Expropiación de riqueza y gubernamentalidad neoliberal en la Argentina1 Sonia Alvarez Leguizamón
Pensar la desigualdad en términos del “polo” riqueza y no desde el de la pobreza en la Argentina,
como invita este libro es un desafió al que podemos llegar por distintos caminos. Por un lado remite a
muchos imaginarios de la construcción de la nación y una representación de la Argentina como un país
rico que se expresa en las guías turísticas, diccionarios y enciclopedias. Entre los mitos que vinculan la
Argentina a la riqueza está el de la “argentina potencia”, frase atribuida al entonces presidente Juan
Domingo Perón a mediados de siglo XX, vinculada sobre todo a los recursos energéticos y a la bonanza
económica que se vivió en las décadas de los 40’ y 50’ de ese siglo. La “Argentina del primer mundo” es
otro imaginario que se esgrimió como el lugar de llegada para el que eran necesarias las reformas
neoliberales y que repetía el ex presidente Carlos Menem, hacedor de la gran transformación neoliberal
en la década de los 90’. El primer imaginario evoca a un país que no sólo posee riquezas materiales o
intangibles de distinta índole, sino aquel donde la gran mayoría de su población accede a cierto bienestar.
En el camino al “primer mundo”, imaginario que sintetiza los argumentos a favor de las reformas
neoliberales, se produjo materialmente una de las transformaciones más profundas de la estructura social
Argentina, acentuándose las fuerzas estructurales a la concentración de la riqueza y al empobrecimiento
de su población. Este país que se representa continuamente como rico paradojalmente ha vivido, en estos
últimos treinta años, un profundo proceso de aumento de la desigualdad, de pauperización de su
población y una disminución relativa del bienestar general. El caso de la Argentina presenta
características paradigmáticas dado el relativo bienestar que se había logrado en años anteriores.
Los argumentos que sustentan el imaginario de riqueza son muchos. Por ejemplo en un estudio
reciente del Banco Mundial (World Bank 2006) se afirma que la Argentina es el país más rico de
América Latina, en base a datos del 2000. La forma de contabilizar la riqueza no se basa en la generación
del PBI sino en el capital natural de un país -sus recursos pesqueros, bosques, yacimientos mineros y
energéticos- , su producción y lo que se llama capital intangible, que sería la suma del capital humano, la
infraestructura institucional y el capital social. Para cada país se calculó el valor de la educación, el
gobierno y la calidad de las autoridades. La suma de todas estas variables indica que la Argentina posee
una riqueza de US$ 139.232 por habitante, la mayor de América Latina. En segundo lugar se ubicó
Uruguay, con 118.463 dólares, seguido de Brasil, con 86.922 dólares y Chile con 77.726 dólares per
cápita. Según esta medición la Argentina es además el país con la mayor riqueza intangible en la región,
con 109.809 dólares per capita. ¿Pero quien se la apropia? Otra manera de enfocar procesos de desigualdad desde el polo a riqueza sin caer en un maniqueísmo dualista que oblitere la
complejidad, son los abordajes relacionales. Ya sea aquellos que ponen el acento en el contexto de las relaciones sociales que
producen y reproducen la desigualdad (Oyen, Else 2002) o los que observan las relaciones de dominación y hegemonía, las
luchas entre las fracciones de capital de los sectores de poder y las formas en que se naturaliza dicha dominación. Estudios
estos últimos que remiten, en parte, a los debates neo-marxistas sobre el bloque en el poder, como el caso de Poulantzas
(1997) o a la tradición neogramscianas de las formas de construcción de hegemonía. Otra visión es aquella que se detiene en
indagar los principios de justicia distributiva como uno de los aspectos de las culturas políticas nacionales, los que estarían en
la base de la distribución de las ganancias, de la tributación impositiva o de la utilización de ingresos públicos para ciertos fines2. También podríamos explicarlo a través de un análisis estructural de la estratificación social de una sociedad dada y
mirar la distribución de los ingresos o de los medios de producción de riqueza como la tierra o el capital. Esta visión podría
complementarse con otra que pone el énfasis en el análisis de aquellos grupos sociales que no solo poseen o se apropian de la
riqueza sino que tienen poder de comandar esos recursos. Aquí el análisis de clases sociales muestra sus límites ya que, por
ejemplo, pueden existir organizaciones de trabajadores que comandan recursos y concentran beneficios para ellos mismos. El
poder sobre otros no se debe sólo a la posesión de bienes como diría Foucault (1992 [1976]) sino a diversos artes de gobernar
1 En edición en Antonio Cattani (compilador) Riqueza e Desigualdade na América Latina, Porto Alegre, Brasil, 2010. 2 Estudios comparativos de este tipo se basan en el libro de J Elster (1992) y para el caso de Argentina y Brasil ver Kessler, G,
(2006)
al otro, por medio de saberes prácticos como la gubernamentalidad.
Entiendo como gubernamentalidad neoliberal (siguiendo a Foucault, (2006 [1977-1978] y 2007
[1978-1979]) al saber/poder, las prácticas, relaciones sociales, dispositivos de intervención,
disciplinamiento y regulaciones, que incluyen escalas distintas, tanto a nivel macro como micropolítico, y
que tienen como objeto conducir la conducta de los hombres en el campo de relaciones de poder
particulares3. En el caso de América Latina y particularmente de la Argentina, la gubernamentalidad
neoliberal es imperial y neo colonial y juegan un papel fundamental, no sólo EEUU sino también las
regulaciones y disciplinamientos promovidos por los organismos llamados de desarrollo, como el Banco
Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estos, presionan por transformaciones macro
políticas, denominadas técnicamente como “reforma o ajuste estructural”, exigiendo como
condicionalidad de los préstamos, desregular las economías locales y permitir la “libre circulación del
capital” supranacional, la privatización de los servicios públicos básicos y los recursos naturales no
renovables, todo lo cual facilita la extracción y expropiación de riqueza y ahorro nacional local y su
transferencia a los países centrales y a las empresas transnacionales. Sobre todo al capital financiero
internacional, debilitando el poder regulador o compensador de los estados nacionales, aumentando la
concentración de la riqueza, la desigualdad y empobrecimiento de la población.
Además, la gubernamentalidad neoliberal en los países de América del Sur ha promovido un
estado mínimo y políticas minimalistas para los más pobres de entre los pobres- las que vienen
aparejadas con nuevas regulaciones de la vida y de la muerte de de los grupos focalizados o target group
(los más pobres de entre los pobres) materializados en distintos dispositivos que promueven la vida a
niveles mínimos básicos (lo que llamo focopolítica –Alvarez Leguizamón, 2008-)4. La
gubernamentalidad neoliberal se expresa, entonces, en un entramado discursivo cuyo discurso de verdad
naturaliza las transformaciones sociales que promueve, a través de imaginarios que los legitiman, a partir
de la idea de que éstas son la única manera de articularse a procesos de “modernización”, por lo que todo
lo que se les opone es considerado “tradicional” o pre-moderno o “anacrónico”. Al mismo tiempo esta
visión unilineal del desarrollo capitalista implica un tiempo homogéneo donde todos aquellos que se
resisten son construidos como sujetos o grupos inferiorizados por medio de procesos de expropiación de
subjetividades de cuño colonial y neoevolucionista5.
