ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
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EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL QUE QUEREMOS INTRODUCCIÓN A “EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL QUE QUEREMOS” 3 CAPÍTULO 0. ATAQUES CONTRA LA EDUCACIÓN .................................................. 6
0.1._INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 6 0.2 PERSPECTIVA GENERAL Y DERIVA DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL ............................................................................................................................. 11 0.3. EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO ....... 20
CAPÍTULO 1. EL ESTUDIO Y LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA ........................... 25 1.1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 25
1.2. RETOS Y DELIBERACIONES ............................................................................... 26 1.3. PROPUESTAS ......................................................................................................... 29
CAPÍTULO 2. LA INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 39 2.1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 39
2.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL .................................................... 39 2.3. RETOS Y PROPUESTAS ........................................................................................... 41
2.3.1. RETOS Y DELIBERACIONES ........................................................................... 41 2.3.2. PROPUESTAS ...................................................................................................... 44
CAPÍTULO 3. LAS RELACIONES CON EL ENTORNO ............................................. 48 3.1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 48 3.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ................................................................. 49
3.2.1. LAS RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL .............. 50 3.2.2. LAS RELACIONES CON EL TEJIDO PRODUCTIVO ................................... 51 3.2.3. LAS RELACIONES CON INSTITUCIONES Y AGENTES INTERNACIONALES. ..................................................................................................... 51
3.3 LAS LENGUAS Y SU FUNCIONALIDAD ................................................................. 52 3.4. RETOS Y PROPUESTAS ........................................................................................... 53
CAPÍTULO 4. EL GOBIERNO Y LA GESTIÓN UNIVERSITARIA .............................. 58 4.1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 58
4.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. ............................................................. 59 4.2.1. COMPETENCIAS SOBRE LA UNIVERSIDAD. .............................................. 59 4.2.3. MODELOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN. ........................................................ 63
4.3.1. RETOS, DELIBERACIONES Y PROPUESTAS ................................. 65 CAPÍTULO 5. LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ......................................... 73
5.1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 73 5.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL .............................................................. 74
5.2.1. LA FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES ............................................. 74
5.2.3. LOS PROBLEMAS DE LA FINANCIACIÓN Y SUS DISFUNCIONES EN LAS UNIVERSIDADES DE ESPAÑA ...................... 80
5.3. RETOS Y PROPUESTAS ..................................................................................... 81
6.3.1. RETOS Y DELIBERACIONES .................................................................. 81
5.3.2. PROPUESTAS ................................................................................................. 81 CONCLUSIONES AL DOCUMENTO .......................................................................... 87
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INTRODUCCIÓN A “El SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL QUE
QUEREMOS”
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
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INTRODUCCIÓN A “EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL QUE
QUEREMOS”
Desde la Asamblea Estatal de Representantes de Estudiantes (AERE), hemos
elaborado el presente documento con el fin de abordar el debate sobre la
vigencia, las carencias y las necesidades de mejora del Sistema Universitario
Español (SUE).
AERE aglutina a los representantes de Universidades Públicas del Estado que, organizados en torno al compromiso con una Educación Pública y de Calidad,
analizamos que el sistema educativo español en su conjunto se encuentra en
una situación crítica, y hemos decidido dar carácter propositivo a nuestras
reivindicaciones y poner encima de la mesa una propuesta de Sistema
Universitario Español, la nuestra, la de los estudiantes.
Antes de comenzar, nos gustaría dar las gracias a las siguientes personas,
autoras del documento original ‘La Universidad que Queremos’, emitido por
la comisión delegada del Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga,
y aún en proceso de profundo debate por parte de la Comunidad Universitaria de la mencionada institución, con más de 80 aportaciones o propuestas de
modificación sólo por parte del Consejo de Estudiantes de la Universidad de
Málaga (CEUMA) a través de sus comisiones.
La elaboración del presente texto hubiese resultado imposible sin contar con la base que proporciona el mencionado documento, si bien el informe que
hoy presentamos difiere significativamente del original, tanto en enfoque
como en contenido.
Sin más, nos gustaría mostrar nuestro más profundo agradecimiento a las
siguientes personas, miembros de la comisión de la que emanó el documento que sirve de base al presente escrito:
D. Julián Almaraz Carretero, D.a María de los Ángeles Blanco Carrillo, D.
Carlos Canet Espinosa, D. Francisco González Fajardo, D. José Francisco
Murillo Mas, D. Francisco José Palma Molina, D.a Chantal Pérez Hernández, D. Ernesto Pimentel Sánchez, D. José María Souvirón Morenilla, D. José Ángel
Narváez Bueno y D. Miguel Porras Fernández.
No podemos acabar los agradecimientos sin reconocer el titánico esfuerzo
que se ha realizado desde los distintos Consejos y Delegaciones de Estudiantes de Universidades del Estado, que han sabido responder a este
compromiso y todo el trabajo que ha supuesto.
El contexto en el que se produce este encargo viene marcado, en primer
lugar, por el proceso de reflexión abierto por el Gobierno del Estado para
reformar la Universidad. Fruto de ese proceso, una Comisión de supuestos ‘expertos’ designada por el Gobierno, ha elaborado un informe denominado
“Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del Sistema
Universitario Español”, en el que se abordan cuestiones tan importantes en
materia universitaria como la selección del Personal Docente e Investigador,
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la evaluación de la calidad de las Universidades, su capacidad (medida en
términos abstractos como excelencia y competitividad), el Gobierno de las Universidades, su financiación y un análisis sobre los estudios y títulos
universitarios, realizando un conjunto de consideraciones y recomendaciones
que han abierto un amplio debate en la sociedad en general, y en la
comunidad universitaria en particular.
Como consecuencia, precisamente de este debate, surge la iniciativa en AERE de llevar a cabo un análisis global de la situación actual de nuestro
Sistema Universitario y de formular un conjunto de propuestas para mejorar
su funcionamiento que, a nuestro juicio, deberían estar directamente
relacionados con las siguientes áreas:
- El contexto reciente de la política educativa. - El estudio y la formación.
- La investigación y la transferencia de conocimiento.
- Las relaciones con el entorno.
- El gobierno y la gestión de la Universidad.
- La financiación universitaria.
En segundo lugar, la propuesta de reformar la Universidad se ha planteado
en una situación de crisis económica, que ha llevado al Gobierno del Estado
y a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas a adoptar medidas
restrictivas en materia económica y presupuestaria que afectan a la incorporación de nuevo personal a la Universidad y a la reducción del gasto
público en I+D+i, así como a la minoración de las inversiones en
infraestructuras y equipamiento científico.
Entendiendo que el gasto público en investigación, desarrollo e innovación y
en educación superior es, fundamentalmente una inversión de futuro sobre la que se deben asentar las bases del desarrollo y del progreso económico y
social de nuestro país, deberíamos plantearnos la necesidad de demandar a
los Gobiernos del Estado y de las Comunidades
Autónomas que se preserven ciertos niveles de inversión para garantizar el funcionamiento del sistema de educación superior y de investigación, sin
perjuicio de la obligación de las Universidades de replantearse, también,
fórmulas complementarias para incrementar sus recursos, a través de nuevos
métodos de financiación y mediante la mejora del rendimiento de sus propios
servicios. En este contexto, con los objetivos señalados anteriormente y con la experiencia de cada una de las comunidades de estudiantes, y en algunos
casos otro miembros de las diferentes
Comunidades Universitarias de todo el territorio, desde la Asamblea Estatal
de Representantes de Estudiantes queremos presentar este escrito, en
general a toda la sociedad, y en particular a los miembros de las diferentes Comunidades Universitarias de nuestro Estado, así como a las formaciones
políticas con intención de concurrir a las próximas citas electorales.
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CAPÍTULO 0. ATAQUES CONTRA LA EDUCACIÓN
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CAPÍTULO 0. ATAQUES CONTRA LA EDUCACIÓN
0.1._INTRODUCCIÓN
Desde hace algunos años hemos visto numerosos ataques a la educación
pública por parte de los sucesivos gobiernos, que justificaban los recortes en
educación como obligados por la crisis económica. Sin embargo, años antes
que la crisis estallara, ya se habían ido publicando diversos informes en los
que se perfilaba una estrategia mercantilizadora y elitista de la educación. La
crisis económica no ha sido más que el momento propicio para aplicar planes
previos. Ante la falta de consenso que sostuviera su proyecto educativo, han
intentado presentar cuestiones ideológicas como necesidades objetivas del
país. A continuación ofrecemos un resumen de algunos de los informes más
relevantes que han servido para perfilar los ataques contra la educación:
FAES 2010
En el campus de verano de FAES en el año 2010, el que sería ministro José
Ignacio Wert, impartió una ponencia donde se observa ya una marcada
orientación ideológica de proyecto educativo. Por tanto, la justificación que el
gobierno ha dado siempre de los recortes como consecuencia de la crisis
económica queda en duda. Ya antes de las elecciones generales de 2011,
Wert atribuía los defectos del sistema educativo público a un "fracaso político"
por las leyes vigentes, pero también por lo que él considera una "deriva
democrática equivocada, que ha erosionado las bases del sistema y ha
pervertido su funcionamiento". Además, calificaba la “idea del cogobierno”
por parte de “padres, alumnos, docentes y no docentes” en las aulas como
un “concepto abusivo e invasivo de comunidad escolar”. Este, según Wert,
exceso de democracia, provocó un "deterioro primero de la autoridad,
después de los estándares de exigencia y, finalmente, de los valores
nucleares del proceso educativo", como "esfuerzo, mérito, reconocimiento" o
"excelencia".
En un artículo del mismo año, publicado en la revista Cuadernos de
pensamiento político, editada por FAES, Pedro Schwartz, catedrático de la
Universidad San Pablo CEU y miembro del patronato de FAES, defendía la
creación de un bono universitario al estilo del bono educativo implantado en
la Comunidad de Madrid en otros niveles de enseñanza. En dicho artículo se
critica que aquellas personas que opten por una universidad privada sigan
financiando las universidades públicas mediante sus impuestos,
argumentando que supone una doble carga económica para las familias.
Según Schwartz, “el determinante papel del Estado crea obstáculos casi
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insuperables a la libertad de elección, distorsiona la competencia entre los
centros educativos y, en consecuencia, lastra la calidad de la formación y de
las labores investigadoras.” El hecho de que Estado y Comunidades
Autónomas financien principalmente las universidades públicas se califica de
“discriminación y un agravio comparativo para los centros privados que
distorsiona todo el sistema de calidad e investigación universitaria”. Se
plantea privar de financiación pública a centros públicos en favor de otros
privados sin ofrecer justificación para ello. En el mismo artículo se pide subir
las tasas universitarias y fomentar las fundaciones privadas y donaciones de
particulares dentro de la universidad pública.
UNIVERSIDAD 2000
Fue encargado por la CRUE (Confederación de Rectores de Universidades
Españolas) a un equipo de expertos dirigido por Bricall. Dicho informe fue
financiado (75 millones de pesetas) por entidades como el BSCH, Freixenet,
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales o Telefónica.
Para su elaboración no se consultó ni al alumnado ni a las propias
universidades.
El informe parte de la idea de comparar la universidad española con los
sistemas universitarios del resto de países de la OCDE, pero no tiene en
cuenta las las enormes diferencias que existen entre estos países, tanto
sociales como políticas y económicas.
El informe Bricall exige el aumento de la financiación pública, pero no busca
la mejora de la calidad de la enseñanza y de la formación científico-
humanista, sino el beneficio empresarial. En otras palabras: mayor inversión
pública para mayor beneficio privado. Esta propuesta se ajusta a un modelo
económico en el que el estado invierte un altísimo porcentaje de su PIB en
educación superior, lo cual no revierte en la sociedad y en la cultura ya que
está destinado en su mayor parte a I+D (investigación y desarrollo), de la
que se benefician las empresas, al excluir de estas grandes inversiones a la
universidad entendida como institución docente. Bajo esta perspectiva, tanto
las carreras como los propios alumnos serían contemplados en base a su
rentabilidad, eliminando en función de sus resultados a aquellos que no
resulten ‘eficientes’, manteniendo solo los planes de estudios más
económicamente rentables, y financiando pobremente la enseñanza de
carreras consideradas poco útiles o poco interesantes para las empresas.
Por otro lado, plantea una pérdida del grado de democracia en las
instituciones universitarias, puesto que pierde poder el máximo órgano de
funcionamiento parlamentario (el Claustro) en favor de otro cuyos miembros
son designados por medio de mecanismos de libre designación.
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También se habla del aumento de becas-préstamos en detrimento de las
becas convencionales de esta forma:
“Con el sistema de préstamos, los estudiantes se hacen más conscientes del
coste de su educación, tienen más incentivos para exigir una enseñanza de
calidad, y deben esforzarse en los estudios y en el trabajo, para poder
devolver la financiación recibida. De hecho, cabe pensar que la gratuidad de
la enseñanza superior no sólo no promueve el esfuerzo de los estudiantes,
sino que tiende a crear problemas de selección adversa, atrayendo a la
universidad a estudiantes que no tienen posibilidades de completar los
estudios; especialmente si existe un sistema de becas que proporcione
ingresos además de cubrir las tasas.”
Se vuelve a comprobar el proyecto elitista de educación en este informe,
donde se justifica la reducción en becas con el argumento de que estas no
promueven el esfuerzo de los estudiantes, lo que resulta en la práctica en
una exclusión de las clases populares de los niveles de educación superior.
Se asume que el tener bajos ingresos acarrea una imposibilidad de completar
los estudios, sin ofrecer dato o razonamiento alguno que apoye una
declaración tan discriminatoria.
SKILBECK 2001
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
comenta del informe Skilbeck que:
«[...] la universidad ya no es más un lugar tranquilo para enseñar, realizar
trabajo académico a un ritmo pausado y contemplar el universo como ocurría
en siglos pasados. Ahora es un potente negocio, complejo, demandante y
competitivo que requiere inversiones continuas y de gran escala».
En el informe Skilbeck se defiende la «modernización de la estructura
universitaria» en aras de la «excelencia», que no es otra cosa que la
adaptación a las necesidades de las empresas. Nuevamente se plantea un
enfoque de la educación universitaria que no deja lugar al desarrollo del
pensamiento crítico y la conciencia del individuo, sino que se exige que las
universidades «adapten sus planes de estudio y métodos de aprendizaje a los
requerimientos actuales de las organizaciones empresariales».
ESTRATEGIA UNIVERSIDAD 2015
Es una de las reformas de estudios universitarios aprobada por el gobierno
español en 2009, una continuación del plan Bolonia. Los puntos que vertebran
esta reforma son los siguientes:
La externalización del gobierno de la Universidad
Las propuestas de un nuevo gobierno de la Universidad desde 2009 han sido
variadas pero todas mantienen como punto fuerte su externalización. En
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2010, la fundación privada Conocimiento y Desarrollo, presidida por Ana
Botín, en colaboración con la Conferencia de Rectores de las Universidades
españolas, propuso en un informe reforzar el poder del Consejo Social frente
al Consejo de Gobierno de la universidad y elegir al rector entre candidatos
externos y con conocimientos empresariales, al estilo norteamericano.
Por su parte, otro informe redactado en 2013 por un comité de expertos
designados por el entonces ministro Wert, propone la fusión del Consejo de
Gobierno con el Consejo Social para crear un Consejo de Universidad que sea
el máximo órgano de gobierno y cuyo presidente sería elegido por el
Parlamento. Este consejo podría designar y cesar al rector. A su vez, el
rectorado escogería los decanatos y las directoras de departamentos de las
facultades. En la actualidad, ya los presidentes de los Consejos Sociales, el
órgano de representación de la sociedad civil dentro de las universidades,
cumplen perfiles muy similares a los que se plantean para los Consejos de
Universidad. Por ejemplo, el presidente del Consejo Social de la Universidad
Complutense de Madrid es Carlos Mayor Oreja, director de la Fundación San
Pablo-CEU y ex consejero de Educación por el PP de la Comunidad de Madrid,
mientras que el presidente del Consejo Social de la UNED es César Alierta,
presidente de Telefónica.
Resulta evidente el sesgo antidemocrático de este tipo de propuestas, que
abogan por entregar todo el poder de decisión a personas externas a la propia
universidad, privando a toda la comunidad universitaria de voz y voto en
todas las cuestiones de gestión y gobernanza. Propuestas claramente
coincidentes con el alegato en contra de la democracia en la educación que
hizo José Ignacio Wert en el campus de verano de FAES 2010.
FINANCIACIÓN PRIVADA
Ante la falta de presupuesto público, la respuesta del Gobierno es fomentar
la financiación privada con cátedras patrocinadas. Habrá empresas que
financiarán cátedras que investiguen en un ámbito que a la empresa le
interese. Actualmente, en las universidades ya se pueden encontrar
convenios de colaboración como el del Instituto Catalán de Nanociencia y
Nanotecnología con la UAB. Esta universidad también ha colaborado en
proyectos de investigación y transferencia de tecnología aeronáutica con
empresas como Indra o Boeing, parte de la producción de las cuales se dedica
a la aviación militar, y actualmente forma parte de un Clúster de Gestión
Aeronáutica.
Por otra parte, la EU2015 también promueve la interrelación y la colaboración
entre universidades de toda Europa. Uno de los criterios para conseguir
financiación pública con la reforma es ser denominado Campus de Excelencia
Internacional, lo que podrá fomentar la competición entre las universidades
en innovación y competitividad. De hecho, el ‘Informe de Expertos’ de 2013
mencionado anteriormente propone que entre el 20 y el 25% de la
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financiación pública esté ligado a resultados en I+D y la capacidad de crear
productos de transferencia tecnológica e innovación. El mismo informe
recomienda que las becas actuales se combinen con préstamos del sector
privado y financiero regulado por el Gobierno. La Caixa, BBVA o Banco
Santander ya tienen programa de préstamos dirigidos a estudiantes
universitarios.
NUEVO PLAN DE GRADOS-MÁSTER 3+2
En la Estrategia Universidad 2015 ya se plantea que las universidades de
España podrán modificar su oferta de grados del Espacio Europeo de
Educación Superior, para reducir la duración de los grados de cuatro a tres
años, a los que se añadirán dos de máster, en muchas ocasiones obligatorios
para el desarrollo de un trabajo. Esto provocará una reducción de temario y
la parte de especialización de la carrera, que se trasladará íntegramente al
máster para obligar a cursarlo, que en el ámbito público cuesta alrededor de
3.000 euros, según el informe Datos Básicos del Sistema Universitario
Español 2013-2014. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 43/2015, del
2 de febrero, el 3+2 ya es una opción real para las universidades españolas.
Desde el gobierno se esgrime la idea de que la realización del máster es
puramente opcional, por lo que el 3+2 abarataría de hecho las carreras al
quitarles un año. Es un planteamiento falaz, que obvia la pérdida de
formación que sufrirá el alumnado que ve reducido el temario de la carrera
en un 25 %. El máster se convierte en imprescindible ya que toda la
especialización se reserva para estos dos años, por los que hay que pagar
unas tasas mucho más elevadas. Como se puede apreciar en las gráficas, el
alumnado de máster se concentra mucho más que el de grado en las
universidades privadas, por lo que el 3+2 también beneficia así
indirectamente al sector educativo privado. En la universidad pública actual
es posible cursar un máster privado, cuyo importe puede variar entre 4.500
a los 20.000 euros por año. El máster privado aprovecha las instalaciones y
recursos de la Universidad pero se pacta entre la iniciativa de un profesor,
que se desgrava horas de docencia pública, y una empresa privada, aunque
mantiene el sello del centro y sólo el 20% de los ingresos del máster va a la
Universidad. Este tipo de educación tendente a la privatización es propia de
sistemas como el de Inglaterra, que únicamente mantiene un 35% de la
financiación pública y que provocó grandes movilizaciones y disturbios en
Londres en 2010 contra la subida de las tasas. Además, esta implantación
supuestamente opcional del modelo 3+2 provocaría asimetrías entre las
universidades ya que podrían convivir varios planes de formación distintos.
Dentro del Estado e incluso en una misma ciudad, se podría obtener una
misma titulación en tres años o en cuatro, según la universidad. Claramente,
el alumnado al que solo le interese la obtención del título se decantará por la
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opción más corta, lo que arrastrará al resto de las universidades a implantar
también grados de 3 años para no perder alumnado.
Desde el Gobierno se argumenta también que el modelo 3+2 nos acerca al
sistema predominante en Europa. La parte que se obvia es que un máster en
Leipzig o en Berlín cuesta 200 euros al semestre (y te dan el abono de
transporte gratis). En París, cuesta 180 euros. En Dinamarca, Bulgaria,
República Checa, Bélgica, Suecia, Noruega, Eslovaquia, Islandia, Finlandia y
Austria los precios son inferiores a los 400 euros. El problema no son los años
de especialización, sino el precio que se nos quiere hacer pagar por ellos.
El sistema de 3 años de formación básica y 2 de especialización es el que ya
existía con las antiguas diplomaturas y licenciaturas, pero sin aumento de
tasas en los últimos 2 años. El modelo anterior se cambió radicalmente hace
tan poco tiempo que ni siquiera ha sido posible evaluar el funcionamiento del
modelo Bolonia y ahora se pretende imponer una nueva vuelta de tuerca al
modelo, aun en contra de toda la comunidad educativa.
La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) rechazó la
implantación del 3+2 y calificó de "imprudente" cambiar el sistema de
titulaciones universitarias cuando apenas han terminado sus estudios las
primeras generaciones del Plan Bolonia y, es más, aún quedan estudiantes
del plan anterior. El Consejo de Estado compartía la postura de los rectores
cuando aconsejó al Gobierno retrasar la aprobación de la nueva normativa
aduciendo que el actual sistema de grados se terminó de implantar en España
en 2010, por lo que las primeras promociones no se graduaron hasta 2014.
0.2 PERSPECTIVA GENERAL Y DERIVA DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL
De forma paralela al desarrollo e implantación de un proyecto de universidad
elitista y mercantilizador, se han sucedido los ataques al sistema educativo,
especialmente en materia económica. Se ha recortado la inversión pública y
el gasto en salario y becas, lo que ha supuesto un previsible deterioro de la
calidad de la enseñanza y la situación de profesores y alumnos. Se apoya a
las instituciones privadas al mismo tiempo que se mina sistemáticamente la
calidad de las universidades y se priva a las personas más desfavorecidas de
la posibilidad de una educación universitaria al recortar el presupuesto de
becas y endurecer las condiciones para acceder a las mismas.
