RefugiadosColombianosEn Lago Agrio

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INFORME

Refugiados Colombianos en Lago Agrio

(Nueva Loja), Ecuador

Luis Túpac-Yupanqui sj SJR Ecuador

Diciembre, 2001

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Contenido

0. Introducción _______________________________________________ 7 1. Contexto de Lago Agrio_______________________________________ 9 2. Antecedentes de la venida de los Refugiados ______________________ 16 3. Población Refugiada ________________________________________ 21 4. Status Jurídico_____________________________________________ 27 5. Proceso de Calificación de Refugiados __________________________ 30 6. Situación de los Derechos Humanos de los Refugiados ______________ 33 7. Situación Socio Económica ___________________________________ 37

7.1. Alimentación __________________________________________ 37 7.2. Salud ________________________________________________ 38 7.3. Vivienda______________________________________________ 38 7.4. Trabajo _______________________________________________ 39 7.5. Educación_____________________________________________ 40 7.6. Asistencia psicosocial____________________________________ 41 7.8. Situación de recreación ___________________________________ 42

8. Esperanzas de retorno _______________________________________ 43 9. ¿Cuál es la percepción del problema por parte de la población local?___ 45 10. Desplazados Ecuatorianos___________________________________ 47 11. Conclusiones _____________________________________________ 48 12. Recomendaciones__________________________________________ 50 Anexo 1 ____________________________________________________ 51

Perfil de los refugiados colombianos en Ecuador ___________________ 51 Anexo 2 ____________________________________________________ 55

Carta Abierta al Mundo______________________________________ 55 Anexo 3 ____________________________________________________ 57

Manifiesto de los Obispos de frontera a los Gobiernos de Ecuador y Colombia ________________________________________________ 57

Anexo 4 ____________________________________________________ 59 Declaración de Nueva Loja (Lago Agrio) Sucumbíos, Ecuador ________ 59

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Fotografía: Jenny Cafiso JRS

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0. Introducción

on este breve documento se intenta compartir la situación de los refugiados colombianos ubicados en Lago Agrio, que han llegado al Ecuador desde mediados del 2000 provenientes en su mayoría del

departamento de Putumayo. Su éxodo responde en gran medida a la ejecución del Plan Colombia, el cual pretende acabar con el narcotráfico y la guerrilla con el fin -dicen- de pacificar Colombia. La información presentada se ha obtenido del Programa de Apoyo a Refugiados (PAR) de la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos (ISAMIS), la cual ha tenido la iniciativa de salir en favor de las víctimas del Plan Colombia que han llegado a la provincia, de denunciar proféticamente esta situación de injusticia y de procurar el digno desarrollo de los afectados (refugiados colombianos, desplazados ecuatorianos y población receptora). Otros datos se han tomado del informe de DD.HH. del Observatorio Internacional para la Paz (OIP), presentados el 9 de noviembre del 2001 en Lago Agrio, y de otros observadores internacionales. Pero también muchos datos los hemos observado directamente durante los siete meses en los que el SJR colaboró voluntariamente con el PAR.1 Luego de mostrar de una manera general el contexto de Lago Agrio y del departamento de Putumayo, explicamos la situación de los refugiados en cuanto a los flujos de llegada, su situación jurídica, el proceso de calificación, los derechos humanos, su situación socioeconómica y las esperanzas de retorno. También hay un apartado en que se incluye la percepción de la población receptora y otro referente a los pobladores ecuatorianos de la frontera que han sido desplazados. Al final cerramos este trabajo con algunas conclusiones, recomendaciones y anexos.

1 Desde el pasado agosto el PAR se ha convertido y ampliado en Pastoral de Movilidad Humana.

C

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Fotografía: Armando Waak, OPS

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1. Contexto de Lago Agrio

Lago Agrio, llamada oficialmente Nueva Loja,2 es una ciudad que tiene aproximadamente 35.000 habitantes y es la capital de Sucumbíos. Esta provincia se encuentra ubicada en el nororiente ecuatoriano, en la cuenca amazónica alta entre los ríos San Miguel, Putumayo, Aguarico y sus afluentes. Toda la provincia tiene unos 148.000 habitantes. La población está aproximadamente compuesta de migrantes del interior del país y sus descendientes (86%), de cinco grupos de indígenas nativos: Kichwas, Shuaras, Awás, Cofanes, Sionas y Secoyas (10%) y de afrodescendientes (4%).

La frontera entre Ecuador y Colombia, en el espacio correspondiente a Sucumbíos tiene alrededor de 300 km de extensión, ella comprende territorios de páramo, sierra alta, subtrópico y trópico. Un 60% de la frontera es fluvial y

2 La ciudad es llamada Nueva Loja, porque la mayor parte de los inmigrantes, que vinieron a poblar esta zona durante el boom petrolero en los años 70, son de una sureña provincia del país que se llama Loja, cuya capital de provincia también se llama Loja.

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se marca con los ríos San Miguel y Putumayo. Los lugares de intercambio comercial más concurridos y mejor conectados por carretera hacia el interior del lado ecuatoriano son: Santa Bárbara en Sucumbíos Alto; en el río San Miguel: General Farfán y Puerto Nuevo, y Puerto El Carmen en la confluencia con el río Putumayo. Existen innumerables pasos terrestres y fluviales a lo largo de toda la frontera. Ésta es fundamentalmente un límite en lo político pero es un punto de encuentro en lo económico, social y cultural. De forma tradicional se observa que mientras el lado ecuatoriano es un soporte comercial y de servicios para la población colombiana, el lado colombiano ofrece posibilidades de empleo mejor remunerado para la población ecuatoriana sobre todo en la recolección de hoja de coca y otros procesos de elaboración de droga. La provincia de Sucumbíos cuenta con una riqueza natural, minera y petrólera con la que aporta, desde las tres últimas décadas, con más del 50% al presupuesto del Estado. Sin embargo, a pesar de ser tan rica, la provincia está sumida por parte de los gobiernos de turno, en la marginación y exclusión del desarrollo, careciendo de infraestructuras básicas en lo que respecta a seguridad, educación, salud, vialidad,3 comunicaciones,4 energía eléctrica,5 agua potable, incentivos a la producción agropecuaria y demás necesidades básicas, manteniéndose una deuda social. Lago Agrio es una de las ciudades más pobres del país. El 70% de la población se encuentra sumida en la pobreza y el 21% en la extrema pobreza. Está situada al pie del río Aguarico, a unos 20 kilómetros de la frontera con Colombia, rodeada de grandes extensiones de selva húmeda tropical. Es una ciudad petrolera, es decir organizada en función de brindar servicios a los trabajadores de las compañías petroleras y actualmente también a la población militar –cerca de doce mil efectivos- del cordón fronterizo correspondiente a la provincia de Sucumbíos.

3 La vía de acceso a la capital aún es de tierra y piedras. Hay que viajar durante ocho horas para llegar a Quito. 4 El sistema telefónico es todavía muy malo (analógico), lo cual hace terriblemente lentos, si no imposibles, los correos electrónicos. 5 Las plantas eléctricas de la ciudad funcionan deficientemente. Suele haber cortes regulares de sus servicios.

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La zona colombiana que constituye la frontera suroriental con el Ecuador corresponde al departamento del Putumayo y se ha constituido en la principal zona de cultivo y producción de cocaína, muy especialmente en las últimas décadas. Resalta además la presencia de la guerrilla (FARC) y últimamente también de los paramilitares (AUC). Estos factores hacen que la historia más reciente del Putumayo esté seriamente marcada por el conflicto y la violencia, que ha comenzado a trasladarse, por la estrecha cercanía, también a la provincia ecuatoriana de Sucumbíos. La situación ha empeorado estos últimos meses, a partir de los preámbulos del Plan Colombia, con el enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares en el Bajo Putumayo, lo que ha ocasionado que muchas familias se vean afectadas en su economía, ya que la producción de la coca es una de sus principales fuentes de trabajo. Paralelamente, las relaciones comerciales en Sucumbíos han bajado en un 40% y se ha incrementado la delincuencia, los homicidios, la inseguridad en general, la corrupción de algunas autoridades públicas y la impunidad de más del 90% de los hechos criminales. La problemática de seguridad en Sucumbíos es una preocupación unánime en la población y autoridades. Es de dominio público el incremento de hechos de violencia contra las personas, sobre todo asesinatos “con disparos en la cabeza y/o en la boca”, muchas de las víctimas son colombianas y cuyos autores son, presumiblemente, colombianos o bandas binacionales. Se trata de homicidios con características de “ejecuciones extrajudiciales” entre narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros. Otros hechos de esta problemática son: secuestros de trabajadores de petroleras (inclusive espectaculares como el cometido por una banda delincuencial formada por más de cien personas, la mayoría colombianas y algunas ecuatorianas, que incluyó el traslado del grupo secuestrado en helicóptero desde el interior del Ecuador hasta un lugar

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indeterminado); han existido atentados contra el oleoducto; atentados criminales contra autoridades provinciales (Prefecto), amenazas a funcionarios de entidades públicas (Intendente), atentados contra la policía acantonada en Lago Agrio como “represalia” a decomiso de drogas, armas o gasolina. Se han dado enfrentamientos armados en territorio ecuatoriano y en abril fueron secuestrados seis vehículos de uso público, en el puente fronterizo de General Farfán, ejecutado por un grupo de 50 civiles fuertemente armados, presumiblemente paramilitares. El análisis estadístico del número de muertes reportadas en el hospital provincial de Lago Agrio y los registros de defunciones demuestran que entre Abril - Octubre del 2000 y Septiembre del 2000 - Marzo del 2001, es decir, seis meses antes y seis meses después de que se inicie el “Plan”, los casos de muertes violentas reportadas en los seis meses posteriores al inicio del Plan tuvieron un incremento de más de cuatro veces, mientras los casos de muerte por otros motivos apenas se incrementaron e inclusive disminuyeron. Hay que señalar que los fallecimientos reportados son un estimado del 20% del total de casos que realmente se producen.

