El comercio informal en países de
América Latina
Pablo Lasso : [email protected] (Resumió/ reestructuró)
Reporte de investigación Academia Consumidor/Investigación de Mercados. ITESO
Hace dos años tomamos la decisión, en nuestro departamento, de establecer un Programa Formal de
Investigación que regulase las líneas en que queríamos profundizar. Ofrecemos, con este artículo, los
primeros resultados del esfuerzo de alumnos y maestros que hicieron posible este trabajo. El reporte de
investigación, realizado por Víctor Márquez, tiene 120 pp y 6 capítulos. Presentamos un resumen
reestructurado del capítulo 2 al nivel de investigación existente en junio 1999. La importancia de este tema,
según afirmó un reportero en la radio (20 enero 2000, Estereo Rey, segundo noticiero de "Para Empezar"
conducido por Maria Elena Cantú), radica en que el 40% del PIB mexicano lo aporta el comercio informal (en
todas sus categorías) e involucra a 12 millones de mexicanos. La población activa en la economía formal
somos 10 millones. De ellos los que ganan menos de tres salarios mínimos no pagan impuestos.
1.- América Latina: Los informales trabajan más pero ganan menos
Los trabajadores informales en América Latina, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
trabajan un promedio entre 10 y 15% más que los del sector formal lo que aumenta la desigualdad en la
distribución del ingreso.
“Soy una madre que ha subido a interrumpir tu viaje en este vehículo para llevar un pan para mis hijos. No me
des la espalda, ni me mires con desprecio cuando pase a ofrecerte estos caramelos de menta a 20 céntimos”.
Micaela, una limeña de 32 años, tiene tres hijos, su esposo es obrero de la construcción y durante largas
temporadas está sin empleo. Vende caramelos en el servicio de transporte, obtiene un promedio de 58
dólares al mes, representa un caso extremo de trabajo informal: trabaja por cuenta propia, ocupación que con
algunos matices se repite en diversos países de América Latina y el Caribe. Los ingresos precarios son una
de las características del empleo informal.
De acuerdo a diversos estudios, las remuneraciones percibidas por este sector son menos del 50% de las que
obtienen los obreros y empleados formales, quienes además trabajan menos horas.
En promedio, los informales de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá y Perú trabajan
entre 10 y 15% más horas que sus colegas de la actividad formal, señala el informe anual del organismo
internacional. Según el documento, ello afecta la equidad –al aumentar la desigualdad en la distribución del
ingreso, atenta contra la calidad de vida de los informales en comparación al resto de ocupados y los obliga a
la adopción de estrategias de sobrevivencia-. Esas estrategias se traducen en la incorporación de más
mujeres en trabajos precarios y en el acceso prematuro de los jóvenes al mercado laboral, indica la OIT.
El aumento de la informalidad reduce la productividad media nacional al concentrarse en actividades de bajo
rendimiento. Sin embargo contribuye a aliviar la pobreza ya que aumenta la tasa de ocupación en los hogares
pobres y representa la mayor fuente de empleo de la región: el 56 por ciento de los ocupados
latinoamericanos pertenece a este sector. Su crecimiento es meteórico: 84 de cada cien nuevos empleos,
creados en América Latina desde 1990, corresponden al sector informal. Eso confirma la tendencia de la
década, de que los empleos de mala calidad son los que más crecen.
De acuerdo al estudio de la OIT, la fuente de empleo informal que más ha crecido en la región es la
microempresa, que en la actualidad representa 22.5% del empleo total, frente al 20.2% al comenzar la
década. Las microempresas informales han crecido en la mayoría de los países de la región: Argentina,
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Honduras, México, Perú y Venezuela.
Otro sector que aumenta es el de los trabajadores informales por cuenta propia, especialmente en Paraguay y
Uruguay. Actualmente representa el 26.5% del total de ocupados de la región, dos puntos porcentuales más
que en 1990.
El servicio doméstico experimentó un incremento, básicamente en Brasil y Panamá y, ahora concentra 7.1%
del total de ocupados, contra 6.7% en 1990.
En promedio, el empleo informal creció a un ritmo de 4.5% anual en los últimos seis años. Venezuela ocupa el
primer lugar con 8% al mismo tiempo que tiene una contracción de los salarios industrial y mínimo. En
Panamá y Paraguay también ha habido un crecimiento importante en el sector de 7.7 y 7.2%
respectivamente. Otros países de crecimiento significativo han sido Bolivia (6.4%), Honduras (5.9%), Ecuador
(5.4%) y Costa Rica (5.1%).
Los países con menor aumento del sector informal fueron Colombia (3.8%), Argentina (3.4%) y Uruguay
(2.3%). Para la OIT, en Brasil, Panamá y Paraguay el aumento de la informalidad se debió especialmente a la
expansión del empleo en los estratos de más baja productividad de la estructura ocupacional, lo que explica el
crecimiento de los trabajadores informales por cuenta propia y del servicio doméstico.
Venezuela: Líderes en la Economía Informal
La crisis económica del país sigue como si nada y las modalidades de la supervivencia se consolidan como
posibilidades de estrategia de la vida real para no quedarse en el camino. El sector informal de la economía
aumenta gradualmente llegando casi al 60% de la población y está generando una situación anárquica, sin
control, de grandes proporciones en las principales ciudades del país. Frente al desempleo, el aumento de los
precios de los alimentos y la escasez de vivienda, se dispara esa actividad especialmente en las calles del
centro de la ciudad donde hay vendedores de todo tipo.
Solamente en Caracas se estima unas 50,000 personas que se desempeñan en ella y unos dos millones en
todo el país. El sector informal, el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa y la creación de empleo
en los países del Caribe.
Aunque el sector informal funciona fuera del marco legal formal y de las instituciones económicas, es una
parte integral de las economías del Caribe debido a su absorción de grandes números de desempleados y a
los bienes y servicios que proporciona. En los últimos años, ha habido un creciente esfuerzo por parte de los
gobiernos de los países del Caribe por fortalecer sus economías y estimular el crecimiento y desarrollo
económico a la luz de las recientes tendencias hacia la globalización y la creciente competencia en el
mercado internacional. Además, ciertos acontecimientos que tienen o tendrán un impacto significativo sobre la
región del Caribe, tales como: el movimiento hacia una economía de único mercado, el fin del Régimen
Bananero (particularmente en los países del Caribe Oriental), y los avances hacia el Area de Libre Comercio
de las Américas (ALCA) tienen el potencial de ser transformados en oportunidades para la región si se
aprovechan de manera adecuada.
Las PYMES han sido consideradas elementos conductores de un desarrollo económico y social en los años
90. El sector posee un gran potencial de crear y expandir las oportunidades de empleo, disminuir la tasa de
desempleo, facilitar el desarrollo de habilidades en el campo empresarial, garantizar la expansión de las
oportunidades de mercado, utilizar materia prima nacional (así como también reciclar materiales utilizados),
promover empresas con un uso intensivo de mano de obra, fortalecer la promoción de exportaciones y la
sustitución de importaciones. En tal sentido, su desarrollo creciente contribuirá, eventualmente, a la
diversificación de la economía (expansión de la base económica), a combatir varios males sociales como las
actividades ilícitas asociadas al comercio de drogas y, en general, a promover el crecimiento global de la
economía de la región.
La canalización de las actividades del sector informal implica la transformación de unidades de ese sector en
micros, pequeñas y medianas empresas del sector formal. Esto permitiría que el sector informal respondiera,
de una forma más efectiva, a las oportunidades que surjan del proceso de desarrollo en el que participe
activamente en la actualidad.
Cualquier intento por lograr esto, necesariamente implicaría, no sólo superar las limitaciones que existen para
la expansión dentro del sector informal tales como bajos ingresos, falta de acceso a los recursos, créditos y
capacitación, acceso limitado a los mercados y un ambiente político hostil, sino también las razones por las
que muchos participantes deciden operar en este sector. Sin embargo, en la visión predominante del
desarrollo económico, la integración gradual del sector informal al sector formal fortalecería a éste último y, en
vista de que sus trabajadores obtendrían mayor productividad e ingresos más elevados, mejoraría la
prosperidad económica y la calidad de vida en general.
La economía informal en Brasil
No hay un censo que posibilite evaluar su importancia actual para el Estado. Sin embargo, cálculos
estimativos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) indican que cerca de 500 mil personas se
vinculan a actividades informales en Minas. Se supone que en todo el país este número esté alrededor de 8.5
millones.
En Minas, donde una diversidad de actividades está sobresaliendo en los últimos años, como las
confecciones de ropa y zapatos, muchas otras se llevan a cabo en el mismo hogar, la artesanía ha adquirido
especial relevancia. La artesanía tradicional de cada región revela un poco de su historia.
Guatemala: ¿economía informal: un mal o un síntoma?
Los recursos de Guatemala son limitados. El problema es complejo, no se puede simplemente argumentar
que si se canalizan adecuadamente los recursos del Estado, con miras a la aplicación de la ley pero sin
simplificar el sistema legal, se erradicará el mercado informal.
Bajo este incorrecto entendimiento del problema los políticos argumentan que el Estado necesita recaudar
más impuestos para contar con los recursos necesarios para la aplicación de la ley. Asimismo, argumentan
que el gobierno no puede resolver los problemas nacionales porque no se cumple con las leyes tributarias y
no se pagan impuestos. Sin embargo, es incoherente afirmar que la economía informal se puede erradicar
incrementando los impuestos. El problema de la economía informal no sólo radica en la falta de aplicación de
las leyes, sino en la complejidad de las mismas leyes vigentes.
Mientras más difícil es para una persona cumplir con el sistema jurídico, más estará tentada a quedarse al
margen de la ley. Para muchos guatemaltecos tomar ese riesgo es más atractivo que formalizar sus
actividades comerciales.
Existen dos problemas principales en el sistema jurídico guatemalteco: el primero es la falta de accesibilidad a
los órganos administrativos, el segundo es la complejidad de nuestra legislación y la dificultad de interpretarla
y aplicarla sin la ayuda de servicios caros y, para la mayoría de la población, inaccesibles.
¿Cómo erradicar la economía informal? ¿Simplificando el sistema jurídico y haciéndolo accesible y
comprensible para toda la población? . Si analizamos superficialmente el problema de la economía informal,
podemos llegar a la incompleta conclusión que ésta existe debido a un estado de derecho permisivo en el que
no se aplica la ley y, como consecuencia, tampoco se castiga a los informales. Por lo tanto, se llega a
conclusiones (y soluciones) ineficaces que no atacan el problema de fondo.
2.- El caso de México
2.1. - Datos Históricos del Comercio Informal en México
El origen del tianguis en México, entendido como mercado ambulante, se remonta a la época precolombina,
su descripción la encontramos en forma detallada en el relato que hace Bernal Díaz del Castillo en su crónica
de la Conquista de la Nueva España. Allí se relata que el mercado más importante del imperio Azteca era el
tianguis de Tlatelolco donde se vendía una gran variedad de mercancías: animales salvajes, aves, pieles,
alimentos, fruta, verduras y medicinas, entre otros.
Cuando los españoles llegaron a México encontraron a los indígenas ya organizados para el comercio.
Llevaban sus productos a los grandes mercados ambulantes llamados tianguis (término que se sigue
utilizando actualmente) donde vendían, compraban o intercambiaban productos. Estos mercados estaban
controlados por autoridades al servicio del emperador Moctezuma que supervisaban que cantidades y precios
fueran las que se habían fijado para cada mercancía. Los comerciantes pagaban un tributo al emperador que
podía ser en especie o en “dinero” (cacao y plumas rellenas con polvo de oro). Esta costumbre quedó muy
arraigada en la Nueva España, ya que durante los tres siglos de la colonia fueron autorizados estos mercados
ambulantes por el gobierno virreinal. Se establecían en zonas de mayor afluencia de personas como lo eran
los centros de las principales ciudades de la Nueva España.
Los vendedores eran, en su mayor parte, los productores de la mercancía que se vendía. Los productos
provenían de la agricultura, pescado y carne de diferentes animales. Se caracterizaban por ser recién
cosechados o frescos.
Si se trataba de manufacturas el que las comercializaba generalmente era el artesano o el artista que se
encontraba fabricando sus productos a la vista del público.
Aún en nuestros días, como parte del folklore que acontece en los tianguis y mercados de nuestro país, se
conserva un gran colorido: artesanías, alimentos, aves... se mezclan en un desorden ordenado.
En la actualidad el comercio informal y los vendedores ambulantes constituyen un problema socio –
económico característico de los países pobres con alto índice de desempleo.
Antes de la gran depresión de 1929, que causó desastres en los Estados Unidos de América y también afectó
a México, al vendedor ambulante se le trataba con simpatía, era esperado por los clientes para adquirir su
mercancía o servicio sin necesidad de acudir a los mercados. Subsisten aún algunas reminiscencias de este
pasado, carritos de paletas, afiladores de cuchillos, vendedores de fruta.... Han desaparecido los vendedores
de leche de burra, los soldadores de baldes etc. En algunas ferias con juegos mecánicos se ven todavía los
vendedores de pirulís, gallitos de dulce rojos y verde, manzanas y tejocotes cubiertos de caramelo.
En nuestros días se ha agudizado el problema de que el comercio informal no paga impuestos, al grado de
que las autoridades municipales lo han estudiado, reglamentado y tratan de controlarlo ante la imposibilidad
de acabar con él.
2.2. - Datos Históricos del Comercio Informal en Guadalajara
Antes de que existieran los tianguis, los comerciantes informales estaban organizados como un grupo de
personas que se dedicaban a la venta de productos diversos. El primer baratillo data del siglo XVI, se instaló
en lo que es hoy la Plaza de Armas. Después lo cambiaron a los portales, y de ahí a la plazuela de la
Universidad, en donde duraron mucho tiempo con el permiso de Don José de la Cruz gobernador militar de la
plaza en aquel tiempo.
Hay documentos que se refieren al baratillo en el año de 1570. Posteriormente en 1780, los comerciantes del
baratillo mandaron un oficio al Ayuntamiento para que les permitieran vender en los portales de Guadalajara.
Antes de ubicarse en los portales de la ciudad, el baratillo tuvo como sede temporal lo que hoy es la Plaza de
Armas.
Durante los primeros años del siglo XIX surgió el rumor que en el baratillo se vendían mercancías robadas. En
1821 el gobernador de la plaza dirigió un oficio a los comerciantes diciéndoles que iba a inspeccionar sus
bienes, por las quejas recibidas, sin embargo todo se quedó en el oficio porque llegó la guerra de
independencia y el gobernador tuvo que huir.
Actualmente el baratillo se instala en la calle 36, y siempre se ha considerado un tianguis especial por la gran
variedad de productos que en él se pueden encontrar, solo hasta fechas recientes podría decirse que el único
tipo de producto, que se ha dejado de vender, son las armas antiguas. Los coleccionistas protestaron, porque
ahí rescataban rifles y pistolas dignas de una colección fabulosa, hasta armas de la época de la
independencia.
Parece ser que la forma actual de los Tianguis comenzó en 1957 con un mercado sobre ruedas en el Parque
Agua Azul, ubicado frente a la Estación.
El tianguis del Sol tuvo sus inicios en la glorieta Chapalita de ahí pasó a las calles de Sta. Teresa y
Guadalupe, mas adelante en el Zapote, después, detrás de Gigante Tepeyac y finalmente reubicándolo en Av.
Copérnico en el cruce con Av. Moctezuma y Av. Tepeyac .
DEFINICION Y CARACTERIZACION DE LAS FERIAS LIBRES, AUTOSERVICIOS Y COMERCIO AMBULATORIO EN LAS ZONAS URBANAS
2.1 Problemática2.2 Características de las Ferias Libres, Comercio Ambulatorio y Autoservicios en América Latina
2.2.1 Ferias libres2.2.2 Comercio ambulatorio2.2.3 Autoservicios
2.1 ProblemáticaEn América Latina, los grandes centros urbanos han venido creciendo a un ritmo acelerado y en muchos casos sin la adecuada planificación y en forma desorganizada. En algunas grandes ciudades se pueden observar significativos niveles críticos de desorden urbano, que aunado a las desigualdades inherentes a los modelos de desarrollo, se traducen en una creciente marginalización económica y social de una considerable proporción de la población. En tales circunstancias, la presión demográfica y migración rural-urbana ha originado la formación de asentamientos humanos informales en las zonas periféricas de las ciudades, que en una considerable proporción carecen de una adecuada infraestructura de servicios básicos (agua potable, desagüe, electricidad, alumbrado público, vías de tránsito vehicular y veredas) y equipamiento. Además éstas zonas marginales son generalmente deficitarias en adecuada infraestructura de comercialización de alimentos.
Por lo tanto como una alternativa viable en muchas grandes ciudades latinoamericanas se puede observar que se han generado un considerable número de mercados informales callejeros que ofrecen sus productos a precios razonables para el consumidor. Por otro lado, la presión demográfica en las áreas centrales de las metrópolis originan también la formación de tugurios, basado en un uso intensivo de los inmuebles por sobredensificación. Lo cual, trae como consecuencia el deterioro acelerado de los inmuebles y servicios públicos (incluyendo mercados de alimentos) ocasionado por su uso tan intensivo, así como por el incremento de la población y el desdoblamiento familiar.
Paralelamente, una razón importante para la formación de ferias libres y del comercio informal ambulatorio callejero en las zonas urbanas se encuentra en el desequilibrio entre las oportunidades de trabajo y las condiciones salariales en las zonas rurales y urbanas. Esta población migrante, en su mayor parte está constituida por personas de bajo nivel académico, poco calificada para las actividades laborales formales y que no podrían encontrar trabajo en el sector formal sin una adecuada capacitación previa. Esto ha limitado el tipo de actividades que estos trabajadores migrantes puedan realizar y enfrentados a la necesidad de sobrevivir, se han visto obligados a desempeñar cualquier actividad para percibir un ingreso. Es así que éste excedente de mano de obra en las grandes ciudades fue desarrollando una economía paralela más conocida como el sector informal. Entendiéndose por sector informal a aquella parte de la economía conformada por pequeñas microempresas generalmente no registradas oficialmente y que no están sujetas a la legislación laboral y tributaria, en el cual sus procesos productivos y comerciales se encuentran al margen de un control efectivo por parte del Estado. El sector informal se caracteriza por su acceso fácil para los recién llegados, las empresas o comercios son de propiedad familiar y operan en pequeña escala. Además el desarrollo y expansión del sector informal en la venta minorista de alimentos en América Latina se puede explicar en que en la década de los ochenta y noventa las políticas de ajuste económico, las crisis de la deuda externa y las elevadas inflaciones con recesión produjeron una gran presión social y económica. En estas circunstancias la economía informal viene desempeñando una positiva función amortiguadora de la crisis económica absorbiendo el impacto social de los programas de estabilización que se vienen aplicando en América Latina. Es así que los estratos de la población menos favorecidos encuentran
en el sector informal un refugio para sobrevivir en tiempos difíciles constituyéndose así en una alternativa viable en el mercado de trabajo.
