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1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

Por disposición constitucional, le compete a la Asamblea Legislativa (AL) ejercer el mandato

conferido por el pueblo, representándolo en el proceso de formación de leyes, normas

constitucionales, aprobación de convenios y tratados internacionales, mediante la discusión y

Dirección General de Presupuesto Nacional

ASAMBLEA LEGISLATIVA INFORME DE EVALUACIÓN ANUALEJERCICIO ECONÓMICO 2018

participación de los diferentes actores de la sociedad civil, así como la fiscalización del accionar a

los diferentes órganos que conforman el Estado costarricense, con el fin de establecer las

condiciones que propicien el desarrollo humano sostenible con justicia social.

Esta institución tiene la particularidad de que su actividad administrativa se rige por los acuerdos

tomados por el Directorio de la Asamblea de cada legislatura, que va del 1° de mayo de un año al

31 de abril del siguiente, lo cual difiere del periodo que se evalúa, así como con respecto a los

responsables de la ejecución del presupuesto, por cuanto en un mismo año participan dos

directorios legislativos distintos; por otra parte, en cuanto al cumplimiento de la razón de ser de la

institución, el proceso de formulación, discusión y aprobación de leyes se origina en propuestas

individuales o grupales que dependen del apoyo de mayoría en el Congreso o bien por la injerencia

del Poder Ejecutivo quien presenta iniciativas y define prioridades sobre proyectos de su interés.

Aunado a lo anterior, está la independencia de labores y votos que se da entre los bloques de

representantes de partidos políticos y de cada diputado en su accionar, así como del proceso que

sigue cada proyecto de ley en su deliberación, lo que impide que en materia legislativa sea factible

la elaboración de un plan y la fijación de metas de gestión relacionadas con la razón de ser de la

institución, por cuanto, de común acuerdo entre el Directorio Legislativo y el Ministerio de

Hacienda, el presente informe no constituye una evaluación respecto a un plan preestablecido, sino

un ejercicio de rendición de cuentas sobre la labor legislativa para el ejercicio 2018.

2. GESTIÓN FINANCIERA

El siguiente cuadro contiene los datos de los recursos autorizados y ejecutados para 2018, con

ingresos corrientes y de financiamiento (001 y 280).

Cuadro 1

Dirección: Edificio NOGA, calles 38 y 40, Frente al Centro Colón, Paseo Colón Tel:(506)2539-6240 – www.hacienda.go.cr

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http://www.hacienda.go.cr/

Asamblea LegislativaEjecución del Presupuesto 2018 por clasificación objeto del gasto

Al 31 de diciembre 2018(en millones de colones)

Partida Presupuesto Inicial 2018

Presupuesto Actual 2018

Presupuesto Ejecutado 2018

Porcentaje de Ejecución

TOTAL 36.715,0 36.715,0 31.706,7 86,4%

Recurso Externo - - - -

SUBTOTAL 36.715,0 36.715,0 31.706,7 86,4%

Remuneraciones 29.678,5 29.423,4 26.739,6 90,9%Servicios 3.820,5 3.792,5 2.699,3 71,2%Materiales 816,8 819,8 554,6 67,7%Intereses - - - - Activos Financieros - - - - Bienes Duraderos 1.597,4 1.597,4 1.060,3 66,4%Transf Corrientes 801,9 1.081,9 652,9 60,4%Transf de Capital - - - - Amortización - - - - Cuentas Especiales - - - -

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera.

¹ Corresponde al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el ejercicio presupuestario 2018.² Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2018.³Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.

Conforme al cuadro anterior, el nivel de ejecución de la Asamblea Legislativa para 2018 es inferior

en 4.6% al alcanzado en 2017 (91,1%).

A continuación se muestra un análisis de las partidas que obtuvieron porcentajes de ejecución

menor o igual a 90,0%.

Partida 1-Servicios (Ejecución 71,2%)

Al respecto la institución indica que, en el rubro de “Alquiler de edificios y terrenos”, se

presupuestaron recursos para cambio de precios en nuevos contratos y aumentos derivados de los

contratos que no vencían; no obstante, dichos recursos al final del ejercicio no se ejecutaron.


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Por otra parte, para el “Alquiler de equipo de cómputo” se presupuestaron ¢180 millones; no

obstante, se pagaron ¢131,4 millones, quedando en el disponible ¢48,5 millones.

En lo relativo al rubro de “servicios públicos”, se presentaron sobrantes y se generaron

principalmente por el desfase en el cobro de los servicios por parte de los prestatarios del mismo;

en particular se indica que, la institución migró los servicios de telefonía de un sistema analógico a

tecnología I.P, proyecto que sufrió contratiempos y rezagos en el pago, lo cual generó un

importante sobrante.

En lo relativo al rubro de “Información”, se menciona que el proyecto de comunicación integral al

ciudadano, que involucraba la trasmisión radial de las sesiones del plenario, televisión digital vía la

web del plenario y las comisiones legislativas, fue inicialmente retrasado y finalmente se pospuso

indefinidamente por parte del Directorio Legislativo por considerarse oneroso; lo cual generó un

sobrante significativo en este rubro. Al respecto, la institución indica como medida correctiva iniciar

el procedimiento administrativo para la contratación de una radioemisora en frecuencia modulada

de alcance nacional para las transmisiones del plenario y las comisiones plenas, cuyo plazo de

implementación se estableció en nueve meses a partir de la resolución de la Sala Constitucional

(dicho plazo vence en abril de 2019).

