Dirección General de Presupuesto Nacional
PODER JUDICIAL
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
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1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL
Al Poder Judicial le compete administrar justicia de forma pronta, cumplida, sin denegación y en
estricta conformidad con el ordenamiento jurídico, que garantice calidad en la prestación de
servicios para las personas usuarias que lo requieran.
Para lo anterior, la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales conocen, resuelven y ejecutan
las resoluciones que emitan sobre los procesos judiciales que le son sometidos según la materia
de su especialidad, como son: civil, laboral, de familia, tránsito, penal, entre otras; con la
participación activa del Ministerio Público como requirente ante los tribunales penales de la
aplicación de la ley y el trabajo del Organismo de Investigación Judicial como auxiliar y asesor de
las autoridades judiciales, así como de la oficina encargada de la Atención y Protección de
Víctimas y Testigos que participa en el proceso penal y la oficina de Defensa Pública que
garantiza la defensa de los derechos, libertades e intereses de los demandados que no pueden
costear el proceso penal y otros procesos judiciales asignados.
2. GESTIÓN FINANCIERA
El siguiente cuadro contiene los datos de los recursos autorizados y ejecutados para 2016, con
ingresos corrientes y de financiamiento (001 y 280).
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AUTORIZADO
(Ley No. 9341 y
Modif.)
0-Remuneraciones 341.712.453.919 335.985.916.011 98,3
1-Servicios 28.571.189.321 23.116.466.790 80,9
2-Materiales y Suministros 7.420.107.347 5.819.060.410 78,4
3-Intereses y Comisiones - - -
4-Activos Financieros - - -
5-Bienes Duraderos 27.789.265.736 12.588.841.488 45,3
6-Transferencias Corrientes 7.150.024.875 7.063.424.921 98,8
7-Transferencias de Capital 2.013.401.234 2.013.401.234 100,0
8-Amortización - - -
9-Cuentas Especiales 197.000.000 159.524.529 81,0
SUB TOTAL 414.853.442.432 386.746.635.382 93,2
Recursos de crédito público - - -
TOTAL GENERAL 414.853.442.432 386.746.635.382 93,2
1/ Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a
conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.
F uente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.
Partida
Cuadro 2.1
Poder Judicial
Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida Presupuestaria
2016 (en colones corrientes)
2016
EJECUTADO 1/ % EJECUCIÓN
Como se muestra en el cuadro anterior, el Poder Judicial obtuvo en el 2016 un nivel de ejecución
presupuestario del 93,2%, no obstante la autorización de gastos para el periodo que nos ocupa
fue ajustada mediante las Leyes Nos. 9385 y 9417, relativas al Primer y Segundo Presupuesto
Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2016 respectivamente, con una rebaja
en total de ¢1.300,0 millones; dicha rebaja se dio como contribución a las políticas de austeridad
y restricción del gasto y en atención a las solicitudes del Ministerio de Hacienda.
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Servicios
-Atraso en cobros por parte de los
proveedores.
-Sobrantes por precios adjudicados
menores a lo presupuestado, montos
que se dejaron para imprevistos.
-Contrataciones que por las
características de las compras y su
cuantía o por el avance en su
ejecución, no es posible concluirlos
en el corto plazo.
-Proveedores que incumplieron con lo
contratado.
-Contrataciones de alquileres que se
lograron concretar hasta finales del
año y otras que no fueron posible o se
declararon infructuosas.
-Cambios en los requerimientos
técnicos y falta de coordinación
interna que atrasaron los procesos de
contrataciones.
-Procesos iniciados tardíamente y
falta de oferentes.
Materiales y
Suministros
-Sobrantes por estimaciones de
gastos mayores a lo real.
-Atraso en la compra de productos
con características especializadas
que requieren varios meses para su
revisión.
-Bienes que se encuentra en proceso
de entrega por el tipo de compra y
plazos establecidos como la compra
de drogas para el Departamento de
Ciencias Forenses.
