Guillermo Trejo y Sandra Ley_Federalismo, Drogas y Violencia_2016

8/18/2019 Guillermo Trejo y Sandra Ley_Federalismo, Drogas y Violencia_2016

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11Política y gobiernoVOLUMEN XXIII · NÚMERO 1 · I SEMESTRE DE 2016 · PP. 11-56

Federalismo, drogas y violenciaPor qué el conflicto partidista intergubernamental

estimuló la violencia del narcotráfico en México*

Guillermo Trejo y Sandra Ley**

Resumen: La visión dominante del dramático aumento de la violencia criminal en Méxicotras la intervención federal en la guerra contra las drogas en 2007 sostiene que la violencia

del narcotráfico se intensificó en regiones donde el presidente no pudo coordinar las ac-ciones del gobierno federal con las autoridades locales de oposición, pero fue significativa-mente menor en zonas donde se coordinó con sus correligionarios. En este artículo desa-fiamos el argumento de la “coordinación” y afirmamos que en contextos de agudapolarización política —como el que privó en México antes de la guerra contra las drogas—el conflicto partidista puede motivar al gobierno federal a desarrollar intervenciones mili-tares y policiales cooperativas en regiones donde gobierna el partido del presidente y anegar asistencia efectiva en regiones gobernadas por sus enemigos políticos, para despuésculparlos de la violencia criminal. A partir de una nueva base de datos sobre la violenciadel narcotráfico en México (2006-2012), mostramos que aunque la violencia criminal fuemás intensa en los municipios de los estados gobernados por la oposición, fuecinco vecesmayor en ciudades gobernadas por la izquierda —la némesis política del presidente—.A través de estudios de caso, mostramos cómo el gobierno federal utilizó estrategias dife-

*Traducción del inglés por Ana Inés Fernández Ayala.**Guillermo Trejo es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Notre Dame. Kellogg

Institute for International Studies, 312 Hesburgh Center, Notre Dame, IN 46556. Tel: +1 574631 9303. Correo-e: gtrejo@nd.edu. Sandra Ley es profesora visitante en la División de EstudiosPolíticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Carretera México-Toluca3655, 01210, México, D.F. Tel: +52 (55) 57 27 98 00. Correo-e: sandra.ley@cide.edu

Presentamos versiones preliminares de este artículo en la conferencia anual del MidwestPolitical Science Association (2014) y del American Political Science Association (2014). Agrade-cemos la valiosa retroalimentación de Regina Bateson, Matthew Kocher, Fausto Hernández,Mario Chacón y tres dictaminadores anónimos. Sebastián Garrido nos brindó apoyo estadístico.El financiamiento del Kellogg Institute for International Studies (University of Notre Dame) ydel Trent Foundation (Duke University) hizo posible nuestra recolección de datos. Mario More-no y Valeria Ramírez fueron excepcionales asistentes de investigación y el equipo de Parametríanos brindó apoyo de enorme valía. Nos beneficiamos enormemente de la asistencia editorial deCaroline Domingo y del liderazgo de los editores de este número especial. Somos responsablesde errores y omisiones en el texto.

Artículo recibido el 15 de enero de 2015 y aceptado para su publicación el 14 de julio de 2015.


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Guillermo Trejo y Sandra Ley

renciadas ante la violencia del narcotrfico: coadyuv y protegi a sus correligionarios(PAN), cooper parcialmente con la oposicin de centro (PRI), pero confront y desprotegia la oposicin de izquierda (PRD). Nuestros hallazgos son consistentes con estudios quemuestran que los agentes del Estado no siempre buscan el monopolio de la violencia y

que incluso a veces toleran la violencia para castigar a sus enemigos políticos. Palabras clave: federalismo, conflicto intergubernamental, partidismo, violencia crimi-

nal, México.

Federalism, Drugs, and Violence: Why Intergovernmental Partisan Conflict Stimulated Inter-cartel Violence in Mexico

Abstract: The dominant view of the dramatic increase of criminal violence in Mexico fol-lowing the 2007 federal intervention in the War on Drugs suggests that inter-cartel vio-lence became particularly intense in subnational regions where the president could not

coordinate the federal government’s actions with subnational opposition rulers but cameunder control where the president worked with his co-partisans. In this article we chal-lenge the “coordination” argument and claim that in contexts of acute political polariza-tion between Left and Right —like the one Mexico experienced before the War onDrugs— partisan conflict can motivate federal authorities to develop cooperative militaryand policing interventions in regions where the president’s co-partisans rule, but to delib-erately neglect effective assistance to the president’s main political rivals and then blamethe violence on them. Based on an original dataset of inter-cartel violence in Mexico(2006-2012), we show that while criminal violence was more intense in municipalitiesfrom states ruled by opposition parties, it was five times greater in cities ruled by the Left —the

president’s political nemesis. We use case studies to show how Mexico’s conservativefederal government followed differentiated strategies to deal with spirals of drug vio-lence: it worked together and protected subnational co-partisans (PAN), partially cooper-ated with centrist opposition authorities (PRI), but confronted leftist governors and mayors(PRD) and left them at the mercy of drug cartels. Our results are consistent with findings inconflict studies showing that state agents do not always seek the monopoly on violenceand sometimes tolerate violence to punish their political enemies.

Keywords: federalism, intergovernmental conflict, partisanship, inter-cartel violence,Mexico.

Uno de los supuestos más aceptados en el estudio de la gobernanza y laviolencia política es que los Estados siempre buscarán mantener el mo-

nopolio de la violencia dentro de un territorio determinado (Weber, 1946).Este presupuesto weberiano ha llevado a los científicos sociales a esperarque cuando un Estado confronta grandes olas de violencia por parte de ac-tores armados no estatales —e. g. grupos rebeldes, organizaciones terroris-tas, mafias y grupos del crimen organizado— usará su poder militar ypolicial para reprimir los ataques violentos y reinsertar en la ley a quienesamenacen al Estado o actúen ilegalmente.


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VOLUMEN XXIII · NMERO 1 · I SEMESTRE DE 2016 13Política y gobierno

Federalismo, drogas y violencia

Una serie de trabajos importantes sobre gobernanza en pases de ingre-so medio ha cuestionado recientemente el clsico supuesto weberiano ydemostrado que los funcionarios gubernamentales a menudo hacen uso

estratgico de la aplicacin de la ley y estimulan, toleran o simplemente“administran” la violencia, en lugar de reprimirla. Staniland capta la esen-cia de esta crtica al observar que “los intereses de un gobierno no siempreson sinnimo del monopolio de la violencia” (Staniland, 2012). Un númerocreciente de investigaciones en economa, sociologa, y ciencia poltica(Acemoglu, Robinson y Santos, 2013; Auyero, 2006; Wilkinson, 2005; Sta-niland, 2012) ha mostrado en una amplia variedad de escenarios y regionesdel mundo donde los funcionarios gubernamentales buscarn monopolizarla violencia y castigar a quienes la ejerzan slo en la medida en que eso arro- je beneficios electorales.

Este artculo se enfoca en los incentivos electorales para ejercer y aplicarla ley en pases federales que enfrentan grandes olas de violencia. Eva-luamos una intervencin gubernamental de gran envergadura en Mxicoentre 2007 y 2012, en la que el gobierno federal lanz una importante cam-paña militar y policial para poner fin a doce años de guerras entre crte-les por el control de las rutas del trfico de droga hacia Estados Unidos. Envez de reducir la violencia, la intervencin deriv en niveles de violencia

seis veces mayor al inicial, y en la expansin de los crteles y sus socios cri-minales hacia nuevos mercados, incluyendo la extorsin, el secuestro, eltrfico de personas y el saqueo de recursos naturales. Sin embargo, la vio-lencia y la criminalidad no se esparcieron equitativamente, sino que la si-tuacin se volvi particularmente intensa en ciertas regiones del pas.

Acadmicos y funcionarios del gobierno mexicano han afirmado insis-tentemente que las diferentes trayectorias de violencia fueron en parte elresultado de problemas de coordinacin entre el gobierno federal y las au-toridades subnacionales de oposicin.1 Según esta visin, los funcionarios

públicos en los tres niveles de gobierno —nacional, estatal y municipal—compartan el objetivo de terminar la guerra y la violencia entre crteles,pero no lograron coordinarse porque tenan distintas concepciones de lapoltica de seguridad y porque el presidente no fue capaz de disciplinar alos funcionarios subnacionales de oposicin para que trabajaran con l, dejando de lado sus diferencias polticas.

1 Para argumentos acadmicos, vanse Urrusti (2012) y Ros (2015). Para la postura del go-

bierno, vase Caldern (2014).


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A partir de un enfoque estratgico sobre la gobernanza, en este artculocuestionamos el argumento de la coordinacin y sugerimos una explicacinalternativa: ms que la descoordinacin entre autoridades, el conflicto parti-

dista intergubernamental explica la variacin geogrfica en los niveles deviolencia entre crteles. En un contexto de polarizacin poltica sin prece-dentes, tras la disputada eleccin presidencial de 2006, en la que el candi-dato conservador venci al de izquierda, pero el partido perdedor se neg aconceder el triunfo y cuestion el resultado en las cortes y en las calles, elconflicto partidista condicion la intervencin federal.

Distinguimos cuatro dimensiones de la intervencin federal: 1) el des-pliegue de las fuerzas militares y policiales por el territorio mexicano y sugrado de cooperacin con las policas locales; 2) la investigacin judicial y elenjuiciamiento de autoridades subnacionales bajo sospecha de colusincon el crimen organizado; 3) la estrategia de comunicacin para exponer ydenunciar la corrupcin y colusin de autoridades subnacionales con el cri-men organizado, y 4) el manejo de la crisis para ayudar a las autoridades lo-cales a enfrentar los contraataques criminales en respuesta a la intervencinfederal.