Respecto al rubro de “Impresión Encuadernación y Otros”, se generó un sobrante significativo; esto

debido al incumplimiento parcial del proveedor para el Escaneo de la Actas del Plenario.

En el caso de los rubros de “Servicios Económicos y Sociales” y “Mantenimiento de Edificios y

Locales”, las nuevas autoridades legislativas suspendieron la contratación de la consultoría para la

reorganización del departamento que atiende las Tecnologías de Información, esto en virtud de la

situación fiscal del país; por otra parte, se presentaron problemas y retrasos en la ejecución de las

diversas contrataciones en mantenimiento de las edificaciones.

Partida 2-Materiales y Suministros (Ejecución 67,7%)

En lo relativo al rubro de “Combustibles y lubricantes”, se generó un sobrante debido a que los

precios del combustible resultaron menores a los inicialmente proyectados (los señores diputados y

diputadas reciben una asignación de 500 litros de combustible al mes). Al respecto, como medida


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correctiva, la institución indica que resulta difícil de predecir las variaciones en el precio

internacionales del petróleo; así como, los factores macroeconómicos que en este inciden; no

obstante, se hará un esfuerzo para ajustarlo lo máximo posible en un plazo anual.

Por otra parte, respecto al rubro de “Alimentos y bebidas”, se produjo un sobrante, considerando

que se disponían recursos comprometidos y disponibles para hacer frente a las necesidades

institucionales derivadas de la discusión y aprobación de la Ley N° 9635, “Ley de Fortalecimiento

de las Finanzas Públicas”, no obstante, el Directorio Legislativo decidió disminuir dichos gastos.

Como medida correctiva, la institución menciona, mejorar la proyección de la demanda, así como la

coordinación entre el departamento encargado de tramitar los requerimientos y la Proveeduría,

todo lo cual se hará en un plazo anual.

Partida 5-Bienes Duraderos (Ejecución 66,4%)

En lo relativo al rubro de “Equipo y Mobiliario de Oficina”, la institución indica que logró adjudicar la

contratación de mobiliario de oficina por la suma de ¢90,0 millones; sin embargo, el recibo de parte

de los bienes se hizo el último día hábil del 2018; por lo que, debido al proceso de cierre del año,

no se pudo gestionar el pago respectivo.

Por otra parte, se menciona que el rubro de “Equipo y Programa de Cómputo” presenta un nivel

muy bajo de ejecución, esto debido, principalmente, a lo lento de los procesos de contratación. Se

menciona al respecto que, la adquisición de equipo de cómputo y de otros componentes quedó

adjudicada; pero, los equipos ingresarán a la institución durante el año 2019 por la suma de ¢147,3

millones. Como medidas correctivas, la institución menciona que coordinará el trámite de pago y

recomendará al Comité Permanente de Tecnologías de Información (COPETI), dar seguimiento a

la aprobación de presupuestos para procesos de adquisición de Tecnologías de información (TI).

Lo cual se hará durante el I trimestre 2019.

Partida 6-Transferencias corrientes (Porcentaje de Ejecución 60.4%)

En lo correspondiente al rubro de “Otras Prestaciones a Terceras Personas”, para el pago de las

incapacidades; la institución indica que el gasto presentó niveles muy inferiores a los observados

años anteriores.


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Por otra parte, respecto al rubro de “Prestaciones Legales”, el Directorio Legislativo modificó los

requisitos para que más funcionarios se acogieran al programa de movilidad laboral; no obstante,

la duración de diversas acciones no permitió ejecutar los recursos en los tiempos previstos,

impidiendo ejecutar casi la totalidad de los recursos incluidos vía modificación al presupuesto. Al

respecto, como medida correctiva se indica que, por tratarse de un tema resorte del Directorio

Legislativo, en cuanto a la metodología, requisitos y aprobación se refiere; se solicitará al Directorio

Legislativo de turno, considerar el tema de la disponibilidad de recursos presupuestarios y lo plazos

necesarios para su ejecución. Al respecto, el plazo de implementación será el II cuatrimestre 2019.

Modificaciones presupuestarias

Respecto a las modificaciones presupuestarias tramitadas, la institución indica que se realizaron

únicamente dos modificaciones al presupuesto institucional durante del año 2018, bajo los

Decretos Ejecutivos N° 40.995-H de abril y N° 41.409-H de noviembre; ambos para atender

necesidades puntuales y por un monto total de ¢504,2 millones.

Al respecto, la institución indica que, la primera se realizó para atender la contratación y pago de

servicios médicos (psicología) y, respecto a la segunda, los recursos se destinaron a cubrir

posibles faltantes en Servicios Públicos (por el cambio de la central telefónica a telefonía IP),

algunas otras subpartidas derivadas de la discusión del proyecto de Fortalecimiento de las

Finanzas Públicas (Tiempo extraordinario); asimismo para el impulso dado al proyecto de movilidad

laboral voluntaria (Prestaciones legales), recursos que por los tiempos no se ejecutaron, pero que

al 31 de diciembre se habían aprobado 40 solicitudes y plazas que deben ser eliminadas de la

relación de puestos.