-Procesos de contratación lentos y
facturas pendientes de pago que
ingresaron en diciembre.
Bienes Duraderos
-Atrasos en el proceso por errores en
las especificaciones técnicas que
implicaron modificaciones al cartel y
recursos de objeción.
-Proyectos que quedaron sin
contenido económico suficiente.
-Proyectos supeditados a otros o que
requieren varios meses de trámite.
-Procesos que son declarados
desiertos o infructuosos, lo que
implica iniciarlos nuevamente.
Los procesos de contratación
administrativa conllevan mucha
tramitología que alarga los plazos de
entrega, tal es el caso de las
licitaciones que por la cuantía de la
compra o por las características del
proyecto dificultan su cumplimiento en
el año presupuestario.
Cuentas Especiales
-Sobrantes en la subpartida de
Gastos Confidenciales dada la
particularidad de estos recursos, los
cuales son utilizados según las
necesidades especiales y
confidenciales del Organismo de
Investigación Judicial.
F uente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.
Cuadro 2.2
Poder Judicial
Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria en partidas con ejecución igual o
menor a 90%
al 31 de diciembre de 2016
Partidas
Presupuestarias
Factores que incidieron en la
ejecuciónObservaciones
La presentación a cobro de las
facturas en forma tardía es una
razón que afecta desde años
atrás, esto a pesar de las
acciones que la institución ha
llevado a cabo con las
empresas proveedoras para que
realizaran el cobro lo antes
posible; otro factor reincidente
son los proyectos que tardan
varios meses, por lo que no se
pueden ejecutar totalmente los
recursos. Asimismo, las malas
descripciones en las
especificaciones técnicas de los
proyectos, son otro factor que
por años afecta la ejecución.
En cuanto a los compromisos
no devengados, nuevamente la
institución menciona que éstos
dificultan la ejecución
presupuestaria para atender la
programación de actividades del
año, por lo que se hace
necesario que se tomen
acciones con el fin de minimizar
esta situación que se ha venido
presentando constantemente y
que ha sido recalcada en
anteriores informes.
Al igual que en años anteriores,
la partida de Bienes Duraderos
tiene una baja ejecución, debido
a los problemas que se
presentan principalmente con
las contrataciones, y que a la
postre influyen en los montos de
los compromisos no
devengados que quedan
pendientes para el siguiente
ejercicio económico.
Entre las acciones correctivas
que se han indicado en año
anteriores y se repiten están el
implementar acciones más
específicas como: solicitar a los
entes técnicos los carteles de la
contratación desde el año
anterior y establecer plazos y
medidas más estrictas para la
ejecución de los recursos; por lo
que es necesario evaluar su
continuidad.
Entre las acciones efectivas
realizadas se menciona el
constante seguimiento y control
a la ejecución presupuestaria de
cada centro de responsabilidad,
así como el trabajo del grupo
interdisciplinario de Seguimiento
de la Ejecución Presupuestaria,
el cual busca acelerar los
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Servicios
-Trámites de compra que a pesar de las
coordinaciones realizadas quedaron
pendientes por no contar con los locales
idóneos para su alquiler y por la extensa
tramitología de arriendo que conlleva que los
oferentes no continúen con el proceso.
-Gastos supeditados a otros como lo
presupuestado para vigilancia y servicios de
limpieza de los nuevos locales, que al no
alquilarse no se generan estos gastos.
-Extenso volumen de trabajo que no permite
atender con la agilidad deseada los
requerimientos técnicos por los centros
gestores en los proyectos de construcción y
remodelación.
Materiales y Suministros
-Tramites realizados efectivamente pero que se
ejecutaron al cierre del año o quedaron
pendientes como compromisos no
devengados.
-Asimismo, por la cantidad de centros gestores
y características de cada zona y oficina, es difícil
determinar los recursos exactos que se
utilizarán durante el año.