Nuestro principal argumento es que las autoridades federales en Mxicodesarrollaron intervenciones coordinadas en regiones bajo el control del par-

tido del presidente, pero adoptaron estrategias de confrontacin en estadosgobernados por la izquierda —la fuerza poltica que neg persistentementela legitimidad del presidente como autoridad legalmente constituida, seopuso a su programa legislativo de reformas econmicas, y se haba conver-tido en la principal amenaza electoral para el presidente y su partido.

Si bien es cierto que el ejrcito y la polica federal se desplegaron inicial-mente en las regiones ms conflictivas del pas sin importar afiliacionespartidistas, nuestro argumento es que las autoridades federales adoptaronestrategias radicalmente diferentes para confrontar el contragolpe del nar-

cotrfico y el aumento sin precedentes de la violencia que se suscitaron trasla intervencin. Las afiliaciones partidistas, ms que criterios de eficiencia,se convirtieron en un factor esencial para confrontar la escalada de violenciacriminal.

Sugerimos que en regiones subnacionales gobernadas por el partido delpresidente, el gobierno federal apoy a sus copartidarios en los gobiernosestatales y municipales en el manejo de las grandes espirales de violenciacriminal y se apropi del crdito que se deriv de la respuesta coordinada.En estados de derecha, las autoridades federales protegieron a los alcaldes de


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ataques criminales y los ayudaron a purgar sus fuerzas policiales; coordina-ron operaciones entre el ejrcito y la polica federal con los funcionarios ylas policas locales, y compartieron informacin de inteligencia; removieron

de sus puestos a copartidarios corruptos pero no los enjuiciaron ni los expu-sieron pblicamente, y trabajaron junto con los alcaldes para brindar bienesy servicios pblicos en municipios donde los crteles reclutaban jóvenespandilleros. Estas acciones debilitaron a los crteles y contribuyeron a dete-ner la epidemia de violencia.

En regiones subnacionales de izquierda, en cambio, el gobierno federalno cooperó con las autoridades locales y buscó castigarlas dejando que go-bernadores y alcaldes enfrentaran solos la escalada de violencia, para luegoculparlos de la intensificación del conflicto. En estados de izquierda, lasautoridades federales diseñaron unilateralmente intervenciones militares ypoliciales sin compartir información con los gobernadores y alcaldes; enjui-ciaron a funcionarios locales y los expusieron en medios nacionales comocorruptos e ineptos, incluso sin tener pruebas concluyentes y sin haber un juicio de por medio; se negaron a brindar protección a alcaldes izquierdistasy a su personal que enfrentaban amenazas criminales; y optaron por no pro-mover ninguna intervención de poltica social significativa. Estas estra-tegias confrontativas debilitaron a los gobiernos locales de izquierda y

permitieron que los crteles y las organizaciones criminales capturaran losmunicipios y a su población mediante la extorsión y el secuestro.En resumen, el artculo argumenta que la expansión desigual de la vio-

lencia criminal tras la intervención federal no fue resultado de problemasde coordinación en los que el gobierno nacional y los lderes de oposiciónsubnacionales compartan el objetivo de frenar las guerras entre crteles,pero diferan en cómo hacerlo; sugerimos, ms bien, que la intensificaciónde la violencia criminal en las regiones de izquierda fue producto de unprofundo conflicto partidista entre dos fuerzas polticas antitticas, en el

que las autoridades federales usaron la guerra contra las drogas para minarlas bases electorales de la fuerza poltica que se convirti en la nmesis po-ltica del presidente: la izquierda.

Probar el argumento de la coordinacin contra la hiptesis del conflictopartidista es un ejercicio sencillo. Si el argumento de la coordinacin es co-rrecto, tras el despliegue del ejrcito y la polica federal se deberan obser-var los niveles ms altos de violencia criminal en las regiones gobernadaspor partidos de oposicin, sin importar si son de izquierda (Partido de laRevolucin Democrtica, PRD) o de centro (Partido Revolucionario Institu-


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cional, PRI). El argumento de la coordinación se sostiene si no encontramosdiferencias significativas entre las regiones gobernadas por el PRI y aquellasgobernadas por el PRD. En ambos casos, la violencia debería ser mayor com-

parada con las regiones gobernadas por el partido del presidente, el conser-vador Partido Acción Nacional (PAN), pero no debería existir diferenciaentre PRD y PRI. Sin embargo, si el argumento del conflicto partidista es co-rrecto, deberíamos observar los mayores niveles de violencia criminal en lasregiones dirigidas por el PRD. El argumento del conflicto se sostiene si en-contramos diferencias significativas entre las regiones del PRD y del PRI, estoes, si la violencia criminal es mayor en las regiones de izquierda que en lasgobernadas por el PRI y el PAN.

A partir de una nueva base de datos sobre violencia criminal en México,construida mediante una revisión sistemática del periódico Reforma, nues-tros resultados estadísticos demuestran que, aunque los municipios en losestados gobernados por cualquiera de los partidos de oposición sí experi-mentaron mayores niveles de violencia que aquellos en estados dirigidospor los copartidarios del presidente, los niveles más intensos de violenciacriminal se dieron en ciudades ubicadas en estados gobernados por el PRD.En comparación con una situación de gobernanza unificada, donde el par-tido del presidente regía en todos los niveles de gobierno, nuestros resulta-

dos estadísticos muestran que los municipios de estados gobernados por laizquierda experimentaron niveles de violencia criminal cinco veces mayor.Controlando por factores económicos, demográficos, sociales, geográficos yespaciales, nuestros hallazgos estadísticos son robustos ante una ampliagama de explicaciones alternativas.

Para entender cómo los sesgos partidistas moldearon la intervención fe-deral en la guerra contra las drogas y por qué las estrategias diferenciadasredujeron o estimularon la violencia criminal, realizamos estudios de casoen tres ciudades que compartían muchas características relevantes, excepto

la distribución vertical del poder político: Tijuana, en el estado de Baja Ca-lifornia (ambos gobernados por el partido del presidente), Apatzingán, en elestado de Michoacán (ambos gobernados por la izquierda) y Ciudad Juárez,en el estado de Chihuahua (ambos gobernados por el PRI).

El artículo está estructurado en cinco secciones. Primero discutimos dis-tintos enfoques teóricos sobre las motivaciones de la cooperación intergu-bernamental para regular la violencia en sistemas federales y presentamosnuestras hipótesis sobre la politización de la aplicación de la ley bajo condi-ciones de polarización ideológica. Enfocándonos en la controvertida elec-


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ción presidencial de México en 2006, en la segunda parte describimos elcontexto de la aguda polarización política entre derecha e izquierda quesirvió de trasfondo a la intervención federal. En la tercera sección discuti-

mos los resultados de una amplia variedad de modelos estadísticos que po-nen a prueba las hipótesis de la coordinación y el conflicto partidista, y en lacuarta parte presentamos los estudios de caso. El trabajo concluye con unadiscusión sobre las implicaciones de nuestros hallazgos para el estudio delEstado y de los incentivos electorales que condicionan la gobernanza y laaplicación de la ley en sistemas federales violentos.

La regulación del crimen y la violencia en las federaciones:

¿Cuáles son los motores de la cooperación intergubernamental?El crimen organizado en el mundo actual se ha convertido en una industriaglobal en la que los grupos criminales operan dentro de una red transnacio-nal que conecta a múltiples actores ilegales que llevan a cabo sus opera-ciones en espacios locales. El tráfico de drogas, por ejemplo, es una cadenatransnacional de operaciones locales, donde las organizaciones de narcotra-ficantes operan a nivel global, nacional y local. Este rasgo multinacional ymultiespacial exige que cualquier intervención gubernamental en contra

del narcotráfico involucre a múltiples autoridades que trabajan en diferentesniveles geopolíticos y espaciales. Aunque los académicos y los organismosinternacionales han puesto énfasis en la cooperación entre la comunidad in-ternacional y los gobiernos nacionales, las relaciones intergubernamentalessubnacionales es una variable que se ha omitido en el análisis de la industriade la droga y de las guerras entre cárteles. Esta omisión es particularmenterelevante para el estudio de sistemas federales.

Uno de los rasgos que definen a las federaciones es que los gobiernosnacionales y subnacionales tienen distintas jurisdicciones administrativas,

responsabilidades y capacidades institucionales. En la mayoría de los paísesfederales, las autoridades nacionales tienen jurisdicción sobre asuntos deseguridad nacional y crimen organizado, y las fuerzas policiales locales sonresponsables de delitos del orden común. Esta división de labores deriva endiferentes capacidades en la aplicación de la ley. Mientras que las autorida-des nacionales tienen acceso a las fuerzas militares y policiales federales—que disponen del mejor armamento disponible— las autoridades localescuentan con fuerzas policiales con entrenamiento y equipo menos sofistica-dos. Estas diferencias implican que los alcaldes dependen de las autorida-


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des federales cuando enfrentan situaciones particularmente violentas. Enesta relación asimétrica, la cooperación intergubernamental es esencial parala paz y la supervivencia de las autoridades locales.

¿Qué factores guían la cooperación intergubernamental en las federa-ciones?

Un importante paradigma en el estudio económico del derecho y la po-lítica pblica sugiere que la cooperación intergubernamental es cuestión deeficiencia institucional (Oates, 1972). Cuando un país asigna responsabili-dades políticas de manera eficiente al nivel de gobierno ms adecuado (e. g. la seguridad nacional al gobierno federal y la recolección de basura a losgobiernos locales), las relaciones intergubernamentales se distinguen por lacooperación y no por el conflicto. En este enfoque, se asume que los fun-cionarios de gobierno son planificadores benevolentes y que la cooperaciónintergubernamental es una cuestión técnica de definir claramente los “de-rechos de propiedad” sobre las políticas entre los diferentes niveles de go-bierno.