Se ha descubierto instalaciones de los grupos armados colombianos y un laboratorio de procesamiento de coca en territorio ecuatoriano. La gente de la zona percibe que si continúa la pobreza y las dificultades económicas, la única salida es ir a Colombia a buscar trabajo, a pesar del riesgo y también mira que los cultivos de coca pueden pasar a territorio ecuatoriano. Por las noches, Lago Agrio se ha convertido en un polígono de tiro, un pueblo fantasma en la oscuridad (debido a los cortes de electricidad), se escuchan detonaciones de armas de fuego en todo lado. La vida de la provincia tiende a

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militarizarse. Los patrullajes en los centros poblados, las requisas públicas se tornan más frecuentes por parte de grupos militares con pasamontañas. Los retenes militares se intensifican. Las requisas a la ciudadanía que se desplaza en vehículos son llevadas por militares de forma indiscriminada y aplicando formas de tratamiento que criminaliza a priori a la persona porque todos son obligados a ponerse de espaldas, contra los vehículos y son “cachados” como delincuentes. Las zonas periféricas a las instalaciones petroleras en la provincia han sido convertidas en territorios militarizados, con intervención de patrullas combinadas entre guardias de seguridad de empresas privadas y militares ecuatorianos. Se ha denunciado públicamente la persecución a dirigentes de sectores aledaños a las instalaciones petroleras. Las prostitutas, los taxistas, los vendedores de la calle y los niños son utilizados por los militares como informantes. A cambio de golosinas les hacen contar a los niños como vive la gente en las comunidades campesinas, qué actividades se han realizado, quiénes visitan las comunidades, etc. La inseguridad se ha hecho presente en Lago Agrio, según algunos, por el traslado del conflicto desde Colombia hacia Ecuador. Pero el modelo de desarrollo desnacionalizador estructura violencia, por lo tanto la violencia y la inseguridad en Ecuador no es solo la vecindad con Colombia sino también un subproducto del modelo de desarrollo ecuatoriano. Esta problemática general de la frontera en Sucumbíos ha provocado una ruptura de mitos e imágenes que han ocultado realidades: “Generalmente, Ecuador ha sido considerado una isla de paz entre sus violentos vecinos, Colombia y Perú. Esta presentación ha sido ampliamente utilizada por la propaganda del Estado ecuatoriano… esta imagen no puede ocultar que en la provincia de Sucumbíos se siente diariamente las consecuencias de la violencia imperante en Colombia. Lago Agrio ha sido zona de paso del tráfico de armas, tanto para las guerrillas, como paramilitares y narcotraficantes…” (FEPP, 2001). Pero también se ha convertido en zona de tráfico de drogas, de precursores y de información (servicios de inteligencia de todos los actores en disputa). Con el fin de contener los efectos negativos del conflicto colombianos en nuestra provincia, el estado ecuatoriano ha incrementado, en el cordón fronterizo con Colombia correspondiente a la provincia de Sucumbíos, a doce mil efectivos militares. Pero esta medida y el aumento de patrullas policiales no ha disminuido la violencia, sino que más bien contradictoriamente se ha incrementado.

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Por otro lado, ante la situación, nuestro país también ha aceptado la regionalización del Plan Colombia, apoyando la “Iniciativa Andina” y cediendo la base aérea de Manta (frente al Océano Pacífico) para el monitoreo del narcotráfico en la región, o más bien para ser en parte los ojos y oídos del Plan Colombia. De manera inesperada algunas instituciones estatales últimamente están sobredimensionando unipolarmente la violencia en Sucumbíos, sin plantear alternativas de seguridad ciudadana ni apoyar las iniciativas que se comienzan a dar entre las organizaciones de la sociedad civil. Se teme que quizá sea para justificar en el futuro algún tipo de intervención militar o que se den hechos represivos en contra de las organizaciones populares.

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Fotografía: El Comercio

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2. Antecedentes de la venida de los

Refugiados6 Putumayo es un departamento localizado en la Amazonía colombiana al suroccidente del país. Tiene un territorio de 24.885 kilómetros cuadrados y, según las autoridades regionales, cuenta con una población de 323.549 habitantes. La mayor parte de la población la conforman colonos que fueron ampliando la frontera selvática. Las principales actividades económicas son la explotación petrolera y maderera, así como la que se deriva de los extensos cultivos de coca. Este departamento se ha caracterizado por un atraso económico que contrasta con la abundancia de recursos naturales del subsuelo (petróleo, calizas, mármol, cobre, molibdeno), abundantes recursos hídricos, riqueza ecológica de la llanura amazónica y una importante producción agropecuaria. Putumayo ha sido motivo de preocupación durante los últimos años por las sucesivas protestas campesinas, el aumento de los índices de violencia y los masivos desplazamientos de la población atemorizada, primero, por las fuertes acciones de la “guerra sucia” promovida por grupos paramilitares que cuentan, por lo menos, con la tolerancia de las fuerzas militares y, segundo, por los guerrilleros. Desde la década de los sesenta el proceso de colonización hacia el Putumayo se aceleró por la bonanza petrolífera. Esto trajo consigo la formación de nuevos poblados y la rápida construcción de rudimentarias vías de comunicación. Pero fueron los cultivos de coca concentrados en el Bajo Putumayo (los municipios de Orito, Puerto Asís, Valle del Guamuez, Puerto Caicedo y Puerto Leguízamo) los que de manera más importante cambiaron la 6 Para este apartado he contado con informaciones recaudadas, entre otras fuentes, en: Consejería de Proyectos, Colombia, informe sobre desplazamiento forzado, 1998-1999, Bogotá; El espejismo de esas hojas, Impacto de los cultivos ilícitos en mujeres y niños, editado por UNICEF – Colombia, 2000; Kintto Lucas, Plan Colombia, La Paz Armada, edit. Planeta, Quito, 2000; Guillaume Long, Con el pretexto de la droga..., La nueva cruzada de los EE.UU. en América Latina, Sur editores, Quito, 2001; revista CODHES INFORMA, # 34, Bogotá, 7 de diciembre del 2000.

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vida de los putumayenses. Los cultivos de coca proliferaron en esta zona (en la que antes sólo se procesaba la coca) porque durante la década de los 80 y comienzo de los 90 EE.UU. combatió los cultivos de coca en Bolivia y luego en Perú, lo cual produjo su desplazamiento hacia Colombia. Los cultivos de coca trajeron la ampliación de la frontera y la siembra única de esta planta ocasionó, como en otras regiones, que se disminuyera significativamente los cultivos de productos comestibles como la yuca, el plátano y el maíz, los cuales se comenzaron a traer de los departamentos de Nariño y Huila. Al amparo del auge cocalero la población creció en sólo ocho años, entre 1985 y 1992, en 80.000 personas. Actualmente más del 90% de las actividades comerciales en Putumayo están relacionadas directa o indirectamente con el cultivo, recolección y procesamiento de la coca. El crecimiento de la población acentuó los problemas derivados de la mala calidad de los servicios públicos y de las vías de comunicación. Como reacción, se han dado varios paros cívicos que han sido fuertemente reprimidos. Durante este tiempo, aumentaron las muertes violentas y la guerra sucia en la región; a mediados de la década de los ochenta tuvieron una importante presencia las organizaciones políticas como la Unión Patriótica, el Frente Popular y algunos movimientos cívicos, cuyos dirigentes comenzaron a ser asesinados como ocurría en otras partes del país. A finales de 1994, en 1996, y luego de la puesta en marcha de las fumigaciones extensivas de los cultivos ilícitos en el sur del país presionadas por EE.UU., los cultivadores y raspachines (recolectores de hoja de coca) protagonizaron e iniciaron masivas movilizaciones con el propósito de defender sus intereses. Aún cuando las autoridades reprimieron fuertemente estas movilizaciones se logró llegar a acuerdos básicos, los que en su mayoría tampoco se han cumplido. En Putumayo ha existido la presencia de grupos guerrilleros en las dos últimas décadas. Primero estuvo el M-19 que permaneció únicamente durante dos o tres años, mientras el EPL y las FARC, que llegaron después, mantuvieron su presencia a lo largo de los años 80. En los años 90 y luego de la desmovilización del EPL, las FARC incrementaron su fuerza en la región hasta conformar el fuerte Bloque Sur (aproximadamente 15.000 guerrilleros, en la actualidad). Este fortalecimiento fue logrado, en parte, gracias al cobro de cuotas en dinero a cultivadores y comercializadores de hoja de coca. Hay que señalar que de los 50.000 millones de dólares que genera la coca colombiana sólo 500 millones (el 1%) fluye hacia la guerrilla y los campesinos; otros 2.500 millones (el 5%) entran en la economía colombiana a través del lavado en la construcción, industria, comercio, generando empleo y cierta producción. El

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resto (el 94%) se queda en los bancos norteamericanos lo que muestra una cierta hipocresía cuando se habla de terminar con el narcotráfico atacando los cultivos sin combatir las actividades bancaria provenientes del tráfico de drogas y encubiertas por el “sigilo bancario”. Por su parte, los primeros grupos paramilitares aparecieron en la región en los años 80, coincidentemente con la presencia en la región de los grandes carteles de la droga. Grupos paramilitares como “Los Combos”, “Los Masetos” y otros han sido acusados de ser los responsables de múltiples violaciones a los derechos humanos, en particular de los asesinatos de varios dirigentes regionales y acciones de “limpieza social”. Los enfrentamientos entre las FARC y estos grupos se han agudizado durante los últimos diez años. Así, gradualmente, este departamento se ha convertido en una de las regiones más violentas de Colombia superando incluso los índices de otras regiones conflictivas como Urabá. Un estudio del centro de informática de salud departamental ya señalaba que entre 1995 y 1998 se registraron en promedio anual 425 homicidios por cada 100.000 habitantes (más de cuatro veces el promedio nacional), mientras que en Urabá en el mismo período se presentaron 358 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estos hechos han generado desplazamientos hacia varias regiones, entre ellas hacia Pasto (capital del departamento de Nariño); otros han preferido refugiarse de forma silenciosa en Ecuador. En 1999 la violencia y sus efectos negativos para la población continuaron. En enero de ese año los paramilitares ingresaron a la población de El Tigre matando a 26 personas y amenazando al resto de sufrir las mismas consecuencias si no se retiraban del lugar. Ello ocasionó que de 2.300 habitantes originales sólo quedaran 160, la mayoría ancianos. Una parte de los que huyeron se desplazó hacia Cauca, Huila y Nariño, pero otros cruzaron la frontera y se refugiaron en el Ecuador. En medio del fracaso del Proceso de Paz, anunciado por el presidente Pastrana desde cuando asumió su gobierno en 1998, se ha puesto en marcha, tras la visita de Clinton a Colombia, en septiembre del 2000, el Plan Colombia, en el cual el 80% de la ayuda de EE.UU. será destinado a la cooperación militar. Ha sido puesto en marcha, en su primera etapa, en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Nariño, en los que se estima que hay 77.000 hectáreas de las 175.000 sembradas con coca en todo el país. Todo el plan se calcula que durará seis años. El plan está orientado a la militarización de la erradicación del narcotráfico y del combate de la guerrilla. Esto ha significado fumigación de cultivos de coca y amapola y una mayor militarización en el Bajo Putumayo,

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sobre todo en contra los cultivos que pagan impuestos a las FARC. También hay que mencionar que desde 1999 ya se había incrementado la cooperación de EE.UU. para acciones de inteligencia, ayudando a montar el Centro Conjunto de Inteligencia en Tres Esquinas (suroccidente de Caquetá), que funciona como soporte para las operaciones del “empuje hacia el sur”. El sistema judicial de Putumayo es ineficaz, esto se refleja en altas tasas de impunidad, pues sólo hay un preso juzgado y condenado por cada 100.000 homicidios. Los indicadores de violencia político-social evidencian que sólo en 1999 se registraron en ese departamento 68 ejecuciones extrajudiciales, 39 desapariciones forzadas, 150 persecuciones a comunidades por parte de grupos paramilitares y la fuerza pública y más de 70 violaciones al derecho internacional humanitario por parte de todos los actores del conflicto. Según cálculos estimativos, en el segundo semestre del 2000, con el Paro Armado de las FARC,7 el comienzo de las fumigaciones indiscriminadas de plantaciones (cocaleras o no) y el aumento de los combates entre la guerrilla, el ejército y los paramilitares, aquellas cifras se multiplicaron por cuatro. En este segundo semestre del 2000 el departamento de Putumayo enfrentó la crisis humanitaria más grave que región colombiana alguna haya vivido en la historia del país. Para la población campesina, toda esta situación ha significado enfrentarse a la decisión de salir de sus fincas, recintos o veredas para salvar sus vidas.