INVERSIÓN
Desde los distintos gobiernos se habla continuamente de la necesidad de
igualar el sistema educativo español al modelo europeo. Especialmente se
critica la posición de España en los resultados del informe PISA y, en el ámbito
universitario, se critica principalmente el modelo de investigación y
financiación. Según los datos, el problema del sistema educativo en España
es fundamentalmente la escasa inversión pública. La inversión máxima en
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universidades públicas en 2010 ascendió a 10.118.784.432 euros,
un 0,97 % del PIB español, muy lejos aún de la media de gasto en la
UE. A fecha de hoy, esa inversión representa únicamente el 0,88%
del PIB. Si en 2014 la inversión en todo el sistema educativo supuso un
4,25% del PIB, en 2015 es de un 4,23%, cifras similares a las de
Afganistán, 0,43 puntos por debajo de la media europea. Dinamarca,
uno de los países con mejores resultados educativos, se situó a la cabeza de
la UE en cuanto a inversión pública en educación se refiere, con un 8,75%
del gasto sobre su PIB. Se exige mejorar los resultados académicos, recortar
gastos y aumentar la rentabilidad de las inversiones privadas en las
universidades, mientras que al mismo tiempo se han llegado a recortar
423 millones de euros en los fondos de las administraciones
españolas a las universidades públicas (-45,8%). Mientras tanto, las
deudas de los centros aumentan: un 64% de los centros tiene ya un
saldo negativo, y la financiación ajena cayó un 15% entre 2008 y
2012 (1.253 millones de euros).
Figura 1.
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PÉRDIDA DE ESTUDIANTES Y TRASVASE DE LA PÚBLICA A LA
PRIVADA
Las matriculaciones en universidades privadas han aumentado en un 6,5 %
hasta alcanzar un total de 206 993 estudiantes. Según los datos provisionales
del MECD, el crecimiento es tan significativo que estas entidades han
incrementado su cuota de mercado hasta alcanzar un 30,19%, esto
es, 97.627 estudiantes matriculados nuevos en las universidades públicas
frente a 42.217 que lo hicieron en las privadas en el curso 2014/2015. No
creemos que sea fortuito ni accidental sino premeditado este trasvase de
alumnado de la pública a la privada y se ve su estrategia en los informes de
hace años anteriormente mencionados.
Uno de los principales argumentos de las protestas educativas contra los
recortes es combatir “la privatización”, no solo por lo que se deje de invertir,
sino porque temen que una mayor parte del dinero público educativo se
canalice a través de las empresas: “No aceptamos que se desmantele la
educación pública para beneficio exclusivo de la iniciativa privada”, decía el
texto de la principal confederación de padres de alumnos (Ceapa). Los
colegios privados han pasado de generar en España un beneficio de 132,2
millones de euros en 2000 a 490,5 millones en 2010, lo que da una media
por centro escolar de 46.000 euros anuales en la privada pura y 78.000 euros
en la concertada (subvencionada), según el dato del INE del curso 2009-
2010.
Figura 2.
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
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Presupuestos de Universidades 2010-2015
Figura 3.Presupuestos de Universidades 2010-2015. Datos recopilados de los presupuestos aprobados
por los Consejos Sociales
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España es el segundo país con más alumnos en aulas concertadas (privadas
subvencionadas) o completamente privadas, solo tras Bélgica, y se sitúa
hasta 22 puntos por encima de la media —en el caso de primaria— en el
porcentaje de estudiantes que se educan en centros bajo una gestión o capital
privados. La privatización, aunque minoritaria en Europa salvo excepciones,
como España, ha avanzado en la última década, y un temor inquieta a los
sindicatos europeos: la educación, alertan, puede no quedar excluida del
futuro Tratado de Libre Comercio entre la UE y Estados Unidos,
La educación ofrece oportunidades de negocio y la privatización avanza,
aunque de forma moderada, tanto en España como en el resto de Europa.
“En el año 2000, el 7,9% de los recursos de la educación procedía de la
financiación privada en la media de la UE. En 2011, el porcentaje se eleva al
10,7%. En España, en el mismo periodo se ha pasado de 12,6% de
financiación privada a un 14,6%”, explica Jorge Calero, catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona.
Figura 4.
Entra en vigor este curso el Real Decreto sobre creación y reconocimiento de
universidades y centros universitarios, inspirado en la Ley 420/2015, de
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
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garantía de la unidad de mercado. Esta norma flexibiliza las condiciones para
la creación de nuevos campus privados, lo que, probablemente, nos lleve a
un incremento todavía mayor del número de universidades privadas, que
pasaron de 13 a 33 entre 1997 y 2015; en este período no se abre
ninguna pública, a pesar de que el Gobierno habla, insistentemente, de la
necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y
centros.
Figura 5.
BECAS Y PRECIOS PÚBLICOS
Dentro de la deriva actual de marcado carácter mercantilista del sistema
educativo, en los últimos años se ha reducido drástica y constantemente el
presupuesto para becas y ayudas a los estudiantes. Desde el curso 2011-2012
al 2013-2014, último año disponible, el gasto total para todas las
enseñanzas ha caído un 18,3%. En total, 322 millones de euros que ya no se
dedican a ayudar y recompensar a los estudiantes. El curso 2014-2015 un
total de 757.027 estudiantes (todas las enseñanzas) obtuvieron una
beca, un 3% menos que los 780.000 del 2013-2014. La partida bajó de
66 millones de euros a 46 millones (un 30% menos) y el número de
beneficiarios se ha hundido: ha pasado de 323.898 a 122.508, un 63%
menos, según datos del Banco Mundial.
En el curso 2013-2014, los becarios de las enseñanzas universitarias
percibieron, de media, 1.869 euros, un 27% menos que dos años antes.
Desde la llegada del PP al Gobierno se cumple una regla: a menor gasto en becas
del Ministerio de Educación, mayor número de becarios en las universidades
españolas. Mientras que en el curso escolar 2011-2012 unos 442.000 becarios
recibieron 1.134 millones de euros, en el último año con datos disponibles,
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473.000 becarios percibieron 884 millones de euros. En el año 2013, además, se
eliminaron las becas Séneca, que ofrecían dotación económica a aquellos
estudiantes que estuvieran realizando una estancia de movilidad en otra
universidad española, lo que una vez más ha perjudicado a los estudiantes de
menor capacidad económica, dificultándoles el estudiar un curso en otra
universidad española.
La eliminación de las becas Séneca, que ha supuesto un ahorro de apenas 6,67
millones de euros, va además en contra de uno de los objetivos principales del
plan Bolonia, que era aumentar el intercambio y la movilidad tanto nacional como
internacional del estudiantado universitario.
Desde la subida de los precios públicos de matrículas universitarias en el año
2012, España es el 6º país más caro de Europa (33 países) en tasas académicas
(tanto en euros corrientes como en relación al poder adquisitivo) por detrás de
Reino Unido, Eslovenia, Irlanda,
Hungría y Letonia, según el informe "El coste de estudiar en Europa", del
Observatorio del Sistema Universitario y teniendo en cuenta que hay 11 países
europeos en los que la universidad es gratuita. Y es también de los pocos que
penalizan la repetición de asignaturas incrementando el precio.
Es igualmente llamativo que los países con más y mejores becas son aquellos
que tienen precios más bajos o total gratuidad.
Figura 6.
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
18
El recorte en becas, unido a la subida de las tasas universitarias, ha
supuesto que hasta 95000 estudiantes han abandonado las universidades
públicas desde 2011, sin tener en cuenta a todo aquel que no ha llegado a
iniciar estudios superiores por no tener capacidad económica para afrontar el
gasto que supone el actual sistema universitario.
Desde el Ministerio se justifica la caída en las matriculaciones como
consecuencia de la pérdida de población entre 18 y 24 años. Sin embargo, la
disminución de esa franja de edad se da desde el año 2008 y no fue hasta el
curso 2012, tras la subida de las tasas, cuando comenzó el descenso en
matriculaciones universitarias. Asimismo, a partir de 2012 la caída del
número de personas de esta franja de edad se ralentiza. Es decir, la
disminución de la población de entre 18 y 24 años en un principio coincide
con un aumento de matriculaciones, mientras que más adelante, cuando el
decrecimiento es menos acentuado se reducen las matriculaciones, por lo que
el argumento claramente no se sostiene.
Figura 7.
PERSONAL LABORAL
Durante los últimos tres años, los ataques a la educación, la reducción de
dotación económica y las imposiciones legislativas aplicadas por el gobierno no solo han afectados al estudiantado, como se ha expuesto en los apartados
anteriores, sino que han ido reduciendo la plantilla de trabajadores
universitarios a un ritmo preocupante: entre 2012 y 2015, se perdieron
7.766 puestos de trabajo, lo que representa una disminución del 5,1
% del profesorado (personal docente e investigación (PDI)) y del 4,9 % del personal de administración y servicios (PAS).
Ahora pasaremos a analizar cada uno de ellos de forma detallada y por
separado.
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI)
Dentro del colectivo docente, el PDI funcionario fue el más afectado por estas
reformas, siendo eliminado hasta un 5,9 %. El PDI contratado cayó un 4 %
durante el año 2014 produciéndose un crecimiento del 9,1 % de la plantilla.
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
19
Figura 8.
La Federación de Enseñanza de CCOO pone de manifiesto que este aumento
conlleva la sustitución del empleo fijo y de calidad por el precario,
reemplazando al profesorado funcionario por docentes con contratos
laborales que en la mayoría de los casos son temporales y a tiempo parcial.
Estas consecuencias se deben a las limitaciones que conlleva la tasa de
reposición de trabajadores y trabajadoras impuesta por el Gobierno del
Estado, que imposibilita que las bajas por jubilación y otras eventualidades
sean cubiertas por nuevo personal funcionario, obligando con ello a los
campus públicos a realizar contratos temporales y precarios que cubran la
docencia de quienes tienen que dejar la universidad.
CCOO también remarca las diferencias entre universidades con plantillas muy
consolidadas, que llegan a destruir hasta un 9,9% de profesorado funcionario,
como la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Barcelona, y
otras más jóvenes que no pierden efectivos o incluso crecen ligeramente,
como la Pompeu Fabra o la Rey Juan Carlos. Aún son más llamativos los
contrastes en los datos del PDI contratado, pues mientras que la Complutense
ha perdido un 8,4%, mientras que la de Barcelona ha crecido un 10,8%.
La temporalidad y precariedad de los docentes se hace evidente al comprobar
la evolución de los datos semestrales del Ministerio de Hacienda, pues el
número de profesores contratados varía mucho entre enero y julio, pues
muchos contratos coinciden con el inicio de uno de los dos semestres y
terminan al empezar las vacaciones.
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS)
En el Personal de Administración y Servicios es en los contratos laborales
donde se ha podido observar una mayor pérdida de la plantilla, alcanzando
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
20
la destrucción de empleo hasta un 10,4% entre los años 2012 y 2015. En
el personal funcionario la bajada de los integrantes ha sido únicamente del
1%.
Por otro lado, el personal agrupado bajo el epígrafe de “otro” se mantiene en
relación a enero de 2012 e incluso crece un 9% respecto a enero de 2014.
Figura 9.
Haciendo una comparación entre los datos del PAS funcionario de las
universidades españolas, nos encontramos con que los procesos de
funcionarización han llegado a su meta durante estos años.
Mientras que en los sistemas públicos europeos la relación PAS/PDI es
cercana a 1, en el sistema público español el PAS representa el 54,24%,
siendo por tanto la relación con el PDI de 1’8 cada 1 del PAS. Este hecho nos
sitúa en una clara desventaja respecto a los demás sistemas públicos
europeos.
0.3. EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Al igual que la educación superior ha sufrido los ataques que hemos ido
desgranando, la educación primaria y secundaria se encuentra en una
situación crítica, ahogada por recortes, privatizaciones y una nueva ley
educativa impuesta sin diálogo ni consenso. Si bien la ofensiva comenzó por
la universidad, por ser un ámbito menos protegido y que afecta a un
porcentaje menor de la población, por lo que la oposición pública tiende a ser
menos visible, en los últimos años se ha cargado sin miramientos contra la
educación pública en todas las etapas. Se han retirado los fondos de
programas de apoyo y educación compensatoria, en una tendencia similar a
la que hemos observado en la educación superior; solo interesa la excelencia
y quien necesite ayuda para alcanzarla, debe financiársela por su cuenta.
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
21
Nuevamente nos encontramos ante un modelo elitista que desprecia la
inclusión y para el que los alumnos más vulnerables no son una prioridad,
sino una carga.
Los recortes económicos también han tenido un enorme impacto en estas
etapas educativas. Los profesores fijos de Secundaria han perdido hasta un
63% de poder adquisitivo desde 2010. Un docente de Secundaria con 30 años
de antigüedad ha dejado de ganar 27 143 euros, según CCOO, que también
calcula que en dos años se han perdido 64 500 puestos de trabajo en el sector
educativo si se atiende a las EPAs de 2012 y 2013, (el dato incluye a
profesores de la función pública, la privada, la universidad, el Personal de
Administración y Servicios (PAS) y profesionales de otros sectores como
academias o granjas escuela, por ejemplo, que también pertenecen al
sector). Sin embargo, mientras cae el número de profesorado, que según
datos del Ministerio de Hacienda ha bajado de 507 709 en el curso 2009-2010
a 477 778 en 2014-2015, el alumnado de los centros públicos de las
enseñanzas obligatorias pasó de 5,8 millones de alumnos a 6,9 millones en
el mismo lapso de tiempo. Encontramos por lo tanto profesores con peores
condiciones laborales y menor sueldo que tienen que ocuparse de más
alumnos y sin la ayuda de los programas de apoyo. Como ocurría en la
universidad, primero se recorta y después se critica que la calidad baje,
presentando como modelo colegios privados que no tienen problemas de
financiación o países cuya inversión pública en educación está a años luz de
la española.
Además, según las cifras ofrecidas por CCOO, alrededor de un 20% de la
plantilla de docentes en España son interinos, una proporción muy superior
al 8% que se necesitan, de acuerdo con el sindicato, para cubrir comisiones
de servicio, bajas por enfermedad y maternidad y excedencias. "No hay
suficiente oferta de empleo público y se están sustituyendo por interinidades
plazas que deberían ser fijas", denuncia el sindicato de enseñanza ANPE.
También los becarios de Primaria, ESO, Infantil y Educación Especial se han
visto afectados por los recortes. Se presentan los datos remarcando que
mientras que en 2011 recibían de media 102 euros por beneficiario, en 2013
la cuantía había aumentado hasta llegar a los 553 euros de media. Lo que se
obvia es que la inversión en becas no ha aumentado, sino que el número de
becarios se ha reducido drásticamente: más de 900.000 becarios han perdido
su beca desde el curso 2011-2012, lo que ha permitido aumentar la cuantía
de aquellos que la siguen recibiendo sin aumentar presupuesto.
En los cuatro años de legislatura del Partido Popular la Educación
Compensatoria ha perdido un 92,52% de presupuesto. Ya en 2013
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
22
desapareció el PROA (Programas de apoyo y esfuerzo en centros de Primaria
y Secundaria), que permitía que los niños que iban peor contasen con clases
de refuerzo en horario extraescolar. El mismo año se eliminó también el Plan
de disminución de abandono escolar temprano, que en 2014 se situaba en el
21’9 %, la más alta de Europa.
LOMCE
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE), también
conocida como Ley Wert, fue aprobada en diciembre de 2013 y que empezó
a aplicarse en septiembre de 2014. Una ley aprobada sin consenso
parlamentario, sin consultar a la comunidad educativa y sin evaluar la
anterior ley de educación (LOE), por lo que no solo el fondo, sino también la
forma, ya demuestran un talante antidemocrático. Se parapetan en que van
a mejorar el sistema educativo, pero al no evaluar la ley anterior no se puede
saber si será mejor o peor, por lo tanto se observa la intención de
instaurar/imponer otro sistema con el que ideológicamente se identifican sin
tener en cuenta si será positivo para la comunidad educativa de todo el
Estado.
Estas son las cuestiones de la LOMCE que más polémica causan:
- Reválidas. La reforma prevé evaluaciones externas comunes a todos
los alumnos. En ESO y bachillerato serán reválidas (si el estudiante no
aprueba, no podrá seguir estudiando). Las pruebas externas podrán
ser aplicadas y calificadas por profesorado externo a los centros.
- Religión y Ciudadanía. Con la llegada de la nueva reforma educativa,
la asignatura de Religión católica (y no de otras confesiones) vuelve a
adquirir un peso que había perdido en los centros educativos,
puntuando para medias y solicitudes de becas. Además, la asignatura
de Educación Para La Ciudadanía, por meras cuestiones políticas, se
elimina para convertirse en Valores Éticos, que no será una asignatura
obligatoria sino optativa, pudiendo elegir libremente entre Religión
Católica y esta asignatura, en función de la oferta de la Comunidad
Autónoma. Por último, es conveniente mencionar el marcado corte
político e ideológico que comporta la asignatura de Valores Éticos,
predicando con valores orientados hacia el marco del partido
actualmente gobernante.
- Itinerarios. Desde la temprana edad de 14 años, en 3º de ESO, se
empezarán a dividir itinerarios para los estudiantes que pretendan
cursar Bachillerato frente a los que vayan dirigidos a títulos de FP. Esto
no tendría por qué suponer un problema si no fuera por el poco valor
que injustamente se atribuye a los títulos de FP, lo que da a entender
que dentro de la propia enseñanza secundaria obligatoria y
teóricamente igualitaria para todo el alumnado, ya se hará una
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
23
diferenciación en calidad de estudios. Es necesario entender la amplia
diversidad de títulos de FP y, en consecuencia, la dificultad para
establecer criterios de selección de asignaturas. Como miedo añadido,
con este sistema cabe la posibilidad de que los propios docentes, de
forma discrecional, vayan orientando a los estudiantes a una rama u
otra en función de sus supuestas capacidades, basadas en un sistema
educativo que tiene en consideración únicamente el rendimiento
académico.
- Segregación por sexos. Después de lograr, tras una larga lucha y
una muy reciente victoria, la igualdad de mujeres y hombres en el
acceso a la educación, así como la integración de ambos en los mismos
espacios educativos, mediante esta nueva ley que recordamos que no
cuenta con la aprobación ni consenso de la comunidad afectada, se
vuelve a incurrir en una separación de sexo al ofrecer ayudas y
subvenciones a centros que promueven la segregación. Por tanto,
florece de nuevo la histórica y retrógrada diferenciación entre mujeres
y hombres que tanto se ha peleado por evitar.
- El currículo. El Gobierno central fija los contenidos de las materias
troncales de primaria, secundaria y bachillerato. Para las "específicas",
el Gobierno establece objetivos y criterios de evaluación y las
autonomías deciden el temario concreto. El contenido de las materias
de libre configuración depende exclusivamente de las autonomías,
provocando así una amplia diferenciación y desigualdad entre los
distintos planes de estudios que dependerán de los recursos de cada
comunidad y centro, limitando la diversidad y calidad de la oferta
académica, y creando ya desde la escuela primaria estudiantes de
primera y de segunda.
- El castellano y el catalán. La norma prevé que se subvencionen
plazas en colegios privados con más clases en castellano para los
alumnos que lo pidan y no encuentren esa oferta en la escuela pública
o la concertada. La medida, diseñada por el ex-ministro José Ignacio
Wert, se puede aplicar en todas las comunidades, pero fue creada
específicamente para Cataluña.
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
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CAPÍTULO 1. EL ESTUDIO Y LA FORMACIÓN
UNIVERSITARIA
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
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CAPÍTULO 1. EL ESTUDIO Y LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA
1.1. INTRODUCCIÓN
La Universidad garantiza el servicio público de la educación superior a través
del estudio, la docencia y la investigación. El estudio y la docencia son, por
tanto, elementos que definen, junto a la investigación, un servicio público
esencial, sobre el que se articula el derecho a la autonomía universitaria y, a
través del cual, docentes y estudiantes desarrollan sus funciones y dan
sentido a la misión de la Universidad, el escenario por excelencia del
pensamiento crítico, de la ciencia y de la cultura, que desarrollados a lo largo
de años y generaciones, están disponibles para convertirse en motor del
progreso, del bienestar y de la justicia social.
La Universidad ha sido y debería, seguir siendo esa institución que no sólo
prepara a los jóvenes para el ingreso en el mundo laboral, sino la que también
atiende la formación humanista de los ciudadanos en general y constituye,
junto con el resto del sistema educativo, uno de los fundamentos de la
movilidad social.
Es asimismo la que se ocupa del desarrollo y la transmisión del método
científico,_donde se adquieren y perfeccionan capacidades para la vida
real, la personal y la profesional, y donde se construyen valores tanto
sociales como personales. Todo ello con la mirada puesta en la capacitación
de_las personas para intervenir activa y críticamente en la compleja
realidad social, política y económica de nuestro tiempo. El objeto de este
primer apartado del informe, es precisamente analizar aquellos aspectos que
se consideran más relevantes en relación con el estudio y la docencia
universitaria, desde la perspectiva de los estudiantes y de los profesores, con
el fin de plantear un conjunto de propuestas dirigidas a mejorar la calidad del
sistema de enseñanza y aprendizaje, a optimizar la oferta académica y a
conseguir un mayor rendimiento académico del estudiantado.
Estos propósitos nos obligan a abordar el análisis de la oferta académica
existente, debatir sobre la actual estructura de las enseñanzas conducentes
a la obtención de títulos universitarios oficiales y la oferta de enseñanzas
propias, así como plantearse la idoneidad de las metodologías docentes, de
los sistemas de evaluación, de los recursos que se ponen en juego, de la
distribución de los tiempos, y también por supuesto, analizar el régimen
jurídico del alumnado, el que regula su acceso y admisión, sus derechos y
deberes, la movilidad estudiantil, las becas y ayudas al estudio, la convivencia
y la disciplina académica.
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
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1.2. RETOS Y DELIBERACIONES
1.2.1. OFERTA ACADÉMICA
La oferta académica de la Universidad debe proporcionar la formación
intelectual y técnica adecuada para la formación de ciudadanos cualificados
profesionalmente, debe atender a las necesidades de una sociedad
caracterizada por la evolución acelerada de sus estructuras materiales, de
sus instituciones y de sus formas de organización de convivencia, de los
modos de producción y distribución, con especial importancia a la formación
humanista y en el pensamiento crítico.
El sistema de universidades español debería optar por la implantación de
Grados tanto de carácter básico y formativo como de carácter especializado,
en función del área de estudio. Asimismo, los Másteres deben, en función de
la naturaleza de las titulaciones de Grado que continúan, conducir a la
especialización.
En cualquier caso, el SUE debe optar por una oferta de Másteres diversificados
y que respondan al cambio vertiginoso al que asistimos en el
conocimiento científico y tecnológico, así como en los productos del
pensamiento, la cultura y el arte de la comunidad social. Todo ello sin perder
de vista la necesidad de coherencia en la oferta de másteres, sin caer en la
creación de grados de carácter demasiado básico conducentes a un máster
que no sea realmente necesario en ciertas áreas. Todo ello sin perjuicio de la
existencia de Másteres integrados con el Grado.