Bienes Duraderos
-Dificultades presentadas en las diferentes
dependencias que intervienen en el Proyecto de
Mejora del Proceso de la Contratación 2016;
entre ellas: la ubicación geográfica de los
proyectos; atrasos en los procesos de
contratación por deficiencias en las etapas
previas o durante su proceso de trámite que
deben ser corregidas (especificaciones,
clausulas penales, etc.), proyectos sin
contenido presupuestario, proyectos que están
supeditados a otros que se encuentran en
trámite para dar inicio.
-Asimismo, a pesar del seguimiento dado,
debido a los procesos de trámite de compra,
falta de recursos para atender la contratación,
plazos de entrega de los bienes y servicios,
avance de obras de construcción, no fue
posible ejecutar los recursos en un período
presupuestario.
F uente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.
Cuadro 2.3
Poder Judicial
Razones por las que no funcionaron las acciones correctivas en partidas con ejecución
semestral menor a 45% y anual igual o menor a 90%
al 31 de diciembre de 2016
Partidas PresupuestariasRazones por las que no funcionaron las
acciones correctivas aplicadasObservaciones
El Poder Judicial
realizó durante el
2016 varias acciones
de seguimiento con el
fin de mejorar su
ejecución
presupuestaria, sin
embargo prevalecen
oportunidades de
mejora, entre ellos
estimaciones más
certeras y traslados
de sobrantes con
tiempos más
anticipados para su
uso. Así como otros
fuera de su alcance
como la falta de
locales idóneos para
ubicar las oficinas,
para los cuales se
debe de tomar
medidas alternas de
solución.
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El porcentaje de ejecución del Poder Judicial aumento un 1,0% respecto al porcentaje de
ejecución del año anterior; por lo que el nivel de ejecución alcanzado se considera alto; sin
embargo es necesario evaluar la efectividad de las medidas que la institución ha venido
adoptando para mejorar la ejecución de los recursos; especialmente, analizar las razones
específicas de los sobrantes en las diferentes subpartidas y los problemas de ejecución de la
partida de bienes duraderos.
3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN
3.1. Programas con producción cuantificable
Los grados de cumplimiento de las unidades de medida de los productos se clasificaron de
acuerdo con los siguientes parámetros:
Cumplido 100%
Parcialmente cumplido 76% - 99%
No cumplido 0% - 75%
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ProductosUnidad de
medida
Servicio
Jurisdiccional1 1 1
Servicio
Defensa Pública1 1 1
Servicio de
Atención y
Protección de
Víctimas y
Testigos
1 -
1 1 0
F uente: Datos suministrados por el Poder Judicial.
Cantidad
Cuadro 3.1.1.
Poder Judicial
Cantidad de productos y unidades de medida por programa presupuestario y grado
de cumplimiento
Al 31 de diciembre de 2016
Programa
Grado de cumplimiento de las unidades de
medida
El programa Servicio Defensa Pública, señala que para la unidad de medida “Asesorías
brindadas”, los datos brindados son al tercer trimestre del 2016 por cuanto la información
estadística se realiza trimestralmente y a la fecha de presentar la autoevaluación no se habían
procesado los últimos datos, lo cual justifica el resultado alcanzado.
Asimismo, el programa Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos para el año
evaluado no cuenta con unidad de medida para su producto, por lo que no fue posible valorar su
resultado y su clasificación en los rangos establecidos.
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La efectividad de los indicadores de producto se catalogó según los siguientes parámetros:
Productos Indicadores
Servicio
Jurisdiccional1 3 2 1
Servicio
Defensa Pública1 2 2
Servicio de
Atención y
Protección de
Víctimas y
Testigos
1 4 3 1
5 4 0
F uente: Datos suministrados por el Poder Judicial.
Cuadro 3.1.2.
