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XIV Informe de la Defensoría del Pueblo a la Asamblea Legislativa Plurinacional
PRODUCCIÓN Y EDICIÓN: Defensoría del Pueblo
DEPÓSITO LEGAL: 4-1-121-12 P.D.
DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN: Defensoría del Pueblo
IMPRESIÓN CD INTERACTIVO: SOMUL Bolivia
PRIMERA EDICIÓN: 500 ejemplares La Paz, mayo 2012
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CONTENIDO
XIV Informe de la Defensoría del Pueblo a la Asamblea Legislativa Plurinacional
PRESENTACIÓN
CAPÍTULO I: MARCO LEGAL, VISIÓN, MISIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
1.1 Marco normativo 1.2 Visión y misión 1.3 Estructura Organizativa
CAPÍTULO II: MARCO CONTEXTUAL DESDE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CAPÍTULO III: APORTES INSTITUCIONALES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO AL ESTADO PLURINACIONAL
3.1 Logros institucionales
3.1.1 Contradicciones del Estado Plurinacional: derechos de los pueblos indígenas y la marcha por el TIPNIS Vs. Enfoque Clásico desarrollista
3.1.2 Un caso en espera de justicia: muerte del Sbtte. Poma y la necesidad de un urgente cambio en las Fuerzas Armadas
3.1.3 Un conflicto histórico: Zafra, Castaña y pobreza, realidades de la amazonía
3.1.4 Trata y tráfico de personas: el limitado control de las fronteras a nivel nacional
3.1.5 Una problemática pendiente en la agenda de mujeres: Cáncer cérvico uterino y de mama
3.1.6 Entre el hacinamiento y las limitaciones de infraestructura: las personas privadas de libertad también tienen derechos humanos
3.1.7 Plan Plurinacional de Educación en Derechos Humanos: un cambio procesual
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CAPÍTULO IV: LOGROS EN EL MARCO DEL PEI 2007-2011
4.1 En permanente contacto con el pueblo: atención de casos
4.1.1 Derechos más denunciados 4.1.2 Instituciones más denunciadas 4.1.3 Resoluciones Defensoriales
4.2 Acciones Constitucionales
4.2.1 Propuestas legislativas4.2.2 Casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
4.3 Poblaciones con alto grado de vulnerabilidad de derechos humanos
4.3.1 Derechos de las mujeres4.3.2 Derechos humanos de la niñez y adolescencia4.3.3 Derechos humanos de las personas adultas mayores4.3.4 Derechos humanos de las personas con discapacidad4.3.5 Derechos humanos de las personas privadas de libertad4.3.6 Derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas
4.4 Gestión de conflictos
4.4.1 El escenario de los conflictos 4.4.2 Acciones de intervención defensorial en conflictos 4.4.3 Investigaciones de oficio
4.5 Promoción, difusión y capacitación
4.6 De los procesos de capacitación al diálogo de saberes, un desafío vigente
4.7 Diagnóstico y análisis
4.8 La información base fundamental de los procesos de reflexión, investigación y conocimiento
4.9 Gestión y transparencia institucional
4.9.1 Gestión administrativa financiera
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4.9.2 Cooperación internacional4.10 Ejecución física financiera de la gestión
CAPÍTULO V: RESULTADOS A PARTIR DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
CAPÍTULO VI: PERSPECTIVA REGIONAL
CAPÍTULO VII: BALANCE Y DESAFÍOS INSTITUCIONALES
7.1 Balance Institucional7.2 Desafíos institucionales
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2011
MATRIZ DE RESULTADOS ALCANZADOS POR PROGRAMA Y PROYECTO
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PRESENTACIÓNEl XIV Informe de la Defensoría del Pueblo a la Asamblea Legislativa Plurinacional presenta la información sobre las actividades realizadas por la institución durante la gestión 2011, en el marco de una gestión fortalecida con el trabajo integral e integrador y la premisa fundamental de coadyuvar a la construcción colectiva del Estado Plurinacional de Bolivia desde el enfoque de los derechos humanos.
En cumplimiento al mandato constitucional y como lo establece la Ley 1818, el presente informe sobre la situación de los derechos humanos en el país y la gestión de su administración, está dirigido a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a toda la comunidad boliviana como muestra del trabajo transparente de las acciones defensoriales: defensa, promoción, difusión y educación en materia de derechos humanos. La publicación contiene siete capítulos en los que recupera las acciones defensoriales desarrolladas durante la gestión 2011, cuyos resultados lograron poner en agenda pública el tratamiento de temas y problemáticas sobre derechos humanos que requirieron la atención prioritaria de la institución por su carácter de incidencia decisiva y emblemática. Asimismo, intenta distinguir con mayor prevalencia lo cualitativo antes que lo cuantitativo, partiendo de la lógica de considerar los avances y resultados como importantes por su impacto e importancia los logros alcanzados, no por su número.
El Plan Estratégico Institucional 2007-2011, que contiene las líneas estratégicas de los programas institucionales priorizados, fue el eje de las acciones defensoriales desarrolladas y cierra el periodo quinquenal respectivo. Nos referimos a la protección y restitución de derechos humanos; la articulación y seguimiento a políticas de Estado en derechos humanos para poblaciones con mayor vulneración en sus derechos; la prevención y atención de conflictos relacionados con derechos humanos; el programa educomunicativo en valores, derechos humanos y la Defensoría del Pueblo; la gestión administrativa y desarrollo organizacional, además de los proyectos relacionados con los derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales y la Asamblea Constituyente.
En esa línea, es importante destacar que en la gestión 2011, se ha elaborado el Plan Estratégico Institucional 2012-2016, que permitirá en el próximo quinquenio abordar temáticas nacionales y regionales desde un enfoque de trabajo integral, con el propósito de coadyuvar a la consolidación del Estado Plurinacional desde el enfoque de los derechos humanos.
De esta manera, institucionalmente reafirmamos nuestras convicciones y compromisos para prestar un servicio efectivo y permanente al pueblo, con el propósito de generar conciencia y enriquecer el conocimiento de los derechos humanos en la comunidad boliviana, principalmente en los sectores vulnerables de la población, fomentar su ejercicio pleno, vigilancia y defensa, y difundir el rol de la Defensoría del Pueblo como contribución al fortalecimiento del Estado Plurinacional naciente y aportar a la superación del viejo Estado mono cultural.
Rolando Villena VillegasDEFENSOR DEL PUEBLO
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MARCO LEGAL, MISIÓN, VISIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA1.1 MARCO NORMATIVO
La Defensoría del Pueblo nació constitucionalmente en 1994 para velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en relación con la actividad administrativa de todo el sector público y, asimismo, para la promoción, vigencia, divulgación y defensa de los derechos humanos.
Es una institución independiente en el ejercicio de sus funciones y no recibe instrucciones de ningún órgano público. Su única sujeción es la Constitución Política del Estado y las leyes; su ámbito de competencia nacional comprende la administración pública centralizada, descentralizada, entidades autónomas, desconcentradas, gobiernos departamentales, municipales y todo organismo del Estado, cualquiera fuera su naturaleza jurídica. Esta competencia se extiende a las cooperativas y empresas privadas que prestan servicios públicos.
La entidad defensora de los derechos humanos inició sus labores el 1 de abril de 1998, luego que el Congreso Nacional eligiera a la periodista Ana María Romero de Campero como primera Defensora del Pueblo, por el periodo de 1998-2003. El 11 de diciembre de 2003, los congresistas eligieron como titular de la institución al abogado Waldo Albarracín Sánchez, quien fue posesionado el 18 de diciembre del mismo año y concluyó su gestión el 18 de diciembre de 2008.
El 13 de mayo del 2010, la Asamblea Legislativa Plurinacional posesionó al teólogo Rolando Villena Villegas como el primer Defensor del Pueblo del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia.
El mandato de la Defensoría del Pueblo se desprende de una serie de normas de distinta jerarquía, entre las que destacan la Constitución Política del Estado y la Ley 1818 del Defensor del Pueblo de 22 de diciembre de 1997.
En documento constitucional establece que cada año el Defensor del Pueblo informará a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la situación de los derechos humanos en el país y sobre la gestión de su administración.
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1.2 VISIÓN Y MISIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
El Plan Estratégico Institucional (2007-2011) de la Defensoría del Pueblo1, establece la visión y misión institucional.
Visión:
“Una institución reconocida por su independencia, solidaridad e integridad, que protege los derechos humanos de las personas propugnando una sociedad con justicia social, incluyente y no discriminadora”.
Misión:
“Que el Estado y la sociedad hagan del respeto y la defensa de los derechos humanos una opción de vida, de pensamiento y acción, de manera individual y colectiva”.
1.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La Ley 1818 señala la estructura organizativa de la institución, la misma que deberá estar compuesta por tres Delegados Adjuntos de igual jerarquía, en los que podrá delegar funciones y así también contar con un Secretario General y un Coordinador Nacional con personal técnico y administrativo, para el desenvolvimiento de sus labores (ver el organigrama general al final de este capítulo).
Asimismo, define a la ciudad de La Paz como sede oficial (Oficina Nacional) y la posibilidad de abrir oficinas en cualquier lugar del país.
La Defensoría del Pueblo cuenta con nueve Representaciones Departamentales: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija; dos Representaciones Especiales: El Alto y Chapare; y cinco Mesas Defensoriales: Llallagua, Puerto Suárez, Riberalta, Yacuiba y Yungas. Asimismo, desde el 2010 se incluye dos Oficinas de Enlace, una en la localidad de Monteagudo y otra en Reyes.
El siguiente organigrama sintetiza gráficamente a la Defensoría del Pueblo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2011:
1 El PEI 2012-2016, establece la visión y misión de la Defensoría del Pueblo para el próximo quinquenio: Visión: “Somos una institución pública al servicio del pueblo boliviano, referente de derechos humanos que contribuye a la construcción del Estado Plurinacional”; Misión: “Conciencia comprometida por los derechos humanos”.
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MARCO CONTEXTUAL DESDE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIALa gestión 2011 se caracterizó por situaciones de trascendencia nacional y una coyuntura compleja, asociada a un alto grado de conflictividad en el ámbito social, económico y político. Durante este periodo, la Defensoría del Pueblo abordó una serie de problemáticas en materia de los derechos humanos, entre las que sobresalen: trata y tráfico de personas, seguridad ciudadana, violencia sexual infantil, centros penitenciarios, abusos en instalaciones militares, administración de justicia, derecho a la salud y derecho a la consulta, cada una con sus particularidades y grados de complejidad. En esta labor, se ha logrado el desarrollo de propuestas normativas, procesos de incidencia en política pública, seguimiento a casos específicos y especial atención institucional con base a informes defensoriales.
En el contexto económico, después de cinco años de superávit en la macroeconomía, según informes del gobierno y con un crecimiento en la economía de 4,5%, el Órgano Ejecutivo admitió un déficit fiscal de 4%. Por otro lado, los trabajadores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) demandaron un salario mínimo de Bs. 7.000, frente a un 7.18% de incremento salarial ofrecido por el gobierno. Esta demanda al no ser atendida derivó en manifestaciones protagonizadas por diferentes sectores: magisterio, universitarios, fabriles y obreros en rechazo al incremento salarial planteado por el gobierno.
Entre otras medidas, el incremento del precio del azúcar fijado por el gobierno para combatir la especulación, contrabando y escasez del endulzante, provocó el aumento de los costos en la canasta familiar y derivó en protestas a nivel regional y nacional. En este sentido, el derecho a la alimentación se vio afectado, no sólo por la subida de precios sino también a un decremento en la producción de alimentos y al incremento de la importación de productos de consumo.
Con relación al derecho a la justicia, el sistema jurídico fue testigo de la elección de magistrados, inédito proceso a escala nacional y mundial, que a pesar de la campaña por el “voto nulo”, las críticas y cuestionamientos por su implementación, legitimidad y legalidad e incluso por la preselección de candidatos, contó con el aval de observadores internacionales que destacaron la transparencia del proceso.
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En ese contexto, en materia normativa, se promulgaron leyes orgánicas sobre los regímenes de Autonomías, Órgano Electoral, Régimen Electoral, Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, la elección de magistrados mediante el voto popular para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura que constituyen avances significativos en la democratización de la justicia.
Sin embargo, la administración de justicia se ve afectada por algunas prácticas vulneradoras de derechos que subsisten y desembocan muchas veces en impunidad, como en los siguientes procesos: juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada, por la denominada masacre de “octubre negro”; el vejamen sufrido por campesinos de Chuquisaca el 24 de mayo 2008, y la Masacre de Pando del 11 de septiembre 2008, entre otros procesos, que muestran una clara vulneración a los derechos humanos. Se trata de escenarios en los que las víctimas son desplazadas por el olvido y la indiferencia de los administradores de justicia.
Respecto a las Fuerzas Armadas (FFAA), la constante vulneración de derechos que se suscitan en los centros de formación militar tuvo su expresión más sensible con la muerte del Sbtte. Gróver Beto Poma Guanto, que derivó en descontento y repudio generalizado de la población. Incluso se planteó el cierre de la Escuela de Cóndores de Bolivia, símbolo histórico relacionado con gobiernos de facto. Un informe defensorial al respecto, incluye una interpelación a la justicia militar e individualiza a los presuntos responsables del deceso. Hasta la fecha el fuero militar aún insiste en mantener su competencia sobre el caso.
Este hecho refleja indudablemente prácticas de tortura, además de agresiones psicológicas y físicas en instalaciones militares, manteniendo resabios de la colonización que se resisten a ser erradicados, pese al acercamiento encomiable de organismos internos de las FFAA con la población, evidenciándose atentados al derecho a la integridad física y a la vida.
Sin embargo, los efectivos militares no están exentos de vulneraciones de derechos, tal como lo ocurrido en el caso de militares bolivianos detenidos en Chile, situación calificada de humillante por el trato recibido, según el Defensor del Pueblo, Rolando Villena Villegas, quien incluso exigió que se establezca la verdad y se identifique qué derechos a nivel internacional se vulneraron, tanto a los militares bolivianos, como a la supuesta invasión de los mismos, a territorio chileno.
La trata y tráfico de personas, fue otra problemática de preocupación de la Defensoría del Pueblo, luego de evidenciarse casos de venta de menores de edad en zonas fronterizas del departamento de Potosí, situación que fue denunciada por la institución con base a un informe especializado sobre el caso y que además derivó en la conformación de la Red Boliviana Contra la Trata y Tráfico de Personas, establecida en municipios fronterizos a nivel nacional, conformada por entidades estatales e instituciones privadas que trabajan en la temática.
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Es importante señalar que este tema también se asocia con la explotación laboral y sexual en otros países limítrofes. Por otro lado, la problemática de la trata y tráfico de personas pone en evidencia las limitaciones de seguridad y control existentes en los puestos fronterizos del territorio nacional.
En materia de seguridad ciudadana, la débil presencia del Estado y la coordinación limitada entre la Policía Boliviana, el Órgano Judicial y el Ministerio Público, impidieron satisfacer las necesidades de seguridad de la población. La inseguridad ciudadana, afecta el normal desenvolvimiento de la vida en sociedad y la convivencia pacífica; provoca violencia, temor y vulneraciones a los derechos humanos, a la seguridad personal, a la propiedad, acceso a la justicia, derecho la vida, entre otros.
Por otra parte, el incremento de la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, considerada como una agresión y una violencia a los derechos de los menores, devela que es necesario trabajar con más énfasis en el campo educativo y en un cambio de actitudes que acompañen a las políticas públicas, de modo que se frene este flagelo.
Respecto a las personas privadas de libertad, los problemas de hacinamiento, pre diarios, la falta de infraestructura, la deficiencias sanitarias, se constituyen en factores que ponen en riesgo las condiciones para un proceso de rehabilitación digno. Esta situación se mantiene como una constante vulneración de derechos aún sin resolver.
La presencia de niñas y niños en centros penitenciarios que conviven con sus progenitores por necesidad, es una preocupación latente para el Estado y sobre todo para la Defensoría del Pueblo, por el grado de vulnerabilidad de esta población y sus derechos a una educación digna, a la salud, a la libertad y a su desarrollo integral en un ambiente apropiado, entre otros derechos.
En el ámbito social, respecto al derecho a la salud, pese a los esfuerzos estatales para la creación de un sistema universal frente a un entorno de insuficiencias en cobertura y calidad de servicios sanitarios, existen observaciones a la seguridad social, principalmente a las cajas de salud por las denuncias de negligencia
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médica y limitada prevención de enfermedades en casos de especialidad, como el cáncer cérvico uterino y de mama.Respecto al abordaje de conflictos sociales, la marcha en protesta y rechazo por la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que pasaría por el centro del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), concentró la atención pública, sobre todo el 25 de septiembre cuando la Policía Boliviana realizó la intervención policial en Chaparina, Yucumo, situación que derivó en la renuncia de dos ministros, el arribo de la marcha a la ciudad de La Paz y la promulgación de la Ley 180 que declara intangible a este parque nacional.
Los hechos acaecidos en Chaparina dieron lugar a la presentación del “Informe Defensorial respecto a la violación de los derechos humanos en la marcha indígena”. El documento elaborado con base a testimonios e información recabada por la institución, describe la cronología de los hechos, analiza los derechos vulnerados y presenta indicios de prueba del cual emergen responsabilidades de los órganos estatales del Estado que habrían participado en la acción. Recomienda al Ministerio Público seguir acciones penales contra los responsables de las violaciones al derecho a la integridad personal, el derecho a la dignidad y los evidentes tratos crueles, inhumanos y degradantes ocasionados a los marchistas.
Ese documento también recomienda al Estado la necesidad de precautelar los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo a las previsiones de Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 30 de la Constitución Política del Estado; y la adopción de medidas destinadas para regular el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe a los pueblos indígenas.
Por consiguiente, el conflicto entre el gobierno y las naciones y pueblos indígena originario campesinos por el tema de la construcción del tramo carretero en la zona del TIPNIS, evidencia -como lección aprendida- la importancia y especial atención de proponer
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la elaboración de una Ley Marco de Consulta a ser aplicada con todos los parques nacionales, considerados como el hábitat de los pueblos indígenas a nivel nacional.
En el caso del Tipnis, las medidas que se tomen en cuenta, ya sea desde el Órgano Ejecutivo, como de los otros órganos competentes, se enmarquen en sujeción a la Constitución Política del Estado, normativa nacional e internacional que protegen los derechos de los pueblos indígenas y su indivisibilidad respecto de sus tierras y territorios comunitarios de origen. Por otra parte, dentro el proceso autonómico que vive el Estado Plurinacional, es pertinente señalar el fortalecimiento departamental, municipal, regional e indígena originario, en la elaboración de sus cartas orgánicas y/o estatutos autonómicos.
Sin embargo, entre los meses de octubre y noviembre se reactivó la diferencia limítrofe histórica entre Oruro y Potosí, con el caso Coroma-Quillacas, un conflicto que demuestra la existencia de diferencias regionales por disputas territoriales, así como el problema entre Tarija y Chuquisaca, con relación al campo Margarita. Un hecho similar se produjo entre los municipios de Colquiri, La Paz, y Caracollo, Oruro, por problemas de medición de linderos y titulación de propiedad agraria.
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APORTES INSTITUCIONALES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO AL ESTADO PLURINACIONAL
En 2011, se dio inicio al segundo año de gestión de Rolando Villena Villegas como Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional. En este periodo, su mandato se caracterizó por fomentar e institucionalizar un trabajo integral y de construcción colectiva, para alcanzar logros que posibiliten la consecución de efectos e impactos en la línea de la defensa, protección, difusión y vigencia de los derechos humanos. Un enfoque que supera la visión técnico-jurídica que caracterizaron a gestiones anteriores.
De manera acertada, el nuevo enfoque de gestión institucional implementado por la Defensoría del Pueblo, se constituyó en el estandarte de su labor defensorial, a nivel nacional y regional, implementando un ritmo de trabajo más cercano y de servicio al pueblo. De esta manera, como resultado de las acciones desarrolladas con relación a las diferentes problemáticas de índole nacional y regional, se alcanzó un notable fortalecimiento de la imagen de la Máxima Autoridad Ejecutiva, de sus representantes a nivel nacional y de la propia institución ante el pueblo boliviano.
El trabajo desempeñado por la oficina nacional y por las oficinas regionales coadyuvó al posicionamiento de la imagen institucional permitiendo desarrollar una identidad renovada. La presencia institucional en las regiones se caracterizó por una labor de compromiso, principios y valores para velar por el respeto, vigencia y protección de los derechos humanos desde la visión local y sus contextos particulares.
En este marco, se destaca la labor de vigilancia y protección de los derechos humanos realizada por los y las Representantes Departamentales de Beni, Chuquisaca, Cochabamba, Chapare y La Paz, respecto al trabajo y seguimiento continuo a la marcha indígena en defensa por el TIPNIS, en el que se velaron y se protegieron los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores que participaron de la marcha.
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Asimismo, sobresale el trabajo desempeñado por las representaciones de Oruro y Potosí, respecto al conflicto de límites entre las comunidades de Coroma-Quillacas, consolidó la presencia de la institución en ambas regiones. También, se destaca la labor de las regionales de Potosí, Tarija, Yacuiba y Puerto Suárez por el trabajo realizado en la lucha contra la trata y tráfico de personas. La Representación Especial de El Alto se destacó por su labor contra la violencia intrafamiliar.
De ese modo, cada una de las oficinas contribuyeron a las acciones defensoriales, logrando resultados que coadyuvaron a mejorar la credibilidad en la institución y el posicionamiento como referente principal entre las entidades que trabajan por los derechos humanos en el país.
A ello se suma el trabajo desplegado por la oficina nacional en casos emblemáticos que fueron monitoreados de manera continua. Entre ellos, el seguimiento al informe defensorial sobre la muerte del Sbtte. Gróver Poma en la Escuela de Cóndores de Bolivia (ESCONBOL), el primer informe Defensorial de seguimiento a las políticas públicas de cáncer cérvico uterino y de mama, y el informe sobre la vulneración de derechos humanos en la marcha indígena.
Como resultado de las acciones defensoriales en la gestión 2011, la población y los medios de comunicación valoraron y reconocieron el trabajo desarrollado por la institución en la defensa de los derechos humanos de la población.
Según datos de percepción ciudadana sobre la Defensoría del Pueblo y Rolando Villena, realizada por IPSOS APOYO Opinión y Mercado S.A. y publicada por el matutino Página Siete en el mes de octubre, la institución se encuentra en el primer lugar entre las instituciones que defienden los derechos humanos en Bolivia. El porcentaje que alcanzó el Defensor del Pueblo con un 35% es superior incluso al de la Iglesia Católica (27%) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (15%)2
Entre otros estudios, los resultados del sondeo realizado en diciembre por la empresa IPSOS APOYO Opinión y Mercado S.A. para ver el grado de aprobación de la gestión de diferentes autoridades, sitúa a Rolando Villena en el primer lugar con un 37% de aprobación, en segundo lugar se ubica el presidente Evo Morales con un 33%, seguido del vicepresidente Álvaro García con un 29% de aprobación y el canciller David Choquehuanca con un 26%. La encuesta se realizó a 2.103 personas de las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Oruro, Tarija, Potosí, Trinidad y Cobija.
Ese mismo mes, el Grupo Fides, a través de sus unidades de gestión, en la elección del personaje del año ubicó en tercer lugar al Defensor del Pueblo. Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) ocupó el primer lugar seguido por Fernando Vargas, presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
2 Página Siete, 6 de noviembre del 2011, Sección Nacional. Fueron entrevistadas 837 personas durante las primeras dos semanas de octubre. La encuesta se realizó en las principales capitales del eje troncal: La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Las y los entrevistados eran mayores de 18 años, de ambos sexos y pertene-cientes a todos los niveles socioeconómicos.
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Por los datos de los sondeos de opinión mencionados, se puede afirmar que la intervención institucional en la defensa de los derechos humanos, reflejada en acciones defensoriales e informes sobre los casos : Poma, TIPNIS, cáncer cérvico uterino, la participación en el proceso de elaboración del Plan Plurinacional de Educación en Derechos Humanos, estado de situación de los centros penitenciarios, la problemática de la zafra de castaña en la amazonia boliviana, la Defensoría ha cumplido con su mandato constitucional.
