· Web viewFUENTE: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE (del 1...

Convenio de Transición Justa de la Montaña Central Leonesa – La Robla

Plan de Acción Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre 2019-2021

Delimitación, Caracterización y Diagnóstico inicial

Borrador

Mayo 2020

2

Contenido

1Introducción32Delimitación del ámbito geográfico del Convenio de Transición Justa62.1Municipios en los que se ubican instalaciones en cierre72.2Municipios del entorno sobre los que se produce impacto en términos de empleo por los cierres82.3Coherencia territorial de la zona afectada por los cierres122.4Delimitación del ámbito geográfico de aplicación del Convenio de Transición Justa de las Montaña Central Leonesa – La Robla133Caracterización de los municipios del Convenio de Transición Justa153.1Contexto histórico y normativo del sector minero del carbón y de la generación térmica153.2Impacto de los cierres recientes en la zona193.3Análisis demográfico213.3.1Evolución de la población de la zona del Convenio213.3.2Nivel educativo de los habitantes de la zona del Convenio de Transición Justa243.3.3Tasa de dependencia283.3.4Índice de envejecimiento313.3.5Ratio de población menor de 14 años y mayor de 65353.4Actividad económica de los municipios del Convenio de Transición Justa373.4.1Renta Bruta y Renta Disponible373.4.2El empleo en los municipios del Convenio393.4.3El desempleo en los municipios del Convenio de Transición Justa433.4.4El tejido empresarial de los municipios del Convenio de Transición Justa453.4.5Conclusiones preliminares464Análisis DAFO de los municipios del Convenio de Transición Justa485Mensajes Clave Preliminares53

Introducción

En respuesta al Acuerdo de París de 2015 y a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el Gobierno de España presentó en febrero de 2019 el Marco Estratégico de Energía y Clima, que consta de tres piezas clave: el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y la propuesta de Estrategia de Transición Justa.

La Estrategia de Transición Justa propone la ejecución de un Plan de Acción Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre 2019-2021 (en adelante Plan de Acción Urgente) a fin de dar respuesta al cierre tanto al más reciente de explotaciones mineras de carbón, como al cierre inminente de centrales térmicas de carbón de generación de energía eléctrica, y al desmantelamiento finalizado o próximo de centrales nucleares. En este sentido, la Estrategia establece que se aplicarán Convenios de Transición Justa para aquellas comarcas donde la transición energética y ecológica pueda poner en dificultades a las empresas y la actividad económica.

Los Convenios de Transición Justa, recogidos tanto en la propuesta de Estrategia de Transición Justa como en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, tienen como objetivo prioritario el mantenimiento y creación de actividad y empleo en los territorios rurales o en zonas con instalaciones en cierre a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, la fijación de población, y la promoción de una diversificación y especialización coherente con el contexto socio-económico.

Para hacer frente a los desafíos a corto plazo que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe abordar –como son los impactos del cierre de minas a 31 de diciembre de 2018 por la Decisión 2010/787/UE del Consejo y del cierre de las centrales de carbón por la Directiva 2010/75/UE, así como aquellas centrales nucleares sin planes de reconversión previos– el Plan de Acción Urgente de la Estrategia ofrece a las comarcas sujetas al cierre o desmantelamiento de minas, centrales térmicas de carbón o centrales nucleares, la implementación de los mencionados Convenios de Transición Justa, que tienen como objetivo que los cierres no afecten negativamente al empleo y a la población al final del proceso. Dicho esto, hay que señalar que este ambicioso objetivo será más difícil de cumplir en algunas zonas que otras.

Así pues, los Convenios de Transición Justa son una herramienta nueva que busca atender a los impactos producidos por la transición energética y ecológica desde 2018. A tal fin, los convenios se proponen combinar la ambición climática fijada en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el PNIEC con una ambición similar en el cumplimiento de objetivos sociales para el acompañamiento de estos procesos de transformación.

En este sentido, los convenios considerarán los impactos derivados del proceso de transición energética y ecológica relativos a los procesos de cierre recientes, si bien en el análisis de caracterización y diagnóstico de las zonas afectadas se incorpora el efecto de procesos previos que han marcado su actual desarrollo socioeconómico y sus principales retos.

Por lo tanto, no se debe confundir la delimitación del ámbito geográfico de aplicación de los Convenios de Transición Justa, que responden a impactos recientes y de diverso origen (minería del carbón, centrales térmicas y nucleares), con la zonificación de otras ayudas como las destinadas a la reactivación de comarcas mineras, que se seguirán manteniendo independientemente de los convenios.

De hecho, en algunas de las zonas incluidas en el Plan de Acción Urgente, especialmente las comarcas mineras, estos convenios son adicionales y complementan a otros compromisos y trabajos. Por ejemplo, los convenios se suman al Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027, que se desarrolló a través del Real Decreto ley 25/2018 y que garantiza medidas de apoyo inmediato a los trabajadores de minería, y plantea las modificaciones necesarias para la concesión de ayudas a municipios mineros del marco 2013-2018 y la financiación a corto plazo. En el caso de Castilla y León, se reafirma el compromiso con los municipios mineros afectados por el proceso de cierre de empresas de la minería del carbón recogidos en convocatorias de ayudas anteriores, los cuales serán elegibles para las ayudas del nuevo marco que se lanzarán próximamente[footnoteRef:2]. [2: Los municipios elegibles para recibir estas ayudas en Castilla y León serán:Grupo 1: Barruelo de Santullan. Bembibre. Berlanga del Bierzo. Cabrillanes. Castrejon de la Peña. Cervera de Pisuerga; Cistierna; Fabero; Folgoso de la Ribera; Guardo; Igüeña; Matallana de Torio; Noceda; Palacios del Sil; Paramo del Sil; Pernia, La; Pola de Gordon, La; Robla, La; Sabero; San Emiliano; Santibañez de la Peña; Toreno; Torre del Bierzo; Valdepielago; Valderrueda; Valdesamario; Vega de Espinareda; Vegacervera; Velilla del Rio Carrion; Villablino; Villagaton (Brañuelas).Grupo 2: Acebedo; Aguilar de Campoo; Almanza; Arganza; Balboa; Barjas; Barrios de Luna; Benuza; Boca de Huergano; Boñar; Borrenes; Brañosera; Brazuelo; Buron; Cabañas Raras; Cacabelos; Camponaraya; Candin; Cármenes; Carracedelo; Carrocera; Carucedo; Castrillo de Cabrera; Castropodame; Cebanico; Congosto de Valdavia; Congosto; Corullon; Crémenes; Cuadros; Cubillas de Rueda; Cubillos del Sil; Dehesa de Montejo; Ercina, La; Garrafe de Torio; Gradefes; Lucillo; Mantinos; Molinaseca; Ponferrada; Puente de Domingo Florez; Sancedo; Sobrado; Trabadelo; Vega de Valcarce; Villadecanes (Toral de los Vados); Villafranca del Bierzo; Villalba de Guardo; Villamanin; Magaz de Cepeda; Muda; Murias de Paredes; Oencia; Olmos de Ojeda; Omañas, Las; Payo de Ojeda; Peranzanes; Polentinos; Posada de Valdeon; Prado de La Guzpeña; Priaranza del Bierzo; Prioro; Puebla de Lillo; Quintana del Castillo; Respenda de la Peña; Reyero; Riaño; Riello; Rioseco de Tapia; Salinas de Pisuerga; San Cebrian de Muda; Santa Colomba de Curueño; Santa Colomba de Somoza; Santa Maria de Ordas; Sena de Luna; Soto y Amio; Triollo; Truchas; Valdelugueros; Vecilla, La; Vegaquemada.]

Asimismo, para los municipios mineros se ha retomado el cumplimiento de planes anteriores a través de la concesión de subvenciones para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón del marco 2013-2018 y mediante la extensión de fecha límite para el reconocimiento de las ayudas hasta el 31 de diciembre de 2023, por un total de 132 millones de euros. De igual modo, desde 2018 se han celebrado convocatorias de ayudas para territorios mineros orientadas a empresas de diverso tipo por un valor superior a los 17 millones de euros.

Es en este contexto en el que se enmarcan los Convenios de Transición Justa, siendo el objeto del presente documento presentar la delimitación, caracterización y diagnóstico inicial del Convenio de Transición Justa de la Montaña Central Leonesa – La Robla.

