al sistema electoral y político teniendo efectos
muy profundos que coadyuvaron al proceso de transición democrática aún en curso.
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CCONCLUSIÓNONCLUSIÓN
El diseño constitucional del presidencialismo en México ha generado un estilo de
acción política y de ejercicio del poder donde predomina el carisma personal del líder, su
conducta y sus decisiones personales se extienden por encima de los mecanismos
institucionales de gobierno y de sus propios partidos; un estilo en el cual las relaciones de
poder en consecuencia se sustentan en un clientelísmo entre el líder y sus seguidores,
matizado por elementos simbólicos, culturales y emocionales, en los cuales la
conformación de la identidad política de los ciudadanos se produce por estos elementos
antes por la definición de sus derechos y los medios institucionales de los cuales dispone
para ejercerlos. La transición a la democracia, bajo este escenario, requirió de instituciones
que sustentaran el cambio oponiéndose a las prácticas tradicionales que impedían tal
tránsito.
En México, la transición ha respondido al cambio generado desde el interior del
sistema, es decir, por parte de las instituciones formales de poder político, comenzando en
el legislativo con el visto bueno del ejecutivo. Las reformas electorales han sido el móvil de
la transición, generando cambios al interior del sistema electoral y de partidos
principalmente desencadenando un cambio del modelo político en general.
La democracia consiste en algo más que establecer el sistema de gobierno adecuado
o más virtuosos – ya sea el parlamentario, presidencial o semi-presidencial –, se requieren
instituciones que propicien los valores democráticos y que velen por su observancia, y aún
más importante, es necesaria una cultura democrática con fuertes cimientos de valores y
principios sociales para que un verdadero régimen no autoritario tenga cabida.
Es pertinente continuar fomentando cambios benéficos al sistema electoral y de
partidos pero, sobre todo, es indispensable crear las condiciones culturales y de
participación ciudadana para que esos logros electorales mejoren en el fondo el sistema
político mexicano y al país en su conjunto.
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