3.1 LOGROS INSTITUCIONALES
3.1.1 CONTRADICCIONES DEL ESTADO PLURINACIONAL: DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA MARCHA POR EL TIPNIS VS. ENFOQUE CLÁSICO DESARROLLISTA
En el “XXIX Encuentro de Corregidores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure Autónomo de los pueblos Indígenas Moxeño, Yuracaré y Chimán”, que se llevó a cabo entre el 17 y 18 de mayo de 2010 se determinó: “Rechazar contundente e innegociablemente la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, o todo trazo carretero que afecte nuestro territorio, nuestra casa grande”.
Pese a la resolución de los pueblos indígenas, el 3 de junio de 2011 el Órgano Ejecutivo anunció el inicio de la obra, lo que derivó en el desarrollo de la “III Comisión Nacional” de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), con la participación de todas las regionales que conforman esa organización y la Subcentral del TIPNIS. En dicha oportunidad, las autoridades indígenas determinaron convocar a la “VIII Gran Marcha Indígena por la Defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure TIPNIS, por los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas”.
Días previos al inicio de la anunciada marcha indígena, el Defensor del Pueblo convocó al diálogo a las partes en conflicto: pueblos indígenas, comunidades interculturales y autoridades gubernamentales, luego de reunirse con representantes del TIPNIS en la comunidad San Pablo, Beni y comunidad Villa Bolívar, Cochabamba. La autoridad exhortó al gobierno y a los pueblos indígenas avanzar en el diálogo para encontrar resultados fructíferos como camino certero para la transformación de un eventual conflicto en un escenario de comprensión, entendiendo el problema de manera estructural tomando en cuenta que además del derecho a la consulta pueden haber otras alternativas, considerando que los pueblos indígenas también tienen derecho al desarrollo, que no implica la vulneración de los derechos constitucionales.
Las acciones de la Defensoría del Pueblo previas al inicio de la VIII Marcha, claramente priorizan el diálogo como instrumento para la resolución de los conflictos, a la vez de abogar por el necesario respeto a las distintas nociones de desarrollo y el derecho a la consulta previa, de buena fe, libre e informada que por mandato constitucional asiste a los pueblos indígenas.
A partir del 15 de agosto de 2011, una vez iniciada la movilización, que partió con al menos 700 indígenas desde Trinidad, se desarrolló el seguimiento respectivo a través de la Representación Defensorial del Beni, que se encargó de verificar y vigilar que se respeten los derechos de los indígenas marchistas.
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Por otra parte, en fecha 24 de agosto, el Defensor del Pueblo remitió una nota al presidente Evo Morales, en la cual solicitó que se extremen todos los esfuerzos viables hasta lograr que los acuerdos potencien el derecho al desarrollo en compatibilidad con los derechos de los pueblos indígenas.
Paralelamente, la institución remitió una serie de notas a reparticiones estatales y organizaciones de ayuda humanitaria competentes para la atención de salud, servicios básicos y seguridad, en resguardo y prevención ante posibles vulneraciones a los derechos humanos de los marchistas.
En fecha 31 de agosto, por la delicada coyuntura, una comisión de representantes departamentales de la Defensoría del Pueblo de Santa Cruz, Pando, Tarija y Chuquisaca llega hasta San Borja para sumarse al trabajo desplegado por la Representación Departamental del Beni desde el inicio de la marcha.
El 14 de septiembre, el Defensor del Pueblo denunció la existencia de actitudes de provocación por parte de colonizadores que bloqueaban la marcha indígena en Yucumo e invocó a dejar de lado actitudes que puedan afectar la instalación del diálogo.
El 25 de septiembre en horas de la tarde, se produjo la violenta intervención policial a la marcha indígena en la localidad de Chaparina. La Policía gasificó el campamento y empleó la fuerza en forma indiscriminada, sin considerar la existencia de madres con lactantes en brazos, niños, mujeres embarazadas y personas adultas mayores. El Defensor del Pueblo instruyó ese mismo día la elaboración de un Informe Defensorial sobre la intervención policial para coadyuvar al establecimiento de la verdad.
El informe describe la cronología de los hechos sucedidos en Chaparina, contiene testimonios de las víctimas de la intervención policial, determina la vulneración de derechos humanos acción u omisión contra ciudadanos y ciudadanas que conformaban la “VIII Gran Marcha Indígena por la Defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), por los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas”.
La importancia del informe radica en el aporte sobre indicios de prueba que evidencian la vulneración a una serie de derechos como el de la integridad personal (psíquica y psicológica), libre locomoción, dignidad personal y Derecho a la consulta previa, de buena fe, libre e informada a los pueblos indígenas. Asimismo, muchas de las agresiones físicas, psíquicas y morales provocadas por los efectivos policiales en la intervención denotan tratos crueles inhumanos y degradantes. La institución emitió una serie de recomendaciones a diferentes instancias estatales para que se esclarezcan los hechos de Yucumo y se vele por los derechos de los pueblos y naciones indígena originario de la región.
3.1.2 UN CASO EN ESPERA DE JUSTICIA: MUERTE DEL SBTTE. POMA Y LA NECESIDAD DE UN URGENTE CAMBIO EN LAS FUERZAS ARMADAS
El 7 febrero de 2011, en la Escuela de Cóndores de Bolivia (ESCONBOL), ubicada en la localidad de Sanandita, municipio de Yacuiba, Tarija, se produjo un hecho protagonizado por un grupo de oficiales que derivó en el
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fallecimiento del Sbtte. Gróver Beto Poma Guanto, acaecido el 9 de febrero, en una clínica de Santa Cruz, como consecuencia de una serie de lesiones sufridas en la ESCONBOL. Este tipo de hechos que ponen en riesgo la vida, la seguridad personal y la integridad física de los alumnos, motivan a la interpelación a los cursos de formación militar por parte de diferentes sectores de la sociedad y en especial de los padres de familia.
Al respecto, el Defensor del Pueblo afirmó que “las Fuerzas Armadas de Bolivia no aplican en sus filas los preceptos de los derechos humanos y sólo se toman en cuenta estos principios de manera teórica (...) las lógicas del pasado permanecen instaladas en las Fuerzas Armadas y se siguen practicando acciones que van en contra de los derechos de las personas en formación militar”3.
El 18 de febrero, con la finalidad de velar por el respeto a los derechos humanos, el Defensor del Pueblo, junto a una comisión institucional, realizó una verificación defensorial en instalaciones de la ESCONBOL, cumpliendo el mandato de investigar cualquier hecho de vulneración de derechos ocasionado por actos de acción u omisiones de los órganos estatales que prestan servicios públicos, así como la promoción, vigencia, divulgación y defensa de los derechos humanos.
Posteriormente, instruyó la realización de un Informe Defensorial sobre el fallecimiento del Sbtte. Grover Poma. El documento describe la relación de hechos y determina la vulneración de los derechos a la integridad, salud, a la vida, a la dignidad, garantías del debido proceso, y una serie de recomendaciones al Ministerio de Defensa, Comando en Jefe de las FFAA, Ministerio Público, Tribunal Permanente de Justicia Militar y Ministerio de Justicia.
La visita sorpresiva a la ESCONBOL para recopilar información y testimonios de los testigos de los hechos que antecedieron la muerte del Sbtte. Poma, sienta el precedente histórico que a futuro ningún fuero militar ejerza impedimento al trabajo de la Defensoría del Pueblo en la vigilancia por el respeto a los derechos humanos frente a hechos de vulneración de derechos al interior de recintos militares o actos que intenten mantenerlos en la impunidad.
En este sentido, el Defensor del Pueblo afirmó que “las Fuerzas Armadas de Bolivia no aplican en sus filas los preceptos de los derechos humanos y sólo se toman en cuenta estos principios de manera teórica (...) las lógicas del pasado no consienten que nuevas lógicas ajustadas al nuevo rol de las Fuerzas Armadas permitan incursionar en sus filas, basados en el respeto de los derechos de las personas en formación militar”4.
En este caso específico, el Defensor remarcó que “este hecho cuestiona los valores, principios, normas y prácticas al interior de esta escuela, por lo que recomendó al Ministerio de Defensa y al Comando en Jefe de las 3 Matutino Cambio, 16 Mayo 2011.4Matutino Cambio, 16 Mayo 2011.
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Fuerzas Armadas a evaluar los fines y políticas reproducidas en la ESCONBOL, para ajustarlos coherentemente con la Constitución Política del Estado y los estándares internacionales de Derechos Humanos”5. Asimismo, “pidió al Tribunal Permanente de Justicia Militar inhibirse de continuar el conocimiento del proceso emergente de la muerte de Poma, remitiendo obrados a la jurisdicción competente”6.
En la gestión 2011, la Defensoría del Pueblo realizó el seguimiento permanente a las recomendaciones del informe sobre el fallecimiento del Sbtte. Poma:
• En fecha 23 de agosto de 2011, el Fiscal asignado al caso presentó imputación formal en contra de: Franz Eduardo García, Jorge Castro, Rudy Flores y Roberto Rollano.
• En fecha 20 de octubre de 2011, el Juzgado Primero en lo Penal Cautelar de Yacuiba emitió mandamientos de aprehensión contra Franz Eduardo García, Jorge Castro y Rudy Flores, que no fueron ejecutados en la gestión.
• En fecha 21 de julio de 2011, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, emitió la Resolución R.N. 044/2011-2012 que determina conminar al Tribunal Permanente de Justicia Militar inhibirse del conocimiento de la causa remitiendo los antecedentes en el día a la jurisdicción ordinaria y conminan al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa a adoptar medidas que erradiquen las prácticas que incidan en la vulneración de derechos y garantías constitucionales.
• El Ministerio de Justicia, ofreció brindar patrocinio legal en el proceso penal a la familia Poma Guanto, mediante su Servicio de Atención y Protección a Víctimas de Delitos de Violencia (SEDAVI).
3.1.3 UN CONFLICTO HISTÓRICO: ZAFRA, CASTAÑA Y POBREZA, REALIDADES DE LA AMAZONÍA
En el municipio de Riberalta, provincia Vaca Diez del departamento de Beni, ubicado en el norte amazónico de Bolivia, operan más de 20 empresas beneficiadoras de castaña, constituyéndose en la actualidad, junto al aprovechamiento de la madera, una de las principales actividades económicas de la región.
Esta actividad involucra al 75% de la población económicamente activa de la zona y de la cual Bolivia es líder mundial en exportación con aproximadamente 1.200 contenedores anuales, según datos de la Empresa Boliviana de Almendra (EBA).
“Se estima que las beneficiadoras y los barraqueros contratan aproximadamente 15.000 cosechadores de castaña durante la zafra anual, que se realiza con la participación de intermediarios denominados contratistas, en un sistema de contratación denominado habilito (sistema de pago anticipado o adelantado en dinero o especie a los trabajadores para asegurarse su mano de obra).
5 Red ERBOL, La Paz, 11 Mayo 20116 IDEM
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Se puede distinguir cuatro actores en la cadena productiva de la castaña: beneficiadoras, barracas, contratistas y zafreros. Las beneficiadoras son empresas con plantas industriales que procesan la castaña para beneficiarla con fines de exportación”7.
En cada inicio de zafra, las relaciones entre empleadores y empleados se tornan débiles e impiden se respeten las normativas vigentes, por tanto la generación de sobre explotación de la fuerza de trabajo y es mucho más preocupante cuando de por medio se evidencia la inclusión del trabajo infantil.
En las beneficiadoras la informalidad laboral es común en detrimento de trabajadores fabriles, existen casos de ayudantes, especialmente niños y jóvenes, que no tienen contratos laborales ni acceso a servicios médicos, a la educación, mucho menos un salario justo, inclusive carecen de ropa de trabajo.
Por otro lado, en tiempo de cosecha, el trabajador zafrero llega a recolectar entre 100 y 200 cajas de castaña, generando ingresos entre 6 mil y 12 mil bolivianos, dependiendo del precio por caja de castaña acordado con los barraqueros o contratistas.
Según información de EBA, el promedio del precio por caja de castaña registrado en 2011 alcanzó el mes de enero a Bs. 153 y en diciembre a Bs 140. En términos de exportación, la nuez amazónica, batió el récord histórico en ingresos por exportación al generar 150 millones de dólares, frente a los 96 millones generados en 2010.
Durante este proceso, a principios de la gestión 2011 se generaron dos acontecimientos: el primero, la negociación entre zafreros y empresarios por el precio de la caja de castaña recolectada, de aproximadamente 22 kilogramos; y el segundo, la negociación entre los fabriles y empresarios con relación al precio por kilo de castaña pelada.
7 En: SANEAMIENTO DE LA TIERRA EN SEIS REGIONES DE BOLIVIA. CIPCA, Cuadernos de Investigación 69 (2008). La Amazonia (págs.. 164-165). Grupo DESIGN: La Paz.
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Los primeros meses de la gestión 2011, los precios por caja de castaña se elevaron desmesuradamente desestabilizando el mercado y provocando una serie de enfrentamientos entre zafreros y empresarios, y la intervención policial.
En febrero de 2011, los trabajadores fabriles de las empresas beneficiadoras protagonizaron movilizaciones hasta la convocatoria a un ampliado que contó con la presencia de empresarios y la Defensoría del Pueblo como observadora. Después de gestiones realizadas, se firmó un primer acuerdo que estableció el precio de Bs 3,30 por kilogramo de castaña pelada. En este proceso, el sector obrero demostró madurez en cuanto a la negociación y defensa de sus afiliados, aunque existen evidencias de violaciones de los derechos de los trabajadores en sus fuentes laborales.
En el mes de mayo surgió otro problema en la localidad de Riberalta. Los zafreros de la castaña salieron a las calles y bloquearon los accesos a los domicilios de algunos compradores de castaña o “barraqueros”, exigiéndoles un reintegro por caja de almendra entregada, debido a que en el mercado internacional la cotización de ese producto habría alcanzado niveles mayores que sólo beneficiaría a los exportadores. En la ocasión, se produjeron enfrentamientos con la Policía y varios zafreros fueron detenidos. Posteriormente, con la presencia de la Defensoría del Pueblo, el sector zafrero y otras instituciones, se logró establecer una comisión responsable de la elaboración de un documento que garantice el debido proceso de las personas detenidas.
Para evitar a futuro este tipo de hechos en la cadena productiva de la castaña, es necesaria la determinación de precios consensuados, un trato justo y equitativo para evitar la vulneración de los derechos de los trabajadores y la protección de los derechos de la niñez y adolescencia.
Pese a la mejora de ingresos económicos de las familias zafreras, el panorama descrito revela un conjunto de problemas existentes en este rubro que demandan una mayor incidencia institucional para velar por la defensa y respeto de sus derechos, un trabajo digno, un precio justo por su producción, el respeto a la dignidad e integridad personal, física y psicológica.
En síntesis, en la gestión del presente informe en materia de tareas de prevención y gestión, la Mesa Defensorial de Riberalta logró facilitar la negociación del precio concertado de la caja de castaña entre zafreros y barraqueros, en coordinación con el Ministerio de Trabajo como institución cabeza de sector responsable de la temática. Es importante señalar que por primera vez se cuenta con un acta de acuerdo sobre el precio de la nuez amazónica, concertado entre los sectores, además de un modelo de contrato laboral tipo para la contratación de zafreros, documento que cumple los requisitos de la normativa vigente. La resolución basada en el diálogo, además, ha permitido la preservación de las buenas relaciones de los sectores en conflicto, cotidianamente relacionados en el área de recolección, la participación activa de otros sectores vinculados a la zafra, como los sectores campesino, empresarial y la estatal EBA; y la observación de instituciones defensoras de los derechos de los zafreros, como los ministerios de Justicia y Trabajo, además del Servicio Legal Integral Municipal de Riberalta (SLIM).
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3.1.4 TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS: EL LIMITADO CONTROL DE LAS FRONTERAS A NIVEL NACIONAL
La trata y tráfico de personas tiene un crecimiento desmesurado en el país. “Bolivia es uno de los cinco países de Sudamérica con más casos de Trata y Tráfico de personas, según un estudio de la Organización de los Estados Americanos (OEA)”8. En la actualidad, la mayoría de los responsables de delitos de trata y tráfico de personas está impune porque muchas víctimas no se reconocen como tales y es débil el combate contra ese delito.
La trata y tráfico de personas es uno de los delitos más violentos que afecta los derechos fundamentales de los seres humanos, como la libertad, dignidad, integridad física, psicológica y mental y atenta contra la vida misma, especialmente de niños, niñas, adolescentes y de las mujeres que son víctimas de explotación laboral y sexual. Este tema fue puesto en la agenda nacional internacional por el Defensor del Pueblo y denunciando en el marco de un seminario internacional, realizado en La Paz en julio de 2011.
A partir de las verificaciones defensoriales realizadas en zonas fronterizas a nivel nacional, se evidenció la debilidad de los puestos de control migratorios en el control de la salida de niñas, niños y adolescentes a países vecinos. Tanto, el desconocimiento de las normas de protección de estas poblaciones, como el reducido personal y su alta rotación, se constituyen en factores que afectan de manera decisiva a esta problemática.
Esta problemática se va agudizando porque los niños, niñas, adolescentes y mujeres se encuentran en un estado de indefensión, por su situación de pobreza, por la violencia generalizada ejercida contra la niñez y por la imposición del enfoque adulto céntrico en nuestra sociedad patriarcal, donde la voz de las niñas, los niños y adolescentes no se toma en cuenta y su verdad no goza de credibilidad porque no los consideran como personas con derechos.
En este contexto, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, tomó la firme decisión de luchar contra estos delitos de lesa humanidad, impulsando la conformación de la Red Boliviana de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, articulando acciones entre autoridades del Estado y organizaciones comunitarias, con el objeto de generar estrategias a partir de un Plan de Acción Nacional y Regional de prevención, protección, persecución, sanción, acceso a la justicia e incidencia política. La Red Boliviana de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas se constituyó en septiembre, está integrada por 36 representantes de instituciones del Estado (ministerios de Justicia, Educación, Salud, Trabajo, la Policía Boliviana, los viceministerios de Igualdad de Oportunidades, Coordinación con Movimientos Sociales, y Seguridad Ciudadana) y organizaciones de la sociedad civil, con cuyas entidades se elaboró un Plan de Acción, los niveles de coordinación, las comisiones y una serie de talleres de capacitación.
Este Plan prioriza cuatro líneas fundamentales para la lucha frontal contra la trata y tráfico de personas, con énfasis en los niños, niñas, adolescentes y mujeres:
• Impulsar el tratamiento y promulgación de la Ley Integral de Trata y Tráfico de Personas. 8 http://www.jornadanet.com/n.php?a=62944-1
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• El fortalecimiento de los servidores públicos que trabajan en ciudades fronterizas sobre la normativa de protección especial de los derechos de la niñez y adolescencia, normativa sobre trata y tráfico de personas y las formas de prevención y atención a las víctimas de trata y tráfico de personas.
• La conformación de redes de frontera para realizar acciones articuladas y conjuntas e iniciar una lucha frontal contra los traficantes de personas.
• La coordinación con la Cancillería y los Consulados para la suscripción de convenios bilaterales y multilaterales con países vecinos para dar respuestas efectivas a la problemática.
Como resultado de la implementación de los cursos de formación en derechos humanos sobre la doctrina de protección integral de la niñez y adolescencia y formas de prevención de la trata y tráfico de niños, niñas, adolescentes y mujeres, se logró capacitar a 640 servidores públicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, además de la construcción de planes de acción regionales en el área de prevención, protección, persecución y sanción. Se conformaron ocho redes locales de lucha contra la trata y tráfico de personas que trabajarán en forma articulada en las fronteras de Bermejo, Yacuiba, Cobija, Villazón, Puerto Suárez, Desaguadero, Guayaramerín y Pisiga, y se logró movilizar, sensibilizar y reflexionar sobre la problemática a más de 5.000 personas.
3.1.5 UNA PROBLEMÁTICA PENDIENTE EN LA AGENDA DE MUJERES: CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y DE MAMA.
La Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 35, parágrafo I, establece la protección del derecho a la salud, a través de la promoción de políticas públicas para orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios públicos.
Estudios realizados en Bolivia, muestran que la tasa de mortalidad de mujeres en Bolivia está vinculada a casos de cáncer cérvico uterino (CACU) y de mama. Según índices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el país 4,5 mujeres mueren al día a causa de estos tipos de cáncer: 26,57 por ciento de cada 100 mil mujeres han desarrollado cáncer de mama y la tasa de incidencia de cáncer de cuello uterino alcanza al 56,55 por ciento.
Tanto la mortalidad materna como el CACU son prevenibles, ello debe motivar a que los esfuerzos del Estado sean orientados con mayor intensidad a la reducción de los índices actuales que ubican a Bolivia entre los primeros países de la región con cifras elevadas de mortalidad de mujeres por estas causas.
Con base a estos datos como punto de partida, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena Villegas, realizó la presentación y notificación a las autoridades con el Informe Defensorial de seguimiento a la política pública de cáncer cérvico uterino y de mama, para contribuir a la protección de los derechos de las mujeres, en cumplimiento a lo dispuesto por la CPE y la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano, tomando en cuenta que las mujeres constituyen poco más de la mitad de la población del país.
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El documento señala que el cáncer cérvico uterino y de mama se constituye en la primera causa de mortalidad de las mujeres bolivianas9 y recomienda la aplicación de otras técnicas como el uso del ácido acético en el momento de la toma de exámenes de papanicolau (PAP)10, probado en otros países con resultados muy positivos y que son de gran utilidad para la detección temprana de amenaza del CACU. Además, se sugiere que el examen PAP sea gratuito en todo el sistema de salud boliviano.
Del mismo modo, recomienda la mejora en las estrategias de prevención y cuidado del cuerpo de las mujeres para la vigencia y protección de derechos sexuales y derechos reproductivos, exige a su vez la aplicación del enfoque intercultural y de género, para garantizar una llegada más efectiva a las mujeres más empobrecidas y sobre todo de las áreas rurales.
Con base a los datos del informe, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, señaló: “lo que más preocupa es que en los últimos años, estas muertes están bajando cada vez más a edades tempranas, porque se está detectando esas enfermedades en algunas mujeres de sólo 24 años”11.
Una respuesta inmediata a las recomendaciones defensoriales, fueron las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud que dispuso la aplicación de ácido acético en el servicio público del país y la ampliación de la cobertura de vacunas contra el CACU.
3.1.6 ENTRE EL HACINAMIENTO Y LAS LIMITACIONES DE INFRAESTRUCTURA: LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD TAMBIÉN TIENEN DERECHOS HUMANOS
El sistema penitenciario de Bolivia, según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, dependiente del Ministerio de Justicia, en la actualidad cuenta con 53 recintos carcelarios, de este total: 17 están ubicadas en ciudades capitales y algunas ciudades intermedias, y 36 carceletas en provincias.
La población privada de libertad a mayo de 2011 es de 9.942 personas en total, de esta cifra 8.819 son hombres y 1.123 son mujeres. Tiene características singulares que no permiten la readaptación a la sociedad de las personas que cumplen la pena privativa, por el contrario las condiciones actuales hacen que éstas se conviertan en víctimas del sistema y estén en situación de vulnerabilidad.
La recurrente conflictividad por temas estructurales cuestiona de forma permanente la inexistencia de una política penitenciaria coherente y efectiva por parte del Estado. El hacinamiento de la población carcelaria, el amplio porcentaje de detenidos preventivos, así como la inseguridad ciudadana, convierten al sistema penitenciario en una evidente fuente de vulneración de derechos.
Sobre esa problemática, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, aseguró que las gobernaciones y las alcaldías, en el marco de sus competencias, juegan un rol importante en el abordaje sobre la situación de las personas privadas de libertad, el hacinamiento y limitaciones de los centros penitenciarios. 9Página Siete. La Paz, 11/06/201110Examen médico que se hace a las mujeres para detectar en forma temprana alteraciones del cuello del útero, que pueden llegar a convertirse en cáncer.11 Red ERBOL, La Paz, 12 Junio de 2011.