En esta misma línea, para Ferguson y Gupta (2002), la gubernamentalidad neoliberal
transnacional serían formas de gobierno que están siendo puestas a nivel global, que incluyen las nuevas
estrategias de disciplina y regulación como las de la OECD o los programas de ajuste estructural
3 Foucault en la Clase del 7 de Marzo de 1979 (2007 [1978-1979]: 217 a 248), explica que las relaciones de poder que estudia
por medio de la gubernamentalidad no sólo se refieren a la manera de encauzar la conducta de los enfermos, locos,
delincuentes, o niños “puede valer, a si mismo, cuando la cuestión pasa por abordar fenómenos de una escala muy distinta,
como, por ejemplo, una política económica, la administración de todo un cuerpos social, etc.”, como el caso de la
gubernamentalidad neoliberal del ortoliberalismo alemán que estudia (p.218). 4 Para Foucault la gubernamentalidad neoliberal no sólo se opone a los principios de la economía de bienestar, que actúa
realizando recompensas y compensaciones de los efectos de la política económica. La gubernamentalidd neoliberal considera
que “una política social no puede fijarse la igualdad como objetivo. Al contrario, debe dejar actuar la desigualdad…”. Los
efectos desigualitarios que entraña el juego económico, es una “especie de regulador general de la sociedad al que todos (…) deben prestarse y plegarse” (2007 [1978-1979]: 175-177).
5 La idea de expropiación de subjetividades se vincula al concepto colonialismo interno en la versión de Silvia Rivera
Cusicanqui (2003), quien considera que este es un aspecto fundamental junto al de las relaciones de explotación entre las
elites locales y la población nativa (como lo conceptualiza Gonzalez Casanova).El concepto de expropiación de subejtividades
la desarrolla basada en la introducción al libro Los Condenados de la Tierra de Franz Fanon, escrita por Jean Paul Sartre en
1961. Sartre platea que el colonialismo descrito por Fanon, no se refiere solo a la sobre-explotación, a la desnutrición, sino
también a la expropiación de la humanidad del colonizado. Los principios de la violencia colonial no se proponen solo como
finalidad mantener en actitud respetuosa a los hombres sometidos, trata de deshumanizarlos. Diríamos nosotros expropia
subjetividades en la medida que construye culturas inferiorizadas: incivilizadas, bárbaras, sudesarrolladas, en fin, un sin
número de clasificaciones y representaciones vinculadas al discurso colonial o al neo colonialismo moderno.
implementados por el FMI6. Estos artes de gobierno se materializan en renovadas formas de
neocolonialismo dependiente, entre burguesías locales transnacionalizadas y entre países centrales y
periféricos. Se producen nuevas formas de interdependencia de lo supranacional sobre lo nacional y lo
local –la que se debe entender desde una topografía no vertical sino complementaria como plantean
Ferguson y Gupta-.
Estas diversas formas de apropiación de la riqueza no responden sólo a la lógica “normal” del
capitalismo como dice Antonio Catanni (2008) o a las formas de extraversión de excedente producidas
por las relaciones de dependencia. El mismo autor sostiene que esta riqueza se asocia a otros procesos
menos convencionales y que no se trata de fenómenos marginales, forman parte de la dinámica
estructural de las finanzas y de los negocios internacionales. A mi modo de ver, estas son las tecnologías
de la lógica práctica de la gubernamentalidad neoliberal neocolonial. El caso argentino que
describiremos, ilustra con total claridad un tipo particular de gubernamentalidad neoliberal y de
expropiación de riqueza por parte del capital financiero, avalado y estimulado por organismos como el
FMI, en connivencia con intelectuales orgánicos neoliberales, funcionarios públicos y representantes
legislativos locales.
Ante la pregunta que propone este libro, sobre cuales han sido las estrategias de expropiación de
riqueza más evidentes de este último período y como se han redefinido las estructuras de poder y las
clases dominantes, hemos seleccionado casos paradigmáticos de disciplinamiento y re/des/regulaciones
neoliberales que han facilitado fraudes corporativos y apropiación de la riqueza, que caracterizan la
gubernamentalidad neoliberal Argentina y, al mismo tiempo, explican la creciente desigualdad social. El
artículo es sólo una aproximación al tema basada en información producida por investigadores locales,
que muestra datos sobre la magnitud de los fraudes y de la expropiación de riqueza del período.
La exposición se ordena de la siguiente manera. Primero una breve síntesis de las características
principales de la transformación neoliberal en la Argentina y su vínculo con el incentivo a diferentes
formas de apropiación de riqueza, de parte de fracciones de capital, en fuerte vínculo con los organismos
internacionales de crédito. Entre otras: las ganancias extraordinarias producidas por las privatizaciones,
el canje de bonos de deuda externa con el FMI y el Banco Mundial, la apropiación y transferencia de
ahorros nacionales hacia sectores financieros transnacionalizados por medio el default del 2001, del
llamado “corralito” y la devaluación del peso. Luego, algunos datos que ilustran el proceso de
concentración de la riqueza y la progresiva desnacionalización de las empresas y que explican el continuo
drenaje de riqueza de parte de las trasnacionales. Finalmente analizaremos como estas formas de
gubernamentalidad neoliberal colonial modifican la estructura social y producen empobrecimiento de la
población. Aspectos intrínsecos a ésta, tanto de sus sistemas teoréticos discursivos a nivel macro
económico (fundamento de las re/des regulaciones que promueven para beneficiar ciertos sectores de
capital) y cuya lógica utilitaria particular, propicia y produce el aumento de la desigualdad social, a
veces desembozadamente otras indirectamente.
Gubernamentalidad neoliberal en la Argentina
La política neoliberal comienza a desarrollarse a partir de la dictadura militar de 1976 al 1983
pero se agudiza en la década de los 90’, durante la gestión del presidente Menem. La Argentina inicia en
1989, uno de los períodos de contra reforma más brutales de la estructura social. Durante esta década se
produce la gran transformación neoliberal, glosando a Polanyi. Esta supuso: el abandono del modelo de
acumulación centrado en sustitución de importaciones, fundado en le desarrollo industrial para el
mercado interno, la apertura de los mercados, la privatización y descentralización de las instituciones
6 Estos autores incluyen dentro de la gubernamentalidad transnacional a alianzas transnacionales llevadas a cabo por activistas
y organizaciones de base y la proliferación de organizaciones voluntarias que se realizan a partir de complejas redes de
fundaciones y personas a nivel internacional y transnacional. Ferguson y Gupta (2002)
públicas, en consonancia con la aplicación de las recetas del consenso de Washington y los lineamientos
de política de las “agencias de desarrollo”. Junto a ello un creciente desregulación y des-juridización del
trabajo, así como una re mercantilización de las derechos de acceso, lo que produjo un debilitamientos de
la calidad de vida de la población.
Se instauró un nuevo régimen de acumulación, cuya característica principal fue la valorización
financiera y la transferencia de recursos al exterior, a tono con la reconversión neoliberal promovida por
los organismos de crédito (Boron, Atilio y Levy, Bettina, 2002). El endeudamiento externo se derivó, de
las inversiones en infraestructura e incentivo a la industrialización del anterior período, hacia la obtención
de fondos en el mercado internacional para recolocarlos financieramente, obteniendo altos rendimientos
(Lozano, C. 2001), subordinando la lógica especulativa a la productiva.
El imaginario y el mito de una Argentina moderna o potencia que había predominando hasta ese
momento eran la de una Nación fuertemente asalariada, con una importante clase media y un Estado de
Bienestar desarrollado. Era una Argentina que se diferenciaba del resto de los países latinoamericanos
por sus indicadores de bienestar y calidad de vida. Por otra parte, las clases medias y las elites de poder,
sobre todo de la pampa húmeda, se vanagloriaban de la posesión de un estilo de vida “europeo”, en un
habitus claramente colonial y anti latinoamericano.
El mito neoliberal se había basado en la creencia de que las reformas “estructurales” nos traerían
beneficios indiscutibles que superarían nuestro “atraso” por medio de la modernización de la economía
(en términos de competitividad, apertura de los mercados, flexibilización salarial, dolarización), junto a
las llamadas reformas del estado (achicamiento del empleo público, despidos masivos, privatizaciones,
descentralización, disminución de la inversión social). Nos incorporaríamos, así, al “primer mundo” y a
la economía mundial globalizada, según el insistente discurso oficial gubernamental7. Sin embargo, los
efectos de la reestructuración económica y de la crisis social se hacían cada vez más visibles y dolorosos,
ante la creciente concentración de la riqueza, aumento de la desigualdad, incremento continuo de la
desocupación, precarización del trabajo, empobrecimiento de la clases medias, pérdida de derechos de
acceso a los sistemas de seguro social y deterioro creciente de la calidad de los servicios universales de
educación y salud, junto a su progresiva asistencialización.
