Post on 09-May-2020
Desarrollo Regional / Julio Moguel
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
Reporte de investigación núm. 8 Octubre de 2014
Las opiniones expresadas en este documento no reflejan la postura oficial del Centro de Estudios
Sociales y de Opinión Pública, o de la Cámara de Diputados y sus órganos de gobierno. Este docu-
mento es responsabilidad del autor. Este documento es una versión preliminar, favor de citarlo
como tal.
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
Políticas públicas y encuadre
legislativo para un desarrollo
territorial incluyente
y sustentable
Centro de Estudios Sociales
y de Opinión Pública
Organización Interna
Rafael Aréstegui Ruiz Director General
J. Guadalupe Cárdenas Sánchez Director de Opinión Pública
Francisco J. Sales Heredia Director de Estudios Sociales
Julio César Moguel Viveros Director de Estudios de Desarrollo Regional
Ernesto Cavero Pérez Subdirector de Análisis
y Procesamiento de Datos
Eduardo Chávez Castro Coordinador Técnico
Lucero Ramírez León Coordinadora de Vinculación y Difusión
Mario Aguirre Mazón Efrén Arellano Trejo
Roberto Aschentrupp Toledo Arón Baca Nakakawa
Felipe de Alba Murrieta Gabriel Fernández Espejel
José de Jesús González Rodríguez Benjamín Herrejón Fraga
Rafael López Vega Salvador Moreno Pérez Yuriria Orozco Martínez
Edgardo J. Valencia Fontes Investigadores
Luis Ángel Bellota Elizabeth Cabrera Robles
Natalia Hernández Guerrero Trinidad Otilia Moreno Becerra Karen Nallely Tenorio Colón
Apoyo en Investigación
Alejandro López Morcillo Editor
José Olalde Montes de Oca Asistente Editorial
Claudia Ayala Sánchez Corrección de estilo
Reporte de investigación, núm. 8, octubre de 2014. Publicación del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de
la Cámara de Diputados, LX Legislatura. Av. Congreso de la Unión 66, Edificio I, primer piso, Col. El Parque, México,
D.F., Tel. 5036 0000 ext. 55237, correo electrónico cesop@congreso.gob.mx
POLÍTICAS PÚBLICAS Y ENCUADRE LEGISLATIVO PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL INCLUYENTE Y SUSTENTABLE
Consideración general Recogemos en este texto algunos de los lineamientos y propuestas recogidos en
el Foro que sobre Políticas Públicas en el tema de Desarrollo Regional llevó a
cabo el CESOP en San Cristóbal de las Casas, los pasados días 13, 14 y 15 de
septiembre, en coordinación y participación de diversas instituciones académicas y
sociales, entre las que destacaron: el Colegio de la Frontera Sur, la Universidad
Autónoma de Chiapas, la Universidad Intercultural de Chiapas.
Tales lineamientos de análisis y propuesta se suman a los que ya hemos
venido recabando en otros Foros desarrollados con anterioridad en los estados de
Guerrero y de Oaxaca.
I
El estado de Chiapas tiene un 70 por ciento de su superficie con vocación forestal,
pero esta área continuamente es impactada por cambio de uso de suelo. Esta
problemática no es ajena a las áreas naturales protegidas (gubernamentales y
comunitarias) y se considera necesario analizarlas. El tema económico a nivel de
las explotaciones forestales ordenadas deberá también ser discutido. El problema
de los ecosistemas degradados deberán ser analizados para generar propuestas
de mejoramiento, conservación y buen manejo.
Por otra parte, en las cuencas hidrográficas transfronterizas de los ríos
Grijalva y Usumacinta escurre un 30 por ciento de toda el agua superficial del país.
Megaproyectos hidroeléctricos ejecutados en la última mitad del siglo XX, su
impacto para Chiapas-Tabasco y su gente es necesario revisar y discutir en la
perspectiva de las propuestas gubernamentales actuales de continuar con este
esquema.