Y a fin de iniciar el proceso de participación pública de este Convenio, este documento se hace llegar a las distintas administraciones, agentes económicos, sociales y ambientales de la zona. Los objetivos del proceso de participación pública son, precisamente, la caracterización y el diagnóstico de la zona del Convenio, además de la definición de líneas estratégicas de desarrollo para el área y de la identificación de inversiones y proyectos viables en términos económicos, sociales y ambientales que sean coherentes con el territorio y sus habitantes.

Delimitación del ámbito geográfico del Convenio de Transición Justa

Como se ha indicado, el Plan de Acción Urgente tiene como objetivo proporcionar una atención urgente a los territorios afectados por el impacto de los cierres de explotaciones mineras o centrales térmicas de carbón (en adelante instalaciones) a partir de 2018. Por el tipo de instalaciones afectadas este objetivo es aplicable en el caso concreto del Convenio de la Montaña Central Leonesa – La Robla.

La gran mayoría de estos territorios conciernen a varios municipios, más o menos próximos entre sí, y con distintos grados de incidencia de los cierres en el empleo local, la población y el territorio. Por ello, el municipio se establece como la unidad territorial básica que conforma el ámbito geográfico de aplicación del Convenio.

Partiendo de esta premisa, es necesario identificar qué municipios son los que sufren afectación por los cierres. En este sentido, para la delimitación territorial del Convenio la metodología toma el empleo como indicador fundamental y se centra en los impactos de los cierres en términos de empleo sobre los municipios. Para ello se ha recopilado información sobre el número de personas trabajadoras (tanto de plantilla de la instalación como de las subcontratas) posiblemente afectadas por los cierres y el municipio de residencia de las mismas[footnoteRef:3]. [3: El número de trabajadores se toma a fecha de diciembre de 2018 en el caso de las explotaciones mineras y a fecha de solicitud de cierre en el caso de las centrales térmicas.]

En base a los datos de residencia, se delimita el ámbito geográfico del Convenio de Transición Justa de tal modo que incluya a los municipios cuyo empleo sufra un impacto significativo como resultado del cierre de una instalación.

La delimitación cuantitativa, resultante de la aplicación del criterio de impacto en el empleo, se completa con criterios de coherencia y cohesión territorial, que buscan dotar de continuidad geográfica a la zona del Convenio, así como tratar de asegurar que la estrategia de desarrollo del Convenio se acople en la zona considerada a la organización territorial existente y reconocida (como la comarca administrativa o el área funcional) y aprovechar en la medida de lo posible la experiencia y el trabajo previo de desarrollo local territorial realizado por Grupos de Desarrollo Rural, o grupos LEADER.

Hay que destacar que la cuantificación de posibles impactos sobre el empleo se hace desde un punto de vista de máximos. Esto es, que aunque muchos de los empleos contabilizados como afectados no se perderán, se ha querido evaluar el impacto máximo que los cierres podrían tener sobre el empleo directo y de las empresas auxiliares en la zona, y en base a esto realizar un compromiso ambicioso: los Convenios han de apoyar las inversiones y proyectos necesarios para mantener ese número de empleos[footnoteRef:4]. [4: Los trabajadores directos de las centrales térmicas en cierre serán en una gran parte recolocados por sus propias empresas, así como algunos de los trabajadores de las empresas auxiliares que en ocasiones pertenecen a medianas o grandes empresas que los pueden recolocar en otros emplazamientos. Por otro lado, algunos de los trabajadores directos tanto de la minería como de las centrales serán prejubilados, ya sea a través del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027 para trabajadores mineros, o a través de acuerdos específicos alcanzados dentro de las empresas mineras y de las empresas eléctricas para sus trabajadores. Señalar, no obstante, que estos prejubilados podrán optar por quedarse o no en el municipio o el territorio.]

A continuación, se presenta el análisis de los datos relativos a los cierres de instalaciones con afectación sobre el empleo en la zona de la Montaña Central Leonesa – La Robla.

Municipios en los que se ubican instalaciones en cierre

En el marco del Plan de Acción Urgente, en la zona de la Montaña Central Leonesa – La Robla se identifican las siguientes instalaciones (centrales térmicas y explotaciones mineras) en proceso de cierre:

· Central térmica de La Robla, ubicada en el municipio de La Robla. Pertenece a Naturgy Generación, que ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico su cierre en diciembre de 2018. En el momento de la solicitud de cierre trabajaban 78 personas en plantilla y 42 de subcontratas, sumando un total de 120 trabajadores afectados.

· Mina Santa Lucía y lavadero de La Robla, ubicados respectivamente en los municipios de La Pola de Gordón y La Robla. Pertenecen a Hullera Vasco Leonesa, contando a diciembre de 2018 con 68 trabajadores en plantilla y 112 de subcontratas, sumando un total de 180 trabajadores afectados.

Así pues, los cierres en la zona de la Montaña Central Leonesa – La Robla se circunscriben a los municipios de La Robla y La Pola de Gordón, ambos situados en la provincia de León.

En tanto se entiende que estos dos municipios (La Robla y La Pola de Gordón) son los primeros afectados por los cierres, se consideran directamente para su inclusión en el ámbito geográfico de aplicación del Convenio.

Adicionalmente, debe indicarse que en el marco del presente Convenio se consideran igualmente los empleados de las instalaciones en cierre situadas en otras zonas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y del Principado de Asturias que residen en municipios del ámbito del Convenio de la zona de la Montaña Central Leonesa – La Robla.

Municipios del entorno sobre los que se produce impacto en términos de empleo por los cierres

El impacto de los cierres de las instalaciones no se ciñe exclusivamente a los municipios en los que éstas se ubican. La residencia de las personas trabajadoras de cada instalación, ya sea personal de plantilla de la empresa que la gestiona o de las empresas subcontratadas por la misma, hace que el impacto se extienda a otros municipios. Es fundamental, pues, definir en qué municipios se localizan los trabajadores afectados por los cierres y en cuáles se está produciendo un impacto significativo en el empleo.

Para la realización de este diagnóstico se ha hecho un trabajo de campo exhaustivo para la obtención de los datos del domicilio de todos los trabajadores afectados, incluyendo los trabajadores de las empresas auxiliares.

La Tabla 1 recoge el número de trabajadores de plantilla y contratas por instalación de la zona del Convenio. Así pues, se observa que el número total de trabajadores afectados por el cierre de estas instalaciones asciende a 300 personas, con 146 en plantilla de las empresas propietarias de las instalaciones en cierre y 154 personas trabajadoras de las contratas[footnoteRef:5]. [5: Entre esos 300, se cuentan 4 personas trabajadoras no locales que residen en municipios de fuera de Castilla y León y 3 que residen en Ponferrada, que se encuentra en el ámbito de aplicación de otro Convenio de Transición Justa por lo que no se incluye en el presente Convenio.]

Tabla 1. Número de trabajadores propios y de contratas afectados por cada uno de los cierres en la Montaña Central Leonesa – La Robla*

Central o explotación minera

Trabajadores propios

Trabajadores de contratas

Central Térmica (La Robla)

78

42

Explotación minera (La Pola de Gordón y La Robla)

68

112

TOTAL

146

154

FUENTE: Elaboración propia a partir de información facilitada por las instalaciones

* Número de trabajadores a fecha de diciembre de 2018 en el caso de las explotaciones mineras y a fecha de solicitud de cierre en el caso de la central térmica.

Pero más allá de los datos agregados, hay que analizar los datos de empleo de los trabajadores por municipio de residencia y considerar, como se ha indicado, no sólo los cierres en la zona de la Montaña Central Leonesa – La Robla sino, todos los cierres que afectan a dichos municipios ya se produzcan estos en la Comunidad de Castilla y León o en la de Asturias.

