CUANDO LOS GOBIERNOS se reunieron en junio
de 2010 en Kampala para realizar la primera Conferencia
de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Inter-
nacional (CPI), su intención fue, entre otras cosas, hablar
sobre los progresos del sistema del Estatuto de Roma, tanto
en relación con los desafíos superados exitosamente como
con los que aún quedan por superar. Al hacer esto y por pri-
mera vez, los Estados Partes no pusieron el foco en la Corte,
como en los encuentros previos de la Asamblea de Estados
Partes (AEP), sino en ellos mismos, con el fin de evaluar
hasta dónde habían logrado llevar los interesas de la justicia
internacional a través del Estatuto de Roma.
La cooperación, reconocida como la columna vertebral del
trabajo de la Corte, se presentó como uno de los cuatro te-
mas a analizar a través de los mecanismos de evaluación.
Por ejemplo, al no contar con medios propios para garan-
tizar el arresto de las personas buscadas, la Corte depende
casi exclusivamente de los Estados Partes para lograrlo.
“Sin una sólida cooperación por parte de los Estados, la Cor-
te podrá lograr no mucho más que recordarle al mundo que
existen grandes violaciones al derecho penal internacional que
ocurrieron y siguen ocurriendo”, expresó William R. Pace,
Coordinador de la Coalición por la Corte Penal Internacional.
Por esto, fue muy alentador ver a numerosos Estados unir-
se en un diálogo abierto y sincero sobre cómo ayudaron a
la Corte en el cumplimiento de su mandato, identificando
prioridades, áreas a mejorar y cuestiones en las que precisan
ayuda a la hora de cumplir con sus obligaciones de coope-
ración de acuerdo con el Estatuto de Roma. Esto incluyó la
necesidad de una legislación doméstica y procedimientos
que faciliten la cooperación con la Corte y de acuerdos su-
plementarios para la protección de testigos y libertad provi-
sional, por nombrar algunas.
En la discusión subsiguiente se reflexionó sobre los nume-
rosos compromisos y promesas realizados en la Conferencia
de Revisión para mejorar la cooperación. En este aspecto,
la ejecución de las órdenes de arresto fue señalada como de
especial importancia. De hecho, la Declaración sobre Co-
operación adoptada en Kampala enfatizó el rol crucial que
la ejecución de órdenes de arresto desempeña a la hora de
asegurar la efectividad del trabajo de la Corte y destaca más
aún el deber primario de los Estados Parte y de otros Esta-
dos sujetos a la jurisdicción de la Corte de ayudarla en la
ejecución de sus órdenes de arresto aún pendientes.
Este énfasis, junto a la importancia del apoyo político y di-
plomático, estuvo muy presente en la Declaración de Kam-
pala, el documento resultante de la Conferencia de Revisión
que fue firmado por los representantes de más alto nivel de
los Estados participes.
Por esto, fue algo desalentador que dos meses después de la
Conferencia de Revisión, la sede de la misma se convirtiera
en escenario de otra discusión, pero esta vez en detrimento de
los resultados del proceso evaluación. En una Resolución del
27 de julio de 2010, la Unión Africana (UA) declaró que sus
Estados miembros no cooperarían con la CPI en el arresto y la
entrega del Presidente Sudanés Omar Al-Bashir, perseguido
por la Corte por haber cometido presuntos actos de genoci-
dio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
A pesar de que los miembros individuales de la UA, que
también son parte del Estatuto de Roma, habían dado su
apoyo expreso a la CPI, “la UA, como bloque, ha ignorado
CONFERENCIA DE REVISIÓN DE LA CPI La Coalición global solicita a los Estados honrar los compromisos de Kampala y cooperar con la CPI
> CONTINÚA EN P. 8
EDICIÓN NO. 41:
NOVIEMBRE 2010
a ABRIL 2011
El
MONITORDiar io de la COALICIÓN POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
El día de la ceremonia de promulgación de la nueva constitución de Kenya (27 de agosto de 2010), protestantes de Nairobi piden el arresto del Presi-dente sudanés Al-Bashir. Este histórico día fue opacado por la controvertida presencia del Presidente, acusado por la CPI por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio en Darfur, Sudán. Crédito: Bunge la Mwananchi
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CARTA DEL COORDINADOR
Desde la última edición de El Monitor, la Coalición participó en la Con-
ferencia de Revisión (CR) del Estatuto de Roma en Kampala, Uganda.
La CR representó la mayor reunión de expertos de la justicia internacio-
nal jamás realizada y los miembros de la Coalición superaron en núme-
ro a los gobiernos, las organizaciones internacionales, entre otras, por
varios cientos de participantes. La historia juzgará la CR, pero tanto el
segmento de “evaluación” como el del crimen de agresión (CdA) serán
considerados logros intergubernamentales extraordinarios. ¿Cumplirán
los Estados Partes con su palabra en relación con la complementariedad
y la cooperación, asegurando la justicia en todas las negociaciones de
paz y honrando los derechos de las víctimas? ¿Activarán los Estados Par-
tes en 2017 el régimen sobre crimen de agresión acordado, contra toda
expectativa, por consenso? La Coalición se está preparando con mucha
intensidad para estas cuestiones y para la novena Asamblea de Estados
Partes que se llevará a cabo en la Sede de la ONU en diciembre. Menos
de seis meses después de la Conferencia, tres Estados de tres continentes
distintos se han unido a la CPI. Al mismo tiempo, el gobierno sudanés
ha seguido desafiando a la Corte y se permitió que el fugitivo Al-Bashir
viaje libremente a dos Estados Partes, sucesos que se hallan en total con-
tradicción con los compromisos asumidos en Kampala. Ahora, la Coa-
lición está preparándose para controlar de cerca un importante cambio
en el liderazgo de la Corte, la elección de seis nuevos jueces de la CPI y
de un nuevo Fiscal en 2011. Esto se reflejará en estos avances así como en
las campañas globales de ratificación e implementación de la Coalición.
William R. Pace, Coordinador de la CCPI
El
MONITORDiario de la COALICIÓN POR LA CORTE PENAL INTERNACIONALEdición No. 41: Noviembre 2010 – Abril 2011Las opiniones aquí expresadas pertenecen a sus autores y no representan nec-esariamente los puntos de vista del Secretariado de la CCPI, nuestros miembros o patrocinadores. Los artículos en los que no se menciona autor han sido escritos por el personal del Secretariado de la CCPI.
PERSONAL DEL SECRETARIADO DE LA CCPIWilliam R. Pace Coordinador General, Nueva York y La HayaTanya Karanasios Directora de Programa, Nueva YorkClaire Grandison Asociada de Programa, Nueva YorkAlix Vuillemin Oficial Legal/Coordinadora de la Oficina, La Haya
ÁREA DE COMUNICACIONESOriane Maillet Jefa de Comunicaciones, La HayaAgustina Bidart Encargada de Comunicaciones en Español, Buenos Aires, ArgentinaKrista Hahn Comunicaciones (Fellow), Nueva YorkLinda Gueye Oficial Senior de Comunicaciones – África francófona, Nueva YorkKattia Ninahuanca Desarrollo de portal y bases de datos, Nueva YorkMariana Rodríguez-Pareja Responsable de Comunicaciones y Planificación de Medios, Nueva YorkPeony Trinh Encargada de Diseño, Nueva York
ÁREA DE DESARROLLOGabrielle Mertz Directora de Desarrollo, Nueva YorkJacob Berkowitz Asistente de Desarrollo (Fellow), Nueva YorkEmily Dery Asistente de Desarrollo (Fellow), Nueva YorkKirsten Meersschaert Encargada Senior de Desarrollo y Programa, La HayaDaniel Rees Encargado de Desarrollo, Nueva York
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASAma Adjare-Nimako Coordinadora de Oficina, Nueva YorkBintia Keita Responsable de Estados Contables, Nueva YorkSpencer Lanning Consultor Técnico, TexasSamira Mohamed Asociada en Estados Contables y RRHH, Nueva YorkHugo Strikker Encargado Administrativo y Financiero, La Haya
ÁREA LEGALSunil Pal Jefe del Área Legal, La Haya Isabelle Olma Asesora Legal (Enlace CPI/AEP), La Haya
ÁREA REGIONALBrigitte Suhr Directora de Programas Regionales, Los Ángeles Ata Hindi Oficial de Enlace para MOAN/Europa, Nueva York Tania Deigni Asistente de Programas Regionales, Nueva YorkStephen Lamony Of. de Enlace para África/Asesor de Situaciones, NYMichelle Reyes Oficial de Enlace para las Américas, Asia y el Pacífico, Nueva York
ÁREAS REGIONALES DESCENTRALIZADASÁFRICAFrancis Dako Coordinadora de África, Cotonou, BeninASIA/PACÍFICOEvelyn Serrano Coord. Regional para Asia y Pacífico, Manila, FilipinasMarcelina Valderama Asistente de Oficina, Manila, FilipinasEUROPALuisa Mascia Coord. Regional para Europa, Bruselas, Bélgica Virginie Amato Enc. de Programa para Europa, Bruselas, BélgicaLATINOAMÉRICA/CARIBEFrancesca Varda Coordinadora Regional para las Américas, Lima, PerúMEDIO ORIENTE/ÁFRICA DEL NORTE (MOAN)Abeer Al-Khraisha Asesora Regional del MOAN, Amman, JordaniaAmal Nassar Asistente Técnica para el MOAN, Amman, Jordania
COMITÉ EJECUTIVO DE LA CCPI Acción Mundial de Parlamentarios • Amnistía Internacional • Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Lima, Peru • Centro de Documentación y Desarrollo de Recursos Civiles (CIRDDOC) – Enugu, Nigeria • Comisión Andina de Juristas – Lima, Perú • Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) • Foro Asiático por los Derechos Humanos y el Desarrollo (FORUM-ASIA) – Bangkok, Tailandia • Human Rights Network-Uganda (HURINET-Uganda) – Kampala, Uganda • Human Rights Watch • Iniciativas de la Mujer por la Justicia de Género • Movimiento Federalista Mundial • No Peace Without Justice • The Redress Trust – Londres, Reino Unido
SOBRE LA COALICIÓN POR LA CPI
La Coalición por la Corte Penal Internacional es una red de más de 2.500
organizaciones de todo el mundo que trabajan conjuntamente con el ob-
jetivo de fortalecer la cooperación internacional con la CPI; abogar por
una Corte justa, efectiva e independiente; hacer que la justicia sea tanto
visible como universal y fomentar leyes nacionales más duras para brin-
dar justicia a las víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa huma-
nidad y genocidio.
El Monitor es la publicación más importante de la Coalición y es distri-
buida en todo el mundo en inglés, francés y español. Disponible en línea
en www.coalitionfortheicc.org/?mod=monitor .
CONTÁCTENOS c/o WFM, 708 3rd Ave, 24 flNueva York, NY 10017 EE.UUTeléfono: + 1 212-687-2863 Fax: +1 212-599-1332Email: [email protected]
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Juntos por la Justicia: La sociedad civil en más de 150 países trabajando por una CPI justa, efectiva e independiente.
EL MONITOR NO. 41 / NOVIEMBRE 2010 – APRIL 2011
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La Conferencia de Revisión (CR) trató dos principios fundamentales: complementariedad y cooperación. Complementariedad no debería significar que luego de la ratificación el Estado permanece inactivo y la CPI realiza todo el trabajo. Los Estados sólo son reemplazados por la Corte en caso de una dificultad específica. El Estatuto obliga a los Estados Partes a cooperar con la Corte siempre que sea necesario. Es un acto de irresponsabilidad de los Estados Partes africanos paralizar el trabajo de la Corte al rehusarse a cooperar con el arresto de Omar Al-Bashir. Sería vergonzoso que la Corte se viera impedida de impartir justicia a las víctimas por la falta de cooperación de los Estados, algo que la historia sin duda condenará.
—Jean Baptiste Gnonhoué, Presidente de la Coalición por la CPI de Benin
Durante mucho tiempo EE.UU. no ha participado de los trabajos de la CPI. Por esto, CGS celebra que EE.UU. haya tomado el camino del compromiso y la cooperación con la CPI en el último programa de Estrategia de Seguridad Nacional. Dado que los intereses sobre seguridad nacional de EE.UU. fueron contemplados en el acuerdo de Kampala, EE.UU. debería trabajar en los próximos 7 años para avanzar sobre el crimen de agresión (CdA). El CdA fortalecerá la capacidad de la CPI de procesar a los responsables de los peores crímenes mundiales y darle al mundo un nuevo medio para prevenir traumas que surgen de guerras injustas.
—Don Kraus, CEO, Citizens for Global Solutions (CGS)
A pesar de la indiferencia cada vez mayor de varios gobiernos -incluido el de México - para complementar el proceso de ratificación, la CCPI Mexicana considera de suma importancia que los Estados avancen en la implementación del Estatuto de Roma y co-operen con la CPI. Dado el compromiso de México en la CR, le pedimos al Comité de Derecho Humanitario Internacional de México que apoye la discusión sobre el proyecto de ley en el Congreso y garantice su inclusión en la legislación federal.
—Héctor Carreón Perea, Secretario Técnico, Coalición Mexicana por la CPI
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CARTAS
Esta publicación ha sido desarrollada con el apoyo de la Unión Europea y de otros contribuyentes. Los contenidos de esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la Coalición por la Corte Penal Internacional y no deben ser utilizados de ningún modo para reflejar los puntos de vista de la Unión Europea, Irish Aid, ni de ningún otro contribuyente.
