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Durante 2013, la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión a los gobiernos regionales con el objetivo de analizar los avances y desafíos en el proceso de reconocimiento y titulación de comunidades campesinas y nativas. Luego de sistematizar y analizar dicha información, concluyó que el Estado peruano no cuenta con una política pública adecuada para enfrentar dicho proceso. Este informe fue remitido recientemente al Ministerio de Agricultura y Riego, con recomendaciones orientadas a que las comunidades campesinas y nativas obtengan seguridad jurídica sobre sus tierras comunales y se garantice su identidad cultural y el desarrollo de sus vidas en comunidad.