Zelik, Raul: Las dimensiones geopolíticas del conflicto colombiano. Ponencia para el seminario "Estado y bienes públicos en América Latina" (Montevideo 10/2010)

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El conflicto colombiano y sus implicaciones geopolíticas para América Latina

Ponencia para el seminario “Estado y bienes públicos naturales. El papel de las Fuerzas Armadas" - Montevideo / Uruguay, 28 y 29 de octubre 2010

Indudablemente Colombia es hoy el aliado más importante de los EEUU en el hemisferio occidental. Con entre 500 y 700 millones de dólares de ayuda militar anual se halla entre los primeros receptores de apoyo estadounidense en el mundo – superada solamente por Israel, Egipto, Irak y Afganistán. Es evidente que la ubicación estratégica de Colombia – su acceso a los dos océanos, la cercanía a las reservas petroleras de Venezuela, su pertenencia a la cuenca amazónica y su ubicación en el centro de América Latina – es un elemento fundamental para entender las dimensiones del compromiso norteamericano. Sin embargo, sería demasiado simplista suponer – como lo plantean voces cercanas al gobierno venezolano – que el Plan Colombia y los nuevos acuerdos militares colombo-estadounidenses sean productos de un plan norteamericano de aseguramiento de los recursos naturales en el continente. La intervención estadounidense, observable en Colombia desde mediados de los años 1990, se explica más bien por las dinámicas internas del conflicto en el país suramericano.

El conflicto colombiano y la política de EEUU

La asesoría militar norteamericana en Colombia no es un dato reciente. Con la revolución cubana, los EEUU despliegan sus actividades contrainsurgentes en Colombia igual que en el resto de América Latina. En este sentido, en 1962 una delegación norteamericana bajo el mando del general William Yarborough propone a los altos mandos colombianos la creación de grupos cívico-militares que deben acompañar al ejército en sus tareas de control territorial. Dos años más tarde militares norteamericanos asesoran el llamado Plan Lazo cuyo objetivo es aniquilar los núcleos campesinos armados, restantes de la época de la llamada “violencia” (1948-53).

Esta ayuda militar estadounidense, sin embargo, muchas veces ha sido sobredimensionada por autores de izquierda. En realidad la ayuda militar norteamericana para Colombia entre 1960 y 1998 fue bastante modesta – sobre todo si la comparamos con los programas norteamericanos en Centroamérica. Muchos de los consejos estadounidenses nunca fueron puestos en práctica por el Estado colombiano. Es así pese a que la crisis política se profundiza en Colombia a partir de 1980. Ante la creciente actividad de movimientos sociales, organizaciones políticas de izquierda y de las guerrillas – un auge popular que entonces pasó casi desapercibida por la opinión pública internacional – se configura una extraña alianza contrainsurgente conformada por las elites tradicionales de poder, grupos latifundistas, militares y las estructuras sicariales del narcotráfico. Nace el paramilitarismo que en los años siguientes generará decenas de miles de muertos.

Ahora si bien es cierto que tanto los militares colombianos comprometidos con la guerra sucia como varios contingentes paramilitares recibieron entrenamiento por personal extranjero – los militares oficialmente a través de los programas de cooperación con los EEUU, los paramilitares por mercenarios contratistas –, el paramilitarismo colombiano se diferencia de los escuadrones de muerte tal como actuaban en Centroamérica y en el Cono Sur: El protagonismo del narcotráfico le otorga cierta autonomía y genera dinámicas propias en su sena.En este sentido, la contrainsurgencia colombiana tiene rasgos particulares: Tanto la ayuda militar estadounidense como el pie de fuerza del ejército colombiano son pequeños. Gran parte de las tareas de represión se tercerizan.

Hacia el Plan Colombia

El compromiso estadounidense empieza a incrementar a partir de 1989. El documento de Santa Fe II, una propuesta estratégica de la derecha estadounidense al gobierno entrante de George Bush Señor, señala la creciente inestabilidad en Colombia. En concreto, los autores del documento expresan su preocupación por la supuesta fusión entre el narcotráfico y la guerrilla – un argumento un poco paradójico si se tiene en cuenta que algunas instituciones estadounidenses habían llegado a acuerdos tácitos con el narcotráfico para la financiación de la contra nicaragüense. Esta preocupación lleva a los EEUU a asumir un papel dirigente en la persecución de Pablo Escobar (1990-1993), un capo del narcotráfico enfrentado con el Estado colombiano.

No obstante, demora otros 5 años más hasta que se de la intervención masiva que constatamos en la actualidad. A mediados de los 1990, Colombia pasa – a pesar de que la violencia paramilitar ha ayudado a contrarrestar los movimientos anti-sistémicos – por una nueva crisis. El presidente liberal Ernesto Samper (1994-1998) es denunciado por sus nexos con uno de los grandes carteles de esta época – el cartel de Cali – y sometido a un proceso de impeachment. A esto se suman fuertes movilizaciones de cocaleros, campesinos y trabajadores públicos y, finalmente, el avance militar de la guerrilla de las FARC que logra pasar de una estrategia de guerrillas a una guerra de movimientos, causándoles serias pérdidas a las FFMM entre 1996 y 2002.