PortadaConferencia de Revisión de la CPI: La Coalición global solicita a los Estados hon-rar los compromisos de Kampala y coop-erar con la CPI
4 Conferencia de Revisión Una mirada a la CR y sus resultados
7 CPI/AEPCuestiones en juego en la próxima AEP
10 Casos y SituacionesActuales casos y situaciones bajo investig-
ación preliminar
12 ONU-CPI La CPI y la Resolución 1325 del CSNU sobre las
mujeres, la paz y la seguridad
13 RegionalNuestros miembros en África, América, Asia, Europa y el MOAN y su trabajo
20 Compromisos de la CRQué se necesita de las ONGs para cumplir con los compromisos de Kampala
EN ESTA EDICIÓN
SOCIOS DE TODO EL MUNDOLA COALICIÓN por la Corte Penal Internacional trabaja junto a instituciones de todo el mundo para cumplir con la misión de fomentar la justicia internacional. Uno de los principales socios de la Coalición es el Sigrid Rausing Trust, que apoya las ini-ciativas de la Coalición y de muchas otras organizaciones de la sociedad civil. Con base en Londres, esta organización ha funcionado como líder filantrópico del movi-miento internacional de derechos humanos por más de 15 años tratando cuestiones como los derechos civiles y políticos, los derechos de las mujeres, de las minorías y la justicia social. De acuerdo con el Dr. Sigrid Rausing, Fundador y Presidente de la organización, “la Corte Penal Internacional es una herramienta fundamental para conseguir un sistema de gobierno basado en los principios establecidos en la Declara-ción de Derechos Humanos y sus acuerdos subsiguientes. Tengo el honor de ser parte de la Junta de la Coalición y apoyar la CPI y la causa de la justicia internacional”. Con el apoyo del Fondo, la Coalición sigue adelante en su objetivo de lograr un mundo en donde los derechos humanos y el Estado de derecho sean accesibles a todos.
La Coalición está muy agradecida por el generoso apoyo brindado por todos nuestros muchos colegas y contribuyentes de todo el mundo. Además del apoyo brindado por el Sigrid Rausing Trust, la CCPI recibe sus principales contribuciones financieras de la Unión Europea, la Fundación Ford, Humanity United, la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, el Instituto Open Society, y de los gobiernos de Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza y de una gran cantidad de contri-buyentes individuales. El apoyo de individuos, gobiernos, fundaciones y otras instituciones es esencial a la hora de promover las iniciativas de la Coalición para terminar con la impunidad. Si quiere conocer más acerca de cómo apoyar el trabajo de la Coalición, visite su sitio de Internet en www.coalitionfortheicc.org, póngase en contacto con la Coalición telefónicamente: +1.646.465.8527 o envíenos un correo electrónico a [email protected].
El Dr. Sigrid Rausing (centro) con los miembros de la Junta Consultiva de la Coalición el Honorable Richard Goldstone y la Sra. Hina Jilani en el encuentro de la Junta del 15 de abril de 2010. Crédito: CCPI
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LA HISTÓRICA CONFERENCIA DE REVISIÓN EN PERSPECTIVA
DEL 31 DE MAYO AL 11 DE JUNIO de 2010, durante el trascurso de la prime-
ra Conferencia de Revisión del Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional
(CPI), Uganda fue testigo de la mayor
reunión de expertos sobre justicia jamás
vista. La conferencia de Kampala logró
juntar Estados Partes a la CPI, Estados
observadores, la ONU, organizaciones
regionales e internacionales, académicos
reconocidos y cientos de miembros de
la Coalición por la Corte Penal Interna-
cional. El evento representó la primera
oportunidad donde los gobernantes pu-
dieron considerar enmiendas al tratado
y permitió revisar y evaluar los primeros
siete años de existencia del sistema del Es-
tatuto de Roma.
Los miembros de la Coalición desem-
peñaron un papel crucial a la hora de
fomentar el diálogo sobre el sistema del
Estatuto de Roma. A través de una amplia
gama de eventos, que incluyeron asam-
bleas parlamentarias, debates, mesas de
discusión, simulacros de juicios y con-
ferencias de prensa, las ONGs lograron
que las voces de la sociedad civil y de las
víctimas sean escuchadas. Nuevamente,
en los plenarios, en los discursos de los
Estados y de los expertos, como así tam-
bién en todos los demás acontecimientos
celebrados en Kampala se reconoció el in-
valuable rol que desempeña la Coalición
y la sociedad civil.
El éxito de la Conferencia pudo ser me-
dido de distintas maneras. Mientras que
algunos fueron reacios a la idea de reali-
zar la Conferencia en un país con situa-
ción, el hecho de celebrar la Conferencia
en Uganda logró una mayor participa-
ción por parte de los gobiernos, ONGs y
grupos de víctimas de África – donde se
están llevando a cabo todas las investiga-
ciones de la Corte y donde existen nume-
rosas comunidades con un interés directo
en el éxito del Estatuto.
La Coalición por la CPI de Uganda, Hu-
man Rights Network Uganda, No Peace
Without Justice y la CPI organizaron
varias visitas al Norte de Uganda y a las
oficinas sobre el terreno de la CPI en
Uganda y la RDC junto a delegados de los
Estados Partes y otros oficiales, posibili-
tando de esta manera la interacción con
las comunidades afectadas y acercando la
realidad de los países con situaciones a los
Estados y las cortes oficiales.
Un componente clave de la Conferencia
fue el ejercicio de evaluación (stockta-
king). Éste incluyó un segmento de dis-
cusiones en donde se consideró el éxito y
el impacto general del Estatuto de Roma
hasta el momento. El debate se centró
en el efecto de la CPI sobre las víctimas y
comunidades afectadas, la complementa-
riedad, la cooperación y la paz y la justi-
cia, cuestiones centrales para un funcio-
namiento justo, efectivo e independiente
de la Corte. Los paneles oficiales se com-
plementaron con numerosos eventos pa-
ralelos organizados por la Coalición, sus
miembros y demás partes interesadas.
36 Estados y la Unión Europea abandona-
ron la Conferencia con el compromiso de
asumir 110 acciones concretas para for-
talecer el sistema del Estatuto de Roma.
Estas obligaciones incluyen compromisos
en torno a la legislación de implementa-
ción, la cooperación con la CPI, contribu-
ciones al Fondo Fiduciario en Beneficio
de las Víctimas, la ejecución de senten-
cias, entre muchas otras cuestiones.
Otro importante resultado fue la apro-
bación unánime por parte de los Estados
Partes de disposiciones sobre los térmi-
nos en los que la Corte podrá investigar
y procesar individuos por crímenes de
agresión. Los Estados aprobaron una
definición, los elementos del crimen, las
condiciones bajo las que la CPI podrá
tener jurisdicción sobre el crimen y un
mapa de ruta para la eventual activación
de la jurisdicción de la Corte después del
1º de enero de 2017. Un conjunto separa-
do de enmiendas expandieron la defini-
ción de crímenes de guerra del Estatuto
para incluir en él el uso de ciertos vene-
nos, gases asfixiantes y balas que se ex-
panden en los conflictos internos.
Luego de los éxitos cosechados en Kam-
pala, aparecen nuevos objetivos en las
agendas de los Estados Partes. Los Esta-
dos deben ratificar de manera individual
cada una de las enmiendas aprobadas en
la Conferencia. El crimen de agresión ha
sido desarrollado dentro del Estatuto,
pero aún se necesitan ejecutar nuevas
acciones para activar la jurisdicción de la
Corte después del 1º de enero de 2017. En
Los discursos de apertura de la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma estuvieron a cargo del Presidente de la Asamblea de Estados Partes el Embajador Christian Wenaweser, el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon y el Presidente de la CPI el Juez Sang-Hyun Song. El Fiscal de la CPI Luis Moreno-Ocampo, el ex Secretario General de la ONU Kofi Annan, el Presidente de Uganda Yoweri Kaguta Museveni y el Presidente Jakaya Kikwete de Tanzania también realizaron importantes declaraciones. Crédito: Conferencia de Revisión de la CPI
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2015, la Asamblea deberá revisar el artí-
culo 124 y su exención sobre crímenes de
guerra para los nuevos Estados Partes.
Con el fin de facilitar la consideración
de enmiendas, la AEP decidió establecer
un grupo de trabajo permanente sobre
enmiendas (GTsE). La Coalición trabaja-
rá junto a los Estados en la creación del
GTsE que contará con reglas de procedi-
miento detalladas y con la habilidad para
recomendar consideraciones de enmien-
das que sean capaces de contar con el
apoyo de la AEP en su totalidad.
Todo esto deberá implicar también con-
tinuas discusiones sobre los temas del
proceso de evaluación. La Coalición, sin
embargo, continuará trabajando con los
Estados, la ONU, otros cuerpos regionales
y la Corte para mantener el clima genera-
do y para asegurar que los compromisos
adoptados en Kampala se traduzcan en
acciones concretas. La Coalición también
quiere alentar a otros Estados a realizar
promesas en futuros encuentros de la CPI
y a trabajar junto a los gobiernos para
cumplir con las promesas ya realizadas.
La Conferencia de Kampala resultó bas-
tante exitosa. Los Estados Partes acor-
daron un gran número de enmiendas
y mostraron una buena predisposición
colectiva para destacar las deficiencias
de la Corte y de sus propios sistemas. En
efecto, el paso del tiempo nos permite
ver la Conferencia con mayor claridad y
es posible que la Conferencia de Revisión
sea reconocida como un gran aconteci-
miento en la evolución de la CPI y el nue-
vo sistema de justicia penal internacional
creado por el Estatuto de Roma.
LA CONFERENCIA DE REVISIÓN INCLUYE DISPOSICIONES SOBRE EL CRIMEN DE AGRESIÓN EN EL TRATADO DE LA CPI
LUEGO DE DOS SEMANAS de un intenso debate y años de trabajo preparatorio, los Estados Partes a la CPI adoptaron dispo-
siciones que regulan los términos de las habilidades de la Corte para investigar y procesar individuos por crímenes de agresión. El 11 de
junio de 2010, los Estados Partes acordaron un régimen jurisdiccional para el crimen de agresión que brinda diferentes procedimientos
dependiendo de si la situación fue referida por el Consejo de Seguridad de la ONU, a través de un Estado o por iniciativa del Fiscal. La
Conferencia de Revisión determinó que la activación de la jurisdicción aún está sujeta a la decisión positiva de la Asamblea de Estados
Partes (AEP), decisión que deberá ser tomada luego del 1º de enero de 2017 y un año después de la ratificación o aceptación de las en-
miendas por parte de 30 Estados Partes, lo que ocurra por último.
Los miembros de la Coalición compartieron sus puntos de vista acerca de las disposiciones de agresión adoptadas en Kampala.
Para leer la Resolución de la CR sobre el crimen de agresión, visite:
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-ENG.pdf
“El tiempo será quien diga qué consecuencias traerán los compromisos asumidos en Kampala para
alcanzar un acuerdo sobre el crimen de agresión. Es probable que la exención de crímenes cometi-
dos por ciudadanos de Estados que no son miembros de la CPI alimente percepciones acerca de un
doble estándar en la aplicación de la justicia internacional. Esto, junto con la probabilidad de que el
crimen de agresión pueda enlazar a la CPI con disputas altamente politizadas entre Estados, hace
que sea aún más importante para la Corte, su AEP y Estados individuales trabajar duramente en
explicar la misión y el mandato de la CPI y los límites y restricciones de este crimen, de activarse
después del año 2017”.
—Richard Dicker, Director, Programa de Justicia Internacional, Human Rights Watch
“La adopción de esta enmienda es significativa ya que muestra el interés de la co-
munidad internacional en poner fin a la impunidad por el crimen de agresión. Sin
embargo, la FIDH lamenta saber que la Corte tendrá jurisdicción limitada sobre
este crimen, dado que la capacidad de investigar y procesar el crimen de agresión
está sujeta a una ratificación. La FIDH reitera su llamado a los Estados Partes y al
Consejo de Seguridad de la ONU para que aseguren que no usarán esta enmienda
de forma que parezca que existe un doble estándar a la hora de buscar justicia. La
FIDH quiere destacar también que los intereses de las víctimas deben ocupar el
centro en las decisiones de los Estados en su lucha contra la impunidad”.
—Souhayr Belhassen, Presidente, Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
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CRIMEN DE AGRESIÓN (Continúa de la página 5)
“El crimen de agresión tiene una naturaleza excepcional y llevará años que un caso (de existir alguno) llegue ante la Corte. Sin em-
bargo, el problema aquí es la interpretación de este crimen dentro del contexto del Estatuto. El texto final compromete el principio
igualitario del tratado al requerir que todas las partes afectadas -Estado del agresor y de la víctima- ratifiquen la enmienda y legitima
un estándar de jurisdicción distinto al de los otros crímenes. Esto agrega un elemento político que podría afectar no sólo la protección
de víctimas sino también la universalidad del Estatuto”.
—Salvador Herencia Carrasco, representante de la Comisión Andina de Juristas
“En 1998, el Estatuto de Roma encarnó el compromiso del crimen de agresión. El Estatuto conde-
naba la agresión pero no la castigaba de manera efectiva. La Conferencia de Kampala del año 2010
sobrepasó significativamente ese compromiso. Es decir, permitirá la intervención humanitaria y
una efectiva acción de la CPI al mismo nivel que el Consejo de Seguridad de la ONU, incluso sin
intervención previa del Consejo”.