Paradojalmente, la mayoría de los elementos constitutivos de la narrativa civilizatoria,
nacionalista popular y del primer mundo se fueron atomizando. Las contradicciones, los conflictos no
resueltos del anterior período, como el marginamiento creciente de las poblaciones pobres, sobre todo de
las provincias del norte, la exclusión de las poblaciones nativas y los nuevos excluidos que producía el
modelo saltaron con fuerza inusitada. La cara macabra de la desigualdad retrotrajo los fantasmas que se
creían erradicados del imaginario de la Argentina europea, desarrollada, autocentrada en la pampa
húmeda, fuertemente asalariada y predominantemente de “clase media”, que se consolida en el
imaginario nacional a mediados del siglo XX. Nuevos actores y renovadas formas de protesta surgen en
el período. Las primeras manifestaciones populares son el producto de la crisis de las economías
provinciales, una muestra de la modernidad excluyente que surgen desgarradas, como contracara del mito
del "primer mundo". Estas se expresaron de diversas formas: huelgas, puebladas, saqueos, manifestaciones
y luchas callejeras, ataques a edificios públicos y viviendas de políticos y gobernantes, el santiagueñazo es el
más conocido.
Las cabeza más visible en el diseño y gestión del programa de la gran transformación fueron el
presidente Carlos Saúl Menem y su super ministro de economía Domingo Cavallo8, acompañados de
sectores conservadores y neoliberales de la elite política gubernamental y también por representantes de
organizaciones obreras del partido Peronista. Al poco tiempo de su gestión, impone el régimen de
convertibilidad de un peso un dólar. Uno de los mayores exponentes de la teoría regulacionista,
7 Para un análisis pormenorizado de los diversos discursos neoliberales de la época en este sentido ver Estela Grassi (2006). 8 Menem asume luego de un golpe económico hiperinflacionario producido al anterior presidente, por los grupos monopólicos
que habían crecido a la sombra de las políticas neoliberales
Benjamín Coriat en un seminario realizado en Buenos Aires (en Neffa y Pérez Candreva, 2004) analiza la
ley de Convertibilidad como un golpe de fuerza (coup de force), dado el contexto de crisis e
incertidumbre y las pocas condiciones reunidas para que esa decisión original se adoptara y, al mismo
tiempo, por la ambiciosa apuesta sobre el futuro, en cuanto a los ajustes que provocaría. Coriat afirma
que se trató de un acto de dimensiones estratégicas, para encaminar de manera durable el régimen de
acumulación, podríamos decir fue un dispositivo fundamental que le dio color local a la
gubernamentalidad neoliberal argentina.
Esta medida permitió controlar la hiperinflación que había traumatizado a la sociedad y adquirir
credibilidad en la búsqueda de estabilidad y crecimiento, contando con el apoyo del FMI y del Banco
Mundial. Este hecho puede también encuadrarse en las políticas neoliberales de shock descriptas por
Noemí Klein (2008), quien realiza un análisis pormenorizado del uso de las situaciones de crisis
económicas y naturales violentas en el mundo, de parte de los neoliberales para avanzar en las
transformaciones estructurales por ellos promovidas. Klein toma como uno de los ejemplos “el caso
Argentino” y hace referencia a declaraciones que hiciera Cavallo quien llamó a este proceso “terapia de
shock”; “la época de la hiperinflación fue terrible para la gente (…)” explicó, “así que el pueblo le pedía
al gobierno que hiciera algo. Y si el gobierno traía un buen plan de estabilización, era también el
momento oportuno para acompañarlo de otras reformas. (….) Las más importantes estaban relacionadas
con la apertura de la economía y el proceso de desregulación y privatización. Pero el único modo de
poner en práctica todas esa reformas en aquel momento era aprovechando la situación creada por la
hiperinflación, por que la población esta lista para aceptar cambios drásticos a fin de eliminar la
hiperinflación y regresar a la normalidad9” (cursivas nuestras). Noemí Klein apunta que “Menem tenía
una expresión aún más brutal para referirse a él: en un país traumatizado todavía por el reciente historial
de torturas masivas, lo denominó “cirugía mayor sin anestesia”. (Klein; 2008: 227)
Según Aspiazu (2002) las principales características de la transformación neoliberal, podríamos
decir desde el polo riqueza, son la apertura de la economía a los flujos internacionales de bienes y
capitales; la desregulación y/o re-regulación de un amplio espectro de actividades productivas y de
servicios; la privatización de la mayoría de la banca nacional, provincial y cooperativa y de las empresas
y servicios públicos; desregulación de las relaciones entre el capital y el trabajo: libre contratación de la
mano de obra y flexibibilización laboral . Sin embargo los beneficios de aumento de las ganancias y del
producto generado no se extendieron hacia el resto de los agentes productivos ni provocaron los efectos
"derrame" que los propulsores de estas políticas habían estipulado a principios del decenio de los 90
(Azpiazu, Daniel 2002).
Procesos de expropiación de la riqueza sustantiva Las privatizaciones
El primer ejemplo de formas de expropiación de los ahorros nacionales, producto de las políticas
del FMI que políticos y legisladores aceptaron y promovieron fueron las privatizaciones que eran una
condicionalidad de los acuerdos con el FMI, las que se producen en casi todas las actividades de
servicios públicos e industrias nacionales.
En los primeros años de la década de los noventa, la Argentina privatizó todos sus grandes
servicios públicos domiciliarios: telefonía, gas, electricidad y agua potable. Asimismo, en el sector de
transporte e infraestructura se privatizó la empresa de aeronavegación de bandera nacional, se desmanteló
y se vendieron todos los buques de la empresa naviera de cargas, se levantaron o concesionaron los
ferrocarriles de carga y de pasajeros, al igual que las vías navegables troncales, los puertos, buena parte
9 Caballo “Commanding Heights” en Noemí Klein (2008: 227)
de la red vial de pasajeros, los aeropuertos, el correo postal, etc. Pero además también se transfirió al
sector privado actividades de la industria manufacturera, como la producción siderúrgica y parte de la
petroquímica y de las refinerías de petróleo; privatizando también la explotación de los recursos naturales
no renovables, como los hidrocarburos (petróleo y gas natural). (Aspiazu y Basualdo: 2004)
Sólo muy pocas entidades y sectores estratégicos sobrevivieron a esta transferencia de riqueza
nacional a capitales privados, como la Comisión de Energía Atómica o el Banco de la Nación que
también pretendían ser privatizados. La manera en que se realizaron las privatizaciones está llena de
fraudes, pero más allá de eso, logro reconfigurar la estructura del poder económico local y la
composición de las clases dominantes. Esto se pudo conseguir por que el programa de privatizaciones
que se desarrolló, según Aspiazu y Basualdo (2004), pose múltiples deficiencias en lo estrictamente
económico (subvaluación de activos, despreocupación por el saneamiento previo de las empresas así
como por difundir las tenencias accionarías de las mismas, deficiencias e insuficiencias regulatorias y
normativas, desatención en materia de defensa de la competencia y del consumidor, distorsiones en la
estructura de precios y rentabilidades relativas de la economía, etc.), pero muy exitoso desde el punto de
vista político.