3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

Conforme al Acuerdo de Directorio Legislativo tomado en Sesión Nº 104-2008, de 21 de mayo de

2008, artículo 45, fundamentado en un acuerdo previo con la Dirección General de Presupuesto

Nacional, a continuación se presenta básicamente un Informe de Resultados de carácter

informativo, con datos estadísticos de los proyectos o leyes aprobados, discutidos o desestimados


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durante el período y las sesiones de control político; así como, un resumen de los proyectos

tramitados durante el período, que la Dirección General de Presupuesto Nacional considera más

relevantes por el beneficio que se espera reciba la población.

Durante el 2018, ingresaron a la corriente legislativa 525 proyectos de ley, se aprobaron 133 leyes

y 674 proyectos de ley fueron desechados.

Asimismo, se realizaron un total de 753 sesiones en el plenario legislativo durante los períodos

extraordinarios y ordinarios comprendidos en el año 2018, con una duración total de 754 horas y 25

minutos, las cuales fueron transcritas en forma literal en su totalidad y constan en el Sistema

Integrado Legislativo (SIL).

De acuerdo con la información suministrada por la Asamblea Legislativa, con base en los registros

del SIL, se destaca lo siguiente:

Aprobación de leyes:

Ley Nº 9522, Aprobación de la enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozonoEsta iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo. El proyecto fue estudiado y discutido bajo el

expediente 20.380 y se aprobó el 5 de febrero de 2018. La Enmienda constituye un Acuerdo entre

las Partes para reducir el consumo y la producción de hidrofluorocarbonos (HFC), que son gases

que se utilizan con frecuencia para sustituir a las sustancias que agotan el ozono (SAO), y que, si

bien no inciden o dañan la capa de ozono, son poderosos gases de efecto invernadero que tienen

un importante potencial en el calentamiento global.

Ley Nº 9524, Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central Esta iniciativa fue presentada por varios diputados. El proyecto fue estudiado y discutido bajo el

expediente 20.203 y se aprobó el 22 de febrero de 2018. Esta ley procura el control presupuestario

de los órganos desconcentrados de la Administración Central, y devuelve a la Asamblea Legislativa


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el control pleno de la aprobación del presupuesto, a través de la regulación por los procedimientos

aplicados a los ministerios a los que pertenecen estos órganos.

Ley N° 9531, Reforma de varios artículos de la Ley N° 7210, Ley de Régimen de Zonas Francas, de 23 de noviembre de 1990, y sus reformas, para promover la inversión y la generación de empleo de calidad en la región de occidente de Alajuela Iniciativa fue presentada por el diputado Arce Sancho. El proyecto fue estudiado y discutido bajo el

expediente 20.464 y se aprobó el 12 de abril de 2018. Establece que en los artículos 16 bis, 20

inciso g), 21 bis y 21 ter incisos d), g), h) e i) de la Ley N° 7210, Ley de Régimen de Zonas Francas

de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas; donde se lee Gran Área Metropolitana Ampliada

(GAMA) se sustituya por Gran Área Metropolitana (GAM), con el fin de que los cantones ubicados

actualmente en el GAMA (Grecia, Valverde Vega, Naranjo, Palmares y San Ramón), tengan más

beneficios fiscales y durante un mayor plazo, al igual que los que están ubicados en el GAM.

Ley N °9542, Fortalecimiento de la Policía MunicipalEsta iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo. El proyecto fue estudiado y discutido bajo el

expediente 20.302 y se aprobó el 17 de abril de 2018. Mediante esta ley se viene a regular, unificar

y dotar a la policía municipal de un marco jurídico que permita su adecuado funcionamiento,

delimitando sus competencias y su accionar dentro de cada cantón.

Ley Nº 9571, Pérdida de credencial de diputado por violación del principio de probidad, mediante la reforma del artículo 112 de la Constitución Política Esta iniciativa fue presentada por varios diputados. El proyecto fue estudiado y discutido bajo el

expediente 19.117 y se aprobó el 15 de mayo de 2018. A través de un artículo único, se adiciona

un párrafo final al artículo 112 de la Constitución Política, con el siguiente texto:

ARTÍCULO 112- La función legislativa es también incompatible con el ejercicio de todo otro cargo

público de elección popular.

Los diputados no pueden celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato

alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni intervenir


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como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras,

suministros o explotación de servicios públicos.

La violación a cualquiera de las prohibiciones consignadas en este artículo o en el anterior,

producirá la pérdida de la credencial de diputado. Lo mismo ocurrirá si en el ejercicio de un

Ministerio de Gobierno, el diputado incurriere en alguna de esas prohibiciones.

Los diputados cumplirán con el deber de probidad. La violación de ese deber producirá la pérdida

de la credencial de diputado, en los casos y de acuerdo con los procedimientos que establezca una

ley que se aprobará por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.

Ley Nº 9576, Ley para el fomento de la competitividad de la pyme mediante el desarrollo de consorcios Esta iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo. El proyecto fue estudiado y discutido bajo el

expediente 18.890 y se aprobó el 29 de mayo de 2018. Esta ley tiene por objeto establecer el

marco normativo necesario para fomentar, crear, desarrollar y consolidar consorcios de pymes

como mecanismo asociativo para fortalecer la competitividad y el desarrollo de las micro, pequeñas

y medianas empresas.