Al margen del carácter de cada titulación, las universidades deben garantizar
siempre la calidad de toda su oferta académica, valiéndose de los
procedimientos y medios humanos y técnicos necesarios.
1.2.3. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
Plantear la posibilidad de cambiar nuevamente de plan de estudios se antoja
negativo, mucho más sin haber tenido tiempo de asentar los actuales grados,
con las dificultades académicas que ha conllevado para toda la comunidad,
por no mencionar las económicas, tanto para las universidades como para el
estudiantado.
1.2.3 TITULACIONES PROPIAS
Por lo que respecta a las enseñanzas propias, consideramos que sería
aconsejable no sustituir los títulos oficiales por títulos propios, como viene
ocurriendo en algunas universidades, ya que, Consideramos que debería ser
formación complementaria e incluso funcionar como una herramienta para
darle algún tipo de validez a los cursos “cero” (cursos de formación básica
para garantizar la homogeneidad de nivel dentro de las titulaciones oficiales).
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
27
1.2.4. FORMACIÓN ABIERTA Y PERMANENTE
La Universidades Públicas del Estado deberían potenciar la oferta formativa
en plataformas online de carácter masivo y abierto, ofreciendo así una nueva
adquisición de conocimientos y competencias a la sociedad.
1.2.5. PROGRAMACIÓN DOCENTE
Las Universidades Públicas del Estado deben procurar que el profesorado
tenga las condiciones y el apoyo necesario para que asuma plenamente la
responsabilidad de diseñar, desarrollar, analizar y evaluar racionalmente su
propia práctica docente y comprobar la eficacia de su intervención.
Al docente se le debe exigir rigor en la anticipación de su intervención
educativa, pero siempre entendiendo esa anticipación como una propuesta
sujeta a múltiples variables sobre las que tendrá que ir tomando decisiones,
a través de una reflexión permanente con el objeto de identificar los
problemas del proceso de enseñanza/aprendizaje y plantear soluciones.
1.2.6. EVALUACIÓN Y RENDIMIENTO ACADÉMICO
La evaluación es una parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje.
La información que se obtiene de ella debería servir al cuerpo de docentes y
al estudiantado para intervenir durante dicho proceso con el fin de provocar
un aprendizaje más relevante y educativo.
Las universidades del Estado deberían plantearse si el único procedimiento
de valoración del rendimiento del alumnado debe ser esta evaluación
continua o bien mantener los exámenes finales como vía complementaria y
garantista de los derechos de los estudiantes.
Por otra parte, existe la posibilidad de modificar las fechas de las segundas
convocatorias ordinarias en el calendario académico, actualmente separadas
entre julio o septiembre según la universidad. No obstante, sería interesante
plantear la posibilidad de dejar la elección de esta fecha en manos de cada
centro, posibilitando una mejor adaptación del calendario en función de cada
rama de conocimiento. Por otro lado, también debería estudiarse, dada la
progresiva implantación del sistema de evaluación continua, si tiene sentido
mantener el actual sistema de convocatorias ordinarias y extraordinarias, o
si se puede encontrar un sistema alternativo más eficiente para la docencia
y la evaluación.
1.2.7. PROGRESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES
En cuanto al progreso y la permanencia del estudiantado en la Universidad,
se debería disponer de unas normas que supongan una motivación para que
el estudiantado mejore su rendimiento académico y las tasas de éxito en
todas las titulaciones, pero sin que lleguen a perjudicar a estudiantes en
situaciones delicadas, o una excusa para mejorar los índices de rendimiento
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
28
de forma artificial a costa de expulsar de las universidades al estudiantado
que tienen menos facilidades, tanto económicas como académicas.
1.2.8. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES, DERECHOS Y
DEBERES, MOVILIDAD, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO Y CONVIVENCIA
Y DISCIPLINA ACADÉMICA
Las Universidades del Estado, en estas últimas dos décadas, ha sido capaz
de hacer frente y propiciar un aumento significativo del número de
estudiantes, contribuyendo a la democratización del sistema de enseñanza y
a la mejora de la formación cultural y profesional de la sociedad. La
“Universidad de masas” debe reformularse como “Universidad de todos”,
donde el acceso universal a la educación superior no tiene porqué ser
incompatible con la calidad en la formación. Al suprimirse la selectividad como
sistema de acceso a la Universidad, debería iniciarse el estudio de cuál sería
la forma más adecuada de desarrollar el procedimiento previsto, teniendo
presente el importante criterio garantista del mismo trato a todos los
estudiantes en todas las Universidades.
Otro asunto a debatir entre la Comunidad Universitaria es el de si la
Universidad debe desarrollar una política de acción y responsabilidad social
con el estudiantado, contribuyendo económicamente a sostener los
programas de movilidad y realizando convocatorias de ayudas al estudio para
sufragar en parte los gastos de los estudiantes, o ello debe ser una acción
propia de la Administración estatal y de la autonómica, siendo éstas las
responsables de la política de becas y la acción social. Debería extremarse el
cuidado para que los procedimientos burocráticos no impidan la movilidad y
los traslados del estudiantado que deseen incorporarse a la Universidad. Ésta
no debería a tal fin poner más impedimento que la correspondiente
acreditación del cumplimiento de los requisitos académicos al efecto, sin que
las decisiones sobre convalidación y equivalencias del haber académico de
origen, basadas en una interpretación rígida, puedan servir para motivar un
rechazo injustificado.
Finalmente, debería abordarse el asunto de la disciplina académica, teniendo
en cuenta que las normas que la regulan son preconstitucionales.
Sería conveniente solicitar a la entidad que corresponda la elaboración de un
marco regulador a partir del cual establecer un reglamento de disciplina
académica en base al cual las Universidades arbitren unas condiciones
básicas de convivencia académica.
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
29
1.3. PROPUESTAS
1.3.1. OFERTA ACADÉMICA
1.1. Se ha llevado a cabo una conversión a los actuales grados desde
los antiguos títulos de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Ingeniero Técnico y
Diplomado.
En los nuevos Grados se observa en algunos casos un marcado carácter de
especialización. Además, en ciertos supuestos, se detectan duplicidades en
los contenidos de los títulos, al haberse optado en su momento por la
diversificación de títulos, cuando podía haberse resuelto a través de un solo
título con diversas menciones. Se debería estudiar las titulaciones que
pueden estar en esta situación en cada universidad y plantear Modificas para
adecuar el plan de estudios a la realidad y a las necesidades del estudiantado,
prestando especial atención a las entrevistas con el estudiantado.
1.2. En el futuro, la oferta de nuestras universidades debería responder
de forma más adecuada a las demandas de una sociedad caracterizada por
los profundos cambios estructurales en el modelo económico y social.
1.3. Se detectan desequilibrios entre ramas de conocimiento. Algunas
presentan altas obligaciones docentes en los Grados, lo que les impide ofrecer
un número adecuado de titulaciones de Máster. En otras, por el contrario,
existe una oferta excesiva de Másteres, explicable por su menor tasa de
obligaciones docentes en el Grado, algo que, sin embargo, no concuerda con
la demanda real de tales Másteres debido al bajo número de egresados en
las titulaciones de Grado. Es necesario plantear estrategias que aborden y
corrijan esta situación de enorme desequilibrio.
1.6. La escasa demanda de algunos Másteres está ocasionando
problemas para su mantenimiento, mientras que en los Centros con más
alumnos de Grado no pueden crearse nuevos títulos de máster, que tendrían
sin duda una importante demanda, debido a las altas tasas de obligaciones
docentes de sus profesores. Este problema se combina, en estos Centros, con
una menor proyección investigadora, lo que agrava la situación. Este hecho
supone un inconveniente añadido a la hora de crear títulos de Másteres
oficiales de calidad, en los términos en los que los evalúa la ANECA (la calidad
de los Másteres es valorada otorgando un peso significativo a los sexenios de
sus docentes). Se recomienda el desarrollo de estrategias que palien estas
circunstancias.
1.7. Por lo que respecta a la organización de los títulos y planes de
estudio, existe en algunos casos falta de coordinación entre las distintas
titulaciones e incluso en una misma titulación, repitiéndose a veces los
contenidos de distintas asignaturas. La política expansionista de las
Universidades en la última década, junto con las tradicionales políticas
defensivas de los Departamentos y Centros, han propiciado una organización
de los títulos y los planes de estudios con frecuentes duplicidades, lo que
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
30
supone ahora un lastre de difícil solución, pero que en todo caso deberemos
buscar.
Convendría que, en el momento en el que se detecten estas duplicidades, se
tomen medidas en el órgano competente, prevaleciendo la calidad de la
titulación sobre otras consideraciones.
1.8. Es necesario analizar las segundas opciones del alumnado que
demanda plazas en las titulaciones más saturadas para equilibrar la oferta y
garantizar un número de alumnos suficiente en todas las titulaciones.
Resulta imprescindible asimismo ofrecer la mejor información posible acerca
de la naturaleza de las titulaciones, de forma que una segunda opción no
induzca a la decepción al estudiantado.
1.9. Con respecto a la implantación de dobles titulaciones y titulaciones
conjuntas, es indudable que suponen un valor añadido para la oferta
académica de la Universidad. No obstante, es necesario consolidar en primer
lugar la oferta actual, centrándose en la calidad de su desarrollo. Las nuevas
enseñanzas conjuntas y dobles titulaciones deberían condicionarse a que las
mismas supongan realmente un importante factor diferenciador y de
atracción dentro de la oferta de nuestro Sistema Universitario.
1.10. Un reto de futuro es el fomento del plurilingüismo y la impartición
de la docencia en otros idiomas, especialmente el inglés. En los estudios de
Grado se debería tender a que las competencias de los egresados incluyan la
capacidad de poder desenvolverse en otra lengua en su ámbito disciplinar y
profesional. En los Másteres la apuesta por el plurilingüismo debería ser más
decidida, porque en este nivel es más fácil planificar y organizar su
impartición en una segunda lengua.
1.11. La Universidad debe fomentar la capacidad del profesorado para
desarrollar sus funciones docentes e investigadoras en otros idiomas,
motivándolo con los medios adecuados y, en su caso, evaluando esta
competencia como parte del perfil profesional. Esto redundaría en la mejora
de la internacionalización de nuestras universidades y en la ampliación de la
oferta de carácter bilingüe dirigida a atraer alumnos extranjeros.
1.12. Se recomienda revisar la oferta de asignaturas optativas de las
Universidad para adecuar la oferta en algunas titulaciones.
1.13. Finalmente, se sugiere una racionalización de la organización de
grupos de asignaturas, contemplando la posibilidad de que alumnos de
titulaciones distintas cursen asignaturas comunes, siempre y cuando el
número del estudiantado lo permita.
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
31
1.3.2. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
1.14. Se considera que el proceso de adaptación de las antiguas
titulaciones universitarias al nuevo sistema promovido por el EEES ha sido
muy complejo, excesivamente burocratizado y reglamentista, provocando un
ingente trabajo de todos los órganos de gobierno de las universidades para
obtener unos resultados que, aunque todavía no se han valorado en toda su
extensión, no parecen justificar ese nivel de burocratización. Esta situación
exige que el Sistema de Universidades de España, priorice medidas que
simplifiquen en la medida de lo posible la actual carga burocrática.
1.15. Somos críticos con la implantación del sistema del “registro de
títulos”, que actualmente preside la ordenación de la enseñanza universitaria
en España. Ciertamente, no en cuanto al registro de los títulos como tal, sino
en lo que dicho sistema implica de apertura de los títulos oficiales a una
diversificación formal por parte de las Universidades, que ha generado
confusión y una falta de homologación social de los Grados, siendo más lógico
un sistema basado en el previo catálogo oficial de títulos, con sus
correspondientes directrices propias y enseñanzas básicas comunes en todo
el Estado.
1.3.3. TITULACIONES PROPIAS
1.16. Existen en nuestras universidades muchos cursos de
especialización organizados por Centros, por Departamentos e incluso por
profesores universitarios a título individual, que no se integran
institucionalmente en la oferta general de enseñanzas propias del sistema
universitario. Sería conveniente la coordinación del establecimiento de estos
cursos por los Vicerrectorados con competencias en la materia, así como la
centralización de la información, custodia de los expedientes administrativos
y expedición de los diplomas y documentos acreditativos. Todo ello como
garantía para el estudiantado a efectos del reconocimiento y certificación de
las enseñanzas.
1.17. Algunas actividades específicas, como los Cursos de Español para
Extranjeros, que tienen un régimen singular en cuanto a su organización,
gestión y acreditación, deberían integrarse en la forma que resulte adecuada
en el conjunto de las enseñanzas propias.
1.18. Es muy aconsejable incrementar el número de títulos propios
conjuntos con Instituciones, Entidades u Organizaciones públicas o privadas,
nacionales_o_extranjeras,_mediante el correspondiente convenio de col
aboración.
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
32
El objetivo es atraer al estudiantado, incrementar nuestra oferta de
enseñanzas propias y contribuir así a responder a las demandas de la
sociedad y a la internacionalización de las universidades.
Igualmente se debería incrementar las relaciones con las administraciones
públicas, las organizaciones profesionales y las empresariales para
establecer, en su caso, los oportunos programas de formación y enseñanzas
propias.
Es muy aconsejable incrementar el número de títulos propios conjuntos con
Instituciones, Entidades u Organizaciones públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, mediante el correspondiente convenio de colaboración.
1.19. Se sugiere que la creación de nuevos títulos propios se ajuste a
pautas y procedimientos de planificación, organización y evaluación, aunque
sencillos y simplificados, rigurosos, que garanticen con carácter general la
calidad de los mismos. Deberá vigilarse con especial cuidado que los
contenidos que abordan no pretendan sustituir a los ya previsto en la
docencia de los títulos de Grados.
1.3.4. FORMACIÓN ABIERTA Y PERMANENTE
1.20. Se recomienda incidir en el desarrollo de las funciones que el
Reglamento aprobado por el Consejo de Gobierno atribuye a la Oficina Open
Course Ware (OCW). Sin embargo, se advierte que, en la situación actual,
disponer del material didáctico utilizado en una asignatura, desligado del
proceso de aprendizaje, puede tener poco interés y quizás lo más razonable
sería progresar hacia los “Massive Open Online Courses” (MOOC).
1.21. Es importante reseñar que en estas modalidades de formación
abierta y permanente debemos continuar con la organización de enseñanzas
dirigidas a colectivos especiales, como los mayores de 55 años, que reciben
una formación universitaria no reglada, en el marco de esa función atribuída
a las Universidades de extensión y difusión del conocimiento y de formación
a lo largo de toda la vida.
1.3.5. PROGRAMACIÓN DOCENTE:
1.22. Desde la implantación de los grados se ha incrementado el
número de figuras relacionadas con la gestión que compensan las
obligaciones docentes, pero estas no han sido aún debidamente
estandarizadas, ni se ha estudiado qué competencias y grado de reducción
docente deberían serle asignados.
Estas son acciones necesarias para la consolidación de los títulos de grado,
así como para mejorar la eficacia de estas figuras, potencialmente muy útiles
aunque en ocasiones con responsabilidades un tanto difusas.
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
33
1.23. Para una programación docente más adecuada a la realidad se
propone la revisión del cálculo de “alumnos computables” en relación con el
estudiantado de segunda, tercera y posteriores matrículas, así como no
considerar computables, a efectos de docencia, las asignaturas con un
número de estudiantes inferior a diez. Y así mismo, incluir en el cómputo al
estudiantado proveniente de programas de movilidad.
1.24. Por otro lado, se sugiere la revisión del índice de
experimentalidad de las áreas de conocimiento, tal como está concebido
actualmente el índice de experimentalidad determina el número de horas de
clases presenciales que debe recibir el estudiantado, independientemente de
la titulación de que se trate, (7,5 vs 10 horas por crédito) y el porcentaje de
actividad que se debe desarrollar en grupo grande y en grupo reducido. Sin
embargo, debería adaptarse a las características del EEES, de forma que
permita adaptar las necesidades de cada asignatura y el tipo de actividad
formativa que se planifica (clases expositivas, seminarios o talleres, prácticas
en aulas especializadas –informática, idiomas, etc. –, prácticas de laboratorio,
prácticas clínicas, etc.), determinando el tamaño de grupo en cada una de
estas actividades y contemplando una mayor flexibilidad en la configuración
de los grupos grandes y pequeños del estudiantado según las titulaciones.
1.25. Se considera necesario llevar a cabo un análisis de los resultados
de la implantación de los Grados, una vez finalizada la primera promoción,
en el que colaboren los diferentes agentes implicados. Este análisis puede
realizarse de forma paralela al autoinforme del seguimiento de los títulos.
1.26. En la planificación de la docencia, se considera que se debe
mejorar su gestión administrativa a través de una aplicación informática más
asequible, más flexible y más sensible a las exigencias educativas que el
PROA actual. Se sugiere, por otra parte, que los correspondientes
procedimientos administrativos e informáticos sean diseñados y evaluados
con la participación y/o audiencia de Decanos y Directores de Departamentos,
con el fin de que las actuales disfunciones del sistema pudieran ser
oportunamente resueltas o corregidas también desde la experiencia
académica y no sólo desde la procedimental informática.
1.27. Debe debatirse sobre si la asignación docente del profesorado
universitario ha de tener lugar por Departamentos y no sólo por áreas de
conocimiento, y si a tal fin deben integrase en el mismo Departamento todos
los profesores de un área de conocimiento (que pueden estar adscritos a otros
Departamentos distintos). Igualmente se sugiere se otorgue mayor libertad
a los Departamentos universitarios para asignar la docencia a su profesorado,
de acuerdo con unos márgenes y siempre bajo el control por parte de los
órganos de gobierno con competencia en materia de docencia.
1.28. Para impulsar la adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior y la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, se propone
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
34
que se pongan a disposición de la dirección de los Centros y Departamentos
los resultados de la evaluación sobre la actividad docente del profesorado, así
como las tasas de rendimiento por asignaturas, curso y grupos de docencia.
Esta propuesta ha de contextualizarse en una necesaria actualización del
sistema de evaluación, a efectuar con la participación de responsables
académicos y una representación del profesorado y del estudiantado.
1.29. Sería conveniente, especialmente en el caso de asignaturas,
grupos y cursos con tasas de rendimiento notablemente bajas, que se diseñen
estrategias para poder intervenir en estos casos de una manera efectiva.
1.30. Se insta a los departamentos a motivar al estudiantado mediante
la aplicación de conocimientos y técnicas más allá de la materia vista en clase,
comentando en clase contenido llamativo o técnicas innovadoras basadas en
los temas tratados y potenciando el uso del aprendizaje colaborativo y del
trabajo en equipo por encima de desafíos individuales.
Es también importante reseñar que la pasión con la que se transmiten
conocimientos tiene un gran impacto en el grado de asimilación de estos, por
lo que es recomendable que se incentiven estas actitudes mediante, por
ejemplo, los cursos de formación de profesorado.
1.31. Debe subrayarse el carácter que las guías docentes tienen de
reglas de obligado cumplimiento y, por tanto, de garantía del estudiantado
frente a la eventual arbitrariedad, debiendo por ello incluir necesariamente el
sistema de evaluación de los conocimientos y competencias adquiridas por el
estudiantado.
1.32. Se propone que se establezca un plan –departamental y del
conjunto de las Universidades- de ordenación de la investigación y la gestión
académica a desarrollar en el período correspondiente por el Personal
Docente e Investigador. El PROA actualmente sólo recoge el perfil de la
actividad docente del profesorado y sería importante que en el mismo
quedase reflejado también su perfil investigador y de gestión académica.
1.33. Debería definirse un plan tutorial de los Centros universitarios
que, subrayando la función y tareas al respecto de la correspondiente figura
de su equipo de gobierno, tenga como objetivo la mejora del aprendizaje del
estudiantado y la garantía de su orientación académica y profesional.
2.3.6. PERMANENCIA DEL ESTUDIANTADO EN LA UNIVERSIDAD
1.34. Las actuales normas de progreso y permanencia en las
Universidades son adecuadas en su mayor parte, si bien sería aconsejable
modificarlas para ampliar el margen de maniobrabilidad para personas en
situaciones excepcionales, así como comprobar si las asignaturas que no han
superado estos estudiantes tienen bajo rendimiento académico en general y
actuar en consecuencia.
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
35
1.35. Con el sistema de evaluación continua no tiene demasiado
sentido seguir manteniendo, al menos, la convocatoria extraordinaria
correspondiente a asignaturas pendientes de cursos anteriores, por la difícil
aplicación de ese procedimiento continuado. Por ello se debe emplear la
búsqueda de métodos alternativos que se adapten a la evaluación continua.
Sí tiene sentido, por el contrario, mantener la evaluación extraordinaria por
finalización de estudios al tratarse de una situación excepcional para el
alumnado que se encuentran muy cerca de finalizar sus estudios.
1.36. Se debería mantener la evaluación extraordinaria por
compensación, para evitar situaciones arbitrarias y discriminatorias en las
que podría verse envueltos el estudiantado con especiales dificultades para
superar ciertas asignaturas. No obstante, sería aconsejable desincentivar su
uso, aunque sólo a nivel institucional.
1.37. Sería conveniente plantear un debate y un referéndum entre el
estudiantado sobre la posibilidad de modificar el calendario académico para
que finalice el curso en el mes de julio, debiendo haberse celebrado las
convocatorias ordinarias y extraordinarias dentro de este período, si
mantener el actual calendario, o si sería aconsejable plantear un sistema de
convocatorias que permita la máxima flexibilidad, con 3 convocatorias
ordinarias en febrero/junio, julio y septiembre, aparte de la extraordinaria de
diciembre, de las cuales cada estudiante pueda elegir presentarse en hasta 2
por curso académico.
El debate planteado debe ser ante todo abierto y objetivo, sin pasar por alto
argumentos para ninguna de las opciones, y debe ser realmente promovido
tanto por parte del estudiantado como por parte del profesorado y mediante
las herramientas de comunicación de las universidades.
1.3.7. EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTADO, Y EL RENDIMIENTO
ACADÉMICO
1.38. Se entiende que se debe seguir abundando en la consideración
de que la valoración del rendimiento del estudiantado no debe resolverse
exclusivamente a través de un examen final en la conclusión del proceso
formativo, sino que debe responder básicamente a un proceso continuado.
En este proceso se debe comunicar al estudiantado, de manera clara y
concreta, cuáles son los propósitos de la enseñanza y cuáles los criterios de
valuación, que además deberán ser coherentes con la actividad formativa
desplegada en la asignatura.