Al mismo tiempo, otros autores señalan que el proceso de subvaluación de los activos estuvo
acompañado una desfinanciación previa de las empresas, tanto en lo que hace al aporte de capital como
en lo relativo a la incidencia de los salarios de manera de hacerlas, por un lado ineficientes a los ojos de
la sociedad y por otra para abaratar los costos de su valor (Aspiazu, 2002; Aspiazu y Basualdo 2004,
Basualdo 2002, Cervo, 2007) Para Azpiauzu (2004) las privatizaciones contribuyeron de manera
decisiva a afianzar la confianza del establishment económico favoreciendo, en especial durante el primer
quinquenio de la década, el ingreso de capitales, el crecimiento del consumo doméstico, la renegociación
de la deuda externa y, fundamentalmente, la consolidación de nuevas bases y condiciones
refundacionales del desenvolvimiento económico y social del país. Basualdo (2002) observa la evolución de la rentabilidad sobre ventas de la elite empresaria local
entre 1993 y 1999, y concluye que las empresas privatizadas obtuvieron márgenes de utilidad entre dos y
tres veces superiores a los registrados por las firmas más grandes del país. “Las 200 firmas más grandes
del país generaron, en conjunto, una masa acumulada de utilidades superior a los 25.900 millones de
dólares. Aproximadamente el 54% de dicho total (cerca de 14.000 millones de dólares) correspondió a
apenas 26 firmas privatizadas (es decir, el 13% del total). Esto indica que este conjunto reducido –aunque
sumamente privilegiado de empresas ganó 2.000 millones de dólares por año; casi 6 millones de dólares
por día; 227 mil dólares por hora; y cerca de 3.800 dólares por minuto. En otras palabras, durante la
década pasada, este núcleo selecto de grandes firmas obtuvo, por minuto, el equivalente a casi diez
salarios medios de la economía argentina.”
El sector público de las telecomunicaciones, uno de los mayores del continente, se privatizó, con
el pretexto de su mayor eficiencia, a monopolios extranjeros estatales (españoles) y privados franceses,
por 650 millones de dólares. Según Bussines Week, el valor total de las dos compañías ha sobrepasado el
monto de los nueve mil millones de dólares (Calloni Esteva, 2002). Para este caso Basualdo (2002)
observa que entre 1991 y 1999 Telefónica de Argentina y Telecom Argentina acumularon, en conjunto,
5.590 millones de dólares en concepto de utilidades contables. Los respectivos consorcios controlantes
eran titulares del 60% del paquete accionario de cada firma, por ello el porcentaje equivalente de
utilidades acumuladas (3.354 millones de dólares) más que triplica los 1.000 millones de dólares que
supuso el desembolso realizado en 1990, para hacerse cargo de los activos de la ex-ENTel empresa
pública nacional de telecomunicaciones. Tal evolución les posibilitó, a los consorcios adjudicatarios de
Telefónica de Argentina (Cointel) y Telecom Argentina (Nortel), tomados conjuntamente, recuperar el
monto de la inversión inicial en poco menos de cuatro años.
Los impactos todavía se siguen sufriendo. Pero más allá de la pérdida de patrimonio y control
nacional sobre diferentes recursos -entre otros aquellos estratégicos como los recursos enérgeticos
básicos- y otro patrimonio de carácter nacional en la mayoría de los países del mundo, como las “líneas
de bandera”, los “aeropuertos” o la confección de pasaportes y documentos de identidad personal, este
proceso tuvo también efectos regresivos. Algunos autores lo califican como shock institucional como
Schorr. Es sin duda un complemento sine qua non del shock de la convertibilidad como lo señaló el
Ministro Cavallo. Azpiazu y Schorr (2001) muestran que las privatizaciones se realizaron de parte de
fracciones de capital con predominio de empresas transnacionales y grandes grupos económicos
nacionales, con una lógica de valorización basada en el capital financiero. Para ellos, las privatizaciones
explican la brutal concentración y centralización del capital producida en la Argentina en ese período,
dando lugar a oligopolios, a lo cual se sumó la constitución tardía de los débiles entes reguladores que
además no creaban restricciones al poder y mantuvieron privilegios otorgados a las empresas
privatizadas.
Los entes reguladores de las empresas privatizadas según Aspiazu (2006) fueron capturados por
dichas empresas, concepto que denota la construcción de un escenario propicio para estas inversiones,
tanto por la omisión de normas tendientes a moderar los efectos negativos de la inserción local de las
empresas extranjeras, como por las expresas acciones orientadas a configurar mercados seguros y
altamente rentables para los capitales privados, y no regular las privatizaciones.
Fuga de capitales, “default” y expropiación de ahorros, salarios y subjetividades
Al finalizar la década del 90’ y el siglo XX, cuando los efectos del ajuste y de las reformas del
Estado ya habían producido una razzia sangrienta de la clase media, expulsándolos hacia el mundo de los
pobres se produce otra gran expropiación de ahorros e ingresos, transferidos a la banca y las grandes
empresas. Se dice que el fenómeno de empobrecimiento de la clase media en los noventa en la Argentina
no tiene parangón en el mundo10
. Sólo se parece a lo sucedido durante la preguerra en Alemania.
Aproximadamente más de 10 millones de personas se empobrecieron entre la década de los 80’ y la
tragedia de finales de los 90’.
Durante la presidencia de De la Rúa, quien mantuvo las políticas neoliberales iniciadas por
Menem, inclusive designando al super ministro Cavallo, artífice principal de la aplicación de las recetas
del Fondo Monetario Internacional durante la etapa menemista, se produce el llamado “default” de la
convertibilidad (el equivalente de un peso a un dólar que había sido impuesto a principios de la década de
los 90, luego de un proceso de hiperinflación).
Este se produjo luego de otra estrategia de expropiación de riqueza de ese período, que fue el
canje de bonos de deuda externa con el FMI y el Banco Mundial, el que además presentó vicios ilegales
y, debido a las condicionalidades que impuso el Fondo, también un deterioro aún mayor del nivel de vida
de la población. Rappaport y Brenta (2003: 85-90) ejemplifican este proceso en un análisis
pormenorizado. El llamado “blindaje” de finales del 2000, por 40.000 millones de dólares, apuntaba a
contener las presiones de abandonar la convertibilidad por amenaza de default, hasta que se concluyera la
negociación del canje de títulos de la deuda externa, y la reestructuración del perfil de la deuda en bonos
posterior de mayo del 2001. Esta última medida fue cuestionada por la Auditoria General de la Nación,
arguyendo que vulneró la Ley de Crédito Público por lo que debería quedar sin efecto, lo que no sucedió.
Esto por las elevadas comisiones pagadas a los bancos intervinientes, las elevadas tasas pactadas y el alto
precio reconocido de los títulos. En Agosto del 2001 hubo un nuevo acuerdo con el FMI en el que las
condicionalidades “implicaron medidas de singular dureza” (se redujeron un 13% salarios y jubilaciones
superiores a 500$, siendo que la canasta básica de una familia tipo en el límite de la pobreza era de 450$).
Entre el 19 al 21 de diciembre del 2001, luego de una fiesta de venta de bonos de deuda pública,
con altas tasas de interés y una fuga de ahorros bancarios, el Ministro Caballo inmoviliza los ahorros y el
circulante monetario, el llamado “corralito” (los ahorristas y asalariados no podían sacar su dinero de los
bancos, sólo de una manera muy reducida). Esto produjo la movilización de las clases medias a finales
del 2001 y principios del 2002 ya que quedaron bloqueadas las disponibilidades de más de tres millones
de personas por una suma superior a los 60.000 millones de dólares (Perez Lindo, s/f). Para Grassi la
crisis fue también el producto de la “sublevación de los grupos económicos”, “quienes controlaban los
resortes de la economía, y cuyas decisiones (entre ellas las demarcaciones de precios y la especulación
10 Conferencia brindada por Rubén Lo Vuolo en la Universidad Nacional de Salta en el año 2003.
financiera) provocaron el “estallidos de los indicadores socio económicos, rompiendo de hecho con
normas tácitas de convivencia social” (Grassi, 2006: 87).