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En este ámbito, la institución a la cabeza del Defensor del Pueblo, realizó visitas permanentes a los centros penitenciarios y carceletas, tanto en el área urbana como rural a nivel nacional, para verificar la exigencia del cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad, logrando establecer el siguiente estado de situación:
• La mayoría de los establecimientos penitenciarios se adaptaron o reacondicionaron y en la actualidad su capacidad ha sido sobrepasada. Debido a la deficiente infraestructura, las condiciones de higiene son mínimas y se vulnera el derecho a la salud. Tampoco se garantiza el acceso a áreas de recreación. Por otro lado, la provisión de servicios básicos como agua, luz y alcantarillado son deficientes, y en muchos casos el líquido elemento y el fluido eléctrico se proveen sólo por algunas horas al día.
• En relación al servicio jurídico, el 70% de la población carcelaria no está en condiciones de pagar los costos de los servicios de un abogado particular. Sin embargo, se debe destacar el trabajo que ofrece el Servicio Nacional de Defensa Pública (SENADEP) en el patrocinio legal gratuito.
• En el caso de los jóvenes de 16 a 21 años, el 96% no tiene sentencia. En el área rural el 24,3 % cuenta con condena ejecutoriada, pero por la precariedad de los establecimientos rurales y el abandono de Régimen Penitenciario, no pueden acceder al beneficio de la aplicación del sistema progresivo y a los beneficios penitenciarios.
A partir de estos antecedentes, se realizó una propuesta para la modificación del Código Penal en relación a la Justicia Penal Juvenil, que posibilita crear un sistema especializado en justicia penal para adolescentes de 14 a 18 años, concluido a fines del año 2011, como Anteproyecto de Ley de Justicia Especializada para Adolescentes en Conflicto con la Ley12.
También se trabajó en la propuesta de Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, donde la sanción se incrementa no sólo en casos de niños y adolescentes, sino en casos de personas con discapacidad, por su mayor estado de indefensión frente a delitos como violación u otros. Además, se desarrollaron mesas de trabajo a nivel nacional con las personas privadas de libertad, para verificar la problemática carcelaria, aspecto que permitirá trabajar a futuro en una política penitenciaria integral.
En septiembre de 2011, la Representación Departamental de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba realizó una verificación defensorial urgente en la cárcel de San Antonio en respuesta a un llamado realizado por internos del penal que denunciaron la existencia de un calabozo de 2 metros por 1.5 metros, donde se encerraba a reclusos por cometer faltas disciplinarias. La institución verificó que en ese ambiente, de capacidad para dos personas, se encerraban hasta a cinco privados de libertad. Se constató además que el espacio no tenía las condiciones mínimas de trato humano, no tenía ventilación, carecía de ventanas, el piso era de cemento y las paredes cubiertas con azulejos sucios. Estaba ubicado cerca de los baños del recinto penitenciario.
12 Esta propuesta normativa tiene por objeto, establecer y regular el Sistema de Justicia especializada para Adolescentes en conflicto con la Ley, determinando los derechos, garantías, procesamiento, aplicación y la ejecución de sanciones, en el marco de la prevención, educación y protección que garantice la aplicación de la justicia restaurativa para adolescentes en conflicto con la Ley.
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Después de la verificación defensorial, se recomendó al Director del Recinto Penitenciario de San Antonio el cierre definitivo del “calabozo” por no reunir las condiciones mínimas de infraestructura que garantice el derecho a la dignidad de los internos y la adopción de las medidas pertinentes para garantizar que el orden y la disciplina se mantengan con firmeza sin imponer más restricciones que las establecidas por la ley.
Para la gestión 2012, es una prioridad institucional la instalación de una mesa nacional y mesas departamentales para realizar una supervisión al sistema penitenciario nacional y ver además la problemática de los niños y niñas que viven en los centros penitenciarios del país junto a sus padres que cumplen sentencia.
3.1.7 PLAN PLURINACIONAL DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS: UN CAMBIO PROCESUAL
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena en 1993 adoptó el compromiso de realizar un esfuerzo especial para dar satisfacción al derecho a una Educación de Derechos Humanos (EDH) mediante la concentración de acciones que incluyen la preparación y ejecución de planes nacionales.
Una de las consecuencias del proceso iniciado en Viena, fue la proclamación de la Declaración del Decenio de la Educación en Derechos Humanos (1995-2004) por parte de las Naciones Unidas, mediante la cual se proyectaba la realización de acciones que debían impulsar el desarrollo de una cultura de derechos humanos y paz en las instituciones estatales y de la sociedad civil.
Cuando concluyó el decenio de la EDH, en diciembre de 2004, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos (elaborado en común por la UNESCO y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) y aprobó el Plan de Acción para la Primera Etapa (2005-2007), para su inclusión en los sistemas de enseñanza primaria y secundaria.
Luego de varios años de trabajo en todo el país y de haber ejecutado un gran número de eventos educativos, se vio la necesidad de incidir de forma más contundente y sistemática en la política educativa del Estado, razón por la cual la Defensoría del Pueblo, desde la gestión 2009 impulsa y participa activamente en el proceso de construcción del Plan Plurinacional de Educación en Derechos Humanos (PPEDH), junto a los ministerios de Educación, Justicia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia.
En este proceso, es importante destacar que la EDH es parte del derecho a la educación, promueve el respeto a la dignidad humana y la igualdad, así como la participación en la adopción democrática de decisiones y contribuye de manera decisiva en la prevención de vulneraciones y conflictos.
En la gestión 2011, a través de una metodología participativa se dio inicio al proceso de construcción del Plan, para tal efecto se ejecutaron nueve talleres departamentales, un taller nacional con naciones y pueblos indígena originario campesinos y un taller nacional con las diferentes instituciones y organizaciones sociales.
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Como resultado de este proceso se presentó un documento preliminar del PPEDH a las instituciones impulsoras que participaron de los talleres para recabar sus observaciones y complementaciones.
El propósito final del PPEDH es garantizar desde los procesos educativos el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos, sustentados en los principios y valores constitucionales y en la intraculturalidad, interculturalidad, descolonización y despatriarcalización para vivir bien en el Estado Plurinacional de Bolivia.
En este sentido, la propuesta de política pública plantea la necesidad de un proceso de articulación de las diferentes instituciones y organizaciones relacionadas con la EDH, basada en tres ejes: educación para la cultura de los derechos humanos, educación para la exigibilidad de los derechos humanos y educación para la garantía de los derechos humanos.
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LOGROS EN EL MARCO DEL PEI 2007-2011En los siguientes acápites se describen los datos estadísticos sobre los casos registrados por el Sistema de Atención de Quejas (SAQ), y atendidos por el Defensor del Pueblo en la gestión 2011, además de los resultados del plan piloto del Sistema de Servicio al Pueblo (SSP), implementado en el periodo octubre-diciembre en las oficinas de La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz.
4.1 EN PERMANENTE CONTACTO CON EL PUEBLO: ATENCIÓN DE CASOS
Durante la gestión 2011, los datos estadísticos registrados a nivel nacional muestran que la institución atendió un total de 13.871 casos, de los cuales 5.505 fueron admitidos (39.7%) y 8.350 fueron derivados a Orientación Ciudadana (60%).
Por sus características, entre los casos admitidos existen algunos emblemáticos que fueron objeto de seguimiento y acciones urgentes. Tal es el caso de la vulneración de los derechos de un menor, ocasionado por personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), dependiente de la Policía Boliviana. Respecto a este hecho, como resultado de la intervención defensorial se logró que la Dirección Nacional de la FELCN, emita el Memorando Circular No. 0007-2011 de 18 de enero de 2011, instruyendo a todas las Jefaturas a Nivel Nacional que, en todos los operativos y acciones policiales de interdicción al narcotráfico se observen y respeten los derechos de los niños, solicitando la participación de un Fiscal de Materia y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, cuando existan elementos de presunta participación de niños en actividades de narcotráfico.
En otro caso emblemático, la ciudadana E.L.Z. denunció a la Caja Nacional de Salud (CNS) por la negativa a la afiliación y acceso al servicio de hemodiálisis debido a un problema administrativo con el Gobierno Municipal de Sacaba. Con la intervención de la Defensoría del Pueblo, se logró que la peticionaria reciba el servicio de hemodiálisis y se registre su afiliación, garantizando su derecho a la salud.
A continuación, el siguiente gráfico muestra la relación de casos admitidos y casos orientados según reportes de casos registrados en el SAQ:
C. 4
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Gráfico No. 1: Total de casos atendidos
Fuente: Unidad Nacional de Sistemas DP
El Gráfico No. 2 detalla el número de casos admitidos por oficina regional:
Gráfico No. 2: Casos atendidos por oficina defensorial
Fuente: Unidad Nacional de Sistemas DP
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El siguiente gráfico muestra el número de casos atendidos el 2011 por Orientación Ciudadana en las oficinas regionales:
Gráfico No. 3: Casos orientados por oficina defensorial
Fuente: Unidad Nacional de Sistemas DP
Como se señaló en la introducción de este capítulo, en el último trimestre de la gestión 2011, se implementó el plan piloto del Sistema de Servicio al Pueblo en las Representaciones Departamentales de La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz. Los resultados registrados en este periodo permitieron evidenciar que el número de casos atendidos por Orientación Ciudadana (OC) se modificó notablemente, según el siguiente detalle: La Paz 184 casos (30%), Chuquisaca 26 (28.5%) y Santa Cruz 20 casos (22.5%). Con base a estas cifras, se puede observar que el número de casos de orientación ciudadana se modificaron de un promedio general de 60% a un 30%. Este dato es importante tomando en cuenta que la institución buscaba revertir el número de casos atendidos respecto a los casos de OC. Este cambio del comportamiento de registro de casos es muy significativo para la institución, tomando en cuenta la lógica de trabajo integral implementado en la institución.
En términos de plazos, en el periodo de 2011 se registró un promedio nacional de 28,2 días hábiles para la tramitación de casos a través de gestión directa.
Tomando en cuenta que a nivel nacional se admitieron 5.505 casos, de este total 4.436 (80.5%) fueron objeto de conclusión extraordinaria. De esta última cifra, 3.250 casos fueron concluidos por hecho subsanado (73.2%), mientras que 674 casos (15.1%) fueron concluidos por tratarse de hechos no comprobados, como se puede apreciar en el siguiente gráfico:
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Gráfico No. 4: Conclusiones extraordinarias 2011
Fuente: Sistema del Servicio al Pueblo
Otras causales de conclusión fueron: solución por otra vía con un registro de 320 casos; retiro de la queja, 132 casos; admitida no notificada, 50 casos; interposición de recurso constitucional seis casos y fallecimiento del peticionario en tres casos.
Durante la gestión 2011, la Defensoría del Pueblo registró un total de 10 casos que fueron rechazados.
Gráfico No. 5: Casos rechazados por oficina defensorial
Fuente: Unidad Nacional de Sistemas DP
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4.1.1 DERECHOS MÁS DENUNCIADOS
Los derechos cuya vulneración fue más denunciada en nuestras oficinas a nivel nacional se reflejan en las siguientes tablas:
Tabla No. 1: Registro de casos admitidos según derechos
DERECHO TOTALDerechos laborales (Derechos al trabajo y en el trabajo) 971Derecho de todo ciudadano a exigir responsabilidad sobre los actos de la administración pública
815
Respuesta y resolución 606Integridad física, psíquica y moral 554Seguridad Social 341Uso, Goce y Disposición de sus bienes 327Niveles de enseñanza (Educación) 310Orientaciones y obligaciones generales en Educación 266Petición 235Garantías mínimas 230Salud 179Personalidad jurídica 176Jurisdicción apropiada 130Igualdad ante la ley 116Vivienda adecuada 114Igualdad - No Discriminación 109Nacionalidad 105Dignidad 89En caso de ser privado de libertad 75
Fuente: Unidad Nacional de Sistemas DP
Como se puede observar en la Tabla No. 1, en la gestión 2011 los derechos laborales siguen siendo los más vulnerados, seguido del derecho a exigir responsabilidad sobre actos de la administración pública. Cabe mencionar que el derecho a la integridad física, psíquica y moral cuenta con un alto número de casos, lo que evidencia constantes maltratos derivados en agresiones a diversas personas.
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Tabla No. 2: Registro de casos orientados según derechos
DERECHO TOTALUso, Goce y Disposición de sus bienes 1.664Integridad física, psíquica y moral 1.300Derechos laborales (Derechos al trabajo y en el trabajo) 993Familia 560Niñez 417Garantías mínimas 393Propiedad agraria, comunaria y cooperativa 374Petición 335Seguridad Social 314Personalidad jurídica 313Vivienda adecuada 243Derecho de todo ciudadano a exigir responsabilidad sobre los actos de la administración pública
187
Igualdad ante la ley 182Dignidad 172Salud 130Jurisdicción apropiada 129Respuesta y resolución 122Mejora continua de sus condiciones de existencia 116Igualdad - No Discriminación 91
Fuente: Unidad Nacional de Sistemas DP
Los datos de los casos por derecho más vulnerado, se encuentran segmentados en dos niveles: casos admitidos y casos orientados. Como se puede apreciar en la tabla No. 1, en el registro de admitidos se puede apreciar la existencia de una gran cantidad de casos clasificados como derecho de todo ciudadano a exigir responsabilidad sobre los actos de la administración pública, codificación que, de acuerdo al actual clasificador de derechos y conductas de la institución, alberga múltiples situaciones de vulneración relacionados con varios derechos.
Algo similar sucede con los derechos de petición, respuesta y resolución que implican la falta de pronunciamiento de la autoridad denunciada en diversidad de situaciones. Se espera que en la presente gestión se cuente con un nuevo clasificador de derechos y conductas.
4.1.2 INSTITUCIONES MÁS DENUNCIADAS
Tomando en cuenta los casos admitidos para investigación, en la gestión 2011 la institución más denunciada es la Policía Boliviana con 763 casos. En segundo y tercer lugar figuran las Direcciones Departamentales de Educación
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de Oruro con 418 casos y La Paz con 319. Respecto a estas dos últimas entidades, la cantidad sobresaliente de casos obedece a la permanente actividad de vigilancia en unidades educativas que las oficinas defensoriales realizan en sus respectivas jurisdicciones.
Entre otros datos, correspondientes a instituciones operadoras de justicia, se registró un total 249 casos por vulneración de derechos contra la Corte Superior de Distrito (113) y la Fiscalía de Distrito (136) del departamento de La Paz.
Tabla No. 3: Instituciones más denunciadas en casos admitidos
INSTITUCIÓN DENUNCIADA TOTALPolicía Boliviana 763Servicio Departamental de Educación - Oruro 418Servicio Departamental de Educación - La Paz 319Gobierno Municipal de El Alto de La Paz 240Ministerio de Educación 191Ministerio de Gobierno 184Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR 176Gobierno Municipal de La Paz 163Fiscalía de Distrito - La Paz 136Ministerio de Salud y Deportes 123Persona Particular 116Corte Superior de Justicia - La Paz 113Aduana Nacional 103Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 91Caja Nacional de Salud CNS 84Ministerio de Justicia 66Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones AP 62Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA 62Servicio Departamental de Educación - Potosí 61Comando General del Ejército 48
Fuente: Unidad Nacional de Sistemas DP
4.1.3 RESOLUCIONES DEFENSORIALES
En la gestión 2011, la institución emitió un total de 45 resoluciones defensoriales (La Paz: 31, Tarija: 6, Pando: 3, Cochabamba: 2, y las oficinas de Chuquisaca, Santa Cruz y El Alto, con una resolución, respectivamente) y contabilizó un registro de 105 resoluciones defensoriales correspondientes a gestiones anteriores, haciendo un total de 150 documentos.
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Por otro lado, se archivaron 82 Resoluciones Defensoriales; 54 por autoridades locales o departamentales, 15 por autoridades nacionales y 13 en instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El total de Resoluciones archivadas representan el 55% del total de resoluciones en seguimiento, superando la meta programada de 49%, tal como lo muestra la Tabla No. 4.
Tabla No. 4: Resoluciones defensoriales archivadas en la gestión 2011
Fase en la que se archivaron las RDs Nº de RDsAnte autoridad denunciada (local/departamental) 54Ante autoridad nacional y Asamblea Legislativa Plurinacional 28TOTAL 82
Fuente: Unidad Nacional de Sistemas DP
Los derechos más vulnerados, según los casos que merecieron una Resolución Defensorial, fueron: derechos laborales: 26 resoluciones; integridad física, psíquica y moral: 7; igualdad ante la ley: 6; libertad y seguridad: 5); garantías mínimas: 4); uso, goce y disposición de bienes: 3; orientaciones y obligaciones generales: 2; vida privada: 2; dignidad: 2; además de los derechos a la personalidad jurídica, salud, honra y reputación, entre los principales.
A la conclusión de la gestión 2011, la institución tenía un registro de 68 Resoluciones Defensoriales que se encuentran en seguimiento en sus diferentes etapas, como se puede apreciar en la siguiente tabla:
Tabla No. 5: Distribución de resoluciones defensoriales en seguimiento
Instancia en la que se encuentran las RDs Nº de RDs en seguimiento
Casos pendientes ante autoridad denunciada (local/departamental)
38 (56 %)
Casos pendientes ante autoridad superior (nacional) 12 (18 %)Casos pendientes en la Asamblea Legislativa Plurinacional 18 (26 %)
TOTAL 68Fuente: Unidad Nacional de Sistemas DP
La siguiente tabla señala las Comisiones donde se encontraban radicadas las 18 Resoluciones Defensoriales en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP):
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Tabla No. 6: Relación de Resoluciones Defensoriales según Comisiones de la ALP
Comisiones de la H. Cámara de Diputados Nº de RDs en seguimiento
Educación y Salud 3Organización Territorial del Estado y Autonomía 4Derechos Humanos 1Comisión de Política Social 6Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas 3Economía Plural 1TOTAL 18
Fuente: Unidad Nacional de Sistemas DP
En conclusión, el seguimiento a Resoluciones Defensoriales durante la gestión 2011 presentó una serie de obstáculos y dificultades a nivel de autoridades locales, departamentales, nacionales y especialmente Asamblea Legislativa Plurinacional, respecto al año anterior. Asimismo, se constituye en un problema constante el cambio de autoridades en los diferentes niveles de seguimiento, lo cual implica iniciar nuevamente el relacionamiento y la coordinación interinstitucional.
4.2 ACCIONES CONSTITUCIONALES
La Defensoría del Pueblo recibió y tramitó 135 solicitudes de interposición de acciones constitucionales, de acuerdo al siguiente detalle: 110 solicitudes de acción de amparo constitucional, 13 de inconstitucionalidad, cinco de acción de libertad, una de acción de cumplimiento, cinco de acción popular y una de protección de privacidad.
Del total de solicitudes analizadas, 27 fueron admitidas y se logró la subsanación de 23 casos (81%), 18 a través de gestiones anteriores a la demanda e inclusive una vez presentadas las demandas, pero subsanadas antes de la instalación de audiencia y 4 mediante acciones que obtuvieron sentencias favorables. Cabe destacar que del total de casos admitidos, un caso fue denegado por el Tribunal de Garantías Constitucionales y cuatro se encuentran en tramitación.
En el ámbito constitucional, a continuación se describe un caso que sienta precedente respecto al acceso a las prestaciones de salud en tratamientos de especialidad y enfermedades crónicas. La institución interpuso una acción de amparo constitucional para exigir la vigencia de los derechos a la vida y salud del ciudadano R.I.P., servidor público de la Policía Nacional, quien había recurrido a la Representación Departamental de Cochabamba, argumentando que la CNS le negaba su afiliación desde el año 2009, a raíz de haberse detectado en el examen pre-ocupacional una enfermedad crónica renal. Con las primeras acciones defensoriales, se logró la afiliación del peticionario y su familia, pero con restricción a su patología renal crónica.
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En octubre de 2011, la acción de amparo constitucional por la vulneración a los derechos a la vida y a la salud fue admitida por el Tribunal de Amparo, instancia que determinó como medida precautoria la atención inmediata del servicio de hemodiálisis del peticionario. Una vez sustanciada la audiencia el 26 de octubre de 2011, la Sala Penal Tercera concedió la tutela, ordenándose la inmediata afiliación del peticionario R.I.P. a la CNS, con cobertura total incluida la enfermedad renal crónica, así como el ingreso inmediato al tratamiento de hemodiálisis.
Esta resolución beneficia no sólo al peticionario, sino a la población aportante a quien se le restringe el acceso a la seguridad social, por tener una enfermedad crónica.
4.2.1 PROPUESTAS LEGISLATIVAS
Entre las propuestas legislativas trabajadas en la gestión del presente informe, la Defensoría del Pueblo realizó observaciones y sugerencias a un conjunto de 29 propuestas normativas entre las cuales sobresalen: el Anteproyecto de Ley sobre el Mecanismo de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos, Degradantes o Humillantes; Anteproyecto de Ley de aguas; Proyecto de Ley 028/2011, que establece los derechos de la madre tierra, los deberes y responsabilidades del Estado Plurinacional y la sociedad, los principios que la sustentan y los instrumentos de su garantía y tutela; Anteproyecto de Ley Penal para Adolescentes; Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana; Anteproyecto de Ley de Protección a las Personas Refugiadas; Proyecto de estatuto autonómico del departamento de La Paz; Anteproyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público; Proyecto de Ley 223/2011, destinado a Regular la prestación de servicios de las entidades de salud pública, seguro social y privada, previniendo y sancionando la negligencia médica; Proyecto de Ley de Transición Judicial del Tribunal Supremo de Justicia; Tribunal Agroambiental; Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, y el Anteproyecto de modificación al Código de Procedimiento Penal.
De las propuestas trabajadas por la institución, el Anteproyecto de Ley sobre el Mecanismo de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos, Degradantes o Humillantes propone la creación del Mecanismo de Prevención de la Tortura, dando cumplimiento al Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ratificado a través de la Ley 3298. Sobre esta propuesta la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Régimen Penitenciario y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH) trabajaron en la elaboración de dicho Anteproyecto de Ley y solicitaron al Ministerio de Justicia promover la remisión del Anteproyecto de Ley, a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Por otro lado, en virtud al convenio suscrito entre la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, en la presente gestión se elaboró un documento extenso que contiene más de 100 reformas de acciones constitucionales para el Código de Procedimientos Constitucionales. Todas las propuestas planteadas fueron expuestas en diferentes foros de debate y socialización, además de entregar las mismas a diversas comisiones de la Cámara de Diputados y Senadores para su consideración en el año 2012.
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Finalmente el Estado aprobó las siguientes normas, en las que la institución tuvo incidencia:
Tabla No. 7: Propuesta legislativas o normativas aceptadas y pendientes
Propuesta legislativa o normativa Consideraciones aceptadas Consideraciones pendientesProyecto de Ley N° 115/2011 sobre el Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, ahora Ley 101
-Prohibición de presentar recusaciones.-Faltas regimentarías por faltas leves.-Art. 15 inciso A, que señalaba al establecer como falta grave la formulación de peticiones colectivas contrarias al régimen interno.-Art. 64 respecto a la posibilidad de acceder al derecho a la defensa.Inclusión de la excepción por prescripción de hechos.
-La necesidad que se establezca la posibilidad de complementación y aclaración de las resoluciones.-No se modificaron las penas excesivas.-No se modificó el Art. 15 inciso b14 que lesiona el derecho a la libertad de expresión.
Reglamento de Preselección de candidatas y candidatos para la elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional
-La ampliación del plazo y número de medios para su difusión (Artículo 3).-Se amplió el plazo a siete días calendario para la presentación de impugnaciones (Artículo 14).
-La necesidad de establecer específicamente los parámetros para la auto-identificación como autoridad indígena y la falta de progresividad en el requisito de hablar los idiomas indígena, originario campesino.