Un influyente paradigma alternativo en ciencia política sugiere que lapolítica partidista es un factor decisivo de la cooperación intergubernamen-tal en sistemas federales. En su estudio clsico sobre federalismo, Rikersugiere que los partidos y los sistemas de partido condicionan las acciones

de los funcionarios gubernamentales (Riker, 1964). Puesto que el federalis-mo requiere la constante negociación política entre distintos órdenes degobierno, la distribución del poder político entre niveles de gobierno sueleser determinante en las relaciones intergubernamentales. Cuando los líde-res nacionales cuentan con copartidarios en gobiernos subnacionales, secrea un sistema político vertical que impulsa a los líderes nacionales a disci-plinar a los representantes locales, promoviendo la cooperación interguber-namental y la coherencia de las políticas (“armonía”). En contraste, cuandolos líderes nacionales cuentan con pocos copartidarios subnacionales, la go-

bernanza verticalmente dividida puede llevar a relaciones no cooperativasy a la incoherencia de las políticas (“desarmonía”) (Riker y Schaps, 1957).

Siguiendo el enfoque partidista de Riker, estudiosos de la violencia delnarcotrfico en México han sugerido que la guerra contra las drogas delpresidente Felipe Calderón y el despliegue del ejército para controlar laviolencia del narcotrfico resultó ms efectiva en condiciones de gobernan-za unificada, donde los copartidarios del presidente panista gobernaban enlos niveles estatal y municipal, y menos efectiva en condiciones de plurali-dad partidista vertical.


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Según el argumento de Urrusti, la alineación partidista vertical permiteque las autoridades tengan un control territorial más efectivo (Urrusti,2012). Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en los niveles fede-

ral, estatal y municipal pueden coordinarse para asegurar los territorios sub-nacionales, y su comunicación fluida y el intercambio de informaciónfacilita la implementación de ataques efectivos contra los cárteles. La vio-lencia criminal es menos intensa en gobiernos integrados verticalmenteporque donde el poder político está coherentemente alineado los cártelesno se disputan las rutas de contrabando. En la interpretación alternativa deRíos, la alineación partidista vertical impulsa al presidente a disciplinar asus copartidarios subnacionales, lo que produce políticas de seguridad co-herentes y consistentes que disuaden a los cárteles de competir por el con-trol territorial (Ríos, 2015).

Una limitación importante del estudio de las relaciones interguberna-mentales de Riker —y de los estudios que aplican su enfoque— es que noconsidera la posibilidad de que en gobiernos verticalmente divididos lasautoridades de mayor nivel usen su poder para recompensar estratégica-mente a sus copartidarios subnacionales y castigar a sus enemigos. Comosugirió Weingast para el estudio de la descentralización fiscal, los gobernan-tes nacionales en federaciones verticalmente divididas tienen incentivos

“para obstruir la descentralización y minar la capacidad de [sus oponentespolíticos subnacionales] para conseguir sus objetivos programáticos” (Wein-gast, 2014).2 Este comportamiento estratégico se ha analizado en estudiosclásicos de políticas redistributivas, en los que los autores afirman que losgobiernos suelen usar las transferencias, subsidios y la protección arancela-ria para premiar a sus simpatizantes o a votantes indecisos. En su influyentemodelo del votante duro (core-voter model ), Cox y McCubbins sugieren quelos gobiernos suelen recompensar a sus simpatizantes y castigar a votantesde partidos políticos rivales (Cox y McCubbins, 1986).3

A partir de estos modelos de política redistributiva, estudiosos de la vio-lencia política han empezado a evaluar cómo los incentivos electorales pue-den también moldear decisiones gubernamentales sobre la aplicación de laley en sistemas federales. En vez de analizar la asignación de recursos de lafederación a las regiones como un problema técnico, estos estudios analizan

2 Para una revisión crítica de Riker, véase Gibson (2004).3 Para una prueba pionera del modelo del votante duro en la asignación de recursos antipo-

breza en México, véase Magaloni (2006).


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el despliegue de fuerzas policiales para confrontar estallidos de violenciasubnacional como un problema estratgico en el que los funcionarios delgobierno nacional pueden ordenar que las fuerzas de seguridad combatan

la violencia en algunas regiones, pero toleren o incluso instiguen la violen-cia en otras, segn las condiciones electorales locales.

En su influyente estudio sobre revueltas religiosas en India, Wilkinsonmuestra que en un contexto de aguda polarización entre hindes y musul-manes, las autoridades estatales desplegaron más activamente las fuerzaspoliciales para detener los ataques hindes a barrios musulmanes en distri-tos donde los votantes musulmanes se podan convertir en votantes bisagra( pivotal voters) y decidir el resultado de la elección (Wilkinson, 2005). Encontraste, donde los votantes musulmanes no eran un grupo electoral de-cisivo, las autoridades permitieron los ataques en contra de los barrios mu-sulmanes.

En su revelador estudio sobre revueltas urbano-populares tras el grancolapso macroeconómico de 2001 en Argentina, Auyero muestra que en uncontexto de polarización aguda de clases, las autoridades locales de oposi-ción asociadas con el populista Partido Justicialista (PJ) enviaron a las fuer-zas policiales locales a prevenir el saqueo en áreas donde los negocios desus electores se vieran afectados, pero permitieron estratégicamente el sa-

queo donde los negocios estaban asociados con el partido de gobierno decentroderecha (Auyero, 2006).En su importante estudio sobre los vnculos entre autoridades pblicas

y fuerzas paramilitares en Colombia, Acemoglu, Robinson y Santos mues-tran que las fuerzas paramilitares de derecha desempeñaron un papel claveen la elección de los polticos conservadores en el Congreso colombiano, yque esos representantes, a su vez, pasaron leyes favorables a los interesesde los paramilitares (Acemoglu, Robinson y Santos, 2013). Como demues-tra el trabajo de Steele, la protección de facto que los actores polticos nacio-

nales ofrecieron a los paramilitares en Colombia resultó ser muy efectivacuando estos especialistas en violencia usaron sus armas para forzar la reubi-cación geográfica de votantes de izquierda hacia otros pueblos y distritoselectorales (Steele, 2011).

En contraposición al supuesto weberiano clásico, el cual sugiere que losEstados buscarán, por axioma, tener el monopolio de la violencia y reprimirla violencia no estatal, estos tres estudios muestran que los gobernantes enpases en vas de desarrollo pueden optar por tolerar o incluso estimular laviolencia para su propio beneficio electoral. Los tres casos también mues-


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tran que, bajo condiciones de polarizacin social o poltica, las autoridadesgubernamentales pueden manipular estratgicamente la aplicacin de laley para recompensar a sus aliados y castigar a sus enemigos.

Para formular nuestras hiptesis sobre violencia en la guerra contra lasdrogas en Mxico, usamos como punto de partida el enfoque partidista deRiker. Ms all de Riker, sin embargo, siguiendo la literatura de estudiosestratgicos de poltica redistributiva y de violencia poltica, afirmamos quebajo condiciones de polarizacin poltica, las autoridades federales tienenincentivos para perseguir la violencia criminal y desplegar efectivamente alas fuerzas de seguridad para proteger regiones gobernadas por sus copar-tidarios, pero tolerar la violencia en reas dominadas por sus principalesrivales polticos. Sugerimos que el gobierno federal puede adoptar una es-trategia punitiva en la que deliberadamente deja desprotegidos a sus riva-les polticos subnacionales en regiones conflictivas, con el fin de socavar sucredibilidad y sus bases electorales. Como parte de esta estrategia, las auto-ridades federales intentarn persuadir a los votantes locales de que atribu-yan la responsabilidad de las espirales de violencia a sus rivales polticossubnacionales.

Para propsitos evaluativos, consideramos dos argumentos alternativos:las hiptesis de coordinacin y de conflicto partidista. A partir de Riker, el

argumento de la coordinacin sugerira que:

H1. La violencia entre crteles ser ms intensa en regiones donde el poder

est fragmentado verticalmente — sin importar la ideologa de los partidos de opo-

sición— que en regiones donde el poder est unificado y las tres autoridades

ejecutivas pertenezcan al mismo partido.

Ms all de Riker, el argumento del conflicto partidista propone que en uncontexto de polarizacin poltica:

H2. La violencia entre crteles ser ms intensa en regiones gobernadas por

funcionarios pertenecientes al principal rival ideológico del presidente que en re-

giones gobernadas ya sea por copartidarios del presidente o por partidos de

oposicin ideolgicamente ms cercanos al partido del presidente.

Ntese que mientras la violencia criminal en H1 resulta de la incapacidaddel gobierno federal y la oposicin subnacional de coordinar sus accionesantidrogas, la violencia en H2 resulta de la decisin estratgica del presi-


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dente de castigar a sus rivales políticos subnacionales al dejar sin proteccióna los funcionarios públicos locales frente a grandes amenazas criminales. Laacción coordinada contribuye a reprimir efectivamente las guerras crimina-

les en estados gobernados por el partido del presidente, pero el conflictointergubernamental estimula las guerras de los cárteles por el control terri-torial en estados gobernados por los enemigos políticos del presidente.

Usamos la intervención federal mexicana en la guerra contra las drogaspara poner a prueba las hipótesis de la coordinación y el conflicto partidista.Ponemos a prueba H1 y H2 con información sobre la violencia del narcotrá-fico en 2 108 municipios mexicanos entre 2007 y 2012. Pero antes de reali-zar nuestras pruebas estadísticas, es necesario establecer el grado ynaturaleza de la polarización política que llevó a la politización de la guerracontra las drogas.

