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10-11 de 2019: Psicología Política en Latinoamérica

Nelson Molina ValenciaCompilador


Nelson Molina ValenciaCompilador

A Maritza Montero, Maestra, Orientadora y Amiga quien ha inspirado para nosotros muchas de estas reflexiones.

Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. A SCOFA PSI

Junta DirectivaDiego Restrepo Ochoa - Presidente, Universidad CESDiana Agudelo Vélez Vicepresidenta, Universidad de los AndesLina Hernández Cortés, Universidad de IbaguéPablo Giovanni Guerrero - Tesorero, Universidad Santo TomásOlga Hoyos de los Ríos - Vocal, Universidad del NorteDiego Sánchez - Presidente Saliente, Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Política. AILPP

Junta DirectivaSecretario general. Nelson Molina ValenciaSecretaria adjunta. Elena ZubietaSecretario de investigaciones. Domenico HurSecretaria de educación. Rosa María CuetoSecretaria de relaciones internacionales. Hugo RabbiaSecretaria relaciones con la sociedad civil. Cristian AcuñaEditor científico. Marina Cuello

Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o método sin autorización escrita de A SCOFA PSI.

ISBN: 978-958-52808-4-7

Bogotá D. C., 2020

Coordinación Editorial: ASCOFAPSI. Astrid Triana CifuentesCorrección de Estilo: Zabdy Sanz GutiérrezDiseño Gráfico: Precolombi EU, David Reyes

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BITÁCORA PARA LA LECTURA

Los capítulos del libro están organizados por la forma en que nos lla-mamos, por la forma en que nos nombramos. El orden del índice no se refiere a la mayor o menor importancia de los autores y autoras, a la prioridad política o económica de sus países, ni mucho menos al año de nacimiento. El orden de los capítulos sigue nuestros nombres, así el azar de una nominación temprana e indeterminada para nuestra voluntad fue el criterio seguido para enumerar los textos. Gracias a nuestros nombres nos conocemos y nos relacionamos, nos llamamos y nos referenciamos. Tomando provecho de este modo de amistad y reconocimiento, han sido ordenados los capítulos de quienes hemos escrito este libro. Si no es desde nuevas prácticas políticas que ejercemos cuando podemos, ¿entonces desde dónde podríamos lograrlo?

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CONTENIDO

Bitácora Para la Lectura ................................................................. 9

A modo de presentación. Democracia, entre violencia

estructural y nuevos movimientos ciudadanos ......................... 15

Nelson Molina Valencia

Referencias ....................................................................................................... 24

Uruguay, territorio de nuestro sur ¿hacia dónde iremos? .......... 27

Eduardo Viera

Referencias ....................................................................................................... 37

Argentina y su 27 de Octubre ..................................................... 39

Elio Rodolfo Parisí

Mercedes Parisí

Referencias ....................................................................................................... 43


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Ingenuidades, arrogancias y desconfianza:

el trasfondo psicosocial de la coyuntura

en américa latina ....................................................................... 45

Esteban Laso Ortiz

Introducción: “Cuidado con los Idus de octubre (y noviembre)” ................... 45

Dos ingenuidades y la búsqueda

de explicaciones sistémicas ...................................................................... 49

La “Pauta que Conecta”: emociones, contagio y deslegitimación ................. 52

Dos Arrogancias Deslegitimadoras ................................................................. 55

Las particularidades de la región: desconfianza, corrupción,

populismo autoritario ............................................................................... 59

Referencias ....................................................................................................... 62

Octubre 2019. Ecuador en la encrucijada

del posdesarrollo: luchas político-epistémicas

contra el neoliberalismo ............................................................ 69

Gino Grondona-Opazo

Resumen ........................................................................................................... 69

Crisis civilizatoria, posdesarrollo y psicología política ................................. 70

Levantamiento indígena en Ecuador (octubre 2019) ..................................... 75

A Modo de Cierre…........................................................................................... 81

Referencias ....................................................................................................... 82

Mutua desconfianza. Las elecciones de 2019

en el Estado Plurinacional de Bolivia ........................................ 85

María Lily Maric

Resumen ........................................................................................................... 85

Referencias ....................................................................................................... 96

Contenido

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Colombia, noviembre 2019. Análisis y propuestas

de un momento de movilizaciones públicas y sociales .............. 97

Nelson Molina Valencia

Referencias ....................................................................................................... 109

Chile y los gritos de la calle contra la precarización

de la vida .................................................................................... 111

Vicente Sisto

La precarización de la vida como la normalidad

en el Chile contemporáneo ....................................................................... 113

Te burlas ........................................................................................................... 120

¡¡¡Basta!!! ........................................................................................................... 125

Rabia, sordera y esperanza .............................................................................. 128

Referencias ....................................................................................................... 133

Venezuela. Normalidad en un país anormal .............................. 141

Yorelis Acosta

Resumen ........................................................................................................... 141

Introducción ..................................................................................................... 142

Parte I. La crisis ................................................................................................ 143

Parte II. Las respuestas .................................................................................... 149

Del gobierno .............................................................................................. 149

De los ciudadanos ...................................................................................... 150

Parte III. 2019: Las lecciones de la confrontación prolongada ...................... 155

Referencias ....................................................................................................... 157

Autores ....................................................................................... 159

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A modo de presentación. Democracia, entre violencia estructural y nuevos

movimientos ciudadanos

Nelson Molina Valencia1

La Asociación Iberolatinoamericana de Psicología Política (AILPP) es una organización académica que desde 2011 cuando se celebraron dos reu-niones, una en Medellín y la otra Córdoba, ha procurado la integración de académicos y líderes interesados en este campo del conocimiento. Este libro es uno de los resultados de procesos integrativos y dialógi-cos entre colegas que nos hemos conocido a lo largo de la década en el marco de la AILPP. Es nuestro deseo que a través de sus líneas aportemos a las reflexiones que tejemos conjuntamente en diferentes coordena-das de latitud y longitud, y así transformar gradual y procesualmente nuestras realidades, muchas veces dolorosas, extrañas, esperanzadas y posibles.

1 Universidad del Valle, Colombia. Profesor Asociado Instituto de Psicología. Secretario General de la Asociación Iberolatinoamericana de Psicología Política (2018-2020).


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Octubre y noviembre del año 2019 fueron dos meses en los que coinci-dieron acontecimientos políticos de alto impacto y visibilidad en América Latina, al punto que la mayoría de ellos fueron conocidos por muchos habitantes del continente. No hizo falta participar en alguno de los sucesos para estar al tanto de su desarrollo desde cualquiera de las tendencias informativas, siempre elegidas de acuerdo con los intereses personales o extra teóricos como prefiriera llamarlas Habermas en 1974. La psicología, y la psicología política, suele dar cuenta de tales acontecimientos de dos modos generales. El primero mediante el diseño de estudios posteriores a los acontecimientos a través de hipótesis, márgenes de error calculado, inferencias categoriales o preguntas acotadas de aquello que resulta de interés; pero que ya ha pasado. El segundo modo es hacer uso de las categorías disponibles para dar cuenta de los acontecimientos casi en el momento que ocurren poniendo a prueba los efectos prácticos de la validez y la confiabilidad de las teorías, incluso con independencia de los propósitos universalistas. Este libro se centra en el segundo modo: un grupo de profesionales e investigadores de la psicología política en Latinoamérica escribimos un conjunto de ensayos sincrónicamente con el desarrollo de los acontecimientos desde Chile hasta México.

Este ejercicio responde a propósitos que se han consolidado por lo menos desde 1985. Los primeros pasos de la Psicología Política en Amé-rica Latina fueron destacados por Montero (1987-1991) al dar cuenta del compromiso de la disciplina psicológica con asuntos del orden político de nuestros países. Al tiempo, la agenda de Martín-Baró (1992) tomó fuerza por pertinente y como herencia luego de su asesinato. Tres déca-das después la Psicología Política en Latinoamérica es un campo activo, diverso, plural que ha sido capaz de responder cada vez con mayor fuerza a la agenda postulada en los años 80 del siglo anterior, siempre con el reto de ser pertinente y contribuir en lo que esté a su alcance con la transformación de situaciones de dominación y exclusión. Se trata de una Psicología Política orientada a teorizar e investigar asuntos cotidianos referidos a ejercicios de poder psicológicos y sociales, que la ponen en diálogo con proyectos académicos de otras latitudes; es una Psicología

A modo de presentación. Democracia, entre violencia estructural y nuevos movimientos ciudadanos

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Política localizada en su contenido y dialogante en su propósito. Al interior de la Psicología Política en Latinoamérica sería un error suponer unidad paradigmática porque instituiría la mayor de las contradicciones: una disciplina que define para sí misma una característica de inclusión que instituye exclusiones, incluso en contra de sus propios principios. Si algo le otorga fuerza a la Psicología Política en Latinoamérica es su diversidad paradigmática, lo cual es contundente en cada uno de los aportes de este libro.

Este es un libro de análisis de coyunturas dirigido a personal acadé-mico, grupos ciudadanos y también a dirigentes políticos de los países en los que se escribe. Es probable que los dos primeros públicos accedan por interés o casualidad a los textos y los dirigentes, en particular Presi-dentes a quienes se orientan algunos contenidos quizá nunca se enteren de las misivas que les han sido escritas. Antes que preocupante, quiero destacar el valor de este contenido, porque en mi memoria es la primera vez que la psicología le dirige sus reflexiones a lectores tan minoritarios y específicos. No es un propósito vano ni vago sino muy relevante en el caso que aún tengan la capacidad de agenciar desde su posición acciones tendientes a la transformación. Se trata de un deseo ¡Pero insisto!, es la primera vez que en medio de textos académicos que desarrollan análisis de coyuntura se dirigen contenidos tan específicos que amplían el público al cual se orienta. No somos sólo los estudiantes, los investigadores, los profesores o los curiosos que leen el texto por interés o de forma incauta porque algún título nos ha cautivado. Nuestra escritura trasciende el sentido crítico, de denuncia, de análisis, reflexivo, e incursiona al ámbito de la agencia estatal, como otro espacio de la dimensión política de la que recurrente hablamos pero que pocas veces tenemos en cuenta para dirigir palabras específicas.

La ampliación de públicos a los que se orienta el libro denota una transformación hacia la ampliación en las formas y contenidos de la Psicología Política en Latinoamérica. Interpelar en primera persona a los presidentes de algunos países amplía las formas habituales (teóricas, reflexivas y de denuncia —que también están presentes en estas páginas—)


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de algunas perspectivas del saber académico, sin desconocer con ello el valor que tienen en la explicación de asuntos de interés. Se trata de un paso a las argumentaciones narrativas en primera persona que dan cuenta de la voz de quien escribe, de su contexto y de las condiciones situadas del texto producido. Tener entre las manos, o en la pantalla delante de los ojos, un libro diverso en las formas narrativas, en los usos teóricos, en las perspectivas ideológicas, en las comprensiones de los asuntos, es la mayor riqueza que puede tener la Psicología Política.

Quien lee este libro se encuentra con un conjunto de análisis de coyuntura de ocho países con perspectivas epistemológicas diferentes. Textos en los que se cruzan los acontecimientos que son analizados, los escenarios de ocurrencia, los repertorios académicos de quienes escri-bimos, la historia de los lugares, la geopolítica desde la que leemos, así como los estilos elegidos para dar cuenta de lo narrado. Podría decirse que se trata de una colección de textos de denuncia en clave etnográfica al tiempo que dan cuenta de el lugar de quienes hemos escrito. Damos cuenta de una Psicología Política que trasciende el aislamiento de variables por el formato elegido, que tiene en cuenta saberes de otras disciplinas, haciendo imposible distinguir si hay alguna forma pura, objeto especí-fico o método que le sea propio. Se trata de una Psicología Política que en sí misma es interdisciplinar (Soares, 2015) y que considera la acción colectiva, la subjetivación, la sujeción del poder y los mecanismos de resistencia. Aunque sea un conjunto de temas gruesos, son vectores comunes que entrecruzan el libro en su conjunto.

Gracias a la pluralidad epistemológica y la ampliación del público, este libro es un indicador de la superación del complejo edípico de un campo de la psicología. Esta afirmación que puede acelerar la respiración de algún lector/a se deriva de la segunda conferencia de Michel Foucault en 1973 en Río de Janeiro (Foucault, 1978). En ella, Foucault indicó que Edipo por haber ignorado ser el asesino de su padre y el esposo de su madre fue separado del poder, instituyendo desde entonces el “complejo” que saber y poder político no pueden estar juntos; de esta forma quien detenta el poder político no sabe y quien sabe no detenta o accede el


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poder político. Lo extremo de la propuesta denota la distancia que la academia ha mantenido del poder político y que le ha permitido acerta-damente la denuncia. Sin embargo, esta acción no es suficiente y quizá sea necesario un performance ampliado que contribuya más allá de la transformación simbólica propia de la denuncia. El análisis de coyun-tura, “en caliente”, soportado por los repertorios teóricos es una práctica política desde el saber académico. Se trata de una manera de romper el círculo edípico poder político-ignorancia, para instituir una relación basada en el conocimiento como forma de poder y ejercicio político en contexto. A esto ha ido llegando la Psicología Política en Latinoamérica.

En estas páginas se encuentran etnografías (si se me permite un uso genérico de la categoría) que informan, forman, denuncian y proponen análisis de acontecimientos en Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, México y Colombia. La diversidad de temas en cada capítulo cartografía los intereses actuales, los acontecimientos y los conceptos empleados y necesarios, ¡el listado es amplio! Algunos de los temas que cada lector/a encontrará son los siguientes: participación política, memo-ria, legalidad-legitimidad, prácticas e ideologías de izquierda-derecha, seguridad, nacionalismos, autoritarismos, medios-media, desarrollo, sur-norte, democracia, crisis civilizatoria, liderazgo, identidad colec-tiva, elecciones, paz, resistencia, movilizaciones, diálogo, gestión de conflictos, estética, privatizaciones, neoliberalismo, Derechos Humanos y movimientos ciudadanos. Cada una de estas categorías es un universo amplio de significados y estudios que se pueden rastrear en textos y autores de diferentes latitudes y que en nuestro libro adquieren sentido en el contexto de cada documento. Por el estilo en que son empleados hacen parte de un sistema argumentativo cuya definición pertenece al contexto de los textos en la mayoría de los casos. De esta forma 10-11 de 2019: Psicología Política en Latinoamérica es una evidencia de categorías en desarrollo, propuestas metodológicas y temas contemporáneos que deben ser precisados desde el punto de vista conceptual en otros espacios. Al identificar un conjunto de temas visibles en los análisis psicopolíti-cos se da cuenta de algunas tendencias analíticas que están en curso,


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que se pueden fortalecer, que se desarrollan y que a la vez pueden ser controvertidas. Lo importante es tener una fotografía, un balance, un inventario de una de las formas de este campo de saber en Latinoamérica cuando se precisa el análisis “en caliente” de las coyunturas por las que pasan nuestros países.

El ejercicio conceptual de la Psicología Política latinoamericana se teje entre la referencia y reflexión con fuentes primarias de las categorías, la contextualización de dichas categorías en los escenarios y aconteci-mientos que nos interesan, y las especificidades teóricas derivadas de la investigación. Queda claro que nuestros análisis no son teórico-depen-dientes de fuentes primarias porque comenzamos a ser fuente primaria con ejercicios serios de mutua referenciación y reconocimiento. La Psi-cología Política latinoamericana se está desarrollando en un espacio de propuestas integradas con diálogos más amplios capaces de dar cuenta de acontecimientos locales, a través de categorías conceptuales com-partidas y en comprensiones que transcienden los escenarios en donde actúa (Brussino, 2018; Hur & Lacerda, 2016; Lira, 2017; Zubieta, Valencia & Delfino, 2018)2. En otras palabras, damos cuenta de acontecimientos específicos con saberes en movimiento y que integran el saber con explicaciones de asuntos semejantes en escenarios diferentes. Si bien cada capítulo habla de un país y sus acontecimientos desde categorías e interpretaciones específicas es posible trazar reflexiones y agencia-mientos a otros escenarios gracias al sentido dialógico y primario de los documentos compilados.

¿El libro tiene algún tema central? Más que un tema, el libro se concentra en los acontecimientos políticos sucedidos entre los meses de octubre y noviembre de 2019. Sin embargo, se distinguen categorías centrales derivadas de la lectura de todos los capítulos del libro. Este libro se trata ante todo de propuestas para el fortalecimiento de la

2 Estos cuatro textos son ejemplos de la afirmación que los antecede. Las acti-vidades y conexiones derivadas de la Asociación Iberolatinoamericana de Psicología Política (AILPP), son otras evidencias de unas conceptualizaciones propias.


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democracia y situaciones que la ponen en riesgo. La democracia como proyecto político es un tema al cual la Psicología Política latinoame-ricana presta atención. Las categorías descritas arriba se concentran en torno al fortalecimiento y riesgos que este sistema relacional en el ámbito político enfrenta en este momento. Es un asunto tan relevante que admite diversidad de aproximaciones y lecturas para conjurar los riesgos totalitarios o autoritarios de las exposiciones dogmáticas. Si en la Psicología Política no proveemos espacios para este despliegue diverso será contradictorio reivindicar valores democráticos en nuestros textos y prácticas. Uno de los aportes más relevantes que podemos hacer a la Psicología Política es promover y salvaguardar los matices claroscuros, suave-intensos, éticos-estéticos de nuestras posturas. La prácticas dog-máticas, violentas, excluyentes quedan excluidas de nuestros propósitos, en pro de ejercicios dialógicos, heterogéneos, intensos y siempre respe-tuosos. Si no son estas nuestras prácticas como comunidad, ¿será posible performar una práctica inicial diferente, fundante, permanente, capaz de romper el círculo autocomplaciente que sólo conduce a la negación de lo extraño y exclusión del diferente? Así, cada encuentro académico es un avance en este propósito en el marco general, que como lugar común encuentra en la democracia un espectro amplio con espacio para quienes nos adscribimos a este campo.

Dos temas interpelan la democracia y constituyen ejes prospectivos propuestos en este libro. En primer lugar, las condiciones de violencia estructural (Galtung, 2003). Es un tema recurrente que sin ser llamado de esta manera está presente en todos los capítulos porque de la violencia estructural se derivan los acontecimientos que son analizados. Se trata de una categoría muy amplia que en sí misma puede producir frustra-ción y fatalismo (Martín-Baró, 1987); al final de cuentas pareciera que la violencia estructural no se puede superar y que sólo es posible matizar sus efectos para una mejor convivencia.

La movilización ciudadana es el segundo tema transversal en la mayo-ría de los capítulos. Se trata de movilizaciones que responden a análisis amplios y no se agotan en movimientos sociales (Berger & Holger, 2017;


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Hur & Lacerda, 2016; Rabbia & Dreizik, 2018), procesos de resistencia (Molina, 2006) o acciones colectivas (Rabbia & Dreizik, 2018; Vázquez, 2009). Las movilizaciones comprendidas con alguna de las categorías anteriores también son una forma y estética de comunicación que no espera únicamente transformar relaciones de poder y dominación, sino que son una práctica de poder que tiene sentido en sí misma, por diferente, propia y de auto-afirmación, capaz de configurar nuevos colectivos por medios diversos. Se trata de formas fundantes de colectividad, y es ahí en donde trascienden conceptualizaciones previas. Si no lo pensamos de esta manera es difícil proponer un recurso alternativo para dar conti-nuidad práctico, ético, estético y político a nuevas formas democráticas.

Democracia entre violencia estructural y nuevos movimientos ciu-dadanos es una forma para leer la transversalidad de un libro que nació en la emergencia de dar cuenta de una serie de acontecimientos en el continente, en un periodo específico. A este llamado acudieron colegas con ánimo de proponer lecturas, hipótesis y también, porqué no, para hacer catarsis a través de la escritura como una forma de dar trámite a lo complejo e incierto de los contextos más inmediatos. Agradezco a quienes acudieron a este llamado y reconozco a quienes, en un gesto de sinceridad, expresaron sus limitaciones de tiempo para participar de un proyecto como este.

El libro que se proyectó para ser publicado entre enero y marzo de 2020, como fechas máximas, tuvo que enfrentar demoras propias de las agendas de trabajo, en este caso mías y posteriormente las contingen-cias para atender la presencia del COVID-19. Por estos motivos el libro tardó más de lo deseado, de lo esperado e incluso de lo razonable. No obstante, al preparar estas páginas en cuarentena y releer cada uno de los capítulos, encuentro un proyecto vigente derivado de los temas, los análisis y los retos que en el plano relacional, político y democrático introdujera el coronavirus a la época. Sería un error suponer que la aten-ción a la pandemia acabó con las causas de los acontecimientos tratados en el libro o que las situaciones expuestas ya han sido atendidas. Nada


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de eso ha pasado, y es posible señalar que han aparecido nuevas formas de violencia estructural y directa, al tiempo que los sucesos objeto de análisis en estas páginas han seguido con diferentes fuerzas de inercia, intensidad y expresión. Por tanto, la pandemia solamente ha sumado una variable muy intensa que complejiza aún más nuestra realidad, ya no en América Latina, sino en todo el mundo, lo cual exige de nosotros más y agudos lentes.

Quiero agradecer a cada uno los amigos/as colegas que han apor-tado a este proyecto con confianza y generosidad. Mediante esfuerzos conjuntos fortalecemos interpretaciones, hipótesis y hacemos virtuales las transformaciones anheladas. Nuestro libro es un aporte a la mate-rialización del cambio gracias a quienes nos leen, gracias a los vínculos que se fortalecen y gracias a las acciones y reflexiones que se inspiran. Agradezco también a Zabdy Sanz de la Universidad del Valle en Cali, quien rigurosamente ha hecho las revisiones de estilo y formato para dar unidad a este libro en una disposición permanente por aportar y apren-der. Las líneas del libro te deben la forma en que están siendo leídas. En nombre de la AILPP agradezco a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI) que, en la Dirección Ejecutiva de Astrid Triana, acogió con entusiasmo y compromiso la propuesta de publicar este libro digitalmente, desde noviembre de 2019, para hacerlo de amplia y fácil divulgación. Este tipo de esfuerzos conjuntos y de voluntades demuestra una vez más que el conocimiento trasciende procesos de verificación y se integra a principios relacionales, éticos y políticos que dinamizan los proyectos. Finalmente agradezco al Instituto de Psicología de la Univer-sidad del Valle, que siempre permite la disposición de tiempos para los proyectos académicos de sus profesores, los míos en este caso.

Comencemos. Esta es una compilación escrita por ciudadanos de países latinoamericanos que hemos estudiado Psicología, Psicología Política, Psicología Social y otros conocimientos. Como profesionales proponemos interpretaciones para hacer más inteligible y menos inquietante lo que desprevenidamente parece no tener comprensión.


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Referencias

Berger, S. & Holger, N. (Comps) (2017). The History of Social Movements in

Global Perspective: A Survey. Londres: Palgrave Macmillan.

Brussino, S. (Coord) (2018). Políticamente. Contribuciones desde la Psicolo-

gía Política en Argentina. Córdoba: CONICET & Universidad Nacional

de Córdoba.

Foucault, M. (1978). A verdade e as Formas Jurídicas. Rio de Janeiro: Pontificia

Universidade Católica de Rio de Janeiro.

Galtung, J. (2003). Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación,

resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la

violencia. Gernika: Bakeaz/Gernika Gogoratuz.

Hur, D. & Lacerda, F. (Organizadores) (2016). Psicología, políticas e movi-

mentos sociais. Petrópolis: Vozes.

Hur, D. & Lacerda, F. (Organizadores) (2016). Psicología Política Critica.

Insurgencias na América Latina. Campinas: Alínea.

Lira, E. (Ed). (2017). Lecturas de Psicología y Política. Crisis Política y Daño

Psicológico. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Martín-Baró, I. (1987). El latino indolente. Carácter ideológico del Fatalismo

Latinoamericano. En: Montero, M. (Coord). Psicología Política Latinoa-

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Martín-Baró, I. (1992). Retos y Perspectivas de la Psicología en América

Latina. Santafé de Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad

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Molina, N. (2006). Psicología Política, Resistencia y Democracia. Buenos

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Montero, M. (Coord) (1987). Psicología Política Latinoamericana. Caracas:

PANAPO.

Montero, M. (Coord) (1991). Acción y Discurso. Problemas de Psicología Polí-

tica en América Latina. Caracas: Eduven.

Rabbia, H & Dreizik, M. (2018). Movimientos Sociales y Acciones Colectivas

de protesta: desafíos y contribuciones para su estudio desde la Psicología

Política. En: Brussino, S. (Coord). Políticamente. Contribuciones desde


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la Psicología Política en Argentina. Córdoba: CONICET & Universidad

Nacional de Córdoba.

Soares, A. (2015). A psicología política: ser/estar nos intersticios das discipli-

nariedades. En Soares, A. & Correa, F. (Organizadores). No Interstício

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Vázquez, F. (Coord.) (2009). Acción Colectiva. Barcelona: UOC.

Zubieta, E; Valencia, J & Delfino G. (2018). Psicología Social y Política. Pro-

cesos teóricos y estudios aplicados. Bogotá: ECOE Ediciones & EUDEBA.

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Uruguay, territorio de nuestro sur ¿hacia dónde iremos?

Eduardo Viera1

Libre es el que es capaz todavía de elegir la defensa de su dignidad en un mundo donde, quieras o no, en algún

momento tendrás que tomar partido entre los indignos y los indignados.

Eduardo Galeano

El 27 de octubre, en nuestro país había 2.699.978 ciudadanos/as habili-tados/as para elegir hacia donde se quería andar. Teóricamente votaron hacia esos objetivos pero, como dice Galeano, a veces habría que definir si elegimos entre indignidades diversas o buscamos los caminos para indignarnos digna y colectivamente por el logro de vidas dignas para todos/as. Sin juego de palabras, referimos a los lugares donde se deposita la expectativa y la acción en la concreción de otra vida necesaria y posible.

1 Universidad de la República, Uruguay.


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Se emitieron 2.399.169. Eso significa que un 88.9% de la población votó, de los cuales, 2.311.131 votos fueron válidos (85.6%),42.267 en blanco (1.6%), 45.771 anulados (1.7%) y 33.372 observados (1.2%). Cabe aclarar que en Uruguay el voto es obligatorio y que, entonces, más allá de la cultura cívica y la fuerte impronta democrática del país, se debe considerar este aspecto en los resultados finales.

De los votos contabilizados, el Frente Amplio (coalición de partidos y sectores de izquierda o progresistas), actualmente en el gobierno y buscando su cuarto período de gestión, obtuvo 939.851 votos que, en porcentaje, representa un 39.2% de los sufragios. El partido Blanco o Nacional, uno de los principales partidos opositores, tradicionalmente ubicado a la derecha o la centro-derecha, obtuvo 685.595 votos (28.6%). El partido Colorado —otro partido tradicional, de derecha o centro-dere-cha—, fue votado por 295.609 ciudadanos/as con un 12.3%. Si sumamos los votos de ambos partidos nos da un porcentaje de 40.9% que, en un primer conteo bruto, supera los votos totales del Frente Amplio. A estos datos, debería agregarse un nuevo partido emergente en estos últimos tiempos con fuerza que preocupa y todavía requiere de más ocupación. El Partido Cabildo Abierto, que logró 260.959 votos, y un porcentaje de 10.88% de la votación total.

De acuerdo con los resultados habrá una segunda votación, o balotaje, donde se elegirá entre los dos partidos que obtuvieron mayor cantidad de votos: Frente Amplio y Partido Nacional. Esto, indudablemente implica la generación de coaliciones que, ya están dadas y definidas desde el propio proceso electoral y ayer, 27 de octubre enunciadas por los candidatos: El Partido Nacional, comandará una unión de actores opositores al actual gobierno, en una combinación “multicolor” (según palabras del candi-dato a presidente por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou) que acuerda sustantivamente en sacar del gobierno al Frente Amplio. Por su parte, Daniel Martínez, candidato por el Frente Amplio, apuntó a redoblar fuerzas para seguir cambiando y profundizando logros en el gobierno.

Varias lecturas deben y pueden hacerse de estos procesos electorales y sus resultados.


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Algo que desde hace tiempo hemos venido percibiendo no sólo en nuestro país, sino en varios países del mundo, es un cierto vaciamiento de ideas y programas para concentrar más las propuestas en sujetos, que incluso, muchas veces, hasta pierden su apellido en una lógica casi familiar y simpática que los acercan como sujeto empático más que como sujeto de ideas y proyecto. Acá Luis (Lacalle) confrontaba con “El Pelado” (Daniel Martínez), mientras al frente del gobierno aún sigue Tabaré (Vázquez) y “El Pepe” (Mujica) sigue traduciendo el lenguaje político a los saberes y sentires del pueblo. Algo del orden de lo “familiarizante” que hasta a veces nos hace olvidar procedencias partidarias e históricas para ubicar apellidos, nombres, líderes, caudillos: Macri, Bolsonaro, Evo, Correa, Fujimori, Duque, Maduro, Petro, Chávez, Fernández, Piñera, etc. En tanto ello, la memoria se acorta a tiempos cercanos de la urgencia o la molestia por las medidas más recientes o los problemas más acuciantes del momento. No en vano, podemos ubicar en nuestro país el nacimiento y crecimiento vertiginoso de un candidato, Guido Manini Ríos, y su partido Cabildo Abierto. Manini es un exgeneral destituido del ejército y que está en discusión en cuanto a su comportamiento ético respecto a procesos que tienen que ver con el pasado doloroso de la dictadura uruguaya (1973-1985) en la que aún hoy muchas familias siguen recla-mando por sus desaparecidos/as, por sus asesinados/as, torturados/as, expulsados/as. Un partido identificado con un discurso militar que tiende a traer argumentos de aquellos tiempos que justificaron tanta masacre a la vida y los sueños. Casi un 11% de la población uruguaya, olvida aquellas inseguridades y considera que su imagen trae la Seguridad y el Orden, percibidos como perdidos en estos tiempos.