En la Tabla 2 se observa que las pérdidas de empleo asociadas al cierre de las instalaciones se concentran en los municipios de La Robla y La Pola del Gordón, donde residen el 45% del total los trabajadores afectados. A estos les siguen, como resulta esperable, grandes núcleos urbanos como León capital y municipios de su área metropolitana, como San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, donde se concentran el 37% de los trabajadores. No obstante, para la delimitación de los Convenios no se considera la inclusión de grandes municipios por su desarrollo urbano y concentración de población, ya que son las zonas rurales y semiurbanas las afectadas por los cierres y por tanto a las que se dirigen los Convenios[footnoteRef:6]. [6: La zona afectada incluye todos aquellos municipios con trabajadores afectados, excepto aquellos municipios con una población superior a 70.000 habitantes (como León), ya que por su desarrollo urbano y la concentración de población no son elegibles para Convenios de Transición. Por razones similares, no se consideran los municipios periurbanos, siendo aquellos pertenecientes a áreas metropolitanas o de conurbación, que suman una población normalmente superior a 10.000 habitantes y que han experimentado, como ciudades dormitorio, un crecimiento de población muy marcado en los últimos 20 años (como Villaquilambre o San Andrés del Rabanedo). Se excluyen asimismo los municipios en los que únicamente reside una persona trabajadora por ser poco significativos, así como aquellos municipios con trabajadores afectados pero que no se localizan en Castilla y León, respetando así el ámbito territorial de las CCAA. Adicionalmente, tampoco se consideran los municipios que se encuentran en las zonas de Castilla y León que son objeto de otro Convenio específico ya que los mismos son considerados en sus respectivos Convenios.]

Tabla 2. Desglose por municipio de residencia de los trabajadores propios y de contratas afectados por cada uno de los cierres en las Montaña Central Leonesa – La Robla*

Municipio

Hullera Vasco Leonesa

Central térmica de La Robla

Otras instalaciones en Castilla y León

Otras instalaciones en Asturias

Total Municipio

La Pola de Gordón y La Robla

La Robla

Trab. propios

Trab. contratas

Trab. propios

Trab. contratas

Pola de Gordón, La

61

24

0

0

0

1

86

León

0

20

32

18

3

0

73

Robla, La

7

12

17

14

0

0

50

San Andrés del Rabanedo

0

12

6

2

0

0

20

Villaquilambre

0

11

6

2

0

0

19

Matallana de Torío

0

8

0

1

0

0

9

Cistierna

0

5

0

0

1

0

6

Villamanín

0

6

0

0

0

0

6

Sabero

0

4

0

0

0

0

4

Boñar

0

2

0

1

0

0

3

Carrizo

0

2

0

0

0

0

2

Carrocera

0

2

0

0

0

0

2

Chozas de Abajo

0

2

0

0

0

0

2

Cuadros

0

0

1

1

0

0

2

Los Barrios de Luna

0

0

2

0

0

0

2

Onzonilla

0

0

1

0

0

1

2

Sariegos

0

0

1

1

0

0

2

Valencia de Don Juan

0

0

0

2

0

0

2

Cimanes del Tejar

0

0

1

0

0

0

1

Santa Colomba de Curueño

0

0

1

0

0

0

1

Val de San Lorenzo

0

0

1

0

0

0

1

Valdefresno

0

0

1

0

0

0

1

Valderas

0

0

1

0

0

0

1

Valladolid

0

0

1

0

0

0

1

Villamejil

0

0

1

0

0

0

1

No locales**

0

2

2

0

0

0

4

Total

68

112

75

42

4

2

303

FUENTE: Elaboración propia a partir de información facilitada por las instalaciones

* Número de trabajadores a fecha de diciembre de 2018 en el caso de las explotaciones mineras y a fecha de solicitud de cierre en el caso de la central térmica.

Se desglosan los datos en función de las instalaciones en cierre ubicadas en la zona del Convenio, las instalaciones localizadas en otras zonas de Castilla y León y las instalaciones situadas en la Comunidad Autónoma de Asturias.

** En el caso de las personas trabajadoras no locales (residentes en municipios fuera de Castilla y León) se han agregado en un mismo grupo y no se han desglosado por municipios de residencia.

Los Convenios han de incluir todos los municipios donde se produce un impacto significativo y para ello se calcula el impacto relativo sobre la población de cada municipio de la zona afectada[footnoteRef:7]. Además, se establece como mínimo que en los municipios incluidos residan al menos el 85% de los trabajadores afectados, tal como se muestra en la siguiente tabla. [7: Para cada uno de los municipios de la zona afectada se calcula el impacto relativo que tiene el número de trabajadores afectados residentes sobre la población en edad de trabajar de ese mismo municipio y se compara con el impacto relativo medio de toda la zona afectada por los cierres, de tal modo que se consideran aquellos municipios con un impacto relativo superior al de la zona afectada (se usa la variable de población en edad de trabajar ante la falta de datos de población activa a escala municipal y en tanto que es el dato que más se aproxima al de población económicamente activa).]

Tabla 3. Municipios de la zona afectada en los que se concentra el impacto de los cierres de las instalaciones, tomando como referencia la población en edad de trabajar de cada municipio

Municipio

Trabajadores afectados

Población en edad trabajar (enero 2019)

Impacto relativo (%)

% trabajadores afectados

% acumulado trabajadores afectados

Seleccionados por impacto

Pola de Gordón, La

86

1.901

4,52%

47,78%

47,78%

Sí

Robla, La

50

2.502

2,00%

27,78%

75,56%

Sí

Matallana de Torío

9

838

1,07%

5,00%

80,56%

Sí

Barrios de Luna, Los

2

192

1,04%

1,11%

81,67%

Sí

Villamanín

6

585

1,03%

3,33%

85,00%

Sí

Carrocera

2

274

0,73%

1,11%

86,11%

No

Sabero

4

747

0,54%

2,22%

88,33%

No

Cistierna

6

1.948

0,31%

3,33%

91,67%

No

Boñar

3

1.132

0,27%

1,67%

93,33%

No

Onzonilla

2

1.186

0,17%

1,11%

94,44%

No

Cuadros

2

1.266

0,16%

1,11%

95,56%

No

Carrizo

2

1.400

0,14%

1,11%

96,67%

No

Chozas de Abajo

2

1.638

0,12%

1,11%

97,78%

No

Sariegos

2

3.467

0,06%

1,11%

98,89%

No

Valencia de Don Juan

2

3.529

0,06%

1,11%

100,00%

No

Zona afectada

180

22605

0,80%

100,00%

FUENTE: Elaboración propia

Por lo tanto, en base a este criterio, los municipios que se incluyen en el ámbito de aplicación del Convenio son:

· La Pola de Gordón

· La Robla

· Matallana de Torío

· Los Barrios de Luna

· Villamanín

Coherencia territorial de la zona afectada por los cierres

Por último, considerar la continuidad geográfica entre municipios, el conjunto de la estructura comarcal preexistente y reconocida, o la pertenencia de los municipios a grupos de desarrollo rural, permite dotar de coherencia y cohesión territorial al ámbito geográfico de aplicación del Convenio.

En primer lugar, atendiendo a la continuidad geográfica, debe indicarse que La Pola de Gordón, La Robla, Matallana de Torío, Los Barrios de Luna y Villamanín son términos municipales limítrofes entre sí, constituyendo de esta forma un ámbito continuo geográficamente, que hace innecesaria la aplicación del criterio.

Con respecto a la estructura comarcal y organización territorial, se establece que cuando los municipios incluidos en el Convenio supongan una afectación al conjunto de la comarca reconocida o área funcional a la que pertenecen, entonces se podrá incluir en el Convenio la totalidad de la comarca, aun cuando los otros municipios no presenten un impacto significativo[footnoteRef:8]. En el caso de Castilla y León, solamente la comarca administrativa de El Bierzo está reconocida legalmente por la Comunidad Autónoma, por lo que este criterio no resulta de aplicación en la zona de este Convenio. [8: Se considera que hay una afectación significativa cuando los municipios incluidos por criterios de impacto y continuidad territorial representen más del 70% de la población total de la comarca.]