Las guerras contra las drogas en México y la polarizacin política

La elección presidencial de 2006

Tras siete décadas de dominio ininterrumpido en el poder, la derrota del PRI en 2000 abrió una era de polarización política sin precedentes en México,

entre el partido conservador, PAN, y el partido de izquierda, PRD. Durante ellargo dominio del PRI, a pesar de sus diferencias en materia de política eco-nómica, el PAN y el PRD compartían una meta común a favor de la democra-tización y de elecciones libres y justas. El diagrama 1a ilustra la distribuciónespacial de los partidos durante la última década de gobierno del PRI en dosdimensiones: económica (izquierda y derecha) y política (autoritarismo ydemocracia) (Klesner, 2005). Aunque el PAN y el PRD nunca crearon un fren-te de oposición unificado contra el dominio autoritario, y aunque la coali-ción estratégica del PAN con el PRI para promulgar grandes reformas

económicas aletargó el ritmo de la liberalización política, el deseo compar-tido de la oposición de tener elecciones libres y justas siempre dejó un es-pacio abierto para la cooperación entre izquierda y derecha.

La victoria presidencial del PAN en 2000 y el triunfo del PRD en la Ciudadde México, sin embargo, llevaron al país a una era de un profundo conflictointerpartidista. A falta de un líder visible del PRI, el presidente Vicente Foxy el jefe de gobierno de la Ciudad de México Andrés Manuel López Obra-dor —dos líderes carismáticos— pronto se convirtieron en las figuras políti-cas más destacadas y personificaron la polarización política del país. Como


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DIAGRAMA 1a. Posicin ideolgica de los partidos mexicanos bajo el dominioautoritario, década de 1990

DIAGRAMA 1b. Posición ideológica de los partidos mexicanos en democracia,década de 2000

Fuente: Klesner (2005).

Fuente: Moreno (2010).

Autoritarismo

Democracia

Derecha

PRI

PANPRD

Izquierda

Culturalmente

conservador

Culturalmente

liberal

Derecha

PRI

PAN

PRD

Izquierda

muestra el diagrama 1b, en el periodo postautoritario las dimensiones eco-nómica y sociocultural se convirtieron en el campo de batalla de la confron-tación entre izquierda y derecha (Moreno, 2010). En el frente económico,el presidente Fox y el PAN intentaron promulgar un ambicioso programa dereformas de mercado, a las que López Obrador y el PRD se opusieron tajan-


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temente. En el frente sociocultural, el PRD en la Ciudad de México enarbo-ló el aborto y los derechos para las parejas del mismo sexo, temas que Fox ysu partido condenaron inflexiblemente. En la geografía ideológica del

México postautoritario, PAN y PRD se volvieron fuerzas antitéticas. Cuandoestas batallas ideológicas pasaron a los medios de comunicación, la rivalidadentre el PAN y el PRD se volvió el titular de las noticias del país.

La polarización política alcanzó un punto álgido cuando el procuradorgeneral acusó a López Obrador de violar una orden de la Corte para detenerla construcción del acceso a un hospital en propiedad privada. El caso esca-ló, el Congreso realizó un juicio político a López Obrador y decidió quitarlesu inmunidad. Esto significó que el jefe de gobierno tenía que ir a juicio yno podría presentarse como candidato para la presidencia, a pesar de llevarla delantera en las encuestas de intención de voto.4 Pero una ola de protes-tas a favor de López Obrador y un giro en la opinión pública contra el juiciollevaron al presidente Fox a retirar los cargos, y así su rival pudo competirpor la presidencia en 2006.5

La campaña presidencial de 2006 se volvió una confrontación directaentre izquierda y derecha y la elección fue un plebiscito sobre López Obra-dor (Schedler, 2007; Langston, 2007). México vivió meses de amargas cam-pañas negativas. La campaña del candidato panista, Felipe Calderón, se

centró en identificar a López Obrador como el “Hugo Chávez mexicano”,un “populista autoritario” que representaba una enorme “amenaza paraMéxico”. El presidente Fox dirigió su propia campaña pidiéndole a losmexicanos que no tomaran la ruta populista de López Obrador. Y la campa-ña de López Obrador catalogó a los empresarios aliados del PAN como “cri-minales de cuello blanco”. Sin obedecer la orden del Instituto FederalElectoral de retirar la publicidad negativa y de que el presidente dejara deintervenir en la campaña, todos los partidos siguieron su dura confrontaciónmediática.

La victoria del candidato conservador por un estrechísimo margen de0.6 por ciento llevó la polarización de las élites a niveles sin precedentes.6

4 En mayo de 2005, López Obrador tenía 36 por ciento de la intención de voto, Roberto Ma-

drazo (PRI) 25 por ciento y Santiago Creel (PAN) 24 por ciento. Véase Moreno y Gutiérrez (2005).5 Aproximadamente un millón de ciudadanos marcharon en el centro histórico de la Ciudad de

México para protestar contra el desafuero de López Obrador. Véase Reforma/redacción (2006).6 Con base en encuestas a las élites y a la población en general, Bruhn y Greene (2007) mues-

tran que las élites políticas se polarizaron profundamente durante la elección de 2006, pero los

votantes no.


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Lpez Obrador no acept la derrota, denunci un gran fraude electoral, eimpugnó la elección en las cortes y en las calles. Después de que el Tribu-nal Federal Electoral revisara las quejas legales y confirmara la victoria del

candidato panista, a pesar de que la intervención ilegal del presidente“puso en riesgo” la validez de la elección, López Obrador lanzó una grancampaña de resistencia no violenta y llamó a la creación de un gobierno“legítimo” paralelo.7

Entre enormes manifestaciones, Calderón tomó posesión del cargo enuna base militar. Con el respaldo de su partido y del PRI, al día siguiente elpresidente Calderón fue al Congreso a hacer oficial su posesión en el car-go, pero una multitud de legisladores izquierdistas lo sacó de la tribunaviolentamente. Al mismo tiempo, en una asamblea masiva en el centro dela Ciudad de Mxico, López Obrador juró como “presidente legítimo deMxico”.

Con una situación de soberanía dual en la Ciudad de Mxico, y ante unaescalada de violencia entre cárteles en los estados del centro y del norte delpaís, el presidente Calderón inició su gobierno con el anuncio de un progra-ma que pretendían superar la crisis política. Dirigindose al país en televi-sión nacional, el presidente convocó a todos los mexicanos a trascenderrivalidades políticas y enfocar sus energías en la lucha contra el “verdadero”

enemigo: el narcotráfico. Aunque las políticas antinarcóticos apenas se ha-bían mencionado durante la campaña, el presidente Calderón declaró una“guerra contra las drogas” y ordenó el despliegue del ejrcito por todo elterritorio nacional para acallar la creciente violencia entre cárteles (Presi-dencia de la República, 2006).

Las guerras entre cárteles y la evolución de la violencia

En el transcurso de los siguientes seis años, controlar la violencia del narco-

tráfico se convirtió en la preocupación central del gobierno federal. Lasguerras entre cárteles en Mxico se habían desatado a principios de la dca-da de 1990, pero se convirtieron en un reto serio para el Estado entre 2004y 2006, los años previos a la elección de Calderón (Trejo y Ley, 2014). Ini-cialmente las guerras involucraban a cuatro cárteles: Tijuana, Juárez, Sina-

7 Aunque el presidente Fox y todos los partidos políticos violaron las leyes electorales duran-te la campaña, no existen pruebas contundentes de fraude en el conteo de votos. Para un análisis

riguroso de la calidad del conteo de la elección, vase Aparicio (2009).


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loa y Golfo. Para principios de la década de 2000, apareció un nuevo cártel,La Familia Michoacana, en el estado occidental de Michoacán.

Con información de la base de datos Violencia Criminal en México

(VCM),8 el mapa 1a ilustra la geografía de la violencia entre cárteles en 2000-2006 e identifica tres grandes áreas de conflicto: 1) noroeste, 2) noreste y 3) suroeste. Las guerras del narcotráfico entre 1990 y 2006 involucraron prin-cipalmente conflictos bilaterales entre cárteles y sus milicias privadas por elcontrol de las rutas de la droga.9 Desde 1989, cuando el PRI perdió el poderen Baja California y el cártel de Tijuana se vio sin acceso inmediato a la pro-tección de la policía estatal, los cárteles mexicanos empezaron a desarrollarsus propias milicias privadas para salvaguardar sus rutas y renegociar la pro-tección policial con las nuevas autoridades de oposición. La proliferación demilicias privadas tras cada nuevo ciclo de alternancia en los gobiernos de losestados en las décadas de 1990 y 2000 llevó al estallido de múltiples guerrasentre cárteles en el noroeste, noreste y suroeste (Trejo y Ley, 2014).

Aunque el presidente pensó que la intervención federal sería una victo-ria militar relativamente sencilla que volvería a unir al país y ayudaría a sugobierno a superar la gran crisis postelectoral, entre 2007 y 2012 la violenciadel narcotráfico se multiplicó por seis. Para fines de la administración deCalderón, se habían perdido más de 70 000 vidas (Reforma/redacción,

2013); 22 000 personas habían desaparecido; más de 300 autoridades loca-les, candidatos y militantes de partidos habían sido víctimas de atentados ohabían sido asesinados (Trejo y Ley, 2014a); y los cárteles se habían expan-dido hacia nuevos mercados criminales, incluida la extorsión, el secuestro,el tráfico de personas y el saqueo de recursos naturales (Guerrero, 2011;Grillo, 2012). Estas múltiples formas de violencia, sin embargo, no se espar-cieron equitativamente a lo largo del territorio nacional; en algunas regionesse intensificaron, pero en otras no.

El mapa 1b muestra la expansión de la violencia del narcotráfico de

2007 a 2012 e identifica tres nuevos puntos focales de violencia: 4) Golfo,5) centro-norte y 6) centro. Para 2012, el panorama del narcotráfico en

8 La base de datos VCM contiene información sobre los sucesos violentos relacionados con las

drogas reportados en el diario mexicano Reforma. Con bases en la Ciudad de México y Monterrey,y con cobertura amplia en el centro y norte de México, el Reforma es la fuente más especializadade información diaria sobre el narcotráfico en México. Aunque la base de datos VCM no ofrece un

censo de la violencia relacionada con las drogas, la cobertura del Reforma se enfoca en las princi-pales zonas de conflicto y nos permite minimizar las fuentes de sesgo geográfico.