Por otro lado, la lógica de la delegación parece no sólo atravesar el formato de las democracias representativas, sino también devenir en una delegación del pensamiento crítico. La simplificación y titulación de las problemáticas sociales, definidas y difundidas por otros actores (políticos, medios de comunicación masivos, etc.), organiza los criterios de elección de las estrategias propuestas para mejorar la vida. En Uru-guay, la Inseguridad, ha sido uno de los temas sustantivos en primera fila


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de las preocupaciones populares. Inseguridad que termina únicamente asociada al delito, básicamente contra la propiedad privada, dejando por fuera cualquier atisbo de complejización que permita tomar en cuenta las inseguridades en el ámbito laboral, de la salud, de la vivienda, del medio ambiente e, incluso, hasta de los propios vínculos humanos. Inse-guridad como problema; represión y control como solución. La reforma a la constitución que se plebiscitó junto con las elecciones se llamó “Vivir sin Miedo” y entre sus medidas fuertes proponía sacar el ejercito a la calle constituyendo una Guardia Nacional. Más de un millón de ciuda-danos/as aprobaron esta propuesta que, si bien no alcanzó a aprobarse pues no llegó al porcentaje requerido, nos habla de una forma de asumir problemas y soluciones desde la respuesta inmediata, sin recursos de memoria o complejización de las acciones necesarias.

Félix Guattari (1991) decía que el poder del capitalismo no está tanto en sus armas o en el dinero, sino en su capacidad de producir subjeti-vidad. Los temas que venimos tratando y otros que debemos poner en cuestión, nos hace pensar cuánto de ello se demuestra en los procesos que viven nuestros pueblos. Quizás el planteo de Boaventura de Sousa Santos (2016) nos coopera en este sentido, para problematizar textos y contextos y comprender algunos movimientos políticos, sociales y cultu-rales que a veces nos desconciertan: ¿por qué tal estallido social?; ¿cómo pudo ser que haya ganado electoralmente tal propuesta?; ¿qué factores generan tanta fragmentación y segmentación social?; ¿cómo entender algunas emergencias sociales, culturales y políticas?; ¿qué marcos nos permiten elucidar nuevos sujetos singulares y colectivos?, etc.

De Sousa Santos (2016) dice:

Estamos caminando hacia sociedades que son políticamente demo-

cráticas y socialmente fascistas porque los más fuertes tienen cada

vez más poder para dominar al más débil, pues se están sobrepasando

las reglas que existían. Por eso es necesario reinventar el Estado, la

democracia y la emancipación social. (párr. 5)


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De alguna manera, asistimos a construcciones subjetivas centradas en el individualismo, en la competitividad, en la lógica del consumismo hasta del sí mismo, como sujeto consumible sin consumar. Lógica de ganadores y perdedores en un mundo único gobernado por el capital y la ganancia. En ese mundo puede explicarse algo de lo momentáneo, de lo siempre efímero, de lo centrado en el sujeto singular y poco en el colec-tivo. Estallidos e indignaciones que no tienen continuidad en el tiempo o responden más a la lógica del tener que a la del ser. Todo un aprendizaje que nos debemos, para realizar e integrar en nuestras prácticas políti-cas y profesionales, propuestas del buen vivir (sumak kawsay) y el buen convivir (suma qamaña) de las culturas andinas y, seguramente, muchos saberes y prácticas que desde un cierto desconocimiento de nuestros pasados, hemos dejado en la invisibilidad o el menosprecio desde un epistemicidio (de Sousa Santos, 2010) que lleva ya demasiados siglos y re-actualizamos en otros saberes y prácticas también invisibilizados de la actualidad.

Indudablemente debemos pensar los cambios que se han producido en el mundo, definidos por un discurso de globalización homogeneizador, donde con violencia homicida se han reprimido las acciones disidentes y promotoras de otros mundos. Donde los espacios públicos se fueron construyendo como espacios de la desconfianza y el miedo, y lo colec-tivo pareció cada vez más restringirse a espacios virtuales de likes y fake news. Mundo donde se naturaliza que algunos muros cayeron, cuando en realidad fueron tirados, y otros muros se levantan para amurallar fronteras de gritos indignados y/o desesperados.

En circunstancias como las que, muy a grosso modo, tratamos de sintetizar, se producen en nuestro continente elecciones y movilizacio-nes. Argentina, Colombia, Uruguay votaron el 27 de octubre con suertes diversas. Una semana antes fue en Bolivia. Chile, Honduras, Ecuador, Perú salieron a las calles a gritar los no más, los ya es demasiado; a poner cuerpos y corazones para enfrentar las armas de la injusticia. Ya tuvimos por estos lares del Sur un “Plan Cóndor” que se nos develó como existente, planificado y organizado de modo globalizante para


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nuestros países, cuando ya las cárceles estaban atestadas de presos/as políticos/as torturados/as, cuando otros y otras desaparecían, otras y otros debían marchar al exilio. Ya supimos de cómo la protesta social se acalla a garrote y botas. Lo supimos en estos lares y lo supimos y sabe-mos en todo nuestro Sur, con exterminio de líderes sociales, de partidos políticos y organizaciones populares, con tierra arrasada y campos de concentración.

Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista.

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata.

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista.

Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío.

Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar.

Martín Niemöller

Consideramos que más allá de resultados electorales que nos den más o menos alegrías, de los logros que algunos movimientos populares obtengan, debemos tener mirada articulada y de horizonte. Nos nece-sitamos como Sur consciente y proyectado, alertas, como decía Martí, ante cualquier golpe dado a mejilla de otro. “Si le pegan a uno nos pegan a todos” ha sido una frase acuñada por muchos colectivos. Creemos que es imprescindible apropiárnosla para dar las batallas conjuntas e inte-gradas por esos otros mundos que sabemos, queremos y buscamos como necesarios y posibles. Para ello, seguro, nos hace falta conocernos y saber de nuestros procesos nacionales. De allí la importancia de compartir visiones sobre los procesos que estamos viviendo en estos tiempos de elecciones y movimientos, pues muy seguramente encontremos muchas coincidencias de propuestas y planes de los sectores más reaccionarios a cualquier construcción de igualdad diferenciada (igualdad que respete las diferencias). Aquí en Uruguay, para la segunda vuelta o balotaje,


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dos modelos se confrontan. A grandes rasgos podemos ubicar algunas dimensiones.

Respecto al Estado el Frente Amplio busca fortalecer el papel de éste, mientras que el Partido Nacional (y la “coalición multicolor”, conformada para el balotaje) busca su achicamiento, otorgando mayor espacio al mercado como gestor de lo público.

Respecto a Economía el Frente Amplio pone el acento en la economía social y la negociación colectiva. Desde el otro modelo se propone una regulación de ella, acorde a reglas fiscales, control de inflación y cambios en los procesos de inclusión financiera.

Respecto a Educación desde el modelo del Frente Amplio, como partido en el gobierno, se propone fortalecer el sistema existente, en tanto que desde el modelo que se postula para sustituirlo en el gobierno, se proponen cambios de gestión y estructuras.

Finalmente, respecto a la Seguridad, tema clave en este proceso electoral, el Frente Amplio propone la realización de más operativos específicos en zonas rojas o complejas del país2. El Partido Nacional, líder de la coalición, propone un plan de emergencia en seguridad, con-siderando ineficaz lo realizado hasta el momento.

En las elecciones que tuvimos, como decíamos antes, también se plebiscitó la reforma a la constitución para afrontar la problemática de la inseguridad. Un 46.09% de la población estaba de acuerdo con generar medidas que, finalmente, atentan contra las libertades y los derechos humanos e implican un volver a pensar en los ejércitos como garantes de la seguridad interior. De hecho, el actual candidato por la coalición “multicolor” asevera en estos días que, a pesar de no haber sido aprobada la reforma, tomará algunos de los puntos propuestos en ella para implementarlos. Tema de la seguridad-inseguridad que, con

2 Estos operativos son llamados “Operativos Mirador” y vienen siendo imple-mentados desde diciembre del año 2017. En ellos el Ministerio del Interior, encargado de la seguridad, lidera la intervención en zonas conflictivas intentando construir paz social y desmantelar aparatos delictivos. En esas acciones cooperan otros Ministerios y organismos estatales.


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más o menos acentos, parece ser un discurso que con fuerza se instaura en los diversos países de nuestro continente. Necesitamos con urgencia problematizar esta noción simplificada de la seguridad y trabajar con y desde las subjetividades construidas desde la paranoia (tal como decía un ciudadano en situación de calle). Que no terminemos adquiriendo como natural construir dispositivos de terror para “vivir sin miedo”3. En este, como en muchos casos, se trabaja sobre lo superficial y visible, sin atacar ni poner en tema las estructuras fundantes de los problemas. Tal vez por ello, muchas de nuestras políticas públicas siguen actuando en el nivel de la asistencia a los efectos de la des-posesión sin afrontar los procesos de des-posesión. Por ello hablamos de sujetos vulnerables sin pensar las condiciones de vulneración que generaron ese estado. La psicología, como ciencia de la subjetividad, tiene mucho para hacer desde una mirada política de la construcción de los sujetos y las diversas naturalizaciones que producen heteronomía y vaciamiento de conteni-dos, habilitantes a vida digna en todos los sentidos. Vida y no sobre-vida como la gran mayoría de nuestras poblaciones habita en el continente más desigual del mundo.

En tanto hablamos de elecciones, nos parece importante tomar en cuenta este planteo de Chomsky (2007):

3 El nombre, como decíamos, de la propuesta de reforma constitucional.

La elección es, esencialmente, un método para marginar a la pobla-

ción. Se monta una gigantesca campaña propagandística para que

la gente ponga toda su atención en estos espectáculos cuadrienales

y se diga: Esto es política. Pero no lo es. No es más que una pequeña

parte de la política. (p. 75)

Más allá de los momentos electorales, resulta fundamental el empoderamiento de los sujetos singulares y colectivos como actores con incidencia en lo político, es decir en las acciones que producen


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transformaciones en lo social y, desde esa misma lógica, comprendiendo el papel fundamental que la vida cotidiana tiene en la producción de esos sujetos. El sentido común, profundamente ideologizado, muchas veces nos sorprende con prácticas de los vulnerados que sostienen y defienden las mismas estructuras de opresión que los mantienen en ese lugar. Por ello, para comprender y transformar hacia donde se elige ir, importa trabajar con ese sentido común que margina desde la enajena-ción de sentires, pensares y haceres. En Uruguay hoy, se plantea una importante tristeza en muchos jóvenes que no entienden cómo y por qué los discursos y propuestas de las derechas o las centro-derechas pueden convocar el voto de tanta ciudadanía. Se percibe la posibilidad muy cierta que la “coalición multicolor” de los sectores liberales pueda acceder al gobierno en la segunda vuelta. La reacción más fácil es enojarse con la inconsciencia de las mayorías, pero no nos parece sea ese el camino mejor para transformar con los otros y no para los otros. La vanguardia se construye en el encuentro, el diálogo y la articulación de saberes y experiencias, siempre conflictivos pero siempre capaces de construir caminos colectivos autónomos. En esto, también, la psicología tiene para aportar, en tanto, posicionada ética y políticamente, coopere desde articulaciones interdisciplinarias, intersectoriales e interseccionales, en la formulación y definición de los problemas que en verdad obstruyen la posibilidad de una salud efectivamente integral de nuestros pueblos.

Uruguay - según el Índice de Progreso Social4 elaborado por la orga-nización Social Progress Imperative, con sede en EE. UU. y con el apoyo de Deloitte se sitúa en el puesto 41 del ranking mundial de ese progreso, sólo superado en América Latina y el Caribe por Costa Rica (puesto 34) y Chile (puesto 37). En el informe elaborado por esa organización se dice que los puntos fuertes de Uruguay son el acceso al agua y el saneamiento (98,88), el acceso a alojamiento (95,57), el usufructo de los derechos

4 El Índice de Progreso Social clasifica el desempeño social de 149 países durante seis años (2014-2019), analizando 51 indicadores, incluidos Nutrición, Vivienda, Seguri-dad, Educación, Salud, así como Derechos Humanos e Inclusión.


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individuales (95,24), la alimentación y atención médica básica (95,02) y el acceso a la información y las comunicaciones (84,76); y que los puntos débiles del país son el acceso a la educación avanzada (28,75), la calidad medioambiental (63,88) la seguridad (64,91), la inclusividad (68,78), la salud y el bienestar 72,52 ¿Cómo analizar estos índices en contraste con el resultado de las elecciones próximas pasadas?; ¿cómo vincular este índice con la sensación de inseguridad y la “paranoia subjetiva”?; en fin, ¿cómo definir el progreso y el desarrollo desde nuestras formas de entender el progreso y el desarrollo, y no desde “rankings” y “estándares” definidos en comparación con la imagen hegemónica del norte colonizador? De alguna manera, y finalizando este breve comentario para problemati-zar estos octubres, veintisiete, tan cercanos a aquel otro octubre, doce —donde empezó una colonización que no acabó en aquellos tiempos, sino que continua desde una colonización actual no sólo material sino subjetiva— ¿Cómo elegir autónomamente los caminos que necesitamos y deseamos transitar, para sentirnos y vivir como sujetos libres y dignos?

En las calles, en los territorios, en los espacios, se están manifestando diversos gritos que debemos saber escuchar y acompasar con nuestros propios gritos. Gritos que no son sólo de dolor, sino de resistencia y rebeldía. Gritos que se mueven por el continente y entre otras cosas también se manifiestan en la cantidad de desplazados/as en territorios nacionales e internacionales. En las urnas, en votaciones, hay un espacio de expresión de esas voces. Un espacio que no puede ser el único ni con una lectura simplista o uniforme. Los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen sino los gobiernos que han podido elegir, desde sus niveles de conciencia, a partir de formas enajenadas en que se han construido y producido sus subjetividades. Ideologizaciones y naturalizaciones que sostienen nuestra vida cotidiana y que viabilizamos desde nuestras prácticas, en forma casi inconsciente, pero que resuenan en nuestros sufrimientos psico-éticos. Otros mundos son posibles y necesarios y para cooperar hacia el reconocimiento y la construcción de ellos, otras psicologías son posibles y necesarias.


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Referencias

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Argentina y su 27 de Octubre

Elio Rodolfo Parisí Mercedes Parisí 1

Es conocido el hecho de que luego de la presencia importante de gobiernos progresistas en la región durante más de una década (Parisí & Manzi, 2016), volvió la derecha a los gobiernos de esos países (Brasil, Argentina, Ecuador). En Bolivia ha regresado la derecha, pero ha habido un Golpe de Estado a la vieja usanza de los impuestos por la agenda del Departa-mento de Estado de los EE. UU.

En el caso argentino, luego de 12 años de gobierno peronista (2003-2015) llegó al poder la derecha a través de elecciones (2015-2019). Desde mediados del siglo pasado, la derecha sólo había llegado al poder a través de Golpes de Estado (D’Andrea Mohr, 1999).

El 27 de octubre de 2019 hubo elecciones presidenciales. Ganó el peronismo en primera vuelta, por el 48 % contra el 40% de su contrin-cante, el macrismo. No deja de llamar la atención que Macri, aun cuando haya perdido la elección, haya sacado un porcentaje tan alto.

1 Universidad Nacional de San Luis, Argentina.


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El macrismo, cuyo partido es el PRO (Propuesta Republicana, creado el 23 de octubre de 2005), tiene sus orígenes recientes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), capital de Argentina, donde está la mayor concen-tración de riquezas del país. El líder, Mauricio Macri, viene del campo empresarial. Fue dirigente de Boca Juniors y luego intendente de la CABA durante dos períodos.

La fórmula peronista estuvo conformada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner (quien fuera dos veces presidenta, entre 2007-2011 y 2011/2015). Alberto Fernández fue ministro del interior del gobierno de Néstor Kirchner, es docente de la UBA y de la Universidad Complutense de Madrid.

Macri iba por la reelección. Contaba con el apoyo del FMI, de las gran-des corporaciones económicas, de los conglomerados comunicacionales y de los presidentes Donald Trump, Jair Bolsonaro, Iván Duque y Sebastián Piñera. Macri se convirtió en uno de los presidentes latinoamericanos que no consiguieron la reelección (El Cronista, 2019).

El gobierno de Macri implementó políticas que han producido una hecatombe social, económica y financiera. El gobierno de Macri llegó para implementar el neoliberalismo luego de los gobiernos peronistas del kirchnerismo que habían establecido un Estado de bienestar, basado sobre la generación de empleo, la industrialización del país, la inclusión política, social y educativa. Hubo variadas políticas públicas en las que se articularon derechos para las mayorías. Argentina llegó a tener en ese período el mayor salario mínimo de la región, logró el hambre cero (no la pobreza cero) y también hizo crecer su PBI. Se generaron 6 millones de puestos de trabajo, se hicieron 1600 escuelas y 9 universidades públicas. Se dio un fuerte impulso a las ciencias y, como ejemplo de eso, estuvo entre los 8 países de mundo que fabricó satélites y los puso en el espa-cio, como expresión de una doble política: el del desarrollo científico y la soberanía en las comunicaciones (Sólo 8 países en el mundo fabrican Satélites, 2015).

Macri, para llegar a la presidencia, puso en marcha una agenda plagada de falsas noticias (Federación Internacional de Periodistas, s.f)


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contra los gobiernos kirchneristas en la figura de Cristina Kirchner y sus funcionarios más cercanos, apoyado por el multimedio Clarín, la embajada de los EE. UU. y los grupos concentrados de la economía. Urdió campañas de desprestigio permanentes, incluso acusando a la expresidenta a estar involucrada en la muerte de un fiscal, al que 11 peritos de la Corte Suprema de Justicia indicaron que se suicidó. Durante 8 años se trabajó sobre la subjetividad de los argentinos con miles de tapas de diarios difamando a la presidenta, cuestión que caló hondo en el patriarcado reinante ya que uno de los focos del desprestigio era por su condición de mujer. Se la acusó hasta de bipolar.

Por otra parte, Macri estableció una forma de hacer política en la que brillaba la ausencia de esta en el sentido de la práctica y acción de la misma: todo era manejado con estrategias de marketing, con resultados de focus groups y con arengas construidas desde un lenguaje precario, que invertía el significado de las palabras y que menospreciaba la discur-sividad racional (Domínguez, 2014). Ese lenguaje simplificaba el arte de la política y sus consecuencias. Por otra parte, y como estrategia domi-nante, se presentaba a los hombres de negocios como hacedores de una forma nueva de hacer política. Frente a la discursividad que trató al otro como un interlocutor inteligente y sensible, con derechos y con un Estado que construía sentido social propuesto y accionado por el peronismo, el macrismo presentó la reducción de los significantes. Para ellos todo era sencillo, todo era fácil y venían a hacer feliz a la gente. Sus propuestas se confundían con los discursos religiosos que piden sumisión, diezmo y ofrecen la vida eterna. El día que asumió Macri, en la histórica Plaza de Mayo, el presidente y su equipo hizo un karaoke (Macri bailó y Michetti hizo karaoke en el balcón de la Rosada, 2015).

Macri, para ser elegido en 2015 tuvo que ir a un balotaje y sólo ganó por 1.5. Llegó porque montó una campaña política montada sobre men-tiras: mintió sobre no quitar beneficios y ofreció beneficios con los que nunca cumplió. Llegó al poder también porque la situación económica era buena y él prometió mejorarla. Qué votó la gente en la figura de Macri: podríamos pensar en la ilusión de consumo y vida que propone el


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neoliberalismo. De hecho, Macri articuló las herramientas del mercado y vendió a la política como si fuera un electrodoméstico (Pertot, 2014).

Macri realizó una grave persecución política (presos políticos sin debida prueba) no vista nunca en democracia. Se aplicó el lawfare (guerra judicial) al igual que en Brasil contra Lula y Dilma Rousseff y otros polí-ticos de la región, como Rafael Correa en Ecuador (Cabral, Pablo, 2019).

Qué consecuencias tuvieron sus políticas: la pobreza llegó al 40 % de la población (lo que implica que 18 millones de personas comen una vez al día), el desempleo pasó de 5,9 % a un 12%, las tarifas de los servi-cios públicos fueron aumentadas en un 2.800 % y los recursos naturales dolarizados. La deuda pública pasó del 38% al 98% del PBI. Y la deuda no fue en moneda nacional, sino en dólares. La devaluación del peso fue de un 550 por ciento y la inflación la más alta en los últimos 27 años. La capacidad industrial bajó a un 40% y el riesgo país está en 2.200 puntos. El FMI prestó 56.000 millones de dólares de los cuales 30.000 sirvieron para la fuga de capitales. Bajaron las jubilaciones, pero no pudieron imponer la reforma laboral. No obstante, lograron una pérdida impor-tante en la capacidad salarial.

Pero la batalla cultural nunca se detuvo en Argentina. Hubo muchos intentos de Macri de precarizar aún más el salario y el empleo. Puso en marcha un sistema represivo temerario en clara violación a la Constitu-ción Nacional y a los derechos humanos. Aplicó “mano dura” contra el delito y lo que había detrás de esa práctica era amedrentar a la población argentina para que soportara en silencio y quietud la pérdida progresiva de derechos.

La conciencia política expresada a través del campo nacional derrotó la adversidad, la asimetría y el desbalance. El neoliberalismo tiene una vigencia plena y es preciso luchar todo el tiempo dando sentido a la polí-tica y limpiándola del daño que hizo Macri. Pero Macri, más allá del daño que ha hecho, es parte ya de una historia pasada. No pudo ser reelecto, lo que demuestra por un lado su fracaso en su construcción de sentido y, por otro lado, en qué país quieren vivir la mayoría de los argentinos.


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Referencias

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Ingenuidades, arrogancias y desconfianza: el trasfondo psicosocial

de la coyuntura en américa latina

Esteban Laso Ortiz1

Introducción: “Cuidado con los Idus de octubre (y noviembre)”

En las últimas semanas hemos sido testigos de varios sucesos a lo largo y ancho de América Latina que hace pocos meses hubieran sido impen-sables o impredecibles:

Chile. Tras la subida de los pasajes de transporte público de Santiago, anunciadas el domingo 6 de octubre, se inició una ola de protestas popu-lares, al parecer orgánicas y carentes de una cabeza visible, empezando por centenares de estudiantes que evadieron masivamente el pago del

1 Centro Universitario de la Ciénega, Universidad de Guadalajara, México.


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metro y continuando con disturbios y manifestaciones en varias ciuda-des que subsisten pese a la declaración de estado de emergencia (el 19 de octubre para Santiago y el 23 para quince de las dieciséis capitales regionales), dejando hasta el momento un saldo de 2.500 heridos (INDH se quedó corto: Cruz Roja cifra en 2.500 los heridos durante las protestas en Chile, 2019) y la aprobación, tan ambicionada como inusitada, de un proceso constituyente que modifique la Constitución vigente desde el retorno a la democracia (Stuardo, 2019).

Bolivia. Tras unas elecciones generales que dieron el triunfo en primera vuelta a Evo Morales, contrariando la negativa popular a una reelección expresada en el referéndum de 2016, contrarrestada por una controversial decisión del Tribunal Constitucional en 2017 (El Tribunal Constitucional de Bolivia autoriza a Evo Morales a buscar la reelección como presidente sin límites, 2017), las movilizaciones populares —aparentemente orquestadas de forma heterárquica y descentralizada— en todo el país denunciando el fraude, fueron acompañadas de recomendaciones de la OEA y la ONU de celebrar una segunda vuelta (Elecciones en Bolivia: la Unión Europea se une al pedido de la OEA de celebrar una segunda vuelta, 2019), cosa a la que Evo Morales cedió el 10 de noviembre, para renunciar a la presidencia al día siguiente siguiendo la “sugerencia” del Jefe de las Fuerzas Armadas ante las tres semanas de enfrentamientos que dejaron graves secuelas humanas y materiales (Lo último sobre la renuncia de Evo Morales a la presidencia y la crisis en Bolivia, 2019); esta renuncia, acompañada de una denuncia de “golpe de Estado”, ha suscitado una crisis de gabinete y violentas manifestaciones de sus partidarios y enfrentamientos que, a la fecha de este escrito, no dan señales de detenerse.

Ecuador. Tras el anuncio de draconianas medidas de ajuste económico para reducir un ingente déficit de presupuesto del Estado, la más impor-tante de las cuales era la retirada de un subsidio a los combustibles fósiles instaurado en 1.974 por el régimen militar entonces imperante

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/11/10/gobierno-confirma-proceso-para-una-nueva-constitucion-a-traves-de-un-congreso-constituyente.shtml

Ingenuidades, arrogancias y desconfianza: el trasfondo psicosocial de la coyuntura en américa latina

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y que le ha costado al Estado alrededor del 50% del PIB entre 2005 y 2018 (Gasto en subsidios equivale al 50 % del PIB y a toda la deuda de Ecuador, 2019), se suscitaron varias protestas, organizadas primero por sindicatos del transporte y luego por los colectivos indígenas, los cuales se movilizaron masivamente a la capital, protagonizando algunos inci-dentes violentos —como el secuestro de periodistas y policías— (Ecuador califica de “secuestro” la retención de policías por los indígenas, 2019) y siendo repudiados por la fuerza pública, manteniendo a la capital para-lizada durante más de una semana hasta que el Gobierno, claramente desbordado en su capacidad de respuesta pese a la declaración de estado de emergencia (Estado de excepción en Ecuador: Lenín Moreno emite la declaración ante las protestas por el alza en los combustibles, 2019) anunció la derogación de las medidas y la creación de mesas de diálogo para acordar otras (Ecuador: el Gobierno derogó las medidas de ajuste económico y se levantan las protestas, 2019).

Colombia. Desde la posesión de Iván Duque como presidente, el 7 de agosto de 2018, se ha dado en promedio una protesta social cada dos días, para culminar con el ingreso del escuadrón antidisturbios al cam-pus de la Universidad del Atlántico el 25 de octubre ante los desmanes denunciados por el Rector y cometidos por manifestantes contra el Gobierno, acto que, en lugar de tranquilizar los ánimos, los ha exaltado, conduciendo a una manifestación en donde universidades públicas y privadas se unieron por primera vez rechazando el abuso de autoridad —y generando nuevos y violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas especiales— (Minuto a minuto: Hechos violentos marcan el final de la protesta estudiantil en Bogotá, 2019). Las protestas se recrudecieron ante la aprobación de un artículo que permite a las Universidades usar su presupuesto asignado para pagar las sentencias en contra de la nación, lo que dejó un saldo de caos y destrucción de la sede del ICETEX, la empresa que otorga préstamos estudiantiles (Movimiento estudiantil vuelve a las calles de Bogotá: Enfrentamientos entre Esmad y estudiantes, 2019).


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A estas protestas masivas se pueden añadir dos eventos que, aunque temática o espacialmente distantes, parecen delinear una tendencia. El primero, los resultados de las elecciones generales del 27 de octubre en Argentina, en las que se proclamó vencedor el Partido Justicialista con Alberto Fernández encabezando la lista y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, por una abrumadora mayoría del 48,24% contra el 40,28% del oficialista y actual presidente Mauricio Macri, evento que representa el retorno de una figura emblemática de la nueva izquierda latinoamericana al poder en Argentina luego de su derrota en los pasados comicios. Estos resultados fueron prefigurados por los de las elecciones primarias del 11 de agosto, que sorprendieron a los observadores arro-jando una ventaja neta a la dupla justicialista de más del 16%, contra todo pronóstico de las encuestadoras más autorizadas (Lucotti, 2019). De esta manera, la “izquierda bolivariana”, denostada en Argentina tras los escandalosos hallazgos sobre la corrupción que permeara al kirchnerismo (New York Times analizó la corrupción durante la década kirchnerista, 2016), parece retornar triunfalmente tras el estrepitoso fracaso de la “nueva derecha” para remontar la crisis económica (Sturzenegger, 2019).

El segundo, las prolongadas protestas en Barcelona tras el anuncio de las penas, a todas luces exacerbadas —de entre 9 y 13 años por delito de “sedición”— (Cataluña: 4 preguntas para entender qué hay detrás de las masivas protestas de los últimos días, 2019) a nueve líderes inde-pendentistas catalanes, que estallaron el 14 de octubre y, nuevamente, parecen carecer de cabeza visible y organizarse de forma heterárquica y contingente merced al uso de redes sociales y a la conformación de una red autoproclamada “Tsunami Democràtic”, apartidista y cuyo objetivo es “que el Estado español se siente a negociar políticamente una solución para la autodeterminación de Catalunya” (Pichel, 2019). Estas protestas se dan en el contexto de una prolongada crisis institucional de bajo nivel en España, asolada por escándalos de corrupción del partido antes gober-nante —Partido Popular— (Pinheiro, 2019) y por la debilidad percibida del actual PSOE y su líder Pedro Sánchez (Romero, 2019). Asimismo, e igual de impactante, las últimas elecciones generales, celebradas el domingo


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10 de noviembre, han sorprendido a observadores y encuestadores al posicionar al recientemente fundado VOX, partido que, a la vista de las declaraciones de su presidente Santiago Abascal y de su lema “España para los españoles”, sólo cabe calificar de ultraderechista, nacionalista y filofascista, “una espesa capa de ultranacionalismo español, fundada sobre un nacional-catolicismo autoritario y que no sólo no se avergüenza de la dictadura franquista sino que la reivindica, prometiendo mano dura contra el independentismo catalán” (Forti, 2018), como la tercera fuerza, por debajo de los tradicionales PSOE y PP y por encima de un debilitado Podemos y un fagocitado y desinflado Ciudadanos (Resultados completos, Elecciones Generales España, 10N, 2019). VOX se suma, así, a una ola de (proto) fascismos nacionalistas, autoritarios y con frecuencia populistas, que parece extenderse por Europa y el mundo y que engloba a Donald Trump en USA, Jair Bolsonaro en Brazil, Recep Erdoğan en Turquía, Matteo Salvini en Italia, Narendra Modi en India, Rodrigo Duterte en Filipinas, Viktor Orban en Hungría, Aung Saan Suu Kyi en Myanmar, Nicolás Maduro en Venezuela, y varios otros (Gienger, 2019). Y no es mera apariencia: más de la mitad de las democracias evaluadas por The Economist’s Intelligence Unit en 2018 han descendido en la escala hacia el autoritarismo (Democracy continues its disturbing retreat, 2018).