La represión en plaza de Mayo, en esos días, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, produce
35 muertos y un sin número de heridos. Las movilizaciones continúan, derrocando dos presidentes en
menos de diez días. En esta circunstancia surge una consigna que sintetiza la unión coyuntural entre el
movimiento de trabajadores desocupados, autodenominados piqueteros y la clase media “piquete y
cacerola la lucha es una sola”. Se suman los ahorristas organizados, la clase media enfurecida, los
piqueteros, el movimiento estudiantil y el de los Derechos Humanos. Las puebladas continuas destruyen
edificios, símbolos del saqueo, como los Bancos. El estado de efervescencia popular obliga a adelantar
las elecciones presidenciales y a otorgar subsidios a la desocupación, a partir de diferentes planes sociales
que responden a artes de gobierno focopolíticos, arrancados al gobierno por el movimiento piquetero que
oficiaron también para neutralizar, en parte, el conflicto social.
El llamado técnicamente default, que vivió la Argentina en el 2001 fue debido fundamentalmente
a la fuga de capitales alentada por el FMI, sobre todo de capitales de las empresas privatizadas
transnacionalizadas y de la elite burguesa local, altamente concentrada. Fue una expropiación ilegal de un
monto exorbitante de dinero de ahorros y salarios (a través de depósitos bancarios) producto del
corralito, la devaluación del peso y la posterior pesificación de los depósitos en dólares. Según Llorens y
Cafiero (2002 cit por Rapapport y Brenta, 2003:73 cita 11), en el caso Argentino, el capital financiero
especulativo pudo armar una estrategia ordenada y silenciosa de salida antes de la devaluación, por que el
“orden” fue provisto por las ayudas del FMI, que proveyó las divisas externas y generó señales de
“confianza” a los mercados internacionales, ganando tiempo para el retiro oportuno. Además el FMI
exigió y logro como condicionalidad la derogación de la Ley de Subversión Económica que permitía
procesar judicialmente a banqueros que colaboraron con la fuga de capitales.
La resolución del corralito fue el paso de la convertibilidad a la maxi devaluación del peso. Con
las medidas tomadas por el presidente Duhalde, devaluando la moneda en un trescientos por ciento (un
peso igual a tres dólares) y pesificando los depósitos en dólares de los ahorristas, los ahorros se
volatilizan y la protesta fue en aumento. El dinero fue devuelto privilegiando a los bancos por encima de
los ahorristas (luego de juicios y movilizaciones). Los ahorristas perdieron dos tercios de sus ahorros a
favor de los bancos (Perez Lindo, s/f).
El país que había seguido las recetas del Fondo Monetario Internacional al pie de la letra, es
llevado al fondo del abismo. Un estado capitalista que paradojalmente conculca la propiedad privada de
los ahorros privados bancarios. Las medidas que se toman, avaladas por la Corte Suprema de Justicia,
benefician claramente a la Banca mayoritariamente extranjera, en contra de los ahorristas. El sistema
judicial que ya venía siendo interpelado, por el movimiento popular, se pone también en el centro de la
mira de las luchas que presionan en frente del edificio de la “Corte Suprema de Justicia” por el recambio
de los jueces que la componen. La consigna que resume el descontento contra los bancos, los políticos,
los funcionarios, los parlamentarios y el sistema judicial se resume en el grito: “que se vayan todos”.
“Que se vayan todos los que han agarrado todas nuestras riquezas y el Fondo Monetario Internacional”,
afirma una militante piquetera.
En una investigación de los resultados de la Comisión especial investigadora de la Cámara de
Diputados sobre la fuga de divisas de la Argentina, durante el año 2001,11
se puedo constatar que la
mayoría de esas “fugas” fueron de en un número reducido de empresas e individuos pertenecientes a los
grupos de poder empresario y personas físicas de la elite de la pampa húmeda, así como a las empresas
privatizadas. La mayor proporción la constituyen compañías que integran la elite empresaria (las 200
firmas de mayor facturación cuya concentración se detallará más adelante). En el 2001, estas empresas
11 “Fuga de divisas en la Argentina”, comentario del libro en IADE, Revista de Ciencias Sociales realidad económica,
Publicado el 8/9/2006 15:49:50
concentraron el 70% de los montos transferidos. La Comisión verificó que alrededor de un 50% de las
divisas fugadas son prestatarias privadas de servicios públicos y/o accionistas de las mismas. Por ejemplo
se encuentran en la lista Telefónica de Argentina, Repsol-YPF, Telecom Argentina, Edesur, Central
Puerto, Transportadora de Gas del Sur, Aguas Argentinas, Metrogas y Transportadora de Gas del Norte
entre las primeras, y Nidera, Aceitera General Deheza, PBB Polisur y Pluspetrol entre las segundas.
Asimismo, el estudio comprobó que aproximadamente un 65% del monto de la “fuga” correspondió a
firmas controladas por -o vinculadas a- los principales grupos económicos nacionales y extranjeros que se
desenvuelven en el nivel doméstico. Sobre esto último, en el Anexo I del libro (en el que constan 520
compañías que dieron cuenta del 90% de los montos transferidos por empresas) se encuentran firmas
pertenecientes a los grupos más concentrados que acumulan más riqueza pertenecientes a las burguesías
transnacinalizadas de mayor poder político y económico, como Pérez Companc, Telefónica, Repsol,
Techint, Clarín, Aluar-Fate, Macri, Fortabat, Arcor y Fiat. En el listado de los principales "fugadores",
aparecen apellidos de familias “tradicionales” y/o de propietarios de varias de las principales firmas y
grupos de las burguesías locales: Pérez Companc, Angulo, Madanes Quintanilla, Frávega, Acevedo,
Zupán, Sánchez Caballero, Blanco Villegas, Mc Loughlin, Escasany, Spadone, Moche, Juncadella,
Fuchs, Elsztain, Constantini, Ayerza, Mitre, Otero Monsegur, Lacroze de Fortabat, Zorraquín, Oxenford,
Bagó, Ruete, Handley y Duggan, entre otros. La cuarta parte de las divisas fugadas por empresas
correspondió a firmas del sector agropecuario bonaerense (en especial, aquellas pertenecientes a los
grandes propietarios que conforman la cúpula de la actividad vinculados a la vieja oligarquía
terrateniente).
Un típico ejemplo de expropiación de subjetividades de esta gubernanamentalidad neoliberal
neocolonial, fue la explicación que dieron los promotores de las reformas sobre el “default” que, como se
mostró, fue el producto de las reformas “estructurales”, de la convertibilidad y de las políticas
facilitadotas del FMI. José Manuel Quijano12
(2005) afirma, que en el caso de Argentina, “la visión más
difundida es que esta nación y la convertibilidad se desplomaron por exceso de gasto público, por el
despilfarro fiscal que algún vocero del FMI – con supina insolencia – identificó con los políticos de las
provincias que «actúan como borrachos que se van metiendo en el alcohol y cada vez lo disfrutan más
hasta que se derrumban en el piso»” (cursivas nuestras). Esta argumentación se asienta en un
deslizamiento del ámbito de las relaciones de poder y de la exacción fraudulenta de riqueza producida en
el período, a la cultura de sujetos “provincianos”. Esta explicación se asienta en viejas representaciones
del discurso neocolonial y del desarrollo/subdesarrollo. La asociación de la representación de
subdesarrollo/alcoholismo es inveterada y está anclada en las visiones racistas coloniales del indio y las
higienista y eugenésicas republicanas del siglo XIX y XX (Alvarez Leguizamón y Queiroz Coutinho,
2004). A su vez, las representaciones de la barbarie y el subdesarrollo en el discurso civilizatorio local
(que se remonta a Sarmiento y a las guerras civiles entre unitarios y federales del siglo XIX), se actualiza
a diario, en el presente, a partir de una cartografía política que asigna representaciones descalificantes a
las provincias, a veces denominadas con la categoría nativa del “interior” (todo lo que no es Buenos
Aires), quedando excluidos “los porteños” y, particularmente la burguesía ahora oligopólica y
transnacionalizada que allí reside. Al sentirse europeos y no latinoamericanos, esto es sin mácula de
“mestizaje nativo”, asignan todos nuestros males a factores culturales de lo que consideran “los bárbaros
subdesarrollados”. Se podría hablar de un habitus republicano neoliberal o también habitus colonial de la
elite, como plantea Rivera Cusicanqui (2004). Considero que éste continua funcionando a través de
diversos “ejes invisibles” en la Argentina, entre diferentes dualidades que estigmatizan el vínculo entre el
“súbdito y el soberano”, como el de desarrollo/subdesarrollo; centro-capital/interior-provincias;
blancos/mestizos/indios, entre otros y que el habitus colonial neoliberal las actualiza de formas diversas y
12 Economista uruguayo, ex-director del Instituto de Economía de la Universidad de la República, Montevideo. Director de
Cuadernos de Marcha.
sutiles. Sigue presente la representación de que estas poblaciones son causales de inestabilidad política y
del “atraso”.