Poder Judicial
Cantidad de productos e indicadores por programa presupuestario y efectividad
Al 31 de diciembre de 2016
Programa
Cantidad Efect ividad
Entre los logros más destacados se encuentran:
45,4% de los casos atendidos (1937 asuntos) fueron bajo el programa Justicia
Restaurativa, es decir casos que alcanzaron una solución a partir de medidas alternas
como la conciliación, suspensión de proceso de prueba o reparación integral del daño; el
54,6% restante igual recibió respuesta, pero bajo el sistema tradicional donde la persona
juzgadora dictó sentencia por no llegar las partes a un acuerdo satisfactorio. A pesar de
Efectividad Ejecución de recursos
Efectivo ( E ) Cumplido 100% 90%- 100%
Parcialmente
Efectivo ( PE )
Parcialmente
cumplido76% - 99% 51%-89%
No Efectivo ( NE ) No cumplido 0% - 75% 0%-50%
Cumplimiento del indicador
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no alcanzar la meta programadas (50%), con lo efectuado según la institución, se logra
contribuir a la paz social, al ofrecer un medio de solución de conflictos más ágil y
oportuno y que, al reparar las consecuencias del hecho delictivo de manera satisfactoria,
tanto para el actor como para la víctima, favorece la participación de las personas
víctimas, ofensoras y comunidades en la solución de los conflictos.
Se superó lo programado en cuanto a la Tasa de resolución (28,3%) y la Tasa de
pendencia (55,1%); según informan, sus resultados son gracias al esfuerzo coordinado y
el establecimiento de cuotas de producción significativas que procuran que al entrar en
vigencia las reformas procesales en materia laboral y civil sea mínimo los asuntos
pendientes. Estos indicadores, permiten identificar dentro de los expedientes pendientes,
aquellos que se han resuelto, y determinar la cantidad de expedientes que se mantienen
pendientes de ser terminados (aunque se haya iniciado su tramitación), situación por la
cual, si una variable aumenta necesariamente la otra presenta una disminución. No
obstante, es importante aclarar que el resultado de estas dos variables, no suma el
100% del total de expedientes, por cuanto existen expedientes denominados “inactivos”,
en razón de que la dinámica de algunas materias obliga a mantener los expedientes
abiertos, tal es el caso de las pensiones alimentarias que deben mantenerse en la
corriente judicial entre 18 y 25 años o más; por lo que estos expedientes no forman parte
de la tasa de resolución ni la tasa de pendencia.
A pesar de estas situaciones que se presentan, el Poder Judicial ha venido realizando
esfuerzos significativos para mejorar la capacidad de resolución de los asuntos, a través
del uso de la tecnología, mejoramiento de los controles internos en los despachos,
rediseño de procesos, utilización del escritorio virtual y otras medidas más. Así también
se presentó a la Asamblea Legislativa el Proyecto de ley de Evaluación del Desempeño
que se espera contribuya a mejorar la gestión institucional.
Los porcentajes de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad
con respecto al tiempo que le dedica el o la Defensor (a) público y con respecto al
tiempo de espera antes de ser atendido por el o la defensor (a) público, alcanzaron un
74% y 69%, respectivamente. La institución señala que a pesar de no alcanzar el 75% y
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72% programados, los tiempos de espera son razonables en la mayoría de los casos;
por cuanto se ven afectados por el tipo de asesoría requerida, por las funciones propias
de los (as) defensores (as) que deben realizar actividades fuera de la oficina con tiempos
variables no controlables, porque la mayoría de usuarios se presentan a las oficinas sin
cita previa y que los tiempos de atención no se pueden extender ya que implicaría la
desatención de otras actividades como: debates, audiencias, visitas carcelarias y otras.