Ante este panorama diferentes organismos militares de los EEUU prenden el alarma. Entre 1997 y 1999 se nota un continuo ir y venir de funcionarios de seguridad estadounidenses en Bogotá lo que desemboca finalmente en el Plan Colombia. Éste, con su fuerte enfoque policial y militar, rápidamente deja atrás la retórica antinarcótica para convertirse en un auténtico programa contrainsurgente. Sus elementos más importantes han sido en estos años: i) entrenamiento de unidades contraguerrilleras por efectivos estadounidenses, ii) modernización y dotación de las Fuerzas Aéreas Colombianas, iii) asesoría y coordinación de tareas de contrainteligencia por personal norteamericano, iv) fumigación de los cultivos narcóticos con un énfasis particular en las áreas de control guerrillero mediante empresas contratistas y v) medidas de asistencia social y de desarrollo para incrementar la legitimidad del Estado colombiano.

A 12 años de esta intervención, diseñada entonces por una administración demócrata y continuada sin modificaciones por los gobiernos de Bush y Obama, hay que constatar que el Plan Colombia y el Plan Patriota, el programa sucesor, han sido plenos éxitos. Las fuerzas estatales colombianas han recuperado el control territorial. Si bien es cierto que las organizaciones guerrilleras no han sido derrotadas, el triunfalismo militar que

caracterizaba a las FARC durante dos décadas, ha quedado reducido a cero. Las FARC y el ELN subsisten hoy en territorios periféricos: en la Amazonía, las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador y en el Pacífico. Su incidencia política en las zonas urbanas es mínima, sobre todo las FARC – con sus prácticas autoritarias y militaristas – han contribuido más bien a una hegemonía de la ultraderecha que a un proyecto alternativo. No obstante, tampoco hay que imaginarse Colombia como el típico país “pacificado”. Parte de los movimientos sociales, sobre todo sectores indígenas, afro-descendientes y campesinos, sigue cuestionando radicalmente el modelo político y de desarrollo. Estos sectores se oponen decididamente a la extracción de los recursos naturales y a la comercialización de la biodiversidad en sus territorios. Comunidades afro-colombianas han resistido a la implantación de cultivos de palma aceitera en el occidente colombiano; mineros artesanales han frenado la penetración de las multinacionales en las regiones auríferas y pueblos indígenas impidieron la siembra masiva de coca (que es otra forma de integración violenta a los mercados globales) en sus resguardos.

Razones de la ayuda militar estadounidense

La presencia militar estadounidense en Colombia hay que ubicarla en este contexto. Ha seguido, en primer lugar, los lineamientos de las doctrinas de guerra de baja intensidad: Es decir, es producto de un esfuerzo contrainsurgente y se ha caracterizado por una baja implicación directa de militares estadounidenses. Antes bien, el apoyo estadounidense se ha canalizado a través de i) ayudas financieras y tecnológicas, ii) asesoría y entrenamiento y iii) empresas contratistas.

A esto se suman, en segundo lugar, los intereses económicos. Fue ilustrativo que la embajadora estadounidense en Colombia, Anne Patterson, escasos tres años tras iniciar el Plan Colombia, declaró que la protección del oleoducto Caño Limón-Coveñas tuviera prioridad para los EEUU. De hecho, Colombia es el octavo suministrador de petróleo de los EEUU y una de las principales fuentes de carbón.

Con los cambios políticos en América Latina ha empezado a pesar un tercer elemento: El cierre de la base de Manta por el gobierno ecuatoriano (y años antes la entrega de la zona del canal de Panamá) hizo necesario un reordenamiento de la presencia militar estadounidense. Los documentos de las FFMM estadounidenses acerca del acuerdo militar con Colombia son bastante explícitos en este contexto: Desde las bases colombianas aviones de transporte norteamericanos pueden llegar a todo el continente sin tener que ser repostados con combustible.

La presencia militar norteamericana en Colombia, en cuarto lugar, es entendida como un muro de contención contra la política chavista. El ex-director del Departamento de Informática de la policía secreta colombiana DAS, el confeso narcoparamilitar Rafael García, ha declarado que los modernos puestos de policía en las región fronterizas con Venezuela cumplen tareas de contrainteligencia. Además el DAS, paramilitares colombianos y sectores de la oposición venezolana habrían conspirado, según García, contra el gobierno de Chávez. Es bastante probable que estas actividades hayan tenido el visto bueno y algún apoyo de los servicios secretos estadounidenses.

Por último y en quinto lugar, las reservas petroleras de Venezuela y las reservas naturales de la Amazonía evidentemente también son un motivo del compromiso estadounidense en Colombia. Éste, sin embargo, no tiene los rasgos imperialistas

tradicionales: No se trata de apoderarse de recursos para empresas norteamericanas sino de garantizar la comercialización de estos recursos bajo condiciones favorables para los países industrializados.

El acuerdo en cuestión

En este momento, es incierto si el acuerdo sobre las bases militares, firmado entre Bogotá y Washington jamás materializará. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el procedimiento del gobierno anterior por lo cual el Acuerdo tendría que pasar primero por el Congreso. A pesar de que el gobierno de Santos allí tiene una mayoría de un casi 90 por ciento es posible que el acuerdo será sometido a serias modificaciones. Esto, sin embargo, no pone en cuestión la estrecha colaboración en asuntos de inteligencia. Mientras dure el conflicto interno colombiano, la presencia estadounidense se mantendrá. Es otra razón por qué una superación política del conflicto colombiano sería tan positiva para toda América Latina.