7 Paro orientado a detener el avance paramilitar en el sur de país y la aplicación del Plan Colombia y para obligar con ello al gobierno nacional a replantear este proyecto. El Paro Armado de las FARC comenzó el 24 de septiembre del 2000 y significó dos meses de crudo aislamiento, ocasionando crisis alimentaria y de salud pública, paralizamiento de la actividad económica e incertidumbre de lo que pueda acontecer en adelante. En esos meses de Paro Armado, al menos 94 vehículos fueron quemados por las FARC, de los cuales el mayor número (63) se dieron en el Bajo Putumayo, según denuncias de las autoridades militares.

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Fotografía: El Comercio

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3. Población Refugiada

Ante la afluencia de refugiados ACNUR, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador y la Iglesia de Sucumbíos crearon un Plan de Contingencia, que luego se convirtió en el Programa de Apoyo a Refugiados (PAR). Según el documento que crea el Plan de Contingencia su propósito es “enfrentar las condiciones de inseguridad, ingreso, recepción, asentamiento, transporte, alimentación, vivienda, infraestructura, condiciones sanitarias, salud, educación y repatriación de ciudadanos colombianos, producto de un flujo considerable hacia Ecuador por la frontera norte de la provincia de Sucumbíos en calidad de refugiados”. Según este Plan, “el tiempo de permanencia de los refugiados” en el área asignada “tiene que ser un máximo de seis meses ya que en este período se identificarán alternativas de solución duraderas”, para su establecimiento autónomo en Ecuador, en caso de que las condiciones en Colombia no sean mejores. Así, el 11 de octubre del 2000 empezó a funcionar un albergue provisional en Lago Agrio para acoger a familias de refugiados.8 En realidad, las primeras familias ya habían llegado a la ciudad a fines de agosto. Su número fue creciendo especialmente en los meses de octubre y noviembre. Se llegaron a registrar como refugiados provisionales, en los registros del PAR, aproximadamente 1.100 personas en octubre, 2.000 en noviembre y para el 31 de diciembre ya eran 2.300. Sin embargo se calcula que por cada uno de los refugiados registrados otras tres personas también salieron de Colombia (departamento del Putumayo), pero que no se registraron como refugiados por temor a ser fácilmente localizables y que se sirvieron de Sucumbíos como

8 Hay que señalar que los albergues para refugiados, en Sucumbíos, no son los clásicos campos de concentración llenos de carpas y encerrados con alambrados. Sino que se trata de estructuras adecuadas a propósito para recibir, dentro de lo que se puede, dignamente a los refugiados, en los que no se restringe la libre circulación más que en lo necesario. Entre los cuatro albergues, se puede recibir hasta 1.200 refugiados, sin contar los espacios en donde, si hiciese falta, se podrían levantar carpas, hasta para unas 600 personas.

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corredor para ingresar a otros lugares de Ecuador o para reingresar a Colombia por otro paso de frontera (Tulcán-Ipiales). Así en total, hasta finales del 2000 bien podrían haber salido del departamento del Putumayo alrededor de 10.000 colombianos. Esta cifra significa aproximadamente la cuarta parte de la población de Lago Agrio. Hay que tener en cuenta también que la mayor parte de los colombianos, según datos de las Oficinas Nacionales de Migración, que han entrado a Ecuador han obtenido una visa en base a los acuerdos bilaterales entre Colombia y Ecuador. También hay que señalar que en diciembre, algunos de los 2.300 registrados provisionalmente en el PAR de ISAMIS como refugiados sólo eran colombianos que hace años ya residían en Lago Agrio y que se anotaron sólo para beneficiarse de la asistencia alimentaria y de las vituallas. Entonces, como se estaba comenzando a enfrentar la situación de los refugiados en Ecuador no se contaba con la suficiente experiencia ni el control necesario. En el primer semestre del 2001, al suspenderse el Paro Armado de la guerrilla, al disminuirse las fumigaciones, al reanudarse los diálogos entre el gobierno y la guerrilla y al comenzar los acuerdos de erradicación manual de la coca, bajó significativamente el número de refugiados. Así, actualmente contamos con los siguientes datos:

• Refugiados reconocidos por la Cancillería Ecuatoriana, es decir con carnet: 994 personas (258 familias).9 El número reducido de refugiados reconocidos por Cancillería, en comparación a los 2.300 personas que se habían registrado en el PAR hasta el 31 de diciembre del 2000 (y de otras que llegaron hasta febrero del 2001), se explica porque a la Brigada de Cancillería de entonces, que vino desde Quito, sólo llegaron 994 a solicitar el estatuto de refugiados, de las cuales todas fueron reconocidas como refugiados, ya que entonces los criterios de calificación eran los de “prima facie” (cosa que vamos a explicar más adelante). El resto no se presentó: porque quizá no querían ser ubicados o identificables; porque se habían ido al interior del país; porque quizá ya se habían devuelto para Colombia o porque realmente no eran refugiados, sino colombianos que ya llevaban hace muchos años viviendo en Lago Agrio y que habían venido por otros motivos. Tenemos información cierta sobre estas cuatro

9 De estos 994 personas, 334 son población indígena: kofán (145), kichwa (144), awa (35) y kanza (10).

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posibilidades, pero no tenemos datos numéricos sobre cada una de ellos.10

• Refugiados, reconocidos por la Cancillería Ecuatoriana, que han renovado su carnet: 352 personas (88 familias).11 Restando estas 352 que renovaron su carnet de las 994 que habían sido calificadas como refugiadas, quedan 642 personas (170 familias) que no renovaron sus carnets (por olvido, porque ya han retornado por su propia cuenta a Colombia o porque no quieren definitivamente ser ubicables). De las 352 personas (88 familias) que han renovado sus carnets, 39 personas (11 familias) ya no están en Lago Agrio porque algunas de ellas se acogieron a la repatriación oficial, porque se fueron por su cuenta al interior del país o a Colombia o porque les perdimos la pista. Así en realidad sólo hay 313 personas (77 familias) carnetizadas como refugiados en Lago Agrio.

• Solicitantes de refugio hasta el 1 de junio del 2001. Es decir, las personas a quienes la Cancillería les ha receptado la solicitud de refugio y se las está tramitando: 259 personas (94 familias).

• Repatriados: quienes se acogieron al retorno voluntario a Colombia, mediante ACNUR y la Red de Solidaridad Social Colombiana, pero a otros lugares distintos de los que tuvieron que huir: 71 personas (21 familias).12

• Desde la última Brigada de la Cancillería Ecuatoriana en Lago Agrio en el 1 de junio del 2001 hasta el 22 de octubre, han llegado 105 personas (27 familias) que han venido a registrarse en el Programa de Apoyo a Refugiados. Ellos están a la espera de la siguiente Brigada de la Cancillería, para solicitar formalmente el estatuto de refugiados. Esto quiere decir que en estos últimos cinco meses el promedio mensual de refugiados (de quienes Cancillería todavía no ha recibido la solicitud de refugio) venidos de Colombia es de 20 personas13.

10 En la parte final de este informe incluimos como anexo un perfil de los refugiados colombianos (elaborado por el Area de Registro del PAR de ISAMIS) extraído a partir de estas primeras 994 personas (258 familias) reconocidas por la Cancillería Ecuatoriana como refugiadas, en la Provincia de Sucumbíos,. 11 Los carnets de refugiados extendidos por la Cancillería Ecuatoriana tienen validez limitada de seis meses. Cuando caducan deben ser renovados. 12 En estos días de diciembre, después de haber cerrado la formulación de este texto, he sabido que van a repatriarse 19 refugiados más, mediante ACNUR. 13 Por cierto, del 21 al 23 de noviembre, mientras escribo este informe, hubo una nueva Brigada de Cancillería en Lago Agrio, a la cual de las 105 personas (27 familias) sólo asistieron a solicitar refugio 53 personas (20 familias). Como se ve, las otras siete familias más numerosas y quizá las más necesitadas no aparecieron.

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Situación de Diciembre del 2000 a febrero del 2001 Personas Familias Personas registras en PAR 2300 Solicitantes de estatuto de refugiados reconocidos por la Cancillería con carnet

994 258

Refugiados reconocidos por la Cancillería que renovaron su carnet

352 88

Refugiados reconocidos por la Cancillería que renovaron su carnet y no se encuentran el Lago Agrio

39

Refugiados que no renovaron su carnet 642 170 Total de refugiados con carnet en Lago Agrio 313 77

Situación a Junio del 2001 Personas Familias Solicitantes de estatuto de refugiados 259 94 Refugiados que retornaron voluntariamente 71 21

Registros del 1 de Junio al 22 de Octubre Personas Familias Refugiados Registrados en PAR 105 27

Ahora, la Pastoral de Movilidad Humana de ISAMIS (antes PAR) está encargada del acompañamiento de:

• las 313 personas (77 familias) que renovaron el carnet de refugiados y que siguen en contacto con el PAR de ISAMIS,

• las 259 personas (94 familias) que han solicitado el estatuto de refugiados a Cancillería

• y las 105 personas (27 familias) que han venido a registrarse en el PAR entre junio y octubre.

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En total son 677 personas (198 familias). Pero de estas el PAR brinda asistencia humanitaria únicamente a los casos que aparecen vulnerables. Se califican vulnerables, luego de entrevistas y visitas de evaluación social, sobre todo los casos de madres solteras, viudas o en estado de embarazo, las familias con muchos niños y la presencia de ancianos, de enfermos crónicos o de discapacitados en la familia. Situación Legal Personas Familias Renovaron su carnet de refugiados y en contacto con el PAR

313 77

Solicitantes de estatuto de refugiados a Cancillería 259 94 Personas registradas en el PAR de junio a octubre 105 27 Total 677 198 Superada la primera etapa de atención básica, a los que tienen carnet de refugiados se les provee de un paquete productivo (cosa de 150 dólares de fondos del ACNUR); en casos excepcionales, por su vulnerabilidad, también se les da paquetes productivos a los solicitantes o a los recién registrados (por la misma cantidad pero de otros fondos). A los carnetizados, a los solicitantes o a los recién llegados, según sus necesidades, también se les provee de ayuda para vivienda (aproximadamente de 300 dólares de otros fondos).