Asimismo, mencionan que el servicio brindando en las condiciones establecidas permitió
dar una respuesta al problema dentro del plazo que las condiciones y recursos lo
admiten; contribuyendo a proveer defensa pública con excelencia, solidaridad y
compromiso con todos los (as) usuarios (as), coadyuvando a garantizar la plena
vigilancia de los derechos, libertades, garantías e intereses de los (as) beneficiarios (as)
en forma ágil y oportunidad en los procesos judiciales. Como medida correctiva, indican
que presentarán el informe a la Dirección y Coordinación de Oficina de la Defensa
Pública de todo el país para continuar con el objetivo de brindar un servicio de calidad y
procurar una mejora continua.
De 14.317 casos concluidos, 2.912 se cerraron por finalización del plan de la
intervención individualizada, lo que representa un 20% que supera el 12% programado,
lo que le permite a la víctima o testigo aminorar el impacto emocional y social que sufrió,
obtener apoyo para que se restablezca su calidad de vida, empoderarse para que
participe en condiciones emocionales adecuadas en las etapas del proceso penal,
minimizar la revictimización y lograr el acceso a una opción laboral, todo lo cual
promueve una cultura de denuncia de los hechos delictivos y contribuye a disminuir la
impunidad.
Dentro del Programa de Atención y Protección se atiende personas adultas mayores,
mujeres, personas con alguna discapacidad física, mental, temporal o definitiva, asuntos
que solo se pueden abordar personalmente y así procurar valoraciones de riesgo,
asesoría, estudio de seguridad, valoración, terapia etc., los cuales por el estado de las
personas destinatarias de la ley resulta necesario desarrollarlos en su casa de
habitación, lugar de trabajo, centro hospitalario, centro penitenciario, entre otros. Del
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total de visitas se contabilizaron 5.933 visitas domiciliarias, y de total de visitas 5.661 se
ejecutaron por parte de los profesionales en criminología, derecho, psicología y trabajo
social. Estas visitas dan acceso a los servicios que presta la institución, en especial, las
víctimas en condición de vulnerabilidad que no cuentan con ingresos económicos que
les permitan trasladarse a los Tribunales de Justicia; por otra parte, esta estrategia de
trabajo permite cotejar el acceso inicial a los servicios y el cumplimiento de las medidas
extraprocesales recomendadas a los (as) destinatarios (as) de la ley, en los casos en
trámite.
Del total de casos cerrados (8.772 asuntos) en el Programa de Protección el 8% de los
12% programados se clasificó bajo la causal de exclusión denominada “desaparición del
riesgo”, es decir un 66,6% de la meta. Sin embargo, este resultado se da ya que el
ingreso al programa es voluntario y algunas personas luego de la entrevista inicial
deciden no ingresar, y otras solo se presentan a algunas de las citas y posteriormente
abandonan el servicio; lo anterior conlleva al cierre de expedientes por falta de interés, e
impide que se concluya el plan de protección y se genere un cierre por desaparición del
riesgo. Como medida correctiva se proyecta para el 2017 un mayor seguimiento al tema
de ausentismo a citas, así como visitas a las sedes regionales para analizar en equipo la
exclusión de casos y sus motivos de cierre.
De acuerdo con la información remitida por la institución y a los resultados que se pueden
observar, la gestión del ente judicial está respaldada por el logro de las metas de los indicadores
en un alto grado de cumplimiento, en todos sus programas presupuestarios; así como en la
ejecución de los recursos financieros asignados; los cuales le permiten contribuir con la misión
institucional; al contar con medidas alternativas de solución de conflictos, donde las personas
víctimas puedan cubrir su necesidad de información, participación, de empatía, de indemnización
y de seguridad, y la persona que comete el delito asume la responsabilidad y las consecuencias
de sus acciones, comprometiéndose a reparar el daño, procurar el cambio y su reintegración a la
sociedad. Asimismo, las metas de las tasas de resolución y pendencia alcanzadas al 100%,
evidencian que los casos se están resolviendo con mayor celeridad y cantidad, quedando menos
casos pendientes al finalizar el año.