Ley Nº 9580, reforma de los artículos 43 y 47 de la Ley N° 5476, Código de Familia, de 21 de diciembre de 1973, Ley para ampliar la protección del patrimonio familiar Esta iniciativa fue presentada por el diputado Vargas Varela. El proyecto fue estudiado y discutido

bajo el expediente 20.416 y se aprobó el 29 de mayo de 2018. Se reforma el artículo 43 del Código

de Familia, con el fin de que la persona propietaria del inmueble destinado a habitación familiar

pueda afectarlo y que cumplan los siguientes requisitos: pertenecer al grupo familiar, habitar en el

inmueble y que presenten alguna discapacidad por la cual requieran de apoyos permanentes y

generalizados, o que estén en la vejez. De esta forma, se protege dichos inmuebles de las deudas

contraídas por la persona propietaria registral.

Se reforman los incisos b) y ch) del artículo 47 del Código de Familia, con el fin de disponer que

dicha afectación cesará por cese de la obligación alimentaria con los hijos e hijas mayores de

edad, especificando que en el caso de las personas adultas con discapacidad y que requieran de

apoyos permanentes y generalizados o adultas mayores, cesará cuando sea superada la situación


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de dependencia económica. También cesará la afectación por disposición judicial, a solicitud del

propietario, una vez comprobada la utilidad o necesidad de la desafectación, basados en criterios

de razonabilidad y proporcionalidad y sea a favor de las personas beneficiarias.

Ley N. º 9582, Ley de Justicia Restaurativa Iniciativa fue presentada por el diputado Alvarez Desanti. El proyecto fue estudiado y discutido bajo

el expediente 19.935 y se aprobó el 11 de junio de 2018. El objetivo de esta ley es definir un marco

conceptual y procedimental para instaurar la justicia restaurativa en el ordenamiento jurídico

costarricense, como un instrumento que contribuya a resolver los conflictos jurídicos generados por

los hechos delictivos, con la participación activa de las partes intervinientes, a fin de restaurar los

daños a la víctima, procurar la inserción social de la persona ofensora, con soluciones integrales y

promover la paz social.

Ley Nº 9583, reforma del artículo 78 de la Ley N° 7983, Ley de protección al trabajador, de 16 de febrero de 2000, y sus reformas, para hacer efectivo el aporte a la universalización de la pensión a los trabajadores no asalariadosEsta iniciativa fue presentada por varios diputados. El proyecto fue estudiado y discutido bajo el

expediente 19.735 y se aprobó el 7 de junio de 2018. Se establece una contribución del quince por

ciento (15%) de las utilidades netas de las empresas públicas del Estado, se encuentren en

régimen de competencia o no. Para efectos de esta ley se entenderá por empresas públicas del

Estado las siguientes:

a) Correos de Costa Rica S.A.

b) Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE).

c) Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART).

d) Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER).

e) Instituto Nacional de Seguros (INS).

f) Editorial Costa Rica.

g) Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

h) Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

i) Banco de Costa Rica (BCR).


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En el transitorio único se establece que la contribución establecida se empezará a pagar en el año

siguiente a la aprobación de esta, a razón de un cinco por ciento (5%) en los primeros tres años, un

diez por ciento (10%) los siguientes tres años y a partir del sétimo año se aplicará la tasa

establecida; lo anterior se aplicará siempre que sean empresas públicas del Estado que no se

encuentren actualmente pagando la obligación correspondiente.

Ley N° 9635 Ley de fortalecimiento de las finanzas públicasEsta iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo. El proyecto fue estudiado y discutido bajo el

expediente 20.508 y se aprobó el 03 de diciembre de 2018. La iniciativa tiene como objetivo el

fortalecimiento de la hacienda pública. Según lo indicado en la exposición de motivos, el proyecto

consta de cuatro componentes, dos dirigidos a la búsqueda de ingresos frescos que permitan

reducir el déficit fiscal en el corto plazo, y dos propuestas cuyo objetivo es generar una disciplina

fiscal y una mayor calidad en el gasto público en el mediano y largo plazo. En relación con las

propuestas orientadas a generar ingresos frescos, se propone la modificación del impuesto general

sobre las ventas (IGV), estableciéndose un impuesto al valor agregado (IVA), con lo cual se estaría

ampliando el objeto del impuesto, así como el número de contribuyentes, pasando de un criterio de

deducción de créditos bastante limitado, a otro de deducción financiera plena.

Control Político

El control político es una facultad constitucional que tienen los legisladores que pueden ejecutarlo

en lugares y sobre temas que no estén relacionados con ningún expediente en discusión, razón por

la cual no es posible integrarlo en su totalidad en un registro.

Una de las formas de ejercer el control político es mediante las comisiones investigadoras en

temas específicos, sobre los cuales se levantan registros en el SIL, lo que hace posible una

contabilidad parcial. Al menos 40 comisiones permanentes especiales y de tipo especial realizan investigaciones, aunque no se establezcan explícitamente como tales en el Reglamento

de la Asamblea Legislativa. No obstante, por disposición de los señores y señoras diputadas a lo

interno de dichos foros, con respaldo de criterios jurídicos del Departamento de Servicios Técnicos,

se han abierto a investigación diversos temas de interés parlamentario.


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En la actualidad, en la Agenda del Plenario Legislativo existe un total de 63 temas de investigación que rindieron diversos informes según su tipología y que fueron enviados desde la

Comisión que los originó y que abarcan varios años hacia atrás. Se incluye el tema de Sinocem,

entre otros, que ha generado un aumento definitivo en el volumen de trabajo.