Proyecto de Ley 0498-11, ahora Ley N° 125 de fecha 27 de mayo de 2011
-La necesidad que se respete el Derecho a la libertad de expresión establecido en la CPE, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Opinión Consultiva OC 5/85.-Modificar el capítulo V del Artículo 82 de la Ley de Régimen Electoral
El Proyecto de Ley 302/2011, sobre Ratificación al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
-Se gestionó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y ante la Cámara de Senadores su tratamiento
Proyecto de Ley 0474/2011, de Telecomunicaciones
No se consideraron las propuestas de la Defensoría del Pueblo
Proyecto de Ley 0671-11, de incorporación al Código Penal de los tipos penales de financiamiento del terrorismo y separatismo
-La incorporación de atribuciones a la UIF y ASFI que corresponden al Ministerio Público.-La incorporación del tipo penal de separatismo
No se consideraron las propuestas de la Defensoría del Pueblo
Fuente: Asesoría Constitucional
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4.2.2 CASOS ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
Se tramitaron tres casos recurrentes y uno nuevo referido a peticiones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de acuerdo a la tabla:
Tabla No. 8: Casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Nombre del representado Tipo de solicitud Motivo de la solicitud Derecho vulneradoTicona Estrada Petición ante la Corte
InteramericanaDesaparición forzada en la dictadura de García Mesa
Derecho a la vida, integridad, personalidad, debido proceso, otros
I.V. Petición ante la Comisión Interamericana
Esterilización sin consentimiento en hospital público
Derecho a la integridad, personalidad, familia y otros
Alfredo Díaz Bustos Petición ante la Comisión Interamericana
Obligación a prestar el servicio militar
Derecho a la objeción de conciencia y libertad de conciencia
Ascencio Cruz Nina Petición ante la Comisión Interamericana
Incumplimiento de sentencia de calificación de daños a favor del accionante
Libertad personal, a la indemnización y a la protección judicial
Fuente: Asesoría Constitucional
En el caso del representado R.T.E., la Corte Interamericana de Derechos Humanos, remitió a la Defensoría del Pueblo en su calidad de representante de la víctima, el informe del Estado de respuesta a la Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia de 23 de febrero de 2011.
4.3 POBLACIONES CON ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS HUMANOS
4.3.1 DERECHOS DE LAS MUJERES
Con el fin de impulsar el cumplimiento de las Recomendaciones Defensoriales para la protección y garantía de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales se repusieron las Mesas de Trabajo en las oficinas de Tarija, Chuquisaca y El Alto, en las que participan las dirigentes de las trabajadoras sexuales, gobiernos municipales, autoridades de Salud, Educación, Gobernación, Policía, propietarios-administradores de locales, vecinos y otras organizaciones.
Gracias a la restauración o creación de las mesas, se denunciaron hechos de violencia y abuso de autoridad en los operativos policiales realizados en los locales. De esta manera, como resultado de la incidencia institucional, se logró que en cada operativo intervenga la dirigenta del local para reportar las posibles vulneraciones de derechos. Asimismo, se logró suspender la huelga de hambre con labios cosidos que sostenían las trabajadoras nocturnas en la ciudad de El Alto, como protesta por dichos operativos.
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4.3.2 DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Tarija es el departamento que registra el mayor número de casos de violencia sexual contra niñas y niños, seguido de Santa Cruz. Al respecto, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, hizo gestiones específicas ante la Fiscalía de Distrito y fiscales de materia para priorizar las demandas en contra de los depredadores sexuales, en el marco del interés superior del niño, niña y adolescente, logrando compromisos para su cumplimiento.
La institución promovió la creación y fortalecimiento de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Sexual dentro del Ministerio Público, con la instalación de una Cámara Guesell que garantiza la seguridad jurídica de los procesos y evita la re-victimización de los niños, niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual.
Por otro lado, como resultado de una serie de verificaciones defensoriales realizadas en Bermejo sobre la situación de explotación de niñas, niños y adolescentes que trabajan en la zafra de caña, se logró:
• Garantizar la funcionalidad del Comité Interinstitucional que trabaja la erradicación de las peores formas de trabajo infantil.
• La suscripción de un acuerdo interinstitucional, fijando acciones conjuntas para priorizar estrategias de acceso y permanencia en el sistema educativo de los niños y adolescentes que trabajan en la zafra.
• Una Resolución desde la prefectura de Tarija y el Municipio de Bermejo con partida presupuestaria para el acceso a la atención de salud y educación gratuita de niños, niñas y adolescentes de las familias que trabajan en la zafra de Bermejo.
Del mismo modo, en el caso del mega deslizamiento acaecido en la ciudad de La Paz, se implementó durante seis meses, el proyecto de recuperación psicoafectiva de niños, niñas y adolescentes, logrando que estas poblaciones eleven su nivel de autoestima, asuman sus obligaciones escolares y que reciban mayor protección de sus familias y de las autoridades municipales.
4.3.3 DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
La institución impulsó el diseño y formulación de un Plan de Acción para la transversalización de la currícula escolar con la temática de vejez y envejecimiento, consiguiendo que el Ministerio de Educación ejecute un programa piloto de capacitación a 300 personas adultas mayores (PAM) en las especialidades de computación y promoción de sus derechos en temas inter generacionales.
Por otra parte, dada la constante vulneración en el ejercicio del derecho a la renta dignidad, se logró que la Autoridad de Pensiones y Seguros y la entidad privada La Vitalicia emitan una circular a nivel nacional dirigida a las entidades financieras que realizan el pago del beneficio, instruyendo no solicitar fotocopias a color para su pago y la habilitación de ventanilla única o preferencial a las PAM.
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4.3.4 DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Institucionalmente, se articuló en la elaboración de la Boleta Censal y la inclusión de preguntas en beneficio de la población de personas con discapacidad con miras al Censo de Población y Vivienda 2012. Asimismo, se incorporaron los derechos humanos de las personas con discapacidad en la nueva malla curricular educativa, enfatizando el enfoque de la educación inclusiva orientada a este sector de la población.
4.3.5 DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Después de siete años de trabajo perseverante en el municipio de Viacha, en esta gestión se inauguró el primer centro especializado para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley: Centro Qalauma, en un acto especial que contó con la presencia del Ministro de Gobierno, el Obispo de El Alto, el Defensor del Pueblo y autoridades locales. En este recinto brinda a los internos una atención educativa a través de estrategias metodológicas de intervención, una serie de acciones pedagógicas preventivas -promocionales en el marco el modelo socio-educativo y de los derechos humanos, con el objetivo de reinsertarlos a la sociedad.
Entre otras acciones, institucionalmente se desarrolló el seguimiento a las medidas socio-educativas de reinserción social que recoge referencias pedagógicas del método APAC (Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados), los principios de la justicia restaurativa, y los diversos elementos que tienen por finalidad lograr el desarrollo integral del adolescente para insertarlo favorablemente en su medio socio-familiar, en coordinación con el Movimiento Laico para América Latina (MLAL) de la Iglesia Católica.
4.3.6 DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES CAMPESINAS
Con el afán de trabajar por el derecho a la consulta de los pueblos indígenas originarios, se logró consensuar una hoja de ruta a nivel de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), como resultado del Encuentro de Defensorías del Pueblo y de Instituciones Defensoras de los Derechos Humanos de Latinoamérica y el Caribe, realizado en octubre.
Asimismo, se logró proponer un anteproyecto de ley y una propuesta de Política Pública para la protección y defensa de los derechos humanos de pueblos indígenas con derechos humanos altamente vulnerables y aislamiento voluntario y no contactados (PIAV), la misma que será sometida a un proceso de socialización y consulta con los actores involucrados.
Por otra parte, con la finalidad de promover y proteger los derechos humanos del pueblo Yuqui, en el marco del Plan de Acción Integral de Desarrollo de Comunidades Indígenas del departamento de Cochabamba, se incorporaron en los planes operativos anuales (POA) de la Gobernación del Departamento y de los gobiernos autónomos municipales de Chimoré, Villa Tunari y Puerto Villarroel, programas, proyectos y recursos para este cometido.
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Finalmente, se constituyó el Consejo Nacional del Pueblo Afroboliviano (CONAFRO), con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, como instancia nacional representativa de este pueblo, que tiene como misión fundamental adoptar y coordinar acciones con instituciones públicas y privadas dirigidas a la promoción, protección y defensa de sus derechos.
4.4 GESTIÓN DE CONFLICTOS
4.4.1 EL ESCENARIO DE LOS CONFLICTOS
El panorama de la conflictividad social en la gestión 2011 estuvo marcado en la agenda pública por dos disposiciones gubernamentales polémicas y por las movilizaciones de dos sectores que buscaron reivindicar sus demandas con bastante fuerza.
Respecto a las disposiciones gubernamentales, la primera fue la del alza de los carburantes, situación que provocó múltiples reacciones a nivel nacional y derivó en el aumento del costo de vida y desabastecimiento, especialmente en el primer trimestre del año. La segunda fue la decisión formalizada de llevar a cabo la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos atravesando el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), medida que fue resistida por la población indígena y concluyó con una épica marcha hacia la ciudad de La Paz. Dada la respuesta de la población en su conjunto, posteriormente a la intervención policial del 25 de septiembre del año en curso en Yucumo, la determinación gubernamental de continuar con la construcción del tramo en cuestión fue suspendida, un proceso que tuvo amplias repercusiones y sobre el cual se ha dicho bastante.
Respecto a las demandas de los dos sectores que también impactaron y concitaron un despliegue importante de esfuerzos de la institución, encabezados por el Defensor del Pueblo, con las acciones y movilizaciones de las personas privadas de libertad a nivel nacional, especialmente en el primer trimestre del año. Posteriormente, las movilizaciones de las personas con discapacidad, también a nivel nacional, fueron relevantes en términos de gestión de conflictos, sobre todo en el último trimestre del año. Ambas agendas de reivindicación sectorial son de larga data, y su derivación en sentido de conflicto social era previsible.
Por otro lado, el conflicto de límites entre Coroma (Potosí) y Quillacas (Oruro) tuvo episodios de alta gravedad, entre los meses de marzo y noviembre. Afortunadamente, este conflicto no tuvo escalamiento, pero supone una fuente potencial de conflictividad que podría replicarse o resurgir a partir de marzo de 2012 en caso de no ser atendido adecuadamente.
En la Tabla No. 9 se representa la recurrencia o frecuencia de conflictos acontecidos en los diferentes departamentos de Bolivia, y también de acuerdo al tópico o ámbito temático13. Los espacios más oscuros indican alto grado de conflictividad, mientras que los grises un poco menos y los espacios blancos ningún nivel de conflicto.
13 Los colores de sombra en las casillas expresan también la frecuencia de conflictos: a mayor oscuridad de las mismas, los conflictos en estas áreas temáticas son más frecuentes.
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Tabla No. 9: Relación de ámbitos de conflictividad por departamento
DEPARTAMENTO BEN CHQ CBB LPZ ORU PND PTS SCZ TARÁMBITOLimites / ordenamiento territorial
Costo de vida / aumento de precios al consumidor
Identidad, interétnico, intercultural
Privados de libertad
Personas con discapacidad
FFAA / Policía
Recursos naturales / medio ambiente
Demandas de desarrollo / acceso a recursos económicos e infraestructura
Demandas de participación política / inclusión social
Demandas de derechos laborales y seguridad social
Demandas de derechos laborales / comercio
Demandas de derechos laborales / Autotransporte
Autoridades (imposición o destitución de)
Demandas de educaciónFuente: Adjuntoría de Programas y Actuaciones Especiales.
Según la información que sintetiza la misma tabla, los departamentos con mayor diversidad temática de conflictos son Tarija, La Paz y Pando, lo cual implica que estos tres departamentos tienen una alta propensión a la complejidad social irresuelta o de difícil resolución. Es curioso que Pando y Tarija tengan este rasgo, pero se explica en parte por la dinámica social y económica explosiva en estos dos departamentos en los últimos años. En cuanto a La Paz, está clara la alta frecuencia de algunos conflictos, ello se vincula obviamente con la condición de su capital de departamento como sede de gobierno. Contrariamente, los
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departamentos de Oruro y Beni tienen una menor “diversidad” conflictiva, aunque ello no quita que sus conflictos afectan al escenario general en términos de importancia (el caso TIPNIS es, indudablemente emblemático en el contexto del año 2011).
En la perspectiva de una valoración de los conflictos por su tipo o materia, sobre sale claramente el caso de las personas con discapacidad, en cuanto a la cobertura a nivel nacional, y el de las demandas de derechos laborales vinculadas al comercio. El tema de las personas con discapacidad puede asumirse como coyuntural. Contrariamente, los casos relacionados al tema comercial son estructurales, considerando el marco de informalidad que caracteriza la economía boliviana y la débil acción estatal para regular este rubro económico. Los conflictos asociados a las demandas de derechos laborales y seguridad social son también estructurales y omnipresentes en el escenario nacional.
Finalmente, si bien los conflictos que tienen que ver con el cuestionamiento e impugnación a las autoridades, no está presente en todos los departamentos, es una temática muy propia de la agenda boliviana, lo cual se demuestra en la ausencia de referentes de este tipo de conflictividad en otros países, al menos en la frecuencia con la que estos hechos acontecen y su impacto en expresiones violentas (como el caso de Yapacaní). Este fenómeno de la realidad social y política boliviana implica una condición generalizada de débil institucionalidad y permeabilidad de estas instancias a la dinámica de la politización e inestabilidad de la gestión de las instituciones, tanto públicas como privadas.
4.4.2 ACCIONES DE INTERVENCIÓN DEFENSORIAL EN CONFLICTOS
Durante la gestión 2011, se atendieron y gestionaron conflictos sociales en el ámbito nacional, departamental, regional y local. En este continuo proceso, se buscó la prevención del escalamiento de la conflictividad en distintas problemáticas, entre las que sobresalen las siguientes:
• Coroma – Quillacas • El Carmen • Estudiantes en Formación de Maestros • Ex - trabajadores mineros de Siglo XX - Sector Cochabamba • Cooperativa de Agua de San Miguel de Velasco • Demandas de las Personas con Discapacidad• Demanda de los Jubilados de la Caja Nacional de Caminos • Enfrentamientos en Colomi • TIPNIS • Negociación del precio de la castaña en Riberalta • Marcha de personas con discapacidad • Yapacaní • Vehículos indocumentados (Ley 133) • Saneamiento de tierras en Caihuasi
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Al mismo tiempo y gracias a las distintas acciones defensoriales desarrolladas, se logró reducir el escalamiento violento de algunos conflictos, los casos: Colomi, San Miguel de Velasco, Caihuasi o el precio de la castaña en Riberalta, este último ameritó un informe con enfoque de derechos humanos, al igual que en el caso Coroma-Quillacas. Ambos productos aportan en el abordaje de conflictos en fase temprana o en pleno desarrollo y en distintas áreas geográficas (tierras altas y amazonia), así como temáticas diferentes (límites y derechos laborales, respectivamente).
También se elaboró un primer informe de relevamiento a partir del Sistema de Registro de Investigaciones de Oficio, que si bien no está disponible en todas las oficinas defensoriales a nivel nacional, se avanza progresivamente en su respectiva revisión, capacitación al personal e implementación.
Hasta el mes de abril del mismo año se implementó el Sistema Integra de Conflictos Sociales a nivel nacional, habiéndose presentado incluso observaciones a la operatividad del sistema, logrando un registró de aproximadamente 130 conflictos sociales a nivel nacional.
4.4.3 INVESTIGACIONES DE OFICIO
Se destaca la elaboración del Informe final de la Investigación de Oficio sobre la “Situación de los derechos humanos del pueblo Tsimané” en el departamento del Beni, documento que fue presentado por el Defensor del Pueblo, Rolando Villena Villegas, al Gran Consejo Tsimané, organizaciones sociales y autoridades municipales de San Borja, en coordinación con la Representación Departamental de Beni.
Por otro lado, se registró un avance de cumplimiento progresivo de las Recomendaciones Defensoriales emitidas en la Investigación de Oficio sobre servidumbre y empatronamiento en el Chaco Chuquisaqueño, de acuerdo al seguimiento realizado por los consultores del Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica (DED) y de la OACNUDH, en coordinación con la Representación Departamental de Chuquisaca y la Oficina de Enlace de Monteagudo.
Las acciones de seguimiento reportaron avances en el nivel departamental respecto a la Resolución Prefectural del Departamento de Chuquisaca (CH-No. 406/2006 de 18 de diciembre de 2006), así como acciones asumidas por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Departamental Electoral de Chuquisaca que, generaron condiciones de institucionalidad para el ejercicio de los derechos de acceso a la justicia e identidad para el pueblo Guaraní.
Al respecto, la implementación de las inspectorías del trabajo en las localidades de Monteagudo y Huacareta permitió la regularización socio jurídica de las situación laboral de las familias empatronadas de haciendas. En relación a las Resoluciones Defensoriales dirigidas a los gobiernos municipales, de acuerdo a información de archivo, sólo respondió el Gobierno Municipal de Huacareta.
Entre otras intervenciones la Defensoría del Pueblo ha realizado seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones defensoriales emitidas en los siguientes casos:
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• Estancias ganaderas del Beni • Contaminación del río Pilcomayo • Caso Porvenir (Pando) • Caso Poma• Sucesos del 24 de mayo 2008 (Sucre) • Sucesos de la Calancha (Sucre 2007) • Caso Caranavi
Respecto las recomendaciones sobre la contaminación del río Pilcomayo, la institución ha solicitado requerimientos de información a los ministerios de la Presidencia, Medio Ambiente y Agua, y Minería y Metalurgia, cuyas respuestas dan cuenta de un cumplimiento parcial de acciones para superar la problemática.
Se advierte la ausencia de una política pública integral capaz de articular la problemática del medio ambiente a los derechos humanos y la falta de respuesta del Ministerio de la Presidencia, para liderar una plataforma interinstitucional, para la búsqueda de soluciones y la implementación de políticas de protección ambiental y de salud para las poblaciones aledañas al río Pilcomayo afectadas por la contaminación minera.
4.5 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN
Promoción masiva de los derechos humanos
La Defensoría del Pueblo promueve la transmisión de conocimientos en derechos humanos, principalmente los derechos de las poblaciones vulnerables, y el rol institucional a través de procesos educativos, para un mayor acceso a la información y ejercicio de sus derechos.
Respecto a la promoción de los derechos humanos, se desarrollaron 230 eventos interactivos a nivel nacional en zonas urbanas, periurbanas y rurales, logrando la participación de 84.182 personas a través de acciones defensoriales que permitieron recuperar la educación popular, promocionar los derechos humanos y distinguir las competencias institucionales, de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 10: Eventos interactivos según oficina defensorial
Oficina No. de Eventos Beni 8Riberalta 5Cochabamba 15Chapare 12Chuquisaca 15
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La Paz 30El Alto 18Yungas 8Oruro 14Pando 18Potosí 8Llallagua 16Santa Cruz 22Puerto Suárez 15Tarija 12Yacuiba 14Total 230
Fuente: APA-UCD
En la gestión 2011, a través de la Oficina Nacional se distribuyó 255.799 ejemplares impresos a nivel nacional y 142.843 a nivel regional, a cargo de las Representaciones Departamentales, Representaciones Especiales y Mesas Defensoriales, con información relativa a derechos humanos, competencias institucionales y las nuevas líneas estratégicas, entre las más importantes.
En el ámbito de la producción de material, se imprimieron 146.518 ejemplares entre trípticos, cartillas, libros y afiches haciendo un total de 31 ítems. Mientras que en soporte digital, formato CD, se produjeron dos publicaciones: 500 unidades del Informe de Gestión mayo 2010-mayo 2011, y 500 ejemplares del XIII Informe de la Defensoría del Pueblo a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En el marco de los materiales educativos sobre derecho a la igualdad y la no discriminación, la producción de 6.000 ejemplares de la Ley 045 contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación y su Reglamento merece una mención especial.
Por otra parte, el 10 de Diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos, se celebró los 63 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Durante el desarrollo del evento, conjuntamente la Empresa de Correos de Bolivia se realizó el lanzamiento de 30.000 unidades del timbre postal conmemorativo para su circulación a nivel mundial, cuyo diseño resalta el respeto de los derechos humanos en el marco de la dignidad, identidad, diversidad, seguridad, historia y culturas de los pueblos de Bolivia.
Asimismo, con el apoyo del Programa Conjunto “Promoviendo el cambio en paz”, el Gobierno Municipal de La Paz y la familia Csapek, se llevó adelante el descubrimiento de un mural que plasma la labor de la institución en la defensa de los derechos humanos y la Madre Tierra.
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XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
Por otra parte, utilizando la radio como medio de promoción masivo del respeto y ejercicio de los derechos humanos, desde la oficina nacional y en el marco del convenio con la Universidad Salesiana, se llevó adelante el programa de radio “Por nuestros derechos”, que en 15 emisiones abordó distintas temáticas, con la participación de servidoras y servidores públicos de la institución e invitados especiales.
Del mismo modo, en esta perspectiva de llegar a la población en idiomas nativos u originarios, se validó y difundió a nivel nacional cuatro cuñas radiales en idiomas aymara y uno en castellano, sobre los derechos de la niñez en la nueva constitución. La campaña de difusión nacional se realizó en noviembre y diciembre a través de las radios ERBOL, Patria Nueva y San Gabriel.
De igual manera, las oficinas regionales realizaron 12 programas de radio a nivel regional. La Representación Departamental de Beni difundió 16 programas a través del programa “Luces de Nuestro Tiempo” por radio Fides Trinidad; la Representación de Chuquisaca difundió 60 programas en las radioemisoras: Encuentro, Universitaria y Aclo; Pando, 10 programas por radio Fides; Potosí, registró 20 programas “Hablemos de Derechos Humanos” emitidos por Imperial y Fides; La Paz, participó en 21 programas difundido por radio Integración; Santa Cruz; 5 programas por radio Alternativa; Tarija 12 programas por Patria Nueva.
4.6 DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN AL DIÁLOGO DE SABERES, UN DESAFÍO VIGENTE
En el marco de las nuevas líneas estratégicas institucionales y en la perspectiva de dar el salto cualitativo en la política educativa institucional, se implementó de manera progresiva el enfoque metodológico del diálogo de saberes con distintos públicos. De esta manera, se desarrollaron procesos de capacitación con servidores públicos, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, autoridades originarias y ciudadanía de las áreas urbana, periurbana y rural a nivel nacional. El detalle de los eventos educativos realizados se resume en la siguiente tabla:
Tabla N°11: Eventos educativos desarrollados durante el 2011
Evento educativo Área Geográfica N° de asistentes
15 ciclos educativos Urbana 6281 ciclos educativos Periurbana 227 ciclos educativos Rural 30945 talleres educativos Urbana 1.8808 talleres educativos Periurbana 30748 talleres educativos Rural 2.1248 sesiones informativas Urbana 1272 sesiones informativas Periurbana 3625 sesiones informativas Rural 686
Público
Servidores Públicos
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XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
13 ciclos educativos Urbana 3481 ciclo educativo Rural 4218 talleres educativos Urbana 1972 talleres educativos Periurbana 12315 talleres educativos Rural 78519 sesiones informativas Urbana 3.5858 sesiones informativas Rural 2.480 9 ciclos educativos Urbana 2831 ciclo educativo Periurbana 4627 talleres educativos Urbana 1.43912 talleres educativos Periurbana 6017 talleres educativos Rural 29812 sesiones informativas Urbana 3703 sesión informativa Rural 1224 talleres educativos Rural 8274 sesiones informativas Rural 7793 ciclos educativos Urbana 1176 ciclos educativos Periurbana 1804 ciclos educativos Rural 16083 talleres educativos Urbana 4.34531 talleres educativos Periurbana 5.14667 talleres educativos Rural 2.91551 sesiones informativas Urbana 7657 sesiones informativas Periurbana 34764 sesiones informativas Rural 5.614
Fuente: Adjuntoría de Promoción y Análisis
Asimismo, desde las Representaciones de Cochabamba y La Paz se incorporó la temática de valores y derechos humanos en planes de estudio de dos Escuelas Superiores de Formación de Maestros y 50 Unidades Educativas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, respectivamente. En ambos casos desde la visión y concepción plurinacional de los derechos humanos.
Por otra parte, se conformaron nueve grupos de promotores en derechos humanos, para promover, difundir y educar en derechos humanos tanto en áreas rurales como urbanas. Las oficinas que alcanzaron este cometido fueron: Oficina Nacional, Beni, Cochabamba, Chapare, El Alto, Llallagua, Yungas, Potosí y Riberalta.