Por otro lado, cabe considerar la pertenencia de los municipios seleccionados a grupos de desarrollo rural, de tal modo que si estos municipios representan una proporción significativa del grupo, se considere la inclusión de todos los municipios del grupo en el Convenio[footnoteRef:9]. Este criterio permite la inclusión de municipios que, aunque no afectados directamente por los cierres, sean relevantes en términos de gobernanza y organización del desarrollo del territorio en conjunto. Y es que los municipios agrupados en Grupos de Desarrollo Rural acumulan una valiosa experiencia en materia de gobernanza y organización del desarrollo territorial compartido que puede contribuir a la elaboración del Convenio[footnoteRef:10]. No obstante, en este caso los municipios considerados no suponen una afectación significativa en el territorio para ningún grupo de desarrollo[footnoteRef:11]. [9: Se considera que hay una afectación significativa cuando los municipios incluidos por criterios de impacto, y continuidad y organización territorial representen más del 70% de la población total del Grupo de Desarrollo Rural.] [10: Las entidades asociativas que conforman los Grupos de Desarrollo Rural o Grupos de Acción Local (GAL) (que incluyen ayuntamientos, asociaciones y empresas, entre otros) definen las posibilidades de desarrollo del territorio y están coordinando de abajo a arriba la búsqueda y concesión de ayudas a proyectos y promotores que encajen con sus estrategias de desarrollo local con el método LEADER. Así pues, la inclusión completa de un grupo en el Convenio, si es relevante, busca aprovechar y aprender de procesos previos de desarrollo territorial e identificación de inversiones y proyectos en los mismos territorios. Si la pertenencia es solo de algunos municipios del GAL, éste formaría parte en cualquier caso de los agentes involucrados del proceso de participación pública ] [11: Los municipios de La Robla, La Pola de Gordón, Barrios de Luna, Villamanín y Matallana de Torío, junto a Villablino y Cabrillanes (municipios del Convenio Bierzo-Laciana), pertenecen al Grupo LEADER Cuatro Valles, pero sólo representan el 63% de la población total de este grupo, que cuenta con 25 municipios.]

Delimitación del ámbito geográfico de aplicación del Convenio de Transición Justa de las Montaña Central Leonesa – La Robla

Por tanto, como consecuencia de todo lo anterior, la delimitación del ámbito geográfico de aplicación del Convenio de Transición Justa de las Montaña Central Leonesa – La Robla queda constituido por los municipios que a continuación se indican, para los cuales se detalla el número de trabajadores afectados, así como sus datos básicos de población y superficie.

Tabla 4. Municipios del ámbito geográfico de aplicación del Convenio de Transición Justa de las Montaña Central Leonesa – La Robla

Municipio

Trabajadores afectados

Población (2019)

Superficie (km2)

La Pola de Gordón

85

3.224

157,64

La Robla

50

3.783

85,22

Matallana de Torío

9

1.270

73,45

Los Barrios de Luna

2

314

94,29

Villamanín

6

949

175,97

Total

152

9.540

586,57

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y de la Junta de Castilla y León

En el siguiente mapa se representa cartográficamente el ámbito geográfico de aplicación del Convenio de Transición Justa de las Montaña Central Leonesa – La Robla, como resultado de la combinación de los distintos criterios para la delimitación desarrollados en páginas anteriores.

Mapa 1. Municipios que constituyen el ámbito geográfico de aplicación del Convenio de Transición Justa de las Montaña Central Leonesa – La Robla

FUENTE: Elaboración propia

Caracterización de los municipios del Convenio de Transición Justa

En esta sección se presenta, además de antecedentes más o menos recientes a modo de introducción, una caracterización y diagnóstico preliminares de la zona de este Convenio que incluye un análisis demográfico y socioeconómico, así como un resumen preliminar del análisis DAFO, con las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la zona. En este sentido, se ha procurado resaltar la problemática general común arrastrada por las comarcas mineras, particularizándolo en la medida de lo posible a la zona de este Convenio con los datos disponibles de los municipios incluidos.

Esta caracterización y diagnóstico preliminar busca servir como punto de partida para identificar las necesidades específicas de la zona y con ello las soluciones apropiadas para la reactivación en base al contexto local.

Dicho esto, el documento se envía a distintos agentes económicos, sociales y ambientales de la zona para iniciar el proceso de participación pública, si bien hay que señalar que se trata de un documento preliminar en el que se seguirá trabajando para ampliar y mejorar sus contenidos a lo largo del proceso de participación pública, al final del cual se presentará su versión final. Entre los objetivos de este proceso está incluir la visión de los agentes del territorio y sus propuestas en la elaboración del Convenio de Transición Justa, así como incluir sus aportaciones en el documento final de caracterización y diagnóstico de la zona, que incluirá nuevos factores y parámetros (como productividad, medio físico, biodiversidad, etc.).

Durante el proceso de participación se pretende asimismo recabar información clave, incluida la definición de líneas estratégicas de desarrollo para el área y la identificación de inversiones y proyectos viables en términos económicos, sociales y ambientales y adecuados a la realidad y contexto locales.

Se trata de construir un proceso con amplia participación de actores, transparente e inclusivo, pero sobre todo que constituya un plan integrado de desarrollo territorial participado y colectivo que garantice la generación y fijación de empleo en el territorio de forma sostenible en el medio y largo plazo.

Contexto histórico y normativo del sector minero del carbón y de la generación térmica

Para poder comprender adecuadamente la situación actual de la zona del Convenio, hay que atender a la evolución histórica y normativa del sector de la minería del carbón y de la generación eléctrica. Y es que cambios en el contexto económico global, así como decisiones económicas y políticas adoptadas a nivel internacional y nacional en relación con el carbón, vienen condicionando desde hace décadas la situación del sector. Esto ha supuesto que determinados territorios, cuya actividad económica depende altamente tanto de la minería del carbón como de las centrales de generación térmica a carbón, estén sufriendo una profunda transformación con importantes impactos sobre su empleo y población. Es el caso de las comarcas mineras de Castilla y León y, en concreto, de la zona de este Convenio.

En esta zona, las primeras explotaciones mineras se remontan al primer tercio del siglo XX, localizándose principalmente en la cuenca de Sabero. Con la construcción del ferrocarril de La Robla a Valmaseda, se impulsaría el desarrollo de explotaciones en las cuencas de Ciñera, Santa Lucía en La Pola de Gordón, Vegacervera, Matallana de Torío y Orzobaga. Con los años, La Robla llega a convertirse en un nodo ferroviario muy importante que favorecería el tráfico de minerales en la zona, sobre todo carbón, pero también cementos.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el consumo y producción de carbón experimentó un importante crecimiento en Europa y en España, pero durante los años sesenta esta tendencia cambiaría ante una mayor competencia internacional y el auge del petróleo. Esto llevaría a la industria europea a proteger el sector del carbón mediante subsidios.

En España, durante la década de los años 50 la minería del carbón resurge con gran fuerza al no tener competencia internacional. No obstante, la participación del carbón en el consumo de energía nacional comienza a descender en los años 60, ya que la oferta de carbón no es suficiente para satisfacer el incremento de la demanda energética que se está generando. Pero con la crisis del petróleo de los 1973 y 1979, el carbón se volvió a situar como una de las principales fuentes de energía. Y este desarrollo de la minería del carbón estaría íntimamente ligado al de la generación eléctrica en centrales térmicas, que en España se impulsa con el Plan Acelerado de Construcción de Centrales de Carbón, que acelera la construcción de centrales de carbón, incluyendo la térmica de La Robla, que comenzaría a funcionar en 1971, alimentándose de carbón de la cuenca leonesa.

La presencia de grandes empresas energéticas y la construcción de centrales en algunas de las comarcas mineras lleva a la minería del carbón a una época de gran crecimiento y empuje económico. No obstante, si en el año 1985 se alcanza un máximo en la extracción de carbón, triplicándose las cantidades en apenas una década, a partir de 1990, se inicia una continuada y pronunciada caída de la minería del carbón.

Para entender este cambio, hay que tener presente dos cuestiones: por un lado, la imposibilidad del carbón autóctono de ser competitivo sin ayudas estatales, salvo periodos excepcionales, con el carbón de importación, y por otro la incorporación de España a la entonces Comunidad Europea. Esto último implica que las ayudas al sector empiezan a ser reguladas a nivel europeo y el sector pasa a quedar recogido dentro de la normativa de ayudas de estado de la Unión Europea ya aplicable al resto de sectores.

Esta nueva situación lleva a un proceso de reordenación socioeconómica de las regiones donde la minería del carbón habría sido la principal actividad económica durante décadas. Un proceso que en España comienza a partir de 1990 a través de sucesivos planes cuyos objetivos son la disminución de la producción de carbón, mejorar su competitividad y eficiencia y financiar costes laborales y proyectos para un desarrollo alternativo de las zonas mineras y que va a culminar con la Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas.