Así, los asuntos investigados que forman parte de la agenda parlamentaria en el Plenario

corresponden a un histórico de temas que trascienden el período del presente Informe.

En total, durante el período en estudio, se convocaron 503 y pusieron a despacho 979 proyectos

de ley, lo que conformó la agenda legislativa en las diferentes comisiones parlamentarias.

Es importante anotar que los temas de investigación no requieren convocatoria por parte del Poder

Ejecutivo ni puestas a despacho de los diputados y de las diputadas.

Se realizaron 219 sesiones correspondientes a comisiones que tienen función investigadora.

Etapa final de la investigación. Cada comisión investigadora al finalizar el análisis del tema, emite

un Informe Final que envía al Plenario Legislativo, con recomendaciones y conclusiones que no

son vinculantes y no acarrean responsabilidades directas a los supuestos responsables de los

hechos denunciados.

Estos Informes pueden ser de tipo unánime, de mayoría afirmativo, de mayoría negativo, de

minoría afirmativa y de minoría negativo, que son incorporados en el Orden del Día del Plenario

Legislativo, en la I Parte, sección de Informes de Control Político.

El control político es inherente al diputado, por lo cual lo pueden realizar en cualquier órgano

legislativo, sin necesidad de que exista una investigación; pero son las comisiones creadas con

facultad investigadora las que puede rendir informes sobre las investigaciones que les sean

asignadas.

El Reglamento de la Asamblea Legislativa le confiere la potestad de investigar a las siguientes

comisiones Permanentes Especiales:

Control de Ingreso y Gasto Público.

Ambiente.

Turismo.


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Seguridad y Narcotráfico.

Respecto de los informes que cuentan con conclusiones, recomendaciones o sanciones, se incluye

un resumen de los siguientes:

Investigación sobre la práctica del Aleteo del Tiburón en Costa Rica (Originalmente denominado): Investigación sobre la práctica del des aleteo del Tiburón en Costa Rica (Comisión Permanente Especial de Ambiente). Expediente N° 16890

CONCLUSIONES: Es deber del Estado costarricense impedir la práctica del aleteo de tiburones.

Las regulaciones y sanciones actuales no son suficientemente efectivas.

El aleteo resulta insostenible y agota los recursos marinos que los pescadores nacionales

necesitan para vivir y pone en peligro la riqueza de las aguas nacionales para futuras generaciones

de costarricenses.

RECOMENDACIONES: Cumplir con los deberes constitucionales para garantizar a la población

costarricense el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y evitar que diversas

especies de tiburones sean expuestas al peligro de la extinción por la explotación irracional.

Solicitar la elaboración a la institución que corresponda y publicar un Decreto Ejecutivo que acoja

por este medio, el Código de Conducta para la Pesca Responsable, emitido por la Organización de

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el IV Foro Internacional de

Pescadores.

Investigación exhaustiva respecto de lo que ha hecho el Ministerio de Ambiente y Energía en cuanto al tema de la matanza de Caimanes y en cuanto al tema del degrado General del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro (Comisión Permanente Especial De Ambiente). Expediente N° 17139

CONCLUSIONES: El Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones como ente rector del

Sector de Recursos Naturales, Energía y Telecomunicaciones, debe velar por la protección del

ambiente, los elementos que la componen y del suministro y uso racional de los mismos.


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Parte de los deberes y tareas del Estado Costarricense es el procurar y asegurar la protección

ambiental, estableciendo un sistema de áreas protegidas en todo el territorio nacional.

RECOMENDACIONES: Cumplir con los deberes consagrados en el artículo 50 de la Constitución

Política para garantizar que todos los ciudadanos costarricenses habiten en un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado.

Ordenar a las autoridades ambientales, al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), al Instituto

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) y al Ministerio de Ambiente, Energía y

Telecomunicaciones (Minaet), al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) a tomar las

acciones legales y administrativas correspondientes, que mejoren los controles institucionales de

revisión y seguimiento, sobre el uso adecuado de los agroquímicos en el cultivo de la piña y otros

monocultivos, por parte de las empresas productoras, residentes en la Cuenca de Río Frío y los

alrededores del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro.

Informe referente al manejo, uso y destino de los recursos públicos utilizados por La Asociación Gerontológico Costarricense (AGECO).

CONCLUSIONES: Esta investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial para

el Control de Ingreso y Gasto Público. Se centró en el manejo, uso y destino de los recursos

públicos utilizados por la asociación gerontológica costarricense (AGECO).

RECOMENDACIONES: El Poder Ejecutivo debe formular políticas públicas integrales tendientes a

garantizar la creación de condiciones y oportunidades para que todas las personas adultas

mayores tengan una vida plena y digna, acorde con los más altos valores.

De conformidad con la atribución que le confiere el inciso b) del literal 3, del artículo 49 de la Ley

General de la Administración Pública, No. 6227, del 2 de mayo de 1978, se recomienda girar las

instrucciones pertinentes a los miembros de las instituciones públicas que conforman la Junta

Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, para que, en cumplimiento de lo

establecido en los artículos 37 y 44 de la Ley No. 7935 y 33 de su Reglamento, asistan

regularmente a las sesiones convocadas por ese Consejo, toda vez que ese cuerpo colegiado

requiere de una coordinación, integración y compromiso interinstitucionales que permitan aunar


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esfuerzos orientados al bienestar de las personas adultas mayores del país y brindar una solución

conjunta en materia de vejez y envejecimiento.