Así mismo, la información recogida en ese proceso, a través de las estrategias
diseñadas, deberá servir para orientar al estudiantado en el desarrollo de su
aprendizaje. Es recomendable que las estrategias utilizadas para obtener
información sobre el rendimiento del estudiantado tenga que ver con la
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
36
resolución de problemas relevantes en contextos reales, posibilitando el
observar y valorar de manera pertinente las competencias previstas.
Todo ello sin perjuicio de que el estudiantado pueda realizar labores de apoyo
bajo la supervisión de profesorado, siempre que estas labores no repercutan
en la evaluación del estudiantado, sino que sean recompensadas mediante
becas de colaboración o similares.
No obstante, en muchas ocasiones resulta imposible para algunos estudiantes
seguir este procedimiento de evaluación, por lo que también debe
garantizarse el derecho del estudiantado a optar al 100% de su nota en cada
convocatoria si no han podido seguir el procedimiento continúo. Otro tema
que guarda relación es el tiempo que puede transcurrir desde el inicio de un
examen para que se cuente al estudiante como no presentado, que en la
actualidad resulta bastante arbitrario, mientras otras universidades sí lo
tienen regulado (usualmente 15 minutos). El SUE debe arbitrar los medios
necesarios para garantizar lo primero y, en la medida de lo posible, regular
lo segundo.
Adicionalmente, deberían eliminarse prácticas que se dan entre algunos
docentes de no publicar la nota de parciales, trabajos o prácticas hasta mucho
después de su realización.
Considerando lo expuesto, se antoja necesaria una modificación de las
normas de pruebas de evaluación y una redefinición de la figura de estudiante
a tiempo parcial para adaptarlas a la realidad de los grados, tanto en su
vertiente de evaluación continua como para regular las vías de acreditación
de conocimiento adaptadas a quienes no puedan seguir el proceso continuo
de evaluación y el tiempo previo para la concurrencia de convocatoria,
garantizando así el pleno cumplimiento de los derechos del estudiantado.
1.3.8. ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y LA ADMISIÓN DEL
ESTUDIANTADO, LOS DERECHOS Y DEBERES, LA MOVILIDAD, LAS
BECAS Y AYUDAS Y LA CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ACADÉMICA.
1.39. Gracias a la amplia oferta de plazas de las Universidades del
Estado en su conjunto, además del carácter público de las mismas, nuestro
sistema absorbe a casi la totalidad de los demandantes de formación
universitaria, pero el cambio en la legislación llevado a cabo a través de la
Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, al suprimir la
selectividad plantea a las Universidades la tarea de establecer nuevos
sistemas de selección. Sobre este punto también debe pronunciarse el
conjunto de las universidades del Estado.
1.40. Las Universidades debe establecer un mayor número de
programas y actividades que acerquen al estudiantado a la investigación y a
la cultura.
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
37
1.41. Es necesario seguir potenciando la movilidad estatal e
internacional del estudiantado porque supone incidir en la formación integral
del estudiantado.
1.42. Es necesario incrementar el sentimiento de pertenencia del
estudiantado en la comunidad universitaria.
1.43. Se necesita incrementar el número de estudiantes de Máster,
garantizando la igualdad de oportunidades para su acceso.
1.44. Es muy necesario establecer un control sobre las prácticas que
el estudiantado realizan en las empresas para que no se conviertan en un
trabajo encubierto, sin remunerar y en una competencia desleal.
Así como debatir la posibilidad de ofrecer ayudas al desplazamiento para las
prácticas curriculares para estudiantes con dificultades económicas cuyos
lugares de práctica estén a una distancia considerable de su residencia.
1.45. La Universidad debe asumir plenamente la responsabilidad de
generar los espacios educativos idóneos para que el estudiantado se forme
en el ejercicio pleno de la vida social, política y cultural, con el propósito de
contribuir a la configuración de una sociedad más democrática, basada en
ideales y principios de justicia, igualdad y solidaridad.
Las universidades debe ejercer esta responsabilidad mediante el incentivo de
asignaturas como ética o técnicas de trabajo en grupo y mediante la
realización de seminarios, charlas y mesas redondas e informativas sobre
temas de actualidad entre el estudiantado y los propios equipos de los
centros, así como el equipo de dirección, que debe implicarse en ello de una
forma más directa. En particular en temas que afectan al sistema
universitario o a materias afines a cada titulación, el profesorado debe
fomentar el intercambio de ideas y el estudio proactivo de la actualidad.
Estos valores y cualidades son tan importante que deberían reflejarse incluso
en los planes de estudio.
Se podrían diseñar asignaturas de carácter generalista con competencias
transversales comunes a varias titulaciones destinadas a este fin. También
sería conveniente motivar la matriculación de estudiantes en asignaturas no
estrictamente pertenecientes a los planes de estudio, pero sí de interés para
la formación transversal.
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38
CAPÍTULO 2
LA INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
39
CAPÍTULO 2. LA INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO
2.1. INTRODUCCIÓN
La investigación es una de las funciones básicas de las Universidades y un
elemento clave para garantizar la evolución y el avance de la sociedad. Es
fundamental para el desarrollo del conocimiento y marca el camino para
garantizar el progreso de un Estado. Es por ello, que sin investigación, desarrollo e innovación no hay futuro. La Ley Orgánica de Universidades (LOU) considera que la Universidad debe
estar al servicio de la sociedad, teniendo como funciones:
a) La creación, desarrollo, transmisión, difusión, valorización y crítica
de la ciencia, de la técnica y de la cultura. b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y metodologías para la creación
de proyectos índole universitaria. La Comisión Europea establece en su Estrategia 2020, como uno de sus cinco
objetivos prioritarios para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e
inclusivo; la investigación, el desarrollo y la innovación. A éste se le unen la universalización de la educación, el acceso al empleo, la lucha contra el
cambio climático, la inversión en energías renovables y la lucha contra la
desigualdad social y económica. Por otro lado, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación, elaborado por el Gobierno del Estado español, señala en su
introducción que las políticas de ciencia, tecnología e innovación constituyen un elemento primordial en el desarrollo de la sociedad moderna, ya que existe
una relación entre la capacidad de generación de conocimiento y la de innovar
dentro de un estado y su desarrollo socioeconómico.
A la luz de estas afirmaciones es evidente el papel clave de la investigación
en las estrategias europeas y en los programas nacionales para resurgir más fuertes de la crisis financiera, marcando unas posibles pautas a seguir para
fomentar el crecimiento, el desarrollo y la cohesión social y lograr un futuro
sostenible que garantice nuevos puestos de trabajo y mayores expectativas
de progreso.
2.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Las crisis económicas han afectado los avances recientes. Nuestro PIB cayó en un 4% en 2009 y nuestra producción industrial ha
retrocedido a los niveles de los años 90.
Un 10% de la población activa de la Unión Europea, aproximadamente 23
millones de personas, se encuentran en situación de desempleo. Se están
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40
produciendo menores niveles de inversión en investigación, desarrollo e
innovación, que indudablemente afectan al progreso económico y social que contribuyen a retrasar la salida de la crisis. La inversión en I+D+i española es inferior al 1,3 % del PIB, mientras en la
media europea se aproxima al 2%, en Estados Unidos (EE.UU.) es de un 2,6%
y Japón destina a investigación un 3,4% de su PIB. Es evidente que existe una relación directa entre progreso y desarrollo e
inversión en políticas que potencien la investigación. Si hay algo que necesita la educación y la ciencia es continuidad. La reducción del gasto destinado a I+D+i supone perder el tren de la ciencia,
la tecnología y la innovación. Si Ramón y Cajal decía a principios del siglo XX que al carro de la cultura
española le falta la rueda de la ciencia, en el siglo XXI no podemos
permanecer silenciosos cuando volvemos a perder la rueda del futuro. El camino que dejemos de recorrer, va a suponer un retraso histórico y un
perjuicio irreparable para nuestro país y para su desarrollo económico y
científico. Se incrementa la brecha de investigación con respecto a aquellos
más desarrollados. Ya ha decaído nuestra producción científica y pronto se
notará en la investigación, incluido el número de patentes y de modelos de utilidad generados en las Universidades. La Estrategia Europea 2020 propone, dentro del crecimiento inteligente, el
desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.
Además, plantea que el 3% del PIB de la UE se debería destinar a I+D+i.
Entre sus iniciativas más emblemáticas, destaca la necesidad de que exista una unión por la innovación. Con el objetivo de mejorar las condiciones
generales y el acceso a la financiación para investigación e innovación,
garantizando que las ideas innovadoras se puedan convertir en productos y
servicios que generen crecimiento y empleo. La Comisión Europea propone completar el Espacio Europeo de Investigación,
desarrollar una agenda de investigación estratégica centrada en grandes retos como la seguridad energética, el transporte, el cambio climático y el
uso eficaz de los recursos, la salud y el envejecimiento, los métodos de
producción respetuosos con el medio ambiente y la gestión del territorio, e
incrementar la programación conjunta con los Estados miembros y sus
regiones. A nivel local, como se señala en la Estrategia Europea 2020, los Estados miembros deberían reformar sus sistemas nacionales de I+D+i para
estimular la excelencia y una especialización inteligente, reforzar la
cooperación entre la Universidad, la investigación y la empresa, aplicando
una programación conjunta y reforzando la cooperación transfronteriza en
ámbitos con valor añadido de la UE. Ajustando así, en consecuencia, sus procedimientos nacionales de financiación para garantizar la difusión de la
tecnología en todo el territorio de la Unión Europea. Además, se deberían dar
prioridad a los gastos en conocimiento, por ejemplo utilizando incentivos
fiscales y otros instrumentos financieros para promover mayores inversiones
privadas en I+D+i.
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
41
En este contexto se ha desarrollado en nuestro país la denominada Estrategia
Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, que constituye una
herramienta para potenciar el conjunto de las capacidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, facilitando la colaboración entre
todos los agentes implicados e incrementando los retornos sociales y
económicos derivados de la inversión en I+D+i. La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación define la
importancia del progreso científico y tecnológico como parte indiscutible del progreso social. El marco de actuación establece que todos los agentes del
sistema implicados y fija las bases de las políticas públicas de I+D+i, de
acuerdo con una serie de principios básicos, objetivos generales y ejes
prioritarios. Afectando a todas las administraciones públicas y marcando los
criterios generales para el desarrollo de las actividades de la investigación, el
desarrollo y la innovación en nuestro país. Por su parte, el Plan Estatal de Innovación Científica, Técnica y de Innovación,
constituye el instrumento que permite la ejecución de las políticas públicas
de la Administración del Estado de fomento y la coordinación de las
actividades de I+D+i. Está dirigido a todos los agentes del Sistema Español
de Ciencia, Tecnología e Innovación responsables de la ejecución de las actividades de investigación, de la gestión y de la prestación de servicios de
I+D+i; y contempla la asignación de fondos públicos a los proyectos y
propuestas que cumplan los criterios y objetivos marcados con carácter
general y que contribuyan a mejorar la capacidad de generación de
conocimiento y de innovar, así como a incrementar la competitividad y el desarrollo económico y social. En todo caso, el indudable interés en las actividades de I+D+i no debe oprimir
la necesidad del desarrollo universitario y de la excelencia de las
Humanidades y las Ciencias Sociales y Jurídicas. La innegable importancia
actual de los avances científico-técnicos y la dimensión económica propia de
la transferencia del conocimiento generado, deben hacerse compatibles en la Universidad con la reflexión y el progreso en la investigación y la creación
humanística y el análisis crítico propio de las ciencias sociales.
2.3. RETOS Y PROPUESTAS
2.3.1. RETOS Y DELIBERACIONES
Se considera oportuno realizar un diagnóstico de la situación actual en las
universidades, para conocer las debilidades de estas instituciones académicas
en I+D+i. Analizando las fortalezas existentes en nuestro sistema y
aprovechando las oportunidades para proponer un conjunto de actuaciones
que, en forma de retos, tiendan a mejorar el sistema de la investigación en
las Universidades. Lo primero que hay que destacar es que muchas de las críticas o de las
debilidades que se detectan, obedecen a decisiones políticas o a actividades
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
42
propias de su desarrollo que trascienden el ámbito de las Universidades y
de las competencias de sus órganos de gobierno. Se enmarcan en decisiones de las Administraciones con competencias en materia universitaria y en
materia de investigación, fundamentalmente de la Administración del Estado
y de las Comunidades Autónomas. No obstante, también hay disfunciones
que se derivan de la planificación y de la organización de la investigación en
las propias Universidades, que tal vez sean más fáciles de resolver ya que las
actuaciones dependen en mayor medida de los órganos de dirección y control de cada Universidad. A continuación se enumeran un conjunto de disfunciones que ponen de
relieve las dificultades en la planificación, la organización y el desarrollo de la
actividad investigadora de las Universidades:
La disminución de los recursos destinados a I+D+i por parte de la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas.
El retraso en el pago de los proyectos de investigación, ayudas a la
investigación y de la infraestructura científica. El establecimiento de un sistema complejo de anticipos y créditos
reembolsables, que contemplan un proceso de justificación previa de
los gastos de la investigación, con cargo a fondos propios, que obliga
a realizar un desembolso inicial difícil de asumir por parte de las Universidades.
La burocratización excesiva de los procedimientos de solicitudes y
justificación de ayudas, que dificulta la solicitud de proyectos y ayudas
a la investigación y a su ejecución. La inexistencia de una carrera investigadora y el desaprovechamiento
de los recursos destinados al personal investigador en formación y al
personal de apoyo a la investigación, que de forma mayoritaria
abandonan la Universidad una vez finalizadas las ayudas que dieron lugar a su contratación.
La falta de incentivos a la investigación, planteados por las propias
universidades, que se visualizan como “microméritos”, a efectos
exclusivamente de reducir la dedicación a la docencia, pero que no son un verdadero estímulo para promover iniciativas y proyectos de
investigación por parte del Personal Docente e Investigador. Los proyectos más emblemáticos y de carácter estratégico no se
visualizan como sería deseable y no se consideran suficientemente abiertos y participativos.
El elevado porcentaje de profesores sin sexenios, o sexenios vivos, que
denota la necesidad de establecer políticas más activas para potenciar
la actividad investigadora del Personal Docente e Investigador. La baja tasa de participación empresarial en la I+D+i Las diferencias sustanciales entre los grupos de investigación
consolidados y los grupos precompetitivos, que no se ven suficientemente reconocidos y estimulados.
Las diferencias según las ramas de conocimiento, tanto en relación a
su participación en los proyectos estratégicos de I+D+i, como en la
concurrencia a proyectos europeos y a la obtención de sexenios. Las deficiencias en la coordinación y la gestión de la investigación,
considerándose necesario que los grupos de investigación puedan
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43
recibir un apoyo específico en la gestión de sus actividades de
investigación, bien a través de dar un papel más relevante a los departamentos universitarios en esta materia o destinando unidades
administrativas específicas a esta labor. La gestión de la contratación del personal de apoyo a la investigación
resulta inadecuada, en la medida en que se desaprovechan los recursos. No existe una política de personal en esta materia y el
personal contratado aparece desconectado de las estructuras
universitarias, llegando incluso a dedicarse solo a labores
tangencialmente relacionadas con los proyectos para los que fue
contratados. Esta es una tendencia que habría que revertir para
optimizar los recursos y aprovechar las funciones y capacidades de todo el personal de la universidad.
La productividad científica del profesorado doctor es desigual entre las
distintas ramas de enseñanza. Por lo que deberíamos plantearnos:
¿cómo elevar la productividad científica de las Ciencias Sociales y Jurídicas? Y ¿cómo mejorar la posición de estas ciencias en los rankings
desarrollados por campos? Además, la captación de recursos para la
financiación de las actividades de investigación debería responder a la
dimensión del entorno económico y social. Habría que plantearse cómo
incrementar la captación de recursos privados para la investigación básica, y cómo elevar la captación de recursos públicos para la
investigación aplicada. En tercer lugar, habría que plantearse la
capacidad de atracción del doctorado: líneas de investigación, redes,
alianzas, programas interuniversitarios como otro gran reto de cara a
la investigación de las universidades.
Se aprecian, por un lado, la inversión pública y privada en investigación
básica y en investigación aplicada de las Universidades españolas y, por otro,
la producción científica por ramas de conocimiento utilizando como referencia
libros, capítulos de libros y artículos en revistas españolas y extranjeras.
Figura 10. Reseña comparativa entre públicas y privadas en investigación aplicada
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44
2.3.2. PROPUESTAS
De acuerdo con esta situación y con objeto de mejorar la política de
investigación en general, se proponen las siguientes actuaciones:
2.1. Hacer pública una Estrategia de Universidades en materia de
I+D+i, que además de estar alineada con las diversas líneas que establezcan
tanto el Estado como las Comunidades Autónomas, se coordine también con
la estrategia Europea 2020, para garantizar una unidad de acción, coordinada también a través de equipos multidisciplinares en materia de investigación e
innovación. Una mayor coordinación en líneas de investigación clave, como
las relacionadas con la oncología o el desarrollo y recuperación del lenguaje.
Esto podría propiciar avances mayores que los hasta ahora mostrados.
Nuestras universidades públicas deben mantener cierta cohesión y mayor capacidad de intercomunicación, sin perjuicio de los méritos particulares que
cada una pueda llegar a alcanzar.
Todo esto no debe suponer una merma en la autonomía universitaria, pues
se trata de alcanzar una mayor coordinación entre universidades y áreas de
conocimiento, no de restringir lo que cada departamento estime necesario investigar.
2.2. Garantizar un mayor liderazgo y una mayor coordinación en las
políticas de I+D+i, promoviendo un impulso institucional que motive e
implique a la mayor parte de la comunidad universitaria, incluidos el
estudiantado a través de las becas de colaboración con departamentos,
actualmente insuficientes.
2.3. Instar a las Universidades Públicas del Estado a fortalecer su Plan
Propio de Investigación, como instrumento destinado a desarrollar y financiar
las actuaciones del Personal Docente e Investigador, buscando ser un agente
estimulador de la actividad investigadora más que para servir de
complemento genérico a otro tipo de planes de investigación.
2.4. Plantear a los diferentes Consejos Sociales, por venir atribuida a este órgano de participación de la sociedad en la Universidad, la competencia
para buscar nuevas fuentes de financiación, un plan de actuaciones que
propicie una mayor vinculación con el entorno económico y desplegar un
conjunto de actuaciones dirigidas a potenciar el mecenazgo, los contratos y
las ayudas a la investigación.
2.5 Dar a conocer el Consejo Social y sus actividades a la comunidad
universitaria y a la sociedad. Visibilizar y publicitar todos los acuerdos que
emanan de este órgano con la misma intensidad en detalle todos los acuerdos
como en el resto de órganos de gobierno de cada universidad.
2.6. Plantear a la Administración del Estado y a las Administraciones
Autonómicas una línea de crédito para el desarrollo de proyectos y acciones
complementarias de investigación, sin costes financieros o el abono de los
proyectos en forma de anticipos desde el momento de su concesión.
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
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2.7. Definir una política de gestión dirigida al personal investigador
contratado y el personal que pertenezca a programas de recursos humanos financiados con fondos de la Administración del Estado o de la Administración
Autonómica. Siendo estas alineadas con las directrices marcadas en la Ley de
la Ciencia, desarrollando planes y proyectos propios de investigación.
2.8. Establecer la posibilidad de que el Personal Docente e Investigador
pueda tener reconocida una mayor dedicación a la investigación, en el marco
de lo que al respecto disponga la legislación aplicable.
2.9. Elaborar planes de ordenación de la investigación, tomando como
referencia los planes de ordenación docente de cada universidad, en
connivencia con lo expuesto en anteriores propuestas.
2.10. Potenciar la transferencia de conocimiento impulsando una
actuación más proactiva de la Oficina de Transferencia de Resultados de la
Investigación (OTRI). Habría que asegurar que las condiciones de contratación sean lo más fidedignas a las posibilidades del investigador
contratado.
2.11. Elaborar y mantener actualizado un inventario de grupos y líneas
de investigación para sistematizar la oferta investigadora de las
Universidades estatales y facilitar la comunicación con el tejido productivo.
2.12. Realizar un estudio de demanda de las empresas en relación con los servicios de I+D+i que pueda prestar cada universidad en función de su
entorno.
2.13. Potenciar la transferencia de los proyectos de investigación entre
las universidades de todo el Estado, de forma que los proyectos y el
conocimiento derivados de la investigación revierta en beneficio de la
sociedad tratando de evitar la alienación investigadora y social.
2.14. Mejorar la gestión de la investigación, simplificando los
procedimientos, garantizando una mayor especialización del personal y el
impulso de equipos multidisciplinares a través de la formación y la definición
de perfiles profesionales específicos de gestores de la investigación,
propiciando que se dé prioridad al personal interno en la medida de lo posible.
2.15. Fomentar la creación de Institutos Universitarios de Investigación, así como estructuras específicas de coordinación y/o apoyo a
la investigación.
2.16. Fomentar la creación y la participación de las Universidades
estatales en redes de investigación, como vía para potenciar la colaboración
entre grupos de investigación y la transferencia de conocimiento.
2.17. Potenciar la especialización de las Universidades estatales, que tiene un carácter generalista en su oferta académica, pero deben ser
identificadas por su especialización en áreas específicas de investigación. Sin
olvidar que uno de los propósitos principales de las universidades debe ser
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46
transmitir una formación general que sirva de base al estudiantado,
algunos de los cuales serán también investigadores en el futuro, dándoles así la oportunidad de elegir a qué campo de investigación dedicarse.
2.18. Fomentar la creación de redes de colaboración y convenios entre
universidades, potenciando la sinergia entre áreas destacadas y áreas en vías
de desarrollo de cada universidad.
2.19. Impulsar la participación del estudiantado en la investigación, no
sólo a través de los contratos de colaboración, sino también mediante becas, ayudas y Trabajos Fin de Grado y Máster, dirigidos a alumnos que hayan
mostrado inquietud en los diferentes campos de la investigación.
2.20. Potenciar la red de relaciones internacionales entre las
Universidades, para fomentar un modelo de investigación comprensivo y
exhaustivo que englobe a todo el sistema universitario internacional.
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CAPÍTULO 3 LAS RELACIONES CON EL ENTORNO
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CAPÍTULO 3. LAS RELACIONES CON EL ENTORNO
3.1. INTRODUCCIÓN
Las universidades deben garantizar unas infraestructuras adecuadas para el desarrollo, tanto de la actividad académica y la investigación, como del
desarrollo personal, social, político, crítico y cultural de toda su comunidad.
El espíritu de comunidad nace de los espacios comunes, y de los momentos
asociados a ellos, por lo que es fundamental promover estos espacios todo lo
posible si pretendemos que cualquier miembro de nuestra comunidad universitaria se sienta identificado con la Universidad y la proyecte como un
lugar deseable. Es necesario, por tanto, que cada universidad dentro de sus posibilidades
remodele estas instalaciones progresivamente, a la vez que se impulsa la
creación de nuevos espacios adecuados para el intercambio.