En el caso de ferias libres en particular en ciudades como Santiago de Chile y San Pablo sus orígenes y objetivos para su formación, fueron los de servir al productor campesino a obtener un canal de venta minorista directo, proporcionando alimentos de bajo precio y de aceptable calidad al consumidor y por lo tanto eliminando a los agentes intermediarios y los impuestos. Con el transcurso del tiempo, el comercio de productos alimenticios entre productores y consumidores ha disminuido notablemente en las ferias libres y se han incrementado considerablemente el nuevo tipo de comerciante minorista (detallista). El cual se abastece de mercadería en los mercados mayoristas o terminales pesqueros.
Los diversos sistemas de distribución urbana de alimentos y en particular de pescado se han generado en distintos momentos en países de América Latina. En algunos casos, la iniciativa para su formación y desarrollo estuvo a cargo de una parte de la población económicamente activa que buscaba una alternativa de trabajo y una remuneración adecuada, en otros, fueron organismos del Estado los que los diseñaron e impulsaron su puesta en funcionamiento.
2.2 Características de las Ferias Libres, Comercio Ambulatorio y Autoservicios en América Latina2.2.1 Ferias libres
El comercio de las ferias libres está generalmente reglamentado por cada gobierno municipal, los cuales poseen cierta autonomía para adecuar las normas que reglamentan el comercio que se realiza en la vía pública de acuerdo a las políticas de los municipios. Existen mecanismos de regulación y sanción de las ferias, estipuladas a través de ordenanzas municipales y el otorgamiento de licencias o patentes a los comerciantes feriantes. Además está reglamentado el horario y días de funcionamiento de las ferias, así como las calles, plazas y demás lugares habilitados para el comercio callejero; así como el recojo de la basura y limpieza en forma diaria.
En general, las ferias libres están distribuidas en las zonas urbanas en forma heterogénea. la localización de las ferias libres en los diversos municipios (comunas) de las ciudades, involucra el trabajo coordinado de las autoridades municipales, las organizaciones que agrupan a los feriantes y en algunos casos a las juntas de vecinos. Generalmente las ferias se localizan en vías con una mayor accesibilidad y a fin de maximizar el área de influencia de la feria y asegurar su buen funcionamiento. Existen indicaciones que el radio de influencia de las ferias libres está directamente relacionado con las distancias que los consumidores potenciales estarían dispuestos a recorrer a pie. Se ha estimado que la mayoría de los consumidores potenciales se sitúan en un radio aproximado de 500 m.
Las ventajas que las ferias libres ofrecen a los consumidores son en general el vender barato, trabajar con bajos costos operativos y ofrecer una gran variedad de alimentos y otros productos de uso personal y doméstico. En vista que los feriantes en su mayoría
operan con inventarios pequeños de productos alimenticios perecibles (con inventario para 1 a 2 días) el consumidor considera que las mercadería ofrecida en ferias es más fresca. En general, las ferias libres representan una tradición en el comercio minorista de alimentos en América Latina, donde los feriantes se instalan en las calles agrupados de acuerdo a su rubro comercial. Las ferias libres comercializan preferentemente verduras, frutas y legumbres y le siguen en orden de importancia pescados y mariscos, abarrotes, carnes, ropa en general, comida preparada y refrescos tradicionales.
2.2.2 Comercio ambulatorio
El comercio ambulatorio minorista en América Latina se puede definir como la actividad de económica en pequeña escala que trabaja con pocos productos del mismo rubro y que se desarrolla en campos feriales, locales informales o en la vía pública, comercializando productos naturales y/o industrializados y productos preparados.
Generalmente, el comercio ambulatorio minorista se localiza en el centro de la ciudades, en los alrededores de mercados de abastos formales, en las paradas de ómnibuses, metros, semáforos y las zonas periféricas de las ciudades (asentamientos humanos marginales). Este comercio informal puede encontrarse en su forma más simple en el vendedor itinerante o con estructuras de comercialización móviles, y semi-fijas ubicadas directamente en las veredas y/o calzadas vehiculares.
Este comercio informal callejero se ha expandido en forma impresionante en algunas países latinoamericanos aparentemente debido a la imposibilidad de un gran sector de la población económicamente activa de conseguir empleo adecuado en el sector moderno formal, lo que los ha obligado a generarse un autoempleo precario. Además en algunos casos el comercio ambulatorio minorista ha tenido un desarrollo vigoroso y desordenado pero marginado debido a los altos costos en tiempo y dinero requeridos para obtener el acceso y la permanencia en el sector formal de la economía.
Las ventajas que ofrece el comercio ambulatorio minorista son:
costos fijos de comercialización relativamente bajos costos operativos bajos gran exhibición y diversidad de productos (en caso de concentración de
vendedores) productos y servicios adaptados a las necesidades y hábitos específicos del
consumidor potencial productos alimenticios de probada aceptación popular y con una relación calidad-
precio competitiva con el sector formal fijación de precios según la oferta y demanda y en general con precios más
atractivos que en el sector formal ubicación privilegiada de sus puestos de venta sistemas baratos de promoción de sus productos y búsqueda activa de clientes.
2.2.3 Autoservicios
Dentro de ésta modalidad de comercio minorista, se puede mencionar a los "sacolões" como los más representativos.
Los "sacolões" (verdulerías) a pesar de ser una modalidad de comercio relativamente nueva, éste específico comercio minorista ha venido creciendo en clientela y ofreciendo
una competencia notable a las ferias libres tradicionales, supermercados y puestos de venta de barrio. Los "sacolões" se originan en el Brasil y son comercios especializados en productos agrícolas (verduras, frutas y legumbres), que operan con un precio único por kg para los productos de estación y los mismos consumidores son quienes seleccionan y se abastecen.
En general, estos establecimientos se caracterizan por contar en la recepción con un sistema de distribución al cliente de sacos plásticos para recolectar la mercadería deseada y en la salida están instaladas balanzas y cajas registradoras. Los "sacolões" ofrecen además otros productos como pescados y mariscos, carnes comida preparada y artículos de tocador a través de puestos de venta especializados.
La economía informal en América Latina
por Enrique Ghersi
Enrique Ghersi es escritor y abogado peruano, coautor con Hernando de Soto de "El Otro Sendero", y
ex-diputado del congreso peruano. Este ensayo aparece en inglés en el "Cato Journal", vol. 7, no. 1.
El escritor peruano José María Arguedas dijo en una ocasión que los pueblos latinoamericanos éramos
unas culturas antiguas, unos pueblos antiguos con historia, con pasado, y con características indelebles.
Yo diría que entre esas características, tal vez una de las más notables sea aquella por la cual, nuestros
paises, de tiempo en tiempo, se convulsionan de revolución a revolución.
En el Perú contemporáneo, de hecho, ha habido dos revoluciones muy significativas. Una fallida, que
fue la revolución que trató de llevar a cabo el Sendero Luminoso, el grupo guerrillero maoísta que se
insubordina en 1980; y otra exitosa, la revolución de los empresarios populares, llamados generalmente
empresarios informales, que trabajan al margen de la ley en las ciudades del país.
De manera que, si tuvieramos que resumir en un concepto la historia de los últimos 15 años en el Perú,
yo diría que es la historia de esas dos revoluciones: la historia de la revolución comunista del Sendero
Luminoso y la historia de la revolución informal de los empresarios populares; la historia de una
revolución que fue un fracaso, militar y político, y la historia de una revolución que ha terminado siendo
uno de los éxitos más impresionantes de la historia contemporánea.
La economía informal
Muchas veces hemos leído acerca de las actividades subterráneas de la economía informal.
Conceptualmente podemos proveer una definición muy simple de este fenómeno. Las actividades que
componen la economía informal son aquellas actividades que teniendo fines lícitos se basan en medios
ilícitos para llevarse a cabo. Es decir, son actividades que no tienen intrinsicamente un contenido
criminal, pero que, a pesar de ser actividades finalmente lícitas y convenientes, deseables en un país,
tienen que servirse de medios ilícitos para llevarse a cabo. La característica económica más notable de
las actividades informales es que tanto la gente directamente involucrada en ellas como la sociedad en
general se encuentran mejor si la ley es violada que si es seguida al pie de la letra.
Sirva para aclarar ese concepto el ejemplo (que trataremos a fondo más adelante) de los vendedores
ambulantes de origen callejero que pueblan las ciudades de América Latina. En ciudades como México,
D.F., Sao Paulo, y Lima, que se encuentran entre las cuidades más pobladas y de mayor densidad del
mundo, una característica fundamental es la existencia de miles de vendedores ambulantes.
El vendedor ambulante es, en primer lugar, un comerciante. Sus fines son lícitos, pero se tiene que
basar en medios ilícitos--no cumplir con las regulaciones legales, no cumplir con las normas laborales,
no pagar impuestos--porque no le queda otro remedio que hacerlo así. No puede ingresar en la
economía formal porque ésta impone sobre las sociedades latinoamericanas un coste tan oneroso que
resulta insufragable para las personas y para los empresarios con pequeños ingresos. La informalidad
es entonces una situación en la cual la gente quiere trabajar legalmente pero no puede. Lo único que le
queda es trabajar en esa zona de relativa ilegalidad que el resquicio legal deja en la sociedad de
Latinoamérica.
Aunque varia de país en país, la importancia de la informalidad es muy amplia. En el caso de mi país, se
calcula que en términos generales el equivalente a un 30 por ciento del producto nacional bruto y el
equivalente a un 60 por ciento de las horas-hombre trabajadas se desarrollan en las actividades
informales. Es decir, un 30 por ciento de la producción y un 60 por ciento del trabajo.
Eso nos permite obtener algunas conclusiones iniciales. En primer lugar, que social y economicamente
la informalidad es grande, ya que, si el 60 por ciento de las horas-hombre están en el sector informal, el
gobierno sólo controla 4 de cada 10 horas que se trabajan. En otras palabras, la mayor parte de los
peruanos trabajan fuera de la ley.
La segunda conclusión es que, pese a su importancia cuantitativa, las actividades informales tienen una
productividad baja puesto que, como hemos visto, el 60 por ciento del trabajo hace solamente el 30 por
ciento del producto. Eso nos aproximará a algunos problemas que tendremos que afrontar más
adelante: la falta de instituciones legales que permitan maximizar sus beneficios o cómo organizarse con
mayor eficiencia. Los informales, por ejemplo, no pueden recurrir a un tribunal para hacer valer sus
contratos. Padecen igualmente de una insuficiencia crónica de derechos de propiedad que, a la larga,
termina influyendo negativamente en su productividad.
Dicho esto, pues, es evidente que estas actividades de fines lícitos y medios ilícitos--es decir, la
informalidad--son significativas, aunque su importancia varia de un sector a otro de la economía
latinoamericana.
La construcción informal
En el caso de América Latina es significativo, ilustrado por lo menos en la experiencia peruana, que el
sector informal tenga una presencia fundamental en el terreno de la construcción y de la vivienda. De
hecho, el desarrollo urbano peruano se ha hecho fundamentalmente en el sector informal. La mayor
parte de Lima, aproximadamente la mitad de su área geográfica (Lima es una ciudad de 8 millones de
habitantes), se encuentra desarrollada completamente fuera de la ley, en lo que los peruanos
denominan eufemisticamente "pueblos jovenes," que no son otra cosa que las barriadas--barrios
urbanos marginales, desarrollados por invasión de terrenos públicos o privados por parte de migrantes
del campo a la ciudad de los últimos 40 años.
El desarrollo de este sector de la vivienda informal tiene una gran importancia económica, social y
política en el caso del Perú. En primer lugar, es economicamente significativo porque la inversión
realizada por la gente del sector informal en sus propias viviendas equivale aproximadamente a 8,000 u
8,500 millones de dólares; inversión de viviendas que se ha realizado sin ningún tipo de apoyo por parte
del Estado.
En segundo lugar, es socialmente importante porque representa la emergencia de un nuevo sector
propietario. Tradicionalmente en el Perú, supongo que al igual que en el resto de Latinoamérica, los
sectores menos favorecidos han estado ausentes de la propiedad. El acceso a la propiedad se ha
limitado a los sectores ricos o aristocráticos de esos paises. A través de este proceso de urbanización
informal, no obstante, los sectores menos favorecidos de América Latina han logrado reivindicar para sí
el derecho a la propiedad, establecerlo activamente en las ciudades latinoamericanas.
Finalmente, la construcción informal ha tenido una significación política muy notable. ¿Por qué política?
Porque, en última instancia, sólo la gente que es propietaria lucha por algo. Sólo cuando se tiene algo,
se tiene sentido de la responsabilidad, de la lucha, y del desafío político. Los paises que no son
propietarios son paises donde la sociedad es débil, donde la ciudadanía no se enfrenta al poder político
porque finalmente hay muy poco espacio para el desarrollo individual.
El comercio informal
Otro sector de suma importancia en la economía informal es el sector del comercio. En el pasado la
presencia de la actividad informal en el sector comercial en el Perú ha sido bien notable. Tal vez sea de
las más notables de todas. Se lleva a cabo fundamentalmente, como decíamos, a través del comercio
callejero--los llamados vendedores ambulantes o buhoneros que existen en todas las ciudades de
América Latina. Mucha gente, de origen humilde, probablemente migrantes del campo a la ciudad, que,
dada la situación en la que se encuentra, tiene que dedicarse a comerciar para así generar una
actividad empresarial que les permita ganar una subsistencia mínima.
Aunque no se cuenta con un censo actualizado, se calcula que en el año 90 ó 91 había
aproximadamente 300,000 vendedores ambulantes en Lima. Mucha gente cree que a raíz de los
programas de ajuste llevados a cabo por el gobierno de Fujimori, esta cantidad de vendedores
ambulantes debe haber crecido significativamente. De hecho, medio millon de empleados públicos han
sido despedidos por el gobierno peruano, y muchos de ellos muy probablemente deben de haber
encontrado su refugio en el sector comercial informal.
La importancia social de los ambulantes emana de su reivindicación de la empresa privada para los
sectores menos favorecidos de la sociedad latinoamericana. Por lo general, hemos leído libros y hemos
escuchado programas en la radio y en la televisión que nos han tratado de convencer que el capitalismo
es una cosa ajena a América Latina; que quienes somos empresarios en América Latina formamos una
vanguardia de la penetración extranjera o un rezago de la aristocracia colombina, pero que no somos
auténticos peruanos, mexicanos, y, ni siquiera, capitalistas porque no representamos al capitalismo.
¡Esto es mentira! Y para probar esta mentira, no hay que escribir libros de texto ni citar a Adam Smith.
Para demostrar que es mentira basta con salir a las calles de cualquier ciudad de Latinoamerica y
enseñarles a aquellos que se resisten a aceptar la evidencia que los pobres latinoamericanos ejercen el
capitalismo en las mismas calles, aunque nadie se lo haya enseñado; que no tienen que ser ricos para
ser empresarios, solamente les basta ser trabajadores; que no tienen que ser listos para ganar dinero,
solamente les basta ser ordenados; que no tienen que ser sabios para descubrir una oportunidad,
solamente les basta ser audaces. Con la decisión, con la honestidad, y con la audacia, las calles de
America Latina se han convertido en la mejor escuela de empresarios que existe. De manera que esas
calles vibrantes de la actividad empresarial se constituyen en el mejor alegato en favor de la
empresarialidad y del capitalismo latinoamericano.
Es más, la existencia de este sector comercial informal nos ofrece el mejor argumento disponible para
convencer a aquella gente que tiene la reclusión ideológica de negar que el trabajo y la responsabilidad
son virtudes inherentes al ser humano.
La industria informal
Al igual que en la urbanización y en el comercio, la presencia de la informalidad es también significativa
en otras áreas como la industria y los servicios. En el caso de la industria, la presencia de la
informalidad se da en actividades obviamente subterráneas.
(A veces hablo de economía subterránea como sinónimo de economía informal. Prefiero utilizar el
término informal, que me parece más técnico, porque la economía subterránea ha dado una idea de
ocultamiento que no es cierta en todos los casos. De hecho, la urbanización informal, el comercio
informal, y los servicios de transporte informal son absolutamente públicos: no hay nada escondido, no
hay nada subterráneo en esas actividades. No obstante, en el caso de la industria sí se trata
probablemente de actividades subterráneas.)
El industrial informal es de dos tipos en América Latina. Uno es el propio industrial formal que
informaliza parte de su producción como consequencia del alto coste de la regulación o de los
impuestos. Aunque esconda parte de su facturación, no es una persona diferente al industrial ya
establecido. En muchos casos se ha visto obligado a hacerlo porque el coste de la legalidad es muy alto
en América Latina. Tiene así que abandonar la formalidad para ocultarse total o parcialmente en el
mercado informal. Esto se produce siempre que hay un alza de precios o siempre que aumenta la
inflación, que es una forma indirecta de subir los impuestos.
Pero hay también otro tipo de informales en el sector industrial que son los artesanos o los industriales
propiamente informales, que se dedican de una manera completamente ilegal al desarrollo de alguna
actividad manufacturera. Existen áreas en el caso del Perú donde esta actividad es más pronunciada.
Ellas son las confecciones y los textiles, la fabricación de muebles de madera, y el área de la mecánica.
Son tres áreas donde existe una gran cantidad de actividades de tipo informal. Por ejemplo, en el área
artesanal, hay gente que en la intimidad y en la seguridad de su vivienda montan un pequeño taller con
familiares o paisanos, a los cuales inclusive muchas veces no les pagan o les pagan de manera
indirecta enseñandoles el oficio. De esa forma, se genera una actividad microempresarial significativa.
Los servicios informales
Como en los casos anteriores, el nivel de actividad de los servicios informales es bastante alto. Quisiera
solamente reseñar el caso del transporte, que es el más notable. En los paises desarrollados, el
transporte público es generalmente estatal; en los paises subdesarrollados, el transporte público es
generalmente privado e informal. Alrededor de América Latina, la emergencia de grandes ciudades a ido
emparejada con el desarrollo de grandes sistemas de transporte informal.
En 1990, el 95 por ciento del transporte urbano del Perú estaba en manos de pequeños empresarios,
cada uno dueño de su omnibus o de su kombi. (Ha aparecido hoy en día el término "Capitalismo Kombi"
para describir a este tipo de empresarios.) En ese mismo año, el cien por cien del transporte urbano
público se fue a la quiebra. El gobierno peruano disolvió la única empresa pública que existía en el
transporte urbano al venderle a cada uno de los conductores su carro, informalizando así por completo
la actividad del transporte urbano. También en 1990, el señor Belmont, por aquel entonces el alcalde de
Lima, liberalizó el transporte urbano al declarar la libertad absoluta de rutas, de tarifas, y de entrada y
salida. Esto les obligó a los conductores de taxis a tener una gran imaginación ya que, como
empresarios que son, tienen que identificar el deseo del viajero y ofrecer servicios diferenciados.