La súbita y simultánea ocurrencia de estos hechos, la emergencia repentina e inesperada de crisis institucionales, sociales y políticas en varios países al mismo tiempo, parece clamar por una explicación. Pero ¿de qué tipo de explicación se trata?

Dos ingenuidades y la búsqueda de explicaciones sistémicas

Es imposible, en el reducido espacio del que aquí se dispone, hacer un análisis todo lo concienzudo y profundo que se necesitaría para entender a cabalidad no sólo cada una de las crisis mencionadas sino su entrela-zamiento. Pero sí puede esbozarse una estructura explicativa que haga


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justicia a la complejidad del fenómeno sin enturbiar la comprensión de la pauta que lo subyace.

En primer lugar, es menester evadir dos formas falaces de explicación, dos ingenuidades de signo contrapuesto: la conspiratoria y la atomística. La primera es típica de los radicalismos de ambos signos políticos y de las personas que, por carecer de la información necesaria y rehusarse a buscarla y digerirla, atribuyen toda crisis inesperada a la nefasta influencia de los “poderes en la sombra”, que son sin falta sólo los de sus oposito-res políticos: para el derechista, el Kremlin y el “Foro de Sao Paulo”, y para el izquierdista, la Casa Blanca, el FMI y el “orden internacional”. Ya Popper (1957, 1963) advierte contra esta terrible simplificación, a la que Watzlawick llama “el síndrome de utopía” (Watzlawick, Weakland y Fisch, 1974); ahora bien, dado que la investigación en psicología social sugiere que los más propensos a las explicaciones conspiratorias son las personas que se sienten marginadas por la sociedad (Aupers, 2012), el cambio social acelerado y la amenaza de pérdida de identidad puede favorecer la proliferación de dichas mentalidades conspiranoicas entre los grupos vulnerables o que se viven como damnificados de una sociedad que los ha abandonado. Este mecanismo se aplica en cualquier extremo del espectro político: tanto a los votantes duros de Trump, en general hombres blancos de clase media que se ven amenazados por una cultura popular que celebra la diversidad sexual, cultural y étnica (Scherer, 2019), como a los del Brexit, hombres británicos blancos, de clase media y baja, de mediana edad y posición socioeconómica crecientemente marginal, que viven a la Unión Europea como un “poder en la sombra” y que recla-man separar de ella el destino de la Commonwealth (Whiteley, 2019).

La segunda ingenuidad es la opuesta: que todos estos eventos están separados, que cada uno responde a su propia dinámica y que es com-pletamente distinta de las demás. Este particularismo, más sofisticado, también se esgrime estratégicamente por parte de ambos bandos para defender la excepcionalidad de sus actos o propuestas ante la acusación de parcialidad de los otros, en afirmaciones del estilo de “lo que ocurrió en (Venezuela, Bolivia, México…) no se parece en nada a lo que ocurre


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en (México, Bolivia, Venezuela...)”. En concreto, es la defensa de elección ante el argumento de que gobiernos como el de Andrés Manuel López Obrador, Hugo Chávez, Álvaro Uribe, Donald Trump y Rafael Correa pueden ser parecidos en su tono populista y propensión autoritaria por opuestas que sean sus ideologías (para una definición del populismo que los engloba cómodamente, véase Müller, 2016).

La realidad es que ninguna de ambas ingenuidades explica los hechos. Es indiscutible que los estados intentan promover sus intereses allende sus fronteras mediante diversas formas de intervención estratégica; a este respecto, es posible —no necesariamente probable— que los desmanes en Ecuador, Bolivia y Chile incluyan agitadores infiltrados formados en tácticas de guerrilla urbana; como lo es que las protestas en Bolivia sean funcionales al modelo neoliberal auspiciado por el Consenso de Washington. Pero es impensable que su influencia sea tan poderosa para despertar tanta animadversión en varios países a la vez. Atribuir eventos de la envergadura de los ya mencionados a la maquiavélica operación de fuerzas tras bastidores es tan irracional como atribuirlos al azar: nos deja indefensos, tanto teórica como prácticamente, a la hora de adoptar una postura o planear una respuesta acorde.

Una somera reflexión demuestra que es materialmente imposible llevar a cabo los planes, por bien trazados que estén, en un mundo esencialmente complejo y sometido a múltiples influencias contrarias. Y si es difícil en la vida personal, donde las variables en juego son mucho más limitadas y el número de participantes reducido, cuánto más lo será en la social, en la contienda democrática o la arena geopolítica. Pero la misma reflexión demuestra que, pese a ello, las personas vivimos haciendo planes que inten-tamos llevar a cabo, adaptándonos con mayor o menor éxito a los eventos y manteniendo una meta más o menos estable por encima de los cambios; y que dichos planes involucran prácticamente siempre a otras personas, de cuyos propios planes formamos parte y con los cuales interactuamos, generando un orden ni totalmente espontáneo ni del todo aleatorio. En suma, que la realidad, y más la realidad social, es un complejo entramado de mecanismos de influencia que se entrecruzan en diversos niveles de


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efectividad, con diferentes horizontes temporales, fortaleciéndose o con-traponiéndose en cada momento; y que todos los eventos que podemos presenciar son el resultado visible de estos mecanismos invisibles —pero aprehensibles, en principio y progresivamente, por nuestras conjeturas—. O, dicho de otro modo, que la realidad es un sistema complejo (Bunge, 1996, 1998), constituido por mecanismos causales y disposicionales que se entrelazan en diferentes planos y que forman la “estructura subyacente” de lo que sucede, de lo cual alcanzamos a observar sólo una parte, en base a la cual hemos de reconstruir dicha estructura. La epistemología realista crítica (Bhaskar, 2008; Danermark et al., 2002) llama a estos tres niveles el ontológico, de las estructuras causales subyacentes, que genera el actual, de los eventos que van acaeciendo, de los que vemos sólo una parte, el empírico.

La consecuencia de esto es que cualquier fenómeno social debe expli-carse mediante la conjunción de diversos mecanismos que se superponen en diferentes ámbitos espaciales y temporales (por ejemplo, Laso, 2012a); como ondas que se expanden por un lago y cuya influencia se expande no sólo en la superficie sino hacia abajo hasta toparse con las corrientes subacuáticas que lo permean y moldean a largo plazo. Es precisamente esto a lo que podemos aspirar en este texto: a cartografiar las ondas subacuáticas que favorecieron la súbita y simultánea emergencia de tantas crisis en lugares distintos.

La “Pauta que Conecta”: emociones, contagio y deslegitimación

Desde una perspectiva psicosocial, casi todos los eventos mencionados (excepto, acaso, las elecciones en Argentina y España) tienen algo en común: se trata de fenómenos de masas, más o menos descentralizados y autoorganizados, en los que el material inflamable del descontento social ha crecido a la sombra de la ceguera o desinterés de las autoridades hasta encenderse como la pólvora con una medida ampliamente repudiada o


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una declaración desafortunada; de instancias de la célebre “efervescen-cia social” durkheimiana (Ramírez, 2015) que, por muy posmodernos y tecnificados que sean sus medios de coordinación, siguen las pautas descubiertas por Le Bon sobre el comportamiento de las muchedumbres (Le Bon, 2018). En cuanto a las elecciones argentinas, la efervescencia que borboteó en las múltiples protestas del final del gobierno macrista fue canalizada en las dos elecciones conduciendo a la victoria justicialista, resultado evidente del descontento masivo; mismo efecto que podemos apreciar en el repunte de VOX en España: ante la percibida debilidad del gobierno PSOE para solventar la crisis económica, y el desencanto con la promesa no cumplida de Podemos, los votantes prefirieron el abierto nacionalismo xenófobo de VOX al solapado coqueteo con la ultraderecha de Ciudadanos.

En otras palabras, todos estos fenómenos son el resultado de emocio-nes viscerales compartidas por amplios grupos de la población y que han desbordado los mecanismos institucionales destinados a encaminarlas, contenerlas o repelerlas; emociones que se resisten a las explicaciones, típicamente anglosajonas y de corte utilitarista, del “actor racional” (Resnik, 1998) y el “votante mediano” (Caplan, 2007) y que requieren de un esquema explicativo más amplio y profundo, que haga justicia a la espontaneidad, maleabilidad, evanescencia e impredictibilidad de estos sucesos. En dicho esquema, que sirve de base para las presentes reflexiones y cuya lógica se expone en otra parte (Laso, 2012a), se distinguen niveles de influencia y entornos emocionales distales y proximales del evento que precisa explicación: aquellos generan estados de ánimo de base, por lo general no articulados pero compartidos por varios miembros de una comunidad (por ejemplo, el sordo desaliento y rabia de los jóvenes que no consiguen ingresar a un mercado laboral saturado y desregulado), que predisponen a los agentes a reaccionar con ciertas emociones y no otras ante los desafíos cotidianos y las crisis, las cuales son desencadenadas por éstos, lo que determina el repertorio de respuestas abierto al agente en esa situación (por ejemplo, la ira que impulsa a un joven a participar de una manifestación violenta).


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El segundo hecho que llama la atención es la proximidad temporal y espacial de todos estos eventos, lo que podría conducir a una hipóte-sis del “contagio” de esta efervescencia (que se haría eco, nuevamente, de Le Bon y Durkheim; Moscovici, 2013; y apelaría en último término a Tarde, 2011). Si bien la investigación contemporánea ha demostrado la existencia de este “contagio emocional” (Barsade, 2002), también ha señalado que se produce casi únicamente en el cara a cara; no hay certeza alguna de que las redes sociales y medios de comunicación masiva sirvan de vector de transmisión. Por ende, si el contagio existe, se trata más de un catalizador que de un reactivo: el enterarse de protestas sociales masivas en otros países puede relajar las inhibiciones de los ciudadanos, animándolos a salir a las calles y dar rienda suelta a un descontento preexistente y hasta ese momento reprimido.

Dicho de otra forma, y esto es una parte fundamental de la expli-cación, lo que se “contagia” es la deslegitimación progresiva del modelo político y social imperante: ya no sólo de los sistemas de partidos polí-ticos sino de la democracia liberal misma o, al menos, de la forma de democracia que ha regido como “ideal regulativo” la política occidental desde la desaparición de la Unión Soviética y que se puede caracterizar como procedimental, centrada ante todo en asegurar la probidad de las instituciones, la separación de poderes, el imperio de la Ley y la legiti-midad de los referendos, y que no se preocupa por perseguir la justicia social, la felicidad o bienestar de los ciudadanos u otros logros sustantivos (Quiroga, 2000). En efecto, América Latina y Europa se han encaminado al mismo tiempo a esta forma de democracia por vías distintas: esta merced al desmantelamiento del Estado de Bienestar efectuado desde los años 80, aquella por la “tercera ola de democratización” que Huntington proclamara, tan triunfal como prematuramente, como imperante en la región (García, 2003). Pues, en efecto, la definición de democracia de Huntington es meramente procedimental: “consiste básicamente en que la mayoría de quienes toman las decisiones colectivas sean seleccionados mediante elecciones limpias, honestas y periódicas, en las cuales se com-pita abiertamente y casi toda la población adulta tenga derecho al voto”


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(García, 2003, p. 7). Los resultados de los intentos de adopción de este tipo de democracias en diversas partes del mundo han sido, en general, desalentadores: como apunta Krastev (Krastev y Holmes, 2019), es ya innegable que la mera imitación de los rituales de la democracia liberal no basta para instaurar su esencia, ya que se pueden celebrar elecciones periódicas sin que haya imperio de la Ley, competitividad real, sistema de partidos y pluralismo (como lo demuestran los autoritarismos cons-titucionales) (Chacín , 2019).

Dos Arrogancias Deslegitimadoras

Las raíces de esta deslegitimación son múltiples y perseguirlas se escapa del presente texto; baste señalar un par que atañen a la arrogancia triunfalista que invadió la academia en el pasado. En primer término, el desencanto con las recetas de la economía neoliberal: los ajustes estruc-turales, la reducción de impuestos y restricciones al flujo de capitales, la incorporación irrestricta al mercado global, la privatización de servicios de educación y salud, etc., que con no disimulada arrogancia prescribían los economistas entre los 80 del siglo pasado y los inicios de este, han dado paso al descrédito de una profesión que, irónicamente, no ha sido capaz de enmendar sus supuestos más allá de los tímidos y ocasionales mea culpa de algunos de sus representantes más emblemáticos (como Paul Krugman, que admite cándidamente que él y sus colegas se equivocaron al recomendar la globalización agresiva y el libre mercado en los 90 porque desestimaron su terrible efecto disruptivo a corto plazo en las masas de trabajadores, pero insiste en repudiar el proteccionismo “porque ahora sí va a funcionar”) (Krugman, 2019). El lamentable espectáculo de que el entonces director de la Reserva Federal, Ben Bernanke, declarara en 2004 que los mercados habían llegado a la “Gran Moderación”, a la reducción de la volatilidad macroeconómica (Federal Reserve Board, 2004), o de que el premio Nobel de Economía Robert Lucas afirmara en 2003 que “la macroeconomía ha tenido éxito: su problema central, la depresión


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económica, ha sido resuelto” (Norris, 2013), sólo tres o cuatro años antes de la dramática e inesperada crisis financiera global de 2007-2008; más el grosero aumento de la inequidad a nivel mundial y la concomitante desazón colectiva (ya innegables gracias a la obra de Piketty, 2014; cf. Wilkinson y Pickett, 2009), han erosionado la confianza en una disciplina que se rehúsa no sólo a cuestionar sus modelos y premisas sino a hacerse cargo del daño que ha causado a nivel mundial. Y de esta esterilidad teórica se desprende, para bien o mal, la inexistencia de un modelo alternativo de desarrollo que recoja las ventajas del mercado integrándolos dentro de una perspectiva ecológica y humanista y que se aparte del “camino único” del neoliberalismo en sus dos caras, “amable” —“de izquierdas”— o “duro” —“de derechas”— (Quiggin, 2019; Keen, 2011).

A esta primera arrogancia, economicista, le acompaña una segunda en la ciencia política: en prácticamente todos los países que se fueron integrando a la globalización se estimó que el modelo institucional y político a seguir debía ser la democracia liberal occidental, y se supuso además que la implantación de dicha democracia debía iniciar instaurando sus procedimientos, su “letra”, en la certeza de que éstos cambiarían a la larga el “espíritu” de la sociedad volviéndola plenamente democrática. Esta optimista creencia fue defendida notablemente por F. A. Hayek, quien fuera miembro honorario del “Centro de Estudios Públicos”, el think tank que allanara la transición a la democracia bajo el “modelo chileno” de privatización; y quien, preguntado sobre la dictadura de Pinochet, afirmara que su resultado había sido “fantástico” porque “se puede tener libertad económica sin libertad política, pero no libertad política sin libertad económica” (Geddes, 1979).

El gran teórico de este “camino a la democracia” fue sin duda Samuel Huntington (1991), quien apuntó que la “tercera ola de democratización”, iniciada en 1974, conduciría a que la mayoría de países del mundo transi-taran triunfalmente hacia una democracia plena, habiendo trascendido la “democracia mínima”, es decir, constituida sólo de procedimientos electorales y sin contemplar los derechos civiles (García, 2003). Y su gran apologista fue Francis Fukuyama, quien declaró en 1992 que, con la caída


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del Muro de Berlín y el desplome de la Unión Soviética, la humanidad había alcanzado “no sólo un período de la historia de posguerra sino el fin de la Historia como tal: es decir, el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como la forma definitiva del gobierno humano” (Fukuyama, 1992). La arro-gancia que se precisa para declararse a uno mismo “el último hombre” y al propio modelo de gobierno el cenit de la filosofía política sólo es equiparable a la ignorancia de la Historia que permite hacer asertos de ese calibre sin pestañear; una arrogancia de la que el mismo Fukuyama se desdijera parcialmente al admitir que la cultura, después de todo, sí que importa —un poco— (Fukuyama, 1995), encajando así la crítica del mismo Huntington que, aceptando su idea de que la lucha ideológica entre izquierda y derecha había terminado, pasó a afirmar que los siguientes conflictos serían “choques culturales” entre el Oriente musulmán y el Occidente cristiano (Huntington, 1996). Y, dicho sea de paso, la arro-gancia y la ignorancia son las marcas de identidad del excepcionalísimo norteamericano (Berman, 2001).

En el ámbito teórico, esta creencia de que la democracia liberal occi-dental es el modelo definitivo de gobierno se tradujo en la hegemonía de la concepción utilitarista, calcada al homo economicus, de la política como mero “espacio de agregación de las preferencias individuales” (Resnik, 1998), que conduce forzosamente a la desaparición de la noción de bien común y al concomitante desmantelamiento de los servicios públicos que lo sustentan, la educación y la salud. Si no existe “bien común”, si lo único que hay son los intereses privados de los ciudadanos que comprenden una polis, la política no sirve sino para agruparlos y elegir entre ellos, nunca para debatirlos, corregirlos o mejorarlos; y la ciencia política se transforma, o bien en puro cálculo electoral, o bien en análisis estéril (pero retóricamente envuelto en matemática) de las “jugadas” que cada “actor” puede tomar en el “juego competitivo” de la contienda política. Abdicando de su pretensión normativa de comparar entre diversas formas de ordenamiento para entender sus pros y contras y elegir entre ellas, la ciencia política, encerrada en su torre de marfil racionalista, otorga


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tácitamente la victoria al liberalismo republicano occidental y muere para la vida práctica (Cansino, 2008). Como sentenciara Sartori: “el cuantiti-vismo, de hecho, nos está llevando a un sendero de falsa precisión o de irrelevancia precisa, y… al no lograr confrontar la relación entre teoría y práctica hemos creado una ciencia inútil” (Sartori, 2004, p. 351).

Basta con una mirada al mundo actual para evidenciar la grotesca falsedad de estos supuestos. Ni la historia se ha terminado, ni la izquierda ha muerto, ni la globalización neoliberal ha traído prosperidad y equidad. Y, lo que es más relevante a fines de esta reflexión, tampoco la demo-cracia mínima y el rational choice han desalojado a las comunidades fundadas en identidades nacionales y locales; al contrario, si acaso, lo local es ahora más pujante que nunca en su activo rechazo a lo global, manifiesto en el apoyo masivo a los fascismos y populismos nacionalis-tas en Europa, en la política de las identidades en Estados Unidos, en los afanes independentistas catalanes e italianos y en la revaloración y organización de las comunidades indígenas en América Latina. En todo el mundo, la “sociedad” (Gesellschaft), concebida por Tönnies (1947) como un conjunto de asociaciones instrumentales y de mutuo interés, retrocede ante el avance de la “comunidad” (Gemeinschaft), las filiacio-nes basadas en la semejanza identitaria, los afectos compartidos y la solidaridad (Schluchter, 2011), lo que parece conducirnos, irónicamente, a un mundo al tiempo más globalizado y más fragmentado, a millones de “islas” comunitarias unidas por acuerdos de mutuo beneficio. Así, al proponerse como modelos a imitar, las democracias occidentales, encabezadas por Estados Unidos, terminaron por agotar su prestigio y autoridad moral; e incluso los países que intentaron imitarlas se alejan, desencantados, de un modelo que ven como engañoso disfraz del impe-rialismo extractivista (Krastev y Holmes, 2019).

Es importante acotar que esto no significa que haya que dar al traste con la noción misma de “democracia”: su esencia, la pretensión de que la mayor parte de personas tengan la mayor cantidad de participación posi-ble en las decisiones que les atañen, es indiscutiblemente necesaria para forjar sociedades sanas, viables y creativas, así como lo es la alternancia


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de poderes que la nutre. Por el contrario, hay que rescatarla del marasmo al que la han reducido los adalides de un procedimentalismo vacío en el cual el neoliberalismo pueda medrar sin cortapisas. La solución no es menos democracia sino en todo caso, y como lo anuncia un libro al respecto, “Más democracia, menos liberalismo” (Sánchez, 2014); o, mejor todavía, recuperar la idea original del término “ liberalismo”, que unía libertad económica y política con el sentido de comunidad y solidaridad que son indispensables para la democracia; idea que fuera más próxima a la concepción original de Adam Smith y que terminaría partiéndose en dos ideologías, cada una de las cuales se apropiaría de una sola de sus intuiciones: la “mano invisible” en la derecha, los “sentimientos morales” en la izquierda (Laso, 2010b).

Las particularidades de la región: desconfianza, corrupción, populismo autoritario

Estas arrogancias, sin embargo, han ejercido su influencia deslegitimando la democracia en todo el mundo ¿Cuáles, por tanto, pueden ser las par-ticularidades de América Latina que explican los fenómenos de marras? Como se expone en otra parte (Laso, 2010b), se trata de la región más inequitativa del mundo y también de la menos confiada en el prójimo; finalmente, reúne a varios de los países más corruptos y a muchos de los que han ofrecido mayor apoyo a líderes populistas más o menos auto-ritarios (Laso, s.f). Lejos de ser inconexas, estas características forman parte de un circuito causal cerrado (expuesto más ampliamente en Laso, 2010a): las distancias sociales (que pueden ser de clase, etnia, género, etc., pero que en las sociedades postindustriales contemporáneas suelen subsumirse bajo las económicas), agravadas por la inequidad, hacen que las personas desconfíen de los desconocidos y teman que se aprovechen de ellos, ante lo que se precaven minimizando su contacto con éstos e incrementando las interacciones con sus familiares y allegados, lo que genera a su vez cliques cerradas por las que circulan el dinero, la influencia


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y la información. A su vez, estas cliques terminan capturando los espa-cios de poder político y económico de la sociedad, lo que la corrompe porque distorsiona el imperio de la Ley, el acceso a los puestos de toma de decisiones, etc., incrementando la inequidad: los privilegiados y sus allegados disfrutan del dinero y el poder mientras que los demás reciben sus migajas, todo bajo una apariencia de “meritocracia”.

Hasta aquí, este círculo de inequidad-desconfianza-corrupción es muy difícil de romper, ya que quienes podrían hacerlo, los líderes políticos, forman parte de los mismos círculos, a los que afectarían cambiando las reglas para abrirse a la competencia; y quienes los deberían controlar y sancionar la corrupción, los tribunales, magistrados y funcionarios, también forman parte de dichos círculos, bien porque fueron colocados expresamente en esos puestos para asegurar la impunidad, bien porque llegaron a ellos por recomendaciones y vínculos mutuos. Tan es así que en toda Latinoamérica existen variantes del mismo refrán que justifica este tipo de práctica: “si no eres vivo, eres bobo” (Ecuador), “el que no tranza, no avanza” (México), “el vivo vive del bobo” (Colombia), etc., todas las cuales pueden parafrasearse diciendo: “Ya que la ley no es igual para todos, y ya que todos se van a aprovechar de las situaciones, debes hacerlo tú primero para evitar que se te adelanten, te afecten o te quiten lo que podrías haber obtenido”. En efecto, en un contexto donde la ley no es imparcial, y por ende no sirve para controlar los desmanes ni desalentar los engaños o estafas, el único modo de asegurarte de no caer víctima es interactuar únicamente con conocidos o familiares que no se vean tentados a aprovecharse de ti porque tendrán que depender de tu ayuda eventualmente; y, cuando es obligado interactuar con extraños, es sacar provecho de la situación cuanto antes impidiéndoles que te lo hagan a su vez.

Cabe añadir que no se trata de una explicación meramente “cul-turalista” al estilo Grondona (2000) que atribuye los problemas de las sociedades a sus “formas de pensar”; al contrario, la desconfianza moldea la conducta de los ciudadanos también en el plano económico, generando un equilibrio subóptimo pero estable en el cual todos temen a todos y


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se precaven de ellos contraviniendo las normas, lo que induce en los demás contravenirlas por prevención, y así ad infinitum. Desde la pers-pectiva de la teoría sistémica, las instituciones canalizan la conducta de los actores, los cuales pueden a su vez modificarlas en la medida en que se comporten de formas distintas, generando a la larga equilibrios diferentes (Laso, 2007). La desconfianza generalizada es un equilibrio perdurable y altamente resistente al cambio ya que se funda en una asimetría básica: se requiere mucho tiempo de convivencia para confiar en alguien, pero una sola acción errada o malintencionada para perder esa confianza (Laso, 2010a; 2012b).

Y ¿de qué manera influye esta atmósfera de desigualdad y descon-fianza en los eventos mencionados? Porque es el material inflamable idóneo para la “efervescencia” social. En condiciones de descontento generalizado pero subrepticio y atomizado, basta con una chispa de crisis para despertar una reacción en cadena. Esta es la esencia de la dinámica de las “masas” o multitudes, que si bien llega a ser devastadora e impredecible, es también evanescente y errática (Moscovici, 2013) a menos que sea canalizada por un líder carismático (Laso, s.f), el cual parece ausente en muchos de los ejemplos mencionados, de naturaleza organizada, heterárquica y autoorganizada (como en Chile y Barcelona, y en segundo lugar, Bolivia y Ecuador). A este respecto, es también innegable que América Latina es la región donde mejor proliferan los liderazgos carismáticos populistas (entendiendo el populismo como una forma de liderazgo basada en la oposición maniquea entre “pueblo” y “élite”, por tanto antipluralista, contraria al imperio de la ley y fundada en la identidad esencial entre el líder y el pueblo que lo elige) ( Muller, 2016), que transitan con regularidad al autoritarismo (por ejemplo, en el caso de Evo Morales, intentando imponer su deseo de reelegirse por encima de la expresa voluntad de su pueblo de impedirlo). Este tránsito también es consecuencia de la desigualdad y la desconfianza; como se expone en otro lugar (Laso, 2012), la percepción de la injusticia social, la exclusión y la precariedad sumen a grandes grupos en estados de ánimo de descontento y temor, los cuales pueden transformarse fácilmente


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en hostilidad cuando coinciden una crisis social, política o económica con un líder carismático, es decir, capaz de articular las sensibilidades emocionales específicas de la audiencia que se siente marginada y des-protegida enfocándola hacia un “enemigo común”.

A este respecto, no importa la orientación ideológica del líder caris-mático: si es un populista de derecha su enemigo serán Rusia, China o la conspiración comunista internacional; su de izquierda, serán Estados Unidos, el FMI y el capitalismo. Lo que importa es que su forma de lide-razgo se basa en la adhesión emocional y que, por ende, se escapa de la rendición de cuentas y al imperio de la ley; fenómeno que podemos apreciar tanto en Bolsonaro como en Chávez, Correa, López Obrador, Uribe y una larga lista de líderes latinoamericanos, que se han sucedido en la última década sin que hayan conducido a mejoras sustanciales en sus respectivos países ni a la instauración de instituciones políticas, jurídicas y sociales sólidas que perduren por encima de los cambios de gobierno.

Es, por ende, sobre este trasfondo de descontento, miedo y hostilidad que se debe entender los fenómenos recién acaecidos y otros que están por suceder, derivados de la cada vez más aguda fragmentación de nuestras sociedades, de la gran desconfianza generalizada y de lo vulnerabilidad en que esto nos coloca en plano internacional. Y es ese mismo trasfondo, esta corriente subterránea, la que como psicólogos sociales estamos llamados a identificar, analizar y, eventualmente, contribuir a subsanar.

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Octubre 2019. Ecuador en la encrucijada del posdesarrollo: luchas político-

epistémicas contra el neoliberalismo

Gino Grondona-Opazo1

Resumen

El presente artículo se propone desarrollar un análisis y reflexión con relación al levantamiento indígena ocurrido en Ecuador en octubre del 2019, desde el enfoque de la psicología política de raíz latinoamericana. Es decir, una psicología política orientada hacia el cambio social, desde/con las luchas y movimientos sociales presentes en nuestra región, enten-didos desde sus dimensiones político-epistémicas. Para estos efectos, comenzaré con un encuadre teórico-conceptual sobre el contexto de la crisis civilizatoria, el posdesarrollo y la psicología política; luego de lo cual profundizaré en el levantamiento indígena del octubre del 2019, en un intento por situarlo en el marco del debate regional sobre las luchas contra el capitalismo y la búsqueda de alternativas al desarrollo.

1 Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, Ecuador.


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Crisis civilizatoria, posdesarrollo y psicología política

Desde la perspectiva de los procesos económicos, sociales y políticos que han marcado la historia de América Latina durante el último siglo, se observa una oscilación entre una matriz estado-céntrica y una mercado-céntrica (Cavarozzi, 1996; Moreira, 2012), en tanto entidades articuladoras e integradoras de dichos procesos, de las cuales se han deri-vado consecuencias que han marcado las identidades y sociabilidades de nuestros pueblos, generando condiciones materiales y subjetivas para la producción y reproducción del orden social (Grondona y Rodríguez, 2014).