—Raul C Pangalangan, profesor de derecho y representante de la Coalición por la Corte Penal Internacional de Filipinas
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efense Sociale
“El debate sobre agresión se caracterizó por la manipulación económica y política de delegados estatales, incluso
de aquellos países que no han ratificado el Estatuto de Roma, algunos de ellos con grandes intereses en el Consejo
de Seguridad de la ONU. Hemos creado un monstruo de esta definición que juega en el terreno de la política in-
ternacional y protege potencialmente a los Estados agresores. Existirá un conflicto potencial de intereses cuando el
Estado agresor sea miembro del Consejo de Seguridad, dado que no existe un control complementario”.
—Christine Muthoga, Oficial Legal, Sección de Kenya de la Comisión Internacional de Juristas
“La adopción de la resolución sobre el crimen de agresión individual, representó un quiebre
tremendo, especialmente al ser consumada por consenso. Con el extraordinario compromiso
de llegar a una solución, los Estados reafirmaron la fortaleza de la normativa de la prohi-
bición de agresión del derecho internacional. La disuasión ha aumentado. La resolución es
sorprendente, tanto en su valor como en su limitación. Dada la unidad de Kampala, las trein-
ta ratificaciones podrían ser logradas antes del año 2016 y la decisión de activación podría
suceder muy pronto, en la decimoquinta sesión de la Asamblea en enero de 2017. Pero para
vencer efectivamente este crimen, el impulso de Kampala debe avanzar a través de estos dos
primeros escalones y a través del derecho penal internacional. Con suerte, la determinación
de Kampala ayudará a agregar muchos más ladrillos en la construcción de la paz”.
—Jutta Bertram-Nothnagel, representante de la Union Internationale des Avo-cats y líder del Equipo de la Coalición sobre el crimen de agresión
“Los gobiernos han creado de manera efectiva un sistema de justicia internacional de dos niveles mediante el cual pueden ele-
gir permanecer por encima de la ley, quedando a un lado de los principios establecidos doce años atrás en el Estatuto de Roma.
Permitirles a los Estados proteger a sus líderes de persecuciones relacionadas con el crimen de agresión puede poner en riesgo la
credibilidad de la Corte Penal Internacional”
—Christopher Keith Hall, Asesor Legal Senior, Amnistía Internacional
“Los Estados acordaron en Kampala que la CPI sólo ejercitaría su jurisdicción sobre el crimen de agresión
cuando los Estados hayan aceptado su jurisdicción. Estas condiciones generarán impunidad para los poten-
ciales perpetradores de agresión. El objetivo de la CPI es terminar con la impunidad y asegurar igualdad para
las víctimas. Desafortunadamente, los intereses de los Estados estaban más preocupados en dirigir las discu-
siones de la Conferencia de Revisión que en lograr igualdad para las víctimas”.
—Brigitte Chelebian, Presidente, Justicia Sin Fronteras, Líbano
Credit: JW
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ELECCIONES 2011 Un proceso transparente es crucial para lograr unaCPI justa y efectiva
EN 2011, LA AEP elegirá seis de los
dieciocho jueces de la CPI, lo que repre-
sentará un cambio importante en la com-
posición del tribunal. Al mismo tiempo,
la AEP deberá celebrar elecciones para
elegir un nuevo Fiscal de la CPI. El Fiscal
actual dejará su cargo a mediados de 2012
y no puede ser elegido para otro período
de servicio; ésta será la primera vez que
la posición cambie de manos. La Coali-
ción se está preparando para monitorear
cuidadosamente lo que prevé será un im-
portante cambio en el liderazgo de la CPI.
Aunque ya se sabe cómo será la mayor
parte del proceso electoral, aún no se co-
nocen las fechas exactas de las elecciones.
El proceso de nominación, tanto para los
jueces como para los fiscales, comenzará
26 semanas antes de la(s) fecha(s) de las
elecciones y durará 12 semanas, con po-
sibles extensiones, de ser necesarias. En
este período, los Estados nominarán for-
malmente a sus candidatos. Las eleccio-
nes se realizarán por voto secreto.
La Coalición siempre ha creído que la pro-
mesa de una CPI justa y efectiva descansa
en gran medida en la calidad y transpa-
rencia del proceso electoral. A partir de
ello, la Coalición anunciará en la AEP de
2010 la creación de un panel consultivo
independiente sobre elecciones judiciales
de la CPI. Compuesto por expertos de
alto nivel reconocidos internacionalmen-
te, este panel examinará las aptitudes de
los nominados y realizará evaluaciones
públicas. Se espera que a partir de esta
innovación los Estados cuenten con más
información que les permita tomar mejo-
res decisiones.
Durante el proceso, la Coalición entrega-
rá cuestionarios a los candidatos nomi-
nados formalmente con la intención de
promover la transparencia del proceso.
Además, la Coalición impulsará a los Es-
tados a dejar de lado las consideraciones
políticas y votar teniendo en cuenta úni-
camente los méritos y requisitos estable-
cidos por el Estatuto.
Con la elección de un nuevo Fiscal de
la CPI la AEP estará eligiendo por se-
gunda vez a un individuo para esta cru-
cial posición. Esta elección es la mayor
prueba de efectividad y legitimidad de
la Corte y es de suma importancia ele-
gir a la persona más calificada a través
del proceso indicado.
Durante la sesión de 2009 de la AEP la
Coalición instó a los Estados a considerar
revisiones al proceso de nominación de
candidatos y de elección del Fiscal. Aun-
que se han logrado importantes avances
que aseguran que las elecciones serán jus-
tas y transparentes, aún siguen existien-
do muchas preguntas acerca del proceso
de nominación y elección de candida-
tos. Particularmente, los puntos aún no
resueltos incluyen la elección del mejor
método para identificar potenciales can-
didatos y el establecimiento de mecanis-
mos que ayuden a la AEP a elegir, de ser
posible, un candidato consensuado sin
comprometer la integridad del proceso.
Para facilitar el desarrollo y la eventual
ejecución del proceso de elección del Fis-
cal, la Coalición - al igual que en las elec-
ciones judiciales - entregará una lista con
los criterios recomendados por la Coali-
ción para la nominación y elección de los
candidatos a ocupar ese cargo.
Las discusiones sobre las elecciones de
2011 ya han comenzado y continuarán
en la próxima AEP de diciembre de 2010.
Aún existen algunas cuestiones pendien-
tes en relación con el proceso, y no queda
mucho tiempo antes de que comiencen
las discusiones sobre los candidatos. Sin
embargo, es importante que el proceso se
realice de manera correcta. “La elección
de los oficiales de la CPI es una de las
principales vías de la AEP para cumplir
con su función de supervisar a la Corte”,
expresó William R. Pace, Coordinador
de la Coalición. “El cumplimiento efecti-
vo de esta tarea asegurará la capacidad de
la Corte para llevar a cabo sus funciones
fundamentales de un modo totalmente
competente, independiente y justo”.
Para obtener más información, visite
nuestra página Web: http://coalitionfor-
theicc.org/?mod=elections
NOVENA AEP: LOS ESTADOS DECIDIRÁN SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA CPI PARA 2011En agosto de 2010, la CPI publicó su presupuesto propuesto, indicando la cantidad que considera
necesaria para financiar sus operaciones en 2011—€107 millones, un aumento del 4% en relación
a 2010. Esta cantidad es proporcional al aumento en las actividades de la Corte como consecuencia
de la nueva investigación sobre Kenya y del aumento en su actividad judicial; facilitará, entre otras
cosas, los juicios simultáneos y una mayor inversión en la presencia sobre el terreno, dos aspectos
que la Coalición considera vitales. Sin embargo, el Comité de Presupuesto y Finanzas, el organis-
mo subsidiario de la AEP responsable de evaluar las necesidades presupuestarias de la Corte, ha
recomendado otorgar €104 millones, lo que pondría a la CPI en una posición dificil. Sin los fondos
necesarios, la CPI deberá revaluar sus prioridades o redistribuir los recursos existentes de una
institución que ya se encuentra ajustada financieramente. La AEP discutirá estas recomendaciones
en diciembre; teniendo en cuenta el actual clima económico, el mayor miedo es que los Estados,
particularmente los principales contribuyentes de la Corte, recorten sus aportes empeorando aún
más la situación. En las preparaciones de la AEP, la Coalición intentará transmitir a los Estados
la importancia de asegurar que la Corte cuente con los recursos necesarios para cumplir con su
mandato y no limitar su efectividad por cuestiones presupuestarias.
La Coalición anuncia-rá en la AEP de 2010 la creación de un pa-nel consultivo indepen-diente sobre elecciones judiciales de la CPI.
EL MONITOR NO. 41 / NOVIEMBRE 2010 – ABRIL 2011
8
POR
TAD
A
LA COALICIÓN GLOBAL SOLICITA A LOS ESTADOS HONRAR LOS COMPROMISOS DE KAMPALA Y COOPERAR CON LA CPI (Continúa de la página 1)
una vez más las esperanzas del pueblo de
Darfur y de millones de africanos que han
sufrido décadas de violencia a través del
abuso de poder y la impunidad”, expresó
Mohammed Ndifuna, Director Ejecutivo
de la Red de Derechos Humanos de Ugan-
da, luego del encuentro. Aunque ésta no
fue la primera Resolución de este tipo (de
hecho la Resolución de julio retomó una
Resolución del año 2009 que declaraba
que la UA se negaba a cooperar), la desilu-
sión de las ONGs que recibieron esta reso-
lución fue exacerbada por el hecho de que
sucedió muy poco tiempo después de las
prometedoras discusiones de la Conferen-
cia de Revisión, donde participaron varios
miembros de la UA.
Esta resolución, junto con la idea de ase-
gurar la paz en Darfur, fueron algunas
de las razones citadas por los gobiernos
de Kenya y Chad para permitir la visita
de Al-Bashir a sus respectivas capitales,
las primeras visitas a Estados Partes des-
de que se emitió la orden de arresto en su
contra. “Permitir al Presidente Al-Bas-
hir pisar territorio de un Estado Parte
sin ninguna consecuencia, significa ava-
lar la impunidad por los crímenes sufri-
dos por víctimas tanto de Kenya como
de Sudán”, dijo George Kegoro, Direc-
tor Ejecutivo de la Sección Kenyana de
la Comisión Internacional de Juristas.
Estas visitas debilitan la autoridad de la
Corte dado que no cumplen con las obli-
gaciones expresadas en el Estatuto de
Roma y son completamente contradic-
torias con los compromisos unánimes
asumidos en la Conferencia de Revisión.
“Las visitas envían un mensaje peligroso
y sientan un precedente igualmente peli-
groso”, agregó Kegoro.
Sin embargo, los casos de no cooperación
no se limitan a Kenya y Chad; el gobierno
de la República Democrática del Congo
(RDC), citado a menudo por la Corte
como un ejemplo de cooperación por ha-
ber facilitado dos de los actuales juicios
de la CPI a través del arresto y la entrega
de Thomas Lubanga, Germain Katanga
y Mathieu Ngudjolo, aún debe asegurar
el arresto y la entrega de otro sospechoso
y miembro de las fuerzas armadas de la
RDC, Bosco Ntaganda.
Dado que todos los casos ante la Corte
son africanos, el continente enfrenta una
significativa presión a la hora de cooperar,
pero esto no excluye la responsabilidad
de otros actores. Oficiales de la Unión
Europea (UE) y sus Estados miembros
asistieron a la inauguración presidencial
de Al-Bashir en mayo de 2010, sin escu-
char la recomendación del Fiscal de la
CPI que alentaba a los Estados Partes a
eliminar los contactos no esenciales con
sospechosos de la CPI.
Estados miembros de la ONU tampoco
escucharon mucho en las discusiones del
encuentro de alto nivel convocado por el
Secretario General el 24 de septiembre de
2010 sobre la situación en Sudán donde, a
excepción de unos pocos, los participantes
fallaron en reconocer las actuales investi-
gaciones de la CPI en Darfur o la decisión
de la Corte del 25 de mayo de 2010 en la
donde se informó al CSNU que Sudán
continuaba sin cooperar con la Corte.
Contrariamente, el comunicado resultan-
te del encuentro extrañamente acogió el
compromiso del gobierno de Khartoum
de poner fin a la impunidad y llevar a los
responsables ante la justicia. Aunque al-
gunos Estados se hicieron escuchar en las
discusiones en un reiterado pedido de co-
operación con la CPI, estas declaraciones
no fueron plasmadas en el comunicado.
Las fallas en la cooperación y el apoyo no
son constructivas, dan la impresión de que
la comunidad internacional no considera
a la justicia como una prioridad. El CSNU
en particular tiene la tarea de asistir a la
Corte dado que fue este organismo quien
puso la situación de Darfur a cargo del Fis-
cal. “El Consejo de Seguridad hizo posible
la investigación de las atrocidades de Dar-
fur”, expresó Elise Keppler, asesora senior
en justicia internacional de Human Rights
Watch, “ahora debe trabajar para asegurar
que los sospechosos sean llevados a destino
para enfrentar a la justicia”, agregó.
Sin embargo, esto no es una situación
irreversible, ni una situación que recae
únicamente sobre los Estados Partes que
incumplen con sus obligaciones, es una
situación que requiere de la participación
de todos los Estados Partes que creen en
el Estatuto de Roma y forman parte de él
de manera voluntaria, por el mero respe-
to al Estado de derecho.