9 Para una evaluación detallada de estos conflictos, véase Grillo (2012).


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VOLUMEN XXIII · NÚMERO 1 · I SEMESTRE DE 2016 27Política y gobierno


MAPA 1a. Geografa de la violencia entre crteles en Mxico (asesinatos/ejecuciones), 2000-2006

MAPA 1b. Geografa de la violencia entre crteles en Mxico (asesinatos/ejecuciones), 2007-2012

Fuente: Base de datos sobre Violencia Criminal en Mxico (Trejo y Ley).

Fuente: Base de datos sobre Violencia Criminal en Mxico (Trejo y Ley).

+60

21-60

9-20

3-8

1-2

0

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21-60

9-20

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1-2

0


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México se había transformado de una industria dominada por cinco crtelesa una donde ms de 50 organizaciones estaban activamente involucradas enel trfico de drogas y en actividades criminales relacionadas (Guerrero, 2011;

Ríos, 2012). En el transcurso de seis años de la guerra contra las drogas, laviolencia entre crteles había evolucionado a conflictos que involucrabana varias organizaciones criminales que luchaban por el control de las ciuda-des, pueblos y barrios. Éstas ya no eran solamente guerras por el trasiego dela droga, sino conflictos por el control de múltiples mercados criminales y jurisdicciones territoriales, particularmente gobiernos municipales.

Con el telón de fondo de la aguda polarización política durante la elec-ción presidencial de 2006 y la intensificación de la violencia tras la interven-ción federal, en la siguiente sección procedemos a las pruebas estadísticasde los argumentos de coordinación y conflicto partidista.

El conflicto partidista y la violencia del narcotráfico:Un análisis estadístico

Para probar si el conflicto partidista entre distintos niveles de gobierno tuvoalgún impacto en la intensidad de la violencia entre cárteles, usamos infor-mación de VCM10 y analizamos la evolución temporal y espacial de 30 000 ase-

sinatos y ejecuciones perpetrados por grupos criminales y de narcotraficantesen 2 108 municipios mexicanos entre 2007 y 2012.11 Utilizamos un contadorde asesinatos en el municipio i y el año t como indicador de nuestra variabledependiente. Para verificar la validez de nuestros resultados, probamos to-dos nuestros modelos con información de la base de datos del gobiernomexicano sobre muertes atribuidas al crimen organizado entre 2007 y 2010(no se muestra), y los principales resultados permanecieron inalterados.12

10 A diferencia de las estadísticas de homicidio oficiales, que no distinguen entre asesinatos

perpetrados por grupos criminales y asesinatos perpetrados por actores individuales, VCM sóloreporta asesinatos que pueden atribuirse a organizaciones criminales. Cuando el reporte periodís-tico no atribuye el asesinato explícitamente a una organización criminal, nos apoyamos en tres

indicadores para decidir si fue en realidad un caso del crimen organizado o no: 1) el uso de armasde asalto, 2) marcas de tortura y violencia brutal (e. g. cuerpos envueltos en mantas o mutilados)

y 3) mensajes escritos en los cuerpos.11 Excluimos 418 municipios de Oaxaca que eligen a sus autoridades mediante prácticas in-

dígenas de usos y costumbres y donde los partidos políticos no participan en las elecciones muni-

cipales.12 Nos basamos en la VCM porque cubre todo el sexenio, mientras que la base de datos del

gobierno sólo abarca los primeros cuatro años de la administración de Calderón (2007-2010).


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Coordinación contra el conflicto partidista

Para poner a prueba los argumentos de coordinacin (H1) y de conflicto

(H2), utilizamos informacin sobre la afiliacin partidista de los gobernado-res y alcaldes a partir de reportes de los institutos electorales federales yestatales mexicanos. Los tres partidos principales de México (PAN, PRI yPRD) compiten en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).13 Durante el periodo 2007-2012, el PAN tuvo la presidencia, pero los gobier-nos estatales y municipales quedaron dispersos entre los tres partidos. Porejemplo, el partido del presidente obtuvo 22.9 por ciento de las 31 guberna-turas en México, el PRI 59.4 por ciento, y el PRD 17.7 por ciento.14

Para probar el argumento de la coordinación, siguiendo a Urrusti, crea-mos cuatro variables de “coordinación”: Coord1 identifica con una variabledicotómica todos los casos de gobernanza unificada donde el partido delpresidente dirige los tres niveles de gobierno (PAN, PAN, PAN). Para fines denotación, el partido identificado en la primera fila de los paréntesis es elpartido en el gobierno federal, el segundo pertenece al gobernador y el ter-cero al municipio. Coord2 describe los casos donde el gobernador es la únicafuerza de oposición (PAN, oposición, PAN), Coord3 identifica los casos en queel alcalde es la única fuerza de oposición (PAN, PAN, oposición) y Coord4 captu-

ra los casos en que tanto gobernador como alcalde son de oposición (PAN,oposición, oposición). Nótese que estas medidas no identifican la afiliaciónpartidista de la oposición; estas medidas simplemente identifican a partidosen el poder distintos del partido en el gobierno federal. Cuando ponemos aprueba Coord2- 4 , usamos Coord1 como categoría de referencia.

Para probar la hiptesis de conflicto, introdujimos la afiliacin partidistay creamos tres conjuntos de variables que distinguen la orientacin ideol-gica de los diferentes partidos de oposicin en el gobierno.

Primero, nos enfocamos en la afiliacin partidista del gobernador y crea-

mos medidas de conflicto intergubernamental sin importar quién gobierne anivel municipal. Confl1 identifica con una variable dicotómica todos los casosen que el gobernador pertenezca al partido del presidente (PAN, PAN, cual-

13 Durante este periodo, cuatro partidos pequeos jugaron papeles políticos importantes.

Como todos excepto uno tuvieron candidatos en coalicin con los tres partidos grandes, inclui-mos a los tres pequeos dentro de los tres grandes (e. g. el Partido Verde en el PRI, el Partido del

Trabajo en el PRD). En los pocos casos de coalicin PAN-PRD, rastreamos el partido del candidato yse lo asignamos a la fuerza en cuestin.

14 El Distrito Federal, con estatus administrativo especial, no se incluye en el análisis.


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quiera), Confl2 son casos de gobernadores de oposición de centro (PAN, PRI,cualquiera) y Confl3 son casos de gobernadores de izquierda (PAN, PRD, cual-quiera). Estos modelos asumen que los gobernadores son el único actor

relevante para la cooperación intergubernamental en la guerra contra lasdrogas. Usamos Confl1 como categora de referencia.

En segundo lugar, creamos un conjunto de variables para identificar laestratificación o la distribución vertical de los partidos en todos los nivelesde gobierno. El supuesto aqu es que los municipios juegan un papel im-portante en la operación de las organizaciones narcotraficantes (vía redes deprotección) y en cualquier intento gubernamental por vencer al crimen or-ganizado (mediante la información sobre las condiciones locales que pue-den brindar los alcaldes y fuerzas policiales municipales no corruptos).

Como ilustra el cuadro 1, identificamos nueve combinaciones de frag-mentación partidista. Como se reporta en la columna a la derecha de la ta-bla, el poder político en la federación mexicana estaba muy fragmentado.15 Tras seis dcadas de gobernanza monopólica del PRI, la transición “federa-lista” a la democracia iniciada en la dcada de 1990 —cuando el PRI empezóa perder en las ciudades, luego en los estados y finalmente a nivel nacio-nal— formó un complejo mosaico de relaciones intergubernamentales plu-rales que siguieron desarrollándose en la era postautoritaria con el PAN en la

presidencia.Usamos la información del cuadro 1 para generar dos pruebas. Para laprimera, agrupamos las nueve combinaciones en una sola medida ordinal,índice de yuxtaposición, que va de la gobernanza unificada (PAN-PAN-PAN) en elnivel más bajo, hasta la oposición subnacional de izquierda (PAN-PRD-PRD)en el nivel más alto. Usamos la distancia ideológica como guía para jerarqui-zar las diferentes combinaciones, de derecha a centro a izquierda. El hechode que el conflicto PAN-PRD fue la principal fuente de polarización en la d-cada de 2000 nos permite establecer con facilidad las jerarquías de yuxtapo-

sición. Para la segunda prueba, usamos el efecto independiente de lasnueve categorías y tomamos el caso de gobernanza unificada (PAN-PAN-PAN)como categoría de referencia. Esta medida desagregada nos brinda la medi-ción más apropiada para probar las implicaciones de la hipótesis de coordi-nación y para probar más directamente la hipótesis del conflicto.

15 Para el análisis pionero sobre el poder verticalmente fragmentado en la federación mexica-

na, vase Remes (1999).


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Explicaciones alternativas y controles

Controlamos por una serie de variables polticas, policiales, judiciales, so-ciodemogrficas y geogrficas que han resultado relevantes en estudios

sobre crimen y crimen organizado. Diversos estudios sobre violencia crimi-nal en Mxico asocian el estallido y la intensificacin de la violencia con lademocratizacin subnacional y la competencia electoral. Se argumenta quela expansin de la competencia electoral destruy las redes de proteccinpreviamente desarrolladas bajo el PRI y abri una era de guerras entre crte-les por el control territorial y la renegociacin de la proteccin. Por ellocontrolamos por el efecto de la competencia electoral estatal y municipal y porla alternancia de partidos polticos en los poderes estatales y municipales.16

Diversos estudios subrayan la importancia de la capacidad estatal para

hacer cumplir la ley como un factor que impacta la violencia criminal. Enconcordancia con la literatura sobre violencia poltica (Fearon y Laitin,2003), algunos acadmicos han afirmado que la capacidad judicial y policial

16 Villarreal (2002), Dube, Dube y Garca-Ponce (2013), Dell (2011) y Osorio (2013) analizan

el impacto de la competencia electoral a nivel municipal en la tasa de homicidios o en la violenciadel crimen organizado; Snyder y Durn-Martnez (2009) enfatizan el cambio en las jurisdicciones

territoriales de la procuradura general, y Trejo y Ley (2014a) se enfocan en la alternancia en losgobiernos estatales. Nuestros datos electorales provienen de CIDAC y de informacin de los insti-

tutos estatales electorales.