La oscilación entre ambas matrices sociopolíticas, han marcado el debate y las prácticas del desarrollo en nuestros países, y aunque suelen considerarse como tendencias opuestas, también se puede concluir que ambos modelos se sitúan desde una misma perspectiva sustentada en la modernidad y en el progreso unidireccional e ilimitado de la sociedad, en el marco del discurso ideológico del desarrollo, y por tanto nos sitúan en “un imaginario determinado, occidental, capitalista y colonial” (Lang, 2011, p.13). Entendiendo al “desarrollo” como un dispositivo de poder que reorganizó el mundo, relegitimando la división internacional del trabajo en el contexto capitalista, mediante un enorme conjunto de discursos y prácticas que tienen un efecto performativo en la realidad social de nuestros países (Escobar, 2007). De esta manera, desde el punto de vista de los paradigmas del desarrollo, ambas matrices comparten el ideario del progreso y asumen la necesidad de profundizar y completar el pro-yecto de la modernidad, aunque difieran en múltiples consideraciones, y aunque se reinventen como “nueva derecha y nueva izquierda”.

En contraposición a ambas, se han impulsado debates en torno al llamado paradigma post-estructural (Escobar, 2002), a partir del cues-tionamiento radical a las bases ideológicas del desarrollo, acercándose a las propuestas de algunos pueblos indígenas, a las que considera como saberes privilegiados que aportan a la construcción de alternativas al desarrollo (Gudynas, 2011). Desde este paradigma, el objeto de estudio

Octubre 2019. Ecuador en la encrucijada del posdesarrollo: luchas político-epistémicas contra el neoliberalismo

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son los discursos y prácticas de poder/saber que construyen un sistema de representaciones en torno al desarrollo/subdesarrollo, y por tanto el cambio social dependería de la transformación de la economía política de la verdad, abriéndose a una pluralidad de discursos, en la perspec-tiva de articular una ética del conocimiento experto como práctica de la libertad (Escobar, 2002).

A partir de lo anterior, De Sousa Santos (2010) describe cuatro dimen-siones que caracterizarían el actual contexto social, político y cultural de América Latina: en primer lugar, indica que co-existen formas de lucha muy avanzadas y ofensivas, como los movimientos indígenas, con formas de lucha retrasadas y defensivas, como las luchas contra la criminalización de la protesta social y aquellas que enfrentan la contra-revolución jurídica que busca desconstitucionalizar las conquistas sociales consagradas en las nuevas constituciones. En segundo lugar, co-existen dos formas de acumulación que anteriormente eran entendidas como secuenciales, la acumulación que resulta de la reproducción ampliada del capital, y que por tanto opera por medio de mecanismos económicos, y la acumulación primitiva o “por desposesión”, que consiste en la apropiación, casi siempre ilegal y violenta, y siempre con recurso a mecanismos extra-económicos, de la tierra, de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo necesarios para sostener la reproducción ampliada (De Sousa Santos, 2010; Lang, 2011). En tercer lugar, durante las dos últimas décadas, se ha logrado hacer un uso contra-hegemónico de instrumentos políticos hegemónicos, como la democracia representativa y el constitucionalismo. Y en cuarto lugar, se ha instalado progresivamente en la agenda política de la región, el llamado “debate civilizatorio” (De Sousa Santos, 2010; Gudynas, 2011; Lang, 2011; Escobar, 2002, 2007, 2010; Simbaña, 2011; Prada, 2011; Quijano, 2005; Larrea, 2011), que se manifiesta por medio de la discusión en torno a complejas dualidades: recursos naturales o Pachamama, desarrollo o Sumak Kawsay, Estado-nación unitario o Estado plurinacional, sociedad civil o comunidad, ciudadanía o derechos colectivos, entre otros.

De Sousa Santos (2010) sostiene que


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…la presencia de este debate significa que las luchas sociales adquie-

ren la conciencia de que los dos sistemas de dominación (capitalismo

y colonialismo) son simultáneamente distintos e inseparables, y

que sin entender la articulación entre ellos no podrán tener éxito.

(p. 85)

Estos procesos han revitalizado al pensamiento crítico latinoameri-cano, entendido como una praxis consciente, concientizadora y liberadora de nuestros pueblos, en la perspectiva de la decolonización del saber, del ser y del poder, develando las contradicciones del modelo hegemónico (Quijano, 2005; Escobar, 2010; Guerrero, 2011; Vivero, 2012). Este movi-miento social, político e intelectual, que se ha construido en torno al llamado “giro decolonial”, conlleva una crítica radical a la naturalización de las relaciones de poder que conforman el orden mundial actual, por tanto, esta práctica de desnaturalización:

…puede verse como un ejercicio de poder inverso, esto es, el cuestio-

namiento a la historicidad que legitima como universal y superior

una sola visión del mundo, y paralelamente significa el resurgimiento

y relegitimación de otras visiones desde lugares históricamente

excluidos, evidenciando de paso, las dramáticas desigualdades que

se escenifican en el planeta. (Hernández, 2009, p. 56)

En esta perspectiva se sitúan las epistemologías del sur, entendidas como:

…el reclamo de nuevos procesos de producción y de valoración de

conocimientos válidos, científ icos y no científ icos, y de nuevas

relaciones entre diferentes tipos de conocimientos, a partir de las

prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido de manera

sistemática las injustas desigualdades y las discriminaciones causadas

por el capitalismo y por el colonialismo. (De Sousa Santos, 2010, p. 57)


73

De esta forma, la epistemología del sur se sostiene sobre dos premisas fundamentales, la necesidad de profundizar y fortalecer una “ecología de saberes”, y la “traducción intercultural” (De Sousa Santos, 2010).

Se puede decir que en este escenario regional de profundos debates y acciones orientadas a la transformación de nuestras realidades sociales, políticas y culturales; y frente a la necesidad de reorientar los procesos de desarrollo y actualizar nuestros proyectos societales; se sitúa el levan-tamiento indígena de octubre del 2019 en Ecuador.

En este sentido, las formas de lucha en América Latina se caracterizan por lo heterogéneo, lo territorial y lo popular (Porto-Gonçalves, 2009; Zibechi, 2007). De esta manera los movimientos provocan transforma-ciones teóricas, es decir, desde estas praxis emerge la necesidad de (re)inventar tanto las categorías como los instrumentos analíticos que nos servirán para comprender estos movimientos, asumiendo el desafío de “buscar formas de otorgarle en la academia estatus epistémico a los sabe-res producidos localmente por los movimientos sociales” (Flórez-Flórez, 2009, p. 16), es decir, no sólo reconocer los movimientos como fuentes de poder, sino también de saber.

En este sentido, Zibechi (2003) sostiene que en América Latina los movimientos sociales van tomando distancia tanto del tradicional movimiento obrero como de los nuevos movimientos sociales de los paí-ses centrales, lo que se relaciona con los efectos de la oleada neoliberal que azotó la región, y que “trastocó las formas de vida de los sectores populares al disolver y descomponer las formas de producción y repro-ducción, territoriales y simbólicas, que configuraban su entorno y su vida cotidiana” (Zibechi, 2003, p. 185).

Esto reafirma la idea de que el potencial transformador de estos movimientos sociales no es sólo político sino socio-cultural, cuyas luchas se articulan en torno a la defensa de un territorio-lugar, incluyendo dimensiones económicas, culturales, sociales y/o ambientales; en otras palabras, actualmente el territorio-lugar es desde donde se está enfren-tando al capitalismo (Toro, 2012; Zibechi, 2006).


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Por todo lo anterior, se puede sostener que las prácticas de resisten-cia que se articulan desde el territorio-lugar, (re)actualizan y (re)crean las identidades colectivas, a la vez que producen conocimiento propio; aunque también podemos sostener que no sólo se trata de prácticas de resistencia, sino sobre todo de re-existencia, ya que no sólo se reacciona/resiste a la acción ajena, sino que se re-afirma la pre-existencia propia, y en ese proceso, se re-existe (Albán, 2013; Porto-Gonçalves, 2009).

Lo anterior, se puede relacionar con la perspectiva de la psicología política latinoamericana, en el entendido que el eje central de esta disciplina “se encuentra ubicado en términos de ese compromiso con la transformación social y de la necesidad de aportar respuestas a los problemas de la comunidad y de la sociedad” (Montero y Dorna, 1993). Por tanto, esta psicología política se propone responder a los distintos problemas, conflictos y proyectos de tipo socio-político situados en esta región del mundo (Montero, 1991; Montero y Dorna, 1993; Rodríguez, 2001). Es decir, se trata de una psicología social crítica, con “capacidad de ruptura respecto de los modelos teóricos hegemónicos y de compromiso con la sociedad; no sólo en el plano discursivo, sino una preocupación por articular y avanzar conceptual y prácticamente sobre problemas de la sociedad” (Díaz y González-Rey, 2005, p. 331).

Esto ha llevado a sostener que la psicología política, más que un campo separado de la psicología social, se trataría de “un nivel superior de análisis e interpretación de la realidad, en el que se utilizan tanto conceptualizaciones psicosociales como políticas, históricas, ideológicas, filosóficas y económicas” (Rodríguez, 2001, p. 41). Por tanto, la psicología política sería “aquella psicología social, colectiva, histórica y/o cultural, que logra entender por sí misma que se puede tener una sociedad mejor” (Fernández, 2003, p. 254). Esta psicología, además de tener conocimientos profundos de su propia disciplina, desarrolla un campo de intereses más amplios que su propia disciplina. Es decir, si bien esta psicología política deriva de una psicología social, se trataría de “una psicología social que por una parte se interesa en los hechos políticos como objeto de estudio


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y por otra se cuestiona a sí misma, a su rol social y a su capacidad y modo de incidencia en la sociedad (Montero, 1991, p. 34).

Levantamiento indígena en Ecuador (octubre 2019)

Los antecedentes inmediatos del levantamiento indígena de octubre del 2019 en Ecuador, se pueden situar en junio del año 1990, en la vís-pera del Inti Raymi, en donde los diversos pueblos indígenas rompen el silencio, se movilizan masivamente y comienzan a debatir sobre su proyecto político desde categorías como plurinacionalidad, autonomía e interculturalidad.

Desde esa fecha se han constituido progresivamente en un actor político de relevancia en el escenario nacional, generado condiciones para la articulación y convergencia de amplios sectores sociales del país, y luchando contra diversas políticas neoliberales y de ajuste estructural que se han intentado imponer, lo que se ha traducido en el derrocamiento de algunos presidentes (Abdalá Bucarám y Jamil Mahuad), y actualmente en el levantamiento contra las políticas económicas que el gobierno ha tratado de imponer, en el marco de un acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el marco de las negociaciones con el FMI, el actual gobierno dictó una ley, irónicamente denominada “Ley Orgánica para el Fomento Pro-ductivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, vigente desde agosto del 2018, mediante la cual se reinstauró en el país una política neoliberal para la reducción del déficit fiscal y de la deuda pública, fijadas como prioridades nacionales. A la fecha en que entró en vigencia dicha Ley, el sector privado debía al Estado, solamente por impuestos no pagados al SRI, $4.291 millones de dólares (sin considerar intereses), cifra superior al monto del crédito aprobado por el FMI ($4.200 millones de dólares), y sin embargo se condonó dicha deuda al sector privado. Luego del acuerdo suscrito con dicho organismo, los desembolsos de este crédito se irán realizando en cuotas, luego de la


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evaluación del cumplimiento por parte del país de las condiciones que dicho organismo impone.

Dentro de dichas condiciones, en el mes de octubre del 2019 el gobierno emite el Decreto N° 883, que establece la eliminación del sub-sidio a los combustibles (gasolina y diésel), lo que en consideración de los importantes impactos que esto tendría en la población, sobre todo de los sectores más populares, campesinos e indígenas, motivó el inicio de un proceso de protestas y paros nacionales, en un principios lidera-dos por los trasportistas, pero prontamente liderados por las diversas nacionalidades y pueblos indígenas.

Adicionalmente al mencionado decreto, el gobierno informó del envío de un conjunto de medidas económicas (conocidas como “paquetazo”) a la Asamblea Nacional, orientadas a salvaguardar la dolarización de la economía y su estabilidad. Entre estas medidas se contempla la eliminación de impuestos a las importaciones (lo que fortalece la importación frente a la producción nacional, fomentando la dependencia del país y amena-zando con aumentar el desempleo), una reforma tributaria (al servicio de las grandes empresas que favorece la evasión fiscal y eventualmente la fuga de capitales), modificación de las condiciones laborales de los empleados públicos (con la reducción del 20% del salario y del 50% de sus días de vacaciones), y finalmente una reforma laboral (a favor de la precarización y la flexibilización de las condiciones laborales).

Todo lo anterior opera como detonante del levantamiento indígena articulado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecua-dor (CONAIE), lo que implicó el bloqueo de las carreteras, y el traslado de miles de indígenas desde las provincias hacia Quito (alrededor de 20.000 personas), quienes contaron con la solidaridad de los sectores populares y universitarios de la ciudad, lo que se tradujo en la confor-mación de albergues de paz y acogida humanitaria en la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE), la Universidad Politécnica Nacional (UPN), la Universidad Cen-tral del Ecuador (UCE) y la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB). Estos albergues recibieron la solidaridad de muchos sectores sociales de


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Quito, por medio de donaciones, apoyo humano, logístico y materiales de trabajo, todo lo cual permitió sostener las luchas que diariamente se desarrollaban en la ciudad.

Durante esos días ocurrieron muchos acontecimientos: saqueos al comercio, ataques a la sede de la Asamblea Nacional y a la Contraloría General del Estado, el despliegue de un fuerte contingente policial y mili-tar, enfrentamientos entre indígenas y las fuerzas policiales y militares (en donde es evidente la desproporción en equipamientos y armamento), ataque con bombas lacrimógenas a un albergue humanitario, declara-toria del Estado de Excepción y toque de queda por parte del gobierno, declaratoria del Estado de Excepción en los territorios indígenas por parte de las comunidades, el traslado de la sede de Gobierno a la ciudad de Guayaquil, conformación de comités de seguridad en barrios popu-lares de Quito (quienes se suman a las marchas y protestas contra el gobierno), y un saldo de 8 manifestantes muertos, 1340 personas heridas y 1192 personas detenidas, entre otros.

Lo anterior conduce a que bajo la mediación de las Naciones Uni-das y la Conferencia Episcopal, se instala una mesa de diálogo entre el Gobierno y las CONAIE, el cual tuvo la característica de ser televisado en vivo para todo el país, a petición de los pueblos y nacionalidades indí-genas, el cual permitió llegar a un acuerdo entre las partes, que en lo sustancial contempló la derogatoria del Decreto N° 883 y el compromiso de elaborar una nueva propuesta económica, con la participación de los actores sociales movilizados.

Posterior a la derogatoria del Decreto N° 883 y en función del acuerdo suscrito entre la dirigencia indígena y el gobierno, bajo la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, la CONAIE impulsa la conformación de un “Parlamento de los pueblos, Organizaciones y colectivos sociales del Ecuador”, compuesto en principio por 182 orga-nizaciones sociales (aunque se propone ampliar su base social), quienes en un plazo de dos semanas elaboran una “Propuesta al País”, en la cual abordan un amplio campo de temas relevantes para la realidad nacional, y que contraponen a las propuestas del gobierno y el FMI, dibujando un


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país diferente en función de una propuesta propia de desarrollo nacional. Dicha propuesta contempla una “Introducción”, un “Diagnóstico de la situación de la economía ecuatoriana”, y una sección final con “Alterna-tivas al modelo económico: Programa económico de reactivación y de economía comunitaria”. A continuación me referiré brevemente a estas secciones.

En la “Introducción” se plantea que esta propuesta se fundamenta en el primer artículo de la Constitución de la República (2008), que define al Estado Ecuatoriano como constitucional, de derechos, y plu-rinacional e intercultural. Amparando el levantamiento indígena en el artículo 98 que reconoce el derecho a la resistencia, por lo cual todas las acciones emprendidas y sus demandas son legítimas y constitucio-nales. En este sentido, el Estado Plurinacional reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas como sujetos políticos con soberanía propia, a la vez que reconoce los instrumentos internacionales que protegen y garantizan los derechos de los pueblos y nacionalidades. Todo lo ante-rior se constituye en la base jurídica y política que les permite dialogar con el gobierno nacional, a la vez que salvaguardar sus territorios de la violencia y la represión (Parlamento de los pueblos, Organizaciones y colectivos sociales del Ecuador, 2019).

Se sostiene que “la discusión sobre los combustibles, así como la política económica en general, debe abordarse de manera integral, en función de la realidad del país y de la situación de los más pobres, y por fuera de toda prescripción normativa del FMI” (Parlamento de los pue-blos, Organizaciones y colectivos sociales del Ecuador, 2019, p. 2). A la vez que denuncia la manipulación mediática del gobierno en relación al déficit fiscal, el que se relacionaría más con la condonación de la deuda al sector privado que con el subsidio a los combustibles. Finalmente se refiere a la falta de un plan de inversión para los recursos que se obten-drían por la eliminación de los subsidios, los que serían utilizados para el gasto corriente.

Se plantea que este proceso de diálogo iniciado con el gobierno “debe ser también una oportunidad para pensar en el país que queremos…[ya


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que] la política económica, incluida aquella de los subsidios, no puede estar separada de la discusión del modelo económico del cual forma parte” (Parlamento de los pueblos, Organizaciones y colectivos sociales del Ecuador, 2019, p.3), y reafirman que el modelo económico actual-mente plasmado en la Constitución es de tipo plurinacional y orientado al Sumak Kawsay, por el cual “nosotros entendemos todas las condiciones sociales, institucionales y productivas que permitan generar bienestar para todos y todas en condiciones de justicia social, equidad, redistri-bución y respeto a los derechos de la naturaleza, derechos colectivos y derechos humanos” (Parlamento de los pueblos, Organizaciones y colectivos sociales del Ecuador, 2019, p.4). Por todo lo anterior, se plan-tea que la discusión sobre los combustibles fósiles “debe enmarcarse en una estrategia de largo plazo que busque la transición energética hacia energías limpias y que mitiguen los efectos del calentamiento global en una realidad pos-extractivista” (Parlamento de los pueblos, Organiza-ciones y colectivos sociales del Ecuador, 2019, p. 4).

En el “Diagnóstico de la Situación de la Economía Ecuatoriana”, se plantean varios indicadores que dan cuenta de una situación alarmante derivada de las políticas económicas de los gobiernos nacionales, lo que se podría agravar más, incluso llegando a una “crisis sistémica”, en el caso de que se aprueben las reformas planteadas en el marco del acuerdo con el FMI. Por lo anterior indican que:

…se necesita de otra visión que nos permita recuperarnos como

sociedad y reivindicar el sentido de la política económica para

generar empleo, equidad y justicia social. Desde esa otra visión,

consideramos que la economía no puede ser un objetivo en sí misma,

sino un instrumento para generar bienestar en un ambiente de paz.

Consideramos que no se puede sacrificar a la sociedad para cumplir

con indicadores de crecimiento económico sin equidad y sin respeto

a los derechos laborales y de la naturaleza. (Parlamento de los pue-

blos, Organizaciones y colectivos sociales del Ecuador, 2019, pp. 5-6)


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Finalmente sostienen que:

…el sistema capitalista y las dinámicas de un desarrollismo sin freno

depredan la naturaleza y fragmentan a las sociedades, y que la crisis

global, como aquella que se produjo en el año 2008 en Estados Unidos

y Europa, fracturan al Estado de Bienestar, por lo que es fundamental

un cambio de perspectiva civilizatoria. (Parlamento de los pueblos,

Organizaciones y colectivos sociales del Ecuador, 2019, p. 6)

Por último, en la sección “Alternativas al modelo económico: Pro-grama económico de reactivación y de economía comunitaria”, plantean que se debe asumir a la economía desde un Estado Plurinacional y desde un Estado de Derechos y Justicia, según manda la Constitución del 2008. Y en este contexto, se debe comprender:

…al sistema económico como un sistema complejo y en el cual los

principios de relacionalidad inherentes a la cosmovisión indígena,

son importantes para una transición desde una visión capitalista y

orientada exclusivamente en el crecimiento económico, hacia una

nueva forma de relación entre la sociedad, la naturaleza y la produc-

ción, de tal manera que se puedan mitigar de forma real los efectos

del calentamiento global y se pueda detener la pérdida de biodiver-

sidad. Una comprensión desde la complejidad y la relacionalidad nos

permitirá elaborar políticas públicas más coherentes, más éticas y

humanas. También nos permite comprender que hay otras institu-

ciones económicas como la reciprocidad o la complementariedad, y

sobre todo una economía comunitaria. (Parlamento de los pueblos,

Organizaciones y colectivos sociales del Ecuador, 2019, p. 7)

A partir de lo anterior, sostiene que la política económica debe permitir poner en práctica los contenidos de la Constitución del 2008, específicamente los siguientes:


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…la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la democrati-

zación en el acceso al uso de la tierra, el carácter social y solidario

del sistema económico y el reconocimiento del ser humano como

sujeto y fin, la armonía del sistema económico con la naturaleza

para permitir el Buen Vivir, la redistribución del ingreso, la garan-

tía del pleno empleo, la lucha contra el desempleo y subempleo y

el respeto de los derechos laborales, los principios de generalidad,

progresividad, eficiencia, equidad y transparencia para el régimen

tributario, la responsabilidad intergeneracional para la conservación

de la naturaleza, el agua como derecho humano y como patrimonio

nacional estratégico, la prohibición de toda forma de precarización y

tercerización laboral, el acceso equitativo a los factores de producción,

el sistema integral de protección a todos los ciudadanos, el derecho

a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la

vivienda, el derecho a la ciudad, la soberanía sobre la biodiversidad,

y la prohibición de toda forma de extractivismo en áreas protegidas.

(Parlamento de los pueblos, Organizaciones y colectivos sociales del

Ecuador, 2019, p. 8)

Y a continuación platean un conjunto de propuestas específicas en materia de política fiscal, política monetaria, política crediticia, políticas sectoriales, y política pública de derechos sociales. Las cuales no serán abordadas, en tanto no constituyen el objeto del presente artículo.

A Modo de Cierre…

Como se ha podido observar, el alzamiento indígena ocurrido en Ecuador en octubre del 2019, sólo puede ser entendido en función de un debate mayor relacionado con la crisis civilizatoria, con el fracaso de la ideo-logía y práctica del desarrollo, y con las diversas luchas anticapitalistas y anticolonialistas que desde diversos lugares de nuestra américa se


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están librando, sin duda con muchos costos humanos, pero también con muchos horizontes de futuro.

Es decir, el levantamiento indígena de octubre del 2019 puede ser considerado como la actualización de las luchas ancestrales de los pueblos indígenas de América Latina, que llevan adelante desde hace más de 500 años, en busca de la recuperación de su historicidad y de la defensa de su territorialidad.

Estas luchas nos hablan sobre otros mundos posibles, sobre la nece-sidad de construir proyectos de futuro para nuestros pueblos, sobre la necesidad de superar el binomio capitalismo/colonialismo, y por sobre todo la necesidad de transformar la economía política de la verdad que nos impide interculturalizar nuestros debates y proyectos colectivos, a partir del reconocimiento de la pluralidad de saberes y de la pluralidad de actores sociales que nos constituyen como lo que somos, como pue-blos de Abya-Yala.

Y en este sentido, desde una psicología política latinoamericana, estos desafíos nos interpelan y cuestionan profundamente, ya que nos llaman a sumarnos al debate y a las prácticas de transformación social que los pueblos y nacionalidades están protagonizando, desde el acom-pañamiento comprometido, desde unas teorías de retaguardia y desde la articulación político-epistémica como horizonte disciplinar.

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Mutua desconfianza. Las elecciones de 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia

María Lily Maric1

Resumen

El presente trabajo busca, a través de las representaciones sociales, comprender las razones por las que el Estado Plurinacional de Bolivia hoy confronta una grave crisis política como resultado de las elecciones realizadas el 20 de octubre de 2019. Se postula que la base de esta crisis son las visiones de país, diversas como diversa es su población.

Palabras claves: Evo Morales, cocaleros, Santa Cruz, democracia, izquierda, derecha.

La mente es todo, te convierte en lo que crees

Buda

1 Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia.


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Pese al intenso sol del mediodía, frente al campo ferial Chuquiago Marka de la ciudad de La Paz, una multitudinaria concentración con-formada por ciudadanos de todas las clases sociales, se reúne para participar del cabildo convocado por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). El propósito es reclamar por el supuesto fraude de las elecciones realizadas el 20 de octubre, que dio a Evo Morales la posibilidad de ser presidente del Estado Plurinacional de Bolivia por 4ta. vez. Los asistentes corean: “fraude escandaloso”. En la testera, Carlos Mesa, ex presidente de Bolivia y candidato por Comunidad Ciudadana en estas elecciones, tildaba en el cabildo como: “vergüenza para el país”, al tribunal electoral.

No muy lejos de ahí, a sólo unos pocos kilómetros, esta vez en la emblemática plaza San Francisco, comienzan a reunirse miles de campe-sinos ligados a organizaciones sociales afines al MAS. Éstos, engrosados por empleados públicos y mineros parecen no fatigarse, aunque, muchos de ellos portan en su cabeza sus clásicos guardatojos que incrementa la temperatura existente. Su objetivo es asistir a la primera convocatoria para la defensa del denominado “proceso de cambio”. Los dirigentes campesinos advierten que están dispuestos a usar armas y chicotes para enfrentar a aquellos que manifiesten que el Tribunal Supremo Electoral hizo fraude. Figuras de Evo, con el puño izquierdo levantado, caracterizan las pancartas que se enarbolan en la marcha. “Evo es el único. Es nuestro Fidel Castro con todo orgullo”, decía Eusebio Salazar, un maestro rural.

Y es que tras haber mantenido congelado el sistema de conteo rápido alrededor de 24 horas, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE), actualizó por sorpresa los datos dando una estrecha victoria a Evo Mora-les. Los datos ofrecidos por el TSE tras el paro de 24 horas, a decir de la OEA, presentaba un “cambio inexplicable de tendencia que modificaba drásticamente el destino de la elección y generaba pérdida de confianza en el proceso electoral”.


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Ilustración 1. Dos imágenes de una sola ciudad. Las concentraciones del MAS y del Cabildo por la Democracia

Fuente: tomado de https://eldeber.com.bo/154865_el-cabildo-por-la-democracia-y-los-afines-al-mas-en-una-pulseada-con-la-paz-como-sede

Al día siguiente de las elecciones, el lunes 21 de octubre, cuando la presidenta del Tribunal Electoral presentaba los resultados preliminares convirtiendo virtualmente a Evo Morales en presidente hasta el 2025, no se percataba que estaba, al mismo tiempo, lanzando a las calles a miles de ciudadanos enfurecidos que se apostaban frente a decenas de efectivos policiales al grito de: “Evo, Evo, cuidado el pueblo esta emputado”. Las personas movían contenedores de basura como instrumentos para cerrar las calles, demostrando así su rechazo a los resultados de la contienda electoral y el poco respeto que se tuvo a la democracia.

Las manifestaciones de rechazo continuaron las semanas siguien-tes a los comicios, cobrando fuerza, no sólo en La Paz, sino en los otros departamentos de Bolivia. Así Santa Cruz declaró paro indefinido y blo-queos pacíficos en la ciudad, paro que persiste por más de dos semanas. Situación similar se vive en Pando, Cochabamba Oruro, Sucre y Tarija. En Beni, una estatua del exmandatario venezolano Hugo Chávez, que Evo Morales inauguró en 2013, fue derribada al son de: “No, no, no. No me da la gana, vivir en dictadura como la venezolana”.

https://eldeber.com.bo/154865_el-cabildo-por-la-democracia-y-los-afines-al-mas-en-una-pulseada-con-la-paz-como-sede

https://eldeber.com.bo/154865_el-cabildo-por-la-democracia-y-los-afines-al-mas-en-una-pulseada-con-la-paz-como-sede


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Las peleas han causado decenas de heridos por pedradas y golpes, algunos de ellos graves. El miércoles 30 se conoció la muerte de dos par-tidarios de la oposición a Evo Morales, primeras víctimas mortales de los choques que se producen diariamente en el país desde que se conocieran los resultados de las elecciones. Este número se va incrementando día a día e implica una escalada de violencia política que convulsiona a Bolivia.

Si bien ahora, el gobierno aceptó que la OEA y una treintena de espe-cialistas internacionales verifiquen los cómputos y valúen la cadena de custodia del voto y otros aspectos del proceso electoral, la situación no parece modificarse pues gran parte de la población boliviana desconfía de la transparencia de esta auditoría.

Bolivia es un país diverso aunque se lo concibe como un todo. Para entenderlo es preciso reconocerlo como un territorio donde conviven pueblos con visiones diferentes de vida. El Estado Plurinacional de Bolivia debe su nombre al reconocimiento de la existencia de varias naciones. El censo del 2012 muestra una Bolivia donde el 58 % mayor de 15 años dice no pertenecer a ninguno de los 36 pueblos indígenas reconocidos por la Constitución Política del Estado, mientras que el 42% restante, manifiesta ser parte de alguna de ellas (los pueblos indígenas de tierras altas son la mayoría de esta población). Estos datos explican por sí mis-mos las miradas divididas que se tienen en el país, donde cada pueblo tiene su propia visión, su propia representación del mundo que le rodea.