La libertad de tarifas también ha producido el fenómeno siguiente: hay todo tipo de servicios y a todo
precio. Si vd. quiere ir apachurrado como en una lata de sardinas, paga un precio bajo. Si, por el
contrario, vd. quiere ir comodamente sentado en un vehículo con aire acondicionado y televisor--muchos
de ellos han puesto su televisor y pasan videos durante la circulación del vehículo--tiene un vehículo y
un precio distinto. Inclusive hay un servicio especial nonstop entre un punto y otro, de tal manera que
ese es otro tipo de servicio y a otro precio. Todo esto ha sido generado informalmente tanto en los
vehículos de alquiler, los taxis, como en los vehículos de transporte masivo. Es el reino absoluto de la
actividad informal.
Mucha gente cree que casualmente esta ha sido la clave por la cual el gobierno de Fujimori no ha
confrontado ni una sola huelga, ni un solo motín, ni un solo acto de rechazo de su política económica en
6 años, pese a haber hecho el ajuste económico más dramático y profundo de América Latina. ¿Por
qué? Porque todos los despedidos encontraron algo más ventajoso que hacer. La paradoja fue la
siguiente. La gente que salió del sector público como consecuencia de los ajustes económicos de
Fujimori, en total, entre 500 y 600 mil personas, inmediatamente comenzó a trabajar en el sector
privado, muchos de ellos dentro del servicio de transportes. Sus ingresos en ese sector eran (y son)
mucho más altos, ya que los sueldos durante un proceso inflacionista como el que padeció el Perú (un
millón por ciento de inflación durante los cinco años del gobierno de Alán García) eran mínimos--10
dólares, 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares en el mejor de los casos en el sector público. En cambio,
como transportistas privados, ganaban tres o cuatro mil dólares mensuales. Esta gente se puso feliz
porque salieron del sector público, entraron en el sector privado, no tuvieron que invertir porque las
compañías distribuidoras de vehículos financiaron la adquisición de los mismos, y entraron en una
actividad con gran carisma que les proporcionaba unos ingresos mucho mayores.
El origen de la informalidad
Como hemos visto, hay informalidad en la vivienda, hay informalidad en el comercio, hay informalidad
en la industria, hay informalidad en el transporte: hay informalidad en todo. De hecho, no son informales
los hombres, son informales sus actividades. No hay peruanos formales e informales. ¡No! Si el 60 por
ciento del trabajo de los peruanos se desarrolla en el mercado informal es porque todos los peruanos
tenemos una parte de nuestro trabajo desarrollada formalmente y una parte de nuestro trabajo
desarrollada informalmente. El caso del empleado bancario que tiene un vehículo y, de ida al trabajo y
de regreso del mísmo, trabaja como taxista para suplementar su ingreso personal. El caso de la señora
que después de dejar a los niños en el colegio hace pasteles y dulces para venderlos a restaurantes de
la ciudad. El caso de la señora que coge el garaje de la casa y lo convierte en un pequeño restaurante
de almuerzos. Los casos de los peruanos que reivindican permanentemente su derecho a trabajar con
prescindencia del Estado, sin pagar impuestos, y sin obedecer sus regulaciones.
Es importante entender que la informalidad es de las actividades y no de la gente. ¿Por qué? Porque así
entenderemos el origen de este fenómeno. Si estudiamos los libros de sociología que se han escrito
veremos que ellos nos dicen que los latinoamericanos--y, en particular, los peruanos--tenemos el
defecto de ser tarados, por lo cual nunca podremos salir adelante. La herencia indígena y el coloniaje
encima de la herencia nos entorpecieron de tal forma que, junto con la corrupción, el clima, y la comida
picante y bien condimentada, nos han convertido en pueblos ociosos. Esta argumentación está implícita
en los textos eurocentristas conservadores y en los textos alucinados marxistas. En el fondo, parte del
mismo rechazo a la imaginación, a la fuerza, y a la autenticidad de los latinoamericanos. Es un prejuicio
contra los hombres de trabajo.
El origen de la informalidad no se encuentra en una tara cultural, en un problema religioso, o un origen
étnico; se encuentra en la ineficiencia de la ley. En términos técnicos, somos informales por el llamado
coste de la legalidad. Los políticos, los legisladores, y, mucho menos, los abogados no entienden que la
ley cuesta como cualquier otra cosa. Si vd. quiere hacer un negocio, necesita tiempo e información.
Hacer el negocio cuesta algo independientemente del negocio mismo. Vender pintura cuesta algo más
que la pintura misma; cuesta la oportunidad, la inteligencia, la ubicación, la percepción del deseo de los
consumidores. Igual la ley. La ley cuesta con independencia de lo que se quiera hacer con ella. ¿Cuál
es el costo de la ley, entonces? La cantidad de tiempo y de información que se necesita para cumplir
con ella.
En el Perú, al igual que en América Latina, la cantidad de tiempo y de información que se necesita para
cumplir con la ley es muy alta, de hecho comparativamente más alta que la cantidad de tiempo y de
información que se necesita en Estados Unidos para cumplir con la ley. La diferencia entre paises
desarrollados y subdesarrollados--ésto fue brillantemente documentado por Douglass C. North, que
ganó el Premio Nóbel de Economía en 1994--está en la organización institucional eficiente. Es decir, en
el coste de la ley. Un país próspero tiene un coste de la ley bajo en comparación con los ingresos de la
población; un país que no es próspero tiene un coste de la ley alto en comparación con los ingresos de
la población.
En el Perú hicimos un famoso experimento en el año 86 que nos permitió medir el coste de acceder al
mercado. Formamos un equipo de simulación para simular la formación de un pequeño taller de
construcción, proponiendonos cumplir con todos los requisitos legales que la legislación imponía--
incluyendo proponerse no pagar ni un centavo de soborno a nadie sino cumplir estrictamente con las
normas legales, aunque tomara el tiempo que fuera necesario. La tramitación nos demoró casi un año y,
en este proceso, se nos pidió soborno en 11 oportunidades, de las cuales hubo que ceder en dos, pues,
pese a cumplir con la ley, si no pagabamos esos dos sobornos, no ibamos a poder continuar aunque
tuviesemos todo en regla, tal como las normas lo establecían. Posteriormente, para hacernos una idea
comparativa de si eso era mucho o poco, un profesor norteamericano hizo la misma experiencia en
Tampa, en Florida. Lo que a nosotros nos llevó un año, a él le ocupó dos horas en una mañana y lo hizo
por correo. Esa fue exactamente le diferencia entre el coste de una ley y el coste de otra.
Los latinoamericanos no somos seres enfermos que vamos midiendo el coste de la ley. Sólo medimos la
ley cuando el coste de cumplirla es mayor a su beneficio. La gente cumple la ley cuando le conviene;
cuando no le conviene, no la cumple. Es racional que sea así.
En América Latina y en el Perú, en particular, donde tenemos evidencia factible, la ley es costosa. Es
tan costosa que distorsiona al mercado y excluye de él a los sectores menos favorecidos de la
población. ¿Por qué hay informales entonces? Porque la gente, dados sus pocos ingresos, no puede
trabajar de otra forma, no puede cumplir con la ley, no puede pagar los impuestos, no puede acceder a
una urbanización formalmente construída porque los trámites de hacerlo son insufragables. Esta es la
realidad objetiva. No es una tara cultural, no es un problema mental, no es una herencia étnica. Es
discriminación legal.
El origen de esa discriminación legal radica en ese capitalismo antidemocrático, el mercantilismo. Lo
que subsiste prioritariamente en los paises latinoamericanos es un capitalismo en el cual la propiedad
privada no es un derecho sino un privilegio, la empresa privada es también un privilegio, y la
competencia no existe. El Estado se encarga de impedirla con trabas legales. Con esa capacidad
conservacionista que nos hace mantener una especie de parque jurásico institucional e ineficiente en
América Latina, hemos logrado mantener el dinosaurio del mercantilismo, que finalmente es lo que
padecemos: el Estado grande e inutil, por una parte, y la hipocresía, por otra. Esta generalización de la
hipocresía que permite mantener un sistema de privilegio en América Latina puede considerarse sin
lugar a dudas la causa principal de nuestro subdesarrollo y de nuestra crisis.
Conclusión
Por eso decía que el Perú contemporáneo ha vivido dos revoluciones. Una revolución fallida del
Sendero Luminoso, que fue al fracaso porque no coincidía con los deseos de la población; y la otra, la
revolución de los informales, que han reivindicado para sí el derecho a la propiedad privada, el derecho
a la empresa, y, sobre todo, la capacidad y el esfuerzo individual.
Al reivindicar para sí el derecho a la propiedad privada y a la empresa, los peruanos y los
latinoamericanos menos favorecidos se han convertido en la vanguardia de la construcción de una
auténtica economía de mercado latinoamericana, del auténtico sector empresarial de origen popular, y
han creado una base fundamental para ser optimistas con el cambio. Hasta hace poco, los grandes
ajustes de los gobiernos merecían mucho pesimismo porque eran ajustes que no tenían el sostento
social. Hoy en día con la emergencia incontenible de las actividades informales y el desarrollo de un
sector empresarial de origen popular, los grandes programas de ajuste tienen un sustento social. Hay
gente que demanda del Estado el derecho a la propiedad, la competencia, una moneda sana, y menos
gobierno; en suma, que demanda espacio para desarrollar su creatividad y para ejercer su audacia. Esta
gente nos ofrece tal vez, en el caso del Perú, de manera contundente, un ambiente político propicio para
llevar a cabo reformas profundas y radicales.
Mucha gente se pregunta con admiración por qué Fujimori ha conseguido éxitos tan espectaculares en
el terreno económico en la mitad de tiempo, por ejemplo, que lo hizo Chile. Perú se ha demorado 5 años
en obtener lo que Chile se demoró 10 o 15. ¿Por qué? Yo creo que entre otras razones porque existe
una base de legitimidad social. La gente no quiere oír más el cuento de la empresa pública, no quiere oír
más el cuento de la justicia social. Entre los jovenes es inclusive una burla. Esos muchachos de origen
humilde representan un sector completamente nuevo, que ya no cree en el sector público. En el fondo
que es un sector que no cree en nada, pero no creer en nada es una forma de nihilismo que permite el
desarrollo básico de la responsabilidad individual y la confianza de que solamente con las fuerzas
propias se puede crear una situación de progreso y de responsabilidad. Esa confianza de las fuerzas
propias del individuo latinoamericano, esa convicción de que no existe en nuestro pasado nada que nos
aplaste nos permite sostener con convicción que la emergencia de la economía informal es tal vez el
hecho social y económico más notable en la historia latinoamericana después del descubrimiento de
Colón.
Con la certeza que en este ambiente profesional novedoso América Latina pronto encontrará una base
sólida para su desarrollo sostenido es que he querido esta mañana contarles la experiencia de la
economía informal; una economía que en medio de la desazón que causa la crisis y en medio de las
contradicciones que muchas veces se encuentran en la vida cotidiana nos ofrece la convicción de que
pronto todos los latinoamericanos disfrutaremos enormemente de los beneficios de la libertad.
Factores que influyen en el comercio informal dentro de un desarrollo desigual (Perú)
Enviado por karla Cuellar
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Resumen
Introducción
Marco teórico
Metodología de la investigación
Resultados de la investigación
Conclusión
Recomendaciones
Bibliografía
Resumen
El presente proyecto de investigación centro su interés en desarrollar la investigación dentro del paradigma cuantitativo, para ello se conoció el panorama de la informalidad del comercio ambulatorio en la Provincia de Pisco. Es así que mi objetivo básico fue centrarme en informar, aclarar y disminuir lo que es "comercio informal" o Mercado Negro. En la mayoría de los territorios el comercio informal es todavía un problema significativo; y en cual se va incrementando el porcentaje de comerciantes informales. Para muchos, el comercio informal es aquel que desarrolla sus actividades en la vía pública o en lugares no autorizados, constituyen todas aquellas actividades comerciales que, sin ser criminales, tampoco están totalmente reguladas, registradas y/o fiscalizadas por el estado y que se desarrolla en los mismos espacios en que otras actividades similares que sí reciben control. Es por ello que mi objetivo ante la sociedad o la población resulto bastante importante y necesaria para conocer mas sobre este tema conllevar a las medidas necesarias para un desarrollo igualitario con todos.
Palabras clave: Comercio, Informalidad, Economía, Evasión, Impuestos.
ABSTRACK
This research project focused interest in developing research within the quantitative paradigm, for it was known the landscape of informal street vendors in the province of Pisco. Thus, my basic goal was to focus on informing, clarifying and reducing what is "informal trade" or Black Market. In most territories, the informal trade is still a significant problem, and which will increase the percentage of informal traders. For many, the informal trade is one that operates in the street or in unauthorized places, are all those commercial activities which, while not criminal, they are not fully regulated, registered and / or controlled by the state and develops in the same spaces where other similar activities that do get control. That's why my goal to society or the population is quite important and necessary to learn more about this subject lead to measures to equitable development for all. Keywords: Trade, Informality, Economy, Evasion, Tax.
Introducción
A principios del siglo XX se dicto el primer reglamento para la actividad informal, con lo cual las autoridades municipales le daban al sector un tácito reconocimiento. Se estableció entonces la obligación de todo vendedor ambulante de pagar una licencia y empadronarse, se prohibió la venta de comida en las calles, se diseñaron carretillas y se dispuso el inicio de un control sanitario. Poco a poco, los ambulantes desarrollaron su derecho de dominio sobre la vía pública. Según TORKMAN (2001), sostiene que, el desajuste que existe entre la oferta y la demanda de fuerzas laborales en el sector moderno de la economía, son las principales causas que llevan a la práctica del comercio ambulatorio, así mismo el autor nos dice que las principales razones de quienes realizan el comercio informal y ambulatorio son: dificultad para conseguir empleo en otras actividades, búsqueda independiente para trabajar con la familia, porque es lo único que saben hacer, por que pueden compartir las responsabilidades domesticas, por que lo pueden combinar con otras ocupaciones El tipo de investigación que se desarrolla en el presente trabajo de investigación es: Descriptiva porque va a diagnosticar y analizar las características o factores que influyen dentro del comercio informal., considerándose la investigación de tipo: Transversal o transaccional.
El presente proyecto se justifica por precaria situación sobre la que se ha cimentado nuestra sociedad ha llevado a una gran parte de la población a valerse de actividades ilícitas como por ejemplo, la comercialización informal como medio de subsistencia. Por lo tanto fue necesario investigar este tipo de problema para comprobar en qué grado afecta a la sociedad y a la economía el comercio informal y como se puede dar algunas posibles soluciones. A raíz de lo expuesto podemos concluir que es importante analizar este tipo de problemas para comprender que estas actividades de negocios afectan directamente al desarrollo tanto de la ciudad como del país mediante la evasión de impuestos y por lo tanto es necesario definir con exactitud los factores que conllevan a este tipo de actividades y tomar las medidas necesarias para afrontarlo. Limitaciones y alcances de estudio. Dentro de las limitaciones que se presentaron en este proyecto son distintos, siendo estos de de vital importancia y valor que representa este estudio de investigación para brindar alternativas de de solución tanto para la sociedad o el país. Factor Económico, Tiempo. Bibliográfico.
Formulación de la Hipótesis General: Si creamos fuentes de empleo y orientamos al desarrollo equilibrado para fomentar un comercio formal. Hipótesis Específicas: Creando fuentes de empleo e implementando una buena política de desarrollo. Y Utilizando los mejores métodos de desarrollo impulsaremos un comercio formal.
OBJETIVOS.
Objetivo generales: Identificar, medir y diagnosticar los factores que influyen en el comercio informal entro de un desarrollo desigual en la cuidad de Pisco. Objetivos específicos son Identificar los aspectos socioeconómicos relacionados estrechamente con los comerciantes ambulantes que conllevan a vender de modo informal. Y Medir cuál es el nivel cultural de los vendedores y compradores ambulantes y determinar como influye en el desarrollo de la economía.
Marco teórico
Antecedentes o Estudios previos.
A principios del siglo XX se dicto el primer reglamento para la actividad informal, con lo cual las autoridades municipales le daban al sector un tácito reconocimiento. Se estableció entonces la obligación de todo vendedor ambulante de pagar una licencia y empadronarse, se prohibió la venta de comida en las calles, se diseñaron carretillas y se dispuso el inicio de un control sanitario. Poco a poco, los ambulantes desarrollaron su derecho de dominio sobre la vía pública.
El comercio ambulatorio que expedía comida, bebidas calientes y refrescos paró a vender productos y servicios que competían directamente con aquellos que se expedían en los establecimientos formales.
Los ambulantes siempre fueron rechazados nunca han sido vistos con buenos ojos por las autoridades, salvo en época de campaña electoral, cuando los candidatos de turno los colman de ofrecimientos de formalización.[1]
Ley de Hacienda del D.F define al comerciante ambulante como la persona que usa las vías públicas del para realizar actividades mercantiles de cualquier tipo, ya sean en puestos fijos, semifijos o en forma ambulante.
Ambulantaje quiere decir el que se traslada de un lado a otro sin establecerse en un punto fijo, mismos que existen y causan problemas menores. [2]
Empieza la represión (primeros mercados y desalojos)Emporio textil y de confecciones (Fenómeno Gamarra)El caos de las combis (El transporte público)La industria del arenal (Caso de Villa el Salvador)La economía se mudó de barrio (El nuevo Capitalismo peruano
Según TORKMAN (2001), sostiene que, el desajuste que existe entre la oferta y la demanda de fuerzas laborales en el sector moderno de la economía, son las principales causas que llevan a la práctica del comercio ambulatorio, así mismo el autor nos dice que las principales razones de quienes realizan el comercio informal y ambulatorio son: dificultad para conseguir empleo en
otras actividades, búsqueda independiente para trabajar con la familia, porque es lo único que saben hacer, por que pueden compartir las responsabilidades domesticas, por que lo pueden combinar con otras ocupaciones.[3]
El congreso Internacional de STREETNET INTERNACIONAL celebrado el 16 y 17 de marzo del 2004 el Seúl (Corea), considera importante el papel del comerciante ambulante en la sociedad, pues genera fuentes de empleo e ingresos, y representa un canal de distribución y comercialización que facilita el abastecimiento de productos básicos para la subsistencia de importantes sectores de la población.[4]
Por otro lado Maldonado, Carlos y Hurtado, Montserrat, precisan que todos los estudios que se han realizado sobre el tema, poco o nada han significado a la hora de tomar decisiones y de diseñar políticas públicas. Por la complejidad del fenómeno siempre se descuidan factores y aspectos fundamentales e importantes, ya que este fenómeno no puede ser estudiado ni resuelto sin la participación multidisciplinaria de antropólogos, sociólogos, economistas, urbanistas, planificadores, juristas, legisladores, educadores, etc. y en donde además debemos incluir a Políticos (de carrera y en carrera), funcionarios públicos, empresarios privados, comerciantes formales e informales y al consumidor que, como usuario y co-responsable, también tiene algo que decir y hacer. [5]
Delgado, Joel; Gasco Mónica; González Juan, Et. Al (2005) confirman que gran parte de esta actividad comercial informal se desarrolla en los espacios públicos generando problemas adicionales a la ciudad como congestión vehicular, inseguridad, residuos sólidos, etc. A los Municipios les corresponde de manera directa la recuperación de la vía pública para garantizar condiciones mínimas de orden urbano, y en muchos casos para no hacerlo, permite o "se hace de la vista gorda" ante la violación de las normas existentes. [6]Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución del DDF y que también maneja el INEGI y la CANACO , en las que se define como: "agrupaciones comerciales que ejercen el comercio de productos generalizados en la vía pública o terrenos (sitio fijo) ya sea o no propiedad del DDF, y que carecen de la más indispensable infraestructura para su funcionamiento adecuado".[7]
Comercio Informal
El comercio informal es una las actividades más notables de la economía informal en el Perú. Se lleva a cabo fundamentalmente a través del comercio callejero, los llamados vendedores ambulantes, que existen en todas las ciudades de América Latina.