La transformación de las últimas décadas ha tenido impactos muy importantes en el empleo en el sector, con una reducción de empresas, que pasan de más de 200 a una decena, lo que se tradujo en una caída en el empleo de 45.212 trabajadores en 1990 a unos 1.700 a finales de 2017 (contando sólo trabajadores de plantilla). Estas pérdidas han sido acompañadas por planes sociales de apoyo a los trabajadores a través de prejubilaciones anticipadas y bajas indemnizadas, así como apoyo a la generación de infraestructuras y proyectos empresariales en las zonas afectadas, destacando el Plan de la Minería del Carbón y de Desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras (MINER).

No obstante, para entender las dificultades que han experimentado los procesos de reconversión de las cuencas mineras en Castilla y León y otras áreas hay que tener en cuenta las debilidades propias de los mercados laborales locales de estas comarcas. Entre ellas destacan hay que destacar que en muchos casos se trata de municipios relativamente aislados con una rápida tendencia a la despoblación, así como una cualificación profesional especializada en la minería que no permite una fácil incorporación a otros empleos. Por otro lado, algunos aspectos culturales que todavía hoy se mantienen también han dificultado el proceso de reconversión, como la ausencia de la mujer en el mercado laboral, que no encuentra alternativas laborales en estos municipios, o la concepción del trabajo como una actividad por cuenta ajena, que, junto a la falta de tejido empresarial asociado, ha limitado el éxito de distintos programas de autoemprendimiento (entre los que destacan en Castilla y León ADE Rural y ADE Tierras Mineras). A esto hay que sumar que, aunque muchos de los proyectos apoyados en la reconversión se mantienen, la crisis económica perjudicó la sostenibilidad de muchos de ellos y contribuyó a hacer fracasar algunos. Dos sectores fueron especialmente impactados, la construcción y las energías renovables.

En las comarcas mineras castellanoleonesas aún persiste la problemática, caracterizada por una elevada dispersión y disminución de la población, un escaso dinamismo de la actividad económica, una pérdida del tejido empresarial y la consecuente reducción del empleo.

En la zona de la Montaña Central Leonesa – La Robla, a lo anterior se suma el abandono de instalaciones y terrenos industriales, la subsecuente contaminación y degradación medioambiental, un acusado envejecimiento de la población, y unas deficientes infraestructuras de telecomunicaciones, a lo que se añade la escasez de financiación y la falta de estructuras que favorezcan determinados desarrollos.

En este contexto, a 31 de diciembre de 2018 la normativa europea llevaría a que sólo aquellas empresas mineras que hubieran alcanzado condiciones de competitividad pudieran seguir funcionando, si bien debían devolver las ayudas recibidas en el período 2011-2018. En Castilla y León esto se traduciría en minas que ya han cerrado o están en situación concursal, incluyendo la mina de Santa Lucía en la Pola de Gordón y el lavadero de La Robla.

Por otro lado, en los últimos años las perspectivas de funcionamiento de las centrales térmicas se han visto afectadas negativamente por varios factores técnicos, económicos y regulatorios, destacando en particular los siguientes:

· El acuerdo de París alcanzado en 2015 y ratificado por la Unión Europea en 2016 y por España en 2017, estableciendo con ello un punto de partida para políticas energéticas orientadas a la descarbonización de la economía.

· La incorporación creciente de energías renovables ha reducido sustancialmente la participación de estas centrales en el mix energético y, por tanto, sus ingresos por la venta de energía.

· La necesidad de acometer inversiones para reducir la emisión de contaminantes atmosféricos (desnitrificación y desulfuración), debido a las normativas medioambientales de la UE, y en concreto a la aplicación de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por la que las centrales que no acometan estas inversiones deben cerrar en el año 2020. Al haber descendido sus ingresos, la posibilidad de acometer estas inversiones resulta más difícil.

· La orientación y planteamiento de las nuevas directivas europeas en materia de energía que configuran el denominado “Paquete de Invierno”.

· El aumento del precio del CO2 en el mercado de derechos de emisión.

· Otros factores de mercado.

· La decisión de los inversores.

En este contexto, las empresas propietarias solicitaron el cierre de algunas de estas centrales. En concreto, en diciembre de 2018, Naturgy presenta la solicitud de autorización administrativa para el cierre definitivo de la Central Térmica de La Robla.

Ante esta situación, algunas soluciones han empezado a ponerse en marcha, tanto para el cierre del sector del carbón como el de las centrales térmicas. Así pues, en octubre de 2018 se firma el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027, que garantiza medidas de apoyo inmediato a los trabajadores de minería, las modificaciones necesarias para la concesión de ayudas a municipios mineros del marco 2013-2018 y la financiación necesaria a corto plazo.

Asimismo, como parte del Plan de Acción Urgente, se plantean los Convenios de Transición Justa, cuyo objetivo prioritario es el mantenimiento del empleo en riesgo en las zonas afectadas por los cierres de 2018. En esta línea, en abril de 2020 se firma el Acuerdo por una Transición Energética Justa para Centrales Térmicas en cierre por gobierno, sindicatos y compañías titulares de centrales térmicas de carbón. Con este acuerdo se consolidan las bases de los Convenios de Transición Justa y se recoge el compromiso de las empresas firmantes de desarrollar planes de acompañamiento para las zonas afectadas aprovechando las oportunidades de negocio que se identifiquen para cada territorio, así como el compromiso de trabajar para el mantenimiento del empleo mediante la recolocación de los puestos directos y la priorización de la contratación de los trabajadores de empresas auxiliares.

A nivel autonómico debe destacarse la ejecución del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020, aprobado en junio de 2016 con el objeto de impulsar el desarrollo y diversificación de la actividad económica y del empleo de las cuencas mineras de Castilla y León. El Plan de Dinamización reúne un conjunto de medidas en materia de infraestructuras, incentivos a la actividad empresarial y al emprendimiento, financiación para el desarrollo de proyectos, investigación sobre usos alternativos del carbón, formación para facilitar la empleabilidad de los trabajadores y de los desempleados, eficiencia energética y restauración medioambiental de espacios afectados por la actividad minera.

Asimismo, cabe destacar que tras el trabajo conjunto realizado entre el Ministerio y la Junta de Castilla y León y ayuntamientos, ya se han iniciado los trámites para la puesta en marcha de 10 proyectos del Marco 2013-2018, que suponen una inversión por parte del Instituto para la Transición Justa en las comarcas mineras castellanoleonesas de 41,6 millones de euros.

Impacto de los cierres recientes en la zona

Como ya se ha señalado, en el marco del Plan de Acción Urgente los Convenios buscan atender a los impactos de los cierres recientes de instalaciones de 2018 en adelante, identificándose en el caso de este Convenio los cierres de la mina Santa Lucía (situada en La Pola de Gordón), del lavadero de La Robla y de la Central Térmica de La Robla.

El impacto más directo de estos cierres se produce sobre el empleo en los municipios de la zona. En concreto, a partir de los datos obtenidos para cada instalación, se calcula una afectación potencial de 300 puestos de trabajo. En particular, 180 de estos trabajadores estarían adscritos a la explotación minera de La Pola de Gordón que, en diciembre de 2018 contaba con 68 trabajadores de plantilla de la Hullera Vasco Leonesa y con 112 de empresas contratatistas. Por otra parte, el cierre de la central térmica de La Robla (solicitado en diciembre de 2018) afectaría a 120 puestos de trabajo, de los cuales 78 se corresponden con personal de plantilla de Naturgy y los restantes 42 con personal de sus subcontratas. No obstante, hay que señalar que en el caso de los trabajadores de la central, este empleo aún se mantiene y por tanto no tiene un reflejo en las estadísticas de empleo de la zona.

Dicho esto, y atendiendo a los municipios de residencia de estas personas trabajadoras, La Pola de Gordón y La Robla aglutinan el 45% del total de empleos perdidos, seguidos por la ciudad de León en la que reside el 23% de los trabajadores afectados (el 36% si se incluyen los municipios del área metropolitana o Alfoz de León).