Es necesario destacar la importancia que tienen las universidades en los ámbitos económicos y sociales, por su relevancia como instituciones que
garanticen el servicio público de la educación superior, así como la formación
de profesionales y ciudadanos por el papel que desempeñan en el desarrollo
y transmisión de la ciencia, la salud, la técnica y la cultura. Las universidades
sirven a la sociedad y a los intereses generales, dando respuesta a sus necesidades en materia de formación y transferencia de conocimiento. De
esta manera la sociedad se beneficia del conocimiento teórico y práctico
generado en la Universidad que contribuye al progreso económico y social. El objeto de este apartado, destinado a analizar las relaciones de la
Universidad con su entorno, es tratar de establecer un conjunto de
propuestas dirigidas a mejorar las relaciones de las instituciones académicas de educación superior con la sociedad, definiendo un régimen de cooperación
permanente y estable, que supere aquella concepción ancestral de que la
Universidad y la sociedad caminan por sendas separadas o actúan la una a
espaldas de la otra. La Universidad y la sociedad deben estar en continua
ósmosis, evitando así que la Universidad olvide la problemática social y sea partícipe de la transformación de la realidad. La Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, destaca en su exposición de motivos el importante papel que se
atribuye a la Universidad en los cambios operados en nuestra sociedad y, en
concreto, su participación activa en el proceso de continua renovación en los
sectores vinculados al desarrollo cultural, científico y técnico. Para ello es necesario modernizar la Universidad, mejorando su calidad, para
generar mayor bienestar y que, en función de unos mayores niveles de
excelencia, influya positivamente en todos los ámbitos de la sociedad.
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Por otra parte, el artículo 93 de la Ley Orgánica 6/2001, establece que es
responsabilidad de la Universidad conectar a la comunidad universitaria con el sistema de ideas vivas de su tiempo. A tal fin, las universidades arbitrarán
los medios necesarios para potenciar su compromiso con la reflexión
intelectual, la creación y la difusión de la cultura. Específicamente las Universidades promoverán el acercamiento de la cultura
humanística y científica, esforzándose por transmitir el conocimiento a la
sociedad mediante la divulgación de la ciencia y de la cultura.
3.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
La Universidad ha sido determinante para el crecimiento de la economía,
garantizando una mayor igualdad social y mejorando la cualificación
profesional y las oportunidades de empleo de la ciudadanía. El número de titulados superiores entre la población adulta de más de 25 años es cinco
puntos superior a la media de la Unión Europea, y las universidades estatales
aportan al conjunto de la sociedad del estado español cerca de doscientos mil
graduados. Lo que sin duda demuestra el papel relevante que han asumido
las universidades en los últimos treinta años. Con objeto de determinar los ámbitos en los que se debe propiciar el impulso en las relaciones de la Universidad con la sociedad, es conveniente destacar
los siguientes aspectos:
Las relaciones con el entorno social y cultural. Las relaciones con los sectores productivos. Las relaciones con instituciones y agentes internacionales. El cambio de mentalidad al pasar a formar parte de la Comunidad
Universitaria.
En paralelo a la definición de las relaciones de la Universidad con estos tres
ámbitos, parece necesario afianzar en el seno de la comunidad universitaria
el sentimiento de identidad y pertenencia a sus respectivas universidades, y
son testigos participantes de su propia idiosincrasia. La actual estructura de Escuelas y Facultades y la identificación de profesores y del estudiantado
mayoritariamente con aquellos, hecho que no ha facilitado la identificación
de la comunidad universitaria con lo que representa el modelo de Universidad
que queremos. En ese sentido, es fundamental valorar lo que somos y
determinar qué queremos ser, como institución académica y como referente social. Es preciso reconocer que en los últimos diez años se ha producido un gran
cambio en la proyección de las universidades públicas en la sociedad,
convirtiéndose en una de las instituciones mejor valoradas y con mayor
proyección y reconocimiento en todos sus ámbitos. La Universidad está y
debe estar presente en su entorno, y el fomento de su cultura corporativa y su identidad universitaria debe incentivarse más allá del tiempo de
permanencia del estudiantado en las aulas.
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3.2.1. LAS RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL
La Universidad se relaciona con su entorno social y cultural a través de
múltiples canales. En todas las Universidades debería existir un mecanismo que tenga la misión
de favorecer y potenciar, con la ayuda y participación de las personas,
colectivos e instituciones, el desarrollo de programas culturales y de formación permanente, así como acciones transversales que impregnen la
actividad universitaria. Este compromiso pretende propiciar el pensamiento
crítico y plural, el crecimiento de las personas, la solidaridad y la proyección
internacional de nuestra cultura, reforzando así la imagen de la Universidad
como foro de inclusión y del saber. Entre las líneas estratégicas del Sistema Universitario que queremos debe estar el fomento de nuestra oferta cultural, atendiendo a las necesidades y
expectativas de la comunidad universitaria y la sociedad por igual. Sería, además, necesario establecer una colaboración más activa con otras
instituciones. Sobre todo por iniciativa de la propia Universidad, y que ésta
se convierta en una institución que lidere y aborde temas de gran interés y
debate en ámbitos diversos de la creación y la difusión del conocimiento, el pensamiento, la crítica constructiva, el enriquecimiento humano y la
actualidad política y social. Mención aparte merece la tarea que debe asumir la Universidad de involucrar
a nuestro estudiantado en la vida cultural de la Universidad y, por extensión,
de toda su región. No debemos olvidar que son muchos los jóvenes en periodo de formación y a punto de alcanzar la edad adulta por lo que la Universidad
debe asumir su misión de ofrecerles una formación integral, que les capacite
para la actividad profesional, pero que a la vez les facilite valores cívicos,
culturales, críticos y solidarios fomentando el pensamiento crítico y la
reflexión. Observamos un déficit de participación del estudiantado y creemos que es debido a la falta de ofertas sociales y culturales de las universidades. La
programación académica y la falta de difusión tampoco favorece la
realización de actividades que no son estrictamente académicas e
investigadoras. En este sentido, hay que facilitar que sean el propio estudiantado y las
universidades quienes promuevan diferentes iniciativas a través de sus diferentes servicios. Centros y órganos que sepan canalizar las inquietudes y
propuestas del estudiantado, dotándoles así de los medios y el apoyo
necesario para que puedan materializar sus proyectos culturales. Otro medio que las universidades deben poseer para la formación integral del
estudiantado y para el establecimiento de relaciones con nuestro entorno social es el fomento del Deporte Universitario. En este sentido, la Ley
Orgánica de Universidades en el artículo 90 establece que la práctica
deportiva en la Universidad es parte de la formación del estudiantado y se
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considera de interés general para todos los miembros de la comunidad universitaria, otorgando a las Universidades en virtud de su autonomía la
ordenación y organización de actividades y competiciones deportivas en su
ámbito respectivo.
3.2.2. LAS RELACIONES CON EL TEJIDO PRODUCTIVO
Por lo que respecta a las relaciones de la Universidad con las empresas y, en
definitiva con el tejido empresarial, es preciso intensificar la relación con las cooperativas, con las pequeñas y medianas empresas y con las empresas o
asociaciones de economía social. Si bien es cierto, la colaboración con empresas que generan recursos
económicos para el Sistema Universitario en su conjunto, o para cada
Universidad es, sin duda, importante, porque fortalece a los grupos de investigación y favorece el desarrollo de la sociedad, además de generar
ingresos, pero las relaciones con las empresas pueden servir también para
formar mejor a los alumnos a través de las prácticas y favorecer iniciativas
colectivas, que también son importantes. La Universidad debe fomentar proyectos transversales nacidos del propio
estudiantado, con el objetivo de crear empresas más comprometidas y responsables socialmente. De esta manera la labor de la Universidad, además
de la función asesora o de colaboración, debe ser de formación de personas
con iniciativa, valores y creatividad para fortalecer así al sector productivo,
contribuyendo a la creación de un nuevo modelo productivo.
3.2.3. LAS RELACIONES CON INSTITUCIONES Y AGENTES
INTERNACIONALES.
Otro de los aspectos que es necesario destacar en las relaciones de la
Universidad con el entorno es el de la internacionalización, a través del
fomento de las relaciones con instituciones y agentes internacionales. En el caso de las relaciones con el entorno no hay nada más transversal que
la internacionalización. En un entorno global como el actual, el conocimiento
sigue siendo el eje entorno al cual se vertebra la Universidad y las relaciones de ésta con la sociedad. La facilidad que propician las tecnologías de la información y la comunicación
han propiciado un cambio en la Universidad, que ha pasado de ser una
institución fundamentalmente generalista en su oferta académica y en su
actividad investigadora a convertirse en verdaderos centros de
especialización docente e investigadora. La internacionalización es un proceso que genera oportunidades a la
Universidad. Favorece, por tanto, al personal docente investigador porque
incrementa la calidad de la docencia y la investigación, al estudiantado
porqué le proporciona una ventana de oportunidades para trabajar en un
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mundo global e intercultural, y a todo el Sistema Universitario en un
aumento del reconocimiento y visibilidad internacional impulsando asimismo la labor social de la institución en el extranjero. Por otro lado, en un escenario como éste se generan necesidades de
movilidad académica y profesional surgiendo programas de movilidad
europea y mundial. Es preciso señalar que el programa Erasmus ha hecho
mucho más por el intercambio académico y cultural que ninguna otra política.
Pero esta era la primera fase de esa idea de internacionalización, la segunda fase, va dirigida a potenciar la movilidad de los profesores e investigadores y
del Personal de Administración y Servicios. La tercera fase de este proceso
viene marcada por la movilidad de grupos, redes y transferencia de
resultados de investigación, independientemente del país en el que se
generen. Trasladar esa visión global de necesidad de movilidad y de fomento de las relaciones con el entorno a través de la internacionalización es fundamental
si pretendemos que nuestro Sistema Universitario modernice nuestra oferta
formativa para mejorar los resultados académicos y científicos. Es evidente
que la dimensión internacional se ha incorporado a todos los procesos y que
es un aspecto que debemos tener en cuenta en todos los ámbitos de actuación de la institución universitaria.
3.3 LAS LENGUAS Y SU FUNCIONALIDAD
Como dice La Constitución sobre el español “todos los españoles tienen el
derecho de conocerla y el derecho a usarla”, pero en la disposición 2 dice “las otras lenguas españolas serán también oficiales a las respectivas
Comunidades Autónomas de acuerdo a sus estatutos” y añade en el punto 3
que “que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.
En el artículo 148.7 del texto constitucional se establece que las Comunidades
Autónomas podrán asumir competencias en materia de “fomento de la
cultura, búsqueda y, si hiciera falta, aprendizaje de la lengua de la Comunidad
Autónoma”.
La suerte de vivir en un estado donde hay diferentes lenguas es la de llenar
y dar riqueza a la sociedad que en él viven.
Las libertades conseguidas en las diferentes leyes entre el gobierno central,
los gobiernos autonómicos y las propias leyes de las universidades han hecho
que en los territorios con dos lenguas oficiales se imparta docencia en las dos lenguas.
El papel de la Universidad con la sociedad en este campo es muy importante.
Desde La Constitución y en los diferentes Estatutos de Autonomía y en la
diferentes leyes internas donde se vincula la docencia y legisla la utilización de las lenguas de matriculación e impartición de las asignaturas.
Como bien dicen los Estatutos, por ejemplo, el valenciano, en el Artículo:
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“3.3. Nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua.
3.4. Se otorgará especial protección y respeto a la recuperación del valenciano.
3.5. La Ley establecerá los criterios de aplicación de la lengua propia
en la Administración y en la enseñanza.”
En el Artículo 7 de la Llei de l’ús del valencià dispone del uso oficial que “El
Valencià, como lengua propia de la Comunidad Valenciana, lo es también de la Generalitat y de su Administración Pública, de la Administración Local y de
cuantas Corporaciones e Instituciones Públicas dependan de aquéllas”.
La Universidad como núcleo cultural, histórico y de investigación de cualquier
territorio debe luchar por la diglosia existente entre las diferentes lenguas.
3.4. RETOS Y PROPUESTAS
A la luz de estos razonamientos, sería conveniente realizar un análisis de las
siguientes propuestas:
3.1. Es necesario fortalecer y afianzar los convenios de colaboración con organismos e instituciones, estableciendo mecanismos de seguimiento
del progreso y la eficiencia en la consecución de los objetivos y líneas de
actuación de los convenios.
3.2. Es conveniente hacer que se identifique a la Universidad como una
institución que lidera y aborda temas de relevancia como, por ejemplo, el
debate político, social y económico. Urge convertir esta institución académica en un referente para la
participación de las personalidades más destacadas del mundo de la cultura,
la ciencia, la política, el medio ambiente, la economía, etc.
Es necesario involucrar a la sociedad en el proceso de modernización de la
Universidad y hacer que se sienta concernida y partícipe, sin perjudicar en ningún momento el principio de autonomía universitaria.
3.3. Es conveniente implicar al estudiantado y hacerles sentir parte
activa en la creación y fortalecimiento de su Universidad, impulsando
actividades propuestas y auto-gestionadas por el estudiantado. Se hace muy
necesario potenciar un ocio cultural y las relaciones del estudiantado entre sí,
más allá de cada facultad o escuela, fomentando así el espíritu universitario.
3.4. Es necesario mejorar la comunicación institucional del centro o
Universidad con el estudiantado a la vez que se fomenta una mayor
conciencia y ambiente universitario, así como lograr mayor participación en
las actividades desarrolladas en la Universidad, independientemente del
centro en que se realicen. Para ello sería interesante establecer un régimen de correos importantes cuya
lista de distribución fuese de carácter obligatorio para todos el estudiantado,
y otra serie de listas de carácter opcional con temáticas variadas con las
actividades de carácter cultural, lúdico y/o deportivo.
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Asimismo sería necesario apoyar a los Consejos y Asociaciones activas
existentes e impulsar la creación de Consejos en los Centros donde aún no existen y fomentar la creación de nuevas Asociaciones. Estas políticas deberían aplicarse tanto a nivel de Universidad como a nivel
de Centro.
3.5. Es fundamental reforzar la formación humanista, y sería
aconsejable impulsarla también en campos como la filosofía, la relación
filosofía-ciencia, el conocimiento de lenguas, etc. La Universidad debe formar ante todo personas y colectivos con valores debiendo llegar a ser referentes
sociales, logrando la identificación de la comunidad universitaria y
fomentando el sentido de pertenencia, a nivel interno y externo.
3.6. La oferta formativa de nuestras Universidades Públicas debe incluir
asignaturas que se puedan impartir en varios Centros, para facilitar una
mayor interacción entre las estructuras universitarias.
3.7. El nuevo sistema de enseñanza y la asistencia obligatoria a clase
dificulta que el estudiantado pueda acudir a eventos importantes. Se deberían
diseñar horarios con franjas abiertas para facilitar la asistencia a actividades
culturales y formativas complementarias.
3.8. Se deben potenciar las Asociaciones de Antiguos Alumnos como
instrumento para fidelizar al estudiantado que ha concluido sus estudios, con objeto de que se mantenga vinculado a esta institución académica. A tal fin,
es muy adecuado disponer de ficheros con información sobre los ex-alumnos
de cada universidad para mantener una comunicación continua y estable con
objeto de garantizar un vínculo permanente con su universidad en particular,
y a través de ella con el Sistema Universitario en general.
3.9. Es necesario poner en valor el prestigio de la Universidad. Es muy
conveniente incorporar a las memorias académicas informes que demuestren
la capacidad de inserción del estudiantado y sus resultados profesionales,
incorporando información sobre el estudiantado que han superado el MIR,
PIR, FIR, que han aprobado oposiciones, que trabajan en empresas de su propio sector o son parte de proyectos innovadores o de relevancia social.
3.10. Sería conveniente seguir impulsando la oferta de actividades
deportivas como parte de la formación integral del estudiantado y para el
fomento de hábitos de vida saludable.
Es necesario encontrar un equilibrio entre el fomento del deporte universitario de base y la organización de grandes eventos de alto nivel competitivo.
3.11. Es preciso impulsar la formación del estudiantado en materias
transversales e iniciativas tanto propias como colectivas. Sería aconsejable
plantearse la implantación de estudios especializados en esta materia y módulos curriculares complementarios, autónomos o integrados en los
estudios de Grado o Máster.
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3.12. Sería necesario fortalecer las alianzas con instituciones públicas
y privadas y con los sectores empresariales y asociaciones para fortalecer y ampliar las prácticas del estudiantado.
3.15. Dadas las dificultades que entraña crear una empresa en nuestro
país, y las penurias económicas que viven el primer año, la Universidad
debería dotar de mayores cuantías los concursos destinados a fomentar
proyectos spin-off, incluso si ello supone reducir el número de premios, así como dar a conocer estas empresas a los departamentos o grupos de
investigación que puedan estar interesados.
Para dotar de mayor financiación a todos los proyectos en general, podría
crearse un listado de proyectos spin-off nacidos en la Universidad en
concreto, así como una web en la que diversos agentes sociales, empresas o personas interesadas en financiar dichos proyectos puedan consultar y
financiar de forma directa o vía crowdfunding.
3.16. Sobre la internacionalización, es necesario no perder de vista la
proyección natural hacia Hispanoamérica como ámbito natural de extensión del propio Sistema Universitario en nuestro Estado, además la actual
movilidad europea en la que estamos bien posicionados.
3.17. Es muy aconsejable potenciar la movilidad internacional del
Personal Docente e Investigador, y debería hacerse en paralelo al diseño de una política de plurilingüismo a medio y largo plazo.
3.18. También se considera importante potenciar el conocimiento y
correcto uso de las diferentes lenguas del Estado.
3.19. En materia de internacionalización, las políticas de todas las Universidades del Estado deben ser muy claras y transparentes, además de
garantizar una mayor flexibilidad. Se deben incentivar además los Másteres
bilingües en la medida de las posibilidades docentes de cada Universidad.
3.20. En esta misma materia, además de fomentar la realización de estancias, es necesario propiciar una mayor colaboración en investigación.
Hay que fomentar la colaboración puntual en proyectos colaborativos con
grupos de diferentes universidades, tanto españolas como extranjeras,
fundamentalmente en la etapa inicial de la formación del Personal Docente e
Investigador.
3.21. Revisar los mecanismos de seguimiento en la tutorización de las
prácticas curriculares a través de la consecución de unos objetivos para que
se valore realmente si se han obtenido las competencias necesarias/exigidas?
3.22. El sistema universitario debe hacer frente a la desigualdad existencial entre las dos lenguas que existan en una autonomía, con especial
uso entre su propia comunidad, es decir, hacer valer el uso dentro de la vida
docente y de uso cotidiano y social.
3.23. El sistema universitario debe garantizar unas infraestructuras adecuadas para el desarrollo tanto de la actividad académica e investigadora,
como del desarrollo personal, social, político, crítico y cultural de toda su
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comunidad. El espíritu de comunidad nace de los espacios comunes y de los
momentos asociados a ellos, por lo que es fundamental promover estos espacios todo lo posible si pretendemos que cualquier miembro de nuestra
comunidad universitaria se sienta identificado con su Universidad y la
proyecte como un lugar deseable.
Es necesario por tanto remodelar estas instalaciones progresivamente, a la
vez que se impulsa la creación de nuevos espacios adecuados para el
intercambio, como el proyecto de la Casa del Estudiante.
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CAPÍTULO 4 LAS RELACIONES CON EL ENTORNO
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58
CAPÍTULO 4. EL GOBIERNO Y LA GESTIÓN UNIVERSITARIA
4.1. INTRODUCCIÓN
Una de las cuestiones más debatidas en los diferentes informes y propuestas
que plantean la reforma del sistema universitario español es la que afecta al
gobierno y la gestión de las Universidades. Pese a la proclamación formal de
la autonomía universitaria como un derecho fundamental, esta autonomía es
muy limitada en ámbitos tan importantes como el académico, el de la
organización de las estructuras, órganos de gobierno y especialmente el económico. Lo que sin duda limita la capacidad de las Universidades de dar
respuesta a las crecientes demandas de la sociedad y a las expectativas de
los ciudadanos pertenecientes al sistema público de universidades,
fundamentalmente las del estudiantado.
Es evidente que las Universidades, aunque han sufrido una importante
proceso de transformación en su forma de organización tradicional, necesitan
seguir realizando cambios para adaptar sus estructuras a las nuevas
exigencias de la sociedad, del estudiantado, de la propia comunidad
universitaria y las nuevas y emergentes Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que demandan una organización ágil, transparente,
democrática, capaz de tomar decisiones orientadas a dirigir y administrar una
organización de sus tareas.
La Universidad ha incorporado junto a la formación superior y la
investigación, como funciones básicas otras muchas competencias, que requieren nuevos esquemas organizativos y de gestión, mucho más
profesionalizados, flexibles y eficientes.
Las Universidades han de desarrollar el servicio público de la educación
superior que, como dice la Ley Orgánica de Universidades, se realiza
mediante el estudio, la docencia y la investigación, de una forma eficiente, garantizando unos resultados cada vez mejores e incrementando, por tanto,
la calidad en todos sus servicios, dentro, por lo demás, de una dinámica de
concurrencia con otras instituciones académicas de educación superior cada
vez más exigente.
En un informe de estas características resulta, por otra parte, obligado tener en cuenta el contexto económico y social en el que hoy se desenvuelven las
Universidades, concretamente la actual crisis económica, que ha propiciado
la adopción por parte de los Gobiernos central y autonómico de medidas
dirigidas a corregir el déficit público y garantizar el equilibrio presupuestario,
también en las Universidades. Aunque sólo fuera por este hecho, las Universidades han de plantearse las
acciones oportunas para hacer más congruentes sus estructuras de
Gobierno y administración, sin perjudicar en ningún momento la calidad
democrática de las mismas, y buscando siempre la mayor participación de la
comunidad universitaria.
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Asimismo, conviene mejorar, en la medida de lo posible, el funcionamiento
de los servicios universitarios, que garanticen su carácter público, de calidad,
sostenible en el tiempo y eficiente en la gestión del personal y los recursos.
Es evidente que la variedad de las estructuras universitarias, la división de
competencias entre la Administración del Estado, las Comunidades
Autónomas y las propias Universidades, junto a la creciente complejidad de la gestión universitaria, exigen una mayor dedicación y profesionalización de
los órganos de gobierno de carácter unipersonal de la Universidad, así como
una mayor especialización en las tareas de asistencia, asesoramiento y
apoyo, que desarrolla fundamentalmente el personal universitario de
administración y servicios.