La mente, escribe Noah Harari (2018), se construye como un todo; nosotros somos eso: el pensamiento del todo o sea, la vida, se encuentra ahí, en la mente de las personas, en la forma cómo perciben el mundo y cómo la representan, todo se reúne en la cabeza: experiencias, vivencias, emociones etc. Esto llevó a Moscovici, S. (1985), a interesarse en el estudio de las Representaciones Sociales, calificándolas como modalidades de conocimiento socialmente construidos que ofrecen una “versión” de la realidad sobre y con la cual actuar. La Representación Social, es el pen-samiento práctico y sociocéntrico puesto al servicio de la satisfacción y justificación de las necesidades, intereses y valores del grupo que la pro-duce; hace que los seres humanos organicen su percepción e interpreten


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sus experiencias. Las Representaciones Sociales, son palabras o imágenes “clave” que condensan, orientan y otorgan sentido a las prácticas sociales que los actores desarrollan en relación con ellas, más aún, no sólo dan sentido a las prácticas sociales de los actores, sino que específicamente las Representaciones Sociales, hacen posible el accionar de los grupos.

Las Representaciones Sociales, permiten comprender por qué aconteci-mientos que para una parte de la población son vitales, como la democracia y el cumplimiento a la Constitución, no parecen ser importantes para otra. Es a través de las Representaciones Sociales que podemos explicar porqué a una parte de la población boliviana, no parece afectarle el incumplimiento de la Constitución, por ejemplo, la Constitución del año 2008, redactada bajo la presidencia de Evo Morales, especificaba que las autoridades gubernamentales podían ser electas sólo por dos periodos consecutivos, para unos el primer gobierno de Evo Morales era el 2006, pero las organizaciones sociales del MAS, envalentonadas por el fuerte apoyo que gozaban en los pueblos indígenas, comenzaron a señalar que el primer gobierno de Evo era el 2010, pues la anterior quedaba nula y no debía ser contabilizada, dado que se dio bajo otro régimen constitu-cional que correspondía a una Constitución diferente, según ellos era la Constitución de un país que no los representaba.

La visión de esa parte de la población boliviana que refería estar frente a la construcción de un país nuevo que, por primera vez albergaba a todos, enfrentaba la visión de la otra parte de la población que conside-raba que Bolivia era el mismo país fundado en 1825 y que la Constitución sólo tuvo modificaciones siendo una continuación de aquella escrita por los libertadores de la patria, en la que se defendía la alternancia en el gobierno como núcleo central de la democracia. Estas percepciones diferentes ocasionaron múltiples episodios de violencia entre oficialistas y opositores. Finalmente, la comisión que redactó la Constitución de 2008 entre los últimos y más discutidos ajustes, casi en la clandestini-dad, acordó que, el primer mandato de Evo Morales, no sería tomado en cuenta y que podía presentarse para la gestión 2010-2014, contando ésta como primera gestión. “Se ha realizado la refundación del Estado


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como un Estado Plurinacional y esa refundación ha generado una nueva Constitución Política del Estado que contempla un nuevo orden”, senten-ció el Tribunal Constitucional en aquella oportunidad dando vía libre a una nueva postulación de Morales y no computando su anterior gestión.

Los resultados de esta contienda electoral dieron al MAS una amplia victoria sobre su principal oponente y se entabló en el país un periodo de relativa tranquilidad, con elevado crecimiento del PIB, debido sobre todo a la subida de precios del gas a nivel internacional. Para los comi-cios del periodo 2015-2019, Morales se presentó en lo que, de acuerdo a la Constitución elaborada el 2008, debería ser su segunda y última ges-tión. El MAS gana entonces con un margen aún más alto que la primera vez, lo que le otorga dos tercios del parlamento, pero… a inicios de su nueva gestión, el 2016, los movimientos sociales afines al MAS buscan modificar el punto referente a elecciones en la Constitución de manera que permita una tercera gestión. Para este fin, el gobierno de Morales llama el 21 de febrero (21F) de 2016 a un referéndum para elegir, si se acepta o no, una modificación a la Constitución que le otorgaría el dere-cho a una tercera repostulación. Los resultados arrojan como ganador al NO. O sea, la población boliviana rechaza la posibilidad de modificar la Constitución para una tercera gestión. Sin embargo, Morales apela al Tribunal Constitucional y bajo el argumento que se estaría atentando contra sus derechos humanos, logra una cuestionada autorización para postularse por 3era vez (o cuarta, depende cómo se vea), que sería entre 2020 y el 2025. El hecho de que se haya ignorado los resultados del 21F, no sólo fue rechazado por gran parte de la población boliviana, sino que fue percibido como una falta de respeto al país, a su Constitución y un atentado a las normas de juego establecidas, generando una pérdida de credibilidad importante en la democracia boliviana y sus instituciones y, a decir de Mayorga (2019), modifica de manera sustancial el escenario en el cual se toman las decisiones.

Las Representaciones Sociales, escribía Cardenas (2007), están determinadas por la circulación de la información al interior de los grupos, sobre todo en las comunicaciones informales de sus miembros;


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presentan por ello un carácter dinámico y diverso que permite, a través del proceso de reconstrucción de los objetos sociales, justificar las acciones del grupo. Esto explica la aparición de un descontento en la población que va modificando la representación de Evo Morales, no obstante que las elecciones del 2019 llegan en una situación de boom económico que podría haber facilitado el aceptar una 4ta elección, los hechos se dieron de manera diferente.

Entre lo que marcó la elección de octubre de 2019, esta que el Evo Morales representado como un líder carismático, neopopulista, con una imagen simbólica de mesías indígena. La inauguración de su primer mandato no fue en el Palacio de Gobierno, como siempre se hacía, fue realizado con todo el boato inca en la ruinas de Tihahuanku, buscando que la población asocie al líder con la idea del Inkarri, simbolismo que, para los pueblos indígenas de tierras altas, representa el elegido, aquel cuyo retorno se espera, aquel que plantea la esperanza de reconstitu-ción del Tahuantinsuyo tras su destrucción política e institucional en el siglo XVI (Ortiz, 1973). Esta creación de representación mesiánica de Morales no fue la única, también se tuvo cuidado en asociarla a la ideo-logía sostenida por la izquierda. Así, lo mostró como aquel que defiende la soberanía nacional, aquel que recupera la nación del “Imperio” y le devuelve su soberanía.

No debemos olvidar que fueron la «defensa de la hoja de coca», junto con la denuncia de la intervención estadounidense, los factores que determinaron una estructuración del campo político boliviano, a decir de Steffanoni (2010), mostraba un apoyo instrumental de los cocaleros (pequeños propietarios rurales con cierta movilidad social) a una izquierda percibida como opuesta al «Imperio» que los acosaba. Los productores de coca, grupo de pertenencia de Evo Morales, buscaron durante mucho tiempo obtener un instrumento político que les permitiese un accionar en el terreno de la política nacional y defender así su producción de coca y su visión de soberanía, mismas que era fuertemente combatida por los grupos de poder nacionales y por los Estados Unidos de Norteamérica. En esta búsqueda de un instrumento político, los cocaleros hicieron varios


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intentos y alianzas fallidas con partidos de izquierda, finalmente crearon una organización denominada Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (ISPS), pero el trámite de registro fue rechazado por la Corte Nacional Electoral; entonces se hizo un convenio con un pequeño partido, el MAS (Movimiento al Socialismo), que les cedió incondicio-nalmente su personería jurídica. Con el nombre del MAS ganaron las elecciones municipales de diciembre de ese año en los municipios del trópico y se presentaron en las elecciones generales de 2002, en la que obtuvieron ocho senadurías, catorce diputaciones uninominales, trece plurinominales y un notable segundo lugar general con 20,94% de los votos nacionales. En las elecciones municipales de 2004 lograron un primer lugar en todo el país: 18,2% de los votos, más de cuatrocientas concejalías en la mayoría de los más de trescientos municipios. Estos resultados eran indicios de una representación de país diferente, que si antes no fue visibilizada, era por no contar con un instrumento que les permita jugar en el campo político.

Entre los principios de este nuevo instrumento político se podía notar ya una forma diferente de la democracia liberal utilizada en Bolivia. Así puede leerse en los principios del Movimiento al Socialismo (MAS), su profunda convicción en el desarrollo de una Democracia Comunitaria, de consenso y participativa. Democracia que debía contar con mecanismos políticos que constituyesen canales de vinculació n entre el gobierno y todos los sectores populares […] reconocía de esta forma, la existencia en el campo político de sectores como los campesinos que habían sido marginados de las decisiones políticas del país.

Otro principio a recalcar de este nuevo partido político que acababa de nacer, era aquel que dice: Se rechaza toda forma de penetración o sojuzgamiento imperialista (ejemplo ALCA) que pretende ejercer dominio sobre la voluntad del pueblo boliviano, el Estado Nacional y sobre las riquezas y el destino de la República […] En resumen, la historia de la formación del MAS, llevo a decir a Stefanoni (2010) que los interesados en investigar el espinoso objeto de la ideología del MAS suelen toparse con la misma respuesta: «en el MAS hay una corriente marxista, una corriente


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indianista y una corriente proveniente de la Teología de la Liberación”. Estamos frente a aquello que Moira Suazo denomina la “ruralización» de la política boliviana y que tendría su momentum en el triunfo de Evo Morales en las elecciones presidenciales del 18 de diciembre de 2005, con casi 54% de los votos. Esta representación se introduce en la mente de los bolivianos que empiezan a ver, a través del gobierno de Morales, la cara indígena de Bolivia.

Pero lo que aún falta analizar es que las Representaciones Sociales se modifican y la imagen de Evo Morales que se tenía al inicio de su primera gestión, cambió, no sólo por sus reiteradas postulaciones —aunque valga decirlo es la más importante— sino también por otros desaciertos en los que incurrió el gobierno, como ser la promulgación del decreto 3973 que autoriza las “quemas controladas” en los departamentos de Santa Cruz, y cuyo mal manejo ocasionó la pérdida de 5 millones de hectáreas de bosque seco así como la de varias especies de animales, creando un sentimiento de fuerte pesar en la población boliviana, sentimiento que se incrementó, dado que, fue ocasionado por leyes decretadas por el defensor de la Pachamama o madre tierra y, lo que menos se esperaba, es que fuera este quien autorice la quema del bosque seco del oriente con el fin de dotar tierras a los indígenas de tierras altas. Otros hechos también colaboraron a que parte de la población que antes lo seguía, empiece a cambiar su representación del líder. Aquel presidente que representaba a la gente olvidada, a la gente luchadora, a los pueblos humildes, era ahora mirado como una persona soberbia, con una vida de boato, llegándose a percibir que estaba despilfarrando el dinero del pueblo en lujos innecesarios, como el hecho de construirse un museo en su lugar de nacimiento, o la nueva Casa del Pueblo, nombre que para unos es una parafernalia de exquisiteces que parece una burla; pero para otros, para aquellos que comparten la otra visión, la obra los llena de orgullo, así, Hernán Apaza, señalaba en su Twitter, “la obra es impresionante, vi unos cuantos opositores ver boquiabiertos esta gran obra. EvoEsDemocracia”.


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Ilustración 2. Vista de la casa del pueblo en una noche paceña

Fuente: tomado de La casa grande del pueblo by Power Director, cyber link.

Cuando analizamos un hecho social a partir de las Representaciones Sociales, el análisis del comportamiento del líder es importante, se cons-tituye en modelo mental para el grupo. Van Dijk (2003) señala que, los modelos mentales son el elemento que vincula lo social con lo personal y los elementos cognitivos con las prácticas sociales. En consecuencia, el modelo mental representado en el líder es importante a la hora de aglutinar la población. Cuando el modelo ya no produce confianza, se debilita la identidad colectiva y las personas tornan la mirada en busca de otro modelo que les genere una autocategorización positiva

Evo ganó cuando se lo percibía como una persona humilde, defensora de la soberanía de Bolivia ante el Imperio americano, pero ahora esta representación, por lo menos en parte de la población boliviana parece haberse modificado. Así, en el inmenso cabildo que se desarrolló en la ciudad de La Paz la noche del jueves 31 de octubre, sus principales ora-dores manifestaron que fueron engañados por un Evo Morales arrogante, que se decía defensor de la soberanía pero que no dudo en entregar el país a los rusos y a los chinos.

La figura del líder es más importante aún en situaciones de conflicto, por eso sus ministros buscan recuperar la Representación Social que existía sobre él, y sin vacilar señalan que los conflictos que se dan en el país, son ocasionados por grupos racistas que desprecian a los indios y no soportan que un indio los dirija. Califican a los opositores al gobierno,


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como dirigentes de grupos racistas que en contubernio con el “Imperio” americano, no acepta un presidente indígena. Estos argumentos, ocasio-nan una subida de sentimientos de malestar y odio no sólo entre regiones sino también entre grupos étnicos. Estas representaciones que muchas veces son utilizadas a la ligera, pueden ser detonantes peligrosos que destruyan la unidad nacional. La realidad es que Bolivia es un estado diverso, donde la sobrevivencia de sus grupos está relacionada con mode-los económicos diferentes y donde es preciso reconocer al „otro“ para poder existir como „nosotros“. En Bolivia, una parte de su sociedad basa su existencia en la economía de libre mercado y tienen miedo a que se copie el modelo cubano o venezolano, cuyos líderes inamovibles alteren el o los modelos económicos poniendo en peligro la sobrevivencia de los habitantes… Este miedo puede percibirse en los bloqueos diarios y en las continuas confrontaciones que día tras día y noche tras noche, se vienen suscitando en el país.

La disputa que presenta la sociedad boliviana frente a las elecciones del 20 de octubre, es como menciona Fernando Mayorga, algo muy impor-tante y de fondo que puede marcar el derrotero de la próxima gestión gubernamental. Bolivia enfrenta una disputa entre visión indígena y visión citadina de la democracia, así como una disputa entre democra-tización social, representada por „justicia e igualdad,“ enarbolada por grupos afines al MAS y democracia política representada por “libertad y alternancia”, enarbolada por la oposición.

Hoy todos estos valores son concebidos como contrapuestos y, el sis-tema electoral que era garantía de buena convivencia, con los resultados percibos como fraudulentos y la duda generada por la auditoria que inicia la OeA, se convierten en detonante peligroso para la estabilidad del país.

No podemos dejar de señalar que el silencio generado en el recuento de votos y la mínima diferencia que arrojaron los datos oficiales, gene-raron, susceptibilidades y desconfianza en el sistema de gobierno, en sus instituciones y lo más grave, permitieron el retorno a rencillas que se suponían estaban superadas. Hoy las visiones de país están confron-tadas. Y aun cuando a regañadientes se termine aceptando la victoria


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de uno u otro lado, lo que no podemos negar es que estamos frente a valores contrapuestos, valores que son importantes para los grupos que la sostienen y que están encarnados en la demanda de “Evo para una nueva gestión” sostenida para una parte de la nación y, en “Evo no va más” para la otra parte. De no aceptar esta diferencia de visiones y tratar de construir un país basado en la aceptación del otro, la situación de Bolivia será siempre conflictiva, cuando en lugar de conflicto podría encontrar riqueza en su diversidad.

Referencias

Cárdenas, M., Parra, L., Picón, J., Pineda, H., & Rojas, R. (2007). Las repre-

sentaciones sociales de la política y la democracia. Última Década,

15(26), 53-78.

Harari, N., Y. (2018). De animales a dioses-15ava edición. Debate. Buenos

Aires. Argentina.

Mayorga, F. (2019). Mandato y contingencia, Estilo de gobierno de Evo Morales.

La Paz, Bolivia: Fundación Friedrich Ebert (FES).

Moscovici, S. (1985). Psicología social. Barcelona, España: Paidos.

Ortiz, A. (1973). Inkarri. Lima, Peru: Revista Educación MINEDU.

Stefanoni, P. (2010, enero-febrero). Bolivia después de las elecciones: ¿a dónde

va el evismo? Nueva Sociedad, Coyuntura. Recuperado de: https://nuso.

org/articulo/bolivia-despues-de-las-elecciones-a-donde-va-el-evismo/

Van Dijk, T. (1980). Algunas notas sobre la ideología y la teoría del discurso.

Revista Semiosis, 5, 37-53.

https://nuso.org/articulo/bolivia-despues-de-las-elecciones-a-donde-va-el-evismo/

https://nuso.org/articulo/bolivia-despues-de-las-elecciones-a-donde-va-el-evismo/

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Colombia, noviembre 2019. Análisis y propuestas de un momento de

movilizaciones públicas y sociales

Nelson Molina Valencia1

Advertencias:

(1). Este texto no es para quien esté acostumbrado a leer los exten-

sos mensajes de un Tweet o los sincréticos y profundos memes. Es

un texto para quienes tienen tiempo para perder en la ref lexión,

el silencio, y si es posible, la palabra posterior.

(2). No es un diagnóstico más de este país, es una propuesta que

ojalá llegue a las manos correctas.

En contra de mi voluntad de hace casi dos años —no de la actual— falté a mi propósito de estar en Facebook y en especial de decir algo. Hace algunas semanas he vuelto a postear publicaciones ajenas por considerar-las relevantes y porque desmienten con la contundencia del tiempo y los acontecimientos, el amplio conjunto de diatribas dirigidas al proceso de

1 Universidad del Valle, Colombia.


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paz en Colombia y la inclusión social. Una de ellas fue el 24 de noviembre de 2019 cuando la red social me sugirió un recuerdo de tres años atrás, fecha precisa en la que se firmaron los acuerdos de La Habana en el Teatro Colón de Bogotá. En aquella ocasión escribí “Bienvenida PAZ. ¡Que las FARC sean elegibles no significa que serán elegidos! Diálogo”. Al día de hoy, los excombatientes de las FARC se han presentado a elecciones y sólo uno de ellos fue elegido para una alcaldía en un municipio del Magda-lena y en una lista que no era de la Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común. Ni el país se vendió a las FARC, ni se le entregaron todos los privilegios para que gobernara, ni se excluyó a las personas del Partido de las oportunidades de reincorporación y participación política ¡Cuánto me alegró encontrarme con mi publicación de hace tres años y más aún tres días posteriores al paro que ha movido como placa tectónica con sus réplicas, la inercia del país! En pocas palabras el país no es como lo pintan, las emociones de cada momento rigen la acción inmediata, y las comprensiones de futuro no responden en vía directa al contagio emo-cional, ni tampoco por necesidad a un conjunto amplio de condiciones.

A casi una semana del inicio de movilizaciones de protesta en Colombia orientadas a diversos asuntos de interés colectivo, mi lectura como ciudadano es por la garantía de los Derechos de Todos, para Todas las personas sin distingo legal o de grupo. He aprendido de las historias efectivas y bellas de resistencia (Buenaventura, 2016; Molina, 2006; Samper, 2002), que ésta es una forma de acción que alcanza su mayor poder cuando es creativa porque sólo de esta manera logra vincular a quienes con escepticismo la miran desde cualquier dispositivo para comprender que se trata de una causa que les interpela. El propósito no es sólo hacerse visible —¡Que ya es bastante!—, también es lograr los objetivos y que los resultados sean vinculantes para todos sin haber puesto en riesgo aquello que ya ha hecho que el otro sea digno; y para esto es necesaria la creatividad, la salvaguarda de derechos y una estética de lo bello (sólo una estética de lo bello puede desarticular el atroz paisaje de la violencia, la exclusión, la muerte, la desolación o la destrucción —ya son muchas palabras para lo atroz—) (Barrero, 2011). Así expreso lo que

Colombia, noviembre 2019. Análisis y propuestas de un momento de movilizaciones públicas y sociales

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como ciudadano de este país deseo y por lo cual me sumo a la acción a través de la educación cada día y la búsqueda siempre constante de la solidaridad, el respeto, la inclusión y el reconocimiento.

Sin embargo, como profesional, este conjunto de principios se amplía. No obstante, me doy cuenta de algunas intensidades diferentes entre lo personal y lo profesional cuando requiero tomar distancia para salir del ímpetu de la ola emocional que circula llena de palabras, matices, efectos, fuerzas, lugares, actores, por decir lo menos. En medio de los acontecimientos de estos días, y como parte de una perspectiva analítica desde la psicología política, así como desde una política de la psicología, desarrollo este documento, con el ánimo de aportar al diálogo y no a la polarización. Se trata de ideas sustentadas en análisis que por extensión y sentido del texto no quedan todas expuestas en estas líneas, pero que con gusto podemos conversar en los escenarios de encuentro que sean posibles.

2 Dilan Cruz Medina fue un estudiante de bachillerato colombiano asesinado por el ESMAD mientras marchaba en el marco de las protestas en Colombia de 2019, pidiendo por el acceso a la educación, véase: https://es.wikipedia.org/wiki/Dilan_Cruz

Queremos que esto que pasó con Dylan no sea para más disturbios,

queremos que esto sea un detonante para acabar con la violencia,

con todo lo malo que pasa en el país. Pedimos paz. Él luchaba por

sus derechos. Como todos, Dylan quiere la paz. (Familia de Dylan

pide que no haya más disturbios, 2019, párr. 6)2

Estas son las palabras de la hermana del joven que murió como con-secuencia del disparo de un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Palabras que siempre escucharemos o leeremos de las personas que se han afectado por la violencia en este país. Para mi sorpresa es un llamado que comulga, por usar una sacra expresión, con el propósito de las protestas que piden ser escuchadas para dialogar. El mismo argumento esgrime el Estado. Y entonces nos preguntaremos por cuál es el problema. Justamente

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuadr%C3%B3n_M%C3%B3vil_Antidisturbios

https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Colombia_de_2019

https://es.wikipedia.org/wiki/Dilan_Cruz


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ese es el problema, que no comprendemos el significado pragmático ni ético de la expresión escuchar y en extensión dialogar3 (Fernández, 2016). La escucha, así como la conversación, surge del reconocimiento que el otro está diciendo algo que no sé, y por consiguiente me obligo a conocerlo. Si la demanda es ser escuchados, venga de donde venga, la respuesta, surja de donde surja, debe ser la escucha, la reflexión y por consiguiente la posible movilidad del punto de inicio. Esto es lo que he aprendido en más de 20 años de ejercicio profesional de la psicología y de la educación; escuchar supone la presunción de no tener la razón y de movilizar mi posición si en la del otro encuentro alguna que sea éticamente más completa. Me preguntarán por cuál es esa ética más completa, y de forma rápida y sencilla respondo: aquella que propenda por el bien del otro, el mío, de lo otro y no suponga el detrimento de las condiciones previas de dignidad.

Los manifestantes piden ser escuchados de la misma forma que el gobierno; la hermana de Dylan pide lo mismo para detener la violencia como figura presente de una tragedia que se actualiza como el peor virus mutante. Y yo también a través de estas palabras quiero ser escuchado. Es preciso que transformemos nuestras prácticas de verdad en prácticas de reflexión y transformación compartida. Me aterra que ante la dife-rencia de posiciones entre dos o más actores la respuesta más común es endilgarse una posición mejor y no diferente. No todas las diferencias conducen a efectos trágicos lo cual también debemos considerar. Si bien el acuerdo no es el resultado más sencillo, tampoco que lo busquemos como propósito inicial, sí es importante el reconocimiento de la diver-sidad que en la historia ha hecho posible la paz, la convivencia. No en vano Jean Paul Lederach (2007) define la convivencia como la armoni-zación de las diferencias, pero para ello se requieren importantes gestos de generosidad, aprendizaje, reconocimiento e incluso ignorancia. Me

3 Para este tema la referencia a Juan Pablo Aranguren en Colombia es obligada. El investigador de la Universidad de Los Andes adelanta un trabajo referido a la ética de la escucha que puede conocerse en https://laeticadelaescucha.uniandes.edu.co/la-etica-la-escucha/

https://laeticadelaescucha.uniandes.edu.co/la-etica-la-escucha/

https://laeticadelaescucha.uniandes.edu.co/la-etica-la-escucha/


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asustan, con las distancias que eso produce, las posiciones que emergen gradualmente como verdaderas que de forma dogmática no se transforman y se convierten en columnas italianas de formas regias, porque ese es el origen del autoritarismo, base de la exclusión entre otras consecuencias. Es momento de escuchar. Escuchar y actuar distinto. Es momento que nuestras teorías de resistencia al cambio salgan de las gerencias multina-cionales a las calles o balcones de las cacerolas. Es momento de transformar generativamente y no sólo de hacernos escuchar (Fried, 2008; Higuera, Orozco & Molina, 2011). Si no hay movimiento no ha habido escucha, sólo habrá existido ruido. Si las protestas se fundan en el reconocimiento del empoderamiento colectivo, es preciso demostrarlo en todos los niveles y no sólo como maestros que ponen tareas a sus alumnos, transfiriendo al Estado la completa responsabilidad de aquello que se demanda. Si se trata de un proyecto colectivo, cuál es el aporte que cada uno de nosotros está dispuesto a hacer. Como en la pirinola: todos ponen.

Los acontecimientos de estos días ponen en evidencia un amplio conjunto de asuntos que deben ser atenidos y transformados. Como pro-fesor en la Universidad me encuentro con una diversidad del país, que existe de la misma forma en todos los espacios educativos. Sin embargo, destaco la forma en como son, o somos tratados quienes circulamos a diario por este tipo de instituciones públicas que por estatales son de todos y por consiguiente deberían ser el lugar al que todos aspiramos llegar, debemos respetar y construir para cada vez más ciudadanos y generaciones. Sin embargo, es frecuente escuchar o leer contenidos que la refieren como lugar residual, violento, para quien no puede pagar más por su formación; sin lugar a dudas un conjunto de imprecisiones. El estigma de violencia que se cierne sobre la universidad pública o de un segmento de lateralidad política es sólo parte de un chivo expiatorio que indica parte de las contradicciones que tenemos como sociedad. Es innegable que desde el espacio universitario surjan acciones de diverso tipo que en medio de la diversidad no siempre cuentan con el agrado de sectores de la comunidad. No obstante, la experiencia de estas institu-ciones es que lideramos la formación superior de calidad en el país y que,


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a pesar de las limitaciones, en algunos casos disponemos de recursos para la investigación más amplios que aquellos que ofertan instituciones del Estado. Lo que quiero decir, es que la universidad pública como todo espacio nacional es lugar que pone en evidencia los conflictos sociales del país, pero no sólo por lo que sucede en ella, sino también por lo que se hace derivado de versiones y estigmas provenientes de actores externos a la Universidad. No he olvidado que inicié hablando del amplio conjunto de problemas que debemos atender, y en ello sigo concentrado.

Afirmo que no es sólo en la Universidad pública en donde se evi-dencia el país. La Universidad como institución social en Colombia ha sido escenario de amplios procesos en los setentas y ochentas que vale la pena rescatar y en los que las universidades de carácter privado también estuvieron presentes. He tenido el privilegio otorgado por mis colegas, de dictar clase e interactuar con estudiantes en diferentes espacios edu-cativos de norte a sur y oriente a occidente en el país. Mis observaciones son las mismas en todos los escenarios. Contamos con una juventud que quiere estudiar; que el acceso a la Universidad supone por lo menos una formación ciudadana cualificada que desea transitar a la profesionali-zación perseguida por una vocación; que muchos estudian con crédito y que estar en una institución privada no supone una procedencia socioeconómica privilegiada; que en las aulas de las ciudades alejadas del reificado centro se encuentran personas afectadas por el conflicto, indígenas, excombatientes, hijos de policías y militares e incluso jóvenes quienes reconocen que en su familia ha habido participantes en grupos armados ilegales: todos con una historia que quieren escribir en medio del cambio del escenario. Esta es la fascinación del país complementario al homogéneo que en los discursos reificados cuesta trabajo concebir. Cuando me encuentro con estas situaciones confieso que pienso y pienso para ser pertinente, escucho y en muchos momentos callo. No importa si la universidad es pública o privada, lo que observo es que en ambos escenarios el país vibra. Con abismal asombro leía cómo al menos tres universidades de Bogotá mantuvieron sus puertas abiertas la noche del toque de queda en la capital (Nación,2019), para que los estudiantes


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permanecieran e incluso se les ofrecieron condiciones para su bien-estar; la noche del 22 de noviembre de 2019 en la que se dictaron medidas de encierro obligatorias por orden público luego de muchos años en varias capitales del país. Ese es el país, esos son los gestos de cada sector que siembran transformaciones.

El país que protesta y por el que se protesta es más amplio que las ciudades. Se trata de bienes colectivos que se deben hacer más claros y obvios en el día a día. Cada uno de nosotros/as debe tener la certeza que su vida será respetada en cualquier escenario que se encuentre y que no será perseguido por motivo alguno de ideología, religión, raza, género, educación. Esta idea suena muy bien, pero debe ser aplicada en su completa radicalidad. “Cada uno de nosotros” supone todos. No sólo los miembros del endogrupo excluyendo al exogrupo. La ética debe ser simétrica de la misma forma que la garantía para el disfrute de los dere-chos y de la misma forma que el ejercicio de los deberes. En muchos de esos momentos de silencio luego de escuchar, incluso argumentos con lo que no estaría de acuerdo, me pregunto por el momento íntimo cuando cada gobernante, policía, soldado o líder llega a su casa al lado de sus seres queridos, que aunque cueste creer también los tiene. Me pregunto qué le preguntarán, de qué conversarán y si incluso, no le dirán si ha valido la pena todo lo que ha hecho en el día.

Por estos días comienza a reconocerse el valor de la vida de las per-sonas que toman parte de los cuerpos armados del Estado y no sólo de las personas afectadas por su violencia; y aparece porque también han sido afectados por otras violencias. Esto me ha parecido ejemplificante y emulador. Si nosotros como sociedad podemos comprender que el problema no es el actor sino lo que hace, es probable que el valor de la ética sea analizado también por su contenido y no sólo por su agente. Empatía. La consideración simétrica del otro es el comienzo de la armo-nización de las diferencias, y es justamente lo que nos ha enseñado la revolución de los claveles en Portugal-1974, las marchas silenciosas de Ghandi, o los gestos de solidaridad con Rosa Parks que evitaron devolver la afrenta. Ejemplos tenemos muchos, podemos aprender si nos interesa.