Por otra parte, la problemática social generada por la privatización del agua
urbana en la ciudad capital del estado de Chiapas; conflictos sociales generados
por la presión del incremento de población en las periferias de ciudades, por
ejemplo San Cristóbal de Las Casas. La contaminación del recurso hídrico y la
extracción con fines industrial/comerciales son otros puntos sobre la mesa.
Los recursos naturales están deteriorados en particular en la zona de Los
Altos. Erosión, deforestación. Si esto lo aplicamos en el ámbito de la cuenca, a
final de cuenta estamos afectando la parte media y baja. En Los Altos no tenemos
ninguna planta potabilizadora, mientras que en Villahermosa hay 16 ¿Cómo
mandamos el agua a las partes bajas?. La pregunta es cómo manejar los ríos,
dependiendo el punto de la cuenca donde se encuentre. Otro punto es la perdida
de espacios públicos por el desarrollo urbano.
Un análisis con base en el inventario forestal nos dice que una tercer parte
del estado esta degradado. Una tercera parte se está utilizando para actividades
productivas, con buenas practicas o no. La otra tercera parte del estado de
Chiapas tiene aún un buen nivel de conservación, en cuanto a sus servicios
ambientales. De esta parte solo la mitad tiene algún grado de protección a nivel
federal. Sin embargo, todavía hay 1.5 millones de hectáreas que no cuentan con
ninguna protección y que presentan un área de oportunidad para conservar los
servicios que proveen.
Parte del problema es que aún tenemos una visión limitada de estos
procesos: aunque registramos los porcentajes, no identificamos la raíz de los
problemas. ¿Cuáles son las lógicas sociales para que sigan ocurriendo estos
fenómenos? Hay una lógica de defensa de los recursos pero no de inclusión de
los procesos complejos. Esa tercera parte que está protegida tiene gente que
necesita medios de vida ¿Cómo pueden obtenerlos sin afectar los bosques?
Lógicas muy desde arriba, que no le dan certidumbre a la gente sobre una política
de gestión de bosques a largo plazo. .
¿Cuáles son las lógicas o las irracionalidades sobre el manejo de los
bosques y el agua.? Hay una preponderancia de las necesidades urbanas sobre
las necesidades rurales. Si las ciudades se fundaran sobre preceptos
sustentables, sería otra historia. San Cristóbal de las Casas es un ejemplo de falta
de sustentabilidad. Hay un caso de un manantial en Cuetzalan que pertenecía a
una comunidad y que se otorgó en concesión a una planta embotelladora, quien
ahora le provee el agua embotellada a las comunidades.
¿Fracaso o éxito de la política ambiental? Un caso que la avanzada de la
política del trópico que terminó con los bosques tropicales en los 1950s. Un caso
terrible es la de los pastizales “naturales” en la costa del Pacífico de Chiapas, el
Soconusco, que primero se hizo obra de desvío de las aguas y después tuvo que
buscarse riego artificial. Es la región de la Soconusco que nos habla de un mal
manejo de los bosques cuenca arriba. En el caso del Grijalva el azolve es terrible:
entre 100 y 150 camiones de volteo tienen que extraer los sedimentos a diario por
el mal manejo cuenca arriba. Entre 40 y 45 por ciento de buena cobertura en el
caso del Usumacinta, pero también hay problemas muy complejos como la
invasión de grupos delictivos.
Desde la perspectiva de política pública y gobernanza, el mapeo de
instituciones nos revela que en la cuenca del Grijalva hay 36 actores (ONG,
organizaciones Gubernamentales, academia) que dicen trabajar en la cuenca para
el manejo. Parece desarticulado sin tener un objetivo común.