Respuesta de la CPI
De modo correcto, la Corte ha tomado la
iniciativa de informar a la AEP y al Con-
sejo de Seguridad sobre los fracasos de los
Estados Partes en el cumplimiento de sus
obligaciones de cooperación, pero en caso
de que los Estados Partes no cumplan con
el pedido explícito de arrestar a un sospe-
choso, de acuerdo con la autoridad que le
otorga el artículo 87(5) y (7) del Estatuto
de Roma, a la Corte le corresponde reali-
zar un fallo judicial por incumplimiento.
La acción de la Cámara ha sido exitosa
a la hora de alentar a la AEP, pero no ha
emitido un fallo por incumplimiento
de acuerdo con el artículo 87”, explicó
David Cattin, Director del Programa de
Derecho Internacional y Derechos Hu-
manos de Acción Mundial de Parlamen-
tarios (AMP). “La Corte debe agotar los
procedimientos legales del Estatuto soli-
citando a los Estados en cuestión que den
sus puntos de vista y emitir una decisión
judicial que sirva de precedente para los
Estados Partes y los miembros de la ONU
para asegurar el cumplimiento del Esta-
tuto de Roma”, agregó.
Respuesta de la AEP
Es fundamental que la AEP reafirme que
la membresía al Estatuto de Roma se basa
en el respeto del Estado de derecho por
sobre cualquier otra consideración polí-
tica y al hacerlo comienzan inmediata-
mente las discusiones sobre cómo preten-
de lidiar con los actos de no cooperación
por un lado y responder a los fallos por
incumplimiento de la Corte de acuerdo
con el artículo 112(2)(f) por otro. Hay
señales que indican que las discusiones
han comenzado en Nueva York y en los
Grupos de Trabajo de La Haya, los ór-
ganos subsidiarios de la Mesa de la AEP
encargados de considerar y organizar el
> CONTINÚA EN P. 9
EL MONITOR NO. 41 / NOVIEMBRE 2010 – APRIL 2011
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ES
trabajo de la AEP. Sin embargo, esto debe
realizarse con la intención de establecer
un sistema que pueda asegurar que la
Corte reciba la cooperación requerida en
tiempo y forma.
Esto podría extenderse a la prestación de
asistencia a los Estados en falta que no son
capaces de cumplir con sus obligaciones
de cooperación y, al menos, hablar de las
preocupaciones que impiden la prestación
de asistencia, tratar directamente las ra-
zones del incumplimiento con el Estado
en cuestión y pedir garantías de que ello
no se vuelva a repetir. La AEP no puede
permitir que tales faltas sucedan o queden
sin respuesta. De lo contrario, la autoridad
del sistema del Estatuto de Roma quedaría
en peligro con consecuencias irrevocables.
La cooperación es un concepto amplio y
de largo alcance que incluye una serie de
obligaciones. No mucho después de la
visita de Al-Bashir a Nairobi, el gobierno
kenyano llegó a un importante acuerdo
provisional sobre privilegios e inmuni-
dades con la CPI que otorga medidas de
protección al equipo de la Corte, víctimas
y testigos. Esto podría interpretarse como
una señal de que las autoridades de Kenya
tienen la intención de cooperar con la Cor-
te. El arresto de sospechosos en la RDC y
de Callixte Mbarushimana en Francia en
octubre de 2010 sirvieron para demostrar
que la cooperación estatal e interestatal es
posible. Sin embargo, estas obligaciones
no pueden quedar a merced de las deci-
siones de los Estados Partes. Todos los
pedidos de la Corte deben ser tratados de
forma consistente. Si la Corte, la AEP y el
CSNU, cuando corresponda, no son ca-
paces de de asegurar conformidad en los
pedidos de arresto, cualquier otra forma
de cooperación sería, en última instancia,
inútil ya que la Corte no puede procesar a
un individuo que no esté presente.
Para que la Conferencia de Revisión sea
realmente un éxito, los Estados y la AEP
necesitan capitalizar sus resultados. Esto
implica tratar las cuestiones surgidas lue-
go de las discusiones de Kampala que po-
drían poner en riesgo los avances logrados
hasta la fecha, lo que requerirá el esfuerzo
de todos los involucrados. En lo que resta
para la sesión de la AEP de diciembre de
2010, la Coalición continuará recordán-
doles a los Estados Partes las promesas de
cooperación que realizaron al haber rati-
ficado el Estatuto de Roma, en Kampala y
en las anteriores sesiones de la AEP y des-
tacando el papel de la Corte y la AEP a la
hora de asegurar su cumplimiento.
DESARROLLANDO UNA POLÍTICA DE LA CPI SOBRE INTERMEDIARIOS
A PESAR DE ESTAR radicada en La
Haya, numerosos aspectos vitales de las
operaciones de la Corte Penal Internacio-
nal (CPI) se realizan en los países en los
que existen o existieron conflictos, lejos
de los Países Bajos. Desde el comienzo de
las primeras investigaciones de la Corte,
la CPI ha tenido que confiar en “interme-
diarios” para poder cumplir de manera
exitosa con su mandato, a saber, actores
locales, organizaciones o individuos fa-
miliarizados con la cultura, la lengua y
el contexto geográfico en el cual opera la
Corte al investigar la escena del crimen
y contactar a las comunidades afectadas.
Los intermediarios asisten a varios órga-
nos de la Corte implementando un am-
plio rango de tareas. Por ejemplo la Fis-
calía y los abogados defensores a menudo
deben confiar en los intermediarios para
identificar ciertas pruebas de la eviden-
cia. Las redes de intermediarios locales
desempeñan un papel importante a la
hora de facilitar el acceso en regiones re-
motas. También ayudan a la Corte en la
realización de actividades de proyección
locales y ayudan a las víctimas a parti-
cipar de los procedimientos o solicitar
reparaciones. De igual importancia, los
intermediarios implementan proyectos
en nombre del Fondo Fiduciario en Bene-
ficio de las Víctimas.
“La Federación Internacional por los De-
rechos Humanos (FIDH) ha destacado
durante varios años la precaria situación
de los intermediarios”, expresó Dismas
Kitenge, Presidente del Grupo Lotus (Re-
pública Democrática del Congo) y Vice-
presidente de la FIDH.
“Los intermediarios son esenciales para el
efectivo desempeño del sistema del Esta-
tuto de Roma: están a cargo de numerosas
actividades de la Corte sobre el terreno y
le permiten acceder a información de pri-
mera mano, logrando una mejor interac-
ción con la población local y cumpliendo
de manera efectiva con el mandato de la
Corte”, declaró Kitenge. Sin embargo,
los intermediarios están debilitándose
por no tener un status formal. “Muchos
intermediarios no cuentan con medidas
de protección ni con el material de apoyo
necesario para realizar sus funciones que
generalmente ocurren en situaciones de
gran inseguridad”, agregó Kitenge. “De-
bido a la falta de status y protección, los
intermediarios se arriesgan a ser intimi-
dados políticamente o amenazados, en
especial por aquellos grupos que sienten
que la CPI está detrás de ellos”, explicó
Chris Ongom, Coordinador de la Funda-
ción de Víctimas de Uganda (FVU).
La publicación de un borrador de las guías
para la relación entre la Corte y los inter-
mediarios, debatido en el encuentro bi-
anual de ONG-CPI en La Haya del 18 al
20 de octubre de 2010, fue un importante
paso dado en la dirección correcta. Estas
guías brindan una base útil desde donde
establecer las responsabilidades y los de-
rechos mutuos entre la Corte y sus inter-
mediarios, algo que muchas ONGs han
estado pidiendo a la CPI por años. “Estas
políticas deberían considerar las relacio-
nes de los distintos órganos de la Corte
con los intermediarios y ser diagramadas
luego de realizar consultas reales con los
intermediarios de la Corte y los socios lo-
cales”, explicó Kitenge.
> CONTINÚA EN P. 10
EL MONITOR NO. 41 / NOVIEMBRE 2010 – ABRIL 2011
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SITU
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ES
CASOS Y SITUACIONES DE LA CPI
REPÚBLICA CENTROAFRICANALa investigación sobre la RCA se inició en 2007. La primera persona en ir a juicio por la investigación de la Corte en la RCA es el ex-Vicepresidente de la RDC Jean-Pierre Bemba Gombo por crímenes de guerra y crí-menes de lesa humanidad. Se espera que su juicio comience el 22 de noviembre de 2010.
NORTE DE UGANDALa CPI abrió su investigación sobre el Norte de Uganda en el año 2005. Se han emitido órdenes de arresto contra los principales líderes del Ejército de Resistencia del Señor (ERS) Joseph Kony, Raska Lukwiya, Vincent Otti, Okot Odhiambo y Dominic On-gwen, pero los sospechosos aún están en libertad. Los procedi-mientos contra Lukwiya se finalizaron luego de su muerte.
REPÚBLICA DEMOCRATICA DEL CONGOEl 11 de octubre de 2010, Callixte Mba-rushimana, Secretario Ejecutivo de las Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR), fue arrestado por las autoridades francesas de acuerdo con una orden de arresto de la CPI por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en las provincias de Kivu de la RDC. Los presuntos crímenes incluyen asesinato, tortura, vio-lación, actos inhumanos, persecución, ataques contra la población civil, destrucción de propiedad y tratos inhumanos.
El 9 de octubre de 2010, la Cámara de Ape-laciones revirtió la decisión de la SPI I de de-tener los procedimientos y liberar a Thomas Lubanga Dyilo. El juicio ha sido reanudado y el acusado permanece en custodia.
El juicio contra Germain Katanga y Matthieu Ngud jolo está en curso y se espera que la fiscalía termine de pre-
sentar su caso a finales de 2010.
DARFUR, SUDÁNEl 27 de agosto de 2010, la SCP I informó al CSNU y la AEP sobre las recientes visitas de Omar Hassan Ahmad Al-Bashir a Chad y Kenya. El 12 de julio de 2010, la SCP I emitió una segunda orden de arresto contra Al-Bashir por tres cargos por genocidio. La orden se suma a una anterior emitida contra Al-Bashir en marzo de 2009 por críme-nes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
El 26 de mayo de 2010, la SCP I informó al CSNU sobre la falta de cooperación de la República de Sudán en el caso de Ahmad Harun y Ali Kushayb.
La audiencia de confirmación de cargos para el caso de Abdallah Banda Abakaer Nourain y Saleg Mohammed Jerbo Jamus, acusados por crímenes de guerra presunta-mente cometidos durante los ataques a las fuerzas de paz de la UA en
Darfur, ha sido provisionalmente programada para el 8 de diciembre de 2010.
El 8 de febrero de 2010, la SCP I rechazó los car-gos de la Fiscalía para el caso de Bahr Idriss Abu Garda.
KENYAEl 31 de marzo de 2010, la SCP II autorizó al Fiscal de la CPI a abrir una investigación sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Kenya en relación con la violencia postelectoral de 2007-2008. Ésta es la primera vez que el Fiscal utiliza sus poderes de “mo-tus proprio” para iniciar una investigación sin haber recibido una remisión de algún gobierno o del CSNU. El Fiscal ha declarado que su oficina presentará 2 casos contra 4 o 6 individuos para finales de 2010.
Recientes desarrollos en el caso de Tho-
mas Lubanga Dyilo pusieron el tema de
los intermediarios en el centro de la in-
formación cuando el equipo de la defensa
de Lubanga denunció que los intermedia-
rios utilizados por la Fiscalía para con-
tactar a los testigos potenciales podrían
haber entrenado a estos testigos para fa-
bricar evidencias. Posteriormente la De-
fensa pidió que se revelen las identidades
de los intermediarios involucrados. La
Fiscalía rechazó las acusaciones de la De-
fensa y rechazó el pedido de información.
La Fiscalía se remitió a sus obligaciones
de acuerdo con el Estatuto sobre la pro-
tección y destacó el peligroso entorno en
el cual trabajan los intermediarios. Tam-
bién afirmaron que existe un alto riesgo
de peligro tanto para los intermediarios
como para los testigos que interactúan
con ellos. Luego de la suspensión de los
POLÍTICA DE LA CPI SOBRE INTERMEDIARIOS
(Continúa de la página 9)
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ES
procedimientos, el juicio de Lubanga se
reanudó en octubre de 2010. Dependerá
de los jueces de la CPI evaluar las acusa-
ciones concretas presentadas en el caso
contra Lubanga.
De cualquier manera, las supuestas con-
ductas impropias de algunos individuos no
deberían poner en duda el indispensable
rol de los intermediarios en general. Estos
sucesos han resaltado nuevamente la im-
portancia y la urgencia de establecer polí-
ticas claras tanto para el equipo de la Corte
como para los intermediarios capaces de
esclarecer desde el comienzo los derechos y
obligaciones que derivan de su interacción.
La Coalición y la sociedad civil confían en
que los lineamientos preliminares consti-
tuirán una herramienta útil para clarificar
dicho asunto.
UN REPASO DE LAS SITUACIONES BAJO INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
ADEMÁS DE LOS cinco países con situa-
ción bajo investigación, la Fiscalía de la CPI
se encuentra analizando información de una
serie de situaciones de todo el mundo con el
fin de determinar dónde es necesario abrir
una nueva investigación. De acuerdo con de-
claraciones públicas y oficiales de la CPI, la
Fiscalía está investigando presuntos crímenes
cometidos en Afganistán, Chad, Colombia,
Côte d’Ivoire, Georgia, Guinea y los Territo-
rios Ocupados de Palestina. Anteriormente,
la Fiscalía también informó estar analizando
a Irak y Venezuela. A continuación, encontra-
rán la última información sobre algunas de las
situaciones que están siendo examinadas pre-
liminarmente.
