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GALICIA

JOS PRECEDO 2 JUN 2014 - 15:40 CET 78

CORRUPCIN POLTICA

Inhabilitacin judicial para el Gobierno municipal de

Santiago de CompostelaEl juez condena a siete ediles del PP a nueve aos sin ejercer cargos pblicos por prevaricar

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Los siete concejales del gobierno de

Santiago que esta maana fueron

condenados a nueve aos de

inhabilitacin por prevaricar han

anunciado esta tarde la dimisin de

sus cargos. La decisin ha sido

tomada tras una reunin con el

secretario general del PP gallego,

Alfonso Rueda, en la sede del partido

en Santiago. Una de las dimisionarios,

la hasta ahora portavoz del ejecutivo

compostelano, Mara Pardo, ha

comunicado su decisin y la de sus

compaeros, pero no ha querido

aclarar si alcalde, ngel Currs,

seguir en el puesto.

El juez de lo Penal nmero 1 de Santiago, Jess Leal, haba hecho pblica por la maana la

sentencia la que condena a los siete concejales, miembros de la Junta de Gobierno municipal,

por prevaricacin y los inhabilita durante nueve aos para ejercer cargo pblico. El caso haba

partido de un acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en el que acordaba pagar la minuta

del abogado de otro edil de la corporacin, Adrin Varela, dimitido la semana pasada e

imputado en la trama Pokmon que indaga sobre graves delitos de corrupcin. .

La decisin del gobierno local fue denunciada por una particular y

desde entonces la fiscala siempre ha defendido que los siete ediles

prevaricaron cuando tomaron dicho acuerdo. Los recursos de los imputados chocaron primero

contra la juez Ana Lpez Suevos en el trmite de instruccin y despus contra la Audiencia

Provincial de A Corua. El magistrado Jess Leal, que ocupa plaza de sustituto en el juzgado

de lo Penal nmero 1 de Santiago, ha seguido el criterio de la fiscal Arancha San Jos, quien

en su alegato final el pasado 19 de mayo acus a los ediles de prevaricar y de "no defender lo

pblico".

La sentencia llama la atencin sobre el hecho de que la decisin de asumir los gastos de

defensa de Varela se tom el mismo da que lo solicit el concejal, el 30 de mayo de 2013,

tras declarar el asunto de urgencia en la reunin de la Junta de Gobierno "sin que existiera

motivo justificado para ello". El juez recuerda que ese mismo da el secretario municipal, como

asesor jurdico de la corporacin, emiti un informe en el que dejaba claro que el pago de los

gastos de defensa de un concejal debera ajustarse a la doctrina establecida en su da por el

Tribunal Supremo, que fijaba varias condiciones: que los actos por los que sea juzgado el edil

deriven de su "actuacin administrativa" y no respondan a un "inters particular", y que el caso

haya concluido sin que derive de l ninguna "responsabilidad criminal".

Los concejales de la Junta de Gobierno, durante el juicio / SCAR CORRAL

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"Los acusados plenamente fueron conscientes del contenido de dicho informe", argumenta el

juez, "y sabedores de que en las circunstancias de su compaero municipal y miembro de su

propio partido no concurran los requisitos informados por la Asesora Jurdica, pues conocan

perfectamente que Adrin Varela estaba llamado a declarar en calidad de imputado por varios

delitos denominados de corrupcin". De ah deduce el magistrado que los ediles "fueron en

todo momento sabedores de que la resolucin no se ajustaba a derecho" y pese a ello

adoptaron el acuerdo de pagar el abogado de Varela "en contra de los intereses pblicos y con

la clara intencin de favorecer a un compaero de Corporacin Municipal".

Los condenados son la presidenta de la Junta de Gobierno que tom la decisin, Amelia

Gonzlez, y todos los ediles que la respaldaron: Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, Mara Pardo,

Mara Castelao, Francisco Noya y Luis Garca Bello. Todos ellos haban defendido su inocencia

en los sucesivos trmites judiciales. Desde que estall este nuevo caso de corrupcin (el

ensimo en el Ayuntamiento de Santiago) el presidente de la Xunta y del Partido Popular de

Galicia, Alberto Nez Feijo, siempre ha defendido la inocencia de su equipo de gobierno y

ha pedido esperar a la decisin de la justicia. Lo mismo ha reivindicado el alcalde de la ciudad,

ngel Currs, quien acudi a respaldar a sus concejales el da del juicio. No obstante, la

teniente alcalde, Reyes Leis, la nica edil que empez la legislatura y an no est imputada,

desvel que su partido dise un plan B por si la sentencia era contraria. Ese plan consistira en

utilizar las competencias que le otorga la ley electoral para designar concejales no electos.

El alcalde Currs reconoci esta maana que el fallo supona un "duro golpe", pero al mismo

tiempo seal que sigue confiando en la inocencia de los ediles, pero evit concretar si

continuaran en sus cargos. Los portavoces de los dos grupos de la oposicin, el socialista

Francisco Reyes, y el nacionalista Rubn Cela, haban exigido la dimisin tanto de los

concejales condenados como del propio regidor. Fue a ltima hora de la tarde, tras la reunin

en la sede del PP, cuando se anunci la dimisin de los ediles.

EDICIONES EL PAS S.L.