CUADRO 1. Fragmentacin partidista en los tres rdenes de gobierno,2007-2012

Etiquetas partidistas Proporción

PAN-PAN-PAN 0.102PAN-PAN-PRI 0.105

PAN-PAN-PRD 0.022

PAN-PRI-PAN 0.147

PAN-PRI-PRI 0.359

PAN-PRI-PRD 0.088

PAN-PRD-PAN 0.030

PAN-PRD-PRI 0.084

PAN-PRD-PRD 0.063

Fuente: Institutos Electorales Locales. Nota: PAN = gobierno en turno (conservador); PRI = oposicin (centro);

PRD = oposicin (izquierda). Cuando hubo coalicin entre partidos, reunimos informacin sobre los orgenes

partidistas del candidato y la fuerza del partido en la localidad de estudio.


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del Estado está asociada con menores niveles de violencia criminal. Paracontrolar por el impacto de la capacidad estatal, utilizamos el nmero deministerios públicos por cada 10 000 habitantes.17 Uno de los argumentos más

significativos sobre la intensificación de la violencia en México tras la inter-vención federal de 2007 sugiere que la política gubernamental de eliminara los grandes capos de los crteles alimentó una escalada de la violenciacriminal. Según el análisis pionero de Guerrero, las decapitaciones del lide-razgo llevaron a la fragmentación de los cárteles, al surgimiento de nuevoslíderes y grupos criminales, y a un escalamiento del conflicto por el controlde los corredores del tráfico de drogas (Guerrero, 2011).18 Para controlar porel impacto de la decapitación del liderazgo criminal , utilizamos un contador delos líderes criminales que murieron en operaciones gubernamentales o enconflictos entre cárteles, y asignamos el conteo a los municipios donde su-cedió el evento.19

En consonancia con la literatura de la sociología del crimen, controlamospor algunas variables asociadas al contexto social y la estructura familiar quehan demostrado ser indicadores importantes de la violencia criminal(Sampson, 1985; Villarreal, 2002): el índice de pobreza (Conapo) (2006, 2011)(el cual mide el acceso a bienes y servicios públicos a nivel municipal), elcociente de género municipal, la proporción de hogares encabezados por mujeres,

la población entre 15 y 35 años y el tamaño de la población municipal, lnpob(INEGI, 2000 y 2010).Para controlar por características regionales no observadas en nuestras

variables de control, incluimos siete regiones geográficas — Norte, Centro-norte, Centro, Pacífico, Golfo, Sur y Sureste , donde Sureste es la categoría dereferencia. Por último, incluimos un rezago de un año de violencia en muni-cipios vecinos para controlar por la dispersión espacial de la violencia.

17 Hacemos estos cálculos con base en los Censos de Población y Vivienda del INEGI en 2000y 2010. Con base en los censos de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario del INEGI entre 2009 y 2013, también corrimos modelos con el número de policías por cada 10 000 habitan-

tes y los resultados se mantienen inalterados. Usamos a los procuradores porque la informaciónsobre la policía está incompleta.

18 Véanse también Dickenson (2014) y Durán-Martínez (2015); Calderón et al. (2015). Para

miradas alternativas sobre el impacto de la aplicación de la ley en las guerras criminales, véaseLessing (2012) y Osorio (2013).

19 La información se basa en una búsqueda sistemática de palabras clave en cuatro periódicosmexicanos ( Reforma, El Universal, El Financiero y Excélsior ) y en 16 diarios locales disponibles en

la base de datos ISI Emerging Markets.


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Para las pruebas estadísticas utilizamos modelos de regresión con bino-mial negativa, la tcnica ms adecuada para analizar datos de conteo (countdata) en los que las observaciones no son independientes y estn muy dis-

persas. Usamos modelos de efectos aleatorios (EA) en lugar de efectos fijos(EF) porque nuestras variables independientes clave no varan durante al-gunos años consecutivos, lo que hace que los EF sean inapropiados. Trans-formamos los coeficientes EA en cocientes de tasas de incidencia (CTI) parafacilitar la interpretación.

Resultados

Los resultados, resumidos en el cuadro 2, muestran que, consistentementecon la hipótesis del conflicto, la rivalidad partidista entre el presidente y losgobiernos subnacionales de izquierda fue un predictor importante de laintensidad de la violencia entre crteles de 2007 a 2012. Aunque nuestrosresultados sugieren que pudieron haber existido problemas de coordina-ción administrativa o logística entre el gobierno federal y las autoridades deoposición subnacionales, la evidencia muestra que el problema subyacentefue el amargo conflicto partidista entre izquierda y derecha. Nuestros ha-llazgos sugieren que al omitir el partidismo en el análisis, el argumento de

la coordinación arroja estimadores sesgados y subestima la variación en laviolencia entre cárteles.Los modelos 1 y 2 ponen a prueba el argumento de la coordinación. Los

resultados del modelo 1 muestran que la gobernanza unificada bajo el PAN sí ofreció una ventaja: en comparación con el resto del país, la violencia fue17.5 por ciento más baja en los municipios que formaban parte de un es-quema de gobernanza unificado (Coord1, CTI = 0.825). El modelo 2 muestrael otro lado de la moneda: en comparación con el caso de la gobernanzaunificada del PAN, la violencia entre cárteles fue 56.3 por ciento mayor en las

ciudades con gobernadores y alcaldes de oposición (Coord4 , CTI = 1.563).Los modelos 3-5 revelan, sin embargo, que distinguir entre partidos de

oposición mejora significativamente el poder explicativo del modelo y aña-de información esencial sobre la variación geogrfica de la violencia criminal.

En comparación con municipios en estados gobernados por el partido delpresidente, los resultados del modelo 3 muestran que los municipios en esta-dos con gobernadores pristas (Confl2 ) experimentaron 31.8 por ciento másviolencia (CTI = 1.318), pero los municipios con gobernadores estatales perre-distas (Confl3) experimentaron 162.4 por ciento más violencia (CTI = 2.624).


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CUADRO 2. Conflicto intergubernamental y violencia entre cárteles enMéxico, 2007-2012 (Modelo binomial negativo con efectos aleatorios)

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5

Coef. CTI Coef. CTI Coef. CTI Coef. CTI Coef. CTI

Coordinacin

Coord1 (PAN-PAN-PAN)

-0.192[0.085]

** 0.825**

Coord2 (PAN-oposición-PAN)

-0.122[0.105]

0.885

Coord3 (PAN-PAN-oposición)

0.17[0.107]

1.185

Coord4(PAN-oposición-oposición)

0.447[0.093]

*** 1.563***

Conflicto

Confl2 (PAN-PRI-cualquiera)

0.276[0.080]

*** 1.318***

Confl3 (PAN-PRI-cualquiera)

0.965[0.111]

*** 2.624***

Fragmentacin vertical del poder

Índice deyuxtaposición

0.123[0.015]

*** 1.131***

PAN-PAN-PRI -0.143

[0.106]

0.866

PAN-PAN-PRD -0.167[0.223]

0.846

PAN-PRI-PAN 0.038[0.109]

1.039

PAN-PRI-PRI 0.204[0.094]

** 1.227**

PAN-PRI-PRD 0.189[0.139]

1.208

PAN-PRD-PAN 0.276[0.195]

1.318

PAN-PRD-PRI 1.028[0.132]

*** 2.796***

PAN-PRD-PRD 0.815[0.135]

*** 2.259***

Competencia electoral

Competenciaelectoral estatal

0.551[0.097]

*** 1.735*** 0.507[0.097]

*** 1.660*** 0.296[0.103]

*** 1.344*** 0.366[0.101]

*** 1.442*** 0.314[0.105]

*** 1.369***

Competenciaelectoral municipal

-0.166[0.041]

*** 0.847*** -0.125[0.041]

*** 0.883*** -0.134[0.041]

*** 0.874*** -0.137[0.041]

*** 0.872*** -0.123[0.041]

*** 0.884***


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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5

Coef. CTI Coef. CTI Coef. CTI Coef. CTI Coef. CTI

Cumplimiento de la ley

Ministerios

públicos porcada 10 000 hab.

0.135[0.015]

*** 1.145*** 0.130[0.015]

*** 1.139*** 0.125[0.015]

*** 1.133*** 0.125[0.015]

*** 1.133*** 0.127[0.015]

*** 1.135***

Decapitación delíderazgo criminal

0.100[0.020]

*** 1.106*** 0.092[0.020]

*** 1.096*** 0.085[0.020]

*** 1.089*** 0.089[0.020]

*** 1.093*** 0.088[0.020]

*** 1.092***

Difusión espacial

Violencia enmunicipiosvecinos (rezagode 1 año)

0.006*** 1.006*** 0.006*** 1.006*** 0.006*** 1.006*** 0.006*** 1.006*** 0.006*** 1.006***[0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001]

Controles geográficos y sociodemográficos

Sí Sí Sí Sí Sí

Constante -20.017[0.991]

*** -21.045[1.019]

*** -20.178[1.023]

*** -20.896[0.999]

*** -19.985[1.023]

***

N 12 080 12 080 12 080 11 911 12 080

Logaritmo deverosimilitud

-8 324.86 -8 299.19 -8 288.88 -8 209.04 -8 277.96

BIC 16 837.7 16 805.16 16 775.15 16 605.79 16 809.71

Fuente: Elaboración propia. Errores estándar entre corchetes. *** p


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significa que un municipio de izquierda en un estado de izquierda experi-mentó 104.8 por ciento (13.1 × 8 estratos) más violencia que uno bajo gober-nanza unificada del PAN.