Afganistán: En el año 2007, la Fiscalía anun-
ció públicamente su examen preeliminar. Para
este examen, la Fiscalía se reunió con oficia-
les afganos y organizaciones para examinar
presuntos crímenes bajo la jurisdicción de la
CPI cometidos por toda clase de actores. La
Fiscalía solicitó información al gobierno de
Afganistán, pero aún no ha recibido respues-
ta. En agosto de 2010, el miembro de la Coali-
ción, Amnistía Internacional, pidió al gobier-
no afgano que busque la ayuda de la CPI para
investigar los presuntos crímenes de guerra y
crímenes de lesa humanidad perpetrados por
los Talibanes y otros partidos durante la gue-
rra en Afganistán.
Colombia: Colombia ha estado bajo examen
preeliminar por parte de la Fiscalía desde el año
2006. En el país, la Fiscalía está analizando pre-
suntos crímenes que recaen bajo la jurisdicción
de la CPI como también analiza las acusaciones
que afirman que redes internacionales han apo-
yado a los grupos armados que cometen críme-
nes en Colombia. Por otro lado, la Fiscalía está
investigando los procedimientos realizados en
Colombia contra los presuntos perpetradores
más serios, líderes paramilitares, políticos, lí-
deres guerrilleros y personal militar.
Côte d’Ivoire: En virtud de la declaración
presentada por el gobierno de Côte d’Ivoire
bajo el Artículo 12(3) del Estatuto de Roma,
la CPI posee jurisdicción sobre la situación de
Côte d’Ivoire. La Fiscalía está llevando a cabo
un examen preeliminar sobre una presunta
violencia sexual generalizada y otros crímenes
serios cometidos presuntamente entre los años
2002-2005.
Palestina-Gaza: El 22 de enero de 2009, la
Autoridad Nacional Palestina presentó una
declaración al Secretario de la CPI aceptan-
do la jurisdicción de la Corte. Actualmente,
la Fiscalía se encuentra examinando si la de-
claración cumple los requisitos del Estatuto de
Roma y si los crímenes recaen bajo la jurisdic-
ción de la CPI.
El 27 de septiembre de 2010, el Consejo de De-
rechos Humanos de las Naciones Unidas (CD-
HNU) emitió una resolución reconociendo los
fallos del Comité de Expertos Independientes
de las Naciones Unidas sobre las fallas de Is-
rael y de las autoridades de facto de la Franja
de Gaza para llevar a cabo investigaciones que
cumplan con estándares internacionales. Más
aún, el CDHNU solicitó al Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas dar seguimiento
a la implementación de las recomendaciones
incluidas en el informe de la Misión Investi-
gadora de la ONU sobre el conflicto de Gaza,
también conocido como el “Informe Goldsto-
ne” del 29 de septiembre de 2009, que conclu-
yó que existe evidencia sobre serias violacio-
nes a los derechos humanos internacionales y
al derecho humanitario cometidas por Israel
y grupos armados palestinos durante el con-
flicto desarrollado entre el 27 de diciembre de
2008 y el 18 de enero de 2009.
Georgia: La Fiscalía se encuentra examinan-
do presuntos crímenes perpetrados durante el
conflicto armado que tuvo lugar en Georgia en
agosto de 2008, incluyendo el desplazamiento
forzado de civiles. La Fiscalía solicitó informa-
ción a los gobiernos de Rusia y Georgia y estos
han accedido. Luego de la apertura de su exa-
men preeliminar, la Fiscalía realizó una visita
a Georgia en noviembre de 2008 y a Rusia en
marzo de 2010. Luego de la visita de la Fiscalía
al Ministro de Justicia de Georgia a principios
de 2010, la Fiscalía condujo una segunda mi-
sión a Georgia en junio de 2010.
Guinea: La Fiscalía confirmó que la situación
en Guinea estaba bajo examen preeliminar
en octubre de 2009 para analizar si las serias
acusaciones alrededor de los eventos del 28 de
septiembre de 2009 en Conarky caían bajo la
jurisdicción de la CPI. En febrero y mayo de
2010, se realizaron en Guinea dos misiones de
la Fiscalía. Las autoridades de Guinea brinda-
ron su total apoyo.
En septiembre de 2010, la violencia estalló entre
los seguidores de dos de los candidatos presi-
denciales de Conarky, dejando como resultado
un muerto y 50 heridos. Luego de estos even-
tos, el 15 de septiembre la Fiscalía emitió una
declaración donde reiteró que sus oficinas se
encontraban monitoreando los avances de la
situación y que era probable que la violencia
electoral cayera bajo la jurisdicción de la Corte.
El 28 de septiembre, los miembros de la Coa-
lición, la Federación Internacional por los
Derechos Humanos (FIDH), la Organización
de Guinea por la Defensa de los Derechos
Humanos y Civiles (OGDH) y Human Rights
Watch realizaron declaraciones recordando
los derechos de las victimas a la justicia y le
pidieron a las autoridades guineanas que ase-
guren que todos los implicados en actos vio-
lentos, a pesar del cargo que ocupen, serán
llevados a la justicia.
EL MONITOR NO. 41 / NOVIEMBRE 2010 – ABRIL 2011
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ON
U/C
PI
ONUCPI
A DIEZ AÑOS de su adopción en oc-
tubre de 2000, la importancia de la Reso-
lución 1325 (2000) del Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas (CSNU) sobre
mujeres, la paz y la seguridad no ha dis-
minuido. El aniversario de esta adopción
es una oportunidad para reflejar el marco
vanguardista que esta resolución plantea
en el área de las mujeres, la paz y la segu-
ridad y su relación con la justicia penal in-
ternacional y la CPI en particular.
La Resolución 1325 contempla la impor-
tancia de la participación de las mujeres y
la inclusión de las perspectivas de género
para el avance global de la paz y la seguri-
dad. Apela a la prevención de la violencia
contra las mujeres a través de la promo-
ción de sus derechos fundamentales - en
particular las necesidades especiales de las
mujeres en los conflictos armados y la ne-
cesidad urgente de proteger a las mismas
de la violencia sexual y de género. Tam-
bién le solicita a los Estados excluir los
crímenes de violencia sexual de los acuer-
dos de amnistía y enfatiza el objetivo de
aumentar la participación y la representa-
ción de las mujeres en todos los niveles de
toma de decisiones como un camino para
alcanzar estos objetivos.
“Las mujeres comprometidas en conversa-
ciones de paz quieren saber que los críme-
nes, incluso los crímenes de género, serán
incluidos como parte de la construcción
de paz post-conflicto y la iniciativas de re-
conciliación y programas de reparación”,
explicó Brigid Inter, Directora Ejecutiva
de Iniciativa de Mujeres por la Justicia de
Género. “Esto sólo sucederá si se incluyen
los mecanismos de justicia en los acuerdos
de paz; sin procedimientos de responsabili-
dad creíbles, esto incluye a los mecanismos
formales de responsabilidad como la CPI,
la paz seguirá siendo frágil y breve”.
En octubre de 2010, el Secretario General
(SG) de la ONU Ban Ki- Moon presentó
un informe ante el CSNU sobre la imple-
mentación de la Resolución 1325. La Coa-
lición le escribió una carta al SG instán-
dolo a garantizar que el informe considere
los avances realizados en el campo de la
justicia penal internacional en la década
pasada en relación con las mujeres, la paz
y la seguridad. La CCPI quedó sorprendi-
da y desilusionada por el hecho de que el
informe no incluyó ninguna referencia a la
CPI. Como resultado, la Coalición incre-
mentó sus campañas y envió un mensaje a
los Estados Partes. Afortunadamente, mu-
chos Estados estuvieron de acuerdo con la
Coalición y hablaron sobre la impunidad
en los crímenes de género en el debate de
apertura del 26 de octubre de 2010. Por
último, el CSNU adoptó una declaración
presidencial sobre la importancia de ter-
minar con la impunidad por los crímenes
cometidos contra mujeres y destacó la
contribución de la CPI en este área.
La Resolución hace referencia explícita al ER
y destaca la responsabilidad de todos los Es-
tados en la lucha contra la impunidad. “La
Resolución 1325 hace énfasis en la impor-
tancia de poner fin a la impunidad y juzgar
a los responsables de genocidio, crímenes de
guerra y crímenes de lesa humanidad inclu-
yendo los actos de violencia sexual”, expresó
Inder. “Así, la Resolución y el ER están mu-
tuamente reforzando y compartiendo un
mandato”, agregó. Inder también insistió
en la importancia de incluir disposiciones
para los mecanismos de responsabilidad en
los acuerdos finales de paz diciendo que “las
mujeres víctimas y los sobrevivientes de los
conflictos armados han padecido bastante la
impunidad en relación con la paz”.
La CPI es un vehículo vital para la imple-
mentación de la Resolución 1325. Ésta
apunta específicamente a contribuir en la
promoción y protección de los derechos de
las mujeres durante y después de los con-
flictos armados. El Estatuto de Roma de la
CPI es el primer tratado internacional que
identifica ciertas instancias de violencia
contra las mujeres y niñas como parte de
un crimen de lesa humanidad y de guerra”.
Los artículos 7 y 8 del Estatuto reconocen
la violación, esclavitud sexual, prostitu-
ción, embarazo y esterilización forzadas,
persecuciones de género, tráfico de perso-
nas, en especial de mujeres y niños, como
crímenes de violencia sexual que recaen
bajo su jurisdicción. Estas destacadas
disposiciones de género intentan salva-
guardar los derechos de las mujeres. “Un
objetivo central de la justicia penal in-
ternacional es impedir futuros crímenes,
esto incluye crímenes contra mujeres y ni-
ñas” explicó Tanya Karanasios, Directora
de Programas de la CCPI. “El sistema del
ER, por lo tanto, representa un progreso
significativo en la tarea de poner fin a la
noción de impunidad en relación a los crí-
menes de género”, expresó.
En la reciente Conferencia de Revisión (CR)
de junio de 2010, los Estados adoptaron una
Resolución sobre víctimas y comunidades
afectadas que trae a colación la Resolución
1325 y destaca la importancia de tratar las
necesidades especificas de las mujeres y los
niños, así como la necesidad de poner fin
a la impunidad que envuelve a la violencia
sexual. Esto se vio reflejado en las declara-
ciones realizadas por el Fiscal de la CPI en
la CR en donde rindió tributo a las víctimas,
especialmente a las mujeres involucradas en
la resolución de conflictos y los procesos de
paz. La Coalición aprovechará el histórico
momento generado por el aniversario de
este año y por los significativos compromi-
sos realizados en la CR para continuar re-
cordándoles a los gobernantes y a la ONU
cuáles son sus responsabilidades para de ase-
gurar la efectiva implementación de la 1325
y el respeto de los derechos de las mujeres.
Para leer la Resolución 1325 (2000) del
CSNU visite: http://www.un.org/events/
res_1325e.pdf
MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD La Coalición solicita que la ONU mencione a la justicia internacional
El Secretario General Ban Ki-moon presenta su informe sobre la construcción de paz en las secuelas de un con-flicto y la participación de las mujeres en la construcción de paz en el CSNU. Crédito: UN Photo/Paulo Filgueiras
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ACTUALIZACIÓNÁFRICA
CIERTOS OFICIALES africanos
creen que las acusaciones contra supues-
tos criminales de guerra amenazan las
posibilidades de paz en el continente. Los
presidentes Paul Kagame y Muammar
al-Gaddafi consideran que la CPI es una
forma de “neo- colonialismo” y que re-
presenta una nueva forma de “terrorismo
mundial”. Estas afirmaciones se basan en
la creencia de que existe una administra-
ción desigual de la justicia internacional
por la cual la Corte pone el ojo sobre los lí-
deres de los Estados en desarrollo y es cie-
ga en relación con los líderes de los Estados
desarrollados. Gaddafi afirmó que “la jus-
ticia no es para un solo país. La justicia no
es sólo para Charles Taylor, también debe
ser para George Bush y Tony Blair”.
El Presidente de la Comisión de la Unión
Africana (UA) Jean Ping se unió a esta
línea de pensamiento. Ping expresó en
varios medios que la Corte apunta exclu-
sivamente a África, remarcando el hecho
de que cinco de las situaciones ante la CPI
son africanas y que la Corte acusó a un
actual Jefe de Estado africano. Por último,
estas percepciones erróneas influenciaron
las decisiones que la UA adoptó en los últi-
mos dos años en Sirte (AU/Dec.245 (XIII)
y Kampala (AU/Dec.289-330 (XV) cuan-
do instó a los Estados a no cooperar en el
arresto del Presidente de Sudán Al-Bashir
y suspendió temporalmente el estableci-
miento de una oficina de enlace de la CPI
con la UA en Addis Ababa.
Esta postura sobre la Corte, representa
un punto de vista minoritario dentro del
amplio espectro de apoyo global con el
que cuenta la Corte. La mayoría de los Es-
tados africanos y la sociedad civil apoyan
las actividades de la Corte, esto quedó de-
mostrado en las declaraciones realizadas
durante el período subsiguiente a las visi-
tas de Al-Bashir a Chad y Kenya. Mientras
que ambos gobiernos asumieron el error
de no haber arrestado a Al-Bashir justi-
ficándose en la necesidad de contribuir
con la paz de la región, la sociedad civil de
Chad y Kenya, así como algunos sectores
de sus respectivos gobiernos y parlamen-
tos, condenaron duramente las visitas.