Concentración de la riqueza, modificaciones en la estructura social y empobrecimiento de la
población, aspectos intrínsecos de la gubernamentalidad neoliberal
La gubernamentalidad neoliberal, decíamos, actúa a distintos niveles transformando las conductas
y regulando y disciplinando la economía de manera de aumentar la desigualdad social y evitar las
compensaciones que, por la vía de los derechos laborales y sociales, se habían logrado en el desarrollo
del estado de bienestar anterior. El aumento de la desigualdad social y la concentración de la riqueza,
aspectos intrínsecos de la gubernamentalidad neoliberal glocal como ya señalamos, adquiere
particularidades según los países. Junto a las regulaciones y des/regulaciones de la economía, se
remercantilizan y desregulan las relaciones entre capital y trabajo mediante su flexibilización, que habían
sido desmercantilizadas y reguladas (siguiendo a Esping Anderson, 1993 y a Castel, 1999) por medio de
las leyes laborales y los derechos sociales, en la etapa anterior. A esto se suma un intenso proceso de
despido de asalariados por las reformas del estado, las privatizaciones de los servicios públicos y un
proceso de desindustrialización y desproletarización acelerado.
Los dispositivos dirigidas a los expulsados del modelo por estas lógicas, se vincula con las
políticas de la vida y la muerte a través de la focopolítica minimistas o minimalistas que otorga
“transferencias condicionadas” mínimas, de cuño asistencial a los más pobres de entre los pobres y a
algunas de las víctimas de las transformaciones, como los desocupados (Alvarez Leguizamón, 2008).
Para Rapapport y Brenta (2003: 70 y cita 8) y muchos otros estudios empíricos, el rol que jugó el
FMI en la gran transformación y la creciente desigualdad social fue fundamental. “Las condicionalidades
acordadas por el gobierno argentino con el FMI impregnaron su política económica en los años 90’ y
lograron alterar estructuralmente no sólo la economía doméstica, sino también la sociedad. El incremento
exponencial de los índices de pobreza, indigencia, mortalidad infantil, desnutrición e inseguridad; el
saldo migratorio negativo en un país tradicionalmente receptor de inmigración; el abandono prematuro de
la escolaridad cuando en 1991, la tasa de alfabetización era del 96,4%, marcan algunas de las
consecuencias sociales de la aplicación de las políticas alentadas por el FMI en la argentina”.
En lo que respecta al aumento de la desigualdad social, en este período se observa una
disminución importante de asalariados en general y de obreros en particular; aumenta la precarización e
informalidad de los asalariados, disminuye el salario real de los trabajadores, aumenta la super
explotación del trabajo por horas trabajadas y por remuneraciones, la desocupación abierta y el
subempleo y el empobrecimiento (Beccaria, Luis, 2002; Grassi, Estela, 2006; Monza, Alfredo 1996;
Grassi, Estela y Alayón, Norberto 2004). Todo lo cual viene acompañado de pérdida de calidad de vida
por debilitamiento del acceso a derechos sociales.
No sólo las leyes flexibilizadoras del trabajo, sino también el proceso de desindustrialización fue
otro factor de precariedad, pobreza y desocupación. La ocupación industrial según el censo industrial
dado a conocer en el 2009 (poco más de 950.000 trabajadores), supone una expulsión de más de 55.000
personas respecto a una década atrás. El fenómeno se reproduce por tercer censo consecutivo y remite a
una expulsión de casi 375.000 trabajadores en relación con los ocupados en la última fase del proceso
sustitutivo. Así, al cabo de tres décadas, la industria expulsó a casi el 30 por ciento de la dotación de
mano de obra ocupada y se constituyó en uno de los sectores que más aportó a la problemática de la
desocupación y la precarización laboral. (Azpiazu y Schorr 2001)
La pobreza aumento significativamente, era inferior al 10% a principios de los 60 y después de
Menem alcanzó el 58% a finales de 2002. (Kliskberg, 2010, Lustig, 1998). El caso Argentino es
paradigmático decíamos, también por que fue uno de los países con mayor asalarización de América
Latina y con una distribución de la riqueza relativamente mejor que otros países de la región. Según un
estudio del CELS (2008:4) la histórica distribución del 50% del ingreso nacional para el capital y el 50%
para el trabajo que rigió en la Argentina desde la posguerra, se redujo al 70% y al 30%, respectivamente
durante la última dictadura militar (1973-1984) y se profundizo luego de la transformación neoliberal. En
1998 el 20% más rico de los argentinos obtiene el 51% de la riqueza anual del país13
. En esa fecha, el
10% de la población tiene un ingreso que, en promedio, supera 31 veces al del 10% más desfavorecido,
cuando hace 30 años lo superaba sólo 7 veces. Y el 20% que está mejor concentra el 54% del ingreso
nacional, en tanto el 20% que esta peor no llega al 4%. (Stella Grassi, 2006). Si bien desde 2003 hubo
una expansión del PBI, de los salarios y de los niveles de ocupación registrados, este proceso no generó
un aumento de la participación de los asalariados en el ingreso, sino más bien lo contrario. “La
participación del trabajo en el ingreso ha disminuido, y en el año 2007 es del 27%, el 11% inferior a la
del año 2001” según el CELS. Tomando el índice de Gini para observar la distribución de la riqueza, la
de la Argentina era medianamente buena, comparada con otros países latinoamericanos. Luego de la
Gran transformación esta distribución de los ingresos se revirtió. Pasó de ser uno de los países con un
grado de desigualdad medio medida en términos del índice de Gini, entre 0,4700-0,5199 a participar del
grupo de países con mayor desigualdad de América Latina junto con Brasil y Honduras en el 2004
(0,5800-1). (CEPAL 2004: 6-7).
Un país que se vanagloriaba de la posibilidad de ascenso social, del acceso a la educación, a la
cultura y el bienestar de su gente; que en 1984, cuando se midió por primera vez las pobreza de la
población, según necesidades básicas tenía solo el 8%, a principios del 2002, tenía más de un cincuenta
porciento de su población pobre según ingresos, un 35% en la línea de indigencia y casi cuatro de cada
diez argentinos no tenía trabajo. La desocupación abierta en Julio del 2002, llegaba a la cifra record de
21,5%, lo que afectaba a 3.036.000 personas o lo que es lo mismo a 750.000 hogares. El nivel de
subocupación afectaba a casi una de tres familias, las que tenían en sus hogares un miembro con
problemas de empleo. De los que trabajan, tres millones ganaban menos de 200 pesos que no llegaba a
cubrir la canasta de consumo alimentario14
. Concomitantemente un pequeño grupo vive en enclaves del
primer mundo, pero amurallados y aterrados por la violencia que esta morbosa desigualdad social les trae
a sus puertas, dada la alta criminalidad que ha generado la reconversión de la estructura social, la
concentración del ingreso, el aumento de la pobreza y el retiro del Estado.