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Fotografía: Jenny Cafiso, JRS

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4. Status Jurídico En el Plan Nacional de Derechos Humanos del Estado Ecuatoriano, se establece dentro de los Derechos de los Extranjeros no sólo el objetivo de “Garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignidad de los migrantes, sus familias, refugiados, desplazados por la violencia y apátridas”, sino que también se establece en particular el objetivo de “Otorgar a los migrantes forzados las facilidades necesarias para la legalización de su permanencia en el país”. Además entre las Líneas Estratégicas de este Plan Nacional de Derechos Humanos se menciona la “Ejecución de los convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador (Declaración de Cartagena sobre Refugiados, entre otros), sobre los derechos de los refugiados, migrantes forzados por la violencia...”14. Ecuador ha aceptado públicamente la existencia de refugiados colombianos en el país, ya que es firmante de la Convención de 1951 y de su Protocolo de 1967, así como de la Declaración de Cartagena de 1984. Y porque además ha ratificado y adherido a estos instrumentos internacionales para la protección de los refugiados en el decreto 3301 de mayo de 1992, mediante el cual se expide el reglamento sobre los refugiados. Así mismo, el Estado Ecuatoriano ha incorporado en su normativa interna tanto la definición de refugiado de la Convención de 1951 como la definición de refugiado propuesta por la Declaración de Cartagena de 1984:

“Artículo 1.- Con sujeción a presente Reglamento, será reconocido como refugiado en el Ecuador toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o causa de dichos temores no quiera, acogerse a la protección de tal país o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.” “Artículo 2.- Igualmente, serán considerados refugiados en el Ecuador las personas que han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido

14 Plan Nacional de Derechos Humanos del Ecuador, Quito, marzo de 1998, pp. 34 y 35.

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amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.”

Esta relativa amplitud en la comprensión teórica de los refugiados ha posibilitado que en un primer momento (prima facie), cuando la afluencia de los colombianos fue masiva y repentina en el segundo semestre del 2000 por lo cual no era posible realizar una determinación individual del estatuto de refugiado, el reconocimiento de los refugiados se hiciera a partir de los criterios de la Declaración de Cartagena (artículo 2 del decreto 3301 de 1992). Es decir, en esas circunstancias todos los miembros del grupo de desplazados colombianos llegados al Ecuador fueron reconocidos como refugiados prima facie (refugiados a falta de pruebas de lo contrario). En cambio, cuando ha comenzado a disminuir el flujo de refugiados en el primer semestre del 2001, por razones de seguridad nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores resolvió usar los criterios correspondientes a la Convención de 1951 (artículo 1 del decreto 3301 de 1992) para determinar la condición de refugiados. Así, de hecho, Ecuador no ha devuelto en contra de su voluntad a ningún colombiano. Con todo, sin embargo, la legislación sobre los refugiados debería en lo posible adecuarse más a la situación dinámica y fluctuante de la realidad de los refugiados colombianos en particular. Muchos de ellos, una vez llegados a Lago Agrio debido a la situación de violencia, con mucha frecuencia por la cercanía vuelven transitoriamente al departamento de Putumayo a vigilar que terceros no se apropien de sus tierras, a recoger algunas de sus pertenencias que no lograron sacar en medio de la situación de violencia en la que huyeron, a ver si ha menguado la situación de violencia o para buscar a algún miembro de su familia que se perdió en la huida. El reglamento, con respecto a este punto dice en su artículo 30º que:

“Quien ostenta la condición de refugiado notificará al Ministerio de Relaciones Exteriores todo desplazamiento fuera de los límites del territorio nacional. El refugiado, a su regreso al territorio ecuatoriano, notificará de este hecho a la Cancillería.”

Esto en la práctica, en las pocas veces que algún refugiado se ha acercado a notificar su salida transitoria (la mayoría se va sin avisar), ha significado hacer una solicitud mediante la oficina de ACNUR de Lago Agrio dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y esperar hasta cinco o siete días la respuesta de Quito. Es decir, no se cumple lo que dice el reglamento en

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cuanto a únicamente tener que “notificar”. Quizá el reglamento debería ampliarse para determinar mecanismos o procedimientos más concretos y más ágiles, sin tener que esperar necesariamente una respuesta de Quito. Porque si en la práctica muchos se están yendo transitoriamente sin avisar, debido a los lentos procesos burocráticos, están quedando expuestos a ser víctimas de las amenazas de los actores armados de Colombia. Por otra parte, al no notificar se exponen a que se les retire el estatuto de refugiado. Todo esto, por tanto, contribuye a que muchos refugiados colombianos no se acerquen a solicitar la calificación legal de refugiados. Porque hay que tener en cuenta que los colombianos que vienen huyendo de la violencia ya en sí mismos de hecho son refugiados, previa la concesión de este estatuto legal por parte de la Cancillería Ecuatoriana. Ante estas dificultades legales que en ocasiones generan la desconfianza de los refugiados para solicitar el estatuto de refugiado, hay que recordar que el mandato de ACNUR consiste en brindarles seguridad y protección desde su llegada, al margen de la calificación o descalificación de Cancillería. Por cuenta aparte, existe también el temor que en el futuro la Cancillería Ecuatoriana debido a la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU en su sesión del 28 de septiembre del 2001, como reacción a los ataques terroristas del 11 de septiembre en contra de los EE.UU., restrinja la concesión del estatuto de refugiado, según la interpretación que se haga de los literales f y g de la parte tercera de esta resolución que, entre otras cosas, “Exhorta a todos los Estados a”:

“Adoptar las medidas apropiadas de conformidad con las disposiciones pertinentes de la legislación nacional y el derecho internacional, inclusive las normas internacionales en materia de derechos humanos, antes de conceder el estatuto de refugiado, con el propósito de asegurarse de que el solicitante de asilo no haya planificado o facilitado actos de terrorismo ni participado en su comisión;”

“Asegurar, de conformidad con el derecho internacional, que el estatuto de refugiado no sea utilizado de modo ilegítimo por los autores, organizadores o patrocinadores de los actos de terrorismo...”

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5. Proceso de Calificación de

Refugiados Como ya dijimos, sólo la cuarta parte de las personas salidas de Colombia por motivos de violencia se registran como candidatos a solicitantes de refugio en el PAR de ISAMIS, pero antes se les pide anotarse en la Oficina de Policía de Migración de Lago Agrio, que queda a sólo cien metros de las oficinas del PAR. Allí se les da a los colombianos (tengan o no sus papeles de identidad en orden15) un documento temporal (30 días) que certifica que han huido de Colombia por motivos de violencia. Este papel no es todavía un certificado de refugiado, solo es una TAM provisional.16 Cuando hay suficientes personas anotadas (tanto en la Oficina de Policía de Migración como en las oficinas del PAR), como candidatos a solicitantes de refugio, la Cancillería Ecuatoriana envía desde Quito una Brigada para receptar oficialmente las solicitudes de refugio. Después de la Brigada de Cancillería, los colombianos se quedan con un Certificado Provisional de la Solicitud de Refugio, en la que constan los nombres de cada uno de los miembros de sus familias con sus respectivas fotos. Este documento tiene validez hasta que reciba su Carnet de Refugiado, con una vigencia de 90 días. Si el carnet de refugiado no llega en los 90 días, Cancillería renueva la validez de este certificado de la solicitud de refugio. Sin embargo suele haber dificultades cuando a los recién llegados de Colombia que ya han obtenido su TAM, que señala no oficialmente que son refugiados, se les caduca este documento porque se han pasado los 30 días y la Brigada de Cancillería no viene a Lago Agrio a receptar las solicitudes de refugio. Por ejemplo, entre la Brigada del 1 de Junio y la del 22 de noviembre del 2001 han pasado más de cinco meses. Esto quiere decir que los recién llegados han tenido que ir a la Oficina de la Policía de Migración hasta cinco veces a renovar la TAM. Pero no todos quizá lo han podido hacer, esto los ha dejado

15 Algunos en la huída pierden sus papeles o no presentan sus documentos para cambiar sus nombres por temor a ser localizados. 16 Este papel es la Tarjeta Andina de Migración (TAM), pero que al reverso se señala que el portador es candidato a solicitante del estatuto de refugiado.

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expuestos a abusos por no tener los documentos al día. Cosa semejante ocurre cuando caduca a los 90 días el Certificado Provisional de la Solicitud de Refugio y Cancillería no ha aprobado la solicitud de refugio ni ha enviado a tiempo los renovados “certificados provisionales de la solicitud de refugio”. También ocurre lo mismo cuando los carnets de refugiados caducan a los seis meses y Cancillería no procede a una diligente renovación de esos carnets. Quizá los motivos de los atrasos sean explicables y hasta entendibles, pero el asunto es que los colombianos que han venido huyendo de Colombia quedan expuestos a abusos por no tener sus documentos en orden, ya que para muchos que llegan sin ni siquiera sus documentos colombianos, por las apuradas y angustiosas situaciones en las que han tenido que escapar, los papeles que se les da aquí son los únicos que les conceden legalidad, y con ello, dignidad. Un año después de recibir el carnet, que tiene que ser renovado cada seis meses, los refugiados recibirán un Pasaporte con la Visa 12-IV, que los habilita para residir, trabajar y comprar propiedades en Ecuador. Este documento deberá ser renovado cada año. Finalmente, veamos que las peticiones del estatuto de refugio en el Ecuador ha presentado variaciones de un lugar a otro de la frontera. Mientras en enero 2001, el 90% de solicitudes fueron hechas en Sucumbíos, para mayo 2001, apenas el 25% de peticiones fueron en Sucumbíos y el resto en otros lugares de la frontera: Carchi, Imbabura y Esmeraldas.

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Fotografía: Armando Waak, OPS

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6. Situación de los Derechos Humanos de

los Refugiados En la base de su situación de DD.HH. de los refugiados colombianos en Sucumbíos está la criminalización de los colombianos en general, no sólo aquí en Ecuador, sino en muchos otros países. En el imaginario común, aunque se reconozcan excepciones, se asocia al apelativo “colombiano” las ideas de delincuente, narcotraficante, guerrillero, sicario, abusador, gente mala en general. Lo más grave de esta situación es que durante estos meses se ha incrementado ostensiblemente la situación de violencia que vive la provincia de Sucumbíos. Sólo en septiembre del 2001 la policía judicial reconoció que hubo 15 casos de muertes violentas y que hay al menos una denuncia diaria de robo domiciliario. A ello debemos lógicamente añadir todos aquellos robos domiciliares que no son denunciados por falta de confianza en la policía o por temor a represalias. En los últimos meses es muy frecuente los asaltos a vehículos de transporte público en todas las vías que se conectan con Lago Agrio: la vía Coca Loreto, la vía Quito, la vía a Sucumbíos Alto, la de Tarapoa, la que va a la Punta. De estos asaltos al transporte público sólo se han denunciado cuatro en el mes de septiembre, pero todos sabemos que hay muchos más, que no son denunciados por temor. Este incremento de la violencia ha sido atribuido por algunos, sin las correspondientes pruebas a los refugiados colombianos. Es verdad que en algunos casos han estado involucrados, sin embargo en el 90% de los casos no habido las investigaciones. Estas afirmaciones en contra de los colombianos están más relacionadas con la mala fama que tienen que con pruebas contundentes de la realidad. Otro elemento que ha incidido de manera global en la situación de DD.HH. de los refugiados colombianos en Ecuador, es la lentitud de las autoridades de la Cancillería Ecuatoriana para la legalización de los papeles de los solicitantes de refugio o de los refugiados. Llos motivos de los atrasos en la legalización son explicables y entendibles, pero el asunto de fondo es que esto los ha dejado expuestos a los abusos que los indocumentados suelen padecer.