En este sentido, es necesario señalar que gobierno y gestión no son términos
idénticos, sino, en todo caso, complementarios. Mientras gobernar implica
guiar o dirigir, gestionar significa realizar actuaciones concretas conducentes
al logro de un fin. Sin embargo, cuando se habla del gobierno de la
Universidad las competencias directivas y gestoras se suelen entremezclar, produciendo en muchos casos confusión. Por lo que resulta necesario plantear
propuestas que vayan dirigidas a mejorar el gobierno y a optimizar la gestión,
diferenciando claramente estos dos ámbitos de actuación y aportando
recomendaciones que incidan en el buen gobierno y en la necesaria
modernización de la gestión universitaria. Para garantizar la racionalidad, eficacia y eficiencia que corresponde a los
órganos de gobierno, y que las personas elegidas para los mismos sean
conscientes de su papel y responsabilidad, para lo que sería conveniente
formar adecuadamente a los miembros de nueva incorporación, de forma que
puedan aportar lo mejor de sí desde el principio. Además, se considera que bajo ningún concepto deben ser agentes externos
quienes puedan tomar decisiones en lo relativo al gobierno de la Universidad,
sin que ello menoscabe la rendición de cuentas a la sociedad propia de toda
institución pública.
4.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
Sería conveniente definir con mayor precisión las competencias de los
Órganos de Gobierno.
4.2.1. COMPETENCIAS SOBRE LA UNIVERSIDAD.
Esta tarea ha de partir de la distribución de competencias en materia
universitaria que las leyes atribuyen a la Administración del Estado, a las
Administraciones Autonómicas y a las propias Universidades como los tres
actores fundamentales para la construcción y desarrollo del sistema
universitario español. La enseñanza, y por extensión la enseñanza universitaria, es un derecho cuya
prestación afecta a los intereses generales, y que por tanto debe garantizar
el Estado. De ahí que la Constitución y las leyes atribuyan a éste un conjunto
de competencias, que afectan a la coordinación y ordenación de las
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enseñanzas universitarias, a la garantía de la calidad de las Universidades, a la evaluación y acreditación de los títulos universitarios, a la selección del
profesorado, a la regulación de las normas de acceso a la Universidad, a la
oferta y límite de plazas y al régimen de becas y ayudas al estudio.
Asimismo, son competencias, también del Estado la regulación del régimen
de derechos y deberes del Personal Docente e Investigador, del estudiantado y del Personal de Administración y Servicios, así como el régimen económico
y financiero de las Universidades, el deporte y la extensión universitaria y el
fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, a través de la
realización de proyectos promovidos y ejecutados por el Personal Docente e
Investigador, los grupos de investigación u otras estructuras específicas creadas o participadas por la propia Universidad.
En segundo término, las competencias administrativas, relacionadas con la
creación y adscripción de Centros universitarios, la implantación de
enseñanzas, el acceso del estudiantado a la Universidad, el establecimiento
de los precios públicos por los servicios universitarios, así como la evaluación
de la calidad de la actividad universitaria y la financiación de las Universidades públicas, corresponden a la Comunidad Autónoma, que es la encargada de
ordenar y coordinar el sistema universitario dentro de su ámbito territorial.
Finalmente, la propia Universidad asume un conjunto de competencias que
emanan de la autonomía universitaria, que en La Constitución se concibe
como un derecho fundamental, recogido en el artículo 27.10, junto a las libertades de producción científica (art. 20.1.b) y a la libertad de cátedra (art.
20.1.c). Configurando así un conjunto de garantías jurídico-constitucionales
que actúan a modo de protección de la Universidad, neutralizando cualquier
tentación de injerencia externa en ésta.
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Universidades la autonomía universitaria comprende:
d) La elaboración de sus Estatutos y, en el caso de las Universidades
privadas, de sus propias normas de organización y funcionamiento, así como
de las demás normas de régimen interno.
e) La elección, designación y remoción de los correspondientes órganos de gobierno y representación.
f) La creación de estructuras específicas que actúen como soporte de
la investigación y de la docencia.
g) La elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación y
de enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida.
h) La selección, formación y promoción del Personal Docente e Investigador y de administración y servicios, así como la determinación de
las condiciones en que han de desarrollar sus actividades.
i) La admisión, régimen de permanencia y verificación de
conocimientos del estudiantado.
j) La expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y de sus diplomas y títulos propios.
k) La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la
administración de sus bienes.
l) El establecimiento y modificación de sus relaciones de puestos de
trabajo.
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m) El establecimiento de relaciones con otras entidades para la
promoción y desarrollo de sus fines institucionales. n) Cualquier otra competencia necesaria para el adecuado
cumplimiento de las funciones señaladas en el apartado 2 del artículo 1.
Como sostiene buena parte de la doctrina científica y que se ha aceptado la
doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, la autonomía
universitaria se concibe como un auténtico derecho fundamental de la
Universidad y no sólo como una garantía institucional. Esta última calificación hubiera permitido concebirla como una mera regla organizativa o una
directriz del funcionamiento de las Universidades, con lo que el contenido
esencial o núcleo indisponible o resistente al legislador se hubiera circunscrito
al respeto a la existencia de la institución y a la necesaria aplicación de ciertos
principios organizativos. Sin embargo estamos ante un auténtico derecho fundamental que se reconoce a cada Universidad y que debe ser desarrollado
por Ley Orgánica, sin que en ningún caso pueda desconocerse su contenido
esencial.
4.2.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD
En los términos expuestos, la autonomía universitaria alcanza a la capacidad
de la Universidad para autoorganizarse, en el marco de las determinaciones
legales vinculantes en esta materia, siendo precisamente en este ámbito en
el que cada Universidad ha de tomar las decisiones más relevantes, porque
afectan al modelo concreto de su específica organización.
Para facilitar la comprensión de ese ámbito de autoorganización de la Universidad, es oportuno hacer referencia al marco normativo actual sobre la
organización del gobierno de las Universidades en el que esa
autoorganización ha de producirse.
La Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, establece que el gobierno de la Universidad se articula a través de órganos colegiados y unipersonales, y determina que los estatutos de las
Universidades públicas establecerán, al menos, los siguientes órganos:
a) Colegiados: Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro
Universitario, Juntas de Escuela y Facultad y Consejos de
Departamento. b) Unipersonales: Rector, Vicerrectores, Secretario General,
Gerente, Decanos de Facultades, Directores de Escuelas, de
Departamentos y de Institutos Universitarios de Investigación.
La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad
universitaria en el Claustro Universitario, en las Juntas de Facultad o Escuela y en los Consejos de Departamento se realizará mediante sufragio universal,
libre, igual, directo y secreto, en cada uno de ellos.
Los Estatutos establecerán las normas electorales aplicables, las cuales
deberán propiciar en los órganos colegiados la presencia equilibrada entre
mujeres y hombres.
El perfil actual de los citados órganos es el siguiente: ÓRGANOS COLEGIADOS
El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la
Universidad. Está integrado mayoritariamente por personas ajenas a ésta y
entre sus funciones más relevantes están la aprobación del presupuesto, la programación plurianual, así como la supervisión del rendimiento de los
servicios universitarios.
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62
Por lo que respecta al Claustro, es el máximo órgano de representación de
la comunidad universitaria. Estará formado por el Rector, que lo presidirá, el Secretario General y el Gerente, y un máximo de 300 miembros. Le
corresponde la elaboración de los Estatutos, la elección del Rector, en su
caso, las demás funciones que le atribuye la Ley.
En cuanto al Consejo de Gobierno, es el órgano de gobierno de la Universidad.
Estará constituido por el Rector, que lo presidirá, el Secretario General y el
Gerente, y por un máximo de 50 miembros. Del mismo formarán parte los Vicerrectores y una representación de la comunidad universitaria, reflejando
la composición de los distintos sectores en el Claustro, y una representación
de Decanos y Directores, según establezcan los Estatutos. Además, cuando
así lo determinen los Estatutos, podrán ser miembros del Consejo de
Gobierno hasta un máximo de tres miembros del Consejo Social, no pertenecientes a la propia comunidad universitaria.
Las Juntas de Escuela o Facultad, presididas por el Decano o Director, son los
órganos de gobierno de éstas. La composición y el procedimiento de elección
de sus miembros serán determinados por los Estatutos. En todo caso, la
mayoría de sus miembros serán profesores con vinculación permanente a la Universidad.
En el caso del Consejo de Departamento, estará presidido por su Director y
es el órgano de gobierno del mismo. Estará integrado por los doctores
miembros del Departamento, así como por una representación del resto de
Personal Docente e Investigador no doctor en la forma que determinen los Estatutos.
En todo caso, los Estatutos garantizarán la presencia de una representación
del estudiantado y del Personal de Administración y Servicios, en todos estos
órganos colegiados.
ÓRGANOS UNIPERSONALES La Ley Orgánica de Universidades determina que el Rector es la máxima
autoridad académica de la Universidad y ostenta la representación de ésta.
Ejerce la dirección, gobierno y gestión de la Universidad, desarrolla las líneas
de actuación aprobadas por los órganos colegiados correspondientes y
ejecuta sus acuerdos. Le corresponden cuantas competencias no sean expresamente atribuidas a otros órganos.
El Rector será elegido por el Claustro o por la comunidad universitaria
mediante elección directa y sufragio universal, según indiquen los Estatutos
de cada Universidad, entre funcionarios en activo del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad que presten servicios en ella. Los Estatutos regularán también el procedimiento para su elección, la duración de su mandato y los supuestos
de su sustitución en el caso de vacante, ausencia o enfermedad.
Por lo que se refiere a los Vicerrectores, son designados por el Rector, entre
profesores doctores con vinculación permanente, sin que se establezca ni en
la Ley ni en los Estatutos de forma expresa cuáles son sus competencias,
entendiéndose por tanto, que éstos reciben sus competencias por delegación del Rector.
En el caso del Gerente y el Secretario General, son nombrados también por
el Rector, en este caso no necesariamente deben ser profesores
universitarios, atribuyendo los Estatutos funciones específicas a ambos.
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63
En relación a los Decanos y Directores de Centro, la Ley Orgánica de Universidades establece que ostentan la representación de sus Centros y
ejercen las funciones de dirección y gestión ordinaria de éstos. Serán
elegidos, en los términos establecidos por los Estatutos, entre el profesorado
con vinculación permanente a la Universidad.
Finalmente, en relación con los Directores de Departamento, la Ley determina que ostentan la representación de éste y ejercen las funciones de dirección y
gestión ordinaria del Departamento. Serán elegidos por el Consejo de
Departamento en los términos establecidos por los Estatutos, entre el
profesorado doctor con vinculación permanente a la Universidad.
4.2.3. MODELOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN.
A la vista de lo expuesto, una cuestión fundamental a debatir en esos
momentos, desde una perspectiva general, es si resulta adecuado para las
Universidades mantener un modelo de organización, con un predominio de
órganos colegiados, de composición heterogénea, en los que participan
representantes de todos los sectores de la comunidad universitaria, y obligados al consenso como fórmula convencional para la adopción de las
decisiones más importantes o, por el contrario, si sería deseable un modelo
más profesionalizado de gobierno, conforme al cual, dentro del marco
normativo actual, los órganos colegiados tuvieran un carácter más consultivo
y los órganos unipersonales unas más definidas funciones de dirección, además de estar su sistema de gestión orientado por criterios de eficiencia
técnica, tal y como lo proponía, por ejemplo, el llamado Informe Bricall en el
año 2000, al analizar los modelos de organización universitaria.
La organización y competencias de los órganos de gobierno de carácter
unipersonal en la Universidad reflejan una estructura jerarquizada, de tipo piramidal, y aplicada conforme a una disposición muy homogénea, si no
rígida. De ese modo, la conformación de los equipos de dirección de los
Centros y Departamentos no responde a criterios como su dimensión,
competencias, número de profesores o estudiantes, sino a una reproducción
mimética y a una aplicación homogénea del tipo y número de los órganos de
estas estructuras y de los miembros de los equipos de dirección en cada uno de los Centros y Departamentos.
De otra parte, como consecuencia de la nueva estructura y ordenación de las
enseñanzas universitarias, y para atender a las tareas añadidas que de
aquéllas se han derivado, han surgido nuevas funciones, muy especializadas, que no se han asignado a los cargos académicos existentes, sino que han
dado lugar a la creación de nuevas figuras, que asumen funciones de
coordinación y ejecución fundamentalmente, pero que no tienen el carácter
de órganos de gobierno (es el caso, por ejemplo, de los coordinadores de
Grado y Máster, coordinadores de áreas de conocimiento, coordinadores de
movilidad, responsables de calidad, etc.). Las nuevas necesidades surgidas para la adecuada coordinación y ejecución de las funciones del gobierno y la
gestión en la Universidad y sus distintos Centros han llevado así a la
desconcentración –y consiguiente fragmentación- del ejercicio de las
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64
competencias, con una proliferación de figuras no integradas formalmente en
los órganos de gobierno.
En este contexto no hay que olvidar que la postura del colectivo estudiantil
es clara, optando así pues, por un gobierno entre todos los sectores,
buscando el consenso en las propuestas sobre la base de una democracia
participativa, y con una mejor representatividad del sector estudiantil, cuya voz se considera bastante menospreciada en muchos órganos.
Se considera que el reto consiste en hacer que todos los sectores de la
comunidad universitaria se interesen por el gobierno de su universidad, no
en reducir más las posibilidades de participación y toma de decisiones.
Es cierto que el colectivo estudiantil está presente en todos los órganos de
gobierno, salvo en la mayoría de los equipos de dirección. Es cierto asimismo
que en pocos órganos se fomenta activamente la participación, e incluso el
acceso a los mismos, y mucho menos el conocimiento de la estructura
organizativa, deliberativa y de gobierno de la Universidad. Es evidente que si pretendemos que un colectivo participe de la elección a un
órgano, debe estar informado no sólo de un proceso de elección, también de
la utilidad del órgano, y se considera que en la actualidad lo segundo no se
consigue, ni se hacen los suficientes esfuerzos de difusión cercana.
Una posible solución radica en la realización de reuniones informativas para todo el estudiantado de cada Centro, a realizar en horario habitual de clase,
pero con corte de las mismas, o bien una explicación seria en cada clase. Esto
naturalmente requiere la implicación de los equipos de gobierno de los
centros, y, a ser posible, los propios profesores, pero aparte de fomentar la
participación, evitaría en parte la desmotivación generada por el
desconocimiento de los órganos y, quizás, la sobrecarga de trabajo para quienes deciden asumir varias responsabilidades en ausencia de otras
personas que se presenten.
Respecto a la participación del estudiantado en los órganos de gobierno, cabe
recalcar que, por la propia naturaleza del sector, está más sujeta a variaciones que en otros sectores, por lo que, como bien indica el informe, es
conveniente establecer mecanismos de participación y renovación más
flexibles, así como abrirlos más a la comunidad universitaria, nuevamente
mediante la visibilización del trabajo realizado en el órgano, y la participación
de cada sector implicado.
Es este un punto crítico que ha sido obviado durante bastante tiempo, lo que conduce irremediablemente a una pérdida de interés incluso por parte de los
miembros de los órganos.
Es imprescindible por tanto fomentar activamente la participación, y dotar a
las unidades competentes de los recursos necesarios para ello, especialmente
de personal.
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65
Además, cabe recalcar que el estudiantado tiene menos tiempo de formación en los órganos que el resto de sectores, lo que se soluciona con una formación
específica para nuevos miembros, no con una reducción de las posibilidades
de participación. A pesar de ello, es un colectivo activo en lo relativo a
propuestas en la mayoría de órganos, y teniendo mucho que aportar, no solo
como colectivo mayoritario, también como beneficiarios de casi todo lo que
la Universidad ofrece, y como impulsores de nuevas corrientes sociales, organizativas e investigadoras.
La representación estudiantil es una labor que nace (generalmente) del
corazón y la buena voluntad, sin obtener prácticamente ningún beneficio, al
menos material, a cambio; casi ningún estudiante le dedica tiempo por las compensaciones en créditos, que en cualquier caso resultan abismalmente
insuficientes, siendo la dedicación para un trabajo serio muy superior a 25
horas en casi todos los órganos.
Por todo ello, si pretendemos fomentar la participación en estos órganos, es
primordial dar facilidades suficientes a los miembros del sector estudiantil, pues a menudo son penalizados académicamente por la asistencia a las
reuniones de dichos órganos y por el trabajo fuera de reuniones que conlleva
la pertenencia a los mismos, al no quedar desarrollado, y a veces ni aplicado,
lo contemplado en el Estatuto del Estudiante Universitario, lo que sin duda
perjudica la asistencia y participación de este colectivo en todos los órganos.
Para finalizar, hay que considerar que la responsabilidad de la representación
deberían llevarla los Consejos o Delegaciones de Estudiantes de cada Facultad
o Escuela, visto que son quienes mejor, y con más cercanía, conocen los
problemas de cada Centro, y quienes mejor pueden orientar a los propios
estudiantes, así como dar una base a quienes inician su andadura en los órganos de gobierno. Se considera, además, que su carácter eminentemente
democrático y abierto, así como su constante renovación, los hace idóneos
para las tareas relacionadas con representación estudiantil y gobierno de la
Universidad.
En suma, el gobierno y la gestión en la Universidad han sufrido en los últimos tiempos un considerable incremento en su volumen y complejidad. Sin que el
hasta ahora convencional remedio (el desarrollo, como regla, de las funciones
de gobierno de la Universidad por parte del profesorado universitario con una
reducción de sus obligaciones docentes en función del nivel de
responsabilidad del cargo académico desempeñado) parezca hoy, en algunos
supuestos, suficiente para afrontar con garantía de éxito la creciente complejidad de las funciones directivas, que sin duda exigen una mayor
dedicación y formación para estos cargos.
4.3.1. RETOS, DELIBERACIONES Y PROPUESTAS
Atendiendo a las consideraciones expuestas, y tomando en consideración el actual marco legal de la organización y competencias de los órganos de
gobierno de las Universidades, se ha de plantear como grandes retos de la
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66
Universidad del futuro en el ámbito del gobierno y la gestión, al menos, los
siguientes:
1. El desarrollo de todas las potencialidades de la autonomía universitaria,
además de en el ámbito académico y el económico-financiero, también y
fundamentalmente en el de las potestades de auto-organización.
2. La mejora de los resultados de la Universidad en todos los ámbitos relacionados con sus funciones institucionales.
3. La racionalización de las estructuras de gobierno, de acuerdo con criterios
de eficiencia y en función de parámetros rigurosos y coherentes, de
carácter cuantitativo y cualitativo. Siempre se velará por definir muy claramente los mencionados criterios, y se garantizará la participación de
todos los implicados en cualquier proceso que a este fin se inicie.
4. La mejora de la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad
democrática de los procesos para la provisión de los titulares de los órganos electivos.
5. La adecuada formación para los miembros de los órganos de gobierno y
gestión universitarios, que garantice una participación mayor y de
calidad, así como una mayor claridad en sus funciones. También constituyen un reto importante el fomento y promoción del conocimiento
de los órganos universitarios, su función y deliberaciones, y los procesos
de elección a los mismos.
6. Debe garantizarse la presencia de estudiantes en todos los órganos de
gobierno y deliberación de las universidades, asegurando los mecanismos adecuados que faciliten la renovación de estos cargos, en particular en el
sector estudiantes, ya que tienen unos ciclos de representación más
cortos, incluyendo que alguno de los representantes quede inactivo.
7. Es razonable replantearse la participación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria en los órganos de gobierno, y la posibilidad de
establecer un porcentaje diferente de su representación en pro de una
mayor calidad democrática.
8. La actual composición del Consejo Social parece adecuada, ya que se garantiza_la_participación en él de los órganos de gobierno de la
Comunidad Autónoma y las Corporaciones Locales, así como de la
s organizaciones empresariales y sindicales más representativas, si
bien la composición exacta varía en cada Universidad. El equilibrio entre
competencias, concepción y miembros, en cambio, debería redefinirse
para potenciar considerablemente la presencia de los propios miembros de comunidad universitaria en el órgano, garantizando la mayoría
absoluta, en caso de optar por mantener las actuales competencias.
En cualquier caso, resulta necesario hacer de este un órgano de carácter
estrictamente consultivo, de carácter preceptivo pero no vinculante.
9. Las competencias atribuidas al Claustro por la Ley Orgánica de Un
iversidades, resultan insuficientes, lo que le convierte en un órgano sin
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excesiva relevancia en el gobierno de la Universidad, algo que resulta
contraproducente con su definición como máximo órgano de representación. Por tanto, sería conveniente plantear la atribución al
Claustro de nuevas competencias, así como potenciar el uso y variedad
de las comisiones emanadas de él, de forma que hagan de éste un órgano
funcional y no meramente consultivo, que parece ser la tendencia actual.
Adicionalmente, convendría plantearse la posibilidad de incrementar el
número de sesiones reduciendo su duración, de forma que cada uno girase en torno a pocos temas sobre los cuales pudiese deliberarse con la
necesaria profundidad.
10.El Consejo de Gobierno es el órgano universitario más relevante desde el
punto de vista de las competencias que le atribuyen los Estatutos y la pluralidad de su composición representativa. Sería recomendable
aproximar al menos a 50 el número de miembros, y cambiar el sistema
de elección para favorecer la presencia de miembros natos, como
Directores, Decanos, el Presidente de Junta del PDI, el Presidente de la
Junta del PAS y el Presidente del Consejo de Estudiantes de cada Universidad, así como reducir el número de miembros designados por
el_Rector.
Es necesario además mejorar la comunicación interna con el resto de
miembros y, en su caso, con la comunidad universitaria en su conjunto,
de los procesos y trabajos entre reuniones. Adicionalmente, convendría plantearse la posibilidad de incrementar el
número de sesiones reduciendo su duración, de forma que cada uno
girase en torno a pocos temas sobre los cuales pudiesen tomarse
decisiones con el necesario conocimiento de causa.
11.El Claustro Universitario es el órgano con más competencias en materia deliberativa; sin embargo, muy pocas veces favorece el debate, en buena
medida debido a la excesiva duración y amplitud de temas a tratar.
Convendría por tanto, al igual que se ha expuesto en la propuesta
anterior, realizar más sesiones de menor duración. Además, la
membresía nata de los miembros más representativos de la Comunidad Universitaria (Directores, Decanos, el Presidente de Junta del PDI, el
Presidente de la Junta del PAS y el Presidente del Consejo de Estudiantes
de cada Universidad) podría ayudar a acercar el órgano a distintos niveles
del estudiantado, a través de los representantes más conocidos en
primera instancia.