Concentración y desnacionalización de la riqueza
Si analizamos la concentración de la riqueza como otro de los aspectos claves de la expansión del
capitalismo a nivel global y de la gubernamentalidad neoliberal a nivel local, se observa que las clases
burguesas se recomponen, aumenta la transferencias de excedentes y ahorro nacional hacia empresas
transnacionalizadas y bancos privados y de “desarrollo”. En la década de los 90 se produjo una alta
concentración de los beneficios en los grandes capitales, de origen local y extranjero y un proceso
progresivo de extranjerización y desnacionalización de los activos y de la composición de las empresas
concentradas de las burguesías locales. Esto fue posible, para Brinner y Schorr (2002) gracias a la
promoción de facilidades para el desarrollo de tasas extraordinarias de rentabilidad, superiores a las
internacionales. Entre 1993 y 2000, el PIB global (tomado a precios corrientes) creció un 17,1%, el
generado por las 500 mayores empresas aumento 44,3%. El grado de oligopolización real del conjunto
de la economía argentina se caracteriza porque un número importante de las principales empresas del país
es propiedad de algunos grandes grupos económicos por lo que la concentración es aún mucho mayor. Dato que se potencia si se considera que muchas firmas forman parte de un solo holding: Por ejemplo,
cuando se analiza el panel de las cien firmas más grandes en 1998, el grupo local Pérez Companc
13 “Fuerte concentración de la riqueza en la Argentina” INFORME DEL BANCO MUNDIAL,
http://www.clarin.com/diario/1998/05/03/o-02601d.htm 14 En base datos del INDEC en Diario El Tribuno, 28 de Julio del 2002.
participaba en la propiedad de Pasa, Pecom Agra y Refisan, el conglomerado extranjero Techint
controlaba cuatro firmas líderes en la producción sidero-metalúrgica (Comesi, Siat, Siderar y Siderca),
mientras que el holding español Repsol tenía participación en Astra, Eg3, Refinor, Refisan e YPF. Las
empresas locales aportaron al valor agregado generado por el conjunto de esa elite disminuyó casi un
55% (pasó del 38% al 17%) en ese período. Las asociaciones entre capitales locales y transnacionales se
contrajo aproximadamente un 67% (cayó del 30% al 10%) y las ETs aumentaron significativamente: del
32% en 1993 al 73% en 2000.
Si se analiza el Valor agregado por Rama de Actividad según tipo de empresas en el 2000
(Briner & Schorr, 2002) se observa asimismo una concentración importante en las ETs. Estas aportan el
95% en el ámbito de "minas y canteras", mismo guarismo para las que se desempeñan en el ámbito de las
"comunicaciones" –empresas privatizadas como: (empresas telefónicas privatizadas y en menor medida
las de prestación por cable, telefonía celular y correo telepostal), el 86% del de las que fabrican
"maquinarias, equipos y vehículos" (las grandes terminales automotrices); 82% del las que se
especializan en la elaboración de "combustibles, químicos y plásticos" (sobre todo refinación de
hidrocarburos y algunos segmentos del complejo petroquímico y grandes laboratorios); básicamente, de
empresas que se dedican a la producción de gas y/o petróleo; el 71% del de las que prestan los servicios
de "electricidad, gas y agua" (Las firmas de este sector surgieron de las distintas privatizaciones -
nacionales y provinciales- realizadas durante los 90’); 70% del generado por las que se dedican a la
manufactura de "alimentos, bebidas y tabaco", sector tradicional de industrias locales en el período
sustitutivo de importaciones. La concentración de la riqueza se produjo no sólo por los oligopolios de las
empresas privatizadas sino también en el sector industrial.
Esta concentración se hace visible, según Shorr y Wainer (2006) cuando se observa que 13 de
estos grupos pasaron de explicar casi el 69% de las exportaciones totales en 2001 a más del 82% en 2003
y en este último año, diez de ellas concentran el 43% del total, entre las primeras se encuentran las
exportadoras de granos sobre todo de soja transgénica, cuya expansión se produce a partir del 1999,
cuando se legaliza su cultivo y se expande la frontera agrícola a una velocidad e insustentabildiad que
algunos llaman ecocida. Son también las empresas que más fuga de capitales realizan como se verá más
adelante. Dentro de las veinticinco primeras en el 2003 se encuentran once compañías oligopólicas del
sector agropecuario y/o de la producción agroindustrial (Cargill, Bunge Argentina, Molinos Río de la
Plata, Louis Dreyfus, Aceitera General Deheza, Vicentín, Nidera, La Plata Cereal, A.C. Toepfer, ADM
Argentina y Asociación de Cooperativas Argentinas), siete que operan en la actividad petrolera y en la
minería (Repsol, Petrobrás, Minera Alumbrera, Chevron San Jorge, Pan American Energy, Vintage Oil
Petroleum y Refinería del Norte), tres ligadas con la industria siderúrgica (Siderca, Siderar y Aluar), dos
automotrices (Volkswagen y Ford) y otras dos que se desenvuelven en el complejo químico-petroquímico
(Dow y Compañía Mega); este perfil es el mismo de las que se ubican debajo de estas 25. (Shorr y
Wainer; 2006)
Estos ejemplos y la creciente desnacionalización de la riqueza Argentina muestran la pertinencia
contemporánea de la teoría de la dependencia como una forma particular de la gubernamentalidad
neoliberal. Para Cristóbal Kay (1998) esta se puede observar a partir del gran aumento de la movilidad
de capitales y su disponibilidad en la economía mundial desde los 70 y la dependencia de los capitales
extranjeros producida por la crisis de la deuda de los 80. Según este autor, a través de regalías, utilidades
e intereses se sigue transfiriendo un considerable excedente económico a los países centrales. Tales
transferencias, derivadas de las inversiones extranjeras y del intercambio desigual en el comercio
internacional, implican una significativa reducción de los fondos nacionales. Por otra parte, a pesar de la
creciente presencia de empresas trasnacionales en América Latina, la difusión tecnológica ha sido escasa,
lo que ha confirmado la crítica hecha por la teoría de la dependencia. Estudios recientes han confirmado
el continuo deterioro de los términos de intercambio de la periferia en comparación con los de los países
del centro. Esto significa que deben exportar una mayor cantidad de productos para poder comprar la
misma cantidad de bienes. En lo que respecta a la desanacionalización, se observa que al inicio de los 90’ la burguesía local
estaba constituida por grandes firmas de la elite pertenecientes a conglomerados empresarios (grupos
económicos locales y extranjeros, y asociaciones) las que explicaban el 21% de toda la producción
industrial y a fines de los 90’ llega a más del 32%. Por otra parte se produjo también una
desnacionalización de la industria. En 1991 las empresas extranjeras aportaban el 34% de la elite en el
conjunto la producción fabril, mientras que en 1998 explicaban casi el 62%. (Kulfas y Schorr, 2006).
En el período que va del 2000 en adelante, el proceso de desnacionalización se agudiza, las
empresas nacionales que más facturan pasan de 281 a 163 y las ETs de 219 a 337. En cuanto a utilidades
las empresas extranjeras se apropian del 92,1% y las nacionales el 7,9%. Así lo revela el Informe sobre
las Grandes Empresas en la Argentina, que publica anualmente el INDEC con datos correspondientes a
2005. De entre las 500 primeras empresas que más facturan, apenas 50 firmas (el 10% del total) explican
el 68% de las ganancias y 200 empresas (el 40%) se llevan el 85% de las utilidades. (Bermudez, 2007)
En el 2005, según datos de la Bolsa de Buenos Aires15
, las compañías que allí cotizan reportaron
utilidades a sus accionistas por 10.946 millones de pesos (3.650 millones de dólares), un 85 por ciento
más que en el mismo curso de 2004. Cuando se desagrega por sectores, petróleo y gas,
telecomunicaciones, siderurgia y metalurgia, holdings y energía eléctrica fueron quienes más
satisfacciones otorgaron a sus accionistas. Estas son en su gran mayoría empresas privatizadas.