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De igual manera, la prestación de defensa pública contribuye a garantizar la plena vigencia de
los derechos, libertades, garantías e intereses de las personas, en forma ágil y oportuna en los
procesos judiciales; mientras que la atención y protección a las víctimas y testigos permite
disminuir el impacto causado por el delito y prevenir la victimización secundaria, así como las
visitas domiciliarias, posibilitan a los habitantes ejercer el derecho de acceso a la justicia,
especialmente a las poblaciones en condición de vulnerabilidad.
4. OBSERVACIONES
Se reconoce el esfuerzo de la institución por acatar la recomendación de años anteriores de no
incluir información abundante, reiterativa, ni actividades operativas o internas. Sin embargo, se
reitera la solicitud de que para los siguientes procesos de seguimiento y evaluación, se apeguen
estrictamente a lo solicitado por esta Dirección y no remitan información adicional, a menos que
se les solicite con posterioridad; en este sentido las liquidaciones presupuestarias incluidas en el
informe institucional no eran necesarias, ya que para esos efectos se contaba con una fuente
oficial.
Asimismo, es necesario que se basen en la información actualizada de la Ley de Presupuesto
Ordinario y Extraordinario del año evaluado, con el fin de brindar los datos completos y correctos
para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas; puesto que en su autoevaluación hubieron
algunas diferencias de lo presentado con la Ley actualizada, como la omisión de la unidad de
medida de la producción del programa Servicio Jurisdiccional.
También es importante hacer un reconocimiento al esfuerzo realizado por el programa Defensa
Pública por atender la observación planteada en el informe de seguimiento 2016, de aplicar los
cuestionarios para medir la satisfacción de los usuarios en un plazo que permitiera rendir
resultados para el presente informe.
Respecto a la ejecución del presupuesto autorizado al Poder Judicial para 2016, cabe mencionar
que a pesar de las dificultades que le impidieron ejecutar todos sus recursos, el nivel de
ejecución alcanzado es relativamente similar al de los últimos años, por encima del 90%. Sin
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embargo, llama la atención la justificación de la ejecución de algunas subpartidas, para las que
se indica que son sobrantes que dejan para imprevistos o bien que se realizó una mayor
estimación de los recursos realmente utilizados. En atención a lo anterior, se recomienda una
revisión del precio estimado de los bienes y servicios para que la formulación de recursos sea
más ajustada a la realidad del mercado local e internacional, así como un monitoreo permanente
sobre las variables del mercado que les permita redirigir oportunamente los recursos sobrantes
hacia otras necesidades más apremiantes.
En cuanto a los compromisos no devengados, es reiterativo su mención en este informe e
informes anteriores, como un elemento que afecta negativamente la ejecución presupuestaria
programada para el año en evaluación, principalmente como consecuencia de los problemas de
ejecución de la partida Bienes Duraderos. Por lo que se recomienda al equipo de trabajo
interdisciplinario para el Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto, prestar especial atención
al tema de los procesos de contratación y realizar una intervención más efectiva, por cuanto a
pesar de aplicar medidas reiterativamente, los resultados no son los deseados.
Al programa Servicio de Defensa pública, se recomienda analizar la continuidad de medir los
indicadores con respecto a los porcentajes de satisfacción, puesto que si bien muestran datos
importantes; según la información suministrada, sus resultados difieren de la opinión de los
expertos; por lo que debe ser evaluado el valor y objetividad de continuar midiendo de esta forma
la calidad del servicio brindado. Asimismo, realizar las acciones necesarias para contar con los
datos de la producción del último trimestre del año y así brindar los datos completos en el
informe de evaluación anual.
Por su parte, al programa Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, se les
solicita dar estricto seguimiento a las medidas adoptadas en relación a los casos que son
excluidos del programa por falta de interés; ya que depende de las razones por las cuales los
(as) usuarios (as) no continúan con dicho programa, el riesgo puede permanecer, con las
consecuencias que ello implica.
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