Collective of Associations for Human
Rights Defense -una ONG miembro de
la Coalición por la CPI de Chad- organi-
zó una conferencia de prensa y emitió un
comunicado mediante el cual condenó
firmemente y expresó su indignación por
la visita de Al-Bashir. Además, Collective
solicitó al “gobierno de Chad arrestar a Al-
Bashir y enviarlo a la CPI, y a la población
de Chad realizar demostraciones en con-
tra de la llegada de Al-Bashir”.
En la ceremonia de Kenya por la promul-
gación de su Constitución, la sociedad
civil kenyana rechazó duramente la pre-
sencia de Al-Bashir. A través de un comu-
nicado de prensa, la Sección Kenyana de
la Comisión Internacional de Juristas (CIJ
- Kenya) declaró que la presencia de Al-
Bashir no era bienvenida y agregó que era
“inaceptable que el gobierno de Kenya sea
anfitrión de un acusado por la CPI”.
Esta lectura de que África se opone a la
CPI es errónea. África es uno de los con-
tinentes más representados en la CPI,
cuenta hasta la fecha con 31 Estados
Partes luego de la ratificación de Seyche-
lles en agosto de 2010 en medio de las
tensiones entre la CPI y la UA. Además,
varios Estados, incluyendo a Sudáfrica y
Botswana, expresaron serias intenciones
de cooperar con la Corte en el arresto del
Presidente Al-Bashir. Más llamativo aún
fueron las declaraciones públicas realiza-
das el 20 de agosto de 2009, donde más de
160 ONGs africanas criticaron la decisión
de la UA de no cooperación y reiteraron
su apoyo a la Corte.
Estas organizaciones destinan su tiempo
y sus recursos para apoyar el trabajo y el
éxito de la CPI. La visión de una minoría
de personas, sin importar cuán podero-
sa sea, no debería empañar el deseo de
los africanos de responsabilidad y jus-
ticia que, según muchos, son elementos
esenciales para un proceso de paz dura-
dera. Los Estados Partes africanos deben
estar a la altura de sus responsabilidades
cooperando plenamente con la Corte
Penal Internacional.
LIDIANDO CON LA IDEA DE QUE ÁFRICA SE OPONE A LA CPI
SEYCHELLES EN CONTRA DE LA IMPUNIDADEl 10 de agosto de 2010, la República de Seychelles confirmó su compromiso con la lucha mundial con-tra la impunidad al ratificar el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, convirtiéndose así en el Estado Parte africano número 31.
Este esperado avance trajo aparejados algunos desa-rrollos regionales negativos respecto al Estatuto de Roma y la CPI, como la decisión 2961 de la Unión Africana y la visita del Presidente Al-Bashir a dos Es-tados Partes al Estatuto -Chad y Kenya. La ratificación de Seychelles demuestra que algunos Estados no com-parten la decisión recientemente adoptada por la UA en Uganda, más aún, demuestra la falta de consenso dentro de la UA en cuestiones relacionadas con la CPI. Además, este avance refuta los reclamos políticos que afirman que todos los Estados africanos ven a la CPI como una institución imperialista que sólo apunta a líderes africanos.
La Coalición espera que el gobierno y la gente de Seychelles aprovechen este momento histórico y co-miencen con la implementación del Estatuto en su le-gislación nacional, facilitando los acuerdos de coope-ración, dando apoyo político a la Corte y adhiriendo al Acuerdo de Privilegios e Inmunidades (APIC).
A la fecha, 31 Estados se han comprometido con el Estatuto de Roma en su lucha por lograr justicia y res-ponsabilidad sin dejar de lado sus otras obligaciones nacionales, regionales e internacionales. La voz africa-na continúa siendo la más representada dentro de los
113 Estados Parte al Estatuto de Roma.
En la cuarta visita de los Estados Partes al Norte de Uganda, un grupo local de teatro representó un ata-que del Ejército de Resistencia del Señor (ERS) en un CDI, en donde murieron 52 personas y 70 residentes resultaron heridos. La visita apuntó a crear conciencia entre los delegados estatales y de las ONGs sobre lo que sucede en el Norte de Uganda. Crédito: CCPI
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ACTUALIZACIÓNAMÉRICAS
EL 19 Y 20 DE AGOSTO DE 2010, el
Fiscal de la CPI Luis Moreno-Ocampo y el Pre-
sidente de la AEP el Embajador Christian We-
naweser realizaron una visita a Guatemala luego
de ser invitados por el propio gobierno. Esta im-
portante visita, junto a una significativa cober-
tura periodística, ayudaron a fortalecer
nuevamente las discusiones nacionales
sobre la ratificación del Estatuto de Roma
y ubicó el tema nuevamente dentro de la
agenda política del país.
Los oficiales de la CPI se reunieron con im-
portantes autoridades, entre ellos el Presi-
dente guatemalteco Colom Caballeros, el
Vicepresidente Espada, los Ministros de
Asuntos Exteriores, Defensa y Educación,
el Presidente del Congreso, el Presidente
de la Corte Constitucional, el Defensor
del Pueblo y representantes de las Nacio-
nes Unidas y de la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala.
La Coalición por la CPI guatemalteca
aprovechó esta oportunidad y organizó una dis-
cusión sobre la CPI en la Embajada de México en
la ciudad de Guatemala. El encuentro sirvió de
plataforma para que las ONGs puedan intercam-
biar puntos de vista con los oficiales de la Corte de
EL FISCAL DE LA CPI Y EL PRESIDENTE DE LA AEP VISITAN GUATEMALA Y SE SUMAN AL PEDIDO DE LA SOCIEDAD POR LA RATIFICACIÓN
COMPROMISOS DE EE.UU. PARA APOYAR LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDADA pesar de no ser un Estado Parte a la CPI, EE.UU. tuvo un rol muy activo durante la Conferencia de
Revisión (CR). El Embajador para
Crímenes de Guerra Stephen Rapp
pidió por la ratificación universal del
tratado y se comprometió a renovar
el compromiso de EE.UU. a “apoyar
el Estado de derecho y los proyectos
de capacitación para mejorar la habi-
lidad de los Estados para juzgar a los
responsables de crímenes de guerra,
lesa humanidad y genocidio”. La
delegación se comprometió también
a apoyar las iniciativas para que los
líderes del Ejército de Resistencia del
Señor enfrenten la justicia. El Asesor
Legal del Departamento de Estado
de EE.UU. Harold Koh declaró que
las enmiendas adoptadas en la CR
“protegen intereses que son vitales
para EE.UU.”. En un principio,
EE.UU. se mostró preocupado por
la definición del crimen de agresión,
pero la aceptó luego de que otros
países acordaran adjuntar una serie
de interpretaciones a la resolución.
En relación con la jurisdicción de la
CPI sobre el crimen, Koh declaró que
“ningún ciudadano de EE.UU. podrá
ser juzgado por agresión hasta que
EE.UU. no se transforme en un Es-
tado Parte(...) y, en caso de adherir,
seguiríamos teniendo la opción de
no aceptar que nuestros ciudadanos
sean juzgados por agresión”, agregó.
Teniendo en cuenta el objetivo del
Estatuto, algunos miembros de la
Coalición pensarán que medir el
éxito de Kampala a través del lente
del excepcionalismo soberano y
limitar el alcance de la Corte es un
avance desafortunado en la lucha
contra la impunidad.
SANTA LUCÍA SE UNE A LA CPIEl 18 de agosto de 2010, Santa Lucía ratificó el Tratado de la CPI. “Al ratificar el Estatuto, San-
ta Lucía se convirtió en parte de uno de los instrumentos más poderosos para la protección
de los derechos de las mujeres y el desarrollo de la justicia de género”, declaró Flavia Cherry,
Directora de la Caribbean Association For Feminist Research and Action (CAFRA) de Santa
Lucía. La sociedad civil en la isla, en especial CAFRA Santa Lucía, desempeñó un rol decisivo
en esta victoria al presionar por la ratificación, diseminar información sobre la CPI y alentar
repetidamente al gobierno a tomar los pasos necesarios para unirse a este nuevo sistema de
justicia internacional.
La región caribeña conformó una fuerza histórica en el establecimiento de la Corte. En 1989,
Trinidad y Tobago, en nombre de la Comunidad del Caribe (CARICOM), solicitó en la 44º
Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) que se considere nuevamente el estableci-
miento de una CPI. Al término de ese año y con el apoyo de un número de países, incluyendo
a todos los miembros de CARICOM, se lanzó una moción través de la AGNU, que provocó el
histórico proceso que resultó en la adopción del ER de 1998. Desde entonces, los gobiernos de
la región han sido importantes defensores de la CPI. De los miembros de la CARICOM, sólo
Bahamas, Cuba, Granada, Haití y Jamaica no son aún Estados Partes al ER; hay información
que indica que Jamaica y Granada están considerando seriamente la ratificación. “La Coalición
realmente considera que la ratificación de Santa Lucía ayudará a inclinar la balanza a favor de
la CPI en el Caribe y motivará a los restantes miembros de la CARICOM a ratificar el Estatuto”,
dijo Brigitte Suhr, Directora de Programas Regionales de la Coalición. La completa aprobación
por parte de todos los Estados de la CARICOM demostrará una vez más el gran apoyo de la
región del Caribe en la lucha contra la impunidad
La CCPI de Guatemala organizó un seminario sobre la CPI en la Embajada mexicana de la ciudad de Guatema-la en agosto de 2010. Imagen: Sandino Asturias (CGC-PI); el Presidente de la AEP Christian Wenaweser; la periodista Marielos Monzón, el Fiscal de la CPI Luis Mo-reno Ocampo y Francesca Varda (CCPI). Crédito: CCPI
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ACTUALIZACIÓNASIA
IMPORTANTES AVANCES EN Asia han generado algunos desarrollos en la es-fera de los derechos humanos y la justicia penal internacional, esto incluye campa-ñas por la ratificación e implementación de tratados internacionales, entre ellos el Estatuto de Roma (ER). Si bien la sociedad civil ha defendido arduamente la justicia en todo el continente, como los miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) en sus esfuerzos por ra-tificar e implementar el ER, Asia continua estando poco representada en la Corte Pe-nal Internacional (CPI).
En Noviembre de 2007, los Estados miem-bros de la ASEAN adoptaron su Carta. Este importante avance preparó el terreno para el establecimiento de la Comisión In-tergubernamental de Derechos Humanos y la Comisión para la Promoción y Pro-tección de los Derechos de los Niños y las Mujeres de la ASEAN en el año 2009. Ac-tualmente, se está debatiendo la adopción de una Carta sobre Derechos Humanos de la ASEAN, cuestión a la que ya se ha com-prometido la próxima presidencia.
En la Asamblea Consultiva de Acción Mundial de Parlamentarios (AMP), rea-lizada durante la Conferencia de Revi-sión, el Ministro de Justicia y Asuntos Parlamentarios de Malasia Mohamad Nazri expresó la intención de su país de ratificar el Estatuto de Roma.
En Filipinas, varias entidades del nuevo gobierno, los Departamentos de Justicia,
Asuntos Exteriores y la Comisión sobre Derechos Humanos (CDH) expresaron su posición a favor de la ratificación. Loretta Ann Rosales, ex Copresidente de la Coali-ción Filipina por la CPI y actual Presidente de la CDH, ha hecho del Estatuto de Roma una de sus principales prioridades. En ju-lio de 2010, la Senadora Miriam Santiago -líder del Comité de Asuntos Exteriores y acérrima partidaria de la CPI- presentó una resolución ante el Senado pidiendo por la ratificación. Se espera que una re-solución similar sea presentada ante la Cá-mara de Representantes.
En Tailandia, luego de la ola de violencia de mayo de 2009 que dejó 89 muertos y cientos de heridos, miembros del gobierno y ONGs están cada vez más convencidos de que la CPI es un mecanismo útil para lidiar con brotes semejantes e intentan presionar al gobierno para que considere la ratificación del tratado de Roma.
Además, recientemente el Ministro de Asuntos Exteriores de Maldivas Ahmed Shaheed expresó que su país está consi-derando la ratificación del Estatuto y que el gobierno está tomando las medidas necesarias para seguir en esa dirección. Más aún, en Afganistán, algunos grupos continúan trabajando con el gobierno para lograr la adopción de la ley de im-plementación de la CPI, en particular teniendo en cuenta el hecho de que Afga-nistán se encuentra bajo examen pre-eliminar por parte del Fiscal de la CPI.
Estos acontecimientos influyeron en la de-cisión del Presidente de la CPI el Juez Sang Hyung de planificar una visita a Asia en noviembre de 2010, lo que podría impul-sar considerablemente las continuas cam-pañas de la sociedad civil.
Por consiguiente, mientras que el proceso de ratificación nacional parece avanzar con relativa lentitud, se espera que algu-nos Estados asiáticos se unan a la CPI en un futuro cercano y logren así impulsar la ratificación y los procesos de implementa-ción dentro de la región.