Algunas conclusiones:
1. No aspirar a las soluciones homogéneas que se adaptan a todas la
realidades sino hacer políticas para adaptarse a la complejidad tanto física
como social de estado como Chiapas
2. La buena gobernanza no cae del cielo; se requiere contar con un concepto
de corresponsabilidad entre ciudadanos y servidores públicos. No es
quehacer exclusivo del gobierno el buen manejo de los bosques y el agua
como ecosistemas capaces de brindar bienes y servicios ambientales
públicos
3. La política pública actual del manejo de los bosques y aguas privilegia los
urbano sobre lo rural y a su vez lo privado sobre lo público. Este privilegio
no debe existir promoviendo que el agua sea agente de desarrollo rural y el
campo no siga siendo el lugar que debe ser abandonado en búsqueda de
alternativas y medios de vida en la urbe.
4. Las políticas actuales no incluyen la visión de gestión de las comunidades
indígenas, que dista de los objetivos occidentalizados. Estas políticas
deben de incluir el concepto de autonomía
5. Hacer propuesta ciudadanas de visiones a futuro a 20 años sobre los
ecosistemas y que trascienden las políticas sexenales o trianuales de las
políticas y que los ciudadanos exijan a los políticos continuar con esta
visión independientemente del partido político.
6. Las políticas actuales no son completas ni cuentan con un sistema de
evaluación de su efectividad. El ejemplo que se utiliza es la creación de
sistemas de drenaje que no van a dar a una planta de tratamiento. Los
comités ciudadanos deberían de encargarse de esta evaluación.
7. Para la gobernanza de los bosques y las cuencas se debe resaltar el
concepto de región con la complejidad que esta implique pero desde el
punto de vista local. Al final los que resultan afectados por una política para
el uso del agua o protección de los bosques son los habitantes locales.
Replantear un esquema de manejo a una dimensión m´ss manejable donde
se resuelva la desarticulación entre los diferentes poderes de gobiernos,
pero también entre las diferentes dependencias de una misma escala de
gobierno.
8. Un ejemplo de estos espacios territoriales apenas en sus primeros pasos
han sido los consejos de ANPs y los consejos de cuenca que tienen tres
grandes espacios de oportunidad para su mejoría
a. Incrementar su presupuesto para su funcionalidad
b. Incrementar su participación desde sus concepción, su agenda,
inclusión desde un principio
c. Reducir el espacio para la discrecionalidad (positiva y negativa) en la
que el éxito del funcionamiento de estos espacios a un buen (o mal
funcionario)
9. Hay ya ejemplos de modelos de producción comunitaria que van de la
mano con la conservación y que se han desarrollado de manera incluyente
con las comunidades, como lo son algunos modelos de turismo en ANPs,
agroecología, pesca responsable, etc. Estos modelos pueden ser
replicables, obviamente a la medida de cada realidad en la que sea
apliquen
10. A partir de que cualquier problema socio-ambiental es de naturaleza
conflictiva entre diferentes partes, se propone la figura de mediador
ambiental y la figura de ombdusman ambiental.
11. El concepto de desarrollo sustentable no debe ser un concepto aislado sino
un eje transversal del desarrollo social.
II Se requiere incidir en políticas públicas y en los encuadres del quehacer legislativo
para:
1. Fomento, revaloración y rescate de semillas nativas y germoplasma,
traspatio y del sistema milpa, en toda su diversidad. Incluyendo la
recolección de recursos silvestres como base de soberanía alimentaria.
2. Los programas deben considerar los procesos, y proyectos de las
organizaciones campesinas así como sus sistemas de cosmovisión
3. Los programas de mejora de agricultura tradicional deben realizarse en los
lugares donde se requiera
4. Se debe fortalecer los procesos de capacitación que ya realizan las
organizaciones con base en sus necesidades
5. Revisión de la ley del derecho a la alimentación y seguimiento de la
legislación secundaria
6. Establecer políticas de protección a la diversidad genética del maíz y otros
cultivos de los que México es centro de origen y diversificación
7. Fomentar formas de producción sustentable para la producción a gran
escala con el fin de disminuir costos de insumos y mejorar el ambiente
8. Exigir subsidios para la producción a quien lo requiere y no a los grandes
empresarios o transnacionales.