Entre otras acciones, se destaca la presencia activa de la Defensoría del Pueblo en los siguientes procesos:
Fuerzas Armadas
Policia Boliviana
Autoridades Originarias
Ciudadanía
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XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
• Participación en el proceso de construcción del nuevo currículo educativo de la Universidad Policial, UNIPOL.
• Elaboración del módulo de capacitación y diseño metodológico sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
• Evaluación de la ejecución del módulo sobre Derechos Humanos como parte del curso básico obligatorio que imparte la Escuela de Gestión Pública Plurinacional.
4.7 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS
En la gestión 2011, se logró culminar con la investigación exploratoria y descriptiva sobre las concepciones y visiones de dos pueblos indígena originario campesinos: aymara y guaraní. Como resultado del trabajo coordinado e integral, se cuenta con un documento que da inicio a la formulación de los mínimos comunes que se pueden considerar en esta materia para la formulación de mensajes comunicacionales sobre interculturalidad, descolonización, autonomía y madre tierra de ambos pueblos.
Otro resultado importante, en el marco del trabajo integral, fue el desarrollo de los análisis de la información estadística de la información registrada en el Sistema de Atención de Quejas, en su transición al Sistema de Servicio al Pueblo.
4.8 LA INFORMACIÓN, BASE FUNDAMENTAL DE LOS PROCESOS DE REFLEXIÓN, INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO
En la gestión 2011, se incrementó el fondo bibliográfico en un 15% respecto de la gestión anterior. De un fondo total de 5.885 libros registrados en la gestión 2010, actualmente se cuenta con 6.293 nuevos registros bibliográficos, sin contar con los documentos, revistas y otros materiales documentales, cuyos resultados se pueden apreciar en el siguiente gráfico:
Gráfico No. 7: Fondo bibliográfico al 2011
Fuente: Adjuntoría de Promoción y Análisis
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XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
En la adquisición bibliográfica se enfatizó temas priorizados por la Defensoría del Pueblo en el marco de las líneas estratégicas institucionales, como la línea “El Rol de la Defensoría en el Estado Plurinacional”, a partir de la cual la oferta informativa se relacionó e incrementó directamente, de ahí que la demanda creció en un 18% respecto a la gestión pasada, según se puede apreciar en el siguiente gráfico:
Gráfico 8: Demanda de información 1999-2011
Fuente: Adjuntoría de Promoción y Análisis
4.9 GESTIÓN Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
El 2011 fue un año importante para el desarrollo institucional de la Defensoría del Pueblo. Durante esta gestión, en el marco de la nueva Constitución Política del Estado, se incorporaron ocho nuevas líneas estratégicas que fortalecieron el Plan Estratégico Institucional 2007-201114, para el logro de los objetivos en su último año de ejecución.
En este contexto, por instrucciones del Defensor del Pueblo, Rolando Villena, la nueva gestión defensorial procedió al diseñó del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016 con la participación activa de los servidores públicos, de manera integral y colectiva en todas su fases. Como resultado de esta labor, el PEI para el próximo quinquenio contempla diversas problemáticas nacionales y regionales y pretende constituirse en el instrumento político y estratégico principal de la institución para coadyuvar en el proceso de construcción del Estado Plurinacional desde los derechos humanos.
Para el cumplimiento de este desafío, se realizaron talleres regionales y talleres nacionales que definieron el marco estratégico de acción institucional, destacándose problemáticas regionales como la trata y tráfico de
14 Plan Estratégico Institucional financiado, bajo modalidad de canasta de fondos, por las Agencias de cooperación de Bélgica, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Suiza, Suecia y el PNUD cuya conclusión estaba señalada al 31 de diciembre de 2011, después de una negociación e intercambio institucional con la Defensoría para continuar la alianza institucional en la defensa y vigencia de los derechos humanos, fue ampliada hasta el 31 de marzo de 2012 para apoyar la búsqueda de financiamiento del nuevo plan estratégico quinquenal 2012-2016.
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XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
personas,; derechos laborales y sociales en las actividades de la zafra, castaña y recursos minerales; derecho a la identidad amazónica; derechos de niños que viven en centros penitenciarios con sus padres; derechos de los bolivianos y bolivianas en el exterior; derechos de la madre tierra y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre los más importantes.
El PEI 2012-2016 contiene la nueva visión, misión, principios, valores y políticas institucionales, describe los lineamientos de sus tres Programas Estratégicos y 29 proyectos planificados para su ejecución a corto, mediano y largo plazo.
Como parte de este proceso participativo y de construcción colectiva, la elaboración del documento del Diagnóstico Integral Institucional fue fundamental. Al igual que en el PEI, en esta labor se contó con la participación de todo el personal de la institución con el fin de diagnosticar las actuales condiciones institucionales internas y las tareas que se hacen necesarias, para encarar de manera efectiva el mandato constitucional en el actual contexto nacional. En esta dimensión, se examinaron y analizaron las nuevas estrategias relacionadas al relacionamiento, enfoque, visión política, abordaje, atributos, criterios y otros que la institución debe desarrollar para consolidar el cambio necesario con miras a establecer su nuevo mandato constitucional y contribuir en la construcción del Estado Plurinacional. Es un documento que identifica las necesidades institucionales de cambio, tanto en las acciones defensoriales como en la estructura misma, con el fin de mejorar el ámbito de intervención en el próximo quinquenio.
4.9.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Durante la gestión 2011, la Secretaría General formó parte de los procesos de construcción colectiva de instrumentos, como normas, procedimientos, herramientas, entre otros, que sentarán las bases de la nueva Defensoría del Pueblo en el próximo quinquenio. Esta iniciativa, permitió al personal del área administrativa, no sólo conocer de cerca el accionar de otras áreas y unidades, sino también plantear propuestas y alternativas complementarias desde una mirada técnico – administrativa.
En primera instancia, a través de un equipo integral, se elaboró el Plan de Capacitación para los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, cuyas líneas generales estuvieron orientadas al desarrollo del talento humano desde una perspectiva de generación de conciencia sobre la necesidad de un trabajo conjunto en la construcción del nuevo Estado Plurinacional.
En este sentido, a través de un convenio con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, se logró capacitar a un 61% de los servidores púbicos de la Defensoría del Pueblo en el curso de la Nueva Gestión Pública15.
Otro elemento importante del Plan de Capacitación radicó en la organización de conversatorios con representantes de sectores vulnerables de la población con los que la Institución trabaja de manera cercana,
15 Cuenta con siete módulos con una duración de 10 horas académicas por módulo. Las temáticas tratadas en este curso fueron: i) La Nueva Constitución Política de Estado; ii) Ética en el Servidor Público; iii) Valores y DDHH en el Servidor Público; iv) Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; v) Descolonización de Estado; vi) Gestión Intercultural; y vii) Gobiernos Autónomos.
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XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
como es el caso de personas con discapacidad o representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Estos eventos, caracterizados principalmente por la generación de un diálogo fluido con los actores, permitieron sensibilizar a los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, sobre las temáticas con las que trabajan las diferentes áreas, a través del conocimiento directo y vivencial de estos sectores.
Es importante destacar, en el marco del trabajo integral, el diseñó y redacción de la nueva “Política de Gestión Integral, Intercultural y Descolonizadora del Talento Humano de la Defensoría del Pueblo”. El documento tiene el objetivo principal de establecer las directrices y lineamientos institucionales generales de gestión que permitan contar en la Defensoría del Pueblo con servidores públicos con una sólida formación política en derechos humanos, cuyas funciones guarden concordancia con los nuevos valores y principios institucionales, orientando su accionar hacia una verdadera Gestión Plurinacional Defensorial.
Para este propósito, la política cuenta con ocho ejes de acción, con los cuales se pretende alinear las funciones específicas del talento humano de la Institución, adecuados a los nuevos desafíos definidos en el PEI 2012–2016. Por otra parte, establece una serie de enfoques a ser transversalizados en los diferentes instrumentos normativos y procedimentales internos, como es el caso del enfoque de género, generacional y discapacidad.
En el ámbito operativo, se mejoró el servicio en temas administrativos a través del apoyo, participación y capacitación a las diferentes áreas y unidades de la institución, así como en el caso de la asignación presupuestaria de recursos financieros adicionales, donde se priorizaron las necesidades de las Representaciones Departamentales y Mesas Defensoriales.
4.9.2 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En este acápite se presenta la síntesis del relacionamiento institucional desarrollado en la gestión 2011 con organismos internacionales que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos y brindaron apoyo a las iniciativas de la Defensoría del Pueblo en el cumplimiento de su mandato constitucional.
Se trabajó con el programa Ventana de Paz, conjuntamente la Cooperación Española, para promover el fortalecimiento de la Unidad de Prevención y Atención de Conflictos a través del PNUD. Paralelamente, el Programa de Niñez y Adolescencia contó con el apoyo de UNICEF, en ese mismo cometido. Asimismo, a objeto de contar con un estudio sobre el feminicidio en Bolivia, se suscribió una línea de colaboración con el Programa ComVoMujer de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, realizándose un Informe Defensorial sobre la situación del feminicidio en Bolivia. Finalmente, se suscribió un convenio con Help Age para establecer mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucionales que garanticen el trabajo conjunto en la difusión, defensa y seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas sobre los derechos de las Personas Adultas Mayores.
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XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
Sostenibilidad institucional
La institución es una entidad que pretende proyectarse de manera sostenible en el tiempo y en las áreas urbanas, rurales y periurbanas, cumpliendo el mandato de la Constitución Política del Estado. En este sentido, en la gestión 2011 se elaboró una política de financiamiento que será complementada con un plan de sostenibilidad institucional sustentada por: Los recursos humanos, los recursos financieros, y la apropiación de la misión institucional.
Relacionamiento institucional
Con el objetivo de intercambiar experiencias y lecciones aprendidas del rol de las Defensorías del Pueblo, el titular de la institución, Rolando Villena Villegas, participó como expositor en el Seminario Internacional: “El Defensor del Pueblo. Instrumento para afianzar el Derecho y la Democracia”, evento organizado por el Instituto Latinoamericano de Ombudsman y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Como resultado del encuentro, se suscribió un Acta de Entendimiento entre la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y con las defensorías de Escobar, La Matanza, Avellaneda, Pilar y Vicente López, en la línea de contar con un marco interinstitucional que permita desarrollar iniciativas o actividades que beneficien a la comunidad boliviana, en materia de documentación y restitución de derechos.
4.10 EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LA GESTIÓN
La ejecución física-financiera de la gestión 2011, realizada sobre la base del cálculo de indicadores a partir del análisis comparativo entre metas programadas y resultados alcanzados, se detalla en la siguiente tabla. Cabe mencionar que la gestión 2011, la institución arrastró limitaciones presupuestarias a lo largo gestiones pasadas que derivaron en varias medidas de ahorro y austeridad institucional.
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA,INVESTIGACIONES DE OFICIO YACTUACIONES URGENTESORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA
INICIATIVAS LEGISLATIVAS, NORMATIVAS Y RECURSOS CONSTITUCIONALES
OBJETIVO DE GESTIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Por ProyectosEJECUCIÓN FÍSICA - FINANCIERA DEL POA 2011
OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): La Defensoría del Pueblo protege y logra la restitución de los derechos vulnerados de la población afectada en el marco de la CPE, Leyes e instrumentos internacionales
PROTECCIÓN YRESTITUCIÓN DEDERECHOS DE LACIUDADANÍA
PRESUPUEST. EJECUT SALDO
7,30%7,67%
7.41%7,67%
95,16% 96,60% 10.797.803,68 10.430.966,76 366.836,92 El restante 4,84% no alcanzado en la ejecución física es porque no se realizó seguimeintoal total de las recomendaciones emitidas de IO.
0.87%0.87%
0,63%0,87%
100,00% 72,41% 145,00 105,00 40,00 Sin observaciones, se alcanzó el 100% de ejecución física.
3.84%3,96%
3.90%3,96%
96,88% 98,59% 666.033,00 656.666,57 9.366,43 El restante 3.12% no alcanzado en la ejecución física, es explicado porque no se logrósolucionar antes de la demanda los 23 casos que se admitieron. Se subsanó el derechoen 18 casos, lo cual constituye el 78%.
OBSERVACIONES% EJEC. FÍSICA
MONTO% EJEC. FINAN.
EJEC.FÍSICA
Base 100
EJEC.FINAN.
Base 100
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Por ProyectosEJECUCIÓN FÍSICA - FINANCIERA DEL POA 2011
OBJETIVO ESTRATÉGICO (1): La Defensoría del Pueblo protege y logra la restitución de los derechos vulnerados de la población afectada en el marco de la CPE, Leyes e instrumentos internacionales
DEFENSORÍA DEL PUEBLOEJECUCIÓN - FINANCIERA DEL POA 2011
POR PROYECTOS
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XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
ARTICULACIÓN DE LA DEMANDA SOCIALDE GRUPOS VULNERABLES
SEGUIMIENTO A POLÍTICAS DE ESTADOEN DERECHOS HUMANOS.
ASUNTOS Y CASOS DE AGENDANACIONAL SOBRE TIERRA Y TERRITORIO.
EL ROL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLOEN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DELESTADO PLURINACIONAL NACIENTE
DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
DERECHO AL AGUA COMO DERECHOHUMANO
RECURSOS NATURALES Y DERECHOSHUMANOS
PROCESOS AUTONÓMICOS Y DERECHOSHUMANOS
ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO A POLÍTICAS DE ESTADO EN DERECHOS
HUMANOS, PARA POBLACIONES CON MAYOR
VULNERACIÓN EN SUS DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO (2): La Defensoría del Pueblo articula la demanda social, gestiona su incorporación en la Agenda Gubernamental y efectúa el seguimiento respectivo en temas de derechos humanos y temáticas prioritarias vinculados a grupos de población conderechos humanos más vulnerados.
OBJETIVO ESPECÍFICOOBJETIVO DE GESTIÓN
PRESUPUEST. EJECUT SALDO
1,12%1,21%
1,10%1,21%
92,31% 90,88% 2.281.720,12 2.073.588,00 208.132,12 El restante 7,69% no fue alcanzado en la ejecución física debido a que no se participo enel 70% de los equipos integrales que se promovieron en la institucion, para laimplementacion de las nuevas lineas estrategicas.
0,56%0,56%
0,52%0,56%
100,00% 92,57% 126.491,88 117.093,11 9.398,77 Sin observaciones, se alcanzó el 100% de ejecución física.
0,56%0,56%
0,52%0,56%
100,00% 92,98% 205.173,00 190.761,78 14.411,22 Sin observaciones, se alcanzó el 100% de ejecución física.
4.57%6,25%
5,69%6,25%
73,13% 91,10% 2.031.913,75 1.849.270,87 182.642,88 El restante 26.87% no alcanzado en la ejecución física es explicado porque la APAE norealizó análisis de coyuntura permanente.Además, porque no se pudo concluir la propuesta de Ley de la Defensoría del Pueblo. Seespera concluir con la norma la gestión 2012.
2,14%2,33%
2,07%2,33%
92,00% 88,73% 500.169,50 443.803,57 56.365,93 El restante 8% no alcanzado en la ejecución física es explicado porque la Defensoría delPueblo realiza acciones defensoriales sobre el derecho a medio ambiente sano
0,00%0,28%
0,24%0,28%
0,00% 85,23% 15.603,00 13.299,00 2.304,00 No se cuenta con una política institucional e iniciativas en las distintas regiones sobre eluso, acceso, administración, manejo, distribución del agua como fuente de vida de lamadre tierra, sólo se ha hecho seguimiento al cumplimiento de las RecomendacionesDefensoriales de la Resolución Nº RD/LPZ/000012010/DH "Situación de los DerechoshUmanos de los habitantes de las riberas del rio pilcomayo en el Departamento deChuquisaca, producto de la contaminación de la Industria Minera".
0,47%0,47%
0.10%0,47%
100,00% 20,33% 4.207,50 855,50 3.352,00 Sin observaciones, se alcanzó el 100% de ejecución física.
0,28%0,84%
0.80%0,84%
33,33% 94,93% 135.459,50 128.589,75 6.869,75 El APAE no realizó la evaluación de dos indicadores para Objetivo Especifico. Sólo se Setrabajó un documento sobre politica institucional denominado "Autonomia y DerechosHUmanos".
% EJEC. FÍSICA
% EJEC. FINAN.
OBSERVACIONES
OBJETIVO ESTRATÉGICO (2): La Defensoría del Pueblo articula la demanda social, gestiona su incorporación en la Agenda Gubernamental y efectúa el seguimiento respectivo en temas de derechos humanos y temáticas prioritarias vinculados a grupos de población conderechos humanos más vulnerados.
EJEC.FISICA
Base 100
EJEC.FINAN.
Base 100
MONTO
ATENCIÓN DE CONFLICTOSSOCIALES RELACIONADOSCON DDHH
GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES
PROMOCIÓN EN VALORES, DERECHOSHUMANOS Y DEFENSOR DEL PUEBLO.
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN LOSÁMBITOS URBANO Y RURAL.
EDUCACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS ENLOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL.
EDUCACIÓN A LA CIUDADANÍA EN LOSÁMBITOS URBANO Y RURAL.
EDU - COMUNICATIVO ENVALORES, DERECHOSHUMANOS Y DELDEFENSOR DEL PUEBLO
OBJETIVO DE GESTIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO
OBJETIVO DE GESTIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO (4): Promover, a partir de acciones integrales de información, comunicación y educación, la consolidación de una cultura de derechos humanos con un enfoque pluriétnico, multicultural y plurilingüe, en los ámbitos urbano y rural.
OBJETIVO ESPECÍFICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO (3): La Defensoría del Pueblo promueve el respeto y la defensa de los derechos humanos de la población en situación de conflictos sociales.
PRESUPUEST. EJECUT, SALDO
12,50%12,50%
8.31%12,50%
100,00% 66,46% 795.659,40 528.758,90 266.900,50 Sin observaciones, se alcanzó el 100% de ejecución física.
PRESUPUEST. EJECUT SALDO
4.46%4,46%
3.99%4,46%
100,00% 89,43% 885.064,58 791.515,26 93.549,32 Sin observaciones, se alcanzó el 100% de ejecución física.
3.68%4.46%
2.88%4.46%
82,50% 64,66% 246.818,00 159.595,30 87.222,70 El restante 17.50% no alcanzado en la ejecución física es explicado por:* No se implementó la politica de prensa.* No se publicó ninguna investigación referida a concepciones y visiones de naciones y pueblosindígenas originarios campesinos sobre Derechos Humanos.* De 10 documentos de análisis y diagnósticos en materias de interés de la Defensoría del Pueblo,se publicaron 5.
1.57%1,79%
1.46%1,79%
87,50% 81,36% 354.570,45 288.471,36 66.099,09 El restante 12.50% no alcanzado en la ejecución física es explicado por la acefalía de casi 6meses en el cargo de Capacitador en Derechos Humanos para FFAA y Policía que no permitióelaborar ni aprobar el reglamento para funcionamiento de Jefaturas Departamentales DDHH, en laPolicía Boliviana.
1.55%1,79%
1.58%1,79%
86,38% 88,34% 86.252,00 76.192,91 10.059,09 El restante 13.62% no alcanzado en la ejecución física es explicado por:* No se tiene el dato de personas capacitadas en el área rural, especialmente porque las oficinasregionales no discriminaron en el informe entre área rural y área urbana.* No se alcanzó la meta programada de personas capacitadas en el área rural y periurbana.
MONTOEJEC.FISICA
Base 100
EJEC.FINAN.
Base 100
OBSERVACIONES
% EJEC. FÍSICA
% EJEC. FIN.
MONTO
% EJEC. FIN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO (4): Promover, a partir de acciones integrales de información, comunicación y educación, la consolidación de una cultura de derechos humanos con un enfoque pluriétnico, multicultural y plurilingüe, en los ámbitos urbano y rural.
OBSERVACIONES
% EJEC. FÍSICA
EJEC.FINAN.
Base 100
EJEC.FISICA
Base 100
OBJETIVO ESTRATÉGICO (3): La Defensoría del Pueblo promueve el respeto y la defensa de los derechos humanos de la población en situación de conflictos sociales.
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XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
RECURSOS HUMANOS, COORDINACIÓN YASESORÍA.
PROCESOS INTERNOS Y COBERTURA DESERVICIOS.
PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO YMONITOREO.
SISTEMAS DE INFORMACIÓNADMINISTRATIVOS Y GERENCIALES.
RECURSOS FINANCIEROS
GESTIÓN INSTITUCIONAL PLURINACIONAL
FORMACIÓN POLÍTICA CON VISIÓN YCONCEPCIÓN PLURINACIONAL DE LOSDERECHOS HUMANOS
PROCESO CONSTITUYENTEY DERECHOS HUMANOS
PROCESO CONSTITUYENTE Y DERECHOSHUMANOS
DCP - DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NODISCRIMINACIÓN
DCP - DERECHO A LA INTEGRIDADPERSONAL
DCP - DERECHO DE ACCESO A LAJUSTICIA
DCP - DERECHOS DE LAS PERSONASMIGRANTES
DCP - DERECHO A NO SER SOMETIDO ACONDICIONES DE SERVIDUMBRE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
OBJETIVO DE GESTIÓN
OBJETIVO DE GESTIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO (07) Se ha logrado que el Estado Plurinacional de Bolivia proscriba todas las formas de violación de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y que se establezcan mecanismos institucionales para su efectiva aplicación y moniparte de la Defensoría del Pueblo.
OBJETIVO DE GESTIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO (6) Propuesta de la Defensoría del Pueblo para la Asamblea Constituyente en Materia de Derechos Humanos y temas vinculados.
OBJETIVO ESPECÍFICO
DERECHOS CIVILES YPOLÍTICOS
OBJETIVO ESPECÍFICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO (5) La Gestión Administrativa de la Defensoría del Pueblo responde de manera eficiente y efectiva a los requerimientos internos y externos, desarrollando permanentemente los recursos humanos y los sistemas de organización.
PRESUPUEST. EJECUT SALDO
1.95%2,46%
2.30%2,46%
79,17% 93,70% 2.928.851,50 2.744.256,29 184.595,21 El restante 20.83% no alcanzado en la ejecución física es explicado por:* No se alcanzó la meta programada de servidores públicos que asisten a intercambio deexperiencias.* La Unidad de Auditoria Interna no lleno el indicador del Objetivo Específico.* No se pudo alcanzar la meta de cambiar la relación de personal en la institución sea de 55%funcionarios de planta y el 45% consultores de línea.
0.87%0,87%
0.83%0,87%
100,00% 94,92% 6.545.529,59 6.212.917,17 332.612,42 Sin observaciones, se alcanzó el 100% de ejecución física.
3.12%3,38%
2.91%3,38%
92,42% 85,99% 875.946,50 753.262,64 122.683,86 El restante 7.58% no alcanzado en la ejecución física es explicado por:* No se realizó las verificaciones a los resultados alcanzados al POA 2010 por decisionessuperiores.* Secretaria General no realizó la evaluación de un indicador.
0,51%0,77%
0,72%0,77%
66,67% 93,10% 578.656,00 538.715,81 39.940,19 El restante 33.33% no se alcanzó en la ejecución física debido a que:* No se pudo implementar el Sistema de Seguimiento al PEI.
0,67%0,77%
0,04%0,77%
86,67% 5,01% 2.552.282,56 127.762,19 2.424.520,37 El restante 13.33% no alcanzado en la ejecución física es explicado por:* No se pudo alcanzar la meta de lograr una relación presupuestaria inversa, 60% TGN y 30%recursos de la Cooperación Internacional.
2.15%3,02%
2.79%3,02%
71,19% 92,50% 156.084,00 144.385,49 11.698,51 El restante 28.81% no alcanzado en la ejecución física es explicado por:* No se implementó la nueva estructura organizacional de la Defensoría del Pueblo.* No se implementó la Estrategia de Comunicación e Información Institucional.
1.18%1,23%
1.19%1,23%
95,83% 96,73% 125.635,99 121.530,48 4.105,51 El restante 4.17% no alcanzado en la ejecución física es explicado por:* No se logró capacitar al total de servidores púbicos de la DP en formación política en derechoshumanos.