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A nivel laboral: con dificultad consiguen trabajo porque: en Lago Agrio no hay muchas oportunidades de empleo, y porque son “colombianos”. En algunas ocasiones se les paga menos que un ecuatoriano por el mismo trabajo. En otros casos incluso se les retiene de manera indefinida los sueldos acordados. Por otra parte, la necesidad que tienen los refugiados colombianos de conseguir trabajo, incluso por menos sueldo que los trabajadores locales, está desplazando la mano de obra ecuatoriana. Esto en ocasiones genera cierta xenofobia contra ellos. A nivel de salud: en los dispensarios médicos públicos los costos de atención a los colombianos son mayores. Porque son extranjeros, pero la situación económica de la gran mayoría de los refugiados no da para pagar ni siquiera los mismos costos que pagan los ecuatorianos. Por ello el PAR ha organizado servicios de salud para los refugiados colombianos. A nivel educativo: en las escuelas urbanas, más que en las rurales, no les reciben fácilmente a los niños colombianos, hijos de familias refugiadas, porque vienen con dificultades de aprendizaje por carecer de buenas escuelas en la zona rural del departamento del Putumayo, y sobre todo porque son “colombianos”. Ha sido necesario que alguien del PAR acompañe a las familias de estos niños y estimule económicamente a la escuela para que ellos puedan ser recibidos, pero estas ayudas sólo alcanzan a cubrir a un reducido porcentaje de todos ellos. Con respecto a las mujeres refugiadas, algunas son golpeadas frecuentemente por sus maridos. Ellos suelen encontrarse en difíciles situaciones de integración social, por la falta de empleo y relaciones. Esto los hace sentirse deprimidos y frustrados. Ante ésto las mujeres son lastimosamente su canal de desahogo. Ellas no reaccionan porque no tiene alternativas, aquí ellas no tiene a su familia, amigas y se relacionan poco. En cuanto a los DD.HH. de las mujeres refugiadas, quizá la misma falta de una investigación más profunda de su situación en Lago Agrio sea de alguna manera una violación de sus DD.HH. ya que así no se permite develar cuál es su realidad, porque por encontrarnos en una cultura marcadamente machista, tanto en Colombia como en Ecuador, de estas cosas no se habla abiertamente. Sin embargo, en virtud del derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos, los estados también pueden ser responsables de actos privados, si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización.

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El gobierno, por ejemplo, puede y debe crear servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos tratos. Es necesaria pues una investigación de la situación de los derechos humanos de las mujeres refugiadas ya que según información de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es por todos reconocido que, en su huida, las refugiadas suelen ser especialmente vulnerables a los ataques sexuales. De otros lugares en que ha habido el fenómeno de los refugiados se conocen casos de violaciones colectivas, de “matrimonios” forzados y de mutilación sexual por parte de bandidos, de miembros de grupos armados o de otros refugiados. La necesidad de cruzar líneas militares, zonas donde reina la anarquía, la guerra civil para ponerse a salvo coloca en situaciones especialmente peligrosas a las mujeres de todas las edades, ya que corren gran peligro de verse sometidas a explotación sexual a cambio de que se les permita llegar a lugar seguro u obtener la condición de refugiada o la documentación legal. Existen numerosas pruebas, incluido el informe preliminar de la Relatora Especial de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACDH), sobre violencia por motivos de sexo, registradas en países de asilo o en campos de refugiados.

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Fotografía: Jenny Cafiso JRS

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7. Situación Socio Económica

7.1. Alimentación A los refugiados que, después de las visitas sociales, se considera que están en situación de vulnerabilidad en lo referente a la alimentación, se les ayuda con la siguiente ración quincenal por persona: Detalle Gramos Arroz 3.000 Azúcar 1.000 Arvejas 250 Frijoles 250 Lentejas 250 Leche en polvo 250 Fideo 250 Tallarín 250 Atún 500 Sardina 450 Avena 250 Cocoa 250 Harina de maíz 500 Sal 1,500 Aceite 250 Café 250

El problema más significativo de esta dieta es que no la acostumbrada por los refugiados colombianos. Su dieta consistía sobre todo en yuca, plátano y arroz, eventualmente comían pollo, pescado o animales de caza. Esta diferencia ha ocasionado algunos malestares estomacales.

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7.2. Salud Entre octubre del 2000 y octubre del 2001, el PAR administró 2.435 consultas médicas de primer nivel a 1.088 refugiados, dio atención médica de segundo nivel a 32 y de tercer nivel a 12. Se considera atención de primer nivel cuando la enfermedad que padecen los refugiados se atiende simplemente con una consulta y medicamentos comunes. Se dice de segundo nivel cuando es necesario hospitalizar al paciente en el Hospital de Lago Agrio. El tercer nivel consiste en tratamiento especializado en el Hospital de Quito. Las consultas médicas de primer nivel se brindan por el pago de un dólar. Si necesitan medicamentos comunes se les regala, si se trata de medicamentos especiales con los que se cuente en el almacén de medicinas de PAR también se los regala. El problema es cuando se trata de medicamentos especializados que se han terminado o que no se tiene, entonces si el refugiado no puede conseguirlos el PAR los compra. Las patologías más comunes son: Enfermedades Nro. Pers. % Infecciones respiratorias agudas 290 26,7 Parasitosis 290 26,7 Enfermedades de la piel 202 18,5 Enfermedades diarreicas agudas 123 11,3 Dolores en general 96 8,8 Infección de las vías urinarias 87 8,0 TOTAL 1088 100,0 De estos datos, es posible que la mayoría de las enfermedades de los refugiados estén con las fumigaciones de glifosato, ya que al unir las enfermedades respiratorios y dérmicas, afecciones más comunes originadas por el “roundup ultra” según las investigaciones de la organización no gubernamental “Acción Ecológica”, se obtiene un 45,2%.

7.3. Vivienda Para noviembre del 2001, tenemos la siguiente ubicación de 266 familias: Lugar Nro. Fam. % Lago Agrio (urbano) 93 35,0 La Punta (urbano) 48 18,0 Puerto El Carmen (urbano) 42 15,8 Alma Lojana (rural) 30 11,3

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Lugar Nro. Fam. % La Carchi (rural) 25 9,4 Pacayacu (rural) 9 3,4 No ubicados 9 3,4 Otros lugares 6 2,2 Albergue de Apafano 4 1,5 TOTAL 266 100,0

Los que no viven en el Albergue, que son la gran mayoría, están arrendando o arrimados en casas de amigos o conocidos. La mayoría son lugares estrechos con uno o dos cuartos. Para el agua se proveen de la lluvia o de pozos, como la mayor parte de la población de Sucumbíos. En las zonas urbanas (68,8%) se cuenta con el deficiente servicio de electricidad. A las familias en estado de vulnerabilidad con respecto a la vivienda, el PAR les ha suministrado ayudas para vivienda por aproximadamente 300 dólares por familia. Se trata en total de 24 paquetes de vivienda que han consistido en 19 viviendas construidas, 4 reconstruidas y una adecuación de vivienda.

7.4. Trabajo Como ya mencionamos en el apartado anterior sobre los derechos humanos, las ofertas de trabajo en Lago Agrio son pocas. Se pensaba que la construcción en la provincia de un nuevo oleoducto para crudos pesados daría más plazas de trabajo pero en la práctica se emplea a muy poca gente del lugar. Las dificultades de los refugiados para conseguir trabajo no tienen que ver con cuestiones legales, ya que los papeles con los que cuentan les autorizan para poder conseguirlo, sino la estigmatización social de ser refugiado colombiano. El PAR en este punto ha colaborado con los casos más vulnerables proveyéndoles de paquetes productivos que consisten en ayudas por alrededor de 150 dólares por familia para que con ello inicien algún negocio. En total se ha dado 48 paquetes productivos para los siguientes negocios: Descripción Número Crianza de pollos 19 Crianza de chanchos 2 Crianza de peces 1

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Descripción Número Máquina de coser 2 Herramientas de trabajo 1 Triciclo para transporte 1 Madera para hacer muebles 1 Legalización papeles de carro 1 Venta de víveres 11 Venta de gaseosas 3 Venta de productos naturales 2 Venta de carne de chancho 2 Venta de artesanías 2 TOTAL 4817

Además de los paquetes productivos se les ha brindado en lo posible asesoría técnica para la inversión. Se trata de poco dinero. En la práctica unos pocos han sabido reinvertir sus reducidas ganancias. La mayor parte de las inversiones se dio en la crianza de pollo. Esto bajo los precios de la carne de pollo cuando salieron casi simultáneamente a la venta. El PAR también se ha ocupado de ubicar otras fuentes de trabajo para los refugiados, estableciendo contactos con empleadores que solicitan cuidadores o trabajadores de fincas (18 refugiados se fueron a recolectar mangos a una finca cercana a Guayaquil). También con el fin de capacitar a los refugiados, el PAR ha brindó talleres ocupacionales en corte y tejido.

7.5. Educación Cuando llegaron los refugiados en el año 2000, ya el ciclo educativo había comenzado, por lo tanto, fue difícil ubicar en las escuelas a los hijos de los refugiados que necesitaban escolarización y que se encontraban en situación vulnerable. Sin embargo, sí se logró inscribir a algunos a cambio de proveer materiales didácticos para las escuelas e incentivos económicos para los maestros. En el 2001 se ha conseguido ubicar de manera más organizada en escuelas a 130 niños y niñas que en este aspecto se encontraban en situación vulnerable:

17 De estos 48 paquetes, 43 fueron financiados por ACNUR, los otros 5 salieron de otros fundos de ISAMIS.

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Lugares Niños/as

Lago Agrio 82 Río Lagarto 19 Pacayacu 17 La Carchi 12 TOTAL 130

A ellos se les ha proveído de una ayuda de aproximadamente 20 dólares por niños/as para materiales educativos. En general, debido a la reducida escolarización que se da en la zona rural del departamento de Putumayo (Colombia) y las pocas escuelas allí funcionan mal, estos niños refugiados han tenido que adecuarse al sistema educativo ecuatoriano que parece en algunos aspectos más exigente que el sistema educativo rural de Putumayo. Estas dificultades para el aprendizaje que se han notado también se pueden deber a posibles situaciones traumáticas que los niños han padecido al huir, cuestión que a su vez les dificulta adecuarse en un ambiente educativo nuevo. Este punto merece una investigación más profunda. Para enfrentar y superar las dificultades de los niños al incorporarse no sólo al ambiente escolar, sino a todo el ambiente social de Lago Agrio, el PAR organizó entre julio y septiembre una escuela de verano (“PARsito”). En ella participaron durante seis semanas entre 30 y 40 niños/as en actividades de danza, paseos, juegos, deporte y aprendizaje básico de lectura, aritmética y biología. Para acompañar la incorporación social y cultural de los adolescentes y jóvenes refugiados el PAR ha organizado un grupo para interactuar en procesos de formación humana y cristiana. En el mes de agosto, con la ayuda de Fe y Alegría se organizó un campamento de cuatro días en el que participaron grupos de jóvenes de Lago Agrio y el grupo juvenil de refugiados con el que se mantienen reuniones semanales.