Consecuencias Del Comercio Ambulante:
El comercio ambulante ocasiona los siguientes problemas: [8]
Problemas políticos
Contaminación de alimentos, alimentos, ruido
Inseguridad pública
Obstrucción de la vialidad
Bloqueo de calles
Drogadicción
Informalidad
En los años sesenta, la teoría dual fue la impulsora de la idea de fragmentar la sociedad urbana en 2 sectores: formal e informal. El formal involucra a todas aquellas actividades que incorporan cierta fuerza laboral a la estructura económica integrada por diferente formas de organización productiva (industria, servicios, comercio y construcción) y, sobre todo, que cumplen con las normas establecidas por el Estado (en materia laboral, fiscal, etc.) con el fin de regular las relaciones capitalistas de la producción. La informal, por otra parte, presenta las mismas características que con su contraparte, diferenciándose de esta por el hecho de realizarse dentro de un ambiente oficialmente no regulado. [9]
Ventajas:
Dentro de las ventajas que ofrece el comercio informal podemos citar las siguientes: [10]
* Precios más bajos que en el comercio formal.* Posibilidad de regatear el precio.* Calidad aceptable en los productos.* Lugar accesible para realizar las compras.* Se beneficia la población que tiene menos recursos económicos por el costo mínimo de los productos.* Genera trabajo informal para cualquier persona.* Da oportunidad de trabajo a personas sin preparación académica.
Desventajas:
Algunas desventajas del comercio informal son: [11]
* Falta de garantía en los productos y servicios.* Se pueden encontrar productos robados o piratas.* Instalaciones inadecuadas.* Falta de higiene.* Única forma de pago: efectivo.* El estado no recibe ingresos por impuesto.* La población viola las leyes.* Al cerrase la industria nacional se crea desempleo.* Deshumaniza a la sociedad.* Crea desorden y hay maltrato psicológico hacia las personas.* Genera inseguridad ciudadana.
Metodología de la investigación
El tipo de investigación que se desarrolla en el presente trabajo de investigación es: Descriptiva: Porque diagnosticó y analizo las características o factores que influyen dentro del comercio informal.
El Universo o población son las unidades de análisis de la investigación conformado por los comerciantes del mercado ferial de la Provincia de Pisco, para el cual se utilizo criterios razonados.
La muestra va estar determinada por una porción representativa del mercado ferial de la Provincia de Pisco, en la que se recogerán datos necesarios para la investigación, siendo: Muestreo Probabilístico al azar
Resultados de la investigación
Presentación, Análisis e Interpretación de los Datos
Según el análisis al primer cuadro de la variable Independiente la interpretación llego a la conclusión de que el 75% del total de las unidades de análisis aplicadas para obtener mejores resultados a este proyecto de investigación reconocen que el comercio informal es un problema que cada vez genera desigualdad para todos, mientras que un 25% del total de las unidades de análisis consideran a la informalidad como algo común en la sociedad.
Según el análisis al segundo cuadro de la variable Dependiente la interpretación llego a la conclusión de que el 75% acepta que se puede cambiar las condiciones para evitar la informalidad y exista un desarrollo igualitario ante la sociedad y el país bajo las leyes que la rigen, mientras que un 25% del total de las unidades de análisis consideran que es normal seguir viviendo con la informalidad y que no perjudican a nadie sino que mas bien les favorecen.
Proceso de Prueba de Hipótesis
Una vez aplicado los instrumentos de recolección de datos, llevamos a tabulación para interpretar a través de cuadros estadísticos.
A partir del esquema estadístico procedimos a la interpretación de los resultados basado en teorías que refuerce esa realidad observada.
Luego la interpretación la sometimos a probar la hipótesis que si concuerda o rechaza.
Discusión de los Resultados
Existe una serie de factores significativo que influyen en el comercio informal dentro de un desarrollo desigual en el mercado modelo de la cuidad de pisco de marzo a junio del 2011. Es la
hipótesis planteada en el proyecto de investigación que respondió al planteamiento del problema, que se sometió al análisis de los resultados arrojados por los instrumentos de recolección de datos en el proceso de investigación. Los instrumentos se aplicaron en dos momentos que apuntó a descubrir la respuesta a la pregunta planteada en el presente proyecto.
Adopción de Resultados
Una vez recopilado las informaciones se llevo a la tabulación y posteriormente a la esquematización estadística, la taza porcentual. Una vez obteniendo resultado procesado se busco probar o contrastar la hipótesis, obteniendo la aceptación o aprobación como conclusión a toda una investigación.
Conclusión
La informalidad es un fenómeno complejo que conduce a un equilibrio social no óptimo en el que los actores sociales participantes (trabajadores, empresas y microempresas) quedan desprotegidos en términos de salud y empleo.
Según los resultados se señala que la informalidad se incrementa a causa de tres factores principales: impuestos laborales y mala legislación en seguridad social, políticas macroeconómicas que afectan a los sectores más propensos a optar por la informalidad, y reformas comerciales sin análisis de impacto en los sectores de menor productividad.
En un nivel macroeconómico, los efectos se perciben en la menor recaudación fiscal y en la menor gobernabilidad. Esto conlleva a entender la informalidad como un fenómeno complejo que, en países como el Perú, actúa como "colchón social" ante la pobreza y la desigualdad.
Por ende, debe ser prioridad del gobierno el establecer políticas públicas en el mercado laboral que generen incentivos para el traslado hacia el sector formal, las cuales permitan que el sector informal sea incorporado paulatinamente al mercado.
Recomendaciones
Para la sociedad lo mas recomendable para ayudar a legalizar esta actividad sería que el Estado aplique efectivamente los recursos recaudados por medio de las contribuciones, hacer más clara y transparente la distribución y mejoramiento de los servicios que presta, así los comerciantes ambulantes verían que el contribuir para mejorar nuestras condiciones de vida es la mejor manera de hacer y fomentar una conciencia cívico-contribuyente.
Debería haber mayor apoyo por parte del estado para proporcionar herramientas para que se incluyan en el sector formal.
Los gobiernos puedan poner freno a la economía informal: utilizando responsable y eficientemente su política económica y reafirmando la importancia del estado de derecho, herramientas que la lamentablemente parecen haber sido dejadas de lado para adoptar medidas correctivas que no solucionan los problemas de fondo.
Promover los espacios disponibles para el ejercicio del comercio formal a través de la inversión privada, consolidando los diversos conglomerados comerciales y de servicios existentes y establecer un marco legal que permita impulsar un programa de formalización que implique el desarrollo de capacidades técnica "empresarial en aquellos comerciantes que demuestre el compromiso de formalizarse a corto y mediano plazo.
Bibliografía
MATOS Mar, José. "Desborde Popular y Crisis del Estado". Séptima edición, mayo 1988.
Según el artículo 135 de la Ley de Hacienda del D.F
TORKMAN Víctor E. De la informalidad a la modernidad. Oficina Regional de la OIT para América Latina y Caribe, Lima – Perú, 2001
El congreso Internacional de STREETNET INTERNACIONAL 2004 - Seúl (Corea)
Maldonado, Carlos y otros El Sector Informal en América Latina. Una Perspectiva Interdisciplinaria, Bogotá – Colombia 1997 -2004
Delgado, Joel; Gasco Mónica; González Juan, Et. Al (2005)
Citado en la obra de Moisés Castillo, Vía pública y comercio informal en la Ciudad de México, p. 23
Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución del DDF y que también maneja el INEGI y la CANACO
Observatorio de la Economía Latinoamericana
Las PYMES en Latinoamérica
FERNÁNDEZ BACA, Jorge. "Apuntes".N°22, 1998
Instituto Peruano de Economía. "Presencia". N° 137, Febrero 2004
Wallerstein Immanuel, 1998: 289
Harvey, 1990.
Dos Santos, 1998: 130.
SUSANO, Reynaldo. "El Financiamiento del Desarrollo: Ensayo". Lima. Editorial San Marcos, 1994.
Estrategias De Desarrollo Económico Local
MATOS Mar, José. "Desborde Popular y Crisis del Estado". Séptima edición, mayo 1988
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP)
elecoperubiano.galeon.com/cvitae1594941.html
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http://www.monografias.com/trabajos30/comercio-informal/comercio-informal.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/mercado_de_trabajo
Autor:
Cuellar Rojas, Karla
Nacida en Ica - Perú, estudiante de la asociación Universidad Privada San Juan Bautista de la especialidad de Administración de Negocios.
Asesor: Mg. Auris Villegas, David
[1] MATOS Mar, José. "Desborde Popular y Crisis del Estado". Séptima edición, mayo 1988.
[2] Según el artículo 135 de la Ley de Hacienda del D.F
[3] TORKMAN Víctor E. De la informalidad a la modernidad. Oficina Regional de la OIT para América Latina y Caribe, Lima – Perú, 2001
[4] El congreso Internacional de STREETNET INTERNACIONAL 2004 - Seúl (Corea)
[5] Maldonado, Carlos y otros El Sector Informal en América Latina. Una Perspectiva Interdisciplinaria, Bogotá – Colombia 1997 -2004
[6] Delgado, Joel; Gasco Mónica; González Juan, Et. Al (2005)
[7] Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución del DDF y que también maneja el INEGI y la CANACO
[8] Las PYMES en Latinoamérica
[9] www.inegi.com
[10] www.lajornada.com
[11] http://elecoperubiano.galeon.com/cvitae1594941.html
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Leer más: http://www.monografias.com/trabajos87/influencia-comercio-informal-desarrollo-desigual/influencia-comercio-informal-desarrollo-desigual.shtml#ixzz2M7dj7gix
El comercio informal, una afrenta a los poderes establecidosVendedores ambulantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México
Par Yenisey Rodríguez Cabrera
PROGRAMME Légitimité et enracinement du pouvoir
DOSSIER Poderes paralelos en México y Panamá
Mot-clés : État ; parti politique Contrat social ; Culture politique ; éthique Mexique ; Amérique du Sud
No siempre la organización de las actividades económicas alternativas, propuestas
por actores que están fuera de los círculos del gobierno, resultan experiencias positivas
que abonan a un mejor entendimiento entre actores políticos y sociales. Partiendo del
caso del comercio ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México, esta ficha
explica la problemática que enfrentan las instituciones y los gobiernos ante la
organización de un modo de vida paralelo que, hasta ahora sólo ha sido estudiado
desde la perspectiva económica. En primer lugar, se hablará muy brevemente de las
características propias del espacio analizado; después se realizará una necesaria
distinción entre los términos “economía informal”, “comercio informal” y
“ambulantaje”, hasta ahora utilizados indistintamente. Asimismo, se expondrá la
opinión y acciones de los actores primarios inmersos en el problema y se hará una
análisis de la situación.
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Las calles de las grandes ciudades latinoamericanas en general y las zonas de mayor confluencia
de gente en particular, evidencian una realidad: la presencia cada vez más numerosa de
personas dedicadas al comercio ambulante. Es un fenómeno que vivimos a diario y que forma
parte de nuestra cotidianeidad en tanto lo asumimos como normal. Aunque, si bien es cierto que
este tipo de comercio no es algo novedoso en nuestras latitudes, no lo es menos el hecho de que
en las últimas décadas ha aumentado considerablemente y, de ser un fenómeno económico-
social, ha pasado a ser un serio asunto de gobernabilidad para los funcionarios de todos los
niveles de gobierno. Sin embargo, dada la relativa novedad de la problemática, no tenemos aún
estudios serios que la aborden, expliquen y/u ofrezcan alternativas ni desde la academia ni
desde los gobiernos.
La primera respuesta a la reciente proliferación del comercio ambulante es tan lógica que
parecería derivada del sentido común: el aumento del comercio en las calles está relacionada
ineluctablemente con las políticas económicas establecida en los países de América Latina en las
últimas tres décadas. La forma en la cual los gobiernos latinoamericanos hicieron frente a la
crisis del capital mundial de la década de los ochenta incluyó una serie de “ajustes
estructurales” que reconfiguraron la propia estructura del Estado. No solamente disminuyeron
drásticamente los presupuestos para importantes rubros del gasto social como salud y
educación, hecho que ya de por sí hacía vulnerables a millones de personas y les impedía ejercer
derechos básicos plasmados en leyes internacionales; también se privatizaron empresas
estatales que dejaron en el desempleo a miles de trabajadores.
Por otro lado, se abrieron indiscriminadamente las fronteras a las exportaciones de países que
como Estados Unidos, apoyan con subsidios a sus productores primarios o como China, que
abaratan mano de obra para reducir gastos de producción. El paso del tiempo ha mostrado que
estas acciones han tenido un reflejo instantáneo en la pauperización del campo, pues varios de
los países de la región latinoamericana han dejado de tener soberanía alimentaria, así como en
la quiebra de la mediana y pequeña empresas, que ante la competencia de productos
manufacturados a un menor costo, han perecido. La migración del campo a la ciudad y la
explosión de la migración ilegal hacia los Estados Unidos en las últimas décadas son expresiones
muy claras de esto.
Aunado a ello, la incapacidad de los gobiernos de atraer inversión extranjera productiva capaz de
generar empleos bien remunerados y la ausencia de esquemas fiscales que favorezcan una
recaudación equitativa donde los que más perciben paguen mayores impuestos, han terminado
por cerrar la pinza para explicar la asfixia de las economías internas cuyo mayor indicativo de su
grave salud es la ausencia de empleos dignos para grandes capas de la población. Tan lógica,
exacta y comprobable es esta argumentación, que hasta parecería una ecuación matemática:
una cosa sumada a la otra daría como resultado, indudablemente, el aumento de la pobreza, el
desempleo y, por ende, la proliferación de los vendedores en la calle. De acuerdo a la OIT
(Organización Internacional del Trabajo), el empleo informal está creciendo en gran parte del
mundo en desarrollo, América Latina incluida, donde 47 por ciento de los trabajadores en 2003,
año de la última medición, estaban en el sector informal, contra 43 por ciento en 1990.
Sin embargo, esta explicación sobre el comercio ambulante, basada en elementos de tipo
económico, aunque no equivocada, resulta incompleta para dar cuenta del panorama pues no
toma en cuenta factores de otra índole que hacen del comercio informal uno de los dolores de
cabeza más preocupantes para los gobernantes latinoamericanos. Hasta ahora ninguna
explicación ha puesto énfasis en el hecho de que el aumento de vendedores en las calles y
aceras de las ciudades, además de tener un origen socioeconómico, se ha convertido en una
afrenta para el poder establecido y que en muy poco tiempo ha logrado vincularse con otras
actividades ilícitas. Así, muy pocas explicaciones reparan en que este fenómeno ha creado una
economía paralela, legal o extralegal y que ha logrado mantener vigentes prácticas políticas que
se creían controladas, como la apropiación y ocupación de territorios públicos, el clientelismo y
la corrupción.
Pero para mejor exponer la forma en que el comercio informal se inscribe en una problemática
de gobernabilidad y no hablar ex-nihilo, se tratará aquí el caso de los comerciantes ambulantes
del Centro Histórico de la Ciudad de México.
El Centro Histórico de la Ciudad de México está ubicado en una demarcación administrativa
llamada delegación Cuauhtémoc, que, como su nombre lo indica, se sitúa en lo que en algún
momento fue el centro de una de las ciudades más grandes del mundo. Además de ser el asiento
físico y simbólico de los poderes ejecutivos federales y locales ya que en ella se encuentra
ubicado tanto el Palacio Nacional como el Palacio del Ayuntamiento Capitalino, esta zona se ha
distinguido históricamente por su dinamismo comercial. Sin embargo, no toda la demarcación
tiene problemas de asentamientos de comerciantes informales; éstos se concentran en 42
manzanas (conjuntos delimitados de calles y edificios habitacionales y comerciales). Así, el
centro crítico de esa actividad lo constituyen casi 900 calles del Centro Histórico, donde los
ambulantes, a cuyo frente se ubican líderes como Alejandra Barrios Richard, los hermanos
Sánchez Rico, Miguel Angel Huerta, Raymundo Pérez López y Magdalena Acuña, principalmente,
se asentaron y fortalecieron. Cabe decir que, de unos años a la fecha, los comerciantes
ambulantes no sólo ocuparon las aceras y las calles; sino que extendieron sus dominios hasta
otros espacios de la ciudad.
Pero ¿qué debemos entender cuando nos referimos al comercio informal o a los comerciantes
ambulantes? En primer lugar debemos decir que ambos términos corresponden a los individuos
que, de alguna u otra forma, trabajan en actividades en la economía informal. Se le denomina de
esta forma al tipo de actividad económica que no cumple con las regulaciones marcadas por las
leyes, es decir, que no está formalmente constituida y por ende, no paga impuestos ni servicios.
Por definición, la economía informal es ilegal, pues de ella forman parte tanto los comerciantes
ambulantes como los fabricantes de productos pirata, los narcotraficantes, los contrabandistas y
los vendedores de armas, entre otros. Sin embargo, la actividad comercial no registrada ante las
autoridades, a la que denominamos “comercio informal”, es más permitida y aceptada por las
propias autoridades.
El comercio informal no se realiza necesariamente en la calle; puede tener lugar en casas-
habitación propias o, dada su naturaleza, puede no tener propiamente un espacio para
realizarse. La mayor parte del comercio informal es el que llevan a cabo los comerciantes
ambulantes, llamados así en tanto que no siempre tienen un lugar fijo para vender sus
mercancías. Los “ambulantes” son los que ofrecen sus mercaderías en las aceras, en la calle, en
las estaciones del tren subterráneo, en mercados, parques, paraderos de autobuses, clínicas,
centros de espectáculos y cruceros de calles, donde se ubican los semáforos. Por eso, cuando se
habla de ambulantes necesariamente se habla de comercio informal y de economía informal.