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Y aprender no siempre es sencillo, pero tampoco doloroso, es un proceso y en este caso de hondo calado reflexivo.

En retorno a las primeras líneas que orientaron este texto, pero que discurrieron entre mi catarsis y otros argumentos, quiero compartir lo que a mi juicio como psicólogo dedicado a analizar temas políticos, podría ser un horizonte de transformación inmediata y gradual para la situación de movimiento tectónico que atraviesa el país. Se trata de ideas que pretenden atender condiciones estructurales así como algunas coyunturales, en algunas con la participación de colegas y otras en las que por su complejidad sólo podemos ser garantes de derechos y del ejercicio de escucha y diálogo. Son cuatro propuestas.

La primera propuesta es que el Estado debe promover como política permanente el achicamiento de espacios para el ejercicio de la violen-cia provenga de donde provenga, actores oficiales o privados, legales o ilegales. Lo urgente es retomar las conversaciones de paz con el ELN e iniciar una reflexión seria acerca de la legitimidad de los ejercicios legales de la violencia oficial. Si no es este gobierno otro lo hará y lo que está sucediendo es dilatar y dilatar este proceso de acercamiento con el grupo guerrillero, proceso que es orgánico para el futuro del país. El Presidente Duque y su equipo debe entender que mantener cerrado este proceso es sólo atender sintomáticamente un problema que no está siendo resuelto y que deja en el escenario político el espacio abierto para la violencia como forma de relación entre los habitantes de este territorio. Y lo deja abierto porque su primera estrategia es la misma violencia. Debemos entender que la legalidad de la violencia no la legitima y que las consecuencias de su ejercicio son las mismas en un marco de derechos humanos, incluso más allá de las reglas del Derecho Internacional Humanitario. Si el pro-pósito del Estado es salvaguardar la vida y la honra de los colombianos, lo primero que debe proponer en coherencia, es el desvanecimiento decidido de los focos productores de violencia, propios y externos a su propia estructura. La ecuación no se equilibra al prevenir la violencia con disuasión a través de la fuerza. Matar el enemigo no acaba con el enemigo, no es el cuerpo el que posee la idea de violencia o el sentimiento


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de venganza. Estas ideas y sentimientos perviven a los cuerpos que las han transitado y por ello no basta con matarlos, eliminarlos o encerrarlos. El deber es promover, crear y hacer sostenibles otras ideas y sentimien-tos que habiten los cuerpos, que sin necesidad de eliminarlos bajo una premisa errónea, los mantengan y vinculen de formas renovadas. Acabar con la violencia no es detener el cuerpo que la ejerce sino el conjunto de ideas inmateriales que la hacen posible. En ese marco es imperativo y urgente —no fácil— retomar el proceso de paz con el ELN. Conducir ese proceso de paz y restituir derechos civiles y políticos que los hace elegibles, pero quizá no sean elegidos; lo único seguro es la prevención de muchas formas de violencia sostenida y los efectos siempre atroces de su ejercicio por justificado que parezca.

En consonancia con lo anterior, la segunda propuesta es distribuir la presencia del centro administrativo del país en los escenarios donde se produce la violencia, pero en especial la marginalidad de los procesos de atención del Estado. Cuando las FARC-EP se reunieron en los Espacios Territoriales quedó en evidencia la necesidad de una presencia directa del Estado en tales escenarios como en otros que poca atención directa y sostenida han recibido. Desde aquellos momentos colegas de la psicología y otras disciplinas afines han servido de puente entre las comunidades y el gobierno central a través de una cadena de intermediarios que en el proceso y el tiempo dilatan la urgencia y respuesta a las necesidades y demandas. Parece una petición agotada más aún cuando hace parte de los principios de la Constitución de 1991 o de los Acuerdos de paz en temas de infraestructura entre otros. En los últimos meses me he preguntado si es más o menos costoso enviar 2500 militares a zonas de alta violencia sistemática como el Cauca o por lo menos 50 funcionarios permanentes y de primer nivel de todos los Ministerios a cada uno de los territorios como interlocutores directos con capacidad de gestión y decisión. Mientras que la respuesta ante las demandas de las personas y los riesgos de seguridad sólo sea el cuerpo militar o armado poco o nada puede cambiar. Nos corresponde analizar con serenidad, no para incendiar de nuevo el escenario, por qué la respuesta del Estado directa


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ha sido el Ejército y no la institucionalidad constante para la equidad. El único contacto que la mayoría de colombianos ajenos al centro reificado del país ha tenido con el Estado ha sido el Ejército, y entonces en esas condiciones ¿cómo es posible construir la convivencia y la ciudadanía activa en ejercicio y respecto de derechos y deberes? Es preciso que el Estado a partir de este gobierno diseñe una estrategia estructural de presencia directa y sostenida con capacidad de respuesta, gestión y proposición que descentralice de una vez por todas el país haciendo uso de los recursos TIC contemporáneos y un fuerte proceso de formación conceptual, técnica, ética, y profesional en muchos ámbitos.

Como la anterior propuesta podemos trascender a otras, pero quiero solamente enunciar un principio para muchas de ellas: si el Estado no se hiciera responsable de sus obligaciones y las delegara en el sector privado, éste debe ofrecer el bien o servicio en las mismas condiciones que el Estado, por tratarse de derechos constitucionales que no se rigen por tratados comerciales. Las pensiones es contextualmente uno de los ejemplos y al que quiero apelar en estas líneas. Si operadores privados del ahorro pensional apoyan este derecho ciudadano lo deben hacer bajo la responsabilidad que lo hace el Estado a través de su Fondo, que debe convertirse en el referente de alto estándar que define lo correcto y legal en este tipo de procesos. Si consolidamos la institucionalidad pública, compartida, colectiva, otro país sería posible. Situación que difiere de convertir los fondos de pensiones en fondos de inversión de riesgo, de cuyos resultados operacionales depende el monto de las pensiones de los ahorradores.

La tercera propuesta surge de la comprensión de un sistema de recursos limitados ante el cual no todas las demandas son de posible cumplimiento, pero tampoco de obligada omisión. Se debe establecer una agenda de diálogo-acción con temas priorizados derivada de las premisas del diálogo genuino, responsable y para nada narciso y carismático. El acercamiento que he tenido al estudio de procesos de diálogo, mediación y gestión de conflictos me ha enseñado que los maximalismos reifican y escencializan las diferencias, incluso como estrategia deliberada para


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mantener las disputas y escenarios de tensión y para instrumentalizar “mejores” resultados; pero, ¿para quién? Quienes siguen estas formas de relación sostienen con frecuencia que se trata de la estrategia de negociación para que el juego de gana-gana, gana-pierde, pierde-pierde alcance las mejores posibilidades. Cuando me he encontrado con estas situaciones me confronto, no sin dolor, con las convicciones acerca del diálogo que he expresado arriba. Es momento que en Colombia quie-nes proponemos opciones y temas para el diálogo avancemos en él sin maximalismos pero con prioridades. La agenda es amplia y, sin lugar a duda, recoge el universo de necesidades existentes en el país. Pero con un poco de principio de realidad no todos los temas se pueden abordar de la misma forma ni en el mismo momento ¿Sería acaso posible que entre sectores sociales y gobierno se elija luego de un proceso de concertación y con prudencia no maximalista, un conjunto de temas con los cuales iniciar transformaciones escalonadas que afecten los demás temas? ¿Dónde están los estrategas de la planeación estratégica, de los diálogos apreciativos y generativos, los coach (que gozan de fama diversa), y los líderes mediadores de diversos sectores, entre otros, para que operati-vicen acciones específicas derivadas de las demandas emergentes de las protestas? Señor Presidente (quien quizá nunca lea estas líneas, pero quizá…), no es momento del maximalismo, de señalar que esos no fue-ron temas ni renglones de campaña; le invito a leer, si le queda algo de tiempo entre su desgastante agenda, la variabilidad del mundo desde la teoría del caos, la complejidad, la física cuántica o la hermenéutica, pero en ningún caso desde Comte, Parsons, Spencer, Durkheim4 o Valencia Tovar quienes le conducirían a la omisión de todo este texto.

La cuarta propuesta se refiere al comienzo de la construcción de una nueva estética del Estado que sea una forma directa de contacto, ejercicio y vivencia de la Paz. He caído en cuenta que aquello que llamé por más

4 Podría referenciar las obras de estos autores, pero prefiero señalar que se trata de propuestas derivadas del positivismo epistemológico y el estructuralismo, que difie-ren de aproximaciones ancladas en el relativismo ontológico. Y la referencia al General Valencia Tovar será comprensible para quienes conocen la historia de Colombia.


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de 15 años aportes a la paz, son en su mayoría ejercicios para atender las consecuencias de la guerra. La paz es algo diferente y es deber pensar qué es lo que significa en pensamiento, palabra y acción. Nunca más en omisión. La experiencia estética cotidiana derivada del conflicto y los repertorios en él ejercidos y construidos es desoladora, fría, oscura, poco grata, angustiante y no menos que tenebrosa; asusta. Pero cuidado que estos no son sólo los efectos de la violencia directa, lo son también de la violencia estructural que debe ser desmontada del ejercicio de lo público comenzando por el servicio público; disculpen el juego de palabras en el que quiero expresar que se trata de una responsabilidad de todos que puede comenzar en las Instituciones del Estado en cualquiera de sus niveles ¿Quién no se ha sentido atropellado, maltratado, ignorado, vulnerado por alguna persona que devenga su salario de la atención pública a la ciudadanía? Es allí en donde la estética de la construcción de paz Debe cambiar. El Estado en cabeza de todos los que devengamos nuestro sustento de un empleo oficial, debe transformar su cara porque debe ser lo más digno para todos los ciudadanos. Con alzar la voz, gritar, mirar mal, apelar a la norma no se logra la construcción de lo colectivo. Necesitamos capacitarnos, entrenarnos, transformarnos en nuevas formas que son el vehículo de lo colectivo y lo afectivo como lo expresa Pablo Fernández (1994, 2000) por activa y pasiva en su obra. Esta propuesta podrá parecer ingenua, pero ¿acaso es sencilla? Es momento de pensar que la paz es más que atender las consecuencias nefastas de la guerra y que se trata de una forma relacional diferente cuyos contenidos apenas intuimos porque ni siquiera la hablamos o actuamos. Mientras nuestros repertorios sigan centrados en la violencia, la exclusión, la superioridad o el sentimiento de narciso perfecto, las condiciones para la paz serán ajenas a quienes la promuevan. En este trabajo los profesionales de las ciencias sociales, y por supuesto en ellas la psicología, tenemos un gran reto y si quieren de forma irónica, un buen proyecto de intervención para que sea financiado por una agencia internacional cuya población objeto es el Estado y sus funcionarios.


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Lo que pretendía que fuera una agenda de cuatro puntos como pro-puesta, terminó siendo un documento terapéutico en el que he vaciado buena parte de mis emociones y razones por estos días. Razones y emo-ciones que no se derivan sólo de los acontecimientos en Colombia, sino en todo el continente por donde las banderas de verdades construyen trincheras para la paz. Sin violencia la diferencia emerge, pero al mismo tiempo es importante el sentido de lo colectivo que diluye el narciso autocomplaciente o el sombrío inexistente.

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Chile y los gritos de la calle contra la precarización de la vida

Vicente Sisto1

Este escrito se inicia hoy, domingo 27 de octubre de 2019. Hace unas horas, el pasado viernes 25, fue la manifestación más grande que ha habido en la historia de Chile. Más de un millón y medio de personas marchó por el centro de Santiago desafiando al sistema político y económico que se ha instalado como nuestra normalidad. Consignas y gritos en contra de la precarización de la vida en el Chile contemporáneo llenaron no sólo la calle, sino que todo el espacio social. Esto se inició la semana del 14 de octubre, cuando un grupo de secundarios decidió cruzar los torniquetes del metro de Santiago, evadiendo el pago como respuesta a un alza en el precio de los pasajes, lo que fue duramente reprimido por la fuerza policial. Fue esa represión, transmitida casi en tiempo real por los testigos y participantes a través de redes sociales, lo que encendió un descontento popular muy fuerte generando no sólo más evasiones en el metro, sino que manifestaciones —pacíficas y violentas— a lo largo

1 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.


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de todo el país que ya no cuestionaban el precio del transporte, sino que diversas políticas públicas, todas señaladas como responsables de esta precarización de la vida en el Chile contemporáneo. Se quemaron estaciones de metro en Santiago y se atacó mobiliario público, así como supermercados y farmacias, entre otros. Ante esto, el Presidente de la República declaró estado de sitio el sábado 19 y llamó a las Fuerzas Armadas para hacerse cargo del orden público imponiendo el toque de queda. A pesar de eso, la calle no se silenció… y las manifestaciones continuaron intensamente hasta la marcha del viernes 25. El sábado 26, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, señaló haber escuchado las demandas prometiendo un cambio de gabinete. Ya las autoridades políticas, a través de redes sociales, han expresado su ver-sión de esta marcha, una versión que parece no coincidir con el sentir de la calle. El Domingo 27 se marcha de nuevo. Esta vez en Valparaíso. Se espera que sea la marcha más grande realizada en una ciudad fuera de la capital.

Este texto iniciado el domingo 27 de octubre, retrocede al sábado 26, y termina un sábado 9 de noviembre de 2019, con una postdata escrita el 10. Su intención es describir comprensivamente los sucesos que están ocurriendo en el Chile de fines de octubre e inicios de noviembre de 2019, intentando mostrar ciertas líneas de análisis que permitan comprender cómo se levanta la calle en el Chile contemporáneo, los signos que ade-lantaban que esto podía ocurrir, y la respuesta que está dando el poder político en relación a este grito, a veces desarticulado, pero desgarrado, que a esta hora sigue llenando nuestras calles y cobra nuevas formas.

Este texto se compone de cuatro partes. La primera aborda la pre-carización de la vida en el Chile contemporáneo, presentando, a partir de ciertos datos, una imagen que contrasta fuertemente con el relato que se ha hecho de un Chile prácticamente desarrollado, especialmente en el contexto latinoamericano. La segunda parte se titula “Te Burlas”. Escrito durante la madrugada del sábado 26, justo después de la Gran Marcha, en segunda persona singular interpela a la máxima autoridad del país, respondiendo a los comentarios del Presidente y de políticos


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de derecha que esa noche, por Twitter, reinterpretaron el sentido de la movilización en favor de sus propias posturas y reformas. La tercera parte, denominada “Te sigues burlando”, se escribe en los días siguientes al 27, hasta el 9 de noviembre, y se mantiene bajo el formato de segunda persona singular interpelando al Presidente, dando cuenta de cómo éste y su gobierno no sólo mantienen una ‘agenda social’ que maximiza los principios que la movilización cuestiona, sino que agrega una fuerte dosis de represión, que incluye abiertas violaciones a los derechos humanos a la vez que una ‘agenda de seguridad’ con la cual pretende reforzar la acción represiva de sus fuerzas de seguridad. Finalmente, la cuarta parte, escrita el domingo 10 de noviembre, toma la forma de una Postdata. Ya habiendo transcurrido más 3 de semanas de los inicios de la movilización parecieran abrirse caminos para construir una nueva sociedad.

Es importante advertir, que este escrito ha sido realizado y enviado a edición durante los primeros días de movilización. Escrito sobre y en el proceso de movilización, acompañando y siendo parte de estos primeros días de estallido social, presentando ciertas interpretaciones, avaladas por ciertos datos y análisis desarrollados, que esperan hacer más comprensivo el devenir de este grito de las calles en un país que fue considerado el discípulo predilecto de los modos de gobernanza liberales promovidos por organismos internacionales.

La precarización de la vida como la normalidad en el Chile contemporáneo

Si bien desde la década de los 30s hasta inicios de los 70s Chile se enca-minaba, con cierta continuidad, hacia un creciente Estado de Bienestar, incluso considerando gobiernos de derecha e izquierda, el Golpe Militar y la Dictadura de Pinochet marcaron un corte violento en este proceso. En efecto, la Dictadura de Pinochet, como ha señalado el sociólogo Tomás Moulian (1996), si bien primero fue una dictadura contrarevolucionaria, prontamente se instala como Dictadura Revolucionaria, encarnando lo


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que sería una “Revolución Neoliberal”. El propio Milton Friedman llegó a asesorar al dictador en pleno 1975. Fue así que, mediante diversas reformas, Pinochet buscó transformar la economía, el Estado y la sociedad, bajo los principios neoliberales propuestos por Hayek, Friedman y Buchanan entre otros (ver Fisher, 2009; Oliva, 2008; Pitton, 2007, entre otros). Estas reformas suponían diversas medidas todas marcadas por el sello de la privatización de lo público y la individualización y precarización de los derechos sociales.

Así, por un lado, se buscó transformar el conjunto de la acción pública, promoviendo la provisión privada de servicios públicos, espe-cialmente en las áreas de salud, educación, previsión social y políticas sociales, delegando al Estado a un rol subsidiario. Por otro, se generó un profundo debilitamiento de los derechos laborales, promoviendo la desregulación del trabajo y debilitando radicalmente los modos de organización colectiva. Así, esta ‘modernización’ tuvo el sello de poner al Estado, a los servicios públicos, al trabajo e, incluso, a los recursos naturales, al servicio de la ‘iniciativa privada’, asegurando que a través de estas medidas se dinamizaría la economía, brindando crecimiento económico, y, por lo tanto, beneficiando al total del país.

En el Chile de hoy, la precariedad laboral es la norma. Más de un 78% de la fuerza laboral se puede llegar a movilizar, voluntaria o involunta-riamente, en un plazo de sólo 18 meses (Henríquez y Uribe-Echeverría, 2004). La mayor parte de los nuevos empleos de los últimos ocho años (60,2%) han sido ‘por cuenta propia’ y bajo la forma de ‘asalariado externo’, es decir, a través de subcontrato, suministro de trabajadores y/o ‘enganche’ (Fundación Sol, 2018; INE, 2017). Además, el 40,5% del total de los actualmente ocupados están vinculados laboralmente mediante formas contractuales que no están asociadas a ninguna legislación laboral (contrato de prestación de servicios y otros), quedando sin protección legal (Fundación Sol, 2018; INE, 2018). Cabe señalar que, a pesar de que los trabajadores estables pueden formar sindicatos, la legislación debilita las capacidades negociadoras y no permite la negociación ramal.


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La precarización de la vida se expresa y sostiene no sólo por la ines-tabilidad y falta protección laboral, sino que también por la privatización e individualización de la seguridad social.

Por ley, los asalariados estamos obligados a ahorrar para nuestras pensiones en la AFPs (Administradoras de Fondos de Pensiones) que no sólo mal administran ahorros individuales usándolos para especulación bursátil y otras inversiones, sino que, además, cobran una importante comisión por ello que supera el 1% del salario de cada trabajador. Estas comisiones supuestamente son para pagar el funcionamiento de la administradora, sin embargo, en términos han asegurado continuos aumentos utilidades para estas empresas. Así, durante sólo los primeros tres meses de este 2019, sus utilidades fueron de 196 millones de dólares, aumentando sus utilidades en un 100% en relación al mismo período del año anterior. El aumento abultado de utilidades, ha sido una constante en el sistema. Mismo sistema que genera pensiones de pobreza.

En efecto, más de la mitad de las pensiones otorgadas por las AFPs en febrero de 2019 para trabajadores con más de 20 años de cotizaciones ininterrumpidas fue de $243.603 (US$ 300 aprox.), en un país en el cual el costo de la vida es alto (Fundación Sol, 2019). Si consideramos que la Línea de la Pobreza para una familia compuesta por dos personas se sitúa en $268.692 (Ministerio de Desarrollo Social, 2019), podemos apreciar que más de la mitad de las personas que han tenido cotizaciones ininte-rrumpidas por más de 20 años, tienen pensiones de pobreza, aun cuando pertenezcan al segmento población con mayor estabilidad y seguridad laboral reflejada en sus cotizaciones interrumpidas. Si se considera el total de la población, la situación es aún más dramática: el 50% de las 125 mil personas que jubilaron en 2018 obtuvieron una pensión autofinan-ciada inferior a $48.000 (es decir US$ 67), según datos de Fundación Sol. Sobre esto el Estado genera una transferencia para alcanzar la pensión mínima ($122.000) que se paga a través de la misma AFP. Hoy, en Chile, la tasa más alta de suicidios es precisamente entre los mayores de 80 años (Ramírez, 2019). La precariedad y la vergüenza de haber trabajado toda una vida y no poder sustentarse están detrás.

https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/05/03/utilidades-de-las-afp-subieron-un-100-en-el-primer-trimestre-de-2019/



https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/02/05/suicidio-adultos-mayores-chile-pensiones.html




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El derecho a la salud también se ha convertido en otro servicio individualizado, fuertemente privatizado convertido en un seguro indi-vidual de salud a través de las llamadas Isapres (Instituciones de Salud Previsional). Este sistema, al operar como seguro, genera utilidades con aquellos que no requieren atenciones de salud (el trabajador joven), dificultando y encareciendo el acceso incluso para el mismo trabajador cuando sí lo requiere (el trabajador al envejecer y su familia). Si bien, existe una alternativa estatal (FONASA), ésta mantiene la lógica de un seguro privado que bonifica las prestaciones que recibe el ‘cliente’, quien escoge entre prestadores privados y públicos según su poder adquisitivo. Esto, en el contexto de un constante empobrecimiento y precarización de la red de prestación propiamente pública. Por ello Rotarou & Sakellariou (2017), han señalado al sistema de salud chileno, en su conjunto, como un sistema que produce desigualdad al crear desventajas estructurales precisamente para quienes más lo necesitan.

Todo esto se conjuga con una serie de otros elementos que se han constituido en nuestra normalidad. Entre estos tenemos, un sistema educativo fuertemente privatizado, con prestadores privados de servi-cios educativos financiados por el Estado (Budnik et al., 2011), sistema caracterizado por ser segregador y orientado a la generación de resultados en pruebas estandarizadas de aprendizaje más que a la formación de niñas y niños (López et al., 2018), autoritario en su propia organización (Sisto, 2018) y altamente punitivo (López, Ramírez, Valdés, Ascorra, & Carrasco-Aguilar, 2018), lo que se ha incrementado durante el último gobierno. Así mismo todos los servicios básico están privatizados bajo sistemas de concesión que garantizan relevantes utilidades para los propietarios, lo que se ha reflejado en precios elevados en relación a los salarios (Albert y Miranda, 2019).

Sumado a lo anterior, las grandes empresas se han coludido cons-tantemente para fijar precios a productos de primera necesidad con el fin de aumentar sus ganancias por ejemplo: colusión de farmacias (Poder Judicial Chile, 2019), colusión de empresas productoras de papel higiénico (Arancibia, s.f), de pañales (Papelera de Eliodoro Matte se

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851017300660


https://www.redalyc.org/pdf/873/87319092004.pdf

https://epaa.asu.edu/ojs/article/view/3088

http://www.revistas.uneb.br/index.php/faeeba/article/download/5666/3611

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-45652018000100096&script=sci_arttext&tlng=en

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https://ciperchile.cl/2019/11/01/luz-agua-ges-metro-tag-arriendos-y-contribuciones-el-tren-de-alzas-que-asfixio-a-los-chilenos/


http://www.poderjudicialtv.cl/programas/expediente-judicial/noticiero-judicial-expediente-judicial-colusion-de-las-farmacias/

https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&prmID=15090


https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/12/20/papelera-de-eliodoro-matte-se-coludio-tambien-en-el-mercado-de-los-panales/


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coludió también en el mercado de los pañales, 2016), colusión de empre-sas productoras de pollos y supermercados (Skoknic y Figueroa, 2016), entre otras; colusiones que sin bien son tipificadas como delito, son sancionadas con multas exiguas en comparación a las mismas ganancias que generaron dichas colusiones (Fuentes, 2019). Junto a ello, también ha sido una constante la privatización de los recursos naturales bajo condiciones ampliamente beneficiosas para las empresas privadas, por ejemplo, el caso del litio (Arellano y Figueroa, 2015) o de la pesca (Jara y Ramírez, 2015); privatización del agua a costa de comunidades rurales y consumo humano (Mundaca, 2012) , declaración de zonas de sacrificio habitadas por comunidades para la instalación de empresas altamente contaminantes (La crisis social es también una crisis ambiental, 2019), entre tantas otras situaciones.

La percepción de que Chile es un país para empresarios se acrecienta al considerar las constantes condonaciones de deudas tributarias multi-millonarias a grandes empresas, cuando para el ciudadano una evasión tributaria menor puede implicar cárcel (SII condonó deudas por 32 mil millones de pesos a grandes empresas en el primer trimestre, 2018), así como a empresarios, entre ellos al propio Presidente de la República, que durante 30 años no pago contribuciones por una de sus propiedades más queridas, lo que podría haber implicado embargo, pero en su caso fue más bien una importante rebaja. Estos beneficios del Estado van precisamente a los empresarios que tienden a idear complejas estrategias para eludir el pago de impuestos, como lo ha hecho el propio Presidente (Guzmán, 2017).

Todo esto ha ocurrido, en el marco de la instalación de prácticas de financiamiento a la política, por parte de las grandes empresas, sea a través del patrocinio de campañas o incluso mediante el pago de men-sualidades a parlamentarios bajo el concepto de ‘asesorías profesionales’, a cambio de favorecerlas en la redacción y votación de leyes (Financia-miento Irregular de la Política, s.f). Esto, no sólo ha sido algo público y conocido, sino que fue amparado por los entes persecutores, gracias a un acuerdo entre poder político y fiscalía (Pizarro y Ramírez, 2018), tal

https://ciperchile.cl/2016/01/06/nueva-colusion-por-el-precio-del-pollo-acusan-a-las-tres-principales-cadenas-de-supermercados/


https://ciperchile.cl/2019/03/06/chile-lindo-pais-coludido-con-vista-al-mar/



https://ciperchile.cl/2015/06/26/el-dia-en-que-el-estado-le-entrego-el-control-del-salar-de-atacama-a-ponce-lerou/

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http://www.chilesustentable.net/la-crisis-social-es-tambien-una-crisis-ambiental/



https://www.elmostrador.cl/mercados/2018/11/08/sii-condono-deudas-por-32-mil-millones-de-pesos-a-grandes-empresas-en-el-primer-trimestre/


https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/tesoreria-cobrara-tres-de-los-30-anos-de-contribuciones-atrasadas-a-pinera-por-su-casa-en-caburga/20190528/nota/3908463.aspx

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https://ciperchile.cl/2017/03/17/las-empresas-zombis-que-compro-pinera-para-ahorrar-millones-en-impuestos/

https://ciperchile.cl/especiales/financiamiento-irregular-politica/





https://ciperchile.cl/2018/04/16/el-entierro-del-caso-sqm-asi-se-fraguo-la-impunidad-para-el-financiamiento-politico-ilegal/



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como recientemente lo denuncio el fiscal que, en su momento, estuvo a cargo de la investigación (Leiva, 2019)2.

Éstas son sólo unas pequeñas muestras que permiten ilustrar un contexto en el cual, nosotras y nosotros, como habitantes de este Chile contemporáneo, vivimos la precarización de nuestras vidas. Una precari-zación propiciada activamente por una serie de mecanismos legales, sino que también por prácticas protegidas y sustentadas institucionalmente, orientadas al beneficio de los grandes capitales a costa de nuestras vidas.

El que esto ocurra está intrínsicamente ligado y sostenido por la actual Constitución de la República de Chile.

En efecto, la constitución aprobada en 1980 por el Dictador, si bien ha sido reformada a lo largo de diversas legislaturas desde 1989 hasta ahora, nunca se han tocado elementos basales de la organización social y de la concepción de Estado que instala. En efecto, el capítulo III de ésta, referida a los Derechos y Deberes Constitucionales, notablemente muestra la instalación de un Estado subsidiario, en que la iniciativa de la ‘prestación’ de los derechos sociales reside en el privado, siendo el Estado más bien un ente financiador y regulador, y el ciudadano, el responsable individual por ejercer o no su ‘derecho’, que se traduce literalmente en “libertad para escoger” (ver arts. 10 y siguientes de dicho capítulo). Así mismo se prohíbe al Estado ejercer cualquier actividad empresarial o de prestación de algún servicio, a no ser que una ley con quorum calificado señale lo contrario. Esta misma Constitución limita fuertemente el derecho a huelga, así como la negociación colectiva, debilitando la posibilidad de la fuerza de trabajo de tener una mejor posición frente al capital. Por otro lado, garantiza la libertad de emprendimiento, dejando a la empresa privada incluso el lucrativo negocio de la prestación de servicios públicos financiados estatalmente. En coherencia, el derecho a propiedad cobra preponderancia, siendo el Estado un defensor de la propiedad privada y el emprendimiento privado. Esto es llevado al extremo de garantizar la

2 Palabras del exfiscal Carlos Gajardo, que como fiscal le correspondió perseguir estos delitos, pero que renunció a la fiscalía luego del acuerdo.

https://www.youtube.com/watch?v=hgdPILxfsH4


https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302&idParte=


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propiedad privada del agua (ver art. 24), entre otros. La llamada “Carta Fundamental”, también establece un ente, el Tribunal Constitucional, que se preocupa de que todas las acciones que ocurren en el país no se aparten de ésta, pudiendo actuar sobre acciones individuales y/o colec-tivas, sobre iniciativas legislativas, aunque cuenten con la mayoría del Congreso, e incluso presidenciales. Instalándose finalmente como el máximo tribunal del país. Las posibilidades de cambio de esta cons-titución también salvaguardadas por la necesidad de quorum de 3/5 o 2/3 del parlamento, lo que obliga a un acuerdo transversal, que supere ampliamente la mayoría del congreso. Esto ha imposibilitado reformas estructurales, sosteniendo un orden social y una forma de Estado que efectivamente da prioridad a la gran empresa privada por sobre el ciu-dadano, el que a su vez queda reducido a un consumidor, precarizado, con derechos limitados, pero “libre de elegir” entre las opciones que proponga el empresariado, un empresariado coludido entre sí, así como con el poder político.