Los resultados del modelo 5 introducen matices importantes sobre lanaturaleza de la cooperación y el conflicto intergubernamental. Para facili-

tar la interpretación de los resultados, el diagrama 2 brinda una representa-ción más intuitiva de los hallazgos principales del modelo. Vale la penaresaltar cuatro resultados.

Primero, la significancia estadística nula asociada con los casos PAN-PAN-PRI Y PAN-PAN-PRD muestra que los estados dominados por el PAN experimen-tan niveles menores de violencia que el resto del país, sin importar elpartido al mando del municipio. Esto sugiere que la coordinación entre elpresidente y los gobernadores panistas fue esencial para mantener la vio-lencia bajo control, como muestra el caso de Baja California.

DIAGRAMA 2. Impacto de la fragmentación vertical del poder en la violenciaentre cárteles en México, 2007-2012

PAN-PRI-PAN

PAN-PAN-PRI

PAN-PAN-PRD

PAN-PRI-PRD

PAN-PRI-PRI

PAN-PRD-PRD

PAN-PRD-PRI

PAN-PRD-PAN

-1 10 2 3

Cociente de tasa de incidencia (reajustado

Fuente: Elaboración propia. Los CTI del modelo 5 se reajustaron con fines de interpretación. A los CTI origina-

les se les restó una unidad para mostrar el impacto directo de la yuxtaposición en la violencia. PAN = partido en

turno en el poder presidencial (conservador); PRI = oposición (centro); PRD = oposición (izquierda). Nóteseque el partido de la primera columna es el del presidente; el segundo el del gobernador y el tercero el del al-

calde. PAN-PAN-PAN es la categoría de referencia.


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Segundo, en comparación con los estados con gobernadores panistas, losestados pristas no siempre experimentaron mayores niveles de violencia.Slo en los casos con estructura PAN-PRI-PRI la violencia fue ligeramente

mayor. En comparacin con un caso de gobernanza unificada del PAN, losmunicipios priístas en estados priístas experimentaron 22.7 por ciento másviolencia del narcotráfico. Esto sugiere que el presidente Calderón fue ca-paz de alcanzar cierto nivel de cooperación contingente con gobernadorespristas para luchar contra la violencia criminal, como muestra el caso deChihuahua.

Tercero, los resultados muestran, sin ambigüedad, que los municipiosen estados gobernados por el PRD experimentaron niveles significativamen-te mayores de violencia criminal. Los municipios del PRI y del PRD en esta-dos izquierdistas (PAN-PRD-PRI y PAN-PRD-PRD) en promedio experimentaron,respectivamente, 179.6 y 125.9 por ciento más violencia que los municipiosbajo gobernanza unificada del PAN. Como muestra el diagrama 2, los muni-cipios más violentos fueron municipios de oposición en estados de izquier-da. Estos resultados sugieren que el presidente Calderón no alcanzóningn nivel significativo de cooperación con autoridades subnacionales deizquierda y que su confrontación con gobernadores y alcaldes y su decisiónde abandonarlos estratégicamente en la lucha contra los cárteles derivó en

estallidos de violencia criminal, como muestra el caso de Michoacán.Finalmente, los resultados del modelo 5 y del diagrama 2 brindan unaprueba más directa sobre los argumentos de la coordinación y el conflictopartidista. Si el argumento de la coordinación tuviera razón en afirmar quela intensificación de la violencia fue resultado de la fragmentación partidis-ta —sin importar qu partido gobernaba a nivel subnacional— deberamosesperar que los dos casos en los que el poder estaba más fragmentado verti-calmente (PAN-PRI-PRD y PAN-PRD-PRI) experimentarían niveles análogos deviolencia criminal. Sin embargo, no fue así: el caso PAN-PRD-PRI (CTI = 2.796),

con un gobernador de izquierda, arroja casi nueve veces más violencia cri-minal que el caso PAN-PRI-PRD (CTI = 1.208), con un gobernador del PRI.Esta comparación sugiere que, en la guerra contra las drogas, las relacio-

nes del presidente Calderón con los dos grandes partidos de oposición difi-rieron de forma significativa: mientras que el presidente logró cierto gradode cooperación con el PRI, el partido que no cuestionó la victoria electoraldel presidente y que era un aliado legislativo probable para su agenda eco-nómica, la relación con la izquierda estuvo marcada por la confrontación, elconflicto y la falta de cooperación intergubernamental.


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Los resultados de las variables de control muestran que otros factores másall del conflicto intergubernamental tambin influyeron. En concordanciacon los hallazgos de la sociologa del crimen, los resultados de los diferentes

modelos muestran que los municipios con mayor número de hombres jóve-nes y mayor porcentaje de hogares encabezados por mujeres —donde losgrupos de narcotraficantes y de criminales reclutan jóvenes pandilleros paraque peleen sus guerras— experimentaron mayor violencia criminal. En con-tra de la visión weberiana de que una mayor presencia estatal reduce la vio-lencia, nuestros hallazgos muestran que los municipios con mayor presencia judicial —ms procuradores— tienden a ser ms violentos. Esto podra serporque en estos lugares las autoridades judiciales estn coludidas con elcrimen organizado. Finalmente, en concordancia con los estudios sobre ladecapitación de las organizaciones criminales, nuestros resultados mues-tran que la muerte de los capos estimuló la violencia entre crteles.

En resumen, tras controlar por una amplia variedad de factores polti-cos, sociodemogrficos, judiciales y geogrficos, nuestros resultados mues-tran consistentemente que la violencia criminal fue ms intensa enmunicipios ubicados en estados gobernados por la izquierda. El hecho deque nuestras medidas de fragmentación partidista vertical sigan siendosignificativas en presencia de estos controles indica que la violencia crimi-

nal en zonas gobernadas por la izquierda no se puede reducir únicamentea factores sociales o idiosincrticos sin tener en cuenta las relaciones pol-ticas con la federación.20 La pregunta entonces es por qu y cómo fue queel conflicto entre izquierda y derecha alimentó la violencia del narcotrfi-co tras la intervención federal.

Desentrañar la intervención federal: ¿Por qué el conflicto partidistaintergubernamental estimuló la violencia criminal?

Si bien nuestros hallazgos empricos muestran que la violencia entre crte-les durante la guerra contra las drogas fue desproporcionadamente mayoren ciudades dentro de estados gobernados por la izquierda, los modelosestadsticos no explican por qu. Para explicar esta conexión necesitamosentender la naturaleza de la intervención federal, la manera como el con-

20 ¿Es posible que la violencia entre crteles haya llevado a la fragmentación partidista, y no alrevs? Un anlisis estadstico bivariado simple (no se muestra) no reporta una asociación entre la

violencia entre crteles y la alternancia partidista en las elecciones municipales entre 2007 y 2012.


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flicto partidista afectó la guerra contra las drogas, y las respuestas violentasde los cárteles ante el conflicto intergubernamental.

La guerra contra las drogas y la intervención federal

La guerra contra las drogas del presidente Calderón y la intervención mili-tar pueden dividirse en dos fases: el despliegue inicial del ejército y de lapolicía federal hacia las regiones ms conflictivas del país en 2006-2007, y eldesarrollo de una intervención de seguridad más integral para reaccionarante la virulenta respuesta de los cárteles, desde 2008 hasta 2012.

El despliegue inicial de las fuerzas armadas en diciembre de 2006 respon-dió a una necesidad de gobernanza. Al declararle la guerra a los grandes cárte-les del país, el presidente esperaba que la opinión pública se olvidara de lacrisis de polarización postelectoral y volteara la mirada hacia la creciente crisisde seguridad del país. Unificar a la nación en torno a las fuerzas armadas y a sucomandante en jefe para destruir a los poderosos cárteles de las drogas pare-cía ser un “punto de acuerdo” que le ayudaría al presidente a superar la crisispolítica. Por ello el despliegue inicial de las fuerzas armadas no discriminóentre líneas partidistas. Empezó en el estado izquierdista de Michoacán—estado natal del presidente— y luego se esparció hacia el resto de las regio-

nes más conflictivas del país. El presidente Calderón creyó que la guerracontra las drogas sería una victoria militar relativamente sencilla que le per-mitiría trascender la gran crisis postelectoral (Aguilar y Castañeda, 2009).

Sin embargo, las intervenciones del ejército y la policía federal para recu-perar el control territorial y minar a los cárteles derivaron en un inesperadocontragolpe y una dramática escalada de violencia (Merino, 2011; Espinosay Rubin, 2015). El éxito del gobierno en la decapitación del liderazgo de losprincipales cárteles produjo grandes espirales de violencia entre y dentrode los cárteles, y ataques contra funcionarios de seguridad y autoridades

locales. Como la violencia se disparó y varias ciudades y regiones experi-mentaron un brote de “epidemia de violencia”, se volvió evidente que laguerra contra las drogas no era un punto de acuerdo, sino de división.