12.Convendría llevar a cabo un estudio de las estructuras de nuestras
universidades (Centros y Departamentos), que en su configuración
actual, no todas responden a criterios objetivos, a las necesidades propias
de la organización, ni a las demandas de la sociedad. Todo ello de acuerdo
con criterios de coherencia académica, docente e investigadora, y
organizativa y teniendo en cuenta los estándares de la media española. Siempre priorizando el beneficio de la comunidad universitaria y
favoreciendo el consenso entre todas las partes.
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13.Convendría mejorar los procesos de supervisión del rendimiento de los servicios universitarios y la convivencia de la Comunidad
Universitaria. Es necesario, por tanto, poner en valor figuras como el
Defensor de la Comunidad Universitaria o la Inspección de Servicios, que
en algunas universidades no existen o tienen un carácter meramente
consultivo.
14.Conviene replantear, además, el modelo de representación estudia
ntil en las universidades, así como su sistema de elección
en los diferentes órganos de gobierno, para que sea garantista de
una_representación completa de este sector de la comunidad univ
ersitaria._Es_necesario_crear_estructuras institucionales que promuevan una representación estudiantil funcional y
eficaz, basadas en modelos de Consejos o Delegaciones de
Estudiantes de Facultad o Escuela, con figuras como
Delegados de grupo, curso, titulación y Centro, concediendo mayor
relevancia a órganos como el Consejo de Estudiantes.
15.Por otro lado, es imperativo realizar el papel activo de los Consejos de
Estudiantes en la coordinación y resolución de problemas, así como en
la toma de decisiones, debates y, en su conjunto, tanto en el gobierno
de la universidad como en su gestión.
16.Asimismo, conviene reforzar el papel de las asociaciones de estudiantes
como generadoras de inquietud social, cultural, tecnológica,
investigadora y lúdica en el ámbito de la Universidad, y dotarlas de los
medios necesarios para que puedan llevar a cabo dichos fines.
17.Convendría, dado que la legislación vigente lo permite, modificar el sistema de elección de los representes del sector estudiantes en Consejo
de Gobierno, haciendo recaer las candidaturas y elección en los Consejos
de Estudiantes.
Esta aportación debe entenderse en el marco del proceso de modificación
de la estructura de representación estudiantil en las universidades, que se ha comentado en otras propuestas. Este marco permitirá un mejor
reparto de las cargas, y una mayor implicación por parte de los propios
representantes.
En dicho marco, los miembros de los Consejos de Estudiantes no
necesariamente serán los mismos que los de Claustro, y, coincidiendo con el mayor peso del propio Consejo de Estudiantes en la organización de la
representación estudiantil, resulta más adecuado, democrático y práctico
conceder a este órgano la potestad de designar a los representantes de
estudiantes en el órgano de gobierno de la Universidad.
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69
18.Es necesario incentivar la participación del estudiantado en los procesos
electorales de la Universidad, subrayando la importancia de su implicación y participar en la gestión universitaria. A este respecto,
deberían desarrollarse acciones de carácter formativo e informativo para
el estudiantado, y no sólo puntualmente con ocasión de los procesos
electorales.
19.Se considera conveniente estudiar el establecimiento de reglas que permitan articular de modo operativo los procesos para la revocación, en
su caso, de los cargos electos.
20.Para la elección de Rector/a, el sistema de elección por la comunidad
universitaria vía sufragio universal garantiza la legitimidad democrática,
que garantiza la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria y ofrece unos cauces más directos para la participación, por
lo que sería aconsejable que todas las universidades del Estado opten por
esta vía.
21.Por lo que respecta a los Vicerrectores, deben tener una mayor dedicación
a la dirección y gestión universitaria, dada la complejidad de los procesos de decisión que afectan a la política universitaria. A tal fin, debiera
plantearse el reconocimiento de reducciones docentes más significativas,
que garantizaran la dedicación total o prioritaria a las tareas de gobierno.
En todo caso la decisión sobre este punto debería correlacionarse con la
que pudiera adoptarse sobre el número y competencias de los cargos de gobierno.
22.Por lo que respecta al cargo de Decano o Director de Centro, se considera
que el mismo resulta clave para el gobierno de la Universidad, y en este
sentido deberían clarificarse sus competencias.
23.Estos sistemas deben, por supuesto, garantizar que el estudiantado no
pueda sufrir penalizaciones derivadas de la legítima denuncia de posibles
injusticias, pues en la actualidad hay un gran miedo a represalias entre
el estudiantado, y esta situación debe revertirse, no potenciarse. La
implantación del sistema PISADO en las universidades del territorio podría ser una vía a tener en cuenta para abordar la situación, si bien no es la
única forma, y debe en todo caso desarrollarse en cada Universidad.
24.Frente a la propuesta recogida en algunos informes y foros sobre el
sistema universitario de que los Decanos y Directores de Centro sean designados por el Rector, resulta evidente que tal regla sería del todo
inadecuada. En lugar de reforzar la coordinación en el seno de la
Universidad, alejaría a los miembros de la comunidad universitaria de
cada Centro de la política general de la Universidad, generando un menor
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
70
compromiso institucional y más dificultades para garantizar la necesaria
coordinación entre órganos generales y órganos particulares.
25.Se considera que la elección democrática de los Directores de
Departamento refuerza su legitimidad y garantiza una mayor autonomía
funcional. No obstante, parece necesario clarificar sus competencias,
incidiendo fundamentalmente en aquellas que afectan a la coordinación
de la actividad docente e investigadora del profesorado, sin perjuicio de la supervisión por los órganos generales de la Universidad y de la
correspondiente rendición de cuentas.
26.En cuanto a la proliferación en los últimos tiempos de un conjunto de
figuras, asimilables a cargos académicos (coordinadores de Grado y
Máster, coordinadores de movilidad, coordinadores de áreas de conocimiento, etc.), sería conveniente atribuir estas funciones a los
equipos de dirección de los Centros (en su caso incrementando el número
de cargos que los componen) y evitar la creación de este tipo de nuevos
cargos carentes del debido perfil institucional.
27.Se considera conveniente que la determinación de la composición de los equipos de dirección de los distintos Centros se realice atendiendo a
criterios objetivos, públicos y racionales, que respondan
fundamentalmente a la dimensión de aquéllos y a parámetros
cuantitativos y cualitativos, relacionados, por ejemplo, con el número de
titulaciones, estudiantes y competencias atribuidas.
28.La dotación de personal y recursos y económicos, tanto en el caso de los
Centros, como en el de los Departamentos, debe responder a criterios
objetivos, cuantitativos y cualitativos que garanticen una estructura más
racional y equilibrada, acorde a las necesidades reales de cada uno.
29.Es aconsejable plantear la reordenación y optimización de los serv
icios
universitarios, para lo cual sería imprescindible definir sus compet
encias y normas de funcionamiento, así como valorar sus resultados, mediante evaluaci
ones, tanto internas como externas, que ayuden a dimensionar y adecuar
la oferta de servicios a las demandas de la sociedad y las expectativas de
los usuarios de estos servicios.
Todo esto teniendo en cuenta que a la hora de realizar cualquier tipo de
evaluación, deberán seguirse criterios diversos, no los meramente económicos, y deberá velarse en todo momento por la objetividad y
calidad del mismo, más que por la búsqueda de un buen resultado.
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
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30.Debe llevarse a cabo un proceso de reflexión sobre la modernización de
la gestión en la Universidad de Málaga, desde la consideración de la misma también como una organización de servicios. Porque, junto a la
enseñanza y la investigación, como sus funciones intrínsecas, hay otras
actividades conexas que también aportan un valor añadido a la sociedad
y que pueden ofertarse desde la Universidad (desde, por ejemplo,
colegios y residencias universitarias, a todo el amplio campo de las
relaciones de la Universidad con su entorno socioeconómico).
31.Parece necesario también regular reglamentariamente las áreas de
conocimiento, solo mencionadas en la LOM-LOU, en las distintas
universidades del territorio, planteando como punto esencial la presencia de estudiantes en las mismas.
32.Deberían tomarse más en consideración las faltas denunciadas por el
estudiantado, tanto fuera como dentro de los diversos órganos de todas
las facultades, y de la Universidad en general; especialmente cuando
estas se repiten, pues son síntoma de un problema de fondo. También es necesario plantear sistemas que faciliten la formalización de las
demandas del estudiantado, en consonancia con lo expuesto en otras
aportaciones.
33.Derogación del Régimen Disciplinario de 1954, legislación franquista, y redacción de un nuevo reglamento que regule la convivencia en el ámbito
universitario basada en un espíritu constitucional con un objetivo
reparador más que punitivo. Como por otro lado ya se hizo en 1985 con
el sector de profesorado, al que afectaba la mencionada legislación.
34.La Universidad debe optar por acercar su funcionamiento al estudiantado,
para lo que resulta imprescindible una visión de conjunto de la misma, y
la posibilidad de comprender la evolución de las políticas que se adoptan
a lo largo de todo el recorrido de éstas. Para esto, resulta imprescindible
en todas las universidades la celebración de talleres y mesas redondas, enmarcados en iniciativas ambiciosas e integrales, como ciclos de
acercamiento de la Comunidad Universitaria, a pesar de que el impacto
de este tipo de iniciativas requiere varios años antes de que se perciban
resultados.
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CAPÍTULO 5. LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
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73
CAPÍTULO 5. LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
5.1. INTRODUCCIÓN
Las Universidades españolas han llevado a cabo una profunda transformación
en los últimos años. Los cambios han afectado al marco normativo, a su estructura y gobierno, a la organización de los estudios, a los sistemas de
selección del Personal Docente e Investigador, a las metodologías de
enseñanza y aprendizaje e, incluso, a su misión y a su visión.
Por otro lado, las Universidades también se han sometido a unos mayores
niveles de exigencia por parte de la sociedad, y de los órganos de control y gobierno del Estado: Tribunal de Cuentas, Cámaras de Cuentas de las
Comunidades Autónomas, Intervención General del Estado, Consejos
Sociales, etc.
Esta exigencia se traduce en un mayor control en la organización y
rendimiento de sus servicios, una mayor transparencia en su administración y gestión, y una mayor implicación en los resultados de su desempeño. Se
ha generado, además, una mayor competencia entre Universidades tanto a
nivel nacional como internacional.
A pesar de todos esos cambios, el régimen económico y financiero de las
Universidades ha permanecido casi inalterable a lo largo del tiempo. La incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior y de Investigación
se ha producido a “coste cero” y en los últimos años, como consecuencia de
la crisis económica, su previsión de ingresos y, por ende, la ejecución de
gastos, se han visto considerablemente reducidos, tanto en lo que afecta a
los recursos públicos como en lo que se refiere a los recursos propios.
La realidad es que las Universidades Públicas se financian fundamentalmente
con fondos públicos que representan algo más del ochenta por ciento de sus
ingresos y, en menor medida con recursos privados que apenas alcanzan el
veinte por ciento del total. Es necesario destacar, no obstante, que la inversión pública en educación superior en nuestro país está por debajo de la
media de los países más desarrollados de nuestro entorno y, pese al esfuerzo
de los últimos años, el gasto total y el gasto por alumno continúan en niveles
inferiores a los de la media de los países de la OCDE, que se sitúa en torno
al 1,5% del PIB. Además, como consecuencia de la crisis económica, se viene
produciendo un retroceso considerable en los recursos propios y públicos de las Universidades.
Ante este panorama hay que reafirmar claramente dos ideas: la financiación
de las Universidades es un elemento clave para su modernización y para
garantizar que éstas puedan desempeñar el importante papel que la sociedad
les atribuye en la formación de profesionales, la extensión y difusión de la cultura, y la creación y transferencia de conocimiento.
En segundo lugar, la financiación de las Universidades depende
fundamentalmente de recursos públicos que son insuficientes para garantizar
la prestación de sus servicios, por lo que se hace necesario plantear una reforma, también, del régimen económico y financiero.
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74
El sistema de financiación de la Universidad ha de responder a los principios de suficiencia, eficiencia y equidad. Suficiencia para garantizar los servicios
públicos que se prestan a los estudiantes y a la sociedad. Eficiencia para
administrar de forma racional los recursos, introducir mejoras en su
estructura de costes y obtener mejores resultados. Y equidad para garantizar
la igualdad de oportunidades, que el acceso a la educación no dependa de los
niveles de renta de los estudiantes, y que haya un adecuado sistema de becas para equilibrar las desigualdades económicas.
Con estas premisas, planteamos una serie de reflexiones de las que se
derivan un conjunto de propuestas que inciden en el sistema general de
financiación de las Universidades, en aquellos aspectos que afectan a las Universidades públicas en relación con la planificación de sus ingresos y
gastos, y con los procesos de captación de recursos públicos y privados.
Antes de abordar una enumeración de propuestas exhaustiva de propuestas
concretas, debemos realizar un análisis global de las fuentes de financiación.
5.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
5.2.1. LA FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES
Hablar de financiación de la Universidad en tiempos de crisis y austeridad no
es fácil. Las políticas de consolidación presupuestaria de los gobiernos están
generando reducciones de gasto público que afectan a la financiación de las
Universidades públicas.
Las Universidades públicas se financian actualmente a través de:
(1) Las transferencias para gastos corrientes y de capital fijadas,
anualmente, por las Comunidades Autónomas.
(2) Los ingresos por los precios públicos de servicios académicos y
demás derechos que legalmente se establezcan.
(3) Los precios de enseñanzas propias, cursos de especialización y los referentes a las demás actividades autorizadas a las Universidades
de acuerdo con lo que establezca el Consejo Social.
(4) Los ingresos procedentes de transferencias de entidades públicas y
privadas, así como de herencias, legados o donaciones.
(5) Los rendimientos procedentes de su patrimonio y de aquellas otras actividades económicas que desarrollen según lo previsto en esta
Ley y en sus propios Estatutos.
(6) Todos los ingresos procedentes de los contratos previstos en el
artículo 83 de la LO 6/2001 y LO 4/2007
(7) Los remanentes de tesorería y cualquier otro ingreso.
(8) El producto de las operaciones de crédito que concierten, debiendo ser compensado para la consecución del necesario equilibrio
presupuestario de la Comunidad Autónoma, la cual, en todo caso,
deberá autorizar cualquier operación de endeudamiento.
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75
LA FINANCIACIÓN PÚBLICA
La financiación pública es y debe seguir siendo el eje sobre el que giren los
presupuestos de las Universidades públicas. De hecho, en Europa 3/4 partes
de los recursos de dichas Universidades (excepto Reino Unido) son públicos.
La financiación adicional, incluso cuando se trata de colaboración público-
privada, no tiene el potencial suficiente para sostener la financiación de la docencia y la investigación
En líneas generales, en casi todos los modelos basados en la subvención
pública se realiza el cálculo de la misma mediante un conjunto de parámetros
o indicadores de docencia e investigación a partir de los cuales se asigna la
financiación a la Universidad. Las principales tendencias que se observan en los países de la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en cuanto a
financiación, son:
Transición desde sistemas incrementalistas de financiación básica mediante petición de fondos públicos en función de las necesidades de
las instituciones, hacia modelos de financiación básica mediante la
aplicación de fórmulas objetivas.
La financiación básica se está empezando a determinar en función de
los outputs y no de los inputs, tanto en docencia como en investigación. Se está vinculando cada vez más la financiación básica con el logro de
objetivos calculados mediante indicadores de resultados.
Aumenta la proporción de recursos asignada a través de mecanismos
competitivos.
Aumento de la proporción de las fuentes privadas en la financiación
universitaria.
Los modelos de financiación más habituales se fundamentan en un mix de
fórmulas de cálculo basadas en inputs (tamaño y costes) y outputs
(resultados medibles) de la Universidad, y contratos-programa donde el
gobierno condiciona la financiación a la consecución de determinados objetivos pactados en docencia e investigación
En el caso del Estado español, la financiación de las Universidades públicas
ha seguido distintos modelos desde que culminó el proceso de traspaso de
competencias de la Administración General del Estado a las Comunidades
Autónomas. Mientras que algunas disponen de planes de financiación propios para sus Universidades, existen otras en las que la financiación se establece
año a año.
Dichos modelos han evolucionado desde criterios de financiación meramente
incrementalistas, asignando los fondos en función de lo distribuido en el
periodo anterior y del poder negociador de cada institución, a la definición de variables que permitan objetivar la distribución de los fondos; por un lado,
en base a los recursos que utiliza la institución para desarrollar su actividad,
y por otro, condicionando parte de la asignación de fondos a la consecución
de resultados o de objetivos pactados.
Los modelos de financiación más recientes están orientados principalmente a
la búsqueda de una necesaria y cierta suficiencia financiera de las
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Universidades; a garantizar una financiación que les permita una
programación y previsión económica a largo plazo, que no esté sujeta a
circunstancias imprevistas y que ofrezca cierto grado de certidumbre en las
estimaciones.
Actualmente ciertas comunidades están siguiendo un modelo en el cual “Las
universidades deben financiarse más por lo que hacen que por lo que son, centrando la financiación más en los resultados pertinentes que en los inputs,
y adaptándolas a la diversidad de perfiles institucionales”; si bien adoptar
esta forma en todo el Sistema Universitario sería bastante complicado,
además de resultar una medida poco justa y que abocaría al Sistema
completo a una polarización absurda fruto de un ciclo en el que se reduce la financiación sin compensación, imposibilitando la obtención de resultados que
permitan recuperar fondos.
De forma que las Universidades asuman una mayor responsabilidad en su
propia sostenibilidad financiera a largo plazo, estas universidades cumplen en buena parte con las tendencias de los modelos europeos de financiación
pública. Una parte de los recursos, la financiación ordinaria o básica (ahora
llamada operativa), se reparten mediante un modelo de distribución donde
las Universidades compiten para atraer hacia sí el máximo de recursos
posibles.
Las características fundamentales del modelo son, entre otras:
Es un modelo competitivo que incluye 35 indicadores diferentes
estructurados en formación, investigación e innovación.
Es un modelo que profundiza en el anterior, ya que se pasa a un
sistema en el que el 70% es financiación básica (llamada ahora
Financiación Operativa) y el 30% es dependiente de resultados.
Es un modelo más transparente que incluye el Plan Plurianual de Inversiones y la infraestructura Científica, entre otras, en sus partidas
presupuestarias.
Ha construido una senda de superación de objetivos anuales que se
plasman en los respectivos Contratos-Programa.
Se trata, además, de un modelo que teóricamente incentiva la eficiencia y la
eficacia. La eficiencia porque cada Universidad recibe fondos en función del
estudiantado matriculado, no de créditos cursados, grado de
experimentalidad de los estudios... y ello independientemente de los costes
que la Universidad tenga. Por tanto, los gestores tienen incentivos para minimizar el “coste unitario de producción” de cada crédito.
Se subvenciona la actividad y no su coste. E incentiva también la eficacia, es
decir, la capacidad para cumplir determinados objetivos porque la
Universidad ingresa recursos por su outputs: número de titulados, tesis leídas, sexenios obtenidos... Lo que redunda en establecer políticas tendentes
a maximizar esos outputs que permitirán más financiación.
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No obstante, pese a ello, buena parte de los parámetros que permiten una
mayor financiación se basan en el tamaño de la Universidad: no de profesores, no de créditos matriculados, titulaciones... Parámetros que no
incentivan el uso eficiente de los recursos sino el tamaño de la Universidad,
lo que genera una lógica inflacionista y un predominio de la cantidad sobre la
calidad. Todas las Universidades quieren más títulos, más créditos, más
estudiantes... porque ello les supone más financiación. Y si no, mantener al
menos su peso relativo en el sistema que es lo que les garantiza no perder financiación.
Además, el modelo atiende fundamentalmente al número de alumnos y a los
créditos matriculados por éstos teniendo en cuenta su rendimiento
académico, de forma que se produce un encarecimiento de los precios
públicos a partir de la segunda y sucesivas matrículas, acercando éstos al coste real del servicio a partir de la cuarta matrícula. Lo que implica una
disminución equivalente de la financiación que reciben las Universidades por
estos estudiantes.
LA FINANCIACIÓN PRIVADA
La financiación privada proviene mayoritariamente de las Tasas, y precios
públicos de las matrículas, de los Títulos propios, las prestaciones de
servicios, los convenios de investigación con entidades privadas o públicas
basadas en I+D+i y transferencia de tecnología, y de los fundraising (mecenazgo, patrocinio...). Se trata como ya se ha señalado de una
financiación especialmente reducida en la actualidad y que desde distintos
ámbitos se quiere reforzar. El hecho de que organizaciones con ánimo de
lucro financien la universidad puede suponer un conflicto de intereses a la
hora de enfocar los objetivos de la universidad pública, haciendo que pasen
desapercibidos las funciones de carácter social para favorecer los intereses económicos de las organizaciones mercantiles.
Esto resulta beneficioso de cara a potenciar carreras técnicas y económicas
en detrimento de las ciencias sociales y humanistas ya que se busca una
salida inmediata al mercado laboral. Continuando con este camino se eliminará la multidisciplinaridad de un modelo universitario público, no ya
sólo en las áreas de conocimientos afectadas, también se mostrará una
formación más limitada en las áreas de conocimiento favorecida al buscar
sólo la perspectiva útil al mercado laboral mercantilista, obviando por tanto
las necesidades reales de la mayoría social.
LAS POLÍTICAS DE PRECIOS PÚBLICOS Y DE BECAS Y AYUDAS AL
ESTUDIO
De una forma muy sintética, la controversia sobre la conveniencia o no, de
unos precios de matrícula más altos como fuente de financiación universitaria
depende, no sólo del contexto estatal y cultural de cada país, sino también de la capacidad de los gobiernos de ofrecer suficiente financiación pública y,
sobre todo, de si se considera la educación universitaria un bien preferente o
un bien público.
Si se considera lo primero, un bien preferente, tiene total sentido establecer unos precios públicos que se aproximen al coste real del servicio en línea con
lo que se viene últimamente proponiendo desde distintos ámbitos; la
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enseñanza universitaria debería responder, entonces, a criterios de
eficiencia y equidad en función del comportamiento académico y la capacidad financiera del estudiantado.
Si se considera un bien público, el objetivo sería tratar de establecer un precio
político tendente a la gratuidad en las matrículas de Grado y Másteres con
atribuciones profesionales. Desde esta óptica, generalizar la educación
superior sería un paso más en el progresivo acceso al conocimiento
comenzado hace un siglo con la alfabetización, y donde el principio de igualdad de oportunidades se extendería a la obtención de una titulación de
este tipo (universitaria o de formación profesional superior). Puede ser
clarificador ver comparativamente y de forma muy escueta lo que sobre este
tema está ocurriendo en Europa
Figura 11.