7.6. Asistencia psicosocial Con el fin de acompañar procesos de incorporación social de los refugiados en general se ha organizado alrededor de 45 talleres psicosociales, distinguiendo los procesos de diversos grupos: urbanos, campesinos, albergue, grupos étnicos (awás y cofanes). También se ha brindado acompañamiento sicológico individual a veinte personas.

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7.8. Situación de recreación El PAR, para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de los refugiados procura festejar cada fecha cívica de Colombia o con motivo del día de los refugiados. Se tiene paseos. En estos ambientes lúdicos se comparte comidas típicas, música y danza colombiana, con la participación de los mismos refugiados.

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8. Esperanzas de retorno

Los refugiados no vislumbran que la situación en Colombia se mejore. En Ecuador a pesar de las dificultades (bajos sueldos, violencia e inseguridad, criminalización de los colombianos) se siente bien, al menos sin la violencia e inseguridad que vivían en Colombia. Algunos van a trabajar por unos días en la recolección de hoja de coca y vuelven cuando la situación de violencia empeora, pero a sus familiares los dejan Todos anhelan regresar a su tierra, sin embargo sus aspiraciones deben ser postergadas, hasta que Colombia les brinde condiciones para una vida digna.

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Fotografía: El Comercio

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9. ¿Cuál es la percepción del

problema por parte de la población local?

Hay que destacar que aunque los ecuatorianos pobladores de la región limítrofe, por donde entran los colombianos, sienten algún temor por la crisis que se puede desatar a raíz de un éxodo masivo, sin embargo, han mostrado una actitud positiva y solidaria con la situación y consideran que los colombianos del Putumayo son habitantes de una misma región con culturas e idiosincrasias similares y en medio de su pobreza los han apoyado con alimentos, ropa y afecto. Al comienzo hubo cierta resistencia y desconfianza de aceptar a refugiados colombianos (de hecho algunas poblaciones de la provincia de Orellana, vecina de Sucumbíos, han rechazado públicamente la posibilidad de recibir refugiados colombianos), sin embargo en general en la población de Sucumbíos se nota un proceso de sensibilización creciente gracias a programas de difusión radial (Radio Sucumbíos de ISAMIS) y escrita (Boletín Puente de Solidaridad, del PAR), pero especialmente gracias al trabajo pastoral constante a todo nivel para inculcar la solidaridad entre los pueblos.18 En ocasiones excepcionales algunos se quejan de por qué se les ayuda tanto a los colombianos refugiados, “que encima que son criminales y narcotraficantes vienen a recibir ayudas acá en Lago Agrio donde ya hay bastante gente pobre y necesitada”. A ellos hay que decirles que aunque se reconoce que en Lago Agrio hay mucha gente pobre y necesitada como los refugiados llegados de Colombia, sin embargo hay que aclarar que los refugiados colombianos además de su pobreza y necesidad común traen otras pobrezas que no han afectado a los pobres y necesitados de Lago Agrio que es la pobreza del trauma ocasionado por la lacerante situación de violencia en la que han tenido

18 Al final anexamos a modo de corolario la “Carta Abierta al Mundo” de la Asamblea de la Sociedad Civil de Sucumbíos (ASCIS), el “Manifiesto de los Obispos de Frontera a los Gobiernos de Ecuador y Colombia” y la “Declaración de Nueva Loja (Lago Agrio) Sucumbíos, Ecuador”.

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que huir, la pobreza de campesinos obligados a migrar del campo colombiano a la ciudad ecuatoriana, obligados a aceptar las diferencias que hay entre lo rural y lo urbano, la pobreza del extranjero que llega no por propia voluntad a una tierra poco conocida o totalmente desconocida en la que hay otras costumbres, otras maneras de relacionarse, otras maneras de hablar el mismo idioma español, otra moneda. Otros motivos por los cuales los ecuatorianos pueden sentirse molestos podría ser porque el Plan Colombia, además de generar refugiados colombianos y desplazados ecuatorianos, también ha ocasionado la reducción de las actividades económicas entre Ecuador y Colombia, el incremento de la violencia y del número de los efectivos militares ecuatorianos y los efectos nocivos para la población de Sucumbíos debido a las fumigaciones indiscriminadas en la región fronteriza con Colombia. El informe de DD.HH. del Observatorio Internacional para la Paz OIP nos dice que, según las estadísticas locales de salud, se ha comprobado la multiplicación por cinco de las afecciones respiratorias y cutáneas, entre octubre del 2000 y octubre del 2001, con relación a los años anteriores, además del incremento de los trastornos digestivos y neurológicos, de los abortos espontáneos y embarazos anembrionarios. Este informe también da cuenta de la destrucción de los cultivos regulares que se encuentran en la zona fronteriza debido a las fumigaciones. Sin embargo, por la complejidad de los procesos y la dificultad de realizar dichos exámenes en el país, no se tiene aún pruebas de laboratorio que atribuyan de manera cierta todos estos efectos nocivos a las fumigaciones. Lo indiscutible es que, por sobre las dificultades técnicas, algunos pobladores de la provincia que se sienten afectados por toda esta situación están poniendo en venta sus propiedades con el fin de migrar al interior del Ecuador. Coyuntura que esta siendo aprovechada por algunos colombianos, comprando fincas aquí en la provincia. Quizá esto también hace sentir mal a algunos pobladores ecuatorianos. Así, la inseguridad reinante en la frontera sugiere que ésta será una zona de intercambio, convivencia pacífica, libre tránsito y comercio entre comunidades étnicas y campesinas tradicionales de esta región. La situación en perspectiva apunta todo lo contrario: a una frontera militarizada, restringida, prevenida y de ruptura cultural. En otras palabras, quizá pronto estaremos frente a una frontera de orden oficial que prevalecerá sobre la integración cultural, social, económica y política que históricamente allí se ha vivido, a pesar sin embargo de la ausencia total de los estados, tanto colombiano como ecuatoriano.

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10. Desplazados Ecuatorianos

En la segunda semana de febrero de 2001, como resultado de incursiones militares ecuatorianas y la detección de laboratorios ilícitos, fueron obligadas alrededor de 518 personas a desalojar los territorios de sus comunas, dentro del territorio ecuatoriano: 300 desplazados se reubicaron de modo provisional en Sucumbíos (Cascales, Sevilla y Jambelí) y 200 se reubicaron en Archidona (provincia de Napo). En su mayor parte son indígenas ecuatorianos, pequeños agricultores, pertenecientes al pueblo Kichwa, residentes en comunidades ribereñas del río San Miguel o de afluentes de éste. La mayor parte bilingüe kichwa – castellano, residentes en la zona desde hace tres o cuatro décadas provenientes de comunidades del interior o de la serranía, bien por migración incorporada a la cultura de ese pueblo o, en ciertos casos, por haber escapado de haciendas donde vivían regímenes de servidumbre feudal. Las familias desplazadas, de igual forma que las refugiadas, han perdido acceso a sus pocos bienes en las comunidades de origen. Por la urgencia del desplazamiento, muchas de ellas no pudieron acarrear sus animales de crianza ni otros enseres. El desplazamiento se dio fundamentalmente por: la denuncia de un laboratorio de producción de coca que se encontraba en la zona. Así, por temor a las amenazas alias de los narcotraficantes se desplazaron. Pero también porque en esos meses el ejército ecuatoriano andaba rodeando mucho esa zona, cometiendo abusos, con el fin de encontrar a los trabajadores extranjeros de las compañías petroleras que habían sido secuestrados.

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11. Conclusiones Aunque por ahora ha disminuido el número o de refugiados colombianos esto no significa que en los próximos meses no tengamos una nueva oleada. De hecho, según observadores internacionales, se esperaba en octubre pasado, debido a la probable derogatoria de la zona de distensión, al incremento de los actos de violencia entre los grupos armados y al punto muerto a que habían llegado los diálogos de paz, un incremento en la llegada de refugiados hacia Ecuador. Pero, según los mismos observadores internacionales, los eventos de terrorismo internacional generados desde el fatídico 11 de septiembre han desestimado por el momento un incremento mayor de la violencia en Colombia. Estas mismas fuentes nos han señalado que posiblemente para los primeros meses del 2002 se tendrá en Ecuador nuevos flujos de refugiados. De hecho, la excesiva militarización que se está dando de los dos lados de la frontera: desde Colombia las operaciones del cuartel militar de Tres Esquinas, suroccidente del departamento de Caquetá, frontera con el departamento de Putumayo, con la asesoría de especialistas norteamericanos, y desde Ecuador con los doce mil efectivos controlando el cordón fronterizo, hace vislumbrar un escenario en el que nuestro país se va a involucrar más en el Plan Colombia, con el fin quizá de contener a modo de yunque a los grupos armados irregulares. Revisando los antecedentes de la historia, se ve que Ecuador es el único país de la región andino-amazónica que no ha estado comprometido con cultivos ilegales. Sin duda la reforma agraria, realizada por los militares y la iglesia en los años sesenta y setenta, está en el origen de este milagro. Por ello es injusto que ahora Ecuador se involucre abiertamente en el conflicto colombiano, saliendo, como único país de la región, a favor de la propuesta norteamericana de regionalizar el Plan Colombia mediante la Iniciativa Andina. Ecuador, al conceder la base de Manta a los norteamericanos para el monitoreo del Plan Colombia, se estaría no sólo convirtiendo en una base militar estadounidense para la intervención en Colombia, sino que también está recibiendo una enorme cantidad de refugiados colombianos. Exactamente lo que fue Honduras durante el conflicto centroamericano de la década de los ochenta: base militar norteamericana y receptora de refugiados. Con la diferencia, hasta ahora, que allá en Honduras los refugiados fueron recluidos en campos de concentración, en Mesa Grande, y que acá los refugios no son

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campos de concentración y que los refugiados pueden moverse sin restricciones entre la población de Lago Agrio. Si ellos quieren viajar para otras provincias deben pedir permiso a Cancillería. Ante ello, la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos (ISAMIS) que ha optado por recibir a los refugiados, denunciar las injusticias del Plan Colombia y procurar el digno desarrollo de los afectados (refugiados, desplazados y población receptora), tiene preparado un plan de contingencia, con ayuda de ACNUR, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de otras organizaciones, con el que podrá atender simultáneamente hasta a 2.000 refugiados. Sin embargo, ISAMIS mirando hacia el futuro espera la estabilidad y la disminución del flujo de refugiados y se suma a los esfuerzos para frenar el Plan Colombia, buscando soluciones alternativas en aras de la paz. En el muy probable el flujo masivo de refugiados, ISAMIS deberá en el servicio hacia ellos seguir manteniendo equilibrio entre los cuatro difíciles temas en tensión constituidos por:

• La pobreza local frente a la pobreza de los refugiados. • La necesidad de un servicio inmediato a los refugiados frente a la no

menos necesaria planificación del acompañamiento a largo plazo. • El asistencialismo individualizado de cada uno de los refugiados

frente a la construcción, junto con los refugiados, de procesos colectivos de organización y autogestión participativa.