Para fines de 2008, “administrar la violencia” se volvió el nuevo objetivodel gobierno federal. El presidente Calderón y su equipo dejaron de serfuncionarios de un Estado weberiano, el cual en principio intentaría reesta-blecer el monopolio de la violencia, y se convirtieron en políticos oportunis-tas tratando de adoptar una nueva estrategia de control de daños: aceptar laresponsabilidad de la violencia en áreas donde el presidente pudiera per-


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suadir a sus copartidarios subnacionales de seguirlo en el enfrentamientocontra los cárteles y los grupos criminales, y culpar a sus rivales polticos porla violencia en otros lados,21 particularmente a gobernadores y alcaldes de

izquierda.La pregunta clave es si el giro partidista en la guerra contra las drogas

afectó la intervención federal y si el conflicto intergubernamental estimulóla violencia criminal. Para responder estas preguntas comparamos la inter-vención en tres estados, y nos enfocamos en tres ciudades: Tijuana, BajaCalifornia; Apatzingán, Michoacán; y Ciudad Juárez, Chihuahua. Estos ca-sos representan tres estructuras de integración partidista vertical: PAN-PAN-PAN, PAN-PRD-PRD y PAN-PRI-PRI. Estas ciudades son grandes centros urbanosque funcionan como principales focos del narcotráfico y albergan a podero-sos grupos criminales. En los tres casos, el gobierno federal lanzó una inter-vención militar para calmar las guerras entre cárteles.

A través de estudios de caso, evaluamos cómo el partidismo moldeó laintervención federal en cuatro dimensiones: 1) la cooperación militar-poli-cial, 2) el proceso judicial de autoridades locales, 3) la estrategia de comuni-cación del gobierno federal de atribuir responsabilidades por la crecienteviolencia criminal y 4) la asistencia federal para ayudar a las autoridades lo-cales a lidiar con la multiplicación de la violencia. Nuestro objetivo es eva-

luar si la variación de estas cuatro dimensiones contribuyó a calmar laviolencia criminal o si la estimuló.

Baja California: Tijuana

La intervención federal (PAN) en la ciudad de Tijuana (PAN) en el estadonoroccidental de Baja California (PAN) ilustra cómo la coordinación intergu-bernamental entre los copartidarios federales y subnacionales resultó enacciones conjuntas que facilitaron el control de una espiral de violencia

criminal sin precedentes (Sabet, 2012; Durán-Martnez, 2015). La inter-vención en Baja California también muestra que la coordinación intergu-bernamental no es un proceso automático, exento de problemas; revela, noobstante, que los incentivos electorales compartidos pueden motivar a los

21 Ley (2014) seala que 45 por ciento del público culpaba al gobierno por la violencia encurso, y 71 por ciento culpaba especficamente al presidente Calderón. En las contiendas subna-

cionales, los candidatos panistas se pusieron del lado del presidente y enfatizaron los beneficiosde largo plazo de sus polticas de seguridad, mientras que los candidatos de oposición resaltaron

el fracaso de la estrategia militarizada del presidente.


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copartidarios de diferentes niveles de gobierno a trabajar juntos y a recupe-rar la autoridad en territorios bajo el control de los crteles.

Cuna del crtel de Tijuana, Baja California experiment el estallido de

la primera gran guerra entre crteles en Mxico tras la victoria del PAN en elgobierno del estado en 1989.22 Desde entonces, el crtel de Sinaloa ha pe-leado una prolongada guerra contra los líderes del cártel de Tijuana, loshermanos Arellano Flix, por el control de la ciudad de Tijuana, la puertade entrada a California. La violencia creció nuevamente en 2007, tras eldespliegue del ejrcito por parte del gobierno federal para controlar la gue-rra entre crteles y alcanz niveles nunca antes vistos tras el arresto deEduardo Arellano Flix, el jefe criminal de Tijuana, en 2008 (Guerrero,2012). Adems del alza en las ejecuciones, el estado experiment una gran

ola de secuestros, robos de vehículos y asesinatos de autoridades locales,estatales y de policías durante 2008.

Aunque el gobierno federal desplegó miles de militares en Baja Califor-nia en 2007, el gobernador entrante del PAN, Jos G. Millán (2007-2013) seacercó directamente al general Sergio Aponte, comandante de la 2ª ZonaMilitar de Baja California, para solicitar asistencia adicional y hacer frente ala nueva crisis de seguridad del estado. Aponte accedió y nombró miem-bros de alto rango de su batallón para servir como jefes policiales a nivel

estatal y municipal. Tras unos meses en funciones, sin embargo, Apontepublicó un manifiesto, en los principales periódicos del estado, en el quedenunciaba la extendida corrupción y colusión con el crimen organizado enla procuraduría estatal, la policía judicial estatal y en la secretaría de seguri-dad pública y las fuerzas policiales de Tijuana y otras ciudades importantes.El manifiesto nombraba a ms de cincuenta funcionarios de alto y medianorango, principalmente de las administraciones panistas.23

Ante la amenaza de un gran escándalo político en un bastin del PAN, elgobierno federal llev a cabo una intervencin integral en Baja California.

Para proteger a sus copartidarios, el presidente Caldern transfiri al gene-ral Aponte a otro estado y design al general Alfonso Duarte como nuevocomandante de la zona militar. El gobernador Millán, a su vez, design algeneral Duarte como coordinador de todas las fuerzas policiales del estadoy, con el apoyo del gobierno federal, sac a los funcionarios corruptos delestado sin proceso judicial de por medio, para prevenir cualquier escándalo

22 Entrevista con Ernesto Ruffo, gobernador de Baja California (1989-1995).23 La carta se reprodujo en la prensa nacional y local. Véase Martínez (2008).


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meditico. Jorge Ramos, el alcalde panista de Tijuana, y su secretario deseguridad pública, el coronel Julián Leyzaola, siguieron una estrategia si-milar y purgaron la polica de la ciudad. La coordinacin en estos casos sig-

nific el manejo estratgico y selectivo de la corrupcin, y la remocinsilenciosa de los funcionarios corruptos vinculados con las administracionesdel PAN; el objetivo era evitar el castigo de los votantes y enviarle un mensa- je claro a los crteles de Tijuana y Sinaloa de que las autoridades estabanunidas en sus acciones.

Con apoyo federal, el general Duarte y el coronel Leyzaola adoptaronuna poltica coordinada de mano dura que involucraba 1) el arresto o eli-minación de los señores de las drogas y los líderes de sus milicias privadas,2) decomisos importantes de cargamentos de drogas y 3) confiscación dearmas. Sin embargo, como reportaron diferentes organizaciones de dere-chos humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lapolicía militarizada de Baja California llevó a cabo muchas de sus accionesmediante la tortura y violó el debido proceso (Sabet, 2012). A pesar de lasacusaciones de violación sistemática y generalizada de derechos humanos,el gobierno federal apoyó las acciones de Duarte y Leyzaola y brindó asis-tencia militar renovada cuando sus jefes civiles fueron blancos de ataquescriminales.

Con asistencia federal, incluyendo generosas transferencias económi-cas, el gobernador Millán y los sucesivos alcaldes de Tijuana del PAN y delPRI lanzaron una serie de programas de inversión económica y social enfoca-dos a los jóvenes. El objetivo era restaurar la actividad económica en Tijua-na, reconstruir la imagen pública de la ciudad, abrir nuevas oportunidadesde negocio para los jóvenes y prevenir que continuaran unindose a laspandillas que terminaban por incorporarse a los cárteles.

La intervención federal en Baja California y Tijuana logró reducir unagran espiral de violencia criminal hasta un nivel previo a la crisis porque las

autoridades federales, estatales y locales pudieron comprometerse y coor-dinar sus acciones para implementar una amplia agenda de seguridad (Du-rán-Martínez, 2015). La intervención militar fue efectiva porque unapolicía nueva y relativamente más limpia en Tijuana brindó informaciónesencial a los funcionarios del ejrcito y la policía federal, lo que facilitómúltiples arrestos y decomisos. La protección federal que recibió el alcal-de de Tijuana cuando su administración tuvo que enfrentarse a un durocontragolpe criminal evitó que los cárteles capturaran el gobierno local eimpulsó al alcalde a llevar a cabo más purgas policiales. Finalmente, las


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acciones coordinadas en poltica social brindaron oportunidades para lamovilidad económica y social de los jóvenes, cuya única opción atractivade movilidad económica había sido unirse a las milicias privadas de los

cárteles.Sin las redes informales de protección de la policía local, el cártel de Ti-

juana se debilitó. Sin el acceso extendido a los jóvenes y las pandillas, lasmilicias privadas del cártel perdieron efectividad. La alineación de las dife-rentes autoridades panistas y su trabajo mancomunado alentaron a los cár-teles rivales a dejar la ciudad y el estado, y así evitaron disputas territorialesfuturas. Aunque esta estrategia coordinada desactivó una epidemia de vio-lencia, Tijuana siguió siendo una ciudad muy violenta porque el negocio decontrabando de droga hacia Estados Unidos no dejó de aportar ganancias,las armas de asalto siguieron llegando a Mxico desde Estados Unidos(Dube, Dube, García-Ponce, 2013) y el cártel de Tijuana siguió gozando decierto grado de protección a nivel estatal por parte de unidades que el go-bierno federal y el gobernador dejaron sin purga con el fin de evitar un es-cándalo político mayor.

Michoacán: Apatzingán

El caso de Michoacán en la costa Pacfico, y de la ciudad de Apatzingán—centro de la actividad económica y poltica en la parte sur del estado—ilustran cómo el conflicto intergubernamental entre las autoridades federa-les (conservadoras) y subnacionales (izquierdistas), y el uso partidista de laaplicación de la ley por parte del gobierno federal condujeron a espirales deviolencia criminal y facilitaron el crecimiento de Los Caballeros Templa-rios —un cártel surgido en 2010— como la autoridad de facto en Mi-choacán.

Las guerras entre cárteles en Michoacán empezaron tras la primera vic-

toria de la oposición (de izquierda) en el estado, en 2002, cuando el cárteldel Golfo y su ejrcito privado, los Zetas, entraron a Michoacán para dispu-tar el monopolio del narcotráfico a los hermanos Valencia24 —y sus aliados,los her

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