9. Reconocer a las mujeres como productoras agrícolas sujetas de derechos
10. Cancelar definitivamente los permisos al maíz transgénico en todas sus
modalidades
11. Obligar a la industria agroquímica a capacitar por ley a quien utilice sus
productos
12. Impedir que México adopte el sistema UPOV 91 que obligaría al uso de
semillas registradas
Aspectos relacionados a la promoción de la salud:
13. Se debe disminuir el consumo de azúcar desde la infancia. Impidiendo la
participación de empresas en las políticas públicas alimentarias.
14. Elaborar un plato de la buena mesa para el país y sus regiones que se
culturalmente adecuada y socialmente justa.
15. Parar subsidios que inciden en la alimentación.
16. Frenar la influencia de productos industrializados en general
Aspectos relacionados al manejo territorial:
Destrabar el proyecto de ley del sobre derecho a la consulta de los pueblos
originarios
Defensa de tierras en otros ámbitos, la minería, las carreteras. Frenar el
acaparamiento de tierras.
Acercar al campo y la ciudad
Aspectos relacionados a la educación y formación:
17. Trabajar el tema de la alimentación y agricultura desde la educación básica
18. Fortalecer los procesos de capacitación integral de las organizaciones y
comunidades
19. Cambio en la formación de profesionistas en México ante la educación
descontextualizada. Más universidades interculturales y sistema de
bachillerato tecnológico intercultural.
20. Formar un centro de investigación donde se represente el conocimiento
campesino y el científico.
Ejes transversales de política pública desde el gobierno
1. Ver a las y los campesinos como sujet@s de derecho y no como
beneficiari@s. Ciudadanos.
2. Disponer y brindar información suficiente para la toma de decisiones a las
familias, organizaciones, comunidades.
3. Incorporar criterios no homogeneizantes de política pública (pobreza como
categoría que no alude a causas).
4. Que los programas de alimentación, nutrición y soberanía alimentaria sean
atendidos de forma multisectorial.
5. Enfoque de género en las políticas públicas.
6. Que los procesos de producción y distribución de los alimentos no sigan en
manos de las empresas o sector privado regido sólo por estándares
comerciales. Este debe quedar en manos del pueblo, y favorecer procesos
ciudadanos de producción, distribución y consumo.
7. Integrar las perspectivas tradicionales y la cosmovisión que incide en la
salud, la alimentación, la tierra, etc.
8. Programas pueden estar respaldados en los sistemas de cargos locales y
tradicionales.
Líneas de acción social desde las organizaciones, academia y sociedad civil
Se asume que las organizaciones civiles y de productores o de prestadores de
servicios pueden:
1. Las organizaciones campesinas tenemos que retomar principios y valores,
pues ahora somos gestores. Tenemos filas de clientes y no de militantes.
Retomar los propios procesos educativos y de capacitación según nuestra
cultura y necesidades.
2. Fortalecer las asambleas ejidales.
3. Antes la alimentación era sagrada, era un ritual, era una conexión con la
naturaleza y con algo superior.
4. Se está destruyendo a todas las comunidades, ya no sabemos cómo
pararlos, el gobierno con todo el recurso corta nuestro poder. Corta nuestra
base, ya no tenemos como trabajar.
5. Pero queremos producir no solo para nuestro consumo, pero también para
la ciudad. Es bueno conectarnos y dialogar con las organizaciones, los
académicos, los funcionarios.
6. Recurrir a procesos legales como amparo o bien movilizaciones.
7. Mantener la movilización entre los diferentes sectores interesados en el
campo para que las cosas cambien (organizaciones, movimientos,
académicos comprometidos).
8. Recuperar las comunalidades; articulación de organizaciones y
comunidades; intercambios de procesos organizativos y productivos;
fortalecer los mecanismos de autosuficiencia alimentaria avanzando a la
seguridad y soberanía alimentaria. Avanzar desde lo local.
9. Formar una red de intercambio entre organizaciones y académicos.
Generar un código de ética al interior de esta red.