Por otro lado, los impactos de los cierres van más allá de la pérdida de empleo. El cierre de la central térmica tendrá un impacto económico directo en la zona, pero especialmente sobre el municipio de La Robla al provocar una merma en la recaudación muncipal en concepto de impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y de impuesto sobre actividades económicas, que en base a los datos facilitados se cuantifica en 1.251.986,22 €. Por otro lado, el cierre del lavadero de la explotación minera supone una pérdida adicional de 103.411,31 €. En total, estos cierren implican una pérdida total para las arcas consistoriales de La Robla de 1.355.397,53 € anuales (con fecha 2018), lo que representaría el 31% del presupuesto municipal del año 2020. En el caso de La Pola de Gordón, la disminución en la recaudación debida al cese de la actividad de la Hullera Vasco Leonesa se cifra en 103.913,82 € anuales (con fecha 2018), importe que representaría el 3% del presupuesto municipal de 2020.

A nivel de la provincia de León, la pérdida tanto de empresas mineras como de trabajadores del sector ha sido continuada a lo largo de los últimos años. En concreto, acudiendo a los datos recogidos en el informe “La Minería del carbón en Castilla y León desde el punto de vista de su sostenibilidad y de su carácter como reserva estratégica”, del Consejo Económico y Social de Castilla y León[footnoteRef:12], se observa como se pasa de 69 empresas con 7.790 trabajadores en 1994 a tan sólo 16 con 2.634 trabajadores en 2009. En este periodo, por lo tanto, han desaparecido 53 empresas y se han destruido 5.156 puestos de trabajo conforme con dicha fuente. [12: La Minería del carbón en Castilla y León desde el punto de vista de su sostenibilidad y de su carácter como reserva estratégica. Informe a iniciativa propia IIP2/12. Consejo Económico y Social de Castilla y León, 2012.]

Por lo tanto, resulta innegable el importante impacto en el empleo y en los recursos de las administraciones locales causado por los cierres considerados en el ámbito del presente análisis y la necesidad de este Convenio para paliar sus efectos.

Análisis demográficoEvolución de la población de la zona del Convenio

En esta sección se realiza un breve análisis de la evolución demográfica de la zona del Convenio. Con este análisis se pretende evaluar la situación de la población de la zona en la que se desarrollan los cierres recientes, que se dan en un contexto demográfico significativamente marcado y condicionado por la reducción de la actividad minera que se viene produciendo ya de años previos.

Dicho esto, para valorar adecuadamente la evolución demográfica de la zona del Convenio, hay que ponerla en contexto atendiendo a lo que ocurre en su entorno, tanto a nivel provincial como autonómico. Así pues, en la Tabla 5 se presenta una comparativa de la evolución de la población total en los tres ámbitos señalados: los municipios del Convenio de Transición Justa (CTJ), la provincia de León y la Comunidad de Castilla y León.

Los datos revelan cómo desde el año 1998 se produce en los municipios del CTJ un gran descenso poblacional, que cae más de un 30%. Esta caída es aún más significativa si se compara con el apenas 3,5% que disminuye la población en la Comunidad Autónoma o el 9% de descenso en la provincia de León durante el mismo periodo.

Tabla 5. Población total comunidad autónoma, provincia y municipios del CTJ (millones de personas)

Área

AÑO

%

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Comunidad de Castilla y León

2,488

2,479

2,488

2,511

2,528

2,564

2,558

2,520

2,472

2,426

2,400

-3,56%

Provincia de León

0,507

0,500

0,500

0,496

0,497

0,500

0,498

0,490

0,479

0,468

0,460

-9,18%

Municipios del CTJ

0,014

0,013

0,130

0,120

0,120

0,012

0,011

0,011

0,011

0,010

0,010

-30,55%

FUENTE: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE (del 1 de enero anual, considerados equivalentes al 31 de diciembre del año anterior), "Padrón Municipal de Habitantes".

Cabe destacar igualmente que, mientras que tanto en la Comunidad como en la provincia de León la población aumentó hasta el año 2008 (comenzando a descender a partir del año 2009), en los municipios del CTJ se manifiesta un descenso continuado de la población, todos los años durante los últimos 20. Esto se observa claramente en el siguiente gráfico.

Gráfico 1. Evolución de la población total comunidad autónoma, provincia y municipios del CTJ (índice 100=1998).


Así pues, se observa como en los municipios del CTJ se ha producido un descenso demográfico muy acusado al que, como se verá, ha acompañado un envejecimiento de la población. Esto se debe fundamentalmente a que los municipios de la zona no tienen el dinamismo necesario para mantener población y, por otro lado, como se ha visto a lo largo de los últimos años, la actividad agraria no ha sido capaz de fijar población.

Por otro lado, si analizamos los datos de población por sexo, cabe destacar que en los municipios del CTJ se ha producido un mayor descenso de la población de mujeres que de hombres en los últimos 20 años, lo que contrasta con la provincia y la Comunidad donde apenas hay diferencia entre hombres y mujeres. Esta marcada diferencia entre hombres y mujeres se observa claramente en el Gráfico 2.

Tabla 6. Población total comunidad autónoma, provincia y municipios CTJ por sexo (millones de personas)

Área

Sexo

AÑO

Variación %

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018


Mujeres

1,261

1,257

1,259

1,270

1,277

1,292

1,291

1,273

1,252

1,231

1,218

-3,39%

Hombres

1,227

1,223

1,228

1,240

1,251

1,272

1,268

1,246

1,220

1,195

1,181

-3,73%

Provincia de León

Mujeres

0,259

0,256

0,254

0,254

0,254

0,255

0,254

0,251

0,246

0,240

0,236

-8,72%

Hombres

0,248

0,244

0,242

0,242

0,243

0,245

0,243

0,239

0,234

0,228

0,224

-9,66%

Municipios del CTJ

Mujeres

0,007

0,007

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,005

0,005

0,005

0,005

32,50%

Hombres

0,007

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,005

0,005

0,005

28,54%

FUENTE: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "Padrón Municipal de Habitantes".

Gráfico 2. Evolución de la población total municipios CTJ por sexo (índice 100=1998)


Respecto a la población de cada uno de los municipios del Convenio, en la siguiente tabla se observa que en todos ellos la población total ha disminuido fuertemente en los últimos 20 años, siendo La Pola de Gordón el municipio que ha sufrido un mayor descenso porcentual en dicho período, cayendo hasta en casi un 38%. Le siguen los municipios de Villamanín, Matallana de Torío y La Robla, donde la caída es también muy significante, entre un 28% y un 26%.

Esto revela la incapacidad de estos municipios para mantener su población a medida que ha ido disminuyendo su actividad económica principal de minería, problema acrecentado por la cercanía de otros municipios de mayor tamaño y dinamismo económico. Estos municipios accesibles actuarían como polos de atracción para parte de la población de los municipios mineros, dándose un proceso de emigración que ahondaría en la despoblación de los mismos.

Tabla 7. Población total municipios del CTJ

Municipio

AÑO

Variación %

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018


347

335

344

326

312

318

317

317

331

310

314

-9,51%

Matallana de Torío

1.732

1.672

1.591

1.491

1.462

1.436

1.429

1.374

1.345

1.322

1.270

-26,67%

Pola de Gordón, La

5.193

4.994

4.656

4.333

4.170

4.077

3.989

3.823

3.522

3.379

3.224

-37,92%

Robla, La

5.135

4.993

4.845

4.723

4.713

4.625

4.581

4.482

4.302

4.045

3.783

-26,33%

Villamanín

1.329

1.262

1.198

1.161

1.091

1.125

1.108

1.087

1.029

958

949

-28,59%

Total municipios del CTJ

13.736

13.256

12.634

12.034

11.748

11.581

11.424

11.083

10.529

10.014

9.540

-30,55%


A continuación, se muestran los datos de población de cada municipio del Convenio por sexo. Tanto la población masculina como la femenina ha disminuido en todos los municipios durante los últimos 20 años, a excepción del municipio de los Barrios de Luna donde el número de hombres ha aumentado ligeramente.

En cualquier caso, la disminución de la población femenina en la zona del Convenio ha sido en general mayor que la de hombres, algo que no ocurre a nivel autonómico y provincial, siendo la más pronunciada en La Pola de Gordón. Esto pone de manifiesto que el proceso de despoblación de estos municipios podría venir además acompañado de un proceso de masculinización de la población, lo que se podría explicar por la mayor falta de oportunidades laborales para las mujeres en la zona.