EL SISTEMA DEL ESTATUTO DE ROMA Positivos avances en Asia
INDIA La CCPI fortalece la campaña de la CPILa campaña de ratificación en India fue enormemen-te revitalizada por la reciente misión a Bangalore, In-dia, del 12 al 15 de agosto de la Coordinadora de Asia de la CCPI Evelyn Balais-Serrano. Esta misión com-plementa los esfuerzos realizados por la Coalición por la CPI de India -establecida en el año 2000- para dar a conocer aún más a la CPI entre los funcionarios de gobierno, la prensa y el público general de India.
India aún no es parte del Estatuto de Roma, aunque algunos indicios parecen afirmar que ello podría su-ceder en un futuro cercano. Sin embargo, el número creciente de actividades de la Coalición de India en estos últimos años ha generado un gran interés por la CPI por parte de los parlamentarios, académicos, la prensa y la sociedad civil.
En su misión, Balais-Serrano se dirigió a cientos de profesionales que asistían al Seminario de Trabajo Social Nacional organizado por la Asociación de Trabajadores Sociales Profesionales de Karnataka y la Universidad de Bangalore. El orador Shri. H.R. Bhardwaj, gobernador de Karnataka y Ministro de Justicia de India durante la Conferencia de Roma de 1998, expresó su deseo de que los líderes indios re-vean esta posición y tomen las medidas necesarias para apoyar a la CPI y la justicia internacional.
Durante una lectura realizada en una de las insti-tuciones médicas más grandes de India, Balais-Se-rrano invitó a los presentes – trabajadores sociales, doctores, psicólogos, investigadores y psiquiatras, a analizar cuál es su rol dentro del sistema judicial en la lucha contra la impunidad en la región y en la pro-moción de la justicia global a través de la CPI.
Bhardwaj mencionó algunas de las razones de sobe-ranía y seguridad por las que India no firmó ni rati-ficó el Tratado de Roma.
MIEMBRO DEL CONSEJO DE LA COALICIÓN FILIPINA OCUPARÁ UNA POSICIÓN DE ALTO NIVEL LA EX COPRESIDENTE de la Coalición Fili-pina por la CPI (CCPIF) Loretta Ann Rosales fue recientemente designada como Presidente de la Co-misión sobre Derechos Humanos (CDH) de Filipi-nas, un órgano independiente que investiga las vio-laciones a los derechos humanos en el país. En su paso por la CCPIF, Rosales ha demostrado ser una incansable luchadora por la justicia global y la rati-ficación del Estatuto de Roma. Con su designación, Rosales podrá impulsar aún más la ratificación, uniéndose así al Secretario de Justicia y a otros organismos que ya la apoyan. Los miembros del Consejo de la CCPIF, Carlos Medina y Raul Pangalangan, fueron también nominados para ocupar posiciones de alto nivel.
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ACTUALIZACIÓNEUROPA
LA LUCHA DE 10 AÑOS de duración de
la Coalición por la Corte Penal Internacional de
Francia finalizó el 9 de agosto de 2010 cuando
el Presidente Sarkozy promulgó una ley que in-
corpora a la legislación francesa la mayoría de
los principios del Estatuto de Roma.
El nuevo proyecto de ley introduce nuevas
definiciones del crimen de guerra en el códi-
go penal, complementa ligeramente las defi-
niciones ya existentes sobre crímenes de lesa
humanidad y genocidio y establece criterios
para el ejercicio de la jurisdicción que las cor-
tes francesas tendrán sobre estos crímenes.
Aunque Francia fue uno de los primeros paí-
ses en ratificar el Estatuto en el año 2000 para
adoptar una ley sobre cooperación – incluso
antes de que la Corte Penal Internacional co-
menzara a operar en el año 2002 – las ONGs
debieron llevar a cabo una implacable campa-
ña de diez años de duración para asegurar que
la implementación se mantuviera a la vista de
quienes toman las decisiones.
El proyecto final, tal como fue adoptado en
agosto, posee algunos varios errores que la so-
ciedad civil, a través de la Coalición por la CPI
de Francia, intentó remarcar durante toda su
campaña. Aunque el proyecto le otorga ju-
risdicción extraterritorial a los tribunales
franceses sobre los crímenes que recaen bajo
la jurisdicción de la Corte, éste posee condi-
ciones excesivamente restrictivas que podrían
obstaculizar en la práctica las investigaciones
y los procedimientos nacionales de los críme-
nes de la CPI.
Por ejemplo, cualquier posible perpetrador de
crímenes internacionales puede venir a Fran-
cia sin temor a ser procesado, a menos que él
o ella establezca residencia permanente aquí.
Incluso entonces, los procesamientos podrían
ser dejados a criterio de un fiscal público, con-
dición totalmente contradictoria con la tradi-
ción legal francesa, que permite a las víctimas
iniciar acciones penales.
Más aún, el boceto de esta ley invierte curio-
samente el principio de complementariedad y
establece que, antes de emprender algún proce-
dimiento, el fiscal público deberá consultar con
la CPI para asegurar expresamente que ésta re-
mita su competencia en un caso en particular.
Por último, la jurisdicción de las cortes france-
sas sólo puede ser activada cuando los críme-
nes en cuestión sean punibles tanto en Francia
como en el país donde fueron cometidos, tam-
bién llamado principio de “doble incrimina-
ción”. Hoy en día, a pesar de haber adoptado
el proyecto de implementación, Francia no está
cumpliendo con el objetivo central del Estatu-
to de la CPI: el deber de cada Estado de ejercer
su jurisdicción sobre aquellos responsables de
cometer crímenes internacionales.
La Coalición Nacional y otras ONGs han pre-
sionado enérgicamente al gobierno francés y a
ambas cámaras del parlamento para eliminar
estos obstáculos y los crímenes contemplados
en el Estatuto de Roma puedan estén sujetos al
mismo régimen procesal que el resto crímenes
internacionales que ya están contemplados en
la jurisdicción de las cortes nacionales: tortu-
ras o actos terroristas, así como genocidios,
crímenes de lesa humanidad y crímenes de
guerra cometidos durante el conflicto de la ex
Yugoslavia y durante el genocidio de Ruanda.
Debido a estos obstáculos legales, es poco
probable que estas nuevas disposiciones ayu-
den a procesar a los autores de los más serios
crímenes internacionales en Francia. Cómo
se desarrolle está cuestión en los próximos
meses demostrará verdaderamente cuál es la
postura de Francia en la justicia penal inter-
nacional. La Coalición francesa y otras ONGs
seguirán de cerca los avances legales y judicia-
les relacionados con la aplicación de la ley y
tomarán las acciones correspondientes.
*Simon Foreman, Presidente de la Coalición por
la Corte penal Internacional de Francia (CCPIF)
FRANCIA PROMULGA EL ESPERADO PROYECTO DE LEY DE LA CPI Por Simon Foreman*
LA COALICIÓN RECIBE A MOLDAVIA COMO EL ESTADO PARTE NÚMERO 114 A LA CPIEl 12 de octubre de 2010, Moldavia depo-
sitó su instrumento de ratificación del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Inter-
nacional (CPI) en la sede de las Naciones
Unidas, convirtiéndose así en el Estado
Parte número 114. La ratificación de Mol-
davia - la tercera en la región de Europa
de Este - demuestra su compromiso con la
justicia internacional y representa un im-
portante paso hacia una completa partici-
pación de Europa en el sistema de Roma.
“La ratificación de Moldavia reafirma su
compromiso con la prevención y la lucha
contra la impunidad por los más serios
crímenes internacionales y es un nuevo
paso hacia la aceptación universal del Es-
tatuto”, declaró la Coordinadora Regional
para Europa de la CCPI Luisa Mascia. “La
Coalición quiere reconocer el trabajo de
la Coalición por la CPI de Moldavia y de
todas las partes involucradas, principal-
mente de la Unión Europea que ha pro-
movido activamente la ratificación del Es-
tatuto de Roma y la concientización sobre
la CPI en el país”, agregó.
Las organizaciones de la sociedad civil
de Moldavia y la Coalición por la CPI de
Moldavia en particular, han involucrado
a las autoridades nacionales, miembros
del parlamento, medios, estudiantes, so-
ciedad civil y al público en general para
asegurar que la CPI permanezca en la
agenda nacional.
De hecho, Moldavia firmó el Estatuto de
Roma el 8 de Septiembre de 2000, pero de-
bieron pasar 10 años para que el país pue-
da vencer sus dificultades políticas internas
y constitucionales y lograr la ratificación en
el Parlamento el 9 de septiembre de 2010.
Se espera que la ratificación de Moldavia
inspire a otros países de Europa de Este a
ratificar el Estatuto de Roma. 12 países eu-
ropeos aún restan ratificar el tratado (Ar-
menia, Azerbaiyán, Bielorrusia, la Santa
Sede, Kazajstán, Kirguistán, el Principado
de Mónaco, la Federación Rusa, Turkme-
nistán, Turquía, Ucrania y Uzbekistán).
El nuevo proyecto de ley intro-duce nuevas definiciones del crimen de guerra en el código penal, complementa ligeramen-te las definiciones ya existentes sobre crímenes de lesa humani-dad y genocidio.
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ACTUALIZACIÓNMOAN
EL 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE de
2010, miembros de la Coalición por la
Corte Penal Internacional de numero-
sos países de la región de Medio Oriente
y Norte de África (MOAN) se reunieron
en Amman, Jordania, para discutir es-
trategias para reforzar sus campañas na-
cionales y regionales para la ratificación e
implementación del Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional.
Luego de un enérgico debate, los partici-
pantes adoptaron una serie de recomen-
daciones dirigidas a las autoridades de los
Estados de la región, la CPI, el Secretaria-
do de la Coalición, miembros de la Coali-
ción, la Liga Árabe y otras organizaciones
internacionales.
“El encuentro representó una importante
oportunidad para que los miembros de la
Coalición de Medio Oriente y el Norte de
África puedan compartir sus experiencias
e información sobre la realidad de la CPI
en sus regiones y tomar los pasos necesa-
rios para incrementar el apoyo a la CPI”,
dijo Abeer Al-Khraisha, Coordinador Re-
gional por el MOAN de la Coalición.
Los participantes se mostraron preocu-
pados por la falta de acciones tangibles
en apoyo a la justicia penal internacional,
por las consecuentes fallas de los gobier-
nos a la hora de tomar los pasos necesa-
rios para la ratificación y la adhesión y
por la falta de medidas para modificar la
legislación nacional. Los miembros to-
maron conocimiento de la seriedad de las
violaciones que ocurren en la región, vio-
laciones que se expresan en impunidad,
impunidad que genera la continuación
de tales crímenes. “Apoyar a la CPI en el
MOAN se vuelve entonces crucial dado
que provee respuestas éticas y legales a
estos crímenes y porque representa los
más altos niveles internacionales”, expre-
só Brigitte Suhr, Directora de Programas
Regionales de la Coalición.
Jordania es el único miembro de MOAN
que ratificó el Estatuto de Roma de la
CPI. Las Islas Comoros y Djibouti, otros
dos miembros de la Liga Árabe, son tam-
bién Estados Partes a la CPI. Varias ONGs
les solicitaron a los gobernado-
res que tomen las medidas nece-
sarias para ratificar o adherir al
Estatuto de Roma para asegurar
que la región pueda dejar de ser
la menos representada.
Los participantes pidieron a
los gobiernos cooperar con la
Corte en relación con todos
estos casos y le solicitaron a la
Liga Árabes que desempeñe un
papel positivo en la región y les
pida a sus miembros que ratifi-
quen y adhieran al Estatuto de
Roma.
Por otro lado, las ONGs les so-
licitaron a los Estados que aprovechen el
importante trabajo realizado en la Con-
ferencia de Revisión de junio de 2010 a
través de promesas concretas que reafir-
men su compromiso con la CPI, compro-
metiéndose a ratificar y/o implementar el
Estatuto de Roma y el Acuerdo de Privi-
legios e Inmunidades de la Corte Penal
Internacional, trabajando junto a otros
Estados que necesiten ayuda técnica y
promoviendo la aceptación universal de
la Corte, entre otras sugerencias.
La Coalición cuenta con alrededor de 200
organizaciones miembro en la región del
MOAN. “La Coalición está siempre lista
a la hora de intensificar su campaña en la
región y quiere llamar a sus miembros a
intensificar sus esfuerzos para alentar a
sus gobiernos a ratificar e implementar
el Estatuto y cooperar con la Corte”, con-
cluyó Al –Khraisha.
Lea las Recomendaciones Finales del En-
cuentro Regional Estratégico del MOAN
de la Coalición en:
http://www.coalitionfortheicc.org/do-
cuments/CICC_MENA_RSM_27-28_
Sep_2010_Final_Recommendations_
(EN).pdf.
LA SOCIEDAD CIVIL DEL MOAN PIDE MÁS APOYO A LA CPI
OMDH ORGANIZÓ UN DEBATE SOBRE LA CPI EN RABAT El 10 y 11 de julio de 2010, la Organización marroquí por los Derechos Humanos (OMDH) orga-
nizó una sesión de entrenamiento de dos días de duración acerca de la Corte Penal Internacional
(CPI) en Rabat, Marruecos, en coordinación con el Centro Internacional por la Justicia Transicio-
nal y el Friedrich Ebert Stiftung.
El entrenamiento fue presenciado por miembros de ONGs de la Coalición por la CPI de Marruecos,
estudiantes, investigadores y la prensa. El objetivo de la sesión se basó en informar a los participan-
tes sobre la creación y el papel de la CPI, las actuales campañas de ratificación de Marruecos y la
región arábiga, el rol de la sociedad civil en este proceso y los desafíos políticos, constitucionales y
jurídicos para la ratificación e implementación del Estatuto de Roma en Marruecos.