10. Hacer llamado a las cúpulas religiosas a respetar la cosmovisión
campesinas
III
Los Acuerdos de San Andrés constituyen un parte aguas para la discusión en
torno a los derechos de los pueblos indígenas en México, por ello es necesario
recolocar y dimensionar su vigencia.
Existe un incumplimiento del marco jurídico normativo internacional de los
derechos de los pueblos indígenas en México, de ahí que las instituciones
estatales creadas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas no
correspondan a sus necesidades específicas.
Cuarenta años después del Congreso Indígena y veinte años después de
firmados los Acuerdos de San Andrés es necesario cuestionarnos y redefinir la
responsabilidad y la propuesta de cada uno de los actores que intervienen es
decir, pueblos indígenas, academia, sociedad civil, para reunirnos y discutir
nuestra participación. En el contexto actual las instituciones de educación superior
vuelven a adquirir una importancia mayúscula ante el corte epocal formativo de
una nueva generación, lo que implica superar el academicismo, vincularse con los
movimientos sociales, atender los principios éticos y morales implícitos en el
diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas pues estas no son
meramente formulaciones abstractas.
En la actualidad las políticas públicas son creadas sectorialmente y
planteadas como una intervención de arriba hacia abajo, por ello la consulta es la
base de las acciones que plantean los pueblos y las comunidades para la
administración de sus territorios, acceso a la justicia y normatividad propia. El
derecho a la libre determinación o autodeterminación como requisito previo a los
derechos de los pueblos indígenas y concretamente el cumplimiento de los
acuerdos de San Andrés.
Es necesaria la refundación del Estado, no basta con el reconocimiento de
los derechos sino que se precisa la reconstitución del aparato estatal que significa
una reestructuración institucional para que se establezca una relación distinta con
los pueblos indígenas, que rompa con los filtros creados para mantener las
distancias y que se encuentran implícitos en las reglas de operación de las
políticas públicas. Pensar la refundación del Estado es pensar las bases sobre las
que se asienta, es decir cuestionar las raíces del derecho positivo y canónico.
La mesa plantea una contradicción entre lo que significa la política pública
anti indígena de las reformas estructurales y la armonización legislativa planteada,
ya que por un lado se reconocen los derechos y por otro se incrementa la
expropiación brutal. Los elementos contradictorios de la armonización legislativa
son fundamentalmente tres, 1.Las concesiones extractivas que se dan en los
territorios de pueblos indígenas, 2. Política sectorial contra la lógica de territorio y
3. Las reglas de operación que dificultan cualquier tipo de dialogo.
En ese sentido, el que no se cuente con una normatividad acerca de cómo
llevar a cabo la consulta es un vacío legislativo operacional que impide la
implementación de este derecho colectivo.
La fuerza de los derechos de los pueblos indígenas no es la que le da el
estar escritos –aceptación condescendiente de la elite política y económica – sino
que es aquella cuya fuente son los pueblos, sus organizaciones, su vida y/o
puesta en práctica de lo que saben es su derecho y sus movimientos
reivindicativos, revolucionarios, autonómicos, etc. Los derechos se han
conquistado con hechos.
Necesidad de un debate epistémico que dé sustento y contenido a la
propuesta de derechos de pueblos indígenas pero también de políticas públicas
que contemple la descolonización del lenguaje utilizado, pues los conceptos
también reflejan propuestas y alternativas de vida. La revisión epistemológica da
cuenta del quiebre entre la comprensión lógica Estado/nación y Pueblos
indígenas, así como la relación entre cultura y política.
Se reconoce la importancia del acceso a la salud y vivienda de calidad
culturalmente apropiada, así como la necesidad de una educación contextual que
brinde herramientas para el conocimiento de los derechos de pueblos indígenas,
su apropiación y para la generación de propuestas nuevas de formas de
organización, administración y política.
Propuestas concretas
1. Utilizar el documento surgido de la Conferencia Mundial de Pueblos
Indígenas, celebrada en septiembre de este mismo año, para reposicionar
el diálogo en torno a la vigencia e implementación efectiva de los derechos
de los pueblos indígenas en México.
