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Martín Esparza FlorEs

¿Qué se necesita parahacer cumplir la ley enun país de ficciones

jurídicas? Atónitos, muchos de losmás prestigiados abogados del paísse preguntan a qué grado de absur-dos y violaciones al Estado de dere-cho ha llegado un país que presumeante el mundo de ser una nacióndemócrata y republicana.

Misma pregunta se hacen ungrupo de senadores y diputados queaún no acaban de digerir el entuertolegaloide que les prologaron funciona-rios menores de la Junta Federal deConciliación y Arbitraje (JFCA), cuan-do hace unos días se presentaron acuestionarles el por qué dicha institu-ción se negaba a expedir el laudo

ordenado por el Segundo TribunalColegiado de Circuito en Materia deTrabajo, en el que se reconoce elderecho de los trabajadores del SMEa recuperar su fuente de empleo a tra-vés de un patrón sustituto, en estecaso, la CFE. La ley otorga a la Juntaun lapso de 24 horas para rectificar loque en derecho procede. Pero…

Desmenucemos un poco el asun-to: nuestro sistema de gobierno esta-blece una sana e inalterable divisiónde poderes para mantener, a travésde un pacto federal, un funcional equi-librio entre los mismos. Y si bien elPoder Ejecutivo, representado comomáxima autoridad en la figura del pre-sidente de la república, tiene la facul-tad de ejercer decisiones sui géneris,la propia Constitución acota sus fun-

ciones y delimita sus probables exce-sos con base en las resoluciones delPoder Judicial. En ningún artículo denuestra Carta Magna, o código demenor envergadura se establece queel Ejecutivo pueda alterar o pisotear laley a su antojo o libre albedrío. Aceptartal aberración sería caer en el terrenode una dictadura fascista.

Las leyes decretan con claridad losplazos para hacer cumplir los ordena-mientos que dicten los tribunalesfederales mediante sus sentencias,por eso asombra e indigna la actitudasumida por los funcionarios de laJunta Federal de Conciliación yArbitraje (JFCA), que un abierto reto alPoder Judicial insisten en mostrar susumisión absoluta al Poder Ejecutivoal negarse a aplicar sus sentencias;

• 28 de octubre de 2012

Y México presume de nación demócrata y republicana

Ficciones jurídicas

Siempre!

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Gordillo y Romero

El uno-dos del sindicalismo mexicano

palabras MayorEs

Martín Esparza FlorEs

¿Qué se necesita parahacer cumplir la ley enun país de ficciones

jurídicas? Atónitos, muchos de losmás prestigiados abogados del paísse preguntan a qué grado de absur-dos y violaciones al Estado de dere-cho ha llegado un país que presumeante el mundo de ser una nacióndemócrata y republicana.

Misma pregunta se hacen ungrupo de senadores y diputados queaún no acaban de digerir el entuertolegaloide que les prologaron funciona-rios menores de la Junta Federal deConciliación y Arbitraje (JFCA), cuan-do hace unos días se presentaron acuestionarles el por qué dicha institu-ción se negaba a expedir el laudo

ordenado por el Segundo TribunalColegiado de Circuito en Materia deTrabajo, en el que se reconoce elderecho de los trabajadores del SMEa recuperar su fuente de empleo a tra-vés de un patrón sustituto, en estecaso, la CFE. La ley otorga a la Juntaun lapso de 24 horas para rectificar loque en derecho procede. Pero…

Desmenucemos un poco el asun-to: nuestro sistema de gobierno esta-blece una sana e inalterable divisiónde poderes para mantener, a travésde un pacto federal, un funcional equi-librio entre los mismos. Y si bien elPoder Ejecutivo, representado comomáxima autoridad en la figura del pre-sidente de la república, tiene la facul-tad de ejercer decisiones sui géneris,la propia Constitución acota sus fun-

ciones y delimita sus probables exce-sos con base en las resoluciones delPoder Judicial. En ningún artículo denuestra Carta Magna, o código demenor envergadura se establece queel Ejecutivo pueda alterar o pisotear laley a su antojo o libre albedrío. Aceptartal aberración sería caer en el terrenode una dictadura fascista.