Dada la naturaleza informal de la actividad económica de los ambulantes, los primeros afectados
por esta actividad ilegal en el Centro Histórico son los comerciantes establecidos, los que sí
pagan impuestos. Desde sus organizaciones gremiales, entre las que se encuentran la
CONCANACO (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio) se han dedicado, por un lado,
a estudiar el fenómeno y por otro, a denunciar a los organismos gubernamentales implicados en
el problema. En el año 2005, cuando el problema del ambulantaje alcanzaba un punto critico y
ya se contaba con estadísticas para exponerlo, denunciaron que en los dos años anteriores el
comercio ambulante había crecido a ritmo de 9 por ciento anual, muy por encima del dinamismo
del producto interno bruto (PIB) nacional que en 2004 fue de 4.4 por ciento. Decían también que
los ambulantes conforman 78 por ciento del comercio informal del país y calculaban en 600
millones de pesos mensuales (poco menos de 60 millones USD) las cuotas que pagaban a
autoridades corruptas para su protección.
Asimismo, denunciaban que tanto el ambulantaje, como el contrabando y la piratería seguirían
siendo problemas mientras los vendedores informales representen votos potenciales para
partidos y autoridades. Tasaban en 110 mil millones de pesos ( cerca de 11 billones USD)
pérdidas anuales de los vendedores establecidos y advertían que el comercio en la vía pública de
productos robados, piratas y de contrabando provocaba que, sólo en el Centro Histórico, el fisco
dejara de percibir unos 9 mil 600 millones de pesos (alrededor de 900 millones USD) al año por
el comercio ilegal de productos tales como electrodomésticos, de computación, textiles, calzado,
juguetes, fonogramas, videojuegos, software, vinos y licores, libros, bolsas, artículos escolares,
entre otros que no siempre son de óptima calidad o legales.
Dos años más tarde, en abril de 2007, como parte de una investigación conjunta entre la Cámara
de Comercio de la ciudad de México y el departamento de Ciencias y Humanidades del Instituto
Tecnológico de Monterrey, importante centro universitario privado de México, se dio a conocer
que el fisco mexicano deja de percibir al año alrededor de 4 por ciento del producto interno bruto
(PIB) como resultado de la creciente economía informal, comercio ilegal, contrabando y piratería,
toda vez que en ese mercado se venden alrededor de 480 mil millones de dólares al año de los
cuales alrededor de 8 por ciento serían gravables. Aseguran que hay 19 millones de mexicanos
(poco menos del 20% de la población nacional) que trabajan en la economía informal y que el
comercio ilegal crece a un ritmo de 13.6 por ciento anual mientras que el comercio establecido lo
hace apenas a 9.8 por ciento. Finalmente, advirtieron que el comercio establecido en el Distrito
Federal registra pérdidas por 40 mil millones de pesos anuales debido al ambulantaje y
calcularon en 500 mil los ambulantes en la Ciudad de México, de los cuales 30 mil se instalan en
el Centro Histórico.
Los ambulantes, por su parte, se siguen expandiendo de manera caótica, desordenada y
continua en las calles del Centro de la Ciudad de México, aunque lo cierto es que en los últimos
años se ha documentado la consolidación de un esquema de control por unas cuantas familias y
líderes que sustentan su dominio territorial en millonarios ingresos y en grupos de presión. De
acuerdo al diario mexicano La Jornada, estos grupos se disputan un negocio que, tan sólo en el
primer cuadro del Distrito Federal, el del Centro Histórico, genera ganancias semanales de más
de 10 millones de pesos (casi un millón de dólares), sólo por uso de piso. Así, lo que parece un
caos para el observador común es en realidad una industria altamente organizada. La mayoría
de los vendedores de la capital pagan cuotas diarias a sus líderes, quienes reparten territorios y
mantienen en paz a funcionarios, comerciantes establecidos y competidores.
Un caso que destaca es el de la lidereza Alejandra Barrios, que está al frente de la Asociación
Legítima Cívica Comercial, la cual aglutina al mayor número de comerciantes informales del
Centro, aproximadamente 4 mil, quienes tienen que pagar 50 pesos diarios (poco menos de 5
USD), en promedio, o bien de 15 a 20 mil pesos (de 1500 a 2 mil USD) para garantizar un
espacio de venta. Con base en informes de dirigentes de esa actividad, sólo en el Centro
Histórico operan 30 mil vendedores informales, de los cerca de 200 mil que existirían en todo el
Distrito Federal, aunque hay otras versiones que consideran que esa cifra podría estar entre los
300 y los 500 mil. Las cifras oficiales del Gobierno del Distrito Federal contrastan con las de los
líderes, pues para ellos hay de 8 a 9 mil ambulantes en el primer cuadro de la ciudad. Cabe decir
que a ese ejército de ambulantes a diario se suman gente desempleada, discapacitados, ex
funcionarios, indígenas, amas de casa, jóvenes o niños, algunos ofreciendo sus productos en
reducidos puestos, otros como charolas (cobradores), aguadores (los que vigilan),
golpeadores, carpeteros (vendedores de piratería), corredores (traficantes de drogas),
prestanombres, y delegados de calle.
De acuerdo a las propias autoridades, las tres principales fuentes de la mercancía que se
distribuye entre los vendedores ambulantes son el contrabando, la mercancía robada, y los
productos derivados del autorrobo a empresas. La primera es una red conocida por todos. A
partir de la media noche y durante la madrugada los camiones o camionetas con mercancía
llegan principalmente a calles de la zona oriente del Centro, atrás de Palacio Nacional. La
segunda consisten en que las propias empresas se autorroben para luego levantar denuncias
penales y así obtener el monto del seguro. Otra red es la que se da por medio de la compra
directa de la mercancía en las aduanas de México. Al parecer, hasta esos puntos de desembarco,
sobre todo la del estado mexicano de Veracruz, se dirigen las unidades de las organizaciones de
ambulantes y ahí buscan la compra de contenedores con mercancía que no es reclamada o bien
que es de contrabando. También está la compra de productos a través de las importadoras, que
como la que creó la Asociación Cívica Comercial, que encabeza Alejandra Barrios, traen
directamente sus mercancías y luego las distribuye en el Centro y en toda la ciudad.
A lo largo de los últimos años, la respuesta de las autoridades ante la proliferación del comercio
ambulante y ante la adquisición de fuerza político-electoral de los dirigentes, ha sido más bien
complaciente. Ni las administraciones del PRI (Partido Revolucionario Institucional, el partido
político que gobernó la capital durante décadas) ni las del PRD (Partido de la Revolución
Democrática, partido político que gobierna la Ciudad de México desde hace ya 11 años,
identificado con la izquierda) han podido atacar de frente al problema debido a la cantidad de
intereses que se esconden tras el entramado del ambulantaje. El último esfuerzo por organizar a
estos trabajadores de la economía informal apostados en las calles del Centro Histórico, lo llevó
a cabo en 2007 el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, quien anunció
que, tras negociar con los líderes de los ambulantes, había conseguido un compromiso para
iniciar el proceso de retiro del comercio informal en esta zona. Apoyado en la existencia de un
bando (normativa local) que emitió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 1993, que está
vigente, descartó la necesidad de hacer reformas jurídicas en esta materia.
Sin embargo, la voluntad política no es suficiente. Está muy documentado por la prensa
mexicana que los propios inspectores de vía pública, funcionarios y policías federales y locales
protegen el crecimiento anárquico de esa actividad. Además, siguen siendo constantes los
testimonios de los dirigentes del comercio informal donde se denuncia a los inspectores que
pasan la charola a diario (cobran cuotas todos los días), a los policías que extorsionan a líderes o
ambulantes así como la venta nocturna de mercancía confiscada que realizan los efectivos de la
Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y los ofrecimientos de mercancía de contrabando que
realizan los funcionarios de las Aduanas.
Por su parte, los inspectores de vía pública son juez y parte. Por un lado deben vigilar que no se
expanda el ambulantaje, pero por otro son los que por pagos de 5 a 10 mil pesos, ponen a
nuevos vendedores en tal o cual calle del Centro o de otra zona de la ciudad, y les cobran
directamente su cuota. Asimismo, estos pueden contratar a madrinas, meritorios o familiares,
por medio de los cuales pasan la charola, de 20 a 100 pesos diarios. Se menciona entre los
ambulantes a algunos inspectores que a pesar de ganar oficialmente 3 mil o 4 mil pesos al mes
tienen residencias y automóviles de lujo, lo que ha sido posible gracias a su habilidad para
comprar coordinadores y subdirectores de Vía Pública y garantizar con ello que no sean
removidos de sus zonas. Incluso, a sus superiores llegan a darles hasta 20 mil pesos a la
semana. Se afirma también que esos inspectores llegan, en algunos casos, a gozar también de la
protección del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF), y
cuando estos personajes son sorprendidos recibiendo dinero y los consignan, el sindicato los
apoya, les proporciona abogados, los sacan y regresan a su puesto.
Con relación a los elementos de la AFI, la agencia llamada el FBI mexicano, se tiene
documentado que llegaban a bordo de sus unidades oficiales o de camionetas negras sin placas,
en las que llevaban diversos productos que ofrecían a los ambulantes e incluso mostraban
catálogos de lo que podían entregar. Por lo que hace a las aduanas, los representantes del
comercio en vía pública aseguran que ahí sigue habiendo mucha corrupción, pues funcionarios
de esa área siguen permitiendo el ingreso de mercancía de contrabando que luego inunda las
calles del centro de la capital.
El número de ambulantes es tan preocupante para los orquestadores de la economía nacional
que la Secretaría de Hacienda ha planteado el cobro de un gravamen que hace llamar Impuesto
Contra la Informalidad (ICI), que si bien no frenará el comercio ambulante, por lo menos
intentará ampliar la base de contribuyentes inscrita en el Registro Federal con el fin de obtener
información de lo que está detrás del fenómeno y de las actividades ilícitas que encubre. Se
tiene pensado el ICI recaude 7 mil millones de pesos al año. Cabe decir que ese impuesto aún se
sigue discutiendo
El caso del comercio ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México es paradigmático
porque nos permite visualizar todos los elementos presentes en este fenómeno. En primer lugar,
nos permite reconstruirlo desde la perspectiva de la gobernabilidad como una afrenta a los
poderes establecidos. Además de la pauperización creciente, el aumento del poder de los líderes
del comercio informal habla de un quebrantamiento de la legitimidad del gobierno como el
auténtico gestor de las demandas de la población. Cuando un gobierno, ya sea local o federal,
está a merced de grupos de presión que indudablemente están fuera de la ley y negocia el
control de espacios por definición públicos, nos encontramos ante un debilitamiento de las
instituciones que deviene en ingobernabilidad, pues éstas no están cumpliendo la función para la
que fueron creadas. Si bien es cierto que la ley debe ser suficientemente flexible y sensible para
hacer frente a los problemas políticos y sociales, no lo es menos que un gobierno que establece
acuerdos con líderes corruptos y delincuentes y los reconoce como interlocutores en lugar de
organizar el comercio ambulante de acuerdo a la normatividad vigente, está perdiendo
capacidad de acción frente a los actores que no están directamente implicados en el problema.
Este problema de pérdida de legitimidad se agrava cuando el gobierno se convierte en cómplice
de una actividad a todas luces ilegal. Los supuestos de todo pacto social están basados en que el
gobierno respete y haga respetar la ley; en el momento en que los funcionarios mayores y
menores se convierten en un eslabón más de una actividad ilegal como el robo, el contrabando o
la piratería, el pacto social se resquebraja y hace necesario uno nuevo. Cuando los ciudadanos
ya no pueden confiar en sus instituciones porque éstas se han pervertido, el gobierno parecería
no tener razón de existir. No en vano los procesos electorales registran cada vez menos
participación: los gobiernos no están representado ya los intereses de los electores.
El fenómeno del comercio ambulante nos permite ver, además, que se está construyendo una
economía al margen de la economía formal con los riesgos que esto implica. Más allá de los
avisos que nos indican que este tipo de actividad pone en peligro el modelo económico en
general al evadir los impuestos básicos de toda actividad comercial como el impuesto al valor
agregado y el impuesto sobre la renta, lo cierto es que el creciente número de personas
dedicadas al comercio ambulante, aun cuando su actividad no por ilegal esté exenta de reglas,
hablan de la incapacidad de los gobernantes de crear opciones reales de empleo.
Finalmente, otro aspecto preocupante que muestra el aumento desmedido de los ambulantes en
las calles y en otros lugares públicos, es el hecho de que la cultura política de la corrupción y el
clientelismo se hace evidente en su ejercicio. Los líderes de los vendedores ambulantes
reproducen fuera del gobierno y las instituciones, las prácticas que por años caracterizaron al
sistema político mexicano: organización de grupos masivos en torno a lealtades, como se puede
ver en los distintos grupos que controlan las calles del centro histórico, que se pelean entre sí
pero que defienden a sus agremiados; acuerdos cupulares entre los dirigentes de los
ambulantes, que se reflejan en el respeto a los espacios de cada grupo; o el cobro de cuotas
para garantizar la seguridad del ambulante, entre varias más.
En suma, es evidente que ante un gobierno que se deja amenazar por grupos de presión con
fuertes vínculos con la delincuencia; ante un sistema político cuyos participantes, ya sean
gobernantes, legisladores o jueces, que toman parte activa en la cadena delictiva; ante la
imposibilidad de la clase política para analizar el problema de la creación de empleos; y ante una
sociedad pauperizada cuyas alternativas de empleo incluyan la reproducción de viejos
esquemas, hay mucho trabajo político que hacer y muchos problemas para reflexionar.
Las calles de las grandes ciudades latinoamericanas en general y las zonas de mayor confluencia
de gente en particular, evidencian una realidad: la presencia cada vez más numerosa de
personas dedicadas al comercio ambulante. Es un fenómeno que vivimos a diario y que forma
parte de nuestra cotidianeidad en tanto lo asumimos como normal. Aunque, si bien es cierto que
este tipo de comercio no es algo novedoso en nuestras latitudes, no lo es menos el hecho de que
en las últimas décadas ha aumentado considerablemente y, de ser un fenómeno económico-
social, ha pasado a ser un serio asunto de gobernabilidad para los funcionarios de todos los
niveles de gobierno. Sin embargo, dada la relativa novedad de la problemática, no tenemos aún
estudios serios que la aborden, expliquen y/u ofrezcan alternativas ni desde la academia ni
desde los gobiernos.
La primera respuesta a la reciente proliferación del comercio ambulante es tan lógica que
parecería derivada del sentido común: el aumento del comercio en las calles está relacionada
ineluctablemente con las políticas económicas establecida en los países de América Latina en las
últimas tres décadas. La forma en la cual los gobiernos latinoamericanos hicieron frente a la
crisis del capital mundial de la década de los ochenta incluyó una serie de “ajustes
estructurales” que reconfiguraron la propia estructura del Estado. No solamente disminuyeron
drásticamente los presupuestos para importantes rubros del gasto social como salud y
educación, hecho que ya de por sí hacía vulnerables a millones de personas y les impedía ejercer
derechos básicos plasmados en leyes internacionales; también se privatizaron empresas
estatales que dejaron en el desempleo a miles de trabajadores.
Por otro lado, se abrieron indiscriminadamente las fronteras a las exportaciones de países que
como Estados Unidos, apoyan con subsidios a sus productores primarios o como China, que
abaratan mano de obra para reducir gastos de producción. El paso del tiempo ha mostrado que
estas acciones han tenido un reflejo instantáneo en la pauperización del campo, pues varios de
los países de la región latinoamericana han dejado de tener soberanía alimentaria, así como en
la quiebra de la mediana y pequeña empresas, que ante la competencia de productos
manufacturados a un menor costo, han perecido. La migración del campo a la ciudad y la
explosión de la migración ilegal hacia los Estados Unidos en las últimas décadas son expresiones
muy claras de esto.
Aunado a ello, la incapacidad de los gobiernos de atraer inversión extranjera productiva capaz de
generar empleos bien remunerados y la ausencia de esquemas fiscales que favorezcan una
recaudación equitativa donde los que más perciben paguen mayores impuestos, han terminado
por cerrar la pinza para explicar la asfixia de las economías internas cuyo mayor indicativo de su
grave salud es la ausencia de empleos dignos para grandes capas de la población. Tan lógica,
exacta y comprobable es esta argumentación, que hasta parecería una ecuación matemática:
una cosa sumada a la otra daría como resultado, indudablemente, el aumento de la pobreza, el
desempleo y, por ende, la proliferación de los vendedores en la calle. De acuerdo a la OIT
(Organización Internacional del Trabajo), el empleo informal está creciendo en gran parte del
mundo en desarrollo, América Latina incluida, donde 47 por ciento de los trabajadores en 2003,
año de la última medición, estaban en el sector informal, contra 43 por ciento en 1990.
Sin embargo, esta explicación sobre el comercio ambulante, basada en elementos de tipo
económico, aunque no equivocada, resulta incompleta para dar cuenta del panorama pues no
toma en cuenta factores de otra índole que hacen del comercio informal uno de los dolores de
cabeza más preocupantes para los gobernantes latinoamericanos. Hasta ahora ninguna
explicación ha puesto énfasis en el hecho de que el aumento de vendedores en las calles y
aceras de las ciudades, además de tener un origen socioeconómico, se ha convertido en una
afrenta para el poder establecido y que en muy poco tiempo ha logrado vincularse con otras
actividades ilícitas. Así, muy pocas explicaciones reparan en que este fenómeno ha creado una
economía paralela, legal o extralegal y que ha logrado mantener vigentes prácticas políticas que
se creían controladas, como la apropiación y ocupación de territorios públicos, el clientelismo y
la corrupción.
Pero para mejor exponer la forma en que el comercio informal se inscribe en una problemática
de gobernabilidad y no hablar ex-nihilo, se tratará aquí el caso de los comerciantes ambulantes
del Centro Histórico de la Ciudad de México.
El Centro Histórico de la Ciudad de México está ubicado en una demarcación administrativa
llamada delegación Cuauhtémoc, que, como su nombre lo indica, se sitúa en lo que en algún
momento fue el centro de una de las ciudades más grandes del mundo. Además de ser el asiento
físico y simbólico de los poderes ejecutivos federales y locales ya que en ella se encuentra
ubicado tanto el Palacio Nacional como el Palacio del Ayuntamiento Capitalino, esta zona se ha
distinguido históricamente por su dinamismo comercial. Sin embargo, no toda la demarcación
tiene problemas de asentamientos de comerciantes informales; éstos se concentran en 42
manzanas (conjuntos delimitados de calles y edificios habitacionales y comerciales). Así, el
centro crítico de esa actividad lo constituyen casi 900 calles del Centro Histórico, donde los
ambulantes, a cuyo frente se ubican líderes como Alejandra Barrios Richard, los hermanos
Sánchez Rico, Miguel Angel Huerta, Raymundo Pérez López y Magdalena Acuña, principalmente,
se asentaron y fortalecieron. Cabe decir que, de unos años a la fecha, los comerciantes
ambulantes no sólo ocuparon las aceras y las calles; sino que extendieron sus dominios hasta
otros espacios de la ciudad.
Pero ¿qué debemos entender cuando nos referimos al comercio informal o a los comerciantes
ambulantes? En primer lugar debemos decir que ambos términos corresponden a los individuos
que, de alguna u otra forma, trabajan en actividades en la economía informal. Se le denomina de
esta forma al tipo de actividad económica que no cumple con las regulaciones marcadas por las
leyes, es decir, que no está formalmente constituida y por ende, no paga impuestos ni servicios.