Otro dato empírico de la extracción de ganancias nacionales, bajo relaciones de dependencia, es la
creciente fuga de capitales y la extranjerización de la banca. Las multinacionales radicadas en la
Argentina giraron US$ 945 millones al exterior en el segundo trimestre del año 2008, un 43,4% más que
en el mismo período del año anterior, según el balance cambiario del Banco Central (BCRA). En el
primer semestre, los dividendos y utilidades girados llegaron a los US$ 1502 millones, un 28,3% más que
en los primeros seis meses de 200716
. Bergoglio, Cardenal primado de la Argentina hizo hincapié en la
extraordinaria fuga de capitales que ha padecido y padece el país: "Hay aproximadamente 150.000
millones de dólares de argentinos en el exterior, sin contar los que están fuera del sistema financiero, y
los medios de comunicación nos dicen que siguen yéndose de Argentina, aproximadamente, otros 2.000
millones de dólares más al mes"17
. El sector petrolero, la industria química, la de caucho y plástico, la
automotriz y la de alimentos, bebidas y tabaco concentraron, en conjunto, el 64% de los envíos al exterior
durante el primer semestre. Entre marzo y junio del 2009 se destacaron los giros de utilidades y
dividendos de automotrices (US$ 177 millones), químicas (152 millones) y bancos (119 millones). Esto
por que las empresas extranjeras gozan de la libre disponibilidad del recurso, sin obligación a ingresar la
venta de sus exportaciones y en el caso del petróleo puede sacar fuera del país el 70% de las divisas de
las ventas.
Otro producto de la gubernamentalidad neoliberal derivado de la política de apertura y de las
condicionalidades impuestas por el FMI, fue la aceptación de una mayor concentración de la banca
extranjera. Como resultado de las privatizaciones, de las fusiones y adquisiciones, disminuyó el número
de bancos: Argentina pasó de tener 206 bancos en 1994 a 113 en el 2000. La participación en los
depósitos totales de los 10 mayores bancos pasó del 73.1 en 1994 a 80.7 en el 2000 (CEPAL, 2002:
119). Esta tendencia fue bastante general en Sud América. En el período que va del 1990 al 2001, la
banca extranjera paso de controlar el 10% de los activos al 61%, en Brasil del 6% al 49%, en Chile del 19
al 62%, en México de 1% en el 1994 a 59% (Kulfas Matías; Porta, Fernando; Ramos, Adrián 2002)
CONCLUSIONES
Argentina fue uno de los países de América Latina en donde el mercado de trabajo se constituyó y
consolidó más tempranamente, alcanzando una extensión, estabilidad y calidad considerable; con un
estado de bienestar de importante extensión y cobertura; con alta movilidad social y una franja
15 ARGENTINA: Empresas privatizadas mayores beneficiarias en el 2005, AGENCIA INFORMATIVA PULSAR - Friday,
Dec. 23, 2005 at 12:01 PM, [email protected] 16
“Empresas: fue récord el giro de ganancias al exterior”,
http://www.argentinamunicipal.com.ar/despachos.asp?cod_des=13515&id_seccion=65 17 “Empresas: fue récord el giro de ganancias al exterior”,
http://www.argentinamunicipal.com.ar/despachos.asp?cod_des=13515&id_seccion=65 Jueves 1 de octubre de 2009
importante de sectores medios, con una economía relativamente integrada y una industria nacional que
auto-abastecía con holgura el mercado interno. En sólo diez años, durante la década de los noventa, estas
características se modificaron radicalmente, impactando dolorosamente sobre la calidad de vida de la
población. La reestructuración neoliberal logró alterar profundamente la reproducción social de las
personas. Los acuerdos con el FMI, los procesos privatizadores, la expropiación de ahorros, la
concentración de la riqueza modificaron la estructura social concentrando los recursos en una elite
burguesa transnacinalizada, empobreciendo sectores medios y agudizando la pobreza de los pobres de
siempre. Se produce una modificación estructural de las burguesías locales sobre todo una mayor
concentración y desnacionalización la que continúa en esta década. Luego de la devaluación y la salida
de la convertibilidad crecieron, como era de esperar las exportaciones pero fuertemente concentrada en
un grupo muy reducido de grandes grupos económicos de capital nacional y extranjero, fuertemente
transnacionalizados en términos productivos, comerciales y financieros, vinculadas a la exportación de
granos, sobre todo soja transgénica, empresas privatizadas petroleras y otras en actividades mineras
transnacionales, que actúan en el país gracias a la desregulación producida en los 90’.
Un país que mostraba una importante expansión de la educación y la salud pública gratuita, la
primera desde principios del siglo XX y la segunda desde la mitad, con derechos sociales vinculados
estrechamente a la condición de ciudadanía social, vio deteriorado el acceso y la calidad de estos
servicios. Ambos sistemas fueron desfinaciados y privatizados, directa o indirectamente con las reformas
que se inician en la última dictadura militar y se profundizan en la década de los 90’.
Luego de las reformas neoliberales del período el aumento de la pobreza es fundamental, sobre
todo en la forma de la pobreza urbana y de ex trabajadores devenidos en piqueteros o cartoneros que
revuelven la basura para sobrevivir. Se ha calculado que en julio del 2002 vivían de la venta de cartón,
papeles y metales cerca de 155.000 personas, los cuales entraban a la Capital Federal, provenientes de la
provincia de Buenos Aires, diariamente a recoger la basura18
. Regresa la construcción mítica de la
“barbarie”, también a partir de la pobreza de los pueblos fantasmas del interior y su gente que se
manifiesta en las calles, incendiando pueblos, quemando y saqueando organismos públicos como el caso
del Santiagueñazo, producto de los ajustes de las economías provinciales. Todos estos actores, victimas
directas de estas formas de gubernamentalidad son esbozos de cadáveres de la etapa de la
“industrialización” y el “bienestar”, que la generación del 80’ -a finales del siglo XIX- había puesto
como objeto de su gesta colonial civilizadora y que el peronismo -a mediados del siglo XX- había hecho
sujeto de derechos.
Actualmente los cartoneros están siendo corridos e ilegalizada la actividad, lo que logra erradicar
la pobreza al menos a la visibilidad de los sectores medios que habitan en la capital.
La visión “más difundida” de las causas de la crisis y la aseveración del funcionario del FMI que
puso en la borrachera de los gobernadores provinciales la causa del default, es el producto de un
argumento falaz que han esgrimido los civilizados y abstemios empresarios burgueses, funcionarios e
intelectuales orgánicos neoliberales, para no aceptar los problemas que ocasionaron las recetas que ellos
mismos pregonaron, ejecutaron y promovieron, como las únicas políticas posibles para arribar al
“primer mundo”, articulándonos con la lógica y las “ventajas” que nos ofrecía el libre mercado
globalizado, al mismo tiempo que se producía el “saqueo” de las riquezas y ahorros nacionales y un
radical empobrecimiento de la población y de los rangos de desigualdad.
Luego de la devaluación y la salida de la convertibilidad crecieron, como era de esperar las
exportaciones pero fuertemente concentrada en un grupo muy reducido de grandes grupos económicos de
capital nacional y extranjero, fuertemente transnacionalizados en términos productivos, comerciales y
financieros, vinculadas a la exportación de granos, sobre todo soja transgénica, empresas privatizadas
18 Diario El Tribuno, 28 de Julio de 2002
petroleras y otras en actividades mineras transnacionales, que actúan en el país gracias a la desregulación
producida en los 90’.
Las privatizaciones son uno de los ejes fundamentales para entender la protesta, así como la
concentración de la riqueza y la recomposición de la burguesía local. Considero que los tres ejemplos
analizados (las privatizaciones, la fuga de capitales del 2001 y las consecuencias del “corralito”)
constituyen estrategias de expropiación de riqueza no sólo sustantiva, sino que son dispositivos de
disciplinamiento y regulaciones de la gubernamentalidad neoliberal, que producen una concentración de
la riqueza de tal magnitud que explica no solo el creciente rango de desigualdad social, sino también un
drenaje de riqueza acumulada, expropiada por distintos actores: burguesías locales altamente
concentrados y transnacionalizadas, empresas privatizadas y la banca y el capital financiero internacional,
gracias al aval del FMI.
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