2. Propugnar por establecer tribunales, comisiones u otros órganos con
autoridad judicial completa para atender reclamos sobre las tierras,
territorios y recursos.
3. Promover la interculturalidad en la educación formal y cotidiana para
afrontar estructuras y orientaciones discriminatorias que obstaculizan la
aceptación de los derechos de los pueblos indígenas.
4. Organizar un espacio de encuentro sistemático (puede ser una comisión o
un foro permanente) para seguir dialogando en torno al tema. Dicho
espacio debe ser necesariamente abierto en torno a las ideas y tipo de
público, haciendo énfasis en la participación de los pueblos indígenas, y
superando los muros del ámbito académico.
5. Cualquier propuesta de política pública debe tener como condición sine qua
non la consulta a la población afectada. Los criterios, contenidos y
procedimientos de la consulta deben ser trabajados en dialogo con los
pueblos indígenas en sus propios idiomas.
6. Indispensablemente, posicionarse en torno a los episodios de violencia de
Estado, en específico, en torno a la desaparición de los 43 jóvenes
estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
7. Tener como horizonte normativo, marco epistemológico y estrategia
política, la refundación del Estado.
8. Para finalizar es necesario anotar que en la mesa ha quedado pendiente
discutir acerca de la importancia del reconocimiento de los derechos de las
mujeres indígenas, elemento fundamental para la implementación eficaz y
auténtica de los derechos de los pueblos indígenas.
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Cornelio Martínez López
La fiscalización superior en México. Auditorías al des-
empeño de la función de desarrollo social
Salvador Moreno Pérez
2012
Incidencia delictiva en los 125 municipios más margi-
nados del país
Juan Pablo Aguirre Quezada
Políticas selectivas contra la pobreza en los 125 muni-
cipios mexicanos más marginados
Alejandro Navarro Arredondo
Extinción de dominio
José de Jesús González Rodríguez
Cooperación internacional para el desarrollo
Luis Armando Amaya León
Las propuestas de participación ciudadana en el
marco de la reforma política en la LXI Legislatura
Cornelio Martínez López
Ley anti monopolios y la competencia económica en
México
Gabriel Fernández Espejel
La coordinación ministerial en el gobierno federal
mexicano
Alejandro Navarro Arredondo
El reto de la obesidad infantil en México
Juan Pablo Aguirre Quezada
La transformación de la Cámara de Diputados
Efrén Arellano Trejo
Acceso a servicios médicos en los 125 municipios con
menor desarrollo en el país
Francisco J. Sales Heredia
Condiciones sociales de la población indígena e inver-
sión federal en los 125 municipios con menor IDH
Jesús Mena Vázquez
La agenda binacional México-Estados Unidos del tema
de migración: legislación y política pública
Salvador Moreno Pérez
Vulnerabilidad social y riesgo de caer en pobreza en
México
Gabriela Ponce Sernicharo
Cooperación entre el gobierno local y organizaciones
de la sociedad civil en políticas sociales
Alejandro Navarro Arredondo
A 30 años de la descentralización de los servicios de
salud
Francisco J. Sales Heredia
Inversión federal en el ramo social en los 125 munici-
pios con menor desarrollo humano durante el periodo
2007 – 1er trimestre 2012
Jesús Mena Vázquez
Los vehículos usados de procedencia extranjera en
México.