Informes sobre el estado financiero de las pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte.CONCLUSIONES: Esta investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial para

el Control de Ingreso y Gasto Público. El propósito fue analizar el estado financiero de las

pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte.

RECOMENDACIONES: Solicitar a la CCSS que inicie, continúe o finalice, según sea el caso, todos

los procedimientos de investigación contra los funcionarios que se encuentren involucrados en los

casos denunciados, para determinar si existen o no responsabilidades, de forma tal que se

establezcan las sanciones o exoneraciones correspondientes. Además, recomendarle a los

correspondientes órganos encargados de dichos procedimientos que utilicen las actas y la

documentación entregada a esta Comisión, para determinar la responsabilidad de los funcionarios

cuyas declaraciones no se ajustan a la verdad.

Requerir a la CCSS que, una vez finalizados los informes de los órganos administrativos

nombrados para efectos de investigar a los funcionarios involucrados en los casos denunciados,

envíe copia a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Público, a fin

de poder conocer la decisión y darle seguimiento al tema.

Reubicación del proyecto Nueva Cinchona y el manejo de la Comisión Nacional de Emergencias. CONCLUSIONES: Proyecto carente de toda planificación, plagado de irregularidades

contractuales, de ilegalidades, incumplimientos, violaciones a la legislación vigente y, favoritismos,

pésima gestión gerencial respecto de la administración, control y sana inversión de los recursos

públicos.

RECOMENDACIONES: Proceder con la destitución de la Presidente Ejecutiva de la CNE, sin

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales, que eventualmente se puedan individualizar en


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su contra por la Contraloría General de la República, el Ministerio Público o la Procuraduría de la

Ética Pública.

Elevar a la Procuraduría de la Ética, la Contraloría General de la República y al Ministerio Público,

para que, conforme en derecho corresponda y a sus respectivas competencias, investiguen si

existen responsabilidades administrativas, civiles y o penales por las actuaciones de los

funcionarios responsables de las irregularidades denunciadas.

Investigación sobre las armas que se encuentran bajo custodia de los diferentes cuerpos policiales existentes en nuestro país. Expediente N° 18392

CONCLUSIONES: Existe incumplimiento por parte de los órganos estatales, las instituciones

autónomas y semiautónomas, las empresas públicas, las municipalidades autorizadas y las

empresas de seguridad privadas, del deber de informar semestralmente, a la Dirección General de

Armamento, sobre la cantidad, el tipo, el número de serie, el patrimonio, el nombre de la persona a

quien se le han asignado y el estado de las armas de fuego bajo su custodia.

Existe incumplimiento de la Dirección General de Armamento, de mantener actualizado el

inventario permanente y de ejercer control y fiscalización de todas las armas.

Existe incumplimiento de la Dirección General de Armamento de llevar un control estricto de las

armas en poder del Estado y sus instituciones.

RECOMENDACIONES:

Al Director General de la Policía de Transito:

a) Organización de personal encargado de armería.

b) Inventario físico de todo el armamento.

c) Realizar gestiones ante DGA para determinar si las armas están debidamente inscritas.

d) Realizar inventarios en sedes regionales.

e) Implementar un programa informático para armería y sedes regionales.

f) 10 días para que informe a la Auditoría las gestiones realizadas (art 36 Ley de Control Interno).

Al Ministro:


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-Instruir procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad de la empresa de

seguridad contratada.

-Valorar la posibilidad de rescisión del contrato.

-Informar en un plazo de 30 días hábiles las acciones ejecutadas.

Al Director General de la Policía de Transito:

-Instruir al Departamento Administrativo financiero para que en las futuras adquisiciones de armas,

estas se reciban en la Armería.

-Establecer procedimientos para la salvaguarda de bienes

-Proporcionar dispositivos de seguridad en la bodega Nº 99.

-Girar instrucciones para que donde se ubique la armería cuente con las condiciones de seguridad.

-Capacitar los armeros.

-Instruir a las jefaturas regionales para que cada oficial tenga su arma reglamentaria.

-Efectuar análisis de necesidades de armas.

-Realizar una efectiva supervisión.

-Informar en un plazo de 10 días hábiles las acciones ejecutadas.

Investigación sobre la gestión empresarial, gestión social y gestión administrativa desarrollada por la Junta De Protección Social durante los últimos cuatro años (2008 al 2012) (Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y El Gasto Públicos) Expediente N° 18707.CONCLUSIONES: Los juegos electrónicos de la Junta de Protección Social son atractivos para los

sectores que buscan legitimar capitales.

Dice el Instituto Costarricense sobre Drogas que cualquier producto de lotería que pueda tener

cincuenta o más por ciento de rédito, es riesgoso para la legitimación de capitales.

La Procuraduría General de la República indica que se debe recopilar la información de los

jugadores de la lotería electrónica si así lo dispone la Unidad de Inteligencia Financiera.

RECOMENDACIONES: Exigirle a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social que de

manera inmediata implemente los mecanismos necesarios para identificar a todos los compradores

y ganadores de lotería electrónica.


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Solicitarle al Instituto Costarricense sobre Drogas que le dé seguimiento formal y permanente para

que la Junta de Protección Social cumpla con lo indicado por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Que la Auditoría de la Junta de Protección Social siga vigilante de que los juegos de lotería no se

presten para la legitimación de capitales.