En relación con los oradores, el evento contó con la Presidente de la OMDH Amina Bouayach, el
Secretario General de la OMDH Boubkeur Largou, el miembro del Consejo de la OMDH Youssef El
Bouhairi y el Coordinador Regional por el MOAN de la Coalición Abeer Al- Khraisha. En la sesión
también se proyectó la película de Skylight Pictures “The Reckoning.”
La adopción del Estatuto de Roma de la CPI es una prioridad clave de la OMDH y del trabajo de la
Coalición Nacional de Marruecos.
Abeer Al-Khraisha, Coordinadora Regional por el MOAN de la Coalición, comparte con los participantes cómo es el trabajo de la Coalición en la región en el Encuentro Estratégico del MOAN en Amman, Jordania, el 27 y 28 de septiembre de 2010. Crédito: CCPI
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REG
ION
AL
RATIFICACIÓN DE GUATEMALA (Continúa de la página 14)
forma directa, en particular sobre la labor
de la Corte y sobre las investigaciones y
procedimientos nacionales de violaciones
importantes a los derechos humanos.
Junto a El Salvador y Nicaragua, Gua-
temala es uno de los tres países latinoa-
mericanos que aún no han ratificado el
Estatuto de Roma. En los últimos años,
el proceso de ratificación guatemalteco
se ha estancado. Durante los primeros
meses del año 2006, el Comité de Asun-
tos Exteriores del Parlamento emitió
una opinión favorable en relación con la
ratificación del Estatuto de Roma y del
Acuerdo de Inmunidad Bilateral (AIB)
con los Estados Unidos.
Sin embargo, la opinión nunca fue pre-
sentada en el plenario para su discusión.
En los primeros meses del año 2010, el
Comité Parlamentario de Seguridad y
Justicia del Parlamento decidió priorizar
ocho proyectos, incluyendo uno sobre la
ratificación del Estatuto de Roma, con la
intención de aprobarlos antes de mayo de
2010. Sin embargo, a la fecha, el proyecto
del ER no ha sido incluido todavía en la
agenda oficial para su discusión.
Para que esto ocurra, uno de los presi-
dentes de los partidos representados en
el Congreso debe presentar el proyecto
para su consideración y luego debe ob-
tener la mayoría de los votos para lograr
un lugar dentro de la agenda del plena-
rio. Más aún, la firma del AIB debería ser
excluida de las discusiones, ya que la ad-
ministración del presidente Obama ha
expresado que el interés en estos proyec-
tos no es de primera importancia en su
política. La Coalición está comprometi-
da a lograr que la ratificación permanez-
ca dentro de la agenda política de Guate-
mala para que el país pueda convertirse
en parte del creciente grupo de naciones
de todo el mundo comprometido con la
justicia y la responsabilidad.
ÚLTIMAS RATIFICACIONES POR REGIÓN*
ÁFRICAEstatuto de RomaFirmas: 41 Ratificaciones: 31 Más recientes: Seychelles (10 agosto 2010)
APICFirmas: 11 Ratificaciones: 12Más recientes: Gabón (20 septiembre 2010)
AMÉRICASEstatuto de RomaFirmas: 26 Ratificaciones: 26 Más recientes: Sta. Lucía (18 agosto 2010)
APICFirmas: 16 Ratificaciones: 14Más recientes: Rep. Dominicana (10 septiembre 2009)
MEDIO ORIENTE Y NORÁFRICA
Estatuto de RomaFirmas: 12 Ratificaciones: 1 Más recientes: Jordania (11 abril 2002)
APICFirmas: 1 Ratificaciones: 0Más recientes: N/A
ASIA/PACÍFICO
Estatuto de RomaFirmas: 13 Ratificaciones: 14 Más recientes: Bangladesh (23 marzo 2010)
APICFirmas: 3 Ratificaciones: 2Más recientes: Rep. de Corea (18 octubre 2006)
EUROPA
Estatuto de RomaFirmas: 46 Ratificaciones: 42 Más recientes: Rep. de Moldavia (12 octubre 2010)
APICFirmas: 31 Ratificaciones: 36Más recientes: Georgia (10 marzo 2010)
En 2010, cuatro países de diferentes regiones ratificaron el Estatuto de Roma: África, América, Asia y Europa. Apoyar la ratificación del Estatu-
to de Roma es un objetivo fundamental para lograr que la CPI sea verdaderamente global y universal. La Coalición trabaja activamente junto
a sus miembros de todo el mundo para alentar las iniciativas de los gobiernos, parlamentarios y la prensa con el fin de asegurar la aceptación
universal de la CPI. Para obtener más información visite: http://www.coalitionfortheicc.org/?mod=ratimp
* La cantidad de firmantes incluye las firmas de Israel, Sudán y los Estados Unidos. Sin embargo, estos tres Estados presentaron notas formales al CSNU “anu-lando” sus firmas. Para obtener más información, visite la Colección de Tratados de la ONU en http://treaties.un.org/
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Gabón—El 22 de septiembre de 2010, Gabón depositó su instrumen-
to de adhesión al Acuerdo de Privilegios e Inmunidades de la Corte
(APIC). Este importante avance ocurrió al mismo tiempo que la Ce-
remonia de Tratados de 2010 de la ONU, que incluyó al Estatuto de
Roma y al APIC como tratados oficiales destacados.
República Democrática del Congo—La Coalición Nacional por la
CPI en la República Democrática del Congo (CN–CPI) lanzó una
campaña de concientización de tres años de duración titulada “ Un
Jour à l’ Ecole de la CPI”. La campaña se inspiró en las resoluciones
aprobadas en la Conferencia de Revisión de 2010 sobre los principios
de complementariedad, cooperación, paz y justicia y la participación
y los derechos de las víctimas en el sistema del Estatuto de Roma y está
dirigida a las víctimas, comunidades afectadas, autoridades milita-
res, la sociedad civil, entre otros.
ÁFRICA RE
GIO
NA
L
Suiza—El 18 de junio de 2010, el gobierno de Suiza aprobó un proyecto
que les dio a las cortes suizas jurisdicción sobre crímenes de lesa huma-
nidad por primera vez. Más aún, se amplió la definición de genocidio
que ahora incluye los actos cometidos contra miembros de un grupo
‘social o político’ (además de grupos nacionales, raciales, religiosos o
étnicos), y se detallaron aún más los actos que constituyen crímenes de
guerra. En síntesis, el proyecto asegura jurisdicción universal en genoci-
dios, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
EUROPA
Egipto—El 5 de julio de 2010, el Centro Árabe por la Independencia
del Poder Judicial y los Profesionales del Derecho (CAIPJPD) emitió
un comunicado de prensa conmemorando el Día Mundial de la Jus-
ticia Internacional. CAIPJPD pidió a los gobiernos árabes tomar me-
didas efectivas para unirse a la CPI y solicitó a la Liga Árabe que inste
a sus miembros a ratificar el Estatuto de Roma. También solicitó a los
miembros de la Coalición Árabe por la CPI que ubiquen a la CPI como
prioridad en sus agendas.
Medio Oriente/África del Norte
El 17 de julio de 2010, la Coalición se reunió para ce-lebrar el Día Mundial por la Justicia Internacional en conmemoración del aniversario de la adopción del Estatuto de Roma. Defensores y activistas de la jus-ticia penal internacional de todo el mundo se solida-rizaron con las víctimas de los crímenes más atroces. Algunos miembros emitieron comunicados de prensa y organizaron diversas actividades: encuentros con funcionarios de gobierno y parlamentarios, sesiones informativas para periodistas, víctimas, civiles, líderes religiosos, etc, encuentros por la paz y la justicia, entre otros. En la imagen: Demostración pública organizada por la Coalición por la CPI de Moldavia en Chisinau. Crédito: CCPI de Moldavia
México—Del 30 de junio al 3 de julio de 2010, el Ministro mexicano de
Asuntos Exteriores (MAE) ofició de anfitrión de la “Conferencia Inter-
nacional de Comités Nacionales sobre el Derecho Humanitario Interna-
cional en Latinoamérica y el Caribe”, que reunió tanto a Comités de DHI
de la región como a representantes de la OEA, ICRC, de la Coalición y a
miembros de la comunidad diplomática y académica. Las delegaciones
discutieron acerca de los recientes avances en relación con la ratificación
y la implementación de tratados de DHI en la región y examinaron los
resultados de la Conferencia de Revisión de la CPI.
El Salvador—Los días 5 y 7 de septiembre de 2010, una delegación de
parlamentarios de diferentes partidos políticos de El Salvador organi-
zada por Acción Mundial de Parlamentarios y encabezada por Sigfrido
Reyes (FMLN), realizó una visita oficial a La Haya para reunirse con
oficiales de la CPI, parlamentarios holandeses, el Ministro de Asuntos
Exteriores holandés y la prensa. Allí discutieron acerca del trabajo de la
Corte y la posibilidad de una futura ratificación del Estatuto de Roma
por parte de El Salvador.
AMÉRICAS
Maldivas—El Ministro del Exterior, Dr. Ahmed Shaheed, declaró re-
cientemente en una entrevista que el gobierno está tomando todas las
medidas necesarias para acceder al Estatuto de Roma.
Tailandia—La sociedad civil sigue aumentando su apoyo a la ratifi-
cación del Estatuto de Roma por parte del gobierno. Miembros del go-
bierno y ONGs han comenzado a considerar a la Corte como un posi-
ble mecanismo capaz de lidiar con cualquier tipo de brote de violencia
en el futuro, como el episodio de mayo de 2009 que dejó 89 muertos y
cientos de heridos.
ASIA
ELECCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVOLa Coalición ha decidido expandir su Comité Ejecutivo por se-
gunda vez con el objetivo de lograr un grupo aún más sólido de
expertos nacionales y regionales. Junto al actual Comité Ejecutivo
y sus miembros, el Secretariado ha iniciado un proceso de aplica-
ción para miembros del MOAN, Europa del Este y Latinoamérica.
La Coalición espera seleccionar nuevos miembros en el mes de di-
ciembre. Para obtener más información, visite el sitio de Internet
de la Coalición: http://coalitionfortheicc.org/?mod=steering
DESARROLLOSREGIONALES
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LA PRIMERA CONFERENCIA DE REVISIÓN se llevó a cabo en Kampala, Uganda, del 31 de mayo al 11 de junio de 2010. Esta histórica Conferencia brindó una oportunidad única a todos los Estados y ONGs para reflexionar sobre el espíritu del Es-tatuto de Roma y su impacto hasta el momento en el emergente sistema de justicia penal internacional. Representó también una oportunidad para que los Estados aprovechen este momento histórico generado por la Conferencia para demostrar su compromiso con la lucha mundial contra la impunidad a través de la realización de compromisos concretos.
36 Estados y la UE asumieron 110 compromisos sobre distintas cuestiones cruciales al funcionamiento de la Corte: universalidad, cooperación, complementariedad, paz y justicia y el impacto del ER sobre las víctimas y las comunidades afectadas. La Coa-lición ha lanzado una campaña para comprometer constructivamente a los gobiernos a cumplir con los compromisos y para alentar a más Estados a asumir compromisos similares. La implementación de estos compromisos ayudará a consolidar la lucha contra la impunidad y a asegurar un impacto positivo en el sistema de justicia penal internacional. Si su país aún no asumió ningún compromiso, por favor, aliente a sus funcionarios a asistir al próximo encuentro de la Asamblea de Estados Partes (en diciembre en Nueva York) con un compromiso concreto.
Las posibles acciones de las ONGs pueden incluir:
• ReunionesconelMinistrodeAsuntosExterioresdesupaísyconcualquierotraen-tidad gubernamental relevante, como los Comités de Derecho Humanitario Interna-cional, para conocer sus planes en relación a la implementación de sus compromisos y ofrecer toda la experiencia de su organización;
• Escribir una carta a su líder de Estado y funcionarios gubernamentales paraagradecerles sus compromisos y alentarlos a realizar su implementación;
• Informaralosmediossobreloscompromisosdesugobiernoparacrearconcien-cia e involucrar al gobierno en el cumplimiento de los mismos.
Podrá encontrar la lista completa de compromisos por región en la página de Internet de la Coalición en http://www.coalitionfortheicc.org/documents/CICC_member_action_plan_on_pledges_following_the_Review_Conference.pdf
Por favor, comparta con nosotros cualquier acción que emprenda en relación con esta cuestión enviando un correo a [email protected]
COMPROMISOS DE LOS ESTADOS EN LA CONFERENCIA DE REVISIÓN Se precisan acciones de las ONGs para respetar los compromisos de Kampala
COALICIÓN POR LA CORTE PENAL INTERNACIONALwww.coalitionfortheicc.org
All images © 2010 CICC unless otherwise noted. Clockwise from top-right: CICC Convenor William R. Pace and former UN Secretary General, H.E Kofi Annan at Coalition event; “War Victims Day Football Game” organized by Uganda Victims Foundation, Africa Youth Initiative Network and No Peace Without Justice; Official opening of People’s Space by UN Secretary General Ban Ki-moon; ICTJ President, David Tolbert and Oby Nwankwo, Executive Director of Civil Resource Development and Documenta-tion Centre at Coalition media briefing; Aerial view of the opening of the Review Conference (© 2010 ICC Review Conference).
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