Tabla 8. Población total municipios del CTJ por Sexo

Área

Sexo

AÑO

Variación %

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018


Mujeres

175

170

175

162

151

148

144

137

146

135

135

-22,86%

Hombres

172

165

169

164

161

170

173

180

185

175

179

4,07%

Matallana

Mujeres

868

851

804

740

725

712

694

653

639

624

603

-30,53%

Hombres

864

821

787

751

737

724

735

721

706

698

667

-22,80%

Pola de Gordón, La

Mujeres

2.683

2.585

2.391

2.194

2.069

2.004

2.003

1.919

1.773

1.678

1.596

-40,51%

Hombres

2.510

2.409

2.265

2.139

2.101

2.073

1.986

1.904

1.749

1.701

1.628

-35,14%

Robla, La

Mujeres

2.569

2.515

2.462

2.402

2.352

2.278

2.238

2.207

2.124

2.006

1.905

-25,85%

Hombres

2.566

2.478

2.383

2.321

2.361

2.347

2.343

2.275

2.178

2.039

1.878

-26,81%

Villamanín

Mujeres

675

641

611

574

533

552

543

544

495

459

466

-30,96%

Hombres

654

621

587

587

558

573

565

543

534

499

483

-26,15%


Nivel educativo de los habitantes de la zona del Convenio de Transición Justa

Las tablas que se muestran a continuación presentan los datos del nivel educativo de los habitantes de los municipios del Convenio junto a los de la totalidad de la provincia de León relativos a los años 2001 y 2011, que son los datos más recientes disponibles[footnoteRef:13]. [13: Censos de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE).]

Tabla 9. Nivel de estudios: municipios del CTJ y conjunto de la provincia de León (2001 y 2011)

Municipio

AÑO

2001

2011

Analfabetos

Sin

estudios

1er

grado

2º

grado

3er

grado

Analfabetos

Sin

estudios

1er

grado

2º

grado

3er

grado


6

68

107

138

31

0

25

60

185

45

Matallana de Torío

70

305

551

616

82

15

125

270

780

110

Pola de Gordón, La

186

1.096

1.338

1.793

264

15

470

760

1.920

330

Robla, La

246

519

1.571

2.165

328

10

370

840

2.515

450

Villamanín

52

82

609

433

59

10

130

180

650

55

TOTAL Municipios CTJ

560

2.070

4.176

5.145

764

50

1.120

2.110

6.050

990

Provincia de LEÓN

25.016

63.227

149.575

197.041

49.757

4.085

38.885

81.445

240.690

67.560

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del INE

Por otro lado, el siguiente gráfico permite comparar la evolución del nivel educativo del conjunto de la zona del Convenio con el de la provincia de León entre 2001 y 2011. Comparativa que revela un importante descenso de la tasa de analfabetismo entre esas fechas, tanto en la zona de Convenio como en el conjunto de León. Asimismo, en ambos ámbitos geográficos se observa un aumento del número de personas con niveles educativos de segundo grado, frente al número de personas con sólo estudios primarios que desciende. Es más, si consideramos la clasificación del nivel educativo en esos cinco grandes grupos, se observa claramente que en los municipios del Convenio, para el año 2011 más de la mitad de sus habitantes habían completado estudios de segundo grado. De igual forma, los niveles educativos más bajos (sin estudios y de primer grado) son apenas ligeramente superiores en la zona del Convenio que en el conjunto de la provincia de León. No obstante, en los municipios del Convenio la proporción de personas con niveles de estudios superiores (tercer grado) es menor que en la provincia de León.

Esta situación está en línea con la actividad económica que ha predominado durante años en los municipios del Convenio, la minería, que de forma general no requería una formación de nivel superior. En todo caso, una de las posibles causas que explican parte del descenso en el número de habitantes con sólo formación de primer grado en favor de un aumento de la formación de segundo grado podría ser por la disminución de oportunidades laborales en la actividad minera en los últimos años. En este contexto, parte de la población optaría por aumentar su nivel de formación a fin de poder acceder a nuevas oportunidades laborales.

Gráfico 3. Evolución del nivel educativo entre 2001 y 2011 en León y en los municipios incluidos en el ámbito geográfico del Convenio de Transición Justa.

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del INE

Por otro lado, si se analiza el nivel educativo por sexo, se observa que hay algo menos de hombres sin estudios o analfabetos que mujeres, así como más hombres con estudios de segundo grado. No obstante, en los niveles superiores la distribución revela una ligera ventaja para las mujeres, que cuentan con un mayor número de tituladas de tercer grado.

Esto pondría de manifiesto que la actividad económica predominante en la zona, como es la minería, estaba ocupada principalmente por hombres. Asimismo, en la zona las oportunidades laborales (no sólo en la minería sino también en el resto de sectores) supondrían principalmente puestos a los que optaban, principalmente, perfiles de formación no universitaria y masculinos.

Gráfico 4. Población por Grado de Nivel de Estudios y Sexo (2011) en los municipios incluidos en el ámbito geográfico del Convenio de Transición Justa.

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Finalmente, atendemos de forma específica a la población de los municipios del Convenio con estudios superiores, que representa el 22,44% del total. Y cabe destacar que, tal y como se muestra en la siguiente tabla y gráfico, el tipo de estudios con mayor porcentaje corresponde al sector de Arquitectura, Construcción, Formación Técnica e Industrias, siendo dicho porcentaje superior en los municipios del Convenio que en la provincia o la Comunidad. De nuevo, esto está en línea con el tipo de formación superior demandada porlos sectores industriales que han predominado en la zona, a lo que habría que añadir el personal de los centros de formación e investigación vinculados al sector en la zona.

Tabla 10. Tipo de estudios superiores completados en los municipios de CTJ, provincia y comunidad autónoma.

Tipo de estudios completados

Municipios del CTJ

León

Castilla y León

Personas

%

Personas

%

Personas

%

Educación

225

8,96

16.025

13,69

90.675

13,67

Artes y Humanidades

130

5,18

7.520

6,42

45.735

6,89

Derecho y Ciencias Sociales

435

17,33

28.925

24,70

156.950

23,66

Ciencias e Informática

365

14,54

9.245

7,90

56.920

8,58

Arquitectura, Construcción, Formación Técnica e Industrias

810

32,27

25.170

21,50

147.630

22,25

Agricultura, Ganadería, Pesca y Veterinaria

50

1,99

4.280

3,66

23.525

3,55

Salud y Servicios Sociales

235

9,36

17.235

14,72

92.600

13,96

Otros servicios

260

10,36

8.690

7,42

49.440

7,45

TOTAL

2.510

100,00

117.090

100,00

663.475

100,00

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del INE. Censo 2011.

Gráfico 5. Tipo de estudios superiores completados en los municipios del Convenio de Transición Justa (2011)

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Tasa de dependencia

La tasa de dependencia se define como la relación en porcentaje (%) entre la población dependiente (menores de 14 años y mayores de 65 años) y la población en edad de trabajar (entre 15 y 64 años). Este indicador nos permite considerar cuál es la proporción de personas dependientes de aquellas con posibilidad de trabajar, de tal modo que cuanto mayor es la tasa mayor es la dependencia existente.

En la Comunidad de Castilla y León, en la provincia de León y en los municipios del Convenio la tasa de dependencia ha aumentado de forma continua en los últimos 10 años. Si bien la zona del Convenio presenta una tasa de dependencia ligeramente inferior a las de la provincia y la Comunidad, hay que destacar que ha aumentado significativamente en los últimos 10 años, creciendo más que la provincial y la autonómica.

Esto pone de relieve que con el continuo declive de la actividad económica principal en la zona, y la consecuente pérdida de empleo, despoblamiento y envejecimiento, el número de personas en situación de dependencia (especialmente mayores) está aumentando en la zona cada vez más.

Tabla 11. Tasa de dependencia comunidad autónoma, provincia y municipios del CTJ

Área

AÑO

Variación (%)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


52,61%

53,38%

53,93%

54,77%

55,84%

56,79%

57,52%

58,16%

58,81%

59,28%

12,69%

Provincia de León

54,42%

54,96%

55,44%

55,97%

56,81%

57,55%

58,33%

58,98%

59,76%

60,33%

10,87%

Municipios del CTJ

49,84%

51,71%

51,07%

51,12%

52,05%

53,57%

54,15%

54,15%

55,16%

57,20%

17,43%


Gráfico 6. Tasa de dependencia comunidad autónoma, provincia y municipios del CTJ

FUENTE: Elaboración propia a partir de la DG de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.