• La improvización de los equipos humanos de servicio a los refugiados frente a la mínima capacitación y estabilidad de los mismos.

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12. Recomendaciones Para contrarrestar la tendencia militarista y bélica, y la violencia e inseguridad que generan, es necesario que el Gobierno del Ecuador mire a la frontera con un sentido humanitario, con una visión más amplia como cualquier otra región del país, sin satanizarla, que rompa con la idea de zonas periféricas que implique protección de la población civil, asistencia a las comunidades vulnerables e inversión social participativa, pues se trata de una área geográfica con un gran potencial humano y natural que permite avanzar hacia la integración real con Colombia, aquella de la cual tanto han teorizado los pactos binacionales, andinos, convenios multilaterales y que sin embargo no responden del todo a las necesidades concretas de las comunidades humanas que aquí habitan. Ante el problema del narcotráfico que el Plan Colombia pretende combatir, creemos que una solución global puede venir por la despenalización del consumo de la cocaína. De esta manera se acabaría el mercado negro y con ello se eliminarían las mafias y los monopolios del tráfico de la droga, del cual se benefician los sectores más poderosos de Colombia y de los EE.UU. También de esa manera se disminuiría el consumo pues “quitada la prohibición se acaba el encanto del misterio”, como sucede en algunos países del norte de Europa. De esta manera no habría motivo para que los colombianos de Putumayo tengan que huir como refugiados, sufriendo, diciendo de los actores armados: “Ahí se quedaron como puerca toloncha en su porquedal”.

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Anexo 1

Perfil de los refugiados colombianos en Ecuador

Elaborado por el Area de Registro del Programa de Atención a Refugiados (PAR) a partir de las primeros 994 personas (258 familias) que fueron reconocidas por Cancillería Ecuatoriana como refugiadas en Sucumbíos A un nivel global, la mayoría de estas 994 personas, según su género, son hombres (58%) y, según su edad, son menores de 18 años (60%): Género Nro. Pers. % Hombres 581 58,45 Mujeres 413 41,55 TOTAL 994 100,00

Edad Nro. Pers. % Mayores 18 años 399 40,14

Menores de 18 años 595 59,86 TOTAL 994 100,00

En cuanto al estado civil de las 258 familias tenemos los siguientes datos: Est. civil Nro. Fam. % Unión libre 108 41,80 Casados/as 93 36,10 No sabe, no responde* 39 15,10 Viudos/as 9 3,50 Separado/a, divorciado/a 7 2,70 Otros 2 0,80 TOTAL 258 100,00

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* Quizá les da mucha pena reconocer que sólo están unidos y no casados o que se trata de madres solteras. Juntado las cifras de “unión libre” y de “no responde” tenemos que quizá un 56,9% de las familias no son casadas. De un total de doscientas cincuenta y ocho (258) familias, las procedencias de los siguientes lugares del departamento de Putumayo son: La Dorada 27%, San Marcelino 17%, San Miguel 10%. El 46% restante proceden en porcentajes menores de lugares como Yarinal, Piñuna Negro, Monterrey, Nuevo Bergel, Orito, Puerto Silencio, Puerto Ospina y otros sitios más. En cuanto a las fechas de llegada al Ecuador tenemos las siguientes informaciones: Fecha de llegada Nro. Fam. % Nov/1999 – Ago/2000 18 6,98 Septiembre del 2000 23 8,92 Octubre del 2000 57 22,09 Noviembre del 2000 73 28,29 Diciembre del 2000 49 18,99 Enero del 2001 32 12,40 Febrero del 2001 6 2,33 TOTAL 258 100,00 A la pregunta por los motivos de la huida de Colombia la gente respondía por los siguientes motivos: Motivos de huida Nro. Familias % Violencia/amenazas generales 109 42,25 Amenaza/miedo paramilitares 67 25,97 Amenaza/miedo de guerrilla 26 10,08 Reclutamiento forzado 16 6,20 Asesinato de familiar 16 6,20 Fumigaciones 13 5,04 Motivos económicos 6 2,32 Otros 5 1,94 TOTAL 258 100,00

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El 42% no dice de dónde proceden las amenazas y la violencia, sólo las menciona como causas generales de su desplazamiento, ya que parece que tienen temor de identificar a sus victimarios. Es interesante que de los que se animan a decir al procedencia de la violencia y las amenazas, 25% dice de los paramilitares y el 10% de la guerrilla. Este último dato se complementa relativamente bien con otros publicados por la Radio Nederland el 17 de agosto del 2001, en los que se decía que sólo el 15% de la violencia en Colombia es generado por la guerrilla y el 85% restante se distribuye entre paramilitares, ejército y violencia delincuencial común. También concuerda relativamente con las informaciones publicadas en Bogotá el 5 de diciembre del 2000 por el Boletín # 33 de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) que dice que los grupos paramilitares fueron los presuntos autores del 58% de las masacres habidas en el año 2000, en tanto que el 13% fue atribuido a grupos guerrilleros, el 26% a “desconocidos” y el 3% a milicias urbanas. Referentes al nivel de estudio tenemos los siguientes datos: Nivel de estudio

Nro. Pers. %

Ninguno 471 47,38 Primaria 430 43,26 Secundaria 62 6,24 Preescolar 30 3,02 Técnico 1 0,10 TOTAL 994 100,00 En cuanto a las ocupaciones de los jefes de familia tenemos los siguientes datos: Ocupación del jefe de fam. Nro. Fam. % Agricultor 138 53,49 Ama de casa 64 24,81 Comerciante 14 5,43 Albañil 9 3,49 Estudiante 6 2,32 Otros 27 10,46 TOTAL 258 100,00

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Así, en general podemos decir que los refugiados en Lago Agrio son sobre todo campesinos agricultores, con muy poca o ninguna formación escolar, provenientes del departamento de Putumayo, de los cuales el 60% es menor de 18 años, expulsados principalmente debido a la violencia y las amenazas de los paramilitares entre octubre y diciembre del 2000. Este perfil varía significativamente en otras provincias del Ecuador (Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Pichincha) a donde también están llegando refugiados colombianos. En esas regiones los refugiados, según informaciones de ACNUR, suelen ser sobre todo profesionales urbanos mayores de edad, provenientes de los departamentos del Valle, de Cauca, de Nariño, de Antioquia, de Cundinamarca, etc., expulsados por la violencia generada por los guerrilleros y que han solicitado el estatuto de refugiado principalmente en el primer semestre del 2001.

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Anexo 2

Carta Abierta al Mundo

15 de octubre del 2000 La ASCIS, Asamblea de la Sociedad Civil de Sucumbíos, ubicada en el norte de la región amazónica del Ecuador y frontera con Colombia, denuncia ante el mundo y certifica que la población de la frontera colombo-ecuatoriana en América del Sur vive un momento especial de temor, incertidumbre y riesgo frente a la implantación del llamado PLAN COLOMBIA y sus consecuencias de fumigación masiva de cultivos de coca e incremento de los enfrentamientos armados, así como por la pérdida de cultivos, fuente de sobrevivencia para miles de familias, sobre todo campesinas e indígenas de la región. La ASCIS reconoce los esfuerzos, si bien tardíos, de los gobiernos de Colombia y Ecuador por informar a los ciudadanos el sentido y objetivos del llamado “Plan Colombia”, al tiempo que comprueba que tales explicaciones y gestos no logran disipar el enrarecido ambiente que precede a la aplicación de dicho programa que ha derivado en un plan belicista, cuyo componente central es el combate militar a los grupos insurgentes y la utilización de armas químicas y biológicas prohibidas contra el narcotráfico, que profundizará el conflicto interno y su regionalización. La ASCIS está de acuerdo así mismo en la necesidad imperiosa de eliminar la producción, el tráfico y el consumo de drogas como un deber ético de toda la humanidad, requiriendo para ello una acción concertada entre países, gobiernos, grupos interesados, agricultores, organismos de las Naciones Unidas, etc. para que se alcance esta meta sin menoscabo de la naturaleza, sin atentar más contra la vida y sin la profundización de la violencia y el armamentismo. La ASCIS lamenta, por otra parte, no advertir un esfuerzo serio y equivalente del gobierno de los Estados Unidos para controlar la gran demanda y el altísimo consumo de drogas dentro de su propio territorio, pero sí comprueba

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con indignación el traslado a nuestros países, sacrificando incluso principios de soberanía nacional y centrando su respaldo logístico y directo para la guerra. La ASCIS cree también que en la ejecución del “Plan Colombia”, la implicación del Ecuador es inevitable, así como los impactos negativos de carácter social, ambiental, cultural y económico serán mayores en las provincias fronterizas, lo que sumado al cotidiano desastre químico por contaminación petrolera en el norte de la Amazonía ecuatoriana, activará una masiva contaminación de la ecología por pesticidas y agentes biológicos contra la vida humana, animal y vegetal. La ASCIS, en fin, valora las loables buenas intenciones y declaraciones de los Presidentes de Colombia y Ecuador respecto del “Plan Colombia”, pero también sabe que en este momento histórico le corresponde hacer suyas, con humildad y decisión, las aspiraciones de la población amazónica que merece vivir con dignidad y libertad, con bienestar, salud y armonía con la naturaleza. Por todo lo dicho pedimos a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo que se unan a nosotros en contra del “Plan Colombia” en una red ilimitada de solidaridad y que no decaigan los esfuerzos de denunciar la inhumanidad de este PLAN, así como exigir a los gobiernos de Ecuador y Colombia que se detenga semejante amenaza contra la vida del planeta y se abra a la discusión amplia, profunda y trascendente sobre las alternativas para neutralizar la espiral de violencia en Colombia y eliminar la producción, el tráfico y el consumo de drogas en le mundo. ¡La Amazonía es reserva de vida para todo el planeta, a todos/as nos toca defenderla!

¡Estamos por la paz y la vida, no por la guerra y la muerte!