Convocatoria para que comparezca ante la Comisión, el Sr. José María Figueres Olsen y otros, a fin de que se refieran a las asesorías pagadas por Alcatel y a otros extremos relacionados con el mismo caso. Expediente N° 18833. CONCLUSIONES: Si los premios no se hubieran dado, el precio de la red celular habría sido

mucho menor y el ICE y los consumidores habrían gastado mucho menos por la misma. De esta

suerte, queda zanjada la discusión de que no se trata de fondos públicos, como quisieron disimular

con insistencia los representantes del Partido Liberación Nacional, pues las multimillonarias

“consultorías” pagadas pasaron a ser “fondos públicos” desde el momento en que hicieron incurrir

al ICE en mayores costos, encareciendo el servicio final, para los y las consumidoras.

Alcatel no necesita pagar tan caro por una “consultoría” que los propios expertos en

comunicaciones y tecnología le podrían haber realizado. Máxime tratándose de una empresa líder

en esos temas, con ciento catorce años dedicados por entero a esos rubros, y con instalaciones en

Estrasburgo orientadas única y exclusivamente a investigación y desarrollo.

Queda totalmente claro que un contrato verbal no es costumbre entre empresas trasnacionales de

gran renombre, sino que éstas exigen contratos firmados con los consultores, atestados que los

califiquen, términos de referencia concretos, plazos de entrega y resultados sobre los productos

esperados. Los contratos “verbales” fueron los que hicieran, en su momento, los ex Presidentes

Rafael A. Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, con la diferencia, de que ambos se aprestaron a

darle la cara a la justicia y a la ciudadanía. En los dos casos citados, se trata exactamente del

mismo modus operandi. Es incuestionable la certeza de que ni en Europa, ni en Estados Unidos,

se hacen consultorías multimillonarias, de “palabra”.

RECOMENDACIONES: Enviar el presente informe al Ministerio Público junto con una solicitud para

que se reabra el caso y se investigue a cabalidad todo lo actuado, considerando que el caso no ha

prescrito de acuerdo con la ley.


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Exhortar a los partidos políticos para que soliciten a las autoridades correspondientes que se

inhabilite a José María Figueres Olsen para ocupar cargos públicos o representar al país ante

organismos internacionales de Derecho Público, por un periodo de 10 años.

Investigación en torno a los salarios de los altos mandos de la empresa de Servicios Públicos de Heredia. Expediente N° 19335CONCLUSIONES: A los Diputados firmantes les preocupa la práctica reiterada que están llevando

a cabo diversas instituciones públicas de contratar estudios salariales que siempre derivan en la

necesidad de incrementar la remuneración de los altos jerarcas. La inquietud surge tanto porque

las recomendaciones tienden hacia la misma dirección –aumento salarial– como por los costos de

estas contrataciones, a pesar de contar con Departamentos de Recursos Humanos, cuyos

funcionarios reciben un sueldo pagado con fondos públicos.

A pesar que la Junta Directiva dejó sin efecto el acuerdo por el cual había accedido a un aumento

salarial del 40% a favor del Gerente y Subgerente Generales y les ordenó regresar el dinero

recibido de más, lo hizo con un plazo de 48 meses, de forma tal que Allan Benavides tiene que

devolver ¢6.415.000 en cómodas mensualidades de ¢133.645,8 y Lissette Montoya regresará

¢3.117.714 en tractos de ¢64.952,3, ambos sin pagar intereses. En la práctica, esta devolución

equivale a una suerte de préstamo que le realizara la institución en condiciones favorables para

funcionarios cuya remuneración mensual no solo es muy alta en comparación con el resto de los

costarricenses.

RECOMENDACIONES:

Al Poder Ejecutivo:

Revisar, en los ámbitos de su competencia, la práctica que están realizando diversas instituciones

para contratar estudios de mercado que fijan nuevas condiciones salariales, cuando en estas

existen Departamentos o Direcciones de Recursos Humanos que pueden realizarlo.

Ordenar al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica que en los estudios que está

realizando en materia de empleo público –según lo manifestó la Ministra Olga Marta Sánchez

Corrales en la sesión N° 7 del 18 de junio de 2015– se incorpore un análisis de los salarios que se

pagan a la Alta Administración, incluyendo a sus asesores, en las instituciones autónomas, las


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empresas públicas financieras y no financieras y se planteen propuestas de reforma necesarias

para racionalizar los costos operativos de estas.

A la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos:

Analizar el impacto que tienen los salarios que devengan los altos jerarcas de la ESPH en la

estructura tarifaria que deben pagar los usuarios de los servicios públicos que brinda esta y remitir

un informe a esta Comisión en un plazo no mayor a 3 meses.

Investigación en torno al pago, a favor de la Viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz Quesada, de pluses salariales por concepto de prohibición sin contar con requisitos académicos. Expediente N° 19675RECOMENDACIONES:

Al Presidente de la República:

Destituir inmediatamente a la Viceministra de Gobernación y Policía, Carmen Muñoz Quesada, por

violentar el deber de probidad contenido en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Al Ministro de Seguridad:

Realizar las gestiones correspondientes ante la Caja Costarricense del Seguro Social y el

Ministerio de Hacienda para recuperar los dineros pagados por concepto de cuotas obrero-

patronales e impuesto de la renta resultantes del sobresueldo recibido por Carmen Muñoz

Quesada.