PRESUPUEST. EJECUT SALDO
12,50%12,50%
11.21%12,50%
100,00% 89,67% 2.372,00 2.127,00 245,00 Sin observaciones, se alcanzó el 100% de ejecución física.
PRESUPUEST. EJECUT SALDO
3,37%
4,81%
4.49%
4,81%
70,00% 93,38% 109.079,00 101.862,00 7.217,00 El restante 30% no alcanzado en la ejecución física es explicado por:* Hubieron resultados que fueron eliminados a nivel de operaciones, pero se mantuvieron a nivelde Objetivos Específcos.
0,48%1,44%
1.34%1,44%
33,33% 92,91% 46.133,00 42.862,85 3.270,15 APAE no realizó la evaluación de algunos indicadores del Objetivo Especifico relacionados con:implementación del Mecanismo de Prevención contra la tortura, elaboración, ajuste y aprobaciónde reglamentos internos de recintos penitenciarios y seguimiento al 60% del Plan de intervenciónsobre la lucha contra el trabajo infantil en la minería de Potosí.
1,44%1,44%
1.30%1,44%
100,00% 90,24% 4.847,00 4.374,00 473,00 Sin observaciones, se alcanzó el 100% de ejecución física.
1,60%1,92%
1.27%1,92%
83,33% 66,21% 40.059,00 26.521,42 13.537,58 El restante 16,67% no alcanzado en la ejecución física es explicado por:* No se pudo implementar un "Plan de protección de bolivianos en el exterior" .
0,00%2,88%
2.87%2,88%
0,00% 99,73% 748,00 746,00 2,00 APAE no realizó la evaluación de los indicadores de este Objetivo Especific relacionados con:seguimiento a las Investigaciones de Oficio sobre: “Posibles estados de Servidumbre,empatronamiento y explotación laboral” en Santa Cruz, Tarija y Pando y cumplimiento a lasRecomendaciones Defensoriales emitidas de la IO: "Servidumbre y Empatronamiento en elChaco" y " Situación de los Derechos Humanos de los Peones en Estancias Ganaderas de Beni ".
OBSERVACIONES
% EJEC. FÍSICA
% EJEC. FIN.
EJEC.FÍSICA
Base 100
EJEC.FINAN.
Base 100
MONTO
EJEC.FÍSICA
Base 100
% EJEC. FIN.
MONTO
EJEC.FINAN.
Base 100
EJEC.FISICA
Base 100
EJEC.FINAN.
Base 100
% EJEC. FÍSICA
% EJEC. FIN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO (07) Se ha logrado que el Estado Plurinacional de Bolivia proscriba todas las formas de violación de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y que se establezcan mecanismos institucionales para su efectiva aplicación y monitoreo por parte de la Defensoría del Pueblo.
OBSERVACIONES
OBJETIVO ESTRATÉGICO (6) Propuesta de la Defensoría del Pueblo para la Asamblea Constituyente en Materia de Derechos Humanos y temas vinculados.
% EJEC. FÍSICA
MONTO OBSERVACIONES
OBJETIVO ESTRATÉGICO (5) La Gestión Administrativa de la Defensoría del Pueblo responde de manera eficiente y efectiva a los requerimientos internos y externos, desarrollando permanentemente los recursos humanos y los sistemas de organización.
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XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
DESC - DERECHO AL TRABAJO
DESC - DERECHO A LA EDUCACIÓN
OBJETIVO DE GESTIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO (08) Se ha logrado que el Estado Plurinacional de Bolivia proscriba las principales formas de violación del derecho al trabajo, a la educación y a un medio ambiente sano, estableciéndose mecanismos institucionales para su efectiva aplmonitoreo por parte de la Defensoría del Pueblo.
TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA - FINANCIERA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
DERECHOS ECONÓMICOSSOCIALES Y CULTURALES
PRESUPUEST. EJECUT SALDO
1.88%1.88%
0,00%1.88%
100,00% 0,00% - - Sin observaciones, se alcanzó el 100% de ejecución física, a pesar de no haber presupuestoasignado para este objetivo.
9,38%10,63%
8.96%10,63%
88,24% 84,31% 192.230,50 162.066,50 30.164,00 El restante 11,76% no alcanzado en la ejecución física es explicado por:No se hizo seguimiento all Ministerio de Educación en la implementación de la estrategia paragarantizar la permanencia de niñas y adolescentes en el sistema educativo
75,44% 86,31% 77,97% 80,42% 33,291,539 28,732,923 4.558.616,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
EJEC.FÍSICA
Base 100
MONTO OBSERVACIONES% EJEC. FÍSICA
% EJEC. FIN. EJEC.FINAN.
Base 100
OBJETIVO ESTRATÉGICO (08) Se ha logrado que el Estado Plurinacional de Bolivia proscriba las principales formas de violación del derecho al trabajo, a la educación y a un medio ambiente sano, estableciéndose mecanismos institucionales para su efectiva aplicación y monitoreo por parte de la Defensoría del Pueblo.
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RESULTADOS A PARTIR DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICASComo parte de la nueva dinámica de trabajo interno, se implementaron las líneas estratégicas, a través de la participación de diferentes servidores públicos en equipos integrales. Las líneas estratégicas priorizadas para la gestión 2011 evidencian logros, fruto del trabajo integral y de construcción colectiva desarrollado por las áreas sustantivas de la institución. A continuación, presentamos un resumen de los logros a partir de cada línea estratégica:
LÍNEA ESTRATÉGICA 1 LOGROS ALCANZADOSEl Rol de la Defensoría del Pueblo en el proceso de construcción del Estado Plurinacional naciente
Ley de la Defensoría del Pueblo Se conformó un equipo integral para elaborar el proyecto de la nueva ley y se analizaron leyes de otras defensorías del Pueblo de la región.Se cuenta con una propuesta preliminar de Proyecto de Ley de la Defensoría del Pueblo, acorde a los lineamientos estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016 y las nuevas competencias que nos demanda la Constitución Política del Estado (CPE).Estrategia de incidencia de políticas públicas desde la visión y concepción de los derechos humanos de los pueblos indígena originario campesinos sobre derechos humanos, interculturalidad, descolonización, autonomía y madre tierra.Se elaboró una propuesta de abordaje sobre la incidencia en políticas públicas desde las visiones y concepciones de las NPIOC sobre derechos humanos, considerando los insumos e información recopilada de los conversatorios regionales desarrollados con los pueblos indígena originario campesinos de las regiones del chaco, andina y amazónica, propuesta que considera la participación de estos actores en las instancias estatales responsables del diseño e implementación de políticas públicas y de otros actores institucionales. Asimismo, se elaboraron dos informes que contemplan las presentaciones, ponencias, prácticas, experiencias y conocimientos sobre proceso autonómico, madre tierra, el agua como derecho humano, justicia indígena originaria campesina, que hicieron las diferentes representaciones de pueblos indígenas y originarios en los conversatorios regionales.También se cuenta con una investigación exploratoria sobre “Visiones y Prácticas de los Pueblos Aymara y Guaraní del Estado Plurinacional de Bolivia sobre Derechos Humanos, Interculturalidad, Descolonización y Madre Tierra”, que permite distinguir, entre otros objetivos, los mínimos comunes así como las diferencias a tomar en cuenta en la elaboración de mensajes comunicacionales en ambos pueblos.
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Análisis de coyuntura En la primera parte de la gestión se desarrolló el análisis mediático diario con el apoyo de un equipo integral cuyo objetivo era distinguir la cobertura mediática de la MAE y desarrollar alertas de acción defensorial de manera oportuna, se conformó un equipo inter-áreas para realizar análisis mediático diario.El análisis refleja sugerencias para una intervención en diferentes escenarios, realizando recomendaciones a nivel departamental y nacional.En el segundo semestre, este equipo fue sustituido con el Equipo de Análisis Integral, que no sólo se centra en el ámbito mediático, sino que además recupera la coyuntura en su perspectiva multidimensional para brindar a la institución recursos estratégicos de acción defensorial.Política institucional sobre la Gestión de ConflictosSe diseñó una política institucional de modelo integral de Gestión de Conflictos Sociales, la cual contiene metodologías de análisis, protocolos y procesos de intervención, sistematización, procesos internos de abordaje y propuesta de procesamiento de información. La misma política cuenta con un Sistema Informático de Conflictos Sociales (SICS) y otro Sistema de Reportes de Alerta Temprana (SRAT).Sistema de Servicio al PuebloUna vez elaborado el documento base del Sistema de Servicio al Pueblo (SSP), como parte del proceso de implementación, se diseñó un mecanismo de socialización mediante talleres con organizaciones sociales y se elaboró un plan de implementación del SSP con su respectivo cronograma de actividades. Se encaró un proceso de redimensionamiento de los clasificadores estadísticos del Servicio de Tención a Quejas (SAQ II), para su transición al SSP, trabajo que fue encarado por un equipo integral conformado por todas las áreas de la institución a través de sus representantes.Como parte del proceso de construcción del SSP, en octubre se realizó un encuentro nacional en la localidad de Huarina, donde se abordaron aspectos operativos para la implementación del sistema desde una perspectiva multidisciplinaria de los participantes. En este evento se dio inicio a la aplicación del plan piloto en las oficinas de Santa Cruz, La Paz y Chuquisaca. Como resultado del evento: las oficinas de Santa Cruz, La Paz y Chuquisaca lograron una cobertura extraordinaria en la atención de casos17. En el ámbito colectivo, la oficina de Santa Cruz identificó el caso de los efectivos policiales del Batallón de Seguridad Física, sobre el goce del derecho a vacaciones que se basa en las quejas que diferentes policías han efectuado por haberles negado el uso de sus vacaciones o descanso anual remunerado por parte del Batallón de Seguridad Física, bajo el argumento de la falta de efectivos para reemplazarlos. La oficina de Chuquisaca, identificó el tema de los privados de libertad, implementándose acciones de coordinación con Defensa Pública para asegurar el derecho a la defensa técnica y procesos de información del estado de los procesos de los internos.Propuesta para la transversalización en las acciones defensoriales del enfoque de género, generacional, étnico, discapacidad, interculturalidad, descolonización, control social, NPIOC y medio ambiente Se elaboró un “plan de trabajo”, que contiene un marco teórico sobre los diferentes enfoques, así como el objetivo, la propuesta de trabajo y las actividades a realizarse para este fin.Para ello, se conformó un equipo integral y se procedió a solicitar a las oficinas regionales la recopilación de experiencias sobre la temática. Una vez sistematizadas las experiencias, se elaboró un documento de análisis sobre los diferentes enfoques a partir de la construcción del nuevo Estado Plurinacional.Finalmente, se elaboró el documento de propuesta de transversalización sobre la base de un marco conceptual de los diferentes enfoques y las experiencias de las oficinas defensoriales. El documento tiene como objetivo establecer los lineamientos generales de priorización de enfoques en los diferentes proyectos previstos para el próximo quinquenio, sobre la base de las categorías transversales de la descolonización y la interculturalidad.
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17 La oficina de La Paz registró 612 casos, de los cuales 415 fueron admitidos, que representan el 67.8%, mientras que fueron orientados 184 casos, representando 30.1%. En el caso de Santa Cruz, se registraron 89 casos, de los cuales fueron admitidos 69 que representan el 77.5%, mientras que fueron orientados 20 casos,
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Política institucional para el abordaje de los derechos humanos en las áreas periurbanas y rurales Se cuenta con un documento de propuesta de Política Institucional para el Área Rural.El proceso comenzó con la elaboración de la propuesta metodológica para construir la política de abordaje en áreas periurbanas y rurales, con base a un diagnóstico preliminar, dos poblaciones rurales, una en la Amazonía y una en el Chaco, para iniciar el relacionamiento institucional con la población, organizaciones sociales y estatales que habitan dichos sectores, a partir de temáticas pre identificada, con el objetivo fundamental de poder atender algunos de dichos problemas y de esta manera afinar sus estrategias de servicio en el área rural.
LÍNEA ESTRATÉGICA 2 LOGROS ALCANZADOS
Gestión Insitucional Plurinacional
Nueva Defensoría del Pueblo estructurada organizacionalmente acorde al Estado Plurinacional Una vez finalizado el Diagnóstico Integral Institucional (DII), la nueva estructura organizacional de la Defensoría del Pueblo está en proceso de rediseño desde Coordinación de Gestión Institucional.Nuevo enfoque/modelo de gestión institucional dentro del Estado Plurinacional.Se elaboró el documento “Bases teóricas para la Construcción de Gestión Pública Institucional Plurinacional” partiendo del concepto de gestión pública occidental con la nueva realidad plurinacional.En función a ello, se estructurará la propuesta de una nuevo enfoque de gestión institucional plurinacional, que forma parte del proceso de descolonización, consistente en una nueva modalidad que articula conocimientos y sistemas de gestión indígena originaria campesina orientada al bien común.Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012 – 2016La Defensoría del Pueblo cuenta con un PEI 2012-2016 elaborado, complementado y difundido a nivel nacional el cual contempla proyectos nacionales y regionales en función a determinadas problemáticas. El plan fue trabajado participativamente siguiendo los lineamientos institucionales de trabajo integral.Estrategia Educomunicativa Plurinacional, Intercultural y Descolonizadora Se cuenta con un documento preliminar trabajado por la Adjuntoría de Promoción y Análisis (APA), que será enriquecido con visiones de las oficinas regionales y será implementado en la gestión 2012.Además, se presentó una propuesta de Gestión de la Información Interna como parte de esta línea estratégica.Política de recursos humanos integral, intercultural defensorial plurinacional Se diseñó y redactó la nueva “Política de Gestión Integral, Intercultural y Descolonizadora del Talento Humano de la Defensoría del Pueblo”, cuyo objetivo principal es establecer las directrices y lineamientos institucionales generales de gestión que permitan contar en la Defensoría del Pueblo con servidores públicos con una sólida formación política en derechos humanos, cuyas funciones guarden concordancia con los nuevos valores y principios institucionales, orientando su accionar hacia una verdadera Gestión Plurinacional Defensorial.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3 LOGROS ALCANZADOSPolítica institucional de recursos humanos interna para la formación política con visiones y concepciones de derechos humanos.La Política de Gestión Integral, Intercultural y Descolonizadora del Talento Humano de la Defensoría del Pueblo toma en cuenta las distintas visiones y concepciones de derechos humanos en su diseño.Se desarrolló la formación política en derechos humanos de los promotores de la institución.El 85% de servidores de la institución fue capacitado en formación política en derechos humanos a nivel nacional. Plan de capacitación sobre la base de las diferentes concepciones y visiones de naciones y pueblos indígenas originario campesinos sobre temáticas de interculturalidad, descolonización y autonomía.El Plan de Capacitación 2011 fue aprobado y difundido a nivel nacional y se desarrollaron eventos de capacitación sobre diversas temáticas, como el curso: “La Nueva Gestión Pública” (Descolonización del Estado, Constitución Política del Estado, Ética en el Servicio Público, Valores y DDHH en el Servicio Público, Transparencia y Lucha Contra la corrupción, Gestión Intercultural).
LÍNEA ESTRATÉGICA 4 LOGROS ALCANZADOS
Procesos Autonómicos y Derechos Humanos
Política institucional sobre procesos autonómicos y derechos humanosSe trabajó el tema de las autonomías indígena originaria campesinas (AIOC) en base a insumos recopilados en Camiri, donde se mantuvieron reuniones con autoridades y representantes del pueblo guaraní, Consejo de Capitanes de Chuquisaca y Consejo de Capitanes de Tarija, ocasión en la que se recopiló información sobre AIOC, Madre Tierra, derecho a la consulta y justicia indígena. Asimismo, se cuenta con la memoria de encuentro sobre Autonomía Indígena Originaria Campesina y Derechos Humanos, producto del encuentro de la región amazónica desarrollado en la ciudad de Riberalta con la participación de representantes de los pueblos indígenas de Pando, Beni, La Paz y servidoras y servidores públicos de la Defensoría del Pueblo. En atención a las conclusiones y recomendaciones de los encuentros regionales en las regiones del chaco boliviano, zona andina y región amazónica de Bolivia, los/as representantes de organizaciones indígena originarias solicitaron a la Defensoría del Pueblo, sirva de interlocutor entre estas y las instancias de Gobierno, para canalizar el apoyo en la implementación de las autonomías indígenas originarias. En este marco se elaboró y fundamentó un Recordatorio de Deberes legales a las autoridades competentes, para que se preste el apoyo correspondiente a las autoridades y representantes de organizaciones indígenas originarias del chaco, zona andina y región amazónica en la implementación de las autonomías indígena originaria campesinas, en el marco de la normativa nacional e internacional vigente.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5 LOGROS ALCANZADOSDerechos de la Madre Tierra Política institucional integral desde las concepciones cosmocéntricas de los derechos de la
Madre TierraLuego de organizar y sistematizar información sustantiva recopilada de organizaciones indígenas originarias sobre concepciones cosmocéntricas de los derechos de la Madre Tierra, se elaboró una propuesta de política sobre Madre Tierra, Pachamama, Loma Santa, Tierra Sin Mal, como instrumento de abordaje y de trabajo para la Defensoría del Pueblo, que pretende complementar las visiones clásicas de los derechos humanos. En tal sentido, no sólo los humanos tienen derechos, sino también los otros seres vivos, situación que permitiría perpetrar una ruptura epistemológica del conocimiento antropocéntrico y sentar las bases de un nuevo conocimiento cosmocéntrico, en el que los derechos de la Madre Tierra se constituyan en el eje articulador de los derechos humanos.Estudio comparativo sobre normativa y jurisprudencia nacional e internacional de protección a la Madre TierraSe elaboró un documento de recopilación normativa y jurisprudencia nacional e internacional de protección de la Madre Tierra, que fue considerado por un equipo integral.Del mismo modo, se sistematizó la información de las oficinas departamentales, especiales y mesas defensoriales sobre normativa generada a nivel regional. El documento de recopilación normativa cuenta con información sobre convenios y tratados internacionales y realiza una revisión de constituciones políticas de Sudamérica. Este documento advierte que la normativa regional en su mayoría es anterior a la promulgación de la Constitución Política del Estado vigente y principalmente a la Ley de Derechos de la Madre Tierra. Para el último trimestre se programó la elaboración de otro documento normativo sobre los derechos de la Madre Tierra, elaborado sobre la recopilación de normas regionales y considerando la normativa nacional e internacional existente, así como la jurisprudencia respectiva, incluyendo las categorías de medio ambiente y recursos naturales.
LÍNEA ESTRATÉGICA 6 LOGROS ALCANZADOSRecursos Naturales y Derechos Humanos
Diagnóstico nacional sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturalesSe cuenta con una propuesta de trabajo denominado: Lineamiento de plan de acción sobre Línea Estratégica Recursos Naturales. El documento muestra la relación entre hombre, naturaleza armónica y destructora, sobre la base de dos estudios regionales realizados por la Defensoría del Pueblo, centrándose en un análisis y valoración desde la mirada de los derechos humanos de experiencias emblemáticas sobre el aprovechamiento legal o ilegal de los recursos naturales para generar ingresos económicos.También se cuenta con el “Perfil de Diagnóstico Nacional Sobre el Consumo y Aprovechamiento de los Recursos Naturales desde el Enfoque de los Derechos Humanos”.Política de intervención institucional sobre el uso racional y responsable de los recursos naturalesSe elaboró el documento de trabajo Estrategia de Intervención Institucional sobre el Consumo Racional y Responsable de los dones de la Madre Tierra desde el Enfoque de los Derechos Humanos.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 7 LOGROS ALCANZADOS
Derecho al Agua como Derecho Humano
Política institucional e iniciativas en las distintas regiones sobre el uso, acceso, administración, manejo y distribución del aguaUna vez finalizado el perfil para la política institucional, se realizó un conversatorio sobre el derecho al agua como derecho humano invitando a las instancias del Organismo Sectorial Competente (Ministerio de Medio Ambiente y Agua) a dar a conocer sobre sus atribuciones, competencias y proyectos sobre acceso y gestión del agua en y con pueblos indígenas. En este evento además participaron las direcciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, de Riego y Manejo de Cuencas.Con esta información, se diseñó una propuesta de Política sobre el Agua como Derecho Humano, como Instrumento de Abordaje y de Trabajo Institucional, que podría servir como referencia a las Representaciones y mesas defensoriales.Finalmente, se establecieron tres agendas y estrategias de trabajo suscritas entre representantes de organizaciones indígenas del chaco, zona andina y región amazónica sobre temas referidos al agua como derecho humano, Madre Tierra, proceso autonómico y otras temáticas.
LÍNEA ESTRATÉGICA 8 LOGROS ALCANZADOS
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)
Políticas institucionales sobre derecho a la educación y derecho a la salud Se cuenta con documentos de propuesta de política sobre educación y salud, donde se propone un plan de elaboración y un marco teórico.Los documentos serán complementados por los equipos integrales durante la gestión.
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PERSPECTIVA REGIONALEn la gestión 2011, las oficinas defensoriales a nivel departamental y regional realizaron su labor en el marco de las líneas institucionales priorizadas en el Plan Estratégico Institucional 2007-2011, cuyos principales logros y contribuciones en la promoción, vigencia, divulgación y defensa de los derechos humanos, se resumen a continuación:
REPRESENTACIÓN DEPARTAMENTAL DE ORURO
Como resultado de la alianza estratégica con la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Oruro, se logró producir y difundir seis programas televisivos sobre derechos humanos y tres programas sobre actividades institucionales por el canal 36 Comunicación Televisión.
Por otro lado, en el marco del seguimiento al Plan Nacional de Igualdad e Equiparación de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, se promovió que la Jefatura Departamental de Trabajo realice acciones pertinentes para la implementación de la inamovilidad laboral y la permanencia de un 4% de personas con discapacidad en las entidades públicas.
Respecto a los procesos autonómicos, se logró el involucramiento, la articulación y organización de las poblaciones con mayor vulneración en sus derechos, a objeto de que participen en la elaboración de las Cartas Orgánicas en los municipios de Huanuni, Poopó, Challapata, Antequera, Salinas de Garci Mendoza y Machacamarca.
En ese mismo contexto, se presentaron las propuestas de la Plataforma de la Niñez y Adolescencia, Plataforma de Mujeres, Mesa técnica e Privados de Libertad y Mesa técnica de los Adultos Mayores para su incorporación en el Estatuto Autonómico Departamental.
Finalmente, se trabajó con la nación Jatún Quillacas Asanajaqi sobre la temática sobre pluralismo jurídico. Esta labor permitió conocer que en el principal problema de las comunidades originarias es el acceso y distribución de la tierra y el agua, circunstancia que motiva inconvenientes tanto judiciales como sociales; por consiguiente su abordaje desde el punto de vista cultural y social es importante.
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REPRESENTACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
Con relación a la gestión de conflictos, se desplegaron varios equipos de trabajo en coordinación con la Mesa Defensorial de Caranavi, para verificar las condiciones en las que se encontraban los marchistas en defensa del TIPNIS y posibilitar ayuda humanitaria con la entrega de alimentos, medicamentos y vestimenta. Una vez que arribaron a La Paz, se canalizó la ayuda de la población con la provisión de frazadas y colchones a los marchistas que instalaron una vigilia en la Plaza Murillo.
En el marco del trabajo integral y con la cooperación de las oficinas de El Alto y Oruro, se asistió a la zona del megadeslizamiento con una brigada de apoyo a las personas damnificadas, que brindó la atención necesaria tanto a adultos mayores, niños, como a personas con capacidades diferentes, mujeres y otros. Al mismo tiempo, se canalizó la dotación de insumos para cubrir las necesidades básicas como agua, alimentación y vestido, además de la instalación de campamentos en las zonas afectadas, luego de coordinar con autoridades de Estado y empresas privadas que prestan servicios públicos y con entidades internacionales de cooperación.
La problemática de los privados de libertad del Centro Penitenciario de San Pedro demandó el trabajo coordinado con el Ministerio Público, Poder Judicial, Viceministerio de Régimen Interior, Dirección General de Régimen Penitenciario, Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, Policía Boliviana y delegados de los internos. La Defensoría del Pueblo, se constituyó en el referente de esta temática en el incremento del pre diario.