ASCIS – Asamblea de la Sociedad Civil de Sucumbíos, Ecuador

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Anexo 3 Manifiesto de los Obispos de frontera a los

Gobiernos de Ecuador y Colombia

Los obispos de las Diócesis Fronterizas Colombo Ecuatorianas, sacerdotes, religiosas y religiosos que trabajamos en las comunidades de frontera, los laicos comprometidos con esta pastoral y las organizaciones que apoyamos este proceso, nos hemos reunido en el X Encuentro de Pastoral Fronteriza del 18 al 21 de junio en la ciudad ecuatoriana de Esmeraldas. El objetivo de esta reunión fue avanzar en la integración y hermanamiento entre las jurisdicciones eclesiásticas, instituciones, organizaciones sociales y comunidades binacionales para la promoción y defensa de la dignidad humana, a través del acompañamiento a los pobres, migrantes, desplazados, refugiados, indocumentados, indígenas ecuatorianos y afro-colombianos. Como Pastores y laicos comprometidos con la causa del Evangelio, constatamos que persisten y se agudizan, en las zonas de fronteras, los siguientes males:

• La pobreza creciente y generalizada, fruto de un sistema económico injusto, reafirmado la globalización e imposición de modelo neoliberal.

• La puesta en marcha del Plan Colombia, la Asociación de Libre

Comercio de las Américas (ALCA) y la Iniciativa de la Región Andina (IRA) que, lejos de resolver los problemas ya descritos, agudizan la situación de injusticia y violencia, profundizando y regionalizando el conflicto interno colombiano.

• Esta situación sigue provocando migración forzada, desplazamientos

y búsqueda de refugio, lo que acrecienta la desintegración familiar, y pérdida de la identidad cultural de los pueblos.

• A pesar de todos nuestros esfuerzos comprobamos que persisten los

problemas de indocumentación, persecución, discriminación, abusos

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y maltratos por parte de algunos representantes de las autoridades gubernamentales de los dos países.

Ante estos hechos, como discípulos del Señor Jesús, que vino para “dar la Buena Nueva a los pobres, la liberación de los oprimidos” (Lc 4,18), decimos:

• Rechazar la imposición de un sistema económico injusto que no considera la dignidad humana y que atenta contra los derechos humanos más elementales.

• Reiterar nuestro rechazo al Plan Colombia, ALCA y el IRA, por su

carácter bélico y la entrega de la base de Manta (Ecuador) para operaciones militares que comprometen la seguridad de los ecuatorianos (pérdida e irrespeto de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos). Estamos de acuerdo con la erradicación de los cultivos ilícitos con procedimientos que respeten el ecosistema, la biodiversidad y especialmente la vida humana. Propugnamos por un Plan de Desarrollo alternativo en función de una economía solidaria y sostenible.

• Ratificamos nuestro compromiso de trabajar por los pobres, los

migrantes, los indocumentados, desplazados y refugiados para lo cual ofrecemos nuestra colaboración a los gobiernos, instituciones y organizaciones a fin de que, aunando esfuerzos, podamos dar una luz de esperanza a nuestro pueblo y sacar adelante a nuestras comunidades.

Confiamos en la fuerza de Dios vivo y en el poder de su Espíritu, lucharemos incansablemente para convertir nuestras fronteras en un lugar de encuentro desde donde globalicemos la solidaridad y la fraternidad de los pueblos.

Esmeraldas, Ecuador, 21 de junio del 2001

Encabezan el documento las firmas de los obispos

de Esmeraldas, Sucumbíos, Tumaco e Ipiales y les siguen las firmas de los demás participantes

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Anexo 4 Declaración de Nueva Loja (Lago Agrio)

Sucumbíos, Ecuador Las organizaciones sociales, de derechos humanos, gremiales, eclesiásticas, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Francia, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Reino Unido, Suecia y Venezuela, asistentes al Encuentro Internacional “IMPACTO DE LA MILITARIZACIÓN EN LAS ZONAS DE FRONTERA” realizado en Lago Agrio entre el 16 y 19 de abril del 2001.

CONSIDERANDO

• Que la aplicación del Plan Colombia y la Iniciativa Andina, y su consecuente militarización de las zonas de frontera responden a intereses geopolíticos y económicos de los EE.UU. y otros Estados dirigidos al control de zonas y recursos estratégicos, con la implementación de la militarización en Colombia, Panamá y de bases militares en Manta (Ecuador), Aruba y Curazao, Comalapa (El Salvador), Liberia (Costa Rica), Vieques (Puerto Rico), Nanai en Loreto y en el Alto Huallaga (Perú) entre otras, así como el uso de estrategias y tecnologías de guerra; que además este Plan, ratificado por la mayoría de Estados contraviene el espíritu del convenio 169 de la OIT que establece la libre determinación y respeto a los pueblos indígenas;

• Que existe una relación entre el modelo económico que pretende

extender los Acuerdos de Libre Comercio de las Américas para imponer la política favorable al capital mundial en la región y la implementación del Plan Colombia y la Iniciativa Andina, como expresión militar del proyecto económico;

• Que las políticas de los gobiernos en las zonas de frontera se han

caracterizado por un aprovechamiento irracional de los recursos naturales, generando efectos negativos de carácter ambiental, social,

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cultural y económico en las poblaciones fronterizas, dentro de las que están incluidas comunidades indígenas y afrodescendientes;

• Que para solucionar los conflictos sociales y económicos de las zonas

fronterizas por parte de los Estados regionales se ha utilizado la militarización y la fuerza, con mecanismos represivos de control social, a través de prácticas de sometimiento, temor y obediencia ciega;

• Que otra consecuencia de esta militarización es el incremento en las

inversiones y el comercio legal e ilegal de armamentos, del que se benefician únicamente los Estados, compañías y agentes productores y comercializadores de armas;

• Que el recrudecimiento del conflicto armado en Colombia ha

significado: el reclutamiento forzado de indígenas y afrodescendientes; la exacerbación de prejuicios raciales, xenófobos y otras formas de intolerancia incompatibles con la construcción de una cultura de paz y respeto a la diversidad. Además, las partes en contienda han involucrado a niños y niñas como estrategia de guerra que vulnera la autonomía de las comunidades y los derechos de los niños y niñas;

• Que la militarización, en lugar de proporcionar seguridad a la

población civil, genera graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, produce secuestros, masacres, ejecuciones extrajudiciales y obliga a los desplazamientos forzados y al exilio;

• Que la hoja de coca no es una sustancia estupefaciente, por lo tanto

es lícita, su uso tradicional ha significado un pilar fundamental en el desarrollo de las culturas indígenas ancestrales de América; por otra parte, la cocaína sí es un producto ilícito, elaborado en su mayoría con componentes químicos provenientes de los países del norte;

Que el narcotráfico es un fenómeno de carácter global que incluye producción, procesamiento, comercio, consumo de drogas y enriquecimiento de sectores financieros transnacionales, y que sin embargo la política antinarcóticos no se ha dirigido a los eslabones de producción y comercio, sino a fumigaciones de cultivos en los países productores y, por tanto, se ataca el eslabón más débil de esta cadena, sin afectar a quienes obtienen y acumulan la mayor rentabilidad en el negocio;

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• Que la fumigación masiva de coca y amapola que se viene ejecutando

en el marco del Plan Colombia no es la solución al narcotráfico; esa acción indiscriminada constituye un atentado contra la salud de las poblaciones y pone en serio peligro el equilibrio ambiental de las comunidades y territorio andino y amazónico;

• Que el Estado colombiano ha incumplido reiteradamente las

recomendaciones internacionales para desmantelar, procesar y sancionar a los grupos paramilitares;

• Que al constatar que en el mundo se levantan voces que demandan

solución al conflicto social y armado en Colombia, a través de diálogo y contra la estrategia militarista que constituye una amenaza para la paz de la región;

• Que en la resolución del conflicto deben participar activamente las

autoridades, organizaciones y pueblos indígenas, afrodescendientes y demás poblaciones de zonas de frontera,

RESUELVEN

• Reafirmar el decidido rechazo al Plan Colombia y a la Iniciativa Andina que él significa, frente a los cuales las organizaciones participantes nos levantamos para mantener la vigilancia ciudadana y la denuncia de esta grave intervención por parte del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos y la paz de nuestra región.

• Mantener la defensa de los recursos naturales y estratégicos, puesto

que en ellos descansa la posibilidad de construcción del proyecto histórico de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en América Latina. En consecuencia, los Estados deberán promover y acelerar los procesos de legalización y entrega de territorios y tierras a las comunidades étnicas y campesinas de la región.

• Reiterar la obligación de los Estados latinoamericanos de proteger,

promover y garantizar los derechos humanos y las libertades

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fundamentales de los pueblos y en consecuencia atender efectivamente las recomendaciones de los organismos internacionales.

• Apoyar la solución política negociada de los conflictos y el diálogo

como mecanismo para abordar las causas estructurales que los originan.

• Plantear que las comunidades indígenas, afrodescendientes y los

pueblos fronterizos tienen el más firme compromiso con el desarrollo integral y sostenible de la región, frente a los cuales los Estados, junto con la cooperación internacional, deben establecer políticas sociales tendientes a elevar el nivel de la vida de la población, con pleno respeto por la cosmovisión de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

• Llamar a los Estados de América Latina a implementar leyes para

refugiados que estén acordes con los instrumentos internacionales en la materia y representen en la práctica la protección de las personas solicitantes de asilo y desplazadas internas en el contexto del conflicto armado interno.

• Demandar la inmediata suspensión de la erradicación forzada de

cultivos de coca y buscar la desmilitarización de los territorios de los pueblos que utilizan la coca como planta sagrada.

• Solicitar a los Gobiernos del Ecuador, Aruba, Curazao, El Salvador,

Costa Rica, Perú y Puerto Rico el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas y propiciar jornadas de movilización ciudadana y desobediencia civil en todos estos lugares, en rechazo a su presencia. Solicitar igualmente a los Estados latinoamericanos que eviten la militarización de las fronteras como política oficial para mantener el control.

• Hacer un llamado de urgencia a los Estados latinoamericanos para

que ratifiquen los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, entre ellos, el Estatuto de Roma que da lugar a la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional para la protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias.

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• Exhortar a los Parlamentos Andinos, Latinoamericano, Amazónico e Indígena a coadyuvar en la búsqueda de soluciones alternativas al conflicto social y armado colombiano, la promoción y la defensa de los derechos humanos y la paz en la región.

• Expresar su solidaridad y apoyo a las iniciativas de las comunidades,

que en medio del conflicto, han optado por una cultura de la no-violencia y tratan de sacar adelante sus proyectos de vida y esperanza.

• Exigir a los Estados Unidos indemnización por los efectos nocivos

del Plan Colombia en orden al impacto al ecosistema y de orden social de Colombia y los países vecinos, en especial Ecuador.

• Instar a los gobiernos de América Latina a que incorporen las

demandas y derechos de las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes dentro de la Declaración y Plan de Acción de la próxima Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y todas las formas de Intolerancia Relacionadas, a celebrarse en Sudáfrica en el segundo semestre del 2001.

• El Seminario Internacional reafirma su fe en la solidaridad entre los

pueblos y por ende su compromiso en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y fronterizas binacionales.

Dado en la ciudad de Nueva Loja (Lago Agrio), Sucumbíos, Ecuador, a los 19 días del mes de abril del 2001.