Por definición, la economía informal es ilegal, pues de ella forman parte tanto los comerciantes
ambulantes como los fabricantes de productos pirata, los narcotraficantes, los contrabandistas y
los vendedores de armas, entre otros. Sin embargo, la actividad comercial no registrada ante las
autoridades, a la que denominamos “comercio informal”, es más permitida y aceptada por las
propias autoridades.
El comercio informal no se realiza necesariamente en la calle; puede tener lugar en casas-
habitación propias o, dada su naturaleza, puede no tener propiamente un espacio para
realizarse. La mayor parte del comercio informal es el que llevan a cabo los comerciantes
ambulantes, llamados así en tanto que no siempre tienen un lugar fijo para vender sus
mercancías. Los “ambulantes” son los que ofrecen sus mercaderías en las aceras, en la calle, en
las estaciones del tren subterráneo, en mercados, parques, paraderos de autobuses, clínicas,
centros de espectáculos y cruceros de calles, donde se ubican los semáforos. Por eso, cuando se
habla de ambulantes necesariamente se habla de comercio informal y de economía informal.
Dada la naturaleza informal de la actividad económica de los ambulantes, los primeros afectados
por esta actividad ilegal en el Centro Histórico son los comerciantes establecidos, los que sí
pagan impuestos. Desde sus organizaciones gremiales, entre las que se encuentran la
CONCANACO (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio) se han dedicado, por un lado,
a estudiar el fenómeno y por otro, a denunciar a los organismos gubernamentales implicados en
el problema. En el año 2005, cuando el problema del ambulantaje alcanzaba un punto critico y
ya se contaba con estadísticas para exponerlo, denunciaron que en los dos años anteriores el
comercio ambulante había crecido a ritmo de 9 por ciento anual, muy por encima del dinamismo
del producto interno bruto (PIB) nacional que en 2004 fue de 4.4 por ciento. Decían también que
los ambulantes conforman 78 por ciento del comercio informal del país y calculaban en 600
millones de pesos mensuales (poco menos de 60 millones USD) las cuotas que pagaban a
autoridades corruptas para su protección.
Asimismo, denunciaban que tanto el ambulantaje, como el contrabando y la piratería seguirían
siendo problemas mientras los vendedores informales representen votos potenciales para
partidos y autoridades. Tasaban en 110 mil millones de pesos ( cerca de 11 billones USD)
pérdidas anuales de los vendedores establecidos y advertían que el comercio en la vía pública de
productos robados, piratas y de contrabando provocaba que, sólo en el Centro Histórico, el fisco
dejara de percibir unos 9 mil 600 millones de pesos (alrededor de 900 millones USD) al año por
el comercio ilegal de productos tales como electrodomésticos, de computación, textiles, calzado,
juguetes, fonogramas, videojuegos, software, vinos y licores, libros, bolsas, artículos escolares,
entre otros que no siempre son de óptima calidad o legales.
Dos años más tarde, en abril de 2007, como parte de una investigación conjunta entre la Cámara
de Comercio de la ciudad de México y el departamento de Ciencias y Humanidades del Instituto
Tecnológico de Monterrey, importante centro universitario privado de México, se dio a conocer
que el fisco mexicano deja de percibir al año alrededor de 4 por ciento del producto interno bruto
(PIB) como resultado de la creciente economía informal, comercio ilegal, contrabando y piratería,
toda vez que en ese mercado se venden alrededor de 480 mil millones de dólares al año de los
cuales alrededor de 8 por ciento serían gravables. Aseguran que hay 19 millones de mexicanos
(poco menos del 20% de la población nacional) que trabajan en la economía informal y que el
comercio ilegal crece a un ritmo de 13.6 por ciento anual mientras que el comercio establecido lo
hace apenas a 9.8 por ciento. Finalmente, advirtieron que el comercio establecido en el Distrito
Federal registra pérdidas por 40 mil millones de pesos anuales debido al ambulantaje y
calcularon en 500 mil los ambulantes en la Ciudad de México, de los cuales 30 mil se instalan en
el Centro Histórico.
Los ambulantes, por su parte, se siguen expandiendo de manera caótica, desordenada y
continua en las calles del Centro de la Ciudad de México, aunque lo cierto es que en los últimos
años se ha documentado la consolidación de un esquema de control por unas cuantas familias y
líderes que sustentan su dominio territorial en millonarios ingresos y en grupos de presión. De
acuerdo al diario mexicano La Jornada, estos grupos se disputan un negocio que, tan sólo en el
primer cuadro del Distrito Federal, el del Centro Histórico, genera ganancias semanales de más
de 10 millones de pesos (casi un millón de dólares), sólo por uso de piso. Así, lo que parece un
caos para el observador común es en realidad una industria altamente organizada. La mayoría
de los vendedores de la capital pagan cuotas diarias a sus líderes, quienes reparten territorios y
mantienen en paz a funcionarios, comerciantes establecidos y competidores.
Un caso que destaca es el de la lidereza Alejandra Barrios, que está al frente de la Asociación
Legítima Cívica Comercial, la cual aglutina al mayor número de comerciantes informales del
Centro, aproximadamente 4 mil, quienes tienen que pagar 50 pesos diarios (poco menos de 5
USD), en promedio, o bien de 15 a 20 mil pesos (de 1500 a 2 mil USD) para garantizar un
espacio de venta. Con base en informes de dirigentes de esa actividad, sólo en el Centro
Histórico operan 30 mil vendedores informales, de los cerca de 200 mil que existirían en todo el
Distrito Federal, aunque hay otras versiones que consideran que esa cifra podría estar entre los
300 y los 500 mil. Las cifras oficiales del Gobierno del Distrito Federal contrastan con las de los
líderes, pues para ellos hay de 8 a 9 mil ambulantes en el primer cuadro de la ciudad. Cabe decir
que a ese ejército de ambulantes a diario se suman gente desempleada, discapacitados, ex
funcionarios, indígenas, amas de casa, jóvenes o niños, algunos ofreciendo sus productos en
reducidos puestos, otros como charolas (cobradores), aguadores (los que vigilan),
golpeadores, carpeteros (vendedores de piratería), corredores (traficantes de drogas),
prestanombres, y delegados de calle.
De acuerdo a las propias autoridades, las tres principales fuentes de la mercancía que se
distribuye entre los vendedores ambulantes son el contrabando, la mercancía robada, y los
productos derivados del autorrobo a empresas. La primera es una red conocida por todos. A
partir de la media noche y durante la madrugada los camiones o camionetas con mercancía
llegan principalmente a calles de la zona oriente del Centro, atrás de Palacio Nacional. La
segunda consisten en que las propias empresas se autorroben para luego levantar denuncias
penales y así obtener el monto del seguro. Otra red es la que se da por medio de la compra
directa de la mercancía en las aduanas de México. Al parecer, hasta esos puntos de desembarco,
sobre todo la del estado mexicano de Veracruz, se dirigen las unidades de las organizaciones de
ambulantes y ahí buscan la compra de contenedores con mercancía que no es reclamada o bien
que es de contrabando. También está la compra de productos a través de las importadoras, que
como la que creó la Asociación Cívica Comercial, que encabeza Alejandra Barrios, traen
directamente sus mercancías y luego las distribuye en el Centro y en toda la ciudad.
A lo largo de los últimos años, la respuesta de las autoridades ante la proliferación del comercio
ambulante y ante la adquisición de fuerza político-electoral de los dirigentes, ha sido más bien
complaciente. Ni las administraciones del PRI (Partido Revolucionario Institucional, el partido
político que gobernó la capital durante décadas) ni las del PRD (Partido de la Revolución
Democrática, partido político que gobierna la Ciudad de México desde hace ya 11 años,
identificado con la izquierda) han podido atacar de frente al problema debido a la cantidad de
intereses que se esconden tras el entramado del ambulantaje. El último esfuerzo por organizar a
estos trabajadores de la economía informal apostados en las calles del Centro Histórico, lo llevó
a cabo en 2007 el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, quien anunció
que, tras negociar con los líderes de los ambulantes, había conseguido un compromiso para
iniciar el proceso de retiro del comercio informal en esta zona. Apoyado en la existencia de un
bando (normativa local) que emitió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 1993, que está
vigente, descartó la necesidad de hacer reformas jurídicas en esta materia.
Sin embargo, la voluntad política no es suficiente. Está muy documentado por la prensa
mexicana que los propios inspectores de vía pública, funcionarios y policías federales y locales
protegen el crecimiento anárquico de esa actividad. Además, siguen siendo constantes los
testimonios de los dirigentes del comercio informal donde se denuncia a los inspectores que
pasan la charola a diario (cobran cuotas todos los días), a los policías que extorsionan a líderes o
ambulantes así como la venta nocturna de mercancía confiscada que realizan los efectivos de la
Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y los ofrecimientos de mercancía de contrabando que
realizan los funcionarios de las Aduanas.
Por su parte, los inspectores de vía pública son juez y parte. Por un lado deben vigilar que no se
expanda el ambulantaje, pero por otro son los que por pagos de 5 a 10 mil pesos, ponen a
nuevos vendedores en tal o cual calle del Centro o de otra zona de la ciudad, y les cobran
directamente su cuota. Asimismo, estos pueden contratar a madrinas, meritorios o familiares,
por medio de los cuales pasan la charola, de 20 a 100 pesos diarios. Se menciona entre los
ambulantes a algunos inspectores que a pesar de ganar oficialmente 3 mil o 4 mil pesos al mes
tienen residencias y automóviles de lujo, lo que ha sido posible gracias a su habilidad para
comprar coordinadores y subdirectores de Vía Pública y garantizar con ello que no sean
removidos de sus zonas. Incluso, a sus superiores llegan a darles hasta 20 mil pesos a la
semana. Se afirma también que esos inspectores llegan, en algunos casos, a gozar también de la
protección del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF), y
cuando estos personajes son sorprendidos recibiendo dinero y los consignan, el sindicato los
apoya, les proporciona abogados, los sacan y regresan a su puesto.
Con relación a los elementos de la AFI, la agencia llamada el FBI mexicano, se tiene
documentado que llegaban a bordo de sus unidades oficiales o de camionetas negras sin placas,
en las que llevaban diversos productos que ofrecían a los ambulantes e incluso mostraban
catálogos de lo que podían entregar. Por lo que hace a las aduanas, los representantes del
comercio en vía pública aseguran que ahí sigue habiendo mucha corrupción, pues funcionarios
de esa área siguen permitiendo el ingreso de mercancía de contrabando que luego inunda las
calles del centro de la capital.
El número de ambulantes es tan preocupante para los orquestadores de la economía nacional
que la Secretaría de Hacienda ha planteado el cobro de un gravamen que hace llamar Impuesto
Contra la Informalidad (ICI), que si bien no frenará el comercio ambulante, por lo menos
intentará ampliar la base de contribuyentes inscrita en el Registro Federal con el fin de obtener
información de lo que está detrás del fenómeno y de las actividades ilícitas que encubre. Se
tiene pensado el ICI recaude 7 mil millones de pesos al año. Cabe decir que ese impuesto aún se
sigue discutiendo
El caso del comercio ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México es paradigmático
porque nos permite visualizar todos los elementos presentes en este fenómeno. En primer lugar,
nos permite reconstruirlo desde la perspectiva de la gobernabilidad como una afrenta a los
poderes establecidos. Además de la pauperización creciente, el aumento del poder de los líderes
del comercio informal habla de un quebrantamiento de la legitimidad del gobierno como el
auténtico gestor de las demandas de la población. Cuando un gobierno, ya sea local o federal,
está a merced de grupos de presión que indudablemente están fuera de la ley y negocia el
control de espacios por definición públicos, nos encontramos ante un debilitamiento de las
instituciones que deviene en ingobernabilidad, pues éstas no están cumpliendo la función para la
que fueron creadas. Si bien es cierto que la ley debe ser suficientemente flexible y sensible para
hacer frente a los problemas políticos y sociales, no lo es menos que un gobierno que establece
acuerdos con líderes corruptos y delincuentes y los reconoce como interlocutores en lugar de
organizar el comercio ambulante de acuerdo a la normatividad vigente, está perdiendo
capacidad de acción frente a los actores que no están directamente implicados en el problema.
Este problema de pérdida de legitimidad se agrava cuando el gobierno se convierte en cómplice
de una actividad a todas luces ilegal. Los supuestos de todo pacto social están basados en que el
gobierno respete y haga respetar la ley; en el momento en que los funcionarios mayores y
menores se convierten en un eslabón más de una actividad ilegal como el robo, el contrabando o
la piratería, el pacto social se resquebraja y hace necesario uno nuevo. Cuando los ciudadanos
ya no pueden confiar en sus instituciones porque éstas se han pervertido, el gobierno parecería
no tener razón de existir. No en vano los procesos electorales registran cada vez menos
participación: los gobiernos no están representado ya los intereses de los electores.
El fenómeno del comercio ambulante nos permite ver, además, que se está construyendo una
economía al margen de la economía formal con los riesgos que esto implica. Más allá de los
avisos que nos indican que este tipo de actividad pone en peligro el modelo económico en
general al evadir los impuestos básicos de toda actividad comercial como el impuesto al valor
agregado y el impuesto sobre la renta, lo cierto es que el creciente número de personas
dedicadas al comercio ambulante, aun cuando su actividad no por ilegal esté exenta de reglas,
hablan de la incapacidad de los gobernantes de crear opciones reales de empleo.
Finalmente, otro aspecto preocupante que muestra el aumento desmedido de los ambulantes en
las calles y en otros lugares públicos, es el hecho de que la cultura política de la corrupción y el
clientelismo se hace evidente en su ejercicio. Los líderes de los vendedores ambulantes
reproducen fuera del gobierno y las instituciones, las prácticas que por años caracterizaron al
sistema político mexicano: organización de grupos masivos en torno a lealtades, como se puede
ver en los distintos grupos que controlan las calles del centro histórico, que se pelean entre sí
pero que defienden a sus agremiados; acuerdos cupulares entre los dirigentes de los
ambulantes, que se reflejan en el respeto a los espacios de cada grupo; o el cobro de cuotas
para garantizar la seguridad del ambulante, entre varias más.
En suma, es evidente que ante un gobierno que se deja amenazar por grupos de presión con
fuertes vínculos con la delincuencia; ante un sistema político cuyos participantes, ya sean
gobernantes, legisladores o jueces, que toman parte activa en la cadena delictiva; ante la
imposibilidad de la clase política para analizar el problema de la creación de empleos; y ante una
sociedad pauperizada cuyas alternativas de empleo incluyan la reproducción de viejos
esquemas, hay mucho trabajo político que hacer y muchos problemas para reflexionar
El comercio informal, una afrenta a los poderes establecidosVendedores ambulantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México
Par Yenisey Rodríguez Cabrera
PROGRAMME Légitimité et enracinement du pouvoir
DOSSIER Poderes paralelos en México y Panamá
Mot-clés : État ; parti politique Contrat social ; Culture politique ; éthique Mexique ; Amérique du Sud
No siempre la organización de las actividades económicas alternativas, propuestas
por actores que están fuera de los círculos del gobierno, resultan experiencias positivas
que abonan a un mejor entendimiento entre actores políticos y sociales. Partiendo del
caso del comercio ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México, esta ficha
explica la problemática que enfrentan las instituciones y los gobiernos ante la
organización de un modo de vida paralelo que, hasta ahora sólo ha sido estudiado
desde la perspectiva económica. En primer lugar, se hablará muy brevemente de las
características propias del espacio analizado; después se realizará una necesaria
distinción entre los términos “economía informal”, “comercio informal” y
“ambulantaje”, hasta ahora utilizados indistintamente. Asimismo, se expondrá la
opinión y acciones de los actores primarios inmersos en el problema y se hará una
análisis de la situación.
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Las calles de las grandes ciudades latinoamericanas en general y las zonas de mayor confluencia
de gente en particular, evidencian una realidad: la presencia cada vez más numerosa de
personas dedicadas al comercio ambulante. Es un fenómeno que vivimos a diario y que forma
parte de nuestra cotidianeidad en tanto lo asumimos como normal. Aunque, si bien es cierto que
este tipo de comercio no es algo novedoso en nuestras latitudes, no lo es menos el hecho de que
en las últimas décadas ha aumentado considerablemente y, de ser un fenómeno económico-
social, ha pasado a ser un serio asunto de gobernabilidad para los funcionarios de todos los
niveles de gobierno. Sin embargo, dada la relativa novedad de la problemática, no tenemos aún
estudios serios que la aborden, expliquen y/u ofrezcan alternativas ni desde la academia ni
desde los gobiernos.
La primera respuesta a la reciente proliferación del comercio ambulante es tan lógica que
parecería derivada del sentido común: el aumento del comercio en las calles está relacionada
ineluctablemente con las políticas económicas establecida en los países de América Latina en las
últimas tres décadas. La forma en la cual los gobiernos latinoamericanos hicieron frente a la
crisis del capital mundial de la década de los ochenta incluyó una serie de “ajustes
estructurales” que reconfiguraron la propia estructura del Estado. No solamente disminuyeron
drásticamente los presupuestos para importantes rubros del gasto social como salud y
educación, hecho que ya de por sí hacía vulnerables a millones de personas y les impedía ejercer
derechos básicos plasmados en leyes internacionales; también se privatizaron empresas
estatales que dejaron en el desempleo a miles de trabajadores.
Por otro lado, se abrieron indiscriminadamente las fronteras a las exportaciones de países que
como Estados Unidos, apoyan con subsidios a sus productores primarios o como China, que
abaratan mano de obra para reducir gastos de producción. El paso del tiempo ha mostrado que
estas acciones han tenido un reflejo instantáneo en la pauperización del campo, pues varios de
los países de la región latinoamericana han dejado de tener soberanía alimentaria, así como en
la quiebra de la mediana y pequeña empresas, que ante la competencia de productos
manufacturados a un menor costo, han perecido. La migración del campo a la ciudad y la
explosión de la migración ilegal hacia los Estados Unidos en las últimas décadas son expresiones
muy claras de esto.
Aunado a ello, la incapacidad de los gobiernos de atraer inversión extranjera productiva capaz de
generar empleos bien remunerados y la ausencia de esquemas fiscales que favorezcan una
recaudación equitativa donde los que más perciben paguen mayores impuestos, han terminado
por cerrar la pinza para explicar la asfixia de las economías internas cuyo mayor indicativo de su
grave salud es la ausencia de empleos dignos para grandes capas de la población. Tan lógica,
exacta y comprobable es esta argumentación, que hasta parecería una ecuación matemática:
una cosa sumada a la otra daría como resultado, indudablemente, el aumento de la pobreza, el
desempleo y, por ende, la proliferación de los vendedores en la calle. De acuerdo a la OIT
(Organización Internacional del Trabajo), el empleo informal está creciendo en gran parte del
mundo en desarrollo, América Latina incluida, donde 47 por ciento de los trabajadores en 2003,
año de la última medición, estaban en el sector informal, contra 43 por ciento en 1990.