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
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Actualmente se constata la existencia de un régimen de financiación diferente
en las distintas Comunidades Autónomas, con precios públicos diversos para
garantizar los mismos servicios, lo que demuestra la existencia de criterios
dispares para la financiación de las Universidades y las desigualdades que
hay en materia de precios en función de la Comunidad en la que se realicen
los estudios. Y esa heterogeneidad ya existía, no es sólo consecuencia de la aprobación del RDL 14/2012 de 20 de abril, aunque la haya aumentado, y del
cambio en el sistema de fijación de precios de matrícula de enseñanzas que
ha establecido en función del coste del servicio.
Parecería pues necesario reestructurar los precios públicos estableciendo un
nuevo sistema de tarificación de precios vinculado a la renta del estudiante y su familia.
Tampoco resulta asumible ni razonable que perteneciendo el estudiantado
universitario, muy mayoritariamente a familias de clase media y media/alta,
y en menor medida a familias de rentas bajas, no haya diferentes escalas de esfuerzo financiero entre los estudiantes, con lo que la generalización de las
subvenciones que implican los reducidos precios públicos introduce mayores
niveles de inequidad social en la política de financiación de las enseñanzas
universitarias. La principal exclusión no se produce por el precio de las
matrículas, sino por no poder acceder a las aulas universitarias porque la economía familiar no puede asumir el coste de oportunidad que representa
prolongar los estudios. Circunstancia que escasamente encuentra solución en
el sistema de financiación pública de las enseñanzas universitarias, donde la
financiación se canaliza al proveedor (Universidad) y solo una pequeña parte
de los fondos públicos se asignan directamente a los demandantes de los
servicios universitarios (estudiantes), a través de las dotaciones presupuestarias de ayudas y becas al estudio que distribuye anualmente el
Ministerio de Educación.
Ciertamente, cualquier cambio que experimente el sistema de precios de las
matrículas debe ir acompañado de una política de becas y ayudas al estudio adecuada que respete la equidad. Resulta necesario garantizar el acceso a la
educación universitaria de forma que ningún estudiante se quede sin poder
acceder por culpa del coste de sus estudios. Y en este coste debemos incluir
todos los gastos asociados a estudiar, que no son sólo las tasas y otros gastos
directos asociados. El principal coste que asume un estudiante y su familia es el coste de oportunidad por no incorporarse al mercado de trabajo y dedicar
varios años a estudiar. Un sistema de becas generador de equidad debería
compensar este coste de oportunidad a los estudiantes y sus familias. El
sistema actual, donde todo el estudiantado paga prácticamente lo mismo
independientemente de la renta familiar, no genera suficiente equidad.
Adicionalmente, la inexistencia de un buen sistema de becas tiene muchos
efectos perversos, algunos poco visibles. Uno de ellos, que afecta también a
la equidad del sistema, es el caso de estudiantes que, debido a la ausencia
de becas-salario, deben compaginar trabajo y estudio. Estos estudiantes
tienden a elegir carreras que no exigen exclusividad. Por otra parte, algunos de los efectos tienen influencia directa en la calidad de las Universidades: en
ausencia de buenas becas, los estudiantes tienden a matricularse en
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Universidades cercanas a su vivienda familiar, lo que no fuerza a las
Universidades a competir para captar estudiantes de todo el territorio nacional y europeo ofreciendo una educación superior de mayor calidad. No
cabe duda que esto tiene efectos en las Universidades públicas, puesto que
no es lo mismo competir en un mercado cuasi-cerrado y protegido, que con
Europa en uno más abierto.
5.2.3. LOS PROBLEMAS DE LA FINANCIACIÓN Y SUS
DISFUNCIONES EN LAS UNIVERSIDADES DE ESPAÑA
El modelo de financiación existente, las políticas de austeridad y consolidación
presupuestaria y la menor financiación consecuente han generado una serie
de problemas y dificultades a las Universidades. Se observan, entre otras, las
siguientes disfunciones:
Retrasos en la aplicación de las políticas de Financiación. Ello dificulta
la planificación plurianual de la Universidad y su previsión de gastos
para inversión a medio y largo plazo.
Las tasas y precios públicos no cubren ni de lejos el coste real de los
servicios universitarios. La mayor parte de la financiación se calcula atendiendo a la actividad
docente o formativa, siendo mucho menor la financiación para la
investigación.
Existen muchos proyectos de investigación (especialmente para
equipamiento científico solicitado por los investigadores) en los que la financiación concedida para cubrir sus costes indirectos es inferior al
gasto indirecto que dicho proyecto representa para la Universidad. El
mantenimiento de algunos de ellos, desde una perspectiva
exclusivamente económica, supone un coste difícil de soportar por la
Universidad a medio plazo. Concretamente, la financiación de la
investigación que es finalista no cubre ni el 60% del coste real que genera esta actividad en los Departamentos y servicios universitarios,
lo que obliga a financiar su coste con recursos de otras actividades.
Los gastos elegibles de los proyectos de investigación a veces son
unilateralmente modificados por el organismo o la institución que los
concede cuando tras su ejecución se procede a la justificación de los gastos y liquidación de los proyectos. Ello genera un serio problema en
la gestión de los proyectos (tanto para los investigadores responsables
como para los servicios de gerencia), así como en el coste final que en
ocasiones los mismos acaban suponiendo para la Universidad.
No existe una auténtica política de incentivos a la eficiencia. Estas son financiadas con arreglo a parámetros estandarizados que no responden
a la consecución de objetivos, pese a la existencia de los contratos
programa.
El coste de los servicios externalizados (seguridad, limpieza) está, por
lo general, muy ajustado, con lo cual no se pueden producir
adecuaciones para mejorar su eficiencia. La falta de previsión en la planificación y diseño de muchos edificios
universitarios hace que el mantenimiento de los mismos conlleve un
coste adicional. Esta nefasta gestión provoca un descuadre de las
cuentas que supondrá un ajuste que irá en perjuicio de los servicios
ofrecidos a la comunidad universitaria
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
81
El reparto y distribución de la docencia no suele ser equilibrada entre los Departamentos y Áreas de conocimiento. Existen Departamentos
que se encuentran al 100% en la relación capacidad/ obligación
docente y otros que se encuentran lejos de esa proporción. Ello genera,
además de una desigualdad entre Departamentos, una ineficiente
asignación de recursos y un mayor coste en la prestación de los
servicios docentes. Los sistemas de información, necesarios para mejorar los procesos de
toma de decisiones en materia de financiación y costes de servicios,
están obsoletos en la mayoría de universidades y no responden a las
necesidades ni a las demandas de los órganos de gobierno.
5.3. RETOS Y PROPUESTAS
6.3.1. RETOS Y DELIBERACIONES
Parece adecuado adoptar una serie de medidas y propuestas, de carácter
general y concreto, que afectan a la política de financiación de las
Universidades públicas, a la asignación de recursos para la docencia y la
investigación, y a la propia gestión universitaria, que resultan básicas para
hacer frente a los principales retos que se derivan del análisis hecho a lo largo del texto, y que debe afrontar cualquier sistema público de financiación
universitaria. Estos retos en materia de financiación, son:
1. Garantizar la suficiencia financiera. esto es, que los recursos
públicos y privados destinados sean suficientes para lograr los
objetivos de calidad y excelencia fijados en docencia e investigación. 2. Mejorar la eficacia y la eficiencia. Es decir, que las distintas
unidades y servicios cumplan los objetivos asignados y que estos se
alcancen con la mayor optimización de recursos posible, sin perjuicio
de la calidad del servicio prestado ni de las condiciones laborales de
quienes lo prestan. 3. Mejorar la equidad. Tanto en las tasas, precios públicos y políticas
de becas y apoyo al estudio, como en la financiación y recursos que
recibe la Universidad, los Centros y Departamentos respecto a los
demás.
4. Mejorar el control, la transparencia presupuestaria y la
rendición de cuentas más allá de aquello a lo que legalmente se esté obligado. La Universidad no es patrimonio de los miembros de la
comunidad universitaria sino un auténtico bien público financiado con
fondos públicos.
5.3.2. PROPUESTAS
GARANTIZAR LA SUFICIENCIA FINANCIERA
5.1. Es preciso un modelo de financiación estable y plurianual que
permita la financiación a medio y largo plazo y su aplicación sin demora. Este
modelo debe adaptarse a las nuevas necesidades y a los nuevos retos que la sociedad exige a las instituciones públicas de enseñanza superior.
Corresponde al Gobierno definirlo y a las Comunidades Autónomas
desarrollarlo.
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5.2. Debe analizarse en el contexto del modelo de financiación de las
Universidades, para incorporarlas al mismo, aquellas variables y parámetros que sean identificados como fortalezas de las universidades pertenecientes a
cada Comunidad Autónoma, de modo que las universidades de cada región
puedan percibir mayores ingresos en función del área en la que más
destaquen, o de las características propias de cada región.
5.3. Es fundamental incrementar la financiación propia de nuestras Universidades, aumentando y diversificando las fuentes de financiación a fin
de garantizar la autonomía financiera.
5.3.1. A través de la concienciación de la sociedad civil en la
importancia de la educación para la construcción de un proyecto
de país. 5.3.2. Mediante el impulso de los ingresos obtenidos a través de
la investigación y la transferencia de conocimiento.
5.3.3. Por medio de una mayor y mejor rentabilización de
muchos de los servicios y espacios prestados por la Universidad.
5.3.4 A través de la colaboración con empresas e instituciones, aumentando y diversificando las fuentes de financiación,
siempre en aras de la independencia de la Universidad.
5.4. Se debería ampliar la captación de financiación de programas de
prácticas, participación en Centros de investigación, viveros de empresas y nuevas estructuras de transferencia, desarrollo de programas de innovación,
patrocinios, convenios y acciones dirigidas a colectivos específicos o la
colaboración en proyectos de infraestructuras, energéticos, culturales, de
sostenibilidad o de cooperación. Todo ello sin perder de vista la necesaria
autonomía universitaria, promoviendo en todo momento mecanismos que
garanticen la transmisión objetiva de conocimientos.
5.5. Se deberían promover acuerdos con países tanto dentro de la
eurozona como en otras zonas económicas para atraer estudiantes
extranjeros con talento que cursen estudios de Grado y Posgrado (presencial
y online) al mismo coste que el estudiantado nativo. Estos estudiantes (especialmente los no comunitarios) aportarían pluralidad cultural, y
podrían apoyar la internacionalización de la Universidad. Sería importante,
pues, diseñar una rigurosa y cuidada política, especialmente dirigida a
aquellos países con una alta demanda potencial (Sudamérica, China…), que
fomente su captación.
5.6. Se deben potenciar la participación de la Universidad en empresas,
entidades y fundaciones que tengan como objeto el fomento de la
investigación.
5.7. Es necesario que la Universidad, además de priorizar los proyectos de investigación que los grupos solicitan, especialmente para equipos
científicos, realice una valoración económica sobre la viabilidad de los mismos
antes de su solicitud. Esto es, analizar previamente que el proyecto sea
asumible, que existan los recursos necesarios para su puesta en marcha, que
el coste de su mantenimiento sea soportable a medio plazo, etc.
ASAMBLEA ESTATAL DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES – EL SUE QUE QUEREMOS
83
5.8. La Universidad debe exigir en aquellos proyectos y contratos de
investigación cuyos gastos indirectos están sub-financiados, un porcentaje que cubra los mayores costes indirectos generados.
5.9. Debe exigirse a los organismos convocantes de los proyectos de
investigación que respeten y no modifiquen en el momento de la liquidación
las partidas de Gastos Elegibles. Asimismo que ajusten la financiación en
concepto de costes indirectos de los proyectos al gasto indirecto que realmente supone para la Universidad. No se deben establecer los costes
indirectos de una forma cuasi estandarizada como viene sucediendo sino en
función de las características y necesidades de cada proyecto.
5.10. La Universidad debe aumentar progresivamente hasta niveles más adecuados a la realidad actual la retención que actualmente se aplica en
los contratos y convenios que se realizan con el sector privado, así como por
los ingresos en cursos, titulaciones propias, etc.
5.11. Es muy conveniente definir perfiles profesionales en el ámbito de la transferencia del conocimiento y las relaciones con el entorno productivo,
mucho más orientados a la difusión científica y la captación de recursos.
5.12. Es muy aconsejable fomentar la explotación de servicios
complementarios, como el alojamiento del estudiantado y profesores, la creación de servicios especializados en los Centros Universitarios, así como
procurar que se creen servicios de consultoría, asistencia y asesoramiento a
la comunidad universitaria y a la sociedad. Además, resulta conveniente
aprovechar que los servicios complementarios son formativos para ofertar
becas de prácticas para el estudiantado.
MEJORAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA
5.14. Es necesario lograr los mejores resultados y rendimiento posibles
de nuestras universidades públicas en los ámbitos de la docencia, la
investigación y la inserción laboral de los titulados. Para ello se deben
establecer mecanismos que estimulen mejoras de la organización, el funcionamiento, los rendimientos y los resultados de la actividad
universitaria, así como incentivos, tanto económicos como de otra índole, en
función de los resultados en la formación, la investigación, la transferencia y
la innovación.
5.15. Debe producirse una optimización y reorientación de los gastos,
que dirijan los esquemas presupuestarios al cambio y que respondan a la
necesidad de proceder a nuevos ajustes entre oferta y demanda de los
servicios universitarios.
5.16. Es necesaria la incorporación de nuevas técnicas e instrumentos de gestión y promover la instauración sistemas de información eficaces y más
potentes.
5.17. Habría que procurar un equilibrio entre la financiación otorgada
por el lado de la oferta y la demanda del estudiantado y de la sociedad. Es decir, una orientación eficiente de los recursos hacia los objetivos,
estableciendo un equilibrio entre oferta y demanda de titulaciones sin
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perjuicio de las apuestas estratégicas que se determinen de interés para
cada Universidad.
5.18. Es necesario pasar de una lógica centrada en la fiscalización del
gasto a otra de evaluación de la gestión.
5.20. Asimismo, es necesario proponer una nueva estructura y
organización del Personal de Administración y Servicios que se adecue a la definición de servicios clave y de apoyo de la Universidad, dotándolos de los
recursos necesarios en función de criterios objetivos previamente
consensuados en virtud de las necesidades específicas de cada una.
5.21. Es conveniente realizar una evaluación de cargas de trabajo en todos los puestos de Personal de Administración y Servicios y llevar a cabo
una adecuación de servicios.
5.23. Los servicios complementarios externos han de ser gestionados
de una manera que concuerde con una economía social, respetando los derechos de los trabajadores. Toda actividad llevada a cabo con la
Universidad ha de ser gestionada de manera transparente y debidamente
publicitada.
5.24. Es necesario mejorar los sistemas de control del gasto en mantenimiento y energía, garantizando la sostenibilidad de todos los
servicios. En particular la adecuación, dotación, mantenimiento y
modernización de edificios antiguos supone uno de los mayores retos en la
mayoría de universidades, si bien es un reto que corresponde a cada
universidad resolver, a ser posible con ayuda de un Plan de Adecuación en
Infraestructuras y Mantenimiento de las Universidades Públicas, impulsado desde el Gobierno Central en coordinación con las CC.AA.
5.25. Es aconsejable introducir en los concursos públicos para la
construcción de edificios e infraestructuras criterios objetivos para mejorar
su eficiencia energética y optimizar los costes de servicios complementarios (seguridad y limpieza), así como de la confortabilidad de los espacios y su
adecuación para el desarrollo de la vida social en cada Centro.
MEJORAR LA EQUIDAD
5.26. Es fundamental establecer un adecuado sistema de becas y ayudas al estudio que garantice la igualdad de oportunidades del
estudiantado, ampliando y mejorando el existente. En este sentido, sería
aconsejable solicitar a los responsables de las administraciones educativas
autonómicas y estatales que escuchen las propuestas que llevan años (y en
ocasiones décadas) demandando el estudiantado, como un sistema de becas
progresivas y en especie.
5.27. Sería interesante estudiar nuevas fórmulas de ayudas al
estudiantado que complemente al sistema de becas público, y siempre bajo
financiación pública.
5.28. La enseñanza universitaria debe considerarse como un bien
público, tanto a nivel social como a nivel de las diferentes administraciones
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85
públicas. En coherencia con esta concepción, y para garantizar el acceso
universal que por tanto le corresponde, las tasas y precios públicos de las enseñanzas no deben superar el 20% de su coste real, y deben tender hacia
su gratuidad conforme la situación lo vaya permitiendo.
5.29. Mejorar el modelo de distribución presupuestaria actualmente
existente entre Centros, Departamentos y demás unidades de gasto para
hacer el reparto más coherente con las necesidades reales de gasto, más corresponsable con los compromisos asumidos en los contratos-programa, y
más objetivo y transparente. Las unidades de gasto han de ser lo más claros
posible, evitando que servicios básicos no queden sin cubrir.
5.30. En aras de la equidad, y también de la eficiencia, sería necesario adoptar las medidas necesarias para garantizar una redistribución más justa
del Personal Docente e Investigador entre las distintas Áreas y
Departamentos Universitarios obteniendo un reparto más equilibrado de las
obligaciones docentes.
MEJORAR EL CONTROL, LA TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA Y LA
RENDICIÓN DE CUENTAS
5.31. En el caso de la rendición de cuentas en materia de financiación
vamos a centrarnos básicamente en el presupuesto. El presupuesto es un
instrumento clave que refleja, a través de los ingresos y gastos en él recogidos, los programas, acciones, proyectos y prioridades que se pretenden
llevar a cabo. Por ello su proceso de elaboración, discusión, aprobación,
ejecución y liquidación ha de ser muy transparente, respetuoso con los plazos
y normas, y cuidadosamente establecido y conocido por el conjunto de la
comunidad universitaria con la mayor participación, antelación y profundidad
posible.
5.32. Es necesario crear un catálogo de indicadores, de una
periodicidad al menos anual, que refleje de la forma más ágil y fácil que
mediante el presupuesto la situación económica de nuestras Universidades,
su evolución, la posición relativa respecto a las demás, etc. Una especie de “El Sistema Universitario en cifras” que aumente la transparencia y refuerce
la rendición de cuentas. Dentro de los indicadores a tener en cuenta debemos
destacar, entre otros: (Todos los que aparecen con (*) ya están recogidos en el informe La Universidad española en cifras, 2012, dirigido por el Profesor Michavila y encargado por la CRUE,
lo que permitiría su comparación y la evaluación de su evolución)
1. Estructura y procedencia de los ingresos. Porcentaje de cada
Capítulo de ingresos sobre total ingresos, y de los Recursos propios y
ajenos sobre total de ingresos. (*) 2. Participación de la Administración en el total de ingresos (*)
3. Participación de los derechos de matrícula en el Total de ingresos
corrientes. (*)
4. Ingresos generados por prestación de servicios sobre total ingresos
corrientes. (*)
5. Estructura de los ingresos destinados a I+D+i según origen de la financiación y modalidad de la investigación (básica, aplicada,
asesoramiento, Consultoría). (*)
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6. Transferencias corrientes y de Capital por Estudiantes.
7. Transferencias corrientes por estudiante. 8. Tasas, Precios Públicos y Otros ingresos por Estudiante.
9. Precio público por crédito docente según opción de matrícula (*).
10. Índice de Esfuerzo Financiero, esto es, la Financiación neta por
alumno respecto al PIB per cápita.
11. Estructura general del gasto. Porcentaje de cada Capítulo de gasto
sobre el gasto total. Participación de gastos corrientes y de capital (*) 12. Gastos de personal sobre gastos totales. (*)
13. Gastos de mantenimiento y conservación sobre total de gastos. (*)
14. Gasto corriente por alumno matriculado.
15. Estructura del gasto en I+D+i según modalidad de la investigación
(*). 16. Gasto personal en Personal Docente e Investigador sobre Total
gasto de personal.
17. Gasto personal en Personal de Administración y Servicios sobre
Total gasto personal.
18. Inversiones reales por alumno. 19. Saldo presupuestario global o Ahorro Bruto, es decir: Los derechos
reconocidos menos las obligaciones sobre el total de derechos
reconocidos.
20. Tasa de ahorro bruta o Viabilidad financiera, esto es: Ingresos
corrientes menos los ingresos corrientes sobre el total de ingresos. 21. Solvencia. Transferencias corrientes sobre gastos corrientes (*).
22. Liquidez. Derechos cobrados sobre Obligaciones pagadas (*).
23. Endeudamiento. Fondos propios respecto a deuda contraída con
entidades.
24. Cobertura. Fondos propios sobre inmovilizado neto.
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CONCLUSIONES AL DOCUMENTO
“EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL QUE QUEREMOS”
A través de este documento, desde AERE ponemos de manifiesto una
propuesta clara y exhaustiva del estado y los objetivos que se pueden
proponer al Sistema Universitario Español. De esta forma, somos los propios
estudiantes quienes, exponemos cómo debería ser el futuro de algo que estamos viviendo justo ahora. Hemos procurado abordar de forma integral
muchos aspectos trascendentales, acercándonos a un análisis completo de la
realidad universitaria del Estado. Con este documento, de ánimo propositivo,
se ha pretendido establecer la base de un debate necesario para que sea la
sociedad quien establezca los objetivos que deben ser perseguidos prioritariamente.
El sistema educativo en nuestro estado se encuentra en una situación crítica.
Víctima de una cadena continua de ataques, excusados en una coyuntura
económica, pero que detrás esconde una perversa y clara intencionalidad
neoliberal, que pretende convertir la Universidad en una mera fábrica de titulados, instruidos en planes de estudios adaptado a las necesidades del
mercado y alejados del espíritu filantrópico que define a la Universidad.
Nuestra noción de la Universidad, como escuela de valores necesarios y
agente social generador de conocimiento, es inherente a la formación de la capacidad de pensamiento crítico de todo aquel que por ella pasa.
Es precisamente en momentos difíciles como el actual cuando las personas
debemos estar más unidas, a fin de encontrar soluciones compartidas a
problemas comunes, pero para ello, antes es necesario que se produzca el
necesario debate entre todos sobre el modelo de Universidad, de Educación y de Sociedad que buscamos, y ese ha sido desde hace mucho un debate
evadido por todos.
Precisamente por eso, como estudiantes y como ciudadanos no podemos
resignarnos y adoptar una posición derrotista, sino que tenemos que tomar partido en este debate y hacer uso de la capacidad de transformación social
de la que goza un colectivo como este.
Debemos revertir el sentido de estas reformas, aprovechar el debate de las
mismas para demostrar a la sociedad la importancia del sistema educativo,
motor y eje fundamental de la garantía de igualdad de oportunidades en nuestra sociedad. Debemos ser conscientes de la obligación moral que
tenemos de proponer un sistema mejor para perseguir una sociedad más
justa, ecuánime y democrática.
Por último, nos gustaría despedir el documento con una frase que define como pocas el núcleo mismo de lo que debería ser cualquier Sistema
Universitario:
“La Universidad es un lugar al que vamos a descubrir quiénes somos y qué
queremos hacer con nuestra vida.”
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