Recuperar, de forma inmediatamente posterior a la destitución de Carmen Muñoz de su puesto, las

sumas adeudadas por esta a raíz del pago improcedente de la prohibición.

A la Contraloría General de la República:

Sancionar a Carmen Muñoz Quesada y a Nuria Villalta Solano con la prohibición para ejercer

cargos públicos por un periodo de cuatro años, de conformidad con lo establecido por el artículo 72


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de la Ley Orgánica. Considerar la evidencia contenida en este informe y expediente para exonerar

de toda responsabilidad a Gabriel Castro González en relación con este caso.

4. OBSERVACIONES

Es necesario reiterar que este informe no constituye una evaluación, sino un ejercicio de rendición

de cuentas, dadas las características particulares del ente legislativo. Por tal razón, para 2017, la

Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), formuló una recomendación sobre los

resultados de la gestión legislativa, solicitando que para el informe 2018, se incluyera un apartado

con las leyes más importantes aprobadas, considerando aspectos sobre el posible impacto o

repercusión que vayan a generar en la población nacional y su importancia para el país; asimismo,

un apartado sobre los principales informes de control político emitidos por las diferentes comisiones

legislativas. Con ese fin, durante el 2018, se hizo una reunión con funcionarias del Departamento

de Desarrollo Estratégico Institucional, para aclarar dudas sobre los requerimientos de la DGPN,

que simplificaran el informe para ambas entidades; no obstante lo anterior, la DGPN no encontró

diferencias entre el informe remitido respecto de la gestión 2018, de la de años anteriores.

Por otra parte, la información remitida respecto a la gestión financiera consideró los requerimientos

solicitados por la DGPN.

Respecto a la ejecución de los recursos asignados, cabe indicar que la institución obtuvo un

86,4%, porcentaje inferior al 90,1% alcanzado en el año 2017. No obstante, es oportuno aclarar,

que este difiere del 87,0% de ejecución reportado por la institución; lo cual se debe a un ajuste

realizado por la Contabilidad Nacional en fecha posterior a la de la liquidación utilizada por la

DGPN, que corresponde al pago del aguinaldo de los señores diputados, el cual si constaba en los

registros internos de la Asamblea Legislativa.

En relación con los factores que señala la entidad que incidieron en la ejecución, algunos de estos

se repitieron en años anteriores; al respecto se pudo determinar que en el año 2017 y 2018 se

presentó la posposición de proyectos debidamente planificados; este es el caso del proyecto de

Comunicación Integral al ciudadano. Asimismo, se presentaron retrasos o desfases en la remisión

de facturas por parte de los proveedores. Por otra parte, respecto a los combustibles, en ambos


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años se presentaron precios menores a los proyectados y en lo relativo a las contrataciones, se

presentaron recursos en ambos ejercicios que quedaron comprometidos pero no ejecutados.

También, el pago de incapacidades en ambos ejercicios fue inferior respecto a lo previsto.

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda al Jefe del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional dar seguimiento a

la ejecución de la recomendación formulada en el Informe Anual de Evaluación del 2017, en razón

de que es necesario que se consideren los requerimientos formulados por la DGPN

Se recomienda a la Dirección Ejecutiva girar las instrucciones correspondientes para que los

proyectos de interés institucional, se fundamenten en un estudio de costo/beneficio, que permita al

Directorio Legislativo tomar una decisión informada y razonada sobre los proyectos que se le

presenten, evitando así la desestimación de los proyectos, una vez que sean aprobados por el

Directorio.

Se recomienda a la Dirección Ejecutiva dar seguimiento a las medidas correctivas y plazos

propuestos para su implementación, así como evaluar los resultados de las mismas, con el fin de

determinar si se requiere una revisión más profunda de los procesos de contratación y la definición

consiguiente de otras medidas correctivas con definición de plazos y responsables.

Se recomienda a la Dirección Ejecutiva, aprovechar la movilización de recursos hacia otras

necesidades, cuando estos se deriven de proyectos desestimados, ahorros por precios menores o

contrataciones no realizadas, para aprovechar así la ejecución de los recursos que le fueron

asignados. Caso contrario, presente al Directorio Legislativo una propuesta de rebaja al

presupuesto asignado a la institución para 2019 y años siguientes. Asimismo, hacer un análisis y

revisión de sus procesos, con el fin de tomar medidas que resulten efectivas para asegurar una

mayor utilización de los recursos asignados y ajustar la solicitud de recursos de la entidad, de cara

a la formulación del presupuesto para 2020 y años siguientes.


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Las recomendaciones anteriores, no menoscaban la potestad del Jerarca institucional de tomar

acciones distintas de las que aquí se proponen, guardando la relación que corresponde con los

aspectos a los que se les quiere dar solución o mejorar en las mismas. Por tal razón, se solicita

comunicar a la Dirección General de Presupuesto Nacional, a más tardar el 30 de abril de 2019,

sobre las acciones que se deriven de las recomendaciones anteriores, los responsables de las

mismas y plazos establecidos, en el entendido de que dichas acciones deberán impactar los

resultados de la ejecución presupuestaria de 2019 y la formulación del presupuesto de 2020 y

siguientes.

Elaborado porMarcos V. González Valerin

Analista PresupuestarioUnidad de Análisis de Poderes


Aprobado porFanny V. Morales Mendoza

CoordinadoraUnidad de Análisis de Poderes



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