Las leyes decretan con claridad losplazos para hacer cumplir los ordena-mientos que dicten los tribunalesfederales mediante sus sentencias,por eso asombra e indigna la actitudasumida por los funcionarios de laJunta Federal de Conciliación yArbitraje (JFCA), que un abierto reto alPoder Judicial insisten en mostrar susumisión absoluta al Poder Ejecutivoal negarse a aplicar sus sentencias;

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Y México presume de nación demócrata y republicana

Ficciones jurídicas

Siempre!

Carlos E. UrdialEs VillasEñor

Dice la conseja popular: “en política no hay sorpresassino sorprendidos”, y no faltan aquéllos que imagina-

ban una retirada táctica de la villana favorita de México,Elba Esther Gordillo, y también del ostentoso líderpetrolero y senador Carlos Romero Deschamps. Puesnada, la lógica de supervivencia política los hace más a -liados que nunca y el calendario de lo necesario propiciauna reelección en espejo, cada quien 6 años más al frentede los sindicatos uno y dos de este país.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de laEducación, con 1 millón 700 mil agremiados. El de

Pemex, con 140 mil. Esos son los tamaños y alcancesque les permiten plantarse, son idems frente a cualquiergobierno y decir: ni reto ni sumisión, sirvientes de nadie.Uno maneja lo que el lugar común denomina “el futuro dela nación”, y el otro el presente financiero del país. O escon ellos, con quien Enrique Peña Nieto y equipo nego-cian, o es con ellos el enfrentamiento.

Cuando se habla de transparencia sindical, de democ-racia interna, se soslaya que en la reforma propuestaestán los sindicatos del apartado A, no los del B. Aunponiendo los polémicos renglones de transparencia y ren-dición de cuentas, la nueva ley laboral no alcanzará a

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pero aún más, en un acto que raya enla peor de las descortesías e insultosal Poder Legislativo, cierran las puer-tas del titular de esa dependencia asus representantes, como si tal institu-ción fuera un ente autónomo y conuna jerarquía constitucional superior ala de los legisladores electos por elvoto popular. ¿Qué está pasando ennuestro país?

Sobre la sentencia del tribunal, laJunta fue notificada el 9 de octubre alas 17:45 horas. Y no pasó nada.Llegó un nuevo recordatorio del tribu-nal el pasado 17 de octubre a las13:30 horas, y de igual forma no seemitió el nuevo laudo. El pasado lunes22 un grupo de senadores y diputa-dos del Movimiento Progresista sepresentaron ante la JFCA pidiendohablar con su titular, Eduardo AndradeSalaverria, pero el funcionario que ledebe el cargo al denostado JavierLozano y a la actual secretaria delTrabajo, Rosalinda Vélez Juárez, mos-trando una ignorancia supina a la fun-ción de la representación popular,tuvo la desfachatez de no recibirlos y

enviarlos con el secretario general deAcuerdos y Asuntos Colectivos, GaryJorge Pérez Grijalva, funcionariomenor que respondió con evasivas alas preguntas de los legisladores.

Pérez Grijalva tuvo la osa-día de comentarle a loslegisladores que la Junta“está revisando la sen-tencia” (sic). Y aun-que resulte increíble,ahora sucede quelos funcionariosmenores le van aenseñar a losmagistradosde laSupremaC o r t ecómo apli-car e interpretar lasleyes. Tan paradójico einexplicable como queen el gobierno deCalderón los patos de laburocracia, armadoshasta los dientes gra-cias a la irresponsabili-

dad e incompetencia del Ejecutivo,¡ahora le tiran a las escopetas¡

La falta de respeto mostrada porla JFCA al Poder Legislativo y alPoder Judicial debe tener sus lógi-

cas implicaciones y los respon-sables de tan inusual desaca-

to deben ser llamados acuentas. El procedimientolegal para sancionar a

gente como Lozano y sus“tapetes” se llama juiciopolítico. Claro, si

antes se recuperaalgo de la digni-

dad y el sentidocomún del

Estado ded e re c h o ,

pues de locontrario podremos afirmarque estuvimos sometidospor una abierta y cínica dic-tadura, bajo el camuflaje depaís libre y democrático.¿O no es así, señorCalderón?

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Y México presume de nación demócrata y republicana

Ficciones urídicas