Sin embargo, esta explicación sobre el comercio ambulante, basada en elementos de tipo
económico, aunque no equivocada, resulta incompleta para dar cuenta del panorama pues no
toma en cuenta factores de otra índole que hacen del comercio informal uno de los dolores de
cabeza más preocupantes para los gobernantes latinoamericanos. Hasta ahora ninguna
explicación ha puesto énfasis en el hecho de que el aumento de vendedores en las calles y
aceras de las ciudades, además de tener un origen socioeconómico, se ha convertido en una
afrenta para el poder establecido y que en muy poco tiempo ha logrado vincularse con otras
actividades ilícitas. Así, muy pocas explicaciones reparan en que este fenómeno ha creado una
economía paralela, legal o extralegal y que ha logrado mantener vigentes prácticas políticas que
se creían controladas, como la apropiación y ocupación de territorios públicos, el clientelismo y
la corrupción.
Pero para mejor exponer la forma en que el comercio informal se inscribe en una problemática
de gobernabilidad y no hablar ex-nihilo, se tratará aquí el caso de los comerciantes ambulantes
del Centro Histórico de la Ciudad de México.
El Centro Histórico de la Ciudad de México está ubicado en una demarcación administrativa
llamada delegación Cuauhtémoc, que, como su nombre lo indica, se sitúa en lo que en algún
momento fue el centro de una de las ciudades más grandes del mundo. Además de ser el asiento
físico y simbólico de los poderes ejecutivos federales y locales ya que en ella se encuentra
ubicado tanto el Palacio Nacional como el Palacio del Ayuntamiento Capitalino, esta zona se ha
distinguido históricamente por su dinamismo comercial. Sin embargo, no toda la demarcación
tiene problemas de asentamientos de comerciantes informales; éstos se concentran en 42
manzanas (conjuntos delimitados de calles y edificios habitacionales y comerciales). Así, el
centro crítico de esa actividad lo constituyen casi 900 calles del Centro Histórico, donde los
ambulantes, a cuyo frente se ubican líderes como Alejandra Barrios Richard, los hermanos
Sánchez Rico, Miguel Angel Huerta, Raymundo Pérez López y Magdalena Acuña, principalmente,
se asentaron y fortalecieron. Cabe decir que, de unos años a la fecha, los comerciantes
ambulantes no sólo ocuparon las aceras y las calles; sino que extendieron sus dominios hasta
otros espacios de la ciudad.
Pero ¿qué debemos entender cuando nos referimos al comercio informal o a los comerciantes
ambulantes? En primer lugar debemos decir que ambos términos corresponden a los individuos
que, de alguna u otra forma, trabajan en actividades en la economía informal. Se le denomina de
esta forma al tipo de actividad económica que no cumple con las regulaciones marcadas por las
leyes, es decir, que no está formalmente constituida y por ende, no paga impuestos ni servicios.
Por definición, la economía informal es ilegal, pues de ella forman parte tanto los comerciantes
ambulantes como los fabricantes de productos pirata, los narcotraficantes, los contrabandistas y
los vendedores de armas, entre otros. Sin embargo, la actividad comercial no registrada ante las
autoridades, a la que denominamos “comercio informal”, es más permitida y aceptada por las
propias autoridades.
El comercio informal no se realiza necesariamente en la calle; puede tener lugar en casas-
habitación propias o, dada su naturaleza, puede no tener propiamente un espacio para
realizarse. La mayor parte del comercio informal es el que llevan a cabo los comerciantes
ambulantes, llamados así en tanto que no siempre tienen un lugar fijo para vender sus
mercancías. Los “ambulantes” son los que ofrecen sus mercaderías en las aceras, en la calle, en
las estaciones del tren subterráneo, en mercados, parques, paraderos de autobuses, clínicas,
centros de espectáculos y cruceros de calles, donde se ubican los semáforos. Por eso, cuando se
habla de ambulantes necesariamente se habla de comercio informal y de economía informal.
Dada la naturaleza informal de la actividad económica de los ambulantes, los primeros afectados
por esta actividad ilegal en el Centro Histórico son los comerciantes establecidos, los que sí
pagan impuestos. Desde sus organizaciones gremiales, entre las que se encuentran la
CONCANACO (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio) se han dedicado, por un lado,
a estudiar el fenómeno y por otro, a denunciar a los organismos gubernamentales implicados en
el problema. En el año 2005, cuando el problema del ambulantaje alcanzaba un punto critico y
ya se contaba con estadísticas para exponerlo, denunciaron que en los dos años anteriores el
comercio ambulante había crecido a ritmo de 9 por ciento anual, muy por encima del dinamismo
del producto interno bruto (PIB) nacional que en 2004 fue de 4.4 por ciento. Decían también que
los ambulantes conforman 78 por ciento del comercio informal del país y calculaban en 600
millones de pesos mensuales (poco menos de 60 millones USD) las cuotas que pagaban a
autoridades corruptas para su protección.
Asimismo, denunciaban que tanto el ambulantaje, como el contrabando y la piratería seguirían
siendo problemas mientras los vendedores informales representen votos potenciales para
partidos y autoridades. Tasaban en 110 mil millones de pesos ( cerca de 11 billones USD)
pérdidas anuales de los vendedores establecidos y advertían que el comercio en la vía pública de
productos robados, piratas y de contrabando provocaba que, sólo en el Centro Histórico, el fisco
dejara de percibir unos 9 mil 600 millones de pesos (alrededor de 900 millones USD) al año por
el comercio ilegal de productos tales como electrodomésticos, de computación, textiles, calzado,
juguetes, fonogramas, videojuegos, software, vinos y licores, libros, bolsas, artículos escolares,
entre otros que no siempre son de óptima calidad o legales.
Dos años más tarde, en abril de 2007, como parte de una investigación conjunta entre la Cámara
de Comercio de la ciudad de México y el departamento de Ciencias y Humanidades del Instituto
Tecnológico de Monterrey, importante centro universitario privado de México, se dio a conocer
que el fisco mexicano deja de percibir al año alrededor de 4 por ciento del producto interno bruto
(PIB) como resultado de la creciente economía informal, comercio ilegal, contrabando y piratería,
toda vez que en ese mercado se venden alrededor de 480 mil millones de dólares al año de los
cuales alrededor de 8 por ciento serían gravables. Aseguran que hay 19 millones de mexicanos
(poco menos del 20% de la población nacional) que trabajan en la economía informal y que el
comercio ilegal crece a un ritmo de 13.6 por ciento anual mientras que el comercio establecido lo
hace apenas a 9.8 por ciento. Finalmente, advirtieron que el comercio establecido en el Distrito
Federal registra pérdidas por 40 mil millones de pesos anuales debido al ambulantaje y
calcularon en 500 mil los ambulantes en la Ciudad de México, de los cuales 30 mil se instalan en
el Centro Histórico.
Los ambulantes, por su parte, se siguen expandiendo de manera caótica, desordenada y
continua en las calles del Centro de la Ciudad de México, aunque lo cierto es que en los últimos
años se ha documentado la consolidación de un esquema de control por unas cuantas familias y
líderes que sustentan su dominio territorial en millonarios ingresos y en grupos de presión. De
acuerdo al diario mexicano La Jornada, estos grupos se disputan un negocio que, tan sólo en el
primer cuadro del Distrito Federal, el del Centro Histórico, genera ganancias semanales de más
de 10 millones de pesos (casi un millón de dólares), sólo por uso de piso. Así, lo que parece un
caos para el observador común es en realidad una industria altamente organizada. La mayoría
de los vendedores de la capital pagan cuotas diarias a sus líderes, quienes reparten territorios y
mantienen en paz a funcionarios, comerciantes establecidos y competidores.
Un caso que destaca es el de la lidereza Alejandra Barrios, que está al frente de la Asociación
Legítima Cívica Comercial, la cual aglutina al mayor número de comerciantes informales del
Centro, aproximadamente 4 mil, quienes tienen que pagar 50 pesos diarios (poco menos de 5
USD), en promedio, o bien de 15 a 20 mil pesos (de 1500 a 2 mil USD) para garantizar un
espacio de venta. Con base en informes de dirigentes de esa actividad, sólo en el Centro
Histórico operan 30 mil vendedores informales, de los cerca de 200 mil que existirían en todo el
Distrito Federal, aunque hay otras versiones que consideran que esa cifra podría estar entre los
300 y los 500 mil. Las cifras oficiales del Gobierno del Distrito Federal contrastan con las de los
líderes, pues para ellos hay de 8 a 9 mil ambulantes en el primer cuadro de la ciudad. Cabe decir
que a ese ejército de ambulantes a diario se suman gente desempleada, discapacitados, ex
funcionarios, indígenas, amas de casa, jóvenes o niños, algunos ofreciendo sus productos en
reducidos puestos, otros como charolas (cobradores), aguadores (los que vigilan),
golpeadores, carpeteros (vendedores de piratería), corredores (traficantes de drogas),
prestanombres, y delegados de calle.
De acuerdo a las propias autoridades, las tres principales fuentes de la mercancía que se
distribuye entre los vendedores ambulantes son el contrabando, la mercancía robada, y los
productos derivados del autorrobo a empresas. La primera es una red conocida por todos. A
partir de la media noche y durante la madrugada los camiones o camionetas con mercancía
llegan principalmente a calles de la zona oriente del Centro, atrás de Palacio Nacional. La
segunda consisten en que las propias empresas se autorroben para luego levantar denuncias
penales y así obtener el monto del seguro. Otra red es la que se da por medio de la compra
directa de la mercancía en las aduanas de México. Al parecer, hasta esos puntos de desembarco,
sobre todo la del estado mexicano de Veracruz, se dirigen las unidades de las organizaciones de
ambulantes y ahí buscan la compra de contenedores con mercancía que no es reclamada o bien
que es de contrabando. También está la compra de productos a través de las importadoras, que
como la que creó la Asociación Cívica Comercial, que encabeza Alejandra Barrios, traen
directamente sus mercancías y luego las distribuye en el Centro y en toda la ciudad.
A lo largo de los últimos años, la respuesta de las autoridades ante la proliferación del comercio
ambulante y ante la adquisición de fuerza político-electoral de los dirigentes, ha sido más bien
complaciente. Ni las administraciones del PRI (Partido Revolucionario Institucional, el partido
político que gobernó la capital durante décadas) ni las del PRD (Partido de la Revolución
Democrática, partido político que gobierna la Ciudad de México desde hace ya 11 años,
identificado con la izquierda) han podido atacar de frente al problema debido a la cantidad de
intereses que se esconden tras el entramado del ambulantaje. El último esfuerzo por organizar a
estos trabajadores de la economía informal apostados en las calles del Centro Histórico, lo llevó
a cabo en 2007 el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, quien anunció
que, tras negociar con los líderes de los ambulantes, había conseguido un compromiso para
iniciar el proceso de retiro del comercio informal en esta zona. Apoyado en la existencia de un
bando (normativa local) que emitió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 1993, que está
vigente, descartó la necesidad de hacer reformas jurídicas en esta materia.
Sin embargo, la voluntad política no es suficiente. Está muy documentado por la prensa
mexicana que los propios inspectores de vía pública, funcionarios y policías federales y locales
protegen el crecimiento anárquico de esa actividad. Además, siguen siendo constantes los
testimonios de los dirigentes del comercio informal donde se denuncia a los inspectores que
pasan la charola a diario (cobran cuotas todos los días), a los policías que extorsionan a líderes o
ambulantes así como la venta nocturna de mercancía confiscada que realizan los efectivos de la
Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y los ofrecimientos de mercancía de contrabando que
realizan los funcionarios de las Aduanas.
Por su parte, los inspectores de vía pública son juez y parte. Por un lado deben vigilar que no se
expanda el ambulantaje, pero por otro son los que por pagos de 5 a 10 mil pesos, ponen a
nuevos vendedores en tal o cual calle del Centro o de otra zona de la ciudad, y les cobran
directamente su cuota. Asimismo, estos pueden contratar a madrinas, meritorios o familiares,
por medio de los cuales pasan la charola, de 20 a 100 pesos diarios. Se menciona entre los
ambulantes a algunos inspectores que a pesar de ganar oficialmente 3 mil o 4 mil pesos al mes
tienen residencias y automóviles de lujo, lo que ha sido posible gracias a su habilidad para
comprar coordinadores y subdirectores de Vía Pública y garantizar con ello que no sean
removidos de sus zonas. Incluso, a sus superiores llegan a darles hasta 20 mil pesos a la
semana. Se afirma también que esos inspectores llegan, en algunos casos, a gozar también de la
protección del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF), y
cuando estos personajes son sorprendidos recibiendo dinero y los consignan, el sindicato los
apoya, les proporciona abogados, los sacan y regresan a su puesto.
Con relación a los elementos de la AFI, la agencia llamada el FBI mexicano, se tiene
documentado que llegaban a bordo de sus unidades oficiales o de camionetas negras sin placas,
en las que llevaban diversos productos que ofrecían a los ambulantes e incluso mostraban
catálogos de lo que podían entregar. Por lo que hace a las aduanas, los representantes del
comercio en vía pública aseguran que ahí sigue habiendo mucha corrupción, pues funcionarios
de esa área siguen permitiendo el ingreso de mercancía de contrabando que luego inunda las
calles del centro de la capital.
El número de ambulantes es tan preocupante para los orquestadores de la economía nacional
que la Secretaría de Hacienda ha planteado el cobro de un gravamen que hace llamar Impuesto
Contra la Informalidad (ICI), que si bien no frenará el comercio ambulante, por lo menos
intentará ampliar la base de contribuyentes inscrita en el Registro Federal con el fin de obtener
información de lo que está detrás del fenómeno y de las actividades ilícitas que encubre. Se
tiene pensado el ICI recaude 7 mil millones de pesos al año. Cabe decir que ese impuesto aún se
sigue discutiendo
El caso del comercio ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México es paradigmático
porque nos permite visualizar todos los elementos presentes en este fenómeno. En primer lugar,
nos permite reconstruirlo desde la perspectiva de la gobernabilidad como una afrenta a los
poderes establecidos. Además de la pauperización creciente, el aumento del poder de los líderes
del comercio informal habla de un quebrantamiento de la legitimidad del gobierno como el
auténtico gestor de las demandas de la población. Cuando un gobierno, ya sea local o federal,
está a merced de grupos de presión que indudablemente están fuera de la ley y negocia el
control de espacios por definición públicos, nos encontramos ante un debilitamiento de las
instituciones que deviene en ingobernabilidad, pues éstas no están cumpliendo la función para la
que fueron creadas. Si bien es cierto que la ley debe ser suficientemente flexible y sensible para
hacer frente a los problemas políticos y sociales, no lo es menos que un gobierno que establece
acuerdos con líderes corruptos y delincuentes y los reconoce como interlocutores en lugar de
organizar el comercio ambulante de acuerdo a la normatividad vigente, está perdiendo
capacidad de acción frente a los actores que no están directamente implicados en el problema.
Este problema de pérdida de legitimidad se agrava cuando el gobierno se convierte en cómplice
de una actividad a todas luces ilegal. Los supuestos de todo pacto social están basados en que el
gobierno respete y haga respetar la ley; en el momento en que los funcionarios mayores y
menores se convierten en un eslabón más de una actividad ilegal como el robo, el contrabando o
la piratería, el pacto social se resquebraja y hace necesario uno nuevo. Cuando los ciudadanos
ya no pueden confiar en sus instituciones porque éstas se han pervertido, el gobierno parecería
no tener razón de existir. No en vano los procesos electorales registran cada vez menos
participación: los gobiernos no están representado ya los intereses de los electores.
El fenómeno del comercio ambulante nos permite ver, además, que se está construyendo una
economía al margen de la economía formal con los riesgos que esto implica. Más allá de los
avisos que nos indican que este tipo de actividad pone en peligro el modelo económico en
general al evadir los impuestos básicos de toda actividad comercial como el impuesto al valor
agregado y el impuesto sobre la renta, lo cierto es que el creciente número de personas
dedicadas al comercio ambulante, aun cuando su actividad no por ilegal esté exenta de reglas,
hablan de la incapacidad de los gobernantes de crear opciones reales de empleo.
Finalmente, otro aspecto preocupante que muestra el aumento desmedido de los ambulantes en
las calles y en otros lugares públicos, es el hecho de que la cultura política de la corrupción y el
clientelismo se hace evidente en su ejercicio. Los líderes de los vendedores ambulantes
reproducen fuera del gobierno y las instituciones, las prácticas que por años caracterizaron al
sistema político mexicano: organización de grupos masivos en torno a lealtades, como se puede
ver en los distintos grupos que controlan las calles del centro histórico, que se pelean entre sí
pero que defienden a sus agremiados; acuerdos cupulares entre los dirigentes de los
ambulantes, que se reflejan en el respeto a los espacios de cada grupo; o el cobro de cuotas
para garantizar la seguridad del ambulante, entre varias más.
En suma, es evidente que ante un gobierno que se deja amenazar por grupos de presión con
fuertes vínculos con la delincuencia; ante un sistema político cuyos participantes, ya sean
gobernantes, legisladores o jueces, que toman parte activa en la cadena delictiva; ante la
imposibilidad de la clase política para analizar el problema de la creación de empleos; y ante una
sociedad pauperizada cuyas alternativas de empleo incluyan la reproducción de viejos
esquemas, hay mucho trabajo político que hacer y muchos problemas para reflexionar.
Las calles de las grandes ciudades latinoamericanas en general y las zonas de mayor confluencia
de gente en particular, evidencian una realidad: la presencia cada vez más numerosa de
personas dedicadas al comercio ambulante. Es un fenómeno que vivimos a diario y que forma
parte de nuestra cotidianeidad en tanto lo asumimos como normal. Aunque, si bien es cierto que
este tipo de comercio no es algo novedoso en nuestras latitudes, no lo es menos el hecho de que
en las últimas décadas ha aumentado considerablemente y, de ser un fenómeno económico-
social, ha pasado a ser un serio asunto de gobernabilidad para los funcionarios de todos los
niveles de gobierno. Sin embargo, dada la relativa novedad de la problemática, no tenemos aún
estudios serios que la aborden, expliquen y/u ofrezcan alternativas ni desde la academia ni
desde los gobiernos.
La primera respuesta a la reciente proliferación del comercio ambulante es tan lógica que
parecería derivada del sentido común: el aumento del comercio en las calles está relacionada
ineluctablemente con las políticas económicas establecida en los países de América Latina en las
últimas tres décadas. La forma en la cual los gobiernos latinoamericanos hicieron frente a la
crisis del capital mundial de la década de los ochenta incluyó una serie de “ajustes
estructurales” que reconfiguraron la propia estructura del Estado. No solamente disminuyeron
drásticamente los presupuestos para importantes rubros del gasto social como salud y
educación, hecho que ya de por sí hacía vulnerables a millones de personas y les impedía ejercer
derechos básicos plasmados en leyes internacionales; también se privatizaron empresas
estatales que dejaron en el desempleo a miles de trabajadores.