Por otro lado, en el marco de las líneas estratégicas, se implementó el Plan Piloto del Sistema de Servicio al Pueblo, que busca intervenir y dar atención a todas las quejas presentadas en nuestra oficina y relevar las mismas en temáticas de proyección colectiva. Como otro resultado interesante, el número de casos registrados y admitidos se incrementó notablemente, con relación a los casos de orientación.
Respecto a la problemática de trata y tráfico de niños, niñas y adolescentes se realizaron talleres sobre protección integral, atribuciones y protección constitucional de esta población vulnerable, además de los Servicios Legales Integrales Municipales.
Del mismo modo, en el marco del seguimiento a las Resoluciones Defensoriales, ante una queja contra el Seguro Social Universitario, se posibilitó la emisión de la Resolución Administrativa del Instituto Nacional de Seguros de Salud No. 137/2011, que determina que los cónyugues puedan proceder a la afiliación al seguro social a corto plazo sin pagos adicionales.
Finalmente, se emitieron las primeras Resoluciones Defensoriales dirigidas a los colegios Alemán e Instituto Americano en su calidad de instituciones educativas privadas que prestan servicios públicos a la población.
REPRESENTACIÓN DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ
Durante la gestión 2011, la Representación Departamental de Potosí conformó un mecanismo de articulación institucional denominado “Colectivo Derechos Humanos y Autonomías”, a partir del cual se consolidaron dos
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alianzas estratégicas, una con la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental y otra con el Concejo Municipal de Potosí, para coadyuvar en el proceso autonómico en dos fases. La primera fase apunta a una socialización y apertura de espacios diversos para el empoderamiento; la segunda fase propone remitir recomendaciones sobre normativa puntual de protección a poblaciones vulnerables y medidas de acción afirmativa.
Respecto a la problemática sobre trata y tráfico de personas en la jurisdicción de Potosí, se realizaron dos acciones defensoriales que merecieron la articulación con autoridades locales e instituciones que trabajan en el tema.
El 23 de agosto, en una reunión interinstitucional sostenida en el salón de Los Espejos de la Gobernación Autónoma de Potosí, a sugerencia del Representante Departamental, se conformó la Red Interinstitucional contra los Delitos de Trata y Tráfico de Personas, a la cabeza de la Fiscalía de Distrito, Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), la Defensoría del Pueblo y más de 35 instituciones públicas y privadas, con el objetivo de prevenir, con acciones específicas, situaciones que generen trata y tráfico, principalmente de niñas, niños y adolescentes; la atención en situaciones en que se haya generado el delito, haciendo investigación y persecución penal; la protección a las víctimas del delito y acciones de fortalecimiento en fronteras en las ciudades o localidades consideradas rutas de origen, tránsito y destino del delito de trata y tráfico de personas. El 8 de noviembre en la ciudad de Villazón, se creó la Red de Frontera de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas.
Al respecto, cabe puntualizar que en la gestión 2011, la justicia dictaminó en el municipio de Villazón una de las primeras condenas por el delito de trata de seres humanos (10 años de privación de libertad), como consecuencia del proceso instaurado por el Ministerio Público contra la ciudadana V.F.B., quien habría vendido en la suma de Bs. 5.000 a su hija de 1 año y 5 meses de edad. Si bien esta sentencia se constituye en un precedente para la sanción de este delito, no se puede asegurar que hubieren disminuido los casos de Trata y tráfico de personas en la región, no se tiene un sistema de datos sobre el registro de salidas y retornos de migrantes al exterior. Sin embargo, es importante destacar la puesta en marcha de mecanismos y redes conformadas que vienen realizando labores de prevención y capacitación en Potosí y Villazón, además de la muestra de interés de los municipios de Tupiza y Uyuni para integrarse y conformar redes de lucha contra la trata y tráfico de personas.
REPRESENTACIÓN DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
Desde la gestión de conflictos desarrollada en la región, se destaca la consolidación de la mesa de diálogo entre pobladores de Villa Candelaria y comunarios de la localidad de Colomi como mecanismo permanente de evaluación a la gestión del Alcalde y los concejales.
Por otra parte, se desarrolló por primera vez una Acción Constitucional interpuesta y defendida, lográndose la interposición de la misma para exigir la vigencia del derecho al debido proceso en la instancia administrativa.Del mismo modo, se procedió en el caso de otra interposición de Acción de Amparo Constitucional para
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exigir la vigencia del derecho a la vida y la salud, lográndose que la resolución emitida beneficie no sólo al peticionario, sino a la colectividad de personas que se les restringe el acceso a la seguridad social en la Caja Nacional de Salud por enfermedad crónica, por constituirse línea jurisprudencial Constitucional.
Respecto de los derechos de las personas privadas de libertad, se coordinó la conformación de la Comisión Interinstitucional, un espacio preventivo de posibles conflictos que afecten sus derechos humanos y también se desarrollaron acciones defensoriales en el Centro Penitenciario de San Antonio que derivaron en una investigación de la Dirección de Investigación Policial Interna, luego de identificarse agresiones a los internos por parte de los delegados de disciplina.
Finalmente, las siguientes acciones defensoriales también se distinguen por su impacto:
• Resolución Defensorial que impide la retención de certificados de defunción y cobro por unidades de sangre y garantiza la vigencia del principio de gratuidad en el Seguro Universal Materno Infantil.
• La suscripción de un convenio con los gobiernos municipales de Cercado, Quillacollo y Colcapirhua para garantizar el acceso a la salud de las personas adultas mayores.
• Constitución del Observatorio de Acceso a la Salud para articular las demandas de la sociedad civil con los servicios de las instituciones estatales que trabajan en el ámbito de la salud y desarrollar el “control social” a los mismos, a fin de garantizar una atención de calidad y calidez.
• Cierre del botadero clandestino de la laguna Corani.
REPRESENTACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
Además de alcanzar el reposicionamiento de la imagen y credibilidad institucional en el departamento, el informe de evaluación de la Resolución Defensorial sobre servidumbre y empatronamiento, revela un nuevo contexto de la situación de los derechos humanos en el chaco chuquisaqueño.17
En otro ámbito, la reiteración de la problemática de contaminación del río Pilcomayo en la agenda pública regional, a través de un conjunto de acciones interinstitucionales tales como verificaciones, foros, socialización de la Resolución Defensorial y difusión mediática, permitió distinguir este problema relacionado directamente con el cuidado del medio ambiente.
17 Este documento identifica, entre otros aspectos: • La disminución considerable de la cantidad de familias guaranís en condiciones de servidumbre y empatronamiento. • Mejoría de las condiciones laborales, pero al mismo tiempo surgen otras prácticas que facilitan la explotación laboral. • La problemática de Servidumbre y empatronamiento aún persiste y el Estado no ha asumido de manera seria la erradicación de esta forma de
violación de los derechos humanos.• El escaso avance en las políticas de reconstitución territorial del Pueblo guaraní.
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XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
En atención a las personas privadas de libertad, la conformación del Consejo Penitenciario Ampliado, permitió el abordaje integral de la problemática penitenciaria (hacinamiento, prediarios, servicios básicos deficientes, infraestructura, equipamiento, dilación de procesos judiciales).
Con relación al ámbito educativo, en coordinación con la Dirección Departamental de Educación, la Dirección Distrital de Educación y las unidades militares acantonadas en Sucre (Liceo Militar, Regimiento de Infantería Nº 2 “Sucre” y Batallón de Ingeniería V), se conformó un equipo de 60 capacitadores y una campaña sobre derechos humanos.
En el ámbito municipal, especial mención merece la emisión de recordatorios de deberes legales ante el cierre intempestivo de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre y sobre la deficiente infraestructura de unidades educativas en este departamento.
Con el propósito de velar por la vigencia de los derechos de las personas adultas mayores, se promovió el cierre de centros geriátricos que no cumplían las condiciones mínimas de funcionamiento y la emisión de un reglamento para la apertura y funcionamiento de centros geriátricos privados, desde el Gobierno Municipal de Sucre.
Respecto al abordaje de conflictos, dos casos fueron motivo de la intervención institucional: la búsqueda de consenso para la definición de tarifas de transporte público, y la mediación en el caso del proceso de saneamiento de tierras entre ayllus y sindicatos de Quila Quila.
REPRESENTACIÓN DEPARTAMENTAL DE TARIJA
En el caso de esta Representación Departamental se distingue la contribución en la incorporación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Estatuto Autonómico Departamental; así como la gestión para la promulgación de ordenanzas a favor del colectivo trans, lésbico, gay y bisexual (TLGB), en los municipios de Cercado y Bermejo.
Asimismo, se promovió la conformación de redes de frontera de trata y tráfico de personas en los municipios de Bermejo y Yacuiba.
A partir de la construcción de procesos o espacios colectivos adecuados y sostenibles para realizar un trabajo institucional se incidió en la inclusión del enfoque de derechos humanos en políticas públicas.
Finalmente, se ha contribuido de manera continua y permanente a la investigación defensorial sobre la muerte del Sbtte. Gróver Poma, como consecuencia de agresiones sufridas por oficiales en la Escuela de Cóndores de Bolivia (ESCONBOL) ubicada en la localidad de Sanandita, Yacuiba, realizando gestiones ante el Ministerio Publico, Poder Judicial, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
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XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
REPRESENTACIÓN DEPARTAMENTAL DEL BENI
Por medio del programa radial “Luces de Nuestro Tiempo”, emitido por radio Fides Trinidad, se promovió el respeto de los derechos humanos, las competencias y actividades institucionales.
En la gestión se concluyó el estudio sobre el estado de situación de los derechos humanos del pueblo Tsimané en el departamento del Beni, documento que fue presentado al Gran Consejo Tsimané, organizaciones sociales y autoridades municipales de San Borja, a cargo de la oficina nacional y la Representación Departamental del Beni.
En esta línea, se realizaron acciones de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones defensoriales emitidas en la investigación de oficio sobre trabajadores en estancias ganaderas, entre estas acciones se destacan reuniones de seguimiento en las asociaciones de ganaderos de Reyes, Santa Rosa, en la Federación departamental de Ganaderos, así como la verificación en algunas estancias en coordinación con la Jefatura del Trabajo del Beni.
Luego de relevar información sustantiva en las temáticas de derechos humanos, interculturalidad, descolonización, autonomía indígena y Madre Tierra con los pueblos indígenas del departamento del Beni, la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB), Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), Cabildo Indigenal de Trinidad, y la Subcentral Tipnis), se cuenta con un documento en el que se refleja los saberes y concepciones locales.
REPRESENTACIÓN DEPARTAMENTAL DE PANDO
Además de alcanzar el reposicionamiento de la imagen y credibilidad institucional en el departamento, desde esta Representación se distinguen como logros del 2011, tanto la conformación de la Red de Frontera contra Trata y Tráfico, como la conformación de las mesas departamentales de Educación en Derechos Humanos y de Lucha contra el Cáncer Cérvico Uterino.
En el tema de autonomías, se contribuyó en la elaboración e incorporación de la Propuesta Indígena en el Estatuto Autonómico de Pando; así como la facilitación para la suscripción de convenio para la atención legal gratuita de personas adultas mayores en el municipio de Cobija.
REPRESENTACIÓN DE SANTA CRUZ
Desde la Representación de Santa Cruz se incursionó en el área urbana, periurbana y rural con diferentes acciones defensoriales: Sistema de Servicio al Pueblo, capacitaciones en derechos humanos, reuniones de coordinación con autoridades locales, gestión de conflictos, entre las principales, con el objetivo de contribuir a consolidar el nuevo Estado Plurinacional, reforzando el trabajo integral.
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XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
En la gestión 2011, se consolidaron las relaciones interinstitucionales con poblaciones Indígenas a través de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Organización Indígena Chiquitana (OICH), Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano CANOB, Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG), Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB); autoridades municipales y departamentales, y organizaciones de la sociedad civil.
Del mismo modo, se apoyó el proceso de socialización relativa a la elaboración de las cartas orgánicas y estatutos autonómicos desde la visión de los derechos humanos en los ámbitos municipal, indígena y departamental.
En esta gestión se presentó un estado de situación de personas privadas de libertad en diez carceletas de Santa Cruz, además del centro penitenciario de Palmasola.
Con relación a la gestión de conflictos, se logró mediar en distintas ámbitos, entre los que destacan: temas indígenas, salud, transporte, medio ambiente, contaminación, áridos y municipios rurales.
REPRESENTACIÓN ESPECIAL DE EL ALTO
En la problemática de violencia intrafamiliar contra los niños, niñas y adolescentes y mujeres, se incidió de manera decisiva en la creación de nuevos servicios, consiguiéndose además el compromiso del Alcalde Municipal para mejorar el nivel salarial de los profesionales y la realización de contratos por el lapso de un año. Asimismo, que la Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia, consolide su trabajo a pesar del cambio de autoridades e incida y cumpla su rol de exigencia y vigilancia.
Como miembros plenos de la Red de Prevención de Violencia Intrafamiliar de El Alto (RED VIF), se fomentó la participación de todas las instituciones públicas y privadas para actividades de prevención y se alcanzó a diseñar un afiche de la ruta crítica de atención a víctimas de violencia.
Desde esta oficina regional se consiguió que la sociedad civil se apropie de la construcción de propuestas para la elaboración de la Carta Orgánica en este municipio, con un enfoque orientado a la protección de los derechos de las poblaciones vulnerables de adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y niño, niña y adolescente.
Respecto de la problemática de los privados de libertad, se logró que el Gobierno Municipal de Viacha, se comprometa a realizar un proyecto de mejoramiento del camino de ingreso al penal y también del botadero de basura porque los niveles de contaminación son elevados.
Con relación a la lucha contra la trata y tráfico de personas, se conformó la Red de Frontera en la localidad de Desaguadero, la misma que está conformada por instituciones públicas y sociedad civil de Guaqui y Desaguadero. También se logró la construcción de la ruta crítica de atención a víctimas de violencias sexual y comercial, en coordinación con la Mesa Contra la Violencia Sexual y Comercial.
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XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
Por otro lado, como resultado del trabajo coordinado con el Registro Cívico y el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) se coordinó la carnetización gratuita en el municipio de Achocalla.
Finalmente, se destaca la suscripción del convenio con el Consultorio Jurídico Popular de la Universidad Mayor de San Andrés, que permite el acceso de la población de escasos recursos a un patrocinio legal gratuito.
REPRESENTACIÓN ESPECIAL DEL CHAPARE
En el caso específico de la oficina del Chapare, se destaca la gestión desarrollada tanto en el conflicto de agua entre los municipios de Shinahota y Villa Tunari, como en el conflicto por rutas y paradas entre los sindicatos de autotransporte libre “7 de Junio” de Villa Tunari, “8 de Marzo” y “Germán Busch” de Shinahota y “2 de Junio” de Chimoré. En ambos casos, las acciones defensoriales permitieron generar espacios de acercamiento y diálogo con resultados satisfactorios.
También es importante hacer notar que desde esta oficina defensorial se incidió para introducir en la agenda regional, organizacional e institucional el tratamiento y abordaje de las recurrentes acciones de abuso y atropello a los derechos humanos desde las decisiones orgánicas sindicales y su relación con el ejercicio de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina; como también en la restitución de los derechos y garantías constitucionales vulnerados a partir de las decisiones orgánicas sindicales con referencia a sus afiliados y/o beneficiarios de sus propias organizaciones.
MESA DEFENSORIAL DE CARANAVI
El principal logro de esta oficina defensorial se centra en el aporte a la reconstrucción del tejido social y protección de los derechos humanos en Caranavi, a través de la facilitación de canales de diálogo entre gobierno (Policía, Gobernación, Ministerio Público y Gobierno Municipal) e instituciones y organizaciones sociales.
En ese sentido, desde la gestión de conflictos desarrollada, se destaca tanto la actuación defensorial de pacificación en el caso que enfrentó por límites territoriales a las provincias Larecaja y Murillo, como la facilitación para la restitución de derechos laborales de más de doscientos trabajadores de la empresa Global, en el proyecto de construcción y pavimento asfáltico de la carretera entre Santa Bárbara y Caranavi.
Por otro lado, el buen relacionamiento alcanzado con la Federación de Colonizadores de la provincia Caranavi permitió desarrollar e incluir de manera coordinada una propuesta de construcción de concepción de derechos humanos desde las colonias o comunidades interculturales en el PEI quinquenal de esta organización.
MESA DEFENSORIAL DE LLALLAGUADesde esta Mesa Defensorial se logró mediar en el conflicto entre originarios, campesinos y comerciantes de Llallagua víctimas de saqueo a sus tiendas, producto del denominado “gasolinazo” implementado por el gobierno nacional.
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También se participó activamente en el problema de límites entre los municipios de Huanuni y Llallagua, ayllus Huaylluma Tayaquira y Chullpas, que finalizó con la medición y limitación satelital de parcelas in situ, luego de la presencia de técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), personeros del Viceministerio de Tierras y del Ministerio de Gobierno.
En lo que respecta al ámbito de políticas públicas, se elaboró un proyecto para el tratamiento de aguas residuales de la cuenca Pocoata Macha y se impulsó la creación de la Unidad Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad en Llallagua (UMADIS).
Finalmente, con relación a los derechos de los privados de libertad, se impulsó la implementación de un buzón de quejas en el Centro Penitenciario San Miguel de Uncía y se gestionó la apertura de la oficina regional del SEGIP en Llallagua.
MESA DEFENSORIAL PUERTO SUÁREZ
En el marco del relacionamiento interinstitucional orientado a la efectivización del derecho a la identidad, se logró que alrededor de mil personas de los municipios de Roboré, San José de Chiquitos y El Carmen Rivero Torrez y de las comunidades de Rincón del Tigre, Santiago de Chiquitos y Aguas Calientes corrijan sus partidas de nacimiento. Como resultado de esa acción defensorial el total de la comunidad indígena ayorea de Motacucito cuenta en la actualidad con certificados de nacimiento.
En el marco de la línea estratégica Madre Tierra y recursos naturales e intervención en conflictos se promovió la promulgación de la primera Ley Municipal a nivel nacional en materia de medio ambiente, desde el Gobierno Municipal Autónomo de Roboré. Esta norma que surge como respuesta a las demandas de las poblaciones de Roboré y Santiago de Chiquitos para conservar la Reserva de Valle de Tucavaca, ante las amenazas de posibles avasallamientos y dotación de tierras por parte del INRA.
En el caso de las personas adultas mayores, se impulsó la aprobación de ordenanzas municipales en Puerto Suárez y El Carmen Rivero Torrez para el cumplimiento de la Ley 1816.
Finalmente, se destaca el trabajo coordinado con la Cruz Roja Filial Puerto Suárez para orientar la atención de casos vía actuación urgente relacionados con el derecho a la salud (VIH SIDA y Tuberculosis).
MESA DEFENSORIAL DE RIBERALTA
Desde la Mesa Defensorial se impulsó la construcción de dos celdas en el centro penitenciario local, en coordinación con otras instituciones, para favorecer la situación de las personas privadas de libertad.
También se desarrollaron visitas y conversatorios con los pueblos chacobos y cavineños, para generar condiciones de trabajo que optimicen futuras iniciativas de incidencia con ambos sectores indígenas.
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En el POA 2011 se han priorizado las actividades de promoción y difusión para la defensa de los Derechos Humanos de los grupos con derechos más vulnerables como son pueblos indígenas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñez, mujeres así como aquellas instituciones que presentaron mayor denuncia de vulneración de los derechos humanos como la Policía y el sector de Educación.
Se llegó a más de 1.500 personas de manera directa con actividades educomunicativas, especialmente talleres sobre el rol de la Defensoría del Pueblo en la construcción del nuevo Estado Plurinacional. De manera indirecta por los medios de comunicación audiovisuales se ha llegado a la mayoría de la población de Riberalta principalmente en el área rural de la provincia Vaca Diez. Se difundieron programas radiales durante tres meses con una duración de 15 minutos por semana y en los medios televisivos una amplia cobertura durante toda la gestión a través de entrevistas en los programas matinales y espacios informativos para las diferentes actividades; con especial atención durante las visitas frecuente del Defensor del Pueblo a la región y las autoridades nacionales de la Defensoría.
En cuanto a los derechos laborales y sociales de los actores de la cadena productiva de la castaña se ha generado espacios de negociación y análisis entre los actores dando como resultado importantes avances en el reconocimiento de los derechos especialmente de las familias zafreras de la castaña y el compromiso del Estado, el sector privado e instituciones de apoyo de generar políticas para la erradicación progresiva del trabajo Infantil en la zafra de la castaña, que ha generado cerca a los 150 millones de dólares el año 2011, constituyendo uno de los rubros de mayor importancia económica en la región amazónica de Bolivia.
MESA DEFENSORIAL DE YACUIBA
Desde la Mesa Defensorial de Yacuiba, además del trabajo desarrollado con relación al Caso Poma, también se destaca la conformación de la Red Regional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas en Bermejo y Yacuiba.
Mención aparte merecen las acciones conjuntas con el Ministerio de Trabajo sobre derechos laborales, relaciones de servidumbre y trabajo forzoso en Caraparí y Yacuiba, y el trabajo desarrollado para garantizar el abordaje de los derechos humanos en el proceso de elaboración del estatuto autonómico regional.
Asimismo, se ha puesto en marcha un sistema de visitas periódicas a las carceletas de Yacuiba y Villa Montes para hacer vigilancia contra la tortura, tratos inhumanos y degradantes.
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BALANCE Y DESAFIOS INSTITUCIONALES7.1 BALANCE INSTITUCIONAL
En el marco de los logros descritos, es importante identificar las variables más relevantes que incidieron en el desarrollo de las acciones institucionales durante la gestión 2011. A continuación se describe la relación de aspectos internos y externos:
ASPECTOS INTERNOS
Positivos
• El funcionamiento de equipos integrales de trabajo y construcción colectiva de las nuevas líneas estratégicas facilitó el abordaje de los resultados esperados, en temáticas relacionadas con la construcción del Estado Plurinacional desde los derechos humanos.
• El Sistema de Servicio al Pueblo y la nueva orientación institucional respecto al trabajo integral, determinó la reconfiguración de algunas prácticas en la atención de casos.
• El encuentro con las organizaciones de NPIOC, de la región del Chaco y de los Andes, permitió distinguir problemáticas como autonomía y derechos humanos, derechos de la madre tierra, el agua como derecho y justicia comunitaria, entre otras, desde sus visiones y concepciones.
• Fortalecimiento de alianzas interinstitucionales con la Defensoría de la Niñez, Sindicatos, Federaciones, Organizaciones Indígenas, Campesinas, Cívicas, Vecinales.
• Recursos humanos calificados y especializados en temáticas de interés institucional.• Se fortaleció el trabajo defensorial con visión política y no sólo técnica-jurídica en derechos
humanos.• Mejoramiento de las condiciones de trabajo (Internet, movilidades, inmuebles) en algunas
oficinas regionales.• Se promovió estrategias de liderazgo local que permitieron un posicionamiento
institucional positivo, como en los casos de las oficinas de Santa Cruz, Oruro, Beni, Riberalta y Chuquisaca.
C. 7
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Negativos
• Persisten algunas actitudes de resistencia a los nuevos cambios institucionales. • Falta política de comunicación interna que implemente mecanismos de coordinación y
centralice líneas directrices y otras actividades.• Limitaciones presupuestarias limitaron el logro de prioridades institucionales (promoción
masiva)• Mala comprensión del trabajo integral e integrador en algunas representaciones y/o
adjuntorías.• En ocasiones la agenda nacional se prioriza sin tomar en cuenta ni respetar las agendas
regionales. • Necesidad de fortalecer las oficinas regionales con recursos humanos, infraestructura,
equipamiento y otros. • Ausencia de un sistema de seguimiento a las acciones defensoriales que permita medir
logros y resultados.
ASPECTOS EXTERNOS
Positivos
• Amplia predisposición de las organizaciones sociales para la implementación de acciones defensoriales.
• Alianzas estratégicas con instituciones de la sociedad civil y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional.
• Buena cobertura mediática al Defensor del Pueblo en casos de relevancia nacional.• Muchas organizaciones sociales consideran a la Defensoría del Pueblo como su institución
defensora de los derechos humanos y en algunos casos piden ser su articuladora con el Estado.