Cornelio Martínez López
Fuerzas armadas
Juan Pablo Aguirre Quezada
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. In-
fraestructura para el Desarrollo
Salvador Moreno Pérez
Nuevas funciones y estructura de la PGR
Efrén Arellano Trejo
2013
Algunas consideraciones sobre el maltrato infantil en
México
Salvador Moreno Pérez
Caracterización de los 125 municipios con menos
desarrollo humano en 2010
Gabriela Ponce Sernicharo
Reforma Laboral: algunos apuntes para el análisis
legislativo
José de Jesús González Rodríguez
Resultado de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gas-
tos de los Hogares (ENIGH)2012
Anavel Monterrubio
Seguridad alimentaria: un acercamiento desde la
perspectiva de ingreso mínimo
Jesús Mena Vázquez
Estado actual del régimen de planeación y ordena-
miento territorial metropolitano en México
Anavel Monterrubio
Renovación urbana y calidad de vida en el hábitat
popular de los barrios históricos de la ciudad de
México
Anavel Monterrubio
Los factores del crecimiento económico en México
Gabriel Fernández Espejel
La calidad del dato sobre migrantes internacionales
en dos encuestas estadounidenses
Rafael López Vega
Evaluación Magisterial. Algunos datos para su revi-
sión y diagnóstico
José de Jesús González Rodríguez
Construcción de ciudadanía.: una mirada
a los jóvenes
Francisco J. Sales Heredia
Explorando la política pública en relación con la eco-
nomía informal
Rafael López Vega
Educación Intercultural Bilingüe como principio para
el desarrollo
Anavel Monterrubio
Tendencias en la migración México-Estados Unidos.
Elementos de mediano plazo para la política pública
Rafael López Vega
Refinerías en México. Retos y posturas para una revi-
sión en el ámbito legislativo
José de Jesús González Rodríguez
La reforma migratoria en los Estados Unidos. Posibili-
dades y alcances.
Salvador Moreno Pérez
2014
Impuestos verdes: su impacto ambiental. Creación
de mercados y tendencias en política ambiental
Gabriel Fernández Espejel
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Informe
de avances 2013 de México Rafael López Vega
Reforma Energética, refinerías y opinión pública.
Datos para el examen legislativo
José de Jesús González Rodríguez
En el 20° aniversario del TLCAN: actitudes america-
nas hacia los lazos transfronterizos
Diana S. Smeltz y Craig Kafura (traducción Arón Baca
Nakakawa)
Retos y perspectivas de las leyes secundarias en ma-
teria de telecomunicaciones y radiodifusión
Efrén Arellano Trejo
Derechos de los pueblos indígenas en México en
materia de consulta, participación y diálogo. Avances
y desafíos desde el ámbito legislativo
Anavel Monterrubio
Pluriculturalidad y derechos indígenas en su dimen-
sión nacional y regional
Julio Moguel Viveros
Regionalización y dinámicas urbanas: relación campo
-ciudad. Marco conceptual de “Sistema de Ciudades ”
Julio Moguel Viveros
La opinión pública sobre los problemas metropolita-
nos en México.
Salvador Moreno Pérez
Desastres naturales: casos “tipo” de siniestros y
estrategias de prevención (Políticas públicas y legisla-
ción)
Julio Moguel Viveros
Construcción de ciudadanía y seguridad social
Anavel Monterrubio y Francisco Sales
Movilidad, arraigo e identidad territorial como facto-
res para el desarrollo humano
Anavel Monterrubio y Francisco Sales
Una nueva regionalización del país (Exigencias de las
políticas públicas dentro de los marcos actuales de la
globalización)
Edgardo F. Valencia Fontes
Embarazos, nacimientos. Opciones analíticas en rela-ción con el problema de la identidad al nacer en Méxi-co 2001-2012
Rafael López Vega
Grupos vulnerables en el Sur-sureste de México: De-
rechos Humanos e integración social
Mario Aguirre Mazón
Evaluación de la seguridad pública
Efrén Arellano Trejo & Rodolfo Ernesto Bernal Vargas
Financiarización y reconformación económica del
campo mexicano. (Una valoración sobre la relación
actual entre economía rural y las estructuras de do-
minio y de gestión estatal)
Julio Moguel Viveros
Ingrid y Manuel: balance de medios. A un año de la
reconstrucción en el estado de Guerrero.
Luis Ángel Bellota
Diálogo intercultural y proceso legislativo para el
ejercicio de los derechos indígenas en México
Francisco Sales Heredia & Anavel Monterrubio
Costos y eficiencia de los servicios hídricos. Algunas reflexiones sobre la “propiedad” del recurso
Felipe de Alba Murrieta