Hoy, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la mayor parte de las y los chilenos que llegan a tener el ‘privilegio’ de tener un trabajo formal obtienen salarios menores a $400.000 (menos de US$ 560) al mes. La línea de la pobreza para una familia promedio de 4 personas supone un ingreso de $430.763, es decir, US$ 600 aprox. (Fundación Sol, 2018). Es decir la mayor parte de los trabajadores chilenos con empleo formal no obtienen un salario suficiente para sostener a una familia por sobre la línea de la pobreza. Entonces se nos hace comprensible el alto nivel de endeudamiento que padece la población chilena. Para tener atención de salud, hay que pagar, incluso en el sistema público. Para educarse, sobre todo en los niveles terciarios, hay que pagar, a eso se suman los gastos en vivienda, transporte y alimentación. Por ello es normal que las personas paguen en el supermercado, el pan y las ver-duras, en 10 cuotas mensuales o más. 11.3 millones de personas están endeudadas y 4.6 millones morosas. En efecto, los salarios no alcanzan para el costo de la vida y, por ello, el trabajo sin fin, con empleos y horas extras, y la deuda, son la única manera de llegar a fin de mes para más

https://www.ine.cl/docs/default-source/ingresos-y-gastos/esi/ingreso-de-hogares-y-personas/resultados/2018/esi-sintesis-2018-nacional.pdf

https://www.ine.cl/docs/default-source/ingresos-y-gastos/esi/ingreso-de-hogares-y-personas/resultados/2018/esi-sintesis-2018-nacional.pdf

http://www.fundacionsol.cl/estudios/losverdaderos-salarios-de-chile-2018/

http://www.fundacionsol.cl/estudios/losverdaderos-salarios-de-chile-2018/


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de la mitad de la población. Por ello no es raro que, según el Índice de Pobreza Multidimensional, más del 20% de la población viva en la pobreza (Ministerio de Desarrollo Social, 2018), contrariando el relato del Banco Mundial y de otros promotores del modelo chileno, en cuanto, según ellos, Chile habría dejado la pobreza. Según un informe recientemente publicado por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Chile se ha constituido en uno de los países más desiguales de la región: “mientras que el 50% de los hogares menos favorecidos tenía, en 2017, solo un 2,1% de la riqueza neta del país, el 10% más rico concentraba dos terceras partes (66,5%) y el 1% más rico el 26,5%” (CEPAL, 2019, p. 62).

Es este el contexto en el cual el alza a los pasajes del metro de Santiago se transforma en ‘la gota que rebalsó el vaso’. No es raro que hayan sido los estudiantes secundarios quienes iniciaron esto. La Ley “Aula Segura”, orientada a reforzar el autoritarismo al interior de las comunidades educativas expulsando a estudiantes que no cumplieran con lo esperado por el o la directora, sin instancias de apelación dis-tintas al director o directora, activaron el malestar estudiantil durante todo este año. Fueron ellas y ellos quienes saltaron los torniquetes del metro, rechazando el autoritarismo con el cual se impone un orden social privatizador y precarizador. La represión que fue ejercida ese día contra los estudiantes encendió la mecha que hasta ahora no se apaga, de un pueblo luchando contra la precarización de la vida garantizada por la constitución y la colusión de las elites empresariales y políticas.

Te burlas

La segunda parte de este texto fue escrita en la noche entre el 25 y 26 de octubre, justo después de la Gran Marcha que convocó en Santiago a más de un millón y medio de personas reclamando contra la precariza-ción de la vida que se ha constituido en nuestra normalidad como país.

Este escrito emerge como respuesta los tweets que escribieron el Presidente de la República, Sebastián Piñera, Karla Rubilar, en tanto

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/Presentacion_Sintesis_de_Resultados_Casen_2017.pdf

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44395/11/S1900051_es.pdf


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principal autoridad de la Región Metropolitana, designada por el Pre-sidente, y dos parlamentarios de la coalición política que apoya este gobierno (Andrés Allamand y Camila Flores). Todos describiendo una ‘jornada histórica’ de unión nacional, en la cual supuestamente se pide el “Chille más justo”, un Chile que, según dirá luego el Presidente, es el mismo que se impulsaría con la llamada “Agenda Social” que ya había propuesto el martes 22 de esa misma semana (ver ilustración 1).

Ilustración 1. Captura de pantalla Tweets

Fuente: captura de pantalla desde computador.

Te burlas.No han pasado 30 minutos de la marcha más grande que ha vivido

Chile este viernes 25 de octubre, con más de un millón y medio de perso-nas protestando contra la precarización de la vida que han generado las políticas liberales instaladas en dictadura y promovidas por los gobiernos siguientes, políticas que tú encarnas, y te burlas.

Son ya siete días de movilización, siete días con toque de queda, siete días con militares en las calles. Siete días y más de veinte muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, algunos con paradero desconocido. Siete días, y aun así un millón y medio de personas solo en Santiago salieron a marchar y cientos de miles más en el resto del país. Un país militarizado,


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en el que para comprar pan debes pasar al lado de un soldado con fusil. En ese país salimos a marchar, no una vez, sino todos los días, de mañana y tarde. Ya son siete días de marchas en todas las ciudades.

Y todavía no te enteras por qué marchan.El martes 22 de octubre, hace cuatro días, dijiste haber “escuchado,

fuerte y clara, la voz de la gente (...) sus problemas, sus dolores, sus caren-cias, sus sueños y sus esperanzas de una vida mejor”. Incluso añadiste: “Reconozco y pido perdón por esta falta de visión”. Hablaste con la mayor parte de los líderes políticos de los partidos que han gobernado durante estos 30 años de postdictadura en torno a lo que sería un “Gran Acuerdo Nacional” referente a lo que llamaste la “Agenda Social”. Y ¿qué fue esto? nada más que la reafirmación de lo que han sido estos treinta años de políticas neoliberales que han precarizado la vida de tod@s: más indivi-dualización y privatización de los derechos sociales, bajo los principios de administración privada/empresarial de lo público y subsidiariedad del Estado: es decir, más precarización de la vida y más enriquecimiento empresarial a costa de lo público.

Hablaste de aumentar las pensiones más bajas en un 20% (Pensión Básica Solidaria y un aumento de un 20% en el Aporte Previsional Solida-rio). Sin embargo, eso se realizará sosteniendo el sistema de capitalización individual a cargo de las Administradoras de Fondos Previsionales (AFPs), que año a año aumentan sus utilidades en cifras siderales, mientras las pensiones que otorga son de pobreza absoluta para la mayor parte de la población.

Te recuerdo: la mediana de las pensiones otorgadas por las AFPs en febrero de 2019 para trabajadores con más de 20 años de cotizaciones ininterrumpidas fue de $243.603 (US$ 300 aprox.) (Fundación Sol, 2019). Es decir, pensiones de pobreza para la gran mayoría.

Hablaste de un seguro de salud para enfermedades catastróficas. En realidad, te referías al Proyecto de Ley que ya habías enviado en mayo al congreso (Boletín 12.662). Ahí, si bien señalas estar “comprometido con las políticas sociales y el avance en los modelos de cobertura y accesibilidad garantizados”, propones que los costos de las enfermedades catastróficas

http://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=13195&prmBOLETIN=12662-11


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de las personas afiliadas al sistema público (Fondo Nacional de Salud, FONASA) serán financiados “en conjunto entre el Fondo Nacional de Salud y el afiliado”. El ‘afiliado/a’, según dicho proyecto, aprobado ayer en su primer trámite, deberá aportar hasta un “40% del total de los ingresos anuales del grupo familiar”. A la vez, el boletín 12.662 señala que “en ningún caso el monto que soportará el afiliado podrá ser inferior al 40% de 12 veces el ingreso mínimo mensual vigente a la fecha de la activación”.

Es decir, la persona trabajadora con ingresos más bajos que padece una enfermedad catastrófica deberá pagar al menos, en el caso de indi-gentes, $1.444.800 (más de $2.000 US$)3 de su bolsillo, patrimonio o endeudamiento, o de alguna parte… De ahí para arriba. Esto, en un país en que más del 70% de las y los trabajadores recibe un salario menor a $500.000 (600 US$) y en que el 40,5% de las/os actualmente ocupados están vinculados laboralmente mediante formas contractuales que no están asociadas a ninguna legislación laboral (contrato de prestación de servicios y otros), quedando sin protección legal (Fundación Sol, 2018; INE, 2018). Es decir, trabajadoras y trabajadores precarios. Cada una/o debe ser lo suficientemente ‘emprendedor’ para conseguir la cifra mínima requerida. Cabe señalar, además, que la prestación será realizada en instituciones públicas o privadas que deben competir para captar a sus clientes, quienes recibirán el monto del ‘afiliado’ y del Estado. Es decir, nuevamente tu ‘agenda social’, y tu espíritu ‘garantista’ se traducen en la responsabilización individual por el acceso al dinero mínimo requerido para la atención, la cual podrá ser realizada a través de entidades pri-vadas. Esto es Salud Pública en Chile, un sistema que deseas mantener y profundizar.

Siguiendo con esta lógica privatizadora, tu agenda social también nos habla de un seguro que cubra parte del gasto en medicamentos. Al hablar de ‘un seguro’, nuevamente se nos asoma la idea del servicio

3 La discusión parlamentaria permitió rebajar la cifra original del proyecto (US$ 2.000) a US$ 1.100, lo que sigue siendo una cifra altísima para la mayor parte de los asa-lariados, más aún para indigentes.


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prestado al individuo que deberá pagar a una entidad aseguradora para acceder. Así mismo señalas la “ampliación del convenio del Fonasa con farmacias” ¿Con qué farmacias? Tal como ya se ha visto con los convenios recientemente firmados, éstas serán las mismas que fueron sancionadas por colusión de precios y abuso de posición en el mercado. Es decir, quieres seguir financiando con recursos públicos las utilidades de las empresas privadas, a costa no sólo del sentido del gasto público, sino que de las y los ciudadanos.

También dijiste ingreso mínimo garantizado, haciéndonos creer que subirías el salario mínimo. Pero no. Ya mandaste tu proyecto, y sabemos que se trata de un bono con el cual el Estado complementaría a los sala-rios más bajos. En ningún caso se trata de un aumento real del salario, subvencionando con ello nuevamente a la empresa privada.

Podemos seguir. Por ejemplo, entre tus medidas propusiste una sala de cuna universal y un proyecto pro-infancia, dedicado al cuidado de los niños más vulnerables, todos con la misma impronta: creación de nuevos ámbitos de negocio para privados, con financiamiento público escasa o nula regulación, precarización para las y los trabajadores que ejerzan esas funciones, maximizando así utilidades para los ‘prestadores privados’ de estos servicios públicos. No te importó que recientemente el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas haya concluido que las políticas de Estado en Chile han generado “violaciones graves y sistemáticas” a los derechos de la infancia vulnerada, concluyendo que una de las principales causas de esto es “una incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado” (Comité de la Niñez Naciones Unidas, 2018; p. 19). A ti, eso no te importa.

En efecto, es evidente que en ninguna parte entendiste que lo que ha pasado frente a tus narices es el hastío con la precarización de la vida. El hastío con el envejecimiento en la absoluta pobreza luego de haber trabajado toda una vida. El hastío con la inseguridad laboral, la falta de un piso básico en el cual afirmarse como ciudadana/o y sujeto social. Ni salud garantizada, ni una vejez medianamente digna.


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Somos las personas, los ciudadanos, el pueblo, contra el Estado. Un Estado que ha insistido no sólo en individualizar nuestras seguridades sociales, transfiriendo a privados la administración de nuestros derechos sociales, sino que, además ha insistido en enriquecer a la gran empresa a costa de la precarización de nuestras vidas.

¡¡¡Basta!!!

Ya no sólo se trata de reconstruir las políticas sociales, sino que de reconstruir el Estado en su conjunto. Y esto no puede ser siguiendo los principios que han guiado a nuestro país durante tantos años.

Necesitamos reconstruir el Estado desde abajo. No bajo las mismas negociaciones con los mismos actores que han llevado ese “Gran Acuerdo Nacional” continuo, entre cuatro paredes, que ha sostenido este ordena-miento precarizador de la vida. Necesitamos poder discutir y establecer nuevas bases que rijan nuestro ordenamiento colectivo. He ahí el lla-mado: #AsambleaConstituyenteAhora. Son 30 años de una democracia construida con el orden que nos instruyó la dictadura.

¡¡¡Basta!!!Ya es la madrugada del sábado 26, y todavía en el Cerro Esperanza de

Valparaíso suenan unas cacerolas indignadas con tus palabras cínicas, y las de tus compañeras/os de gobierno a través de sus tuits (Andrés Alla-mand, Karla Rubilar, Camila Flores, entre otras/os). Palabras cínicas de los mismos que han puesto a los fusiles de los militares sobre nuestras cabezas. Los mismos que han roto las fotos de nuestros muertos jactán-dose de que ‘están bien muertos’. Palabras cínicas que hoy festejan la marcha, como si no entendieran de qué se trata esto.

¡¡¡Basta!!! Escucha lo que tienes al frente. Eres el Presidente de la República, y ustedes son el gobierno. Es su responsabilidad.

Te Sigues Burlando: Represión y Más Precarización y Privatización como Respuesta a dos días de la gran manifestación de Santiago, el


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Domingo 27 de octubre, se desarrolló la marcha más grande que ha ocurrido fuera de la capital. Más de 150.000 personas avanzaron desde la ciudad de Viña del Mar hacia Valparaíso, sede del poder legislativo, intentando concentrarse frente al Congreso para demandar el fin de esta precarización de la vida sostenida institucionalmente por nuestro orden legislativo y político. Niñas, niños, personas de tercera edad, familias completas marchamos, bailamos y cantamos por Av. España, a la orilla del Océano Pacífico hacia Valparaíso. No Más. Queremos un nuevo Chile.

Avanzamos alegres, llenando la Av. España entre una ciudad y la otra, miles y miles de personas, queriendo llevar nuestro canto y nues-tros sueños al Congreso Nacional… sin embargo ahí estuviste tú, que luego de haber reconocido nuestra alegría y nuestra demanda por mayor justicia, pusiste la violencia como respuesta. Más de mil carabineros de fuerzas especiales estaban dispuestos, con vehículos blindados, contra las familias, las niños, niños, ancianas y ancianos… contra nosotros. Hasta ese momento no había ocurrido ningún acto vandálico que pudiera per-mitirte justificar lo que hiciste. En realidad, nunca te importó justificar tu violencia. Y los lanzaste sobre nosotras y nosotros (Masiva marcha en Viña del Mar con destino al Congreso en Valparaíso termina entre lacrimógenas, 2019), familias completas que cantábamos alegres, nos gaseaste, disparaste… y retrocedimos… pero nos encontramos con tu violencia también en nuestra espalda, gaseando y disparando a nuestras niñas, niños, ancianos, familias completas. Querías encerrarnos; que, ojalá, ocurriera alguna desgracia. Fue evidente no sólo la represión de tus fuerzas policiales militarizadas, sino que la organización de éstas contra nosotras y nosotros que sólo cantábamos y saltábamos por una vida digna.

Desde ese día, has reforzado tu violencia hacia la gente. Nos impe-diste marchar pacíficamente. El Domingo 3 de noviembre, tu General de Carabineros fue explícito: no te preocuparías por nuestra seguridad ni la de nuestras familias, por el contrario, amenazaste en primera plana a nuestras niñas y niños (General de Carabineros llama a la población a no llevar niños a las marchas, 2019). Ayer, viernes 8 de noviembre, según


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denunció el principal órgano gremial de los médicos de Chile, el Colegio Médico, tu fuerza policial ingresó “violentamente al Hospital Gustavo Fricke (…) disparado balines y lanzado gases y bombas lacrimógenas en su interior”. Resulta increíble tener que mencionar lo obvio, es decir, que en el Hospital se encontraba la población más vulnerable sanitariamente. Adultos y niños, sanos y enfermos —al igual que el personal hospita-lario— fueron violentados por esta irracional acción, nunca antes vista en nuestro país (Colegio Médico Valparaíso, 2019). Efectivamente, ni el Dictador dejó que las fuerzas policiales entraran a diestra y siniestra disparando en un hospital.

Como ha señalado el INDH (Instituto Nacional de Derechos Huma-nos, órgano del Estado), las violaciones a los Derechos Humanos durante estas tres semanas han sido “graves y reiteradas” (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2019). Al 8 de noviembre de 2019, el INDH ha reportado 23 muertos y ha realizado 233 querellas por torturas y violen-cia sexual perpetrada por agentes del Estado. Entre éstas se reportan desnudamientos, amenazas, tocaciones y penetraciones. Además reporta 5.565 personas detenidas y 1.915 heridos, entre los cuales se cuentan 182 personas con pérdidas oculares debido al disparo de perdigones directo a los ojos por parte de los agentes del Estado (INDH Chile [@inddhh], 2019). El día de hoy, 9 de noviembre, el Colegio Médico ya reporta más de 200 personas con trauma ocular severo sólo durante la jornada de protesta del día 8 debido a disparos directos a los ojos (Colmed Chile [@colmedchile], 2019). Ante esto diversos organismos internacionales han señalado su preocupación, entre estos la Corte Interamericana de DDHH, el Alto Comisionado para los DDHH de la ONU (Naciones Unidas Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado, 2019) y Amnistía Internacional, que incluso redactó una carta dirigida al Pdte (Amnistía Internacional, s.f).

Esta violencia confirma no sólo tu voluntariosa sordera ante el grito de la calle, sino que además muestra la prepotencia con la cual insis-tes en imponer tu agenda social. Una agenda que sólo es más negocio para los grandes empresarios privados a costa de mayor desigualdad y


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precarización. Una agenda que ahora esperas reforzar con lo que bauti-zaste “agenda de seguridad” (Romero, 2019).

Esta agenda confirma, que no sólo tienes oídos sordos para las deman-das de la calle, sino que también para las instituciones que denuncian las violaciones a los derechos humanos. En ninguna parte incluyes con claridad medidas de control y contención contra las fuerzas represivas. Por el contrario, fortaleces sus capacidades y posibilidades para conti-nuar por el camino del maltrato, la violación, la tortura y la muerte. Tu agenda impulsa “ley antisaqueos (…); ley antiencapuchados, mayor rigor al delito de desórdenes públicos bajo capucha (…); urgencia a moción de desórdenes mediante barricadas y entorpecimiento de libre circulación (…); aumentar capacidad de vigilancia aérea (…); proyecto de ley que establece estatuto de protección para las fuerzas de orden y seguridad”, entre otros (Carvajal, 2019). “Estamos convencidos —dijiste— que esta agenda representa y constituye un aporte significativo e importante a mejorar nuestra capacidad de controlar y resguardar el orden público, y proteger la seguridad ciudadana (…) Por esa razón creemos que su aprobación es algo urgente y necesaria” (Piñera, 2019).

Tus prioridades son claras.

Rabia, sordera y esperanza

Mientras, en la calle la rabia crece… una rabia que sale por todos lados… una rabia que desborda impotencia. El vandalismo es parte de esto. Muchos jóvenes dicen: “si no sirve manifestarnos, quizás con la rabia nos escuchen”. Y el vandalismo mezcla esa rabia e impotencia desbordada de quienes llevan tres semanas marchando, convocándose en cabildos y en otras acciones, con la rabia que ha crecido silenciosa y sostenida en los márgenes de la profunda desigualdad de nuestra sociedad. La ciudad de Valparaíso, víctima de una desbordada violencia policial, pero también de actos vandálicos, realizó un estudio en torno a las violaciones a dere-chos humanos cometidas por las fuerzas policiales. Un dato que emerge


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refiere a que casi la mitad de las niñas y niños que han sido detenidos como posibles autores de vandalismo, han sido o son parte de las ‘políti-cas de cuidado’ del Estado a la infancia más vulnerada (Mesa de trabajo Organizaciones de la Sociedad Civil Ilustre Municipalidad de Valparaíso, 2019), es decir son los más vulnerables, aquellas/os que, según el citado informe del Comité de la Niñez de las Naciones Unidas (2018), han sido sujetos a violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del Estado. Esta mezcla está intentando reventar las cortinas metálicas de las farmacias coludidas, y quemar supermercados, especialmente de las grandes cadenas, y romper todo signo del Estado en el espacio público.

Esta mezcla entre impotencia y rabia antigua, se ha fortalecido en el contexto de una represión desmedida que genera furia e impotencia, y con medios de comunicación masivos que han privilegiado mostrar a estos actos vandálicos como prácticamente la única expresión de este grito de la calle contra la precarización de la vida. En efecto, como señaló una declaración difundida por el Colegio de Periodistas de Chile, “la exageración y predominio de informaciones sobre incidentes violentos —que la mayoría de la sociedad condena— ha derivado en una cober-tura sensacionalista que no contribuye al sano rol que deben cumplir los medios en democracia”, algo que en parte, según señala la misma declaración, se deba a “la supremacía de las líneas editoriales por sobre la información responsable y ajustada a la realidad” (Colegio de Periodistas de Chile, 2019). Durante los últimos días, además, grupos empresariales activamente han chantajeado a los medios masivos que han intentado ser más pluralistas, retirando su publicidad (Colegio de Periodistas rechaza “extorsión económica” a CNN y ChileVisión, 2019).

En efecto, si nos quedamos con las noticias que distribuyen los medios masivos, particularmente las principales cadenas de televisión abierta, pensaríamos que estamos ante una invasión alienígena que quiere des-truir nuestro mundo, como lo dijo la primera dama, Cecilia Morel (“Es como una invasión alienígena”: Confirman audios de Cecilia Morel, 2019).

Este tipo de versiones se han reforzado mediante la difusión en redes sociales de noticias falsas y consignas que han buscado alarmar a


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las personas, exagerando la violencia vinculada a las movilizaciones y deslegitimando las demandas del movimiento y a las víctimas (ver, por ejemplo, el falso incendio del Hotel Marina del Rey (Riquelme, 2019) , la supuesta ‘falsedad’ de los daños oculares de las víctimas del actuar de Carabineros (La verdad por imágenes de mujer golpeada con una lacrimó-gena en su ojo por Carabineros, 2019) o que parlamentarios comunistas no querían reducir su ingreso como parlamentario, entre otros).

Todo esto ha sido un ambiente propicio para que algunos grupos civiles hayan salido armados con bates, palos, y, en algunos casos, con armas de fuego, para, según declaran, protegerse de los saqueos de los vándalos. Estos grupos se han puesto los chalecos amarillos, usados en el tránsito como identificación, y, hasta ahora, su gran acción fue golpear a una mujer lesbiana en Reñaca (Nuevo episodio de violencia homofóbica: Movilh se reunió con la delegación de la ONU para denunciar los hechos, 2019). En todo caso estos ‘chalecos amarillos’ sí han aparecido, nunca en un gran número, en diversas comunas especialmente en Santiago, protegidos por Carabineros y amenazando posibles manifestantes. ‘Intelectuales’ de la derecha también han aprovechado esta imagen de caos provocada por un movimiento de ‘alienígenas saqueadores’ para promover “la resistencia civil al golpe de estado en curso patrocinado por el PC [Partido Comunista] con la complicidad del FA [Frente Amplio] y parte significativa del PS [Partido Socialista] y los narcos” (Melnick [@melnicksergio], 2019).

Han sido varias las voces en estos días que ven en la movilización un reclamo infundado de una masa que no desea esforzarse individual-mente, que quiere que todo se lo ‘regale el Estado’; y, si bien reconocen las marchas, el vandalismo sería su expresión máxima. Por ello, la prioridad debe ser restablecer el orden público (Quezada, 2019). Y las demandas sociales sólo pueden satisfacerse radicalizando el modelo, pues es un modelo exitoso (Kaiser, 2019). Es la misma opinión que parece tener Sebastián Piñera, quien, este sábado 9 de noviembre, en entrevista con el diario El País, señaló que lo que tenemos al frente sería “el malestar del éxito” (Montes y González, 2019), sin reconocer en ninguna parte


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que lo que se cuestiona son las bases del modelo económico y político que han sustentado una vida precarizada.

Y así, la sordera continúa; sin embargo, este movimiento no se detiene.La apuesta de muchos, como lo señaló la ex senadora de derecha Lily

Pérez, fue que el movimiento se iba a agotar (“La gente tiene el derecho a seguir manifestándose”: Lily Pérez responde a petición de Allamand de terminar las marchas, 2019). Es mucha la energía de mucha gente puesta cada día. La actividad diaria está totalmente alterada para todas y todos. Si bien hasta mediodía más o menos la mayor parte de las acti-vidades funcionan con cierta normalidad, desde las 15:00 hrs. tienden a comenzar las marchas y manifestaciones autoconvocadas siempre dirigidas hacia el centro de las ciudades. A las 17:00 hrs. el país ya está detenido, el tráfico cortado, por las intensas manifestaciones. Antes, a las 11:00 hrs. ha habido manifestaciones de algunos gremios de salud, o educación. La violencia policial actúa desde temprano, con las primeras manifestaciones. Las ciudades están impregnadas con el potente gas lacrimógeno que usa la policía. Los negocios, empresas, escuelas, uni-versidades cierran temprano, y muchas de ellas no han funcionado en todos estos días. El temor al vandalismo o a la violencia policial, llena de precauciones a quien se desplaza por la ciudad. Marchar, marchar, día a día, intentando resguardarse sobre todo de la policía disparando balines, el guanaco (carro lanzaagua) y el zorrillo (blindado lanzaga-ses) … todo esto agota… Los helicópteros que de noche circulan por las ciudades a vuelos rasantes, iluminando las viviendas. Todo esto ame-drenta… y cansa. Sin embargo, ya son tres semanas, y la movilización no termina. Hay momentos, los fines de semana, que baja la intensidad, pero nuevamente se generan movilizaciones constantes con dos o tres convocatorias de alta masividad cada semana en todas las ciudades. Ya a tres semanas, el día viernes 8, Santiago tuvo una movilización de más de 500.000 personas, algunos cifran en un millón la participación. Como sea son cifras enormes luego de tres semanas.

En la calle, en los medios de locomoción colectiva, en los negocios, incluso los mismos locatarios que deben cerrar para resguardar la


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seguridad de sus negocios, insisten en que ‘aún no hemos logrado nada, esto debe continuar’, siempre reclamando la sordera del gobierno.

De la Movilización Rizomática al Proceso Constituyente (Postdata del 10 de noviembre de 2019)

Ya han pasado 3 semanas de una movilización que sigue creciendo y sosteniéndose. No tiene cabezas ni convocantes claros, a pesar de ello ha ido adquiriendo una cierta inteligencia rizomática que incluye la construcción de formas de movilización y de deliberación que han ido emergiendo en todos los rincones de nuestra sociedad durante estos treinta años. Las organizaciones de trabajadores subcontratados y a hono-rarios ya nos enseñaron que es posible organizarse desde la precariedad y desde formas de organización prescritas de carácter individualizado. Asambleas deliberantes las vimos en los movimientos secundarios del llamado pingüinazo del 2006, cuando en las escuelas y liceos más precarios de todo Chile, nuestras y nuestros estudiantes secundarios comenzaron no sólo a discutir de sus necesidades más urgentes, sino que llegaron a desafiar la propia constitución de la república como responsable del orden social y educacional que discutían, generando propuestas constituyentes. Los colectivos de trabajadores que poco a poco han ido constituyéndose instalando al espacio asambleario como autoridad última, también nos han enseñado diseños políticos posibles. Hoy en todo Chile se hacen cabildos. Estos reconocen a la movilización en toda su forma, desde la manifestación pacífica, hasta al encapuchado, pues éste es capaz de mantener a raya a la fuerza represiva. Y levanta cuáles deben ser los principios de la nueva constitución y cómo debe hacerse. Y son miles de cabildos repartidos por todo Chile organizados en plazas, clubes deportivos, juntas de vecinos. Nadie tiene la cuenta, pues son autoconvocados.

Y nuevamente llegas tarde, Sebastian Piñera, Presidente de la República. Hoy, Domingo 10 de noviembre, a altas horas de la noche, tu Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que el conglomerado de gobierno que te apoya ha acordado convocar a un Congreso Consti-tuyente que propondrá una Nueva Constitución que será plebiscitada


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(Gobierno anuncia “Congreso Constituyente” para avanzar hacia una nueva Constitución, 2019). No lo explicaste muy bien. A estas horas, no queda claro si serán los parlamentarios actuales que definirán una nueva constitución o será un nuevo parlamento. Sin embargo, de inmediato se te respondió a través de redes sociales #AsambleaConstituyenteoNADA!

Pero, a pesar de que llegas tarde, el día hoy, como Presidente de la República, diste el salto, desde ‘la invasión alienígena’ al reconocimiento de que lo que se está cuestionando son las bases de nuestra sociedad que están fuertemente aseguradas por esa constitución que precariza la vida. Hoy se abre una posibilidad que requiere de la lucha de la calle y de los cabildos, pues es el camino con el cual se ha alcanzado una voz audible, incluso para ti.