Por otro lado, se abrieron indiscriminadamente las fronteras a las exportaciones de países que
como Estados Unidos, apoyan con subsidios a sus productores primarios o como China, que
abaratan mano de obra para reducir gastos de producción. El paso del tiempo ha mostrado que
estas acciones han tenido un reflejo instantáneo en la pauperización del campo, pues varios de
los países de la región latinoamericana han dejado de tener soberanía alimentaria, así como en
la quiebra de la mediana y pequeña empresas, que ante la competencia de productos
manufacturados a un menor costo, han perecido. La migración del campo a la ciudad y la
explosión de la migración ilegal hacia los Estados Unidos en las últimas décadas son expresiones
muy claras de esto.
Aunado a ello, la incapacidad de los gobiernos de atraer inversión extranjera productiva capaz de
generar empleos bien remunerados y la ausencia de esquemas fiscales que favorezcan una
recaudación equitativa donde los que más perciben paguen mayores impuestos, han terminado
por cerrar la pinza para explicar la asfixia de las economías internas cuyo mayor indicativo de su
grave salud es la ausencia de empleos dignos para grandes capas de la población. Tan lógica,
exacta y comprobable es esta argumentación, que hasta parecería una ecuación matemática:
una cosa sumada a la otra daría como resultado, indudablemente, el aumento de la pobreza, el
desempleo y, por ende, la proliferación de los vendedores en la calle. De acuerdo a la OIT
(Organización Internacional del Trabajo), el empleo informal está creciendo en gran parte del
mundo en desarrollo, América Latina incluida, donde 47 por ciento de los trabajadores en 2003,
año de la última medición, estaban en el sector informal, contra 43 por ciento en 1990.
Sin embargo, esta explicación sobre el comercio ambulante, basada en elementos de tipo
económico, aunque no equivocada, resulta incompleta para dar cuenta del panorama pues no
toma en cuenta factores de otra índole que hacen del comercio informal uno de los dolores de
cabeza más preocupantes para los gobernantes latinoamericanos. Hasta ahora ninguna
explicación ha puesto énfasis en el hecho de que el aumento de vendedores en las calles y
aceras de las ciudades, además de tener un origen socioeconómico, se ha convertido en una
afrenta para el poder establecido y que en muy poco tiempo ha logrado vincularse con otras
actividades ilícitas. Así, muy pocas explicaciones reparan en que este fenómeno ha creado una
economía paralela, legal o extralegal y que ha logrado mantener vigentes prácticas políticas que
se creían controladas, como la apropiación y ocupación de territorios públicos, el clientelismo y
la corrupción.
Pero para mejor exponer la forma en que el comercio informal se inscribe en una problemática
de gobernabilidad y no hablar ex-nihilo, se tratará aquí el caso de los comerciantes ambulantes
del Centro Histórico de la Ciudad de México.
El Centro Histórico de la Ciudad de México está ubicado en una demarcación administrativa
llamada delegación Cuauhtémoc, que, como su nombre lo indica, se sitúa en lo que en algún
momento fue el centro de una de las ciudades más grandes del mundo. Además de ser el asiento
físico y simbólico de los poderes ejecutivos federales y locales ya que en ella se encuentra
ubicado tanto el Palacio Nacional como el Palacio del Ayuntamiento Capitalino, esta zona se ha
distinguido históricamente por su dinamismo comercial. Sin embargo, no toda la demarcación
tiene problemas de asentamientos de comerciantes informales; éstos se concentran en 42
manzanas (conjuntos delimitados de calles y edificios habitacionales y comerciales). Así, el
centro crítico de esa actividad lo constituyen casi 900 calles del Centro Histórico, donde los
ambulantes, a cuyo frente se ubican líderes como Alejandra Barrios Richard, los hermanos
Sánchez Rico, Miguel Angel Huerta, Raymundo Pérez López y Magdalena Acuña, principalmente,
se asentaron y fortalecieron. Cabe decir que, de unos años a la fecha, los comerciantes
ambulantes no sólo ocuparon las aceras y las calles; sino que extendieron sus dominios hasta
otros espacios de la ciudad.
Pero ¿qué debemos entender cuando nos referimos al comercio informal o a los comerciantes
ambulantes? En primer lugar debemos decir que ambos términos corresponden a los individuos
que, de alguna u otra forma, trabajan en actividades en la economía informal. Se le denomina de
esta forma al tipo de actividad económica que no cumple con las regulaciones marcadas por las
leyes, es decir, que no está formalmente constituida y por ende, no paga impuestos ni servicios.
Por definición, la economía informal es ilegal, pues de ella forman parte tanto los comerciantes
ambulantes como los fabricantes de productos pirata, los narcotraficantes, los contrabandistas y
los vendedores de armas, entre otros. Sin embargo, la actividad comercial no registrada ante las
autoridades, a la que denominamos “comercio informal”, es más permitida y aceptada por las
propias autoridades.
El comercio informal no se realiza necesariamente en la calle; puede tener lugar en casas-
habitación propias o, dada su naturaleza, puede no tener propiamente un espacio para
realizarse. La mayor parte del comercio informal es el que llevan a cabo los comerciantes
ambulantes, llamados así en tanto que no siempre tienen un lugar fijo para vender sus
mercancías. Los “ambulantes” son los que ofrecen sus mercaderías en las aceras, en la calle, en
las estaciones del tren subterráneo, en mercados, parques, paraderos de autobuses, clínicas,
centros de espectáculos y cruceros de calles, donde se ubican los semáforos. Por eso, cuando se
habla de ambulantes necesariamente se habla de comercio informal y de economía informal.
Dada la naturaleza informal de la actividad económica de los ambulantes, los primeros afectados
por esta actividad ilegal en el Centro Histórico son los comerciantes establecidos, los que sí
pagan impuestos. Desde sus organizaciones gremiales, entre las que se encuentran la
CONCANACO (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio) se han dedicado, por un lado,
a estudiar el fenómeno y por otro, a denunciar a los organismos gubernamentales implicados en
el problema. En el año 2005, cuando el problema del ambulantaje alcanzaba un punto critico y
ya se contaba con estadísticas para exponerlo, denunciaron que en los dos años anteriores el
comercio ambulante había crecido a ritmo de 9 por ciento anual, muy por encima del dinamismo
del producto interno bruto (PIB) nacional que en 2004 fue de 4.4 por ciento. Decían también que
los ambulantes conforman 78 por ciento del comercio informal del país y calculaban en 600
millones de pesos mensuales (poco menos de 60 millones USD) las cuotas que pagaban a
autoridades corruptas para su protección.
Asimismo, denunciaban que tanto el ambulantaje, como el contrabando y la piratería seguirían
siendo problemas mientras los vendedores informales representen votos potenciales para
partidos y autoridades. Tasaban en 110 mil millones de pesos ( cerca de 11 billones USD)
pérdidas anuales de los vendedores establecidos y advertían que el comercio en la vía pública de
productos robados, piratas y de contrabando provocaba que, sólo en el Centro Histórico, el fisco
dejara de percibir unos 9 mil 600 millones de pesos (alrededor de 900 millones USD) al año por
el comercio ilegal de productos tales como electrodomésticos, de computación, textiles, calzado,
juguetes, fonogramas, videojuegos, software, vinos y licores, libros, bolsas, artículos escolares,
entre otros que no siempre son de óptima calidad o legales.
Dos años más tarde, en abril de 2007, como parte de una investigación conjunta entre la Cámara
de Comercio de la ciudad de México y el departamento de Ciencias y Humanidades del Instituto
Tecnológico de Monterrey, importante centro universitario privado de México, se dio a conocer
que el fisco mexicano deja de percibir al año alrededor de 4 por ciento del producto interno bruto
(PIB) como resultado de la creciente economía informal, comercio ilegal, contrabando y piratería,
toda vez que en ese mercado se venden alrededor de 480 mil millones de dólares al año de los
cuales alrededor de 8 por ciento serían gravables. Aseguran que hay 19 millones de mexicanos
(poco menos del 20% de la población nacional) que trabajan en la economía informal y que el
comercio ilegal crece a un ritmo de 13.6 por ciento anual mientras que el comercio establecido lo
hace apenas a 9.8 por ciento. Finalmente, advirtieron que el comercio establecido en el Distrito
Federal registra pérdidas por 40 mil millones de pesos anuales debido al ambulantaje y
calcularon en 500 mil los ambulantes en la Ciudad de México, de los cuales 30 mil se instalan en
el Centro Histórico.
Los ambulantes, por su parte, se siguen expandiendo de manera caótica, desordenada y
continua en las calles del Centro de la Ciudad de México, aunque lo cierto es que en los últimos
años se ha documentado la consolidación de un esquema de control por unas cuantas familias y
líderes que sustentan su dominio territorial en millonarios ingresos y en grupos de presión. De
acuerdo al diario mexicano La Jornada, estos grupos se disputan un negocio que, tan sólo en el
primer cuadro del Distrito Federal, el del Centro Histórico, genera ganancias semanales de más
de 10 millones de pesos (casi un millón de dólares), sólo por uso de piso. Así, lo que parece un
caos para el observador común es en realidad una industria altamente organizada. La mayoría
de los vendedores de la capital pagan cuotas diarias a sus líderes, quienes reparten territorios y
mantienen en paz a funcionarios, comerciantes establecidos y competidores.
Un caso que destaca es el de la lidereza Alejandra Barrios, que está al frente de la Asociación
Legítima Cívica Comercial, la cual aglutina al mayor número de comerciantes informales del
Centro, aproximadamente 4 mil, quienes tienen que pagar 50 pesos diarios (poco menos de 5
USD), en promedio, o bien de 15 a 20 mil pesos (de 1500 a 2 mil USD) para garantizar un
espacio de venta. Con base en informes de dirigentes de esa actividad, sólo en el Centro
Histórico operan 30 mil vendedores informales, de los cerca de 200 mil que existirían en todo el
Distrito Federal, aunque hay otras versiones que consideran que esa cifra podría estar entre los
300 y los 500 mil. Las cifras oficiales del Gobierno del Distrito Federal contrastan con las de los
líderes, pues para ellos hay de 8 a 9 mil ambulantes en el primer cuadro de la ciudad. Cabe decir
que a ese ejército de ambulantes a diario se suman gente desempleada, discapacitados, ex
funcionarios, indígenas, amas de casa, jóvenes o niños, algunos ofreciendo sus productos en
reducidos puestos, otros como charolas (cobradores), aguadores (los que vigilan),
golpeadores, carpeteros (vendedores de piratería), corredores (traficantes de drogas),
prestanombres, y delegados de calle.
De acuerdo a las propias autoridades, las tres principales fuentes de la mercancía que se
distribuye entre los vendedores ambulantes son el contrabando, la mercancía robada, y los
productos derivados del autorrobo a empresas. La primera es una red conocida por todos. A
partir de la media noche y durante la madrugada los camiones o camionetas con mercancía
llegan principalmente a calles de la zona oriente del Centro, atrás de Palacio Nacional. La
segunda consisten en que las propias empresas se autorroben para luego levantar denuncias
penales y así obtener el monto del seguro. Otra red es la que se da por medio de la compra
directa de la mercancía en las aduanas de México. Al parecer, hasta esos puntos de desembarco,
sobre todo la del estado mexicano de Veracruz, se dirigen las unidades de las organizaciones de
ambulantes y ahí buscan la compra de contenedores con mercancía que no es reclamada o bien
que es de contrabando. También está la compra de productos a través de las importadoras, que
como la que creó la Asociación Cívica Comercial, que encabeza Alejandra Barrios, traen
directamente sus mercancías y luego las distribuye en el Centro y en toda la ciudad.
A lo largo de los últimos años, la respuesta de las autoridades ante la proliferación del comercio
ambulante y ante la adquisición de fuerza político-electoral de los dirigentes, ha sido más bien
complaciente. Ni las administraciones del PRI (Partido Revolucionario Institucional, el partido
político que gobernó la capital durante décadas) ni las del PRD (Partido de la Revolución
Democrática, partido político que gobierna la Ciudad de México desde hace ya 11 años,
identificado con la izquierda) han podido atacar de frente al problema debido a la cantidad de
intereses que se esconden tras el entramado del ambulantaje. El último esfuerzo por organizar a
estos trabajadores de la economía informal apostados en las calles del Centro Histórico, lo llevó
a cabo en 2007 el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, quien anunció
que, tras negociar con los líderes de los ambulantes, había conseguido un compromiso para
iniciar el proceso de retiro del comercio informal en esta zona. Apoyado en la existencia de un
bando (normativa local) que emitió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 1993, que está
vigente, descartó la necesidad de hacer reformas jurídicas en esta materia.
Sin embargo, la voluntad política no es suficiente. Está muy documentado por la prensa
mexicana que los propios inspectores de vía pública, funcionarios y policías federales y locales
protegen el crecimiento anárquico de esa actividad. Además, siguen siendo constantes los
testimonios de los dirigentes del comercio informal donde se denuncia a los inspectores que
pasan la charola a diario (cobran cuotas todos los días), a los policías que extorsionan a líderes o
ambulantes así como la venta nocturna de mercancía confiscada que realizan los efectivos de la
Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y los ofrecimientos de mercancía de contrabando que
realizan los funcionarios de las Aduanas.
Por su parte, los inspectores de vía pública son juez y parte. Por un lado deben vigilar que no se
expanda el ambulantaje, pero por otro son los que por pagos de 5 a 10 mil pesos, ponen a
nuevos vendedores en tal o cual calle del Centro o de otra zona de la ciudad, y les cobran
directamente su cuota. Asimismo, estos pueden contratar a madrinas, meritorios o familiares,
por medio de los cuales pasan la charola, de 20 a 100 pesos diarios. Se menciona entre los
ambulantes a algunos inspectores que a pesar de ganar oficialmente 3 mil o 4 mil pesos al mes
tienen residencias y automóviles de lujo, lo que ha sido posible gracias a su habilidad para
comprar coordinadores y subdirectores de Vía Pública y garantizar con ello que no sean
removidos de sus zonas. Incluso, a sus superiores llegan a darles hasta 20 mil pesos a la
semana. Se afirma también que esos inspectores llegan, en algunos casos, a gozar también de la
protección del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF), y
cuando estos personajes son sorprendidos recibiendo dinero y los consignan, el sindicato los
apoya, les proporciona abogados, los sacan y regresan a su puesto.
Con relación a los elementos de la AFI, la agencia llamada el FBI mexicano, se tiene
documentado que llegaban a bordo de sus unidades oficiales o de camionetas negras sin placas,
en las que llevaban diversos productos que ofrecían a los ambulantes e incluso mostraban
catálogos de lo que podían entregar. Por lo que hace a las aduanas, los representantes del
comercio en vía pública aseguran que ahí sigue habiendo mucha corrupción, pues funcionarios
de esa área siguen permitiendo el ingreso de mercancía de contrabando que luego inunda las
calles del centro de la capital.
El número de ambulantes es tan preocupante para los orquestadores de la economía nacional
que la Secretaría de Hacienda ha planteado el cobro de un gravamen que hace llamar Impuesto
Contra la Informalidad (ICI), que si bien no frenará el comercio ambulante, por lo menos
intentará ampliar la base de contribuyentes inscrita en el Registro Federal con el fin de obtener
información de lo que está detrás del fenómeno y de las actividades ilícitas que encubre. Se
tiene pensado el ICI recaude 7 mil millones de pesos al año. Cabe decir que ese impuesto aún se
sigue discutiendo
El caso del comercio ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México es paradigmático
porque nos permite visualizar todos los elementos presentes en este fenómeno. En primer lugar,
nos permite reconstruirlo desde la perspectiva de la gobernabilidad como una afrenta a los
poderes establecidos. Además de la pauperización creciente, el aumento del poder de los líderes
del comercio informal habla de un quebrantamiento de la legitimidad del gobierno como el
auténtico gestor de las demandas de la población. Cuando un gobierno, ya sea local o federal,
está a merced de grupos de presión que indudablemente están fuera de la ley y negocia el
control de espacios por definición públicos, nos encontramos ante un debilitamiento de las
instituciones que deviene en ingobernabilidad, pues éstas no están cumpliendo la función para la
que fueron creadas. Si bien es cierto que la ley debe ser suficientemente flexible y sensible para
hacer frente a los problemas políticos y sociales, no lo es menos que un gobierno que establece
acuerdos con líderes corruptos y delincuentes y los reconoce como interlocutores en lugar de
organizar el comercio ambulante de acuerdo a la normatividad vigente, está perdiendo
capacidad de acción frente a los actores que no están directamente implicados en el problema.
Este problema de pérdida de legitimidad se agrava cuando el gobierno se convierte en cómplice
de una actividad a todas luces ilegal. Los supuestos de todo pacto social están basados en que el
gobierno respete y haga respetar la ley; en el momento en que los funcionarios mayores y
menores se convierten en un eslabón más de una actividad ilegal como el robo, el contrabando o
la piratería, el pacto social se resquebraja y hace necesario uno nuevo. Cuando los ciudadanos
ya no pueden confiar en sus instituciones porque éstas se han pervertido, el gobierno parecería
no tener razón de existir. No en vano los procesos electorales registran cada vez menos
participación: los gobiernos no están representado ya los intereses de los electores.
El fenómeno del comercio ambulante nos permite ver, además, que se está construyendo una
economía al margen de la economía formal con los riesgos que esto implica. Más allá de los
avisos que nos indican que este tipo de actividad pone en peligro el modelo económico en
general al evadir los impuestos básicos de toda actividad comercial como el impuesto al valor
agregado y el impuesto sobre la renta, lo cierto es que el creciente número de personas
dedicadas al comercio ambulante, aun cuando su actividad no por ilegal esté exenta de reglas,
hablan de la incapacidad de los gobernantes de crear opciones reales de empleo.
Finalmente, otro aspecto preocupante que muestra el aumento desmedido de los ambulantes en
las calles y en otros lugares públicos, es el hecho de que la cultura política de la corrupción y el
clientelismo se hace evidente en su ejercicio. Los líderes de los vendedores ambulantes
reproducen fuera del gobierno y las instituciones, las prácticas que por años caracterizaron al
sistema político mexicano: organización de grupos masivos en torno a lealtades, como se puede
ver en los distintos grupos que controlan las calles del centro histórico, que se pelean entre sí
pero que defienden a sus agremiados; acuerdos cupulares entre los dirigentes de los
ambulantes, que se reflejan en el respeto a los espacios de cada grupo; o el cobro de cuotas
para garantizar la seguridad del ambulante, entre varias más.
En suma, es evidente que ante un gobierno que se deja amenazar por grupos de presión con
fuertes vínculos con la delincuencia; ante un sistema político cuyos participantes, ya sean
gobernantes, legisladores o jueces, que toman parte activa en la cadena delictiva; ante la
imposibilidad de la clase política para analizar el problema de la creación de empleos; y ante una
sociedad pauperizada cuyas alternativas de empleo incluyan la reproducción de viejos
esquemas, hay mucho trabajo político que hacer y muchos problemas para reflexionar
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