Negativos
• Si bien se han realizado gestiones con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, no existe predisposición para fortalecer la institución con mayores recursos del Tesoro General de la Nación.
• Ausencia de políticas gubernamentales sobre temas de grupos con mayor índice de vulneración de sus derechos.
• En algunas regiones las contradicciones políticas entre las Gobernaciones, Municipios y Asambleas Departamentales, dificultan la gestión de algunos proyectos y actividades interinstitucionales.
• Constante cambio de autoridades.• La salida de algunos cooperantes de la Canasta de Fondos, principal fuente de financiamiento
de las actividades sustantivas de la DP.
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7.2 DESAFIOS INSTITUCIONALES
La institución defensora de los derechos humanos se planteó metas con base a las nuevas líneas estratégicas que reafirman sus convicciones y compromisos de prestar un servicio efectivo al pueblo. Estos retos forman parte de los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 y el Plan de Desarrollo Económico y Social.
En ese sentido, se identifican los siguientes desafíos institucionales:
• Frente al reto de contribuir en la construcción del Estado Plurinacional, es imperioso fortalecer el trabajo integral del talento humano para conseguir mayores logros.
• Comprometidos con la institución y con la vocación de servicio al pueblo, debe fomentar el conocimiento y la práctica de los valores y principios institucionales para que los servidores y servidoras públicos.
• En el marco del trabajo integral y coordinado, mejorar las instancias de coordinación interna, para que el trabajo sea más fluido y se alcancen logros de manera más rápida y eficiente.
• Para poder encarar de mejor manera procesos en beneficio de la población, debe establecer mecanismos eficaces de seguimiento a todas las acciones defensoriales, identificando avances obtenidos por la institución en diferentes temáticas.
• Con el fin de expandir el trabajo institucional a nivel nacional, cabe priorizar las acciones defensoriales en las áreas rurales, dado que se ha evidenciado que desde la creación de la institución, el trabajo estaba enfocado en ámbitos más urbanos, dejando de lado a la gente que vive en el área rural y necesita que sus derechos humanos sean atendidos y protegidos.
• En el marco de las líneas estratégicas y en los proyectos nacionales o regionales del Próximo PEI 2012-2016, corresponde implementar políticas institucionales con enfoque integral respecto diferentes problemáticas a encararse durante el próximo quinquenio.
• Con el propósito de aportar en la construcción del Estado Plurinacional desde los derechos humanos, amerita involucrar a las oficinas regionales en el trabajo defensorial para que desde sus percepciones y contextos también puedan colaborar con este fin.
• Para cumplir con las agencias de Cooperación, debe llevar a cabo la Evaluación Final de ejecución del Plan Estratégico Institucional 2007 – 2011, es una tarea importante.
• En el marco de la Constitución Política del Estado y como parte del Estado Plurinacional, la Defensoría del Pueblo está llamada a constituirse en actor preponderante desde los
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derechos humanos, en la materialización de la interculturalidad y de la descolonización, pero a su vez, desde la intraculturalidad.
• El Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y las convenciones y declaraciones internacionales ratificadas por el Estado Plurinacional deben servir de orientación al accionar defensorial posibilitado tener avances generales y concretos en el goce y ejercicio de los derechos humanos.
• En el marco de la Constitución Política del Estado donde se establece una gama amplia de derechos humanos, la institución está frente al reto de profundizar los derechos colectivos y derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, desde la mirada de los derechos humanos. Asimismo, por ejemplo, trabajar por el derecho al agua y al alcantarillado, por el derecho a la autonomía y el autogobierno, la elección directa de las autoridades, sus representantes en los distintos niveles del sistema democrático, administrar sus recursos naturales, junto con el reconocimiento oficial de sus entidades territoriales y el derecho a la consulta.
• En el escenario estatal autonómico, “asegurar un proceso autonómico democratizador de derechos” además de que “pueda ser un espacio privilegiado para promover acciones a favor de la interculturalidad, en espacios territoriales concretos”.
• Con el fin de contribuir a la plena realización de la libertad de expresión, defender la libertad de expresión y opinión, de cara a constituirse en un referente claro de este derecho, logro que permitirá posicionar aun más su credibilidad.
• Finalmente, la institución tiene la responsabilidad de enriquecer su independencia ética, solidaria, responsable, honesta, de respeto y de servicio de cara a los órganos del Estado y comprometido con el pueblo; generando espacios que promuevan el diálogo, velando por la paz social, el diálogo en la autonomía funcional, la plena vigencia de los derechos constitucionales y la democracia, buscando a través de la consolidación de los instrumentos democráticos y desde los derechos humanos, contribuir en la construcción del Estado Plurinacional.
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EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA 2011
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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CONTENIDO
PARTE I
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA 2011
Cuadro No. 1: Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento Cuadro No. 2: Ejecución Presupuestaria por Grupo Presupuestario Cuadro No. 3: Ejecución Presupuestaria por Área Funcional Cuadro No. 4: Ejecución Presupuestaria por Unidad Funcional A-B
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 - 2008 - 2009-2010-2011
Cuadro No. 5: Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento 2007-2008-2009-2010-2011Cuadro No. 6: Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto 2007-2008 -2009 -2010-2011Cuadro No. 7: Ejecución Presupuestaria por Área Funcional 2007-2008-2009-2010-2011 Cuadro No. 8: Ejecución Presupuestaria por Oficina 2007-2008-2009-2010-2011
PARTE II
BASKET FUNDING EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Cuadro No. 9: Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto BF Cuadro No. 10: Ejecución Presupuestaria por Area Funcional Cuadro No. 11: Ejecución Presupuestaria por Unidad Funcional BF A-B
DESEMBOLSOS
Cuadro No. 12. Estado de Desembolsos en Dólares Americanos Cuadro No. 13. Saldo en banco y flujo de efectivo al 31 de diciembre 2011
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AREA FUNCIONAL UNIDAD FUNCIONALDespachoAC A. ConstitucionalAI Auditoría InternaAJ Asesoría JurídicaGB GabineteCoordinación de Gestion InstitucionalPM Planificación. Monitoreo y EvaluacionUCI Unidad de Coperacion InternacionalPromoción y AnálisisAN Diagnóstico y AnálisisAP Unidad Nal. De Comunicación y DifusiónCD C. DocumentaciónEC Educación y CapacitaciónProgramas EspecialesAD Actuaciones DefensorialesPE Programas EspecialesAtención a la CiudadaníaSAP S.A. De Adm. Pública y D.H.USA Unidad Nal. De Seguimiento y AnálisisSecretaría GeneralRH Unidad Rec. HumanosUAD Unidad AdministrativaUFI Unidad FinancieraUS Unidad de Sistemas
QLP La PazBEN BeniCBB CochabambaCHP ChapareCHU ChuquisacaELA El AltoLLA LlallaguaORU OruroPAN PandoPOT PotosiPSZ Puerto SuarezRIB RiberaltaSCZ Santa CruzTRJ TarijaYAC YacuibaLYG Yungas
TOTAL NACIONALTOTAL OFICINAS INTERIOR
CUADRO No. 4 AEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR UNIDAD FUNCIONALAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
Expresado en Bolivianos
TOTAL OFICINA CENTRAL
PRESUPUESTO % PRESUPUESTO %VIGENTE EJECUTADO SALDO
2.089.506 6,28% 1.941.954 92,94% 147.552666.033 2,00% 656.667 98,59% 9.366336.194 1,01% 305.156 90,77% 31.038295.050 0,89% 292.737 99,22% 2.313792.229 2,38% 687.394 86,77% 104.835
1.176.824 3,53% 1.089.946 92,62% 86.878982.470 2,95% 899.849 91,59% 82.620194.355 0,58% 190.097 97,81% 4.258
2.116.195 6,36% 1.824.804 86,23% 291.391211.054 0,63% 123.123 58,34% 87.931
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2.550.706 7,66% 2.327.642 91,25% 223.0641.089.216 3,27% 1.055.160 96,87% 34.056
716.295 2,15% 695.048 97,03% 21.247372.921 1,12% 360.112 96,57% 12.809
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712.907 2,14% 646.270 90,65% 66.6371.282.603 3,85% 1.169.740 91,20% 112.8631.491.657 4,48% 1.470.452 98,58% 21.205
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17.026.455 51,14% 16.007.618 94,02% 1.018.83733.291.539 100,00% 28.732.924 86,31% 4.558.616
CUADRO No. 4 AEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR UNIDAD FUNCIONALAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
Expresado en Bolivianos
107
XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
AREA FUNCIONAL UNIDAD FUNCIONALDespachoAC A. ConstitucionalAI Auditoría InternaAJ Asesoría JurídicaGB GabineteCoordinación de Gestion InstitucionalPM Planificación. Monitoreo y EvaluacionUCI Unidad de Coperacion InternacionalPromoción y AnálisisAN Diagnóstico y AnálisisAP Unidad Nal. De Comunicación y DifusiónCD C. DocumentaciónEC Educación y CapacitaciónProgramas EspecialesAD Actuaciones DefensorialesPE Programas EspecialesAtención a la CiudadaníaSAP S.A. De Adm. Pública y D.H.USA Unidad Nal. De Seguimiento y AnálisisSecretaría GeneralRH Unidad Rec. HumanosUAD Unidad AdministrativaUFI Unidad FinancieraUS Unidad de Sistemas
QLP La PazBEN BeniCBB CochabambaCHP ChapareCHU ChuquisacaELA El AltoLLA LlallaguaORU OruroPAN PandoPOT PotosiPSZ Puerto SuarezRIB RiberaltaSCZ Santa CruzTRJ TarijaYAC YacuibaLYG Yungas
TOTAL NACIONALTOTAL OFICINAS INTERIOR
CUADRO No. 4 BEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR UNIDAD FUNCIONALAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
Expresado en Dólares Americanos
TOTAL OFICINA CENTRAL
PRESUPUESTO % PRESUPUESTO %VIGENTE EJECUTADO SALDO
304.593 6,28% 283.084 92,94% 21.50997.089 2,00% 95.724 98,59% 1.36549.008 1,01% 44.483 90,77% 4.52443.010 0,89% 42.673 99,22% 337
115.485 2,38% 100.203 86,77% 15.282171.549 3,53% 158.884 92,62% 12.664143.217 2,95% 131.173 91,59% 12.044
28.332 0,58% 27.711 97,81% 621308.483 6,36% 266.006 86,23% 42.477
30.766 0,63% 17.948 58,34% 12.818162.176 3,34% 144.522 89,11% 17.654
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436.443 8,99% 382.687 87,68% 53.75664.620 1,33% 51.885 80,29% 12.735
371.823 7,66% 330.802 88,97% 41.021158.778 3,27% 153.813 96,87% 4.964104.416 2,15% 101.319 97,03% 3.097
54.362 1,12% 52.494 96,57% 1.867991.158 20,42% 602.022 60,74% 389.136133.892 2,76% 127.872 95,50% 6.020337.576 6,96% 319.983 94,79% 17.593435.338 8,97% 75.637 17,37% 359.701
84.352 1,74% 78.530 93,10% 5.8222.371.004 48,86% 1.846.497 77,88% 524.507
466.627 9,62% 421.120 90,25% 45.506162.855 3,36% 150.604 92,48% 12.251223.213 4,60% 222.628 99,74% 584103.922 2,14% 94.208 90,65% 9.714186.968 3,85% 170.516 91,20% 16.452217.443 4,48% 214.352 98,58% 3.091
59.813 1,23% 59.557 99,57% 256152.433 3,14% 151.333 99,28% 1.099116.460 2,40% 97.768 83,95% 18.693152.363 3,14% 142.046 93,23% 10.317
72.447 1,49% 68.802 94,97% 3.64577.758 1,60% 74.771 96,16% 2.987
207.125 4,27% 206.175 99,54% 950158.969 3,28% 139.845 87,97% 19.124
66.819 1,38% 65.452 97,96% 1.36656.776 1,17% 54.294 95,63% 2.482
2.481.990 51,14% 2.333.472 94,02% 148.5184.852.994 100,00% 4.179.969 86,13% 673.025
CUADRO No. 4 BEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR UNIDAD FUNCIONALAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
Expresado en Dólares Americanos
108
XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
109
XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIACOMPARATIVA A DICIEMBRE DE2007 - 2008 - 2009 - 2010-2011
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
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POR UNIDAD FUNCIONALAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
BASKET FUNDINGExpresado en Bolivianos
CUADRO NO.11 AEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR UNIDAD FUNCIONALAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
BASKET FUNDING
AREA FUNCIONAL UNIDAD FUNCIONALDespachoAC A. ConstitucionalAI Auditoría InternaAJ Asesoría JurídicaGB GabineteCoordinación de Gestion InstitucionalPM Planificación. Monitoreo y EvaluacionUCI Unidad de Coperacion InternacionalPromoción y AnálisisAN Diagnóstico y AnálisisAP Unidad Nal. De Comunicación y DifusiónCD C. DocumentaciónEC Educación y CapacitaciónProgramas EspecialesAD Actuaciones DefensorialesPE Programas EspecialesAtención a la CiudadaníaSAP S.A. De Adm. Pública y D.H.USA Unidad Nal. De Seguimiento y AnálisisSecretaría GeneralRH Unidad Rec. HumanosUAD Unidad AdministrativaUFI Unidad FinancieraUS Unidad de Sistemas
QLP D.D. De Quejas La PazBEN BeniCBB CochabambaCHP ChapareCHU ChuquisacaELA El AltoLLA LlallaguaORU OruroPAN PandoPOT PotosiPSZ Puerto SuarezRIB RiberaltaSCZ Santa CruzTRJ TarijaYAC YacuibaLYG Yungas
TOTAL NACIONALTOTAL OFICINAS INTERIOR
TOTAL OFICINA CENTRAL
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773.446,50 11,75% 691.988,19 89,47% 81.4586.482,50 0,10% 4782,45 73,77% 1.700
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1.216.527 7,62% 1.134.569 93,26% 81.958128.269,00 1,95% 112.270,62 87,53% 15.998
1.088.258,00 16,53% 1.022.298,81 93,94% 65.959456.640 2,86% 422.752 92,58% 33.888
261.494,00 3,97% 240.414,45 91,94% 21.080195.146,00 2,97% 182.337,82 93,44% 12.808
4.752.604 29,77% 2.091.443 44,01% 2.661.162497.393,00 7,56% 456.469,24 91,77% 40.924
1.257.956,00 19,11% 1.143.385,07 90,89% 114.5712.652.839,40 40,31% 187.110,62 7,05% 2.465.729
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1.017.546,20 15,46% 990.810,38 97,37% 26.736359.837,00 5,47% 346.842,16 96,39% 12.995474.928,90 7,22% 472.809,24 99,55% 2.120312.339,00 4,75% 283.650,82 90,82% 28.688316.729,80 4,81% 285.528,78 90,15% 31.201674.075,49 10,24% 654.360,08 97,08% 19.715229.088,00 3,48% 227.957,70 99,51% 1.130440.530,00 6,69% 435.890,83 98,95% 4.639463.916,00 7,05% 392.392,52 84,58% 71.523361.601,00 5,49% 312.339,63 86,38% 49.261298.401,00 4,53% 282.053,50 94,52% 16.348360.755,00 5,48% 342.286,60 94,88% 18.468292.780,40 4,45% 287.967,60 98,36% 4.813474.886,00 7,22% 401.188,06 84,48% 73.698268.296,00 4,08% 265.592,00 98,99% 2.704235.859,00 3,58% 218.855,67 92,79% 17.003
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120
XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
121
XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
ESTADO DE DESEMBOLSOS2007-2008-2009-2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
122
XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
123
XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
CUADRO NO.11 BEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR UNIDAD FUNCIONALAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
BASKET FUNDINGExpresado en Dólares Americanos
CUADRO NO.11 BEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR UNIDAD FUNCIONALAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
BASKET FUNDINGExpresado en Dólares Americanos
AREA FUNCIONAL UNIDAD FUNCIONALDespachoAC A. ConstitucionalAI Auditoría InternaAJ Asesoría JurídicaGB GabineteCoordinación de Gestion InstitucionalPM Planificación. Monitoreo y EvaluacionUCI Unidad de Coperacion InternacionalPromoción y AnálisisAN Diagnóstico y AnálisisAP Unidad Nal. De Comunicación y DifusiónCD C. DocumentaciónEC Educación y CapacitaciónProgramas EspecialesAD Actuaciones DefensorialesPE Programas EspecialesAtención a la CiudadaníaSAP S.A. De Adm. Pública y D.H.USA Unidad Nal. De Seguimiento y AnálisisSecretaría GeneralRH Unidad Rec. HumanosUAD Unidad AdministrativaUFI Unidad FinancieraUS Unidad de Sistemas
QLP D.D. De Quejas La PazBEN BeniCBB CochabambaCHP ChapareCHU ChuquisacaELA El AltoLLA LlallaguaORU OruroPAN PandoPOT PotosiPSZ Puerto SuarezRIB RiberaltaSCZ Santa CruzTRJ TarijaYAC YacuibaLYG Yungas
TOTAL NACIONALTOTAL OFICINAS INTERIOR
TOTAL OFICINA CENTRAL
PRESUPUESTO % MONTO %VIGENTE EJECUTADO SALDO
118.514 5,09% 104.028 87,78% 14.48748.831 2,10% 47.605 97,49% 1.22622.235 0,96% 17.744 79,80% 4.49116.042 0,69% 15.705 97,90% 33731.407 1,35% 22.974 73,15% 8.433
113.692 4,89% 101.570 89,34% 12.122112.747 4,84% 100.873 89,47% 11.874
945 0,04% 697 73,77% 248198.962 8,55% 163.124 81,99% 35.838
30.766 1,32% 17.948 58,34% 12.81895.942 4,12% 84.926 88,52% 11.01623.836 1,02% 21.556 90,44% 2.28048.419 2,08% 38.694 79,91% 9.725
177.336 7,62% 165.389 93,26% 11.94718.698 0,80% 16.366 87,53% 2.332
158.638 6,82% 149.023 93,94% 9.61566.566 2,86% 61.626 92,58% 4.94038.119 1,64% 35.046 91,94% 3.07328.447 2,97% 26.580 93,44% 1.867
692.799 29,77% 304.875 44,01% 387.92472.506 3,12% 66.541 91,77% 5.966
183.376 7,88% 166.674 90,89% 16.701386.711 16,62% 27.276 7,05% 359.43650.206 2,16% 44.385 88,40% 5.822
1.367.870 58,78% 900.611 65,84% 467.259148.330 6,37% 144.433 97,37% 3.897
52.454 2,25% 50.560 96,39% 1.89469.232 2,97% 68.923 99,55% 30945.530 1,96% 41.349 90,82% 4.18246.171 1,98% 41.622 90,15% 4.54898.262 4,22% 95.388 97,08% 2.87433.395 1,43% 33.230 99,51% 16564.217 2,76% 63.541 98,95% 67667.626 2,91% 57.200 84,58% 10.42652.712 2,26% 45.531 86,38% 7.18143.499 1,87% 41.116 94,52% 2.38352.588 2,26% 49.896 94,88% 2.69242.679 1,83% 41.978 98,36% 70269.225 2,97% 58.482 84,48% 10.74339.110 1,68% 38.716 98,99% 39434.382 1,48% 31.903 92,79% 2.479
959.412 41,22% 903.867 94,21% 55.5462.327.283 100,00% 1.804.478 77,54% 522.804
124
XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
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125
XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
Expresado en dólares americanos
CUADRO No. 13
Basket FundingSALDO EN BANCOS Y FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
DESCRIPCION $us
Saldo gestión anterior 138.682
Otros ingresos 1.077
Total desembolsos recibidos 2.149.983
TOTAL RECURSOS 2.289.743
Ejecutado al 31/12/2011:
Ejecución 2011 Bs 12.378.720.- 1.804.478Variacion de activos y pasivos corrientes (Fondos en avance, cuentas por cobrar, cuentas por pagar) (2.738)
Perdida por diferencia de Cambio (8.281) Resultados Acumulados (3.188)
TOTAL FONDOS DESEMBOLSADOS 1.790.271
FONDOS DISPONIBLES al 31/12/10 (Bs3,423,376) t/c 6.86 499.472
126
XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
DEFENSORIA DEL PUEBLO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011Basket Funding
COMPOSICIÓN DEL DISPONIBLE
DETALLE Bs $usBANCO UNION 3.426.376 499.472BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 0 0TOTAL 3.426.376 499.472
Tipo de cambio Bs6,94 = 1 $us inicioTipo de cambio Bs6,86 = 1 $us final
127
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cion
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nto
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s re
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os n
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ales
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l enf
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los
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chos
hum
anos
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3.-
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enun
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los
caso
sen
los
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del
Pue
blo
real
iza
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ones
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las
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y/o
reco
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orio
sde
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dura
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la g
estió
n 20
11.
N°
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asos
con
resp
uest
a po
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No
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ltado
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tos.
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ITO
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130
XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de BoliviaD
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AG
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tar
con
una
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ica
inst
ituci
onal
ein
icia
tivas
enla
sdi
stin
tas
regi
ones
sobr
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uso,
acce
so,
adm
inis
traci
ón,m
anej
o,di
strib
ució
nde
lag
uaco
mo
fuen
tede
vida
dela
mad
retie
rra,
basa
dos
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y s
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N°
depo
lític
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cion
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las
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4
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s,ca
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sm
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los
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cidi
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No
se ti
enen
resu
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ncre
tos.
135.
460
128.
590
6.87
0
2.-
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ituci
onal
sobr
epr
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mic
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sH
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cion
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HU
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3.-
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rpor
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los
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osen
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s D
D H
H
No
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s co
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plem
enta
dola
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tegr
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iona
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ice
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lerid
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fines
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gest
ión
2011
.
N°
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impl
emen
tado
Se
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plem
enta
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tem
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Pue
blo.
2.-
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rala
trans
vers
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nen
las
acci
ones
defe
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iale
sel
enfo
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nero
,ge
nera
cion
al,
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co,
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apac
idad
,in
terc
ultu
ralid
ad,d
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loni
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ón,c
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s,an
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vs.
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les,
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a.
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ión,
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vers
ales
dela
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ión
yla
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rcul
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3.-
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soría
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los
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nde
expe
rienc
ias
inst
ituci
onal
es re
ferid
as a
l Der
echo
a la
Iden
tidad
.
4.-
Se
cuen
taco
nun
apo
lític
ain
stitu
cion
al(tr
abaj
oin
tegr
al)
para
elab
orda
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hum
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les
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lític
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cion
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las
área
sde
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Pa
nive
lnac
iona
len
dive
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esce
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eim
plic
óla
cons
ulta
ypa
rtici
paci
ónde
orga
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cion
esso
cial
es,
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G's
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sy
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taco
nun
docu
men
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uest
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Pol
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Inst
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unio
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131
XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia D
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stió
n20
11,
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alm
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1m
ater
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sobr
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rech
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laM
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ater
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s pr
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ucid
om
ater
ial
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nuev
o,un
icam
ente
seha
ndi
strib
uido
elC
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nio
169
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sid
iom
as:
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cast
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raci
ónde
las
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s m
ás im
porta
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ásde
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ilej
empl
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sobr
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rech
osde
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adre
Tier
raen
treop
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esta
tale
s,or
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que
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jan
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ores
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ásde
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ral.
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ater
iale
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istri
buid
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Se
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tal
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plem
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ción
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885
63.
352
2.- P
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amie
ntos
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terv
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ónin
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n 20
12
2.-
(AA
CL)
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rno
3.- (
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otro
s.
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659
528.
759
266.
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2.-
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ante
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stió
n20
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ola
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ónpa
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n20
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naci
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cion
alpa
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bate
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o: C
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4.-
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sde
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soría
del
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osal
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terv
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stro
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guim
ient
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sso
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tado
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lola
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men
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ion
deco
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s so
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es.
5.-
Dur
ante
lage
stió
n20
11,
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tiene
nal
men
osdo
sdo
cum
ento
prod
ucto
dela
conv
ocat
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perió
dica
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gani
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VIII
Mar
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l TIP
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Se
han
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osde
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132
XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
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línea
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518
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ms)
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uac
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es E
spec
iale
s
141
XIV Informe de la Defensoría del Pueblo al Estado Plurinacional de Bolivia
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