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Venezuela. Normalidad en un país anormal

Yorelis Acosta1

Resumen

Venezuela recibe el siglo XXI con el mayor ingreso petrolero de su his-toria; dos décadas después estamos en una crisis económica profunda, con inestabilidad política y millones de personas se han ido del país que en la década de los 80 figuró como el más pujante de América Latina. Tres olas de migración caracterizan nuestra diáspora, los que nos que-damos estamos marcados por los efectos de la crisis y las despedidas. El presente trabajo describe las dimensiones económica, política y social de la crisis, así como las respuestas del gobierno ante la misma y las respuestas de los ciudadanos, a saber: la protesta, emigrar o suicidarse. Las notas finales presentan la principal consecuencia psicosocial, a nivel individual: tristeza, miedo y desesperanza; a nivel social: desarticula-ción de la participación y sumisión; lo cual da un aparente estado de tranquilidad en el país.

1 Universidad Central de Venezuela, Venezuela.


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Palabras clave: crisis, conflictividad, migración, instituciones, Venezuela.

Introducción

Protestas, saqueos, hiperinflación, inseguridad, carencia de alimen-tos y medicinas, deterioro de los servicios públicos y el mayor colapso económico y eléctrico vivido en nuestra historia (6 días de oscuridad y sin comunicaciones en el mes de marzo), dejaron una nueva huella en nuestro contexto reciente. En lo político: 26 elecciones desde 1998, 6 de ellas presidenciales y confrontación constante entre gobierno y cualquier actor que intente disentir o enfrentarse al poder absoluto regentado en este momento por Nicolás Maduro y su gabinete. En lo social deterioro de la salud de los venezolanos, desnutrición, pobreza, inseguridad según los datos reportados por la encuesta Encovi (2018).

Pero si nos asomamos a la calle y le tomamos el pulso al país, éste respira, las ciudades se mueven pero a una velocidad más lenta y suce-den cosas. Para los que aquí vivimos desde siempre, sentimos el cambio. Menos carros en la calle, menos gente, menos compra, menos venta, pocas colas. Sin embargo, este contexto ha marcado el vivir del venezo-lano y ha empujado otros indicadores de los que daremos cuenta en este ensayo: aumento de la protesta popular, migración y casos de suicidios. El estado emocional reinante es de malestar, tristeza y desesperanza para muchos, que junto a la recesión económica, hacen que la gente huya del país por sus diferentes fronteras o se quite la vida como otra forma de irse también de esta situación.

Para comprender esa fotografía de Venezuela 2019, el ensayo desa-rrolla la siguiente estructura: la primera parte, describe la crisis en las dimensiones económica, política y social; la segunda presenta las respuestas del gobierno y de los ciudadanos ante la crisis y finalmente, unas notas sobre las lecciones psicosociales de vivir en un país con una crisis prolongada.


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Parte I. La crisis

Lo económico. El economista José Manuel Puente (2017) analiza las varia-ciones del Producto Interno Bruto (PIB) durante el periodo 1950-2018. Según su análisis, Venezuela creció ininterrumpidamente durante 29 años (1950-1979) a una tasa promedio de 6.3%, siendo una de las economías más estables y de mejor ejecución en el mundo. Durante el periodo 1988-1998 la tasa de crecimiento promedio se redujo a 1.7%, con contracciones en los años 1983 y 1989. En el período de la revolución bolivariana (1999-2018), se han experimentado años de crecimiento (18.3%) en el 2004 y de decrecimiento (–18.0%) en el 2016, a pesar de haber tenido la mayor magnitud de ingresos petrolero en nuestra historia.

El siguiente gráfico presenta dos variables que dan cuenta de nues-tra actividad económica actual: la inflación y la tasa del PIB de los años 2008-2018.

Ilustración 1. Venezuela. Inflación vs. Variación del PIB 2008-2018

% %

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

10

5

0

–5

–10

–15

–20

–25

Inflación (eje izq.) Var. PIB (eje der.)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: tomado de Ecoanalitica.net

http://Ecoanalitica.net


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La economía venezolana acumula en los últimos 5 años una caída del PIB de –62,4%. Las causas de esta severa crisis son: una inflexible política cambiaria, con control de cambios y tipos de cambio múltiple, aumento de importaciones y la destrucción del aparato económico; un ambiente de híper regulación (controles de precio, de cambios, de tasas de interés); sistemáticas expropiaciones y nacionalizaciones que con-trajeron el aparato productivo y generaron flujos de inversión privada nacional e internacional de los más bajos de nuestra historia; crecimiento de los niveles de endeudamiento y completo agotamiento de los recursos ahorrados en el Fondo de Desestabilización Macroeconómica (FEMN) y un aumento de la deuda pública (Vera, 2017 y 2018; Puente, 2016; 2019; Gutiérrez, 2017).

Nuestro país exhibió el crecimiento más bajo de la región e incluso fue el único país que presentó un crecimiento acumulado negativo en los últimos 18 años de –3.2%, mientras que la región en el mismo periodo creció en promedio 74.9%. Hemos estado en los últimos 10 años entre las 10 inflaciones más altas del mundo ocasionando impactos muy nega-tivos sobre ingresos de los agentes económicos, caída de los patrones de consumo, empobrecimiento y sobre todo, pérdida de bienestar de la población. La ilustración 1, cuya fuente es Ecoanalitica y el Banco Central de Venezuela presentan en su informe un índice de inflación de 130.060,2% en el 2018 y para el 2019 la inflación acumulada a septiembre es de 3.326%. Los años anteriores la inflación fue para el 2016 de 274,4% y para el 2017 de 862,6%.

El efecto de la crisis lo constatamos en la caída de los salarios reales. El salario mínimo real a mediados del 2019 fue el más bajo de los últimos 20 años (3$ mensuales). En mayo-2019 el salario se fijó en Bs. 40000 más un bono de alimentación en Bs. 25000; en octubre-2019 se vuelve a decretar un aumento del salario mínimo, fijándose en Bs 150000 y el bono de alimentación en Bs 150000 para un sueldo integral mínimo de Bs. 300000. Esto equivale a más o menos 13$ mensuales. Para dar una idea de lo que se puede hacer con el ingreso más reciente, un cartón de 30 huevos cuesta en la actualidad Bs. 80000, el kilo de pollo entero


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cuesta Bs 45000, Bs 57000 el kilo de carne roja y un kilo de jabón para lavar ropa ronda los Bs 150000.

Otras incidencias que terminan por darle expresión a la aguda situación económica son: la falta de efectivo circulante, el colapso de los servicios públicos como la electricidad, agua, vialidad y transporte (el 25% del parque automotor detenido por falta de repuestos).

Lo político. En Venezuela se han efectuado 26 procesos electorales desde 1998. Elecciones y manifestaciones de calle fueron dos mecanismos instituidos desde entonces para demostrar la fuerza popular de los dos grupos principales políticamente activos pero también éstas últimas sirvieron para expresar el malestar. De los 26 actos electorales, 6 fueron presidenciales, 4 ganados por el Hugo Chávez (1998-2000-2006-2012) y dos por Nicolás Maduro (2013-2018), de la misma fuerza política. El resto de eventos que hacen parte de la cronología son regionales, parlamen-tarias y referéndum.

Varias acciones empañan la confianza en los resultados. Una de ellas, los procedimientos para seleccionar a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), ente encargado de regular y ejecutar los comi-cios electorales. De los 5 miembros principales, 4 son afines al gobierno (sacados de sus filas políticas). Contamos con la misma rectora desde el 30 de abril del 2006 y desde 1999 ya formaba parte de este organismo como rectora suplente.

Otra de las irregularidades se refiere a las estrategias y estructuras que desarrolló el gobierno para ganar elecciones, violando el marco normativo que impone la constitución y la ley electoral. Entre éstas tenemos: control y regulación de los medios de comunicación donde están censurados los candidatos opositores, uso del canal del estado para hacer campaña a favor del gobierno y desprestigiar a la oposición, el presidente Maduro y mucho más en su momento Chávez, emitían mensajes en cadena nacional diariamente; el día de las lecciones habían puntos de concentración cercanos a los centros electorales para chequear a sus votantes, permitido por los militares que custodian el proceso, a la vez que le daban prioridad a las personas afines a su fuerza política;


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presiones a los empleados públicos para votar, acompañados en ocasio-nes por un miembro del partido en lo que denominaron “voto asistido”, el cual debía hacerse sólo en caso de minusvalía por parte del elector; grupos de choque que amedrentan a los ciudadanos, movilización de sus seguidores en autobuses y vehículos del estado, marcando un claro ventajismo electoral.

El voto en Venezuela es electrónico desde 2005. El propio gobierno se ha encargado de emitir información sobre el “no secreto del voto”, generando desconfianza en el proceso y en el conocimiento de los resul-tados individuales, en especial con los empleados públicos.

El politólogo y analista, John Magadaleno (2018) sostiene que estas acciones en la orientación estratégica y decisiones del Ejecutivo y otros poderes públicos, acrecentaron las asimetrías de la competencia electoral y se vulneraron los principios de periodicidad, imparcialidad, transparen-cia, invalidación conforme a reglamentaciones sobrevenidas, entre otras.

Para la investigadora Mercedes Martelo (2017) las transformaciones en el sistema electoral fue un eje fundamental para el desmantelamiento de la democracia. La autora sostiene que el sistema electoral en lo que va del siglo XXI, parece haber sido utilizado como instrumento de ope-ración política en beneficio de una élite emergente, que si bien llegaron al poder por vía electoral en 1998, promueven e imponen modificaciones en el sistema y procesos electorales orientados a facilitar su permanecía en el poder con dos líneas de actuación: promoviendo la polarización y cercenando las posibilidades de actuación de la oposición política.

En el año 2015 se realizaron elecciones parlamentarias. Por primera vez la oposición obtiene las 2/3 partes. 3 días después el CNE impugna las elecciones del estado Amazonas que aporta 3 diputados, se les retiran las credenciales y se logra quitar la mayoría calificada con esta decisión política. En la actualidad, el CNE no ha resuelto la situación, no se con-vocó a nuevas elecciones en ese estado ni se aclararon las dudas sobre las irregularidades en los comicios. Sin embargo, la AN siguió sesionando, interpelando al Ejecutivo y a sus ministros como corresponde a sus funciones.


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Una nueva jugada del gobierno complica más la situación política. Declara en “desacato a la AN”, concepto no previsto en la constitución y convocan a una Asamblea Nacional Constituyente, sin respetar los procedimientos establecidos en la ley. Desde ese momento tenemos dos asambleas. La ANC llama a elecciones presidenciales, se abstiene la oposición y gana nuevamente Maduro en el 2018.

En enero de 2019 Maduro inicia su segundo mandato, que implica un nuevo escenario caracterizado por una mayor ruptura con la institu-cionalidad, es desconocido por la oposición exigiendo mayores garantías electorales que implicará entre otros, la presencia de la comunidad internacional.

Lo que más movilizó políticamente a los venezolanos este año, fue la juramentación en enero del diputado Juan Guaidó como presidente de la AN, quien desconociendo las elecciones presidenciales anteriores y en base a la constitución asume la presidencia de la república como encargado e intenta a llamar a nuevas elecciones. Es decir, en Venezuela tenemos dos Asambleas Nacionales y dos presidentes.

Los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado, también aceptan las nuevas designaciones de sus embajadores. Entonces Maduro diseña embajadas oficiales virtuales en esos 50 países que lo desconocen como presidente. Tenemos ahora dos embajadas en algunos países y mientras tanto, los venezolanos que están en el exterior no pue-den renovar sus pasaportes o hacer los trámites regulares en embajadas o consulados. Las oficinas de Guaidó no cuentan con presupuesto ni papelería oficial.

Lo social. Desde 2013 no es posible acceder a data oficial sobre aspectos económicos o sociales en el país. Para mostrar la fotografía de lo que sucede en lo social, me remito a la encuesta de condiciones de vida (ENCOVI), realizada por investigadores de las 3 universidades más prestigiosas del país: Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar y Universidad Católica Andrés Bello.

Los resultados obtenidos en el área salud y educación dan cuenta del aumento de la pobreza y desnutrición en la población. Los programas


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sociales ejecutados por el gobierno como la entrega de bolsas de comida a los sectores más pobres, solo dan cuenta del número de bolsas entrega-das sin estudios previos sobre necesidades nutricionales de las familias vulnerables, y detrás de ese programa una estructura de corrupción, importaciones y sobreprecios. Por otro lado, voceros del gobierno han afirmado que la entrega de esas bolsas de comida etiquetadas bajo el nombre CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), tienen un objetivo político. Se entregan a seguidores de gobierno y se amenaza con su retiro si no dan su apoyo con votos y movilizaciones. Otros pro-gramas sociales para la salud y educación han disminuido su presupuesto y en consecuencia, casi han desaparecido.

En relación a la alimentación, hay un importante desabastecimiento y encarecimiento de alimentos. Por tanto, el gobierno se ha hecho con el control de algunas fábricas de alimentos fundamentales como harina de maíz, arroz, café, aceite y mantiene supervisión constante del sector privado.

La dieta del venezolano ha perdido cantidad, variedad y es “anémica” por la disminución de micronutrientes, en particular hierro que sumado a la disminución en el aporte de lácteos hacen más grave la situación, 80% de los hogares se encuentra en inseguridad alimentaria, aproxima-damente 8,2 millones de venezolanos ingiere dos o menos comidas al día y las comidas que consumen son de mala calidad. Nueve de cada 10 venezolanos no puede pagar su alimentación diaria y 6 de cada 10 vene-zolanos han perdido aproximadamente 11Kg de peso en el último año por hambre, siendo los más pobres, los niños y ancianos los más afectados.

Los números en relación a la educación e inseguridad en Venezuela también son críticos. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, dirigido por el sociólogo Roberto Briceño León y coordinador de la escala en el área Seguridad Personal afirma que la violencia se ha apo-derado del 90% del país y solamente en el 10% de las comunidades no se reportaron hechos violentos. Hay miedo, desconfianza en la policía y en el sistema de justicia y un 64% de la población no denuncia haber sido víctimas de delitos.


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Parte II. Las respuestas

Del gobierno

Las respuestas del gobierno las podemos resumir en primer lugar, en el uso de dos conceptos clásicos de la psicología: refuerzo y castigo. Se ha castigado la disidencia en su propio grupo y mucho más a los oposi-tores, sean estos individuos o instituciones con expulsión de sus filas a sus seguidores, multas, cierre de establecimientos, retiro de beneficios, juicios, cárcel, entre otros.

Por el contrario, se premia la fidelidad de muchas formas, desde permitir la corrupción a baja y alta escala hasta la entrega de casas y carros para uso personal (pero sin entregar los títulos de propiedad a los beneficiarios), bonos en dinero, las bolsas de comida y la posibilidad de coordinar la entrega de esos beneficios. Los premios también pueden ser a mayor escala: cargos públicos a personas sin las credenciales requeridas, todo a cambio de la fidelidad; por tanto no hay personas de oposición en cargos públicos, eliminando el justo balance en el ejercicio del poder. Toda la administración pública está a cargo del chavismo-madurismo.

Hay todo un accionar político que busca detener cualquier acción contra su objetivo fundamental: permanecer en el poder, asumiendo todos los costos del empobrecimiento de los ciudadanos y el quiebre económico del país. A los políticos de oposición y disidentes se les ha detenido, se hacen juicios amañados, muy rápidos o dilatados a conveniencia, inha-bilitaciones administrativas, retiro de la inmunidad parlamentaria a los diputados y cualquier otra acción que consideren dentro o fuera de lo estipulados en las leyes.

La criminalización de la protesta ha sido una acción constante desde los tiempos de Chávez, quien comenzó por crear reglamentos de restricción a las protestas, hasta represión brutal a las manifestaciones y detenciones.

Otra respuesta del gobierno es la negación de la realidad y oculta-miento de cifras. Por ejemplo, para el gobierno las cifras de migración,


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según el Ministro de Información Jorge Rodríguez se encuentran entre 300 y 700 mil venezolanos.

Se han cerrado medios de comunicación de TV y radio, o se les colo-can multas millonarias por informar sobre la realidad que no interese al gobierno, se niega papel a los medios impresos y por supuesto, el uso de la propaganda nacional e internacional para posicionar temas en la agenda pública, sobre la gestión del gobierno y el bienestar nacional.

Pero en resumen, desde 1998 el gobierno asume una política de con-frontación y eliminación de cualquier crítica o disidencia para mantener el poder. Trabajan en varios planos, incluso el simbólico. El trabajo de Acosta (2013), enumera los elementos simbólicos que dieron forma a una manera de vincular al líder con sus seguidores, dando identidad y cohesión grupal pero también a los grupos antagónicos, polarizándolos. Hoy día, el trabajo simbólico más fino e implica una estructura de control entre vecinos, amenaza y represión silente.

De los ciudadanos

La protesta. En este panorama de crisis económica, política y social, la respuesta ciudadana la presentaré en tres acciones: la protesta de calle, emigrar o quitarse la vida. En relación a la protesta social, los datos más confiables los presenta el Observatorio Venezolano de Conflictividad. El cuadro siguiente (ver ilustración 2) presenta 59.787 protestas durante el periodo 2011-2018, de estas el 89% son por exigencias de derechos eco-nómicos, sociales y culturales, y el resto por derechos civiles y políticos.

En la memoria tenemos dos años: 2014 y 2017, donde la protesta toma protagonismo en la agenda nacional, todo el país protesta de manera violenta y se da la mayor represión por parte de los cuerpos de seguridad. La foto a continuación tomada del observatorio venezolano de conflictividad, muestra una manifestación en la ciudad de Caracas en ese período de intensificación de la protesta (abril-agosto-2017), que cerró con un saldo de 163 fallecidos y 5341 detenidos. De estas siguen


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detenidas 822 personas (datos del foro penal venezolano). A pesar de la represión y las muertes, en el año 2018 sociedad sigue exigiendo sus derechos y la protesta fue mayor, según la Ilustración 2.

Ilustración 2. Protestas durante los años 2011-2018

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

5338

5483

4410

9286

5851

6917

9787

12 715

Total = 59 787

Fuente: tomado de https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-la-conflictividad/conflictividad-social-en-venezuela-2018

Ilustración 3. Protesta en Caracas-2017

Fuente: tomado de https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/sin-categoria/venezuela-6-729-protestas-y-157-fallecidos-desde-el-1-de-abril-de-2017

https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-la-conflictividad/conflictividad-social-en-venezuela-2018

https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-la-conflictividad/conflictividad-social-en-venezuela-2018

https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/sin-categoria/venezuela-6-729-protestas-y-157-fallecidos-desde-el-1-de-abril-de-2017



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Emigrar. Venezuela país receptor de personas, se convierte ahora en un país que expulsa a su gente. Los datos más completos los presenta la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), estiman que 4.486.860 venezolanos están viviendo fuera del territorio, la mayoría en países de América del Sur. Además, cerca de 650 mil personas han solicitado asilo en el mundo. Esta cifra tomada de su página web al 22/octubre/2019 representa la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobier-nos anfitriones. Pero sin duda existe un subregistro. Por ejemplo, en contacto directo con autoridades de Panamá, estiman cerca de 150mil venezolanos, en el cuadro siguiente se reportan 69.100; por su parte Migración Colombia reporta 1.447.171 y en el cuadro siguiente (ver ilus-tración 4) se reportan 677.313. La diferencia está en situación irregular, bien porque superaron el tiempo de permanencia en el país o entraron sin autorización, por los pasos ilegales o trochas.

Ilustración 4. Venezolanos residentes en países de América Latina

País Población

Colombia 677,313

Perú 466,956

Chile 325,025

Argentina 171,552

Ecuador 107,052

Brasil 97,199

Panamá 69,1

México 46,072

Uruguay 13,225

República Dominicana 7,946

Costa Rica 5,105

Paraguay 1,111

Fuente: tomado de https://r4v.info/es/situations/platform

https://r4v.info/es/situations/platform


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La mayor salida de venezolanos lo hace por Colombia, principalmente por las fronteras que conducen a Cúcuta, capital del Departamento del Norte de Santander. Para Cúcuta ha significado una verdadera tragedia el alto tránsito de emigrantes venezolanos, tanto por el comportamiento de sus fronteras, como por la dinámica de éstas y de la ciudad, que ha hecho necesaria la presencia de organismos nacionales e internacio-nales en la región para la atención de los migrantes y la construcción urgente de refugios. Migración Colombia estima cerca de 40 mil personas pasando diariamente por los diferentes puntos fronterizos (formales e informales).

Iván De La Vega (2014), estudioso de los patrones de migración vene-zolana, indica el año 1983 como el inicio de una salida importante de venezolanos. Sin embargo, en este siglo se estudian tres olas de migración. La primera desde 2000 al 2005, la segunda ola llega hasta el año 2015, y la última ola, a partir del 2016 es la más llamativa. Las dos primeras la conformaron venezolanos en condiciones económicas favorables y altos niveles educativos. Los últimos, los llamados “caminantes” son los más vulnerables, los más pobres, los que no llevan dinero, ropa adecuada, comida suficiente, planes ni documentos de identificación, desconocen las diferencias climáticas que les esperan o la geografía por recorrer, en los 3500 kilómetros que les esperan hasta Perú o cualquier otro destino más cerca o más lejos. Al principio los caminantes eran jóvenes varones exclusivamente pero luego se comienzan a integrar mujeres, niños, fami-lias enteras, incluso mascotas y personas con enfermedades crónicas y discapacidades motoras. Sin duda la situación económica y el conflicto político son factores de expulsión de la población.

La ilustración que presento a continuación (ver ilustración 5) es propia. Son dos fotografías que fueron tomadas en agosto-2018 a una hora de camino de Cúcuta hacia Pamplona.


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Ilustración 5. Caminantes venezolanos de Cúcuta hacia Pamplona

Fuente: fotografías tomadas por la autora del presente texto.

Los suicidios. Desde el año 2017, después de los estudios sobre el clima emocional de los venezolanos (Acosta, 2016), donde encuentro el pre-dominio de emociones negativas como la tristeza y el miedo empiezo a registrar casos de suicidios en la capital. Las redes sociales, revisión de prensa y el intercambio con periodistas que cubren la fuente de sucesos, me ayudan a consolidar unos datos que sigo compilando. El observatorio venezolano de violencia también sirve de insumo al incluir en sus reportes desde el año 2018 los casos de suicidios notando el alza en la frecuencia.

Conseguir la data más cercana a la realidad no es fácil, por las difi-cultades de obtener cifras oficiales y por la instrucción de evitar colocar en las actas de defunción el suicidio como causa de muerte. Esto lo pude verificar en la población Colonia Tovar, en el estado Aragua entre abril y junio 2019 haciendo trabajo de campo, al revisar las actas de defunción del registro principal y entrevistar a los médicos que llevan estadísticas en el hospital local.

En Caracas registramos casos de suicidios a diario, mientras en el país se contabilizan unos 800 casos anuales.

Las universidades. Punto aparte merece las respuestas de las uni-versidades venezolanas ante la presión del gobierno y la crisis. Las


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universidades públicas dependen del presupuesto nacional. Acosta (2018) enumera las acciones del gobierno para doblegar la autonomía de las universidades, la crítica y la voz disidente de los docentes a través de la disminución del presupuesto y salarios insuficientes al personal (un profesor universitario en la actualidad gana $20 mensuales) afectando todas las áreas de trabajo y la deserción académica. A diferencia de lo que pasó en el resto del país, el chavismo no penetró las universidades. En los diferentes eventos para elegir las autoridades universitarias, las fuerzas del gobierno no superaron el 15% de los escrutinios, razón por la cual torpedearon y detuvieron actos electorales en universidades, bien a la fuerza con grupos de choques o con sentencias de CNE o del Tribunal Supremo de Justicia.

A pesar de esto, algunos hemos resistido, no abandonamos nuestros espacios y continuamos trabajando en condiciones muy limitantes. Otra respuesta ante el ocultamiento de cifras macroeconómicas y sociales lo ha dado un grupo de investigadores de las 3 universidades más prestigiosas del país, al conducir la encuesta de condiciones de vida Encovi genera data desde el año 2014. El estudio explora las siguientes dimensiones: características de los hogares, pobreza, misiones sociales (así denomina-das por el gobierno a los planes sociales ejecutados), seguridad personal, alimentación y nutrición, educación, trabajo, seguridad social, salud, emigración internacional, vivienda y servicios.

Parte III. 2019: Las lecciones de la confrontación prolongada

El año 2019 parece más calmado en relación a los años anteriores donde la gente estaba en la calle expresando descontento y exigiendo sus derechos, haciendo largas colas por la escasez de comida, trabajando, resistiendo pero también viviendo cada vez con más limitaciones. La pérdida de calidad de vida y bienestar es evidente y la crisis, la queja, el desánimo, la desesperanza terminaron por fragmentar la participación y derrumbar la esperanza y el estado de ánimo de muchos.


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El juego político después de dos décadas, no trajo mejoras permanen-tes a los venezolanos. Si bien podemos señalar algunos logros sociales, la deficiente gestión burocrática y económica del país, han eliminado esos avances. Su esquema de relación con los diferentes actores del país basado en un modelo de confrontación y antagonismo de clases, ha dado lugar a mayores conflictos y a un estilo de vida donde hemos normali-zado la confrontación, el convivir en medio del caos y de conflictos de alta intensidad e indicadores negativos. Sin embargo, hay un “equilibro catastrófico” entre el malestar, la protesta y el accionar del gobierno.

El proceso político iniciado en 1998 en nombre de los pobres, ha provocado 20 años después en el plano político inestabilidad, secuestro del poder, doble institucionalidad, pugnas entre grupos políticos, pola-rización, deshumanización y descalificación de los que no comparten el ideal chavista. Y muy poco bienestar, calma, tranquilidad y normalidad.

Hoy los venezolanos desconfían de las instituciones públicas, del poder del voto, de los líderes, de la democracia, pero también del socia-lismo y de la revolución. La huida de los más vulnerables socialmente en los últimos años, quienes apoyaron por años a Chávez y a Maduro, es un ejemplo de ello y hoy se van caminando en circunstancias que ponen en riesgo su vida buscando otros espacios de vida, “buscando normalidad”.

En términos económicos y sociales retrocedimos a históricos de 1955, aumentó el descontento de la gente visto en las calles a través de reclamos y protestas constantes; así como repunte de enfermedades erradicadas, como el sarampión y la malaria; y problemas en educación, vialidad y orden social.

Las consecuencias sociales en la población son contundentes. La crisis nos ha arropado a todos. La hiperinflación ha hecho que nuestro capital acumulado a lo largo de la vida (el apartamento, el carro, los ahorros) disminuya su valor o desaparezca para poder sobrevivir y que gran parte de nuestro capital humano calificado se haya ido escapando del desastre, de un país que sienten invivible o se les transformó en el “infierno”, como me han comentado algunos (Acosta, 2019).


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Los venezolanos hemos cambiado nuestro comportamiento, nuestra corporalidad. Es muy evidente la pérdida de peso, el hambre, el agota-miento, la debilidad física, pero también emocional.

Hay un alto costo psicosocial por vivir en un país con una crisis prolongada. Apoyándome en las premisas básicas de la psicología social (Martin-Baró, 1990) nuestra crisis es un evento traumático-catastrófico que tiene efectos psicosociales en los niveles individual y social.

A nivel individual la presencia de la tristeza, la depresión, la angus-tia, la desesperación, el miedo y hasta la desesperanza se constata en las caras, en el discurso, en el caminar de muchos. A nivel social la desarticulación de la participación social y política, el miedo a disentir y ejercer control social a través de programas de asistencia a los más vulnerables termina por completar un panorama desolador. Hoy todos somos más vulnerables. Es un contexto anormal, que nos da piso para seguir viviendo en un “espacio de aparente normalidad”. Aun así salimos a la calle, trabajamos, protestamos y luchamos por una Venezuela mejor.

Referencias

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Autores

Eduardo Viera, Uruguay, territorio de nuestro sur ¿Hacia dónde iremos?

Elio Rodolfo Parisí, Argentina y su 27 de octubre. [email protected]

Mercedes Parisí, Argentina y su 27 de octubre.

Esteban Laso Ortiz, Ingenuidades, arrogancias y desconfianza: el trasfondo psicosocial de la coyuntura en América Latina. [email protected]

Gino Grondona-Opazo, Octubre 2019. Ecuador en la encrucijada del posdesarrollo: luchas políticoepistémicas contra el neoliberalismo. [email protected]

Maria Lily Maric, Mutua desconfianza. Las elecciones de 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia. [email protected]

mailto:[email protected]







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Nelson Molina Valencia, Colombia, noviembre 2019. Análisis y pro-puestas de un momento de movilizaciones públicas y sociales. [email protected]

Vicente Sisto, Chile y los gritos de la calle contra la precarización de la vida. [email protected]

Yorelis Acosta, Venezuela. Normalidad en un país anormal. [email protected]






La Asociación Iberolatinoamericana de Psicología Política (AILPP) es una organización académica que desde 2011 cuando se celebraron dos reuniones, una en Medellín y la otra Córdoba, ha procurado la integración de académicos y líderes interesados en este campo del conocimiento. Este libro es uno de los resultados de procesos integrativos y dia-lógicos entre colegas que nos hemos conocido a lo largo de la década en el marco de la AILPP. Es nuestro deseo que a través de sus líneas aporte-mos a las reflexiones que tejemos conjuntamente en diferentes coordenadas de latitud y longitud, y así transformar gradual y procesualmente nues-tras realidades, muchas veces dolorosas, extrañas, esperanzadas y posibles.