Si atendemos a los datos desagregados por sexo, observamos que en los municipios de la zona del Convenio la tasa de dependencia de las mujeres es claramente superior a la de los hombres, siendo además más alta que la tasa de dependencia femenina a nivel provincial y autonómico. Por el contrario, la tasa de dependencia de los hombres es menor en la zona del Convenio que en el conjunto de León y la Comunidad. Esto se observa claramente en el Gráfico 7, que demuestra la mayor situación de dependencia que sufren las mujeres en estos municipios y la necesidad de atender de forma específica a este colectivo en lo que a creación de empleo se refiere.

Tabla 12. Tasa de dependencia comunidad autónoma, provincia y municipios del CTJ: mujeres y hombre

Área

Sexo

AÑO

Variación (%)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


Mujeres

58,49%

59,27%

59,80%

60,55%

61,53%

62,37%

63,06%

63,61%

64,17%

64,44%

10,16%

Hombres

47,06%

47,81%

48,38%

49,28%

50,42%

51,44%

52,20%

52,92%

53,64%

54,30%

15,39%

Provincia de León

Mujeres

60,69%

61,42%

61,89%

62,47%

63,37%

64,13%

64,82%

65,53%

66,16%

66,54%

9,63%

Hombres

48,36%

48,74%

49,22%

49,71%

50,48%

51,17%

52,03%

52,61%

53,52%

54,26%

12,20%

Municipios del CTJ

Mujeres

61,70%

64,00%

63,48%

62,94%

64,23%

66,09%

66,71%

67,76%

68,90%

71,03%

15,13%

Hombres

39,95%

41,44%

41,12%

41,17%

41,82%

43,14%

43,70%

44,73%

47,36%

48,00%

20,13%


Gráfico 7. Tasa de dependencia comunidad autónoma, provincia y municipios del CTJ: mujeres y hombres


Por otro lado, si miramos los datos pormenorizados para cada uno de los municipios del Convenio, observamos claramente como la tasa de dependencia ha aumentado para casi todos los municipios en los últimos 10 años, siendo este aumento especialmente significativo en el caso de La Pola de Gordón, seguido de La Robla, mientras que, por el contrario, Matallana de Torío, s el único municipio donde la tasa de dependencia ha disminuido ligeramente en los últimos 10 años. Esto tiene sentido si consideramos que la mayoría de los impactos por los cierres se concentran en los municipios de la Pola de Gordón y La Robla.

Tabla 13. Tasa de dependencia municipios del CTJ

Municipio

AÑO

Variación (%)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


56,85%

53,14%

50,95%

53,14%

53,02%

58,37%

55,94%

60,62%

62,18%

63,54%

11,77%

Matallana de Torío

52,50%

52,51%

50,54%

49,51%

49,13%

48,45%

49,94%

49,04%

49,09%

51,55%

-1,80%

Pola de Gordón, La

52,83%

57,67%

56,83%

56,49%

58,34%

61,49%

62,31%

63,71%

67,51%

69,59%

31,73%

Robla, La

43,89%

44,83%

44,51%

44,72%

45,94%

47,33%

48,09%

49,15%

50,66%

51,20%

16,65%

Villamanín

60,49%

59,88%

61,43%

62,72%

61,75%

60,78%

58,64%

60,20%

61,66%

62,22%

2,86%


Gráfico 8. Tasa de dependencia municipios del CTJ


Índice de envejecimiento

El índice de envejecimiento se calcula como la relación en porcentaje (%) entre la población mayor de 65 años y la población menor de 14 años. Este índice nos permite evaluar el envejecimiento de la población, de manera que, valores superiores al 100% significan que la población anciana supera a la joven y delata una estructura envejecida.

Como se puede ver en la siguiente tabla y gráfico, el índice de envejecimiento es superior al 100% tanto en la zona el Convenio como a nivel provincial y autonómico. Esto delata un envejecimiento de la población generalizado. No obstante, destaca que los niveles de envejecimiento de la población de los municipios del Convenio son significativamente muy superiores a los de la provincia o la comunidad, situándose en valores por encima del 400% en 2018, más de 100 puntos por encima de León y la Comunidad, donde encontramos valores entre el 200% y 250% respectivamente.

Pero es que además, en la última década este índice se ha disparado en la zona del Convenio, aumentando en casi un 30%, triplicando el aumento que se ha dado en la provincia y en la comunidad.

Estos datos llevan a concluir que la zona del Convenio es un territorio que sufre, como otras zonas en una situación similar, graves problemas de envejecimiento y despoblación propios de la crisis del mundo rural, problemas que en estos municipios se ven acentuados por el declive continuado durante los últimos años de la actividad minera.

Tabla 14 Ratio comunidad autónoma, provincia y municipios del CTJ

Área

AÑO

Variación (%)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


190,11%

190,48%

191,42%

192,60%

196,23%

199,32%

202,59%

205,72%

209,42%

213,86%

12,49%

Provincia de León

228,78%

229,78%

231,11%

232,07%

236,02%

239,23%

241,95%

245,88%

250,50%

255,36%

11,62%

Municipios del CTJ

322,37%

333,11%

330,47%

329,49%

334,67%

346,86%

362,71%

381,10%

415,28%

417,19%

29,41%


Gráfico 9. Índice de envejecimiento comunidad autónoma, provincia y municipios del CTJ


En cuanto al índice por sexo, cabe destacar que la diferencia de envejecimiento entre mujeres y hombres es significativamente mayor en los municipios del CTJ (con una diferencia de 10 puntos) que en la provincia y la Comunidad (con una diferencia de 4 puntos). Más concretamente, en los municipios de la zona el índice es especialmente más alto para las mujeres que para los hombres, lo que supone que hay un mayor porcentaje de mujeres mayores respecto a las jóvenes. Esto podría explicarse por un lado por la mayor esperanza de vida de las mujeres, y por otro por un menor número de nacimientos y una mayor emigración de las jóvenes ante la falta de perspectivas laborales.

Tabla 15. Índice inverso de envejecimiento comunidad autónoma, provincia y municipios del CTJ: mujeres y hombres

Área

Sexo

AÑO

Variación (%)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


Mujeres

221,83%

222,32%

223,06%

224,01%

227,74%

231,37%

234,36%

237,42%

240,73%

245,58%

10,71%

Hombres

160,00%

160,38%

161,45%

162,81%

166,42%

169,09%

172,56%

175,78%

179,76%

183,92%

14,95%

Provincia de León

Mujeres

270,64%

271,22%

272,78%

273,67%

278,16%

281,29%

283,85%

288,27%

293,00%

298,95%

10,46%

Hombres

189,21%

190,44%

191,13%

192,60%

195,96%

199,12%

202,14%

205,59%

210,13%

214,18%

13,19%

Municipios del CTJ

Mujeres

412,88%

429,92%

416,32%

409,50%

410,00%

425,53%

442,09%

482,39%

507,36%

518,40%

25,56%

Hombres

244,08%

250,50%

253,87%

257,27%

265,18%

275,10%

290,19%

294,99%

315,86%

329,60%

35,04%


Gráfico 10 Índice de envejecimiento comunidad autónoma, provincia y municipios del CTJ: mujeres y hombres


Respecto al índice de envejecimiento de cada uno de los municipios del CTJ, en los últimos 10 años ha aumentado significativamente en todos, salvo en Barrios de Luna y Matallana de Torío, donde ha disminuido. De hecho, cabe destacar el gran descenso del envejecimiento en los Barrios de Luna entre 2009 y 2018 (cayendo más de 500 puntos). En cualquier caso, los municipios que han experimentado un mayor aumento del envejecimiento de su población en los últimos diez años son la Pola de Gordón y La Robla, lo que coincide con el hecho que estos son los municipios principalmente afectados en términos de empleo por los cierres de la minería, y el cierre inminente de la central térmica sin alternativas de trabajo equivalentes.

Por otro lado, cabe destacar que si bien en La Robla el índice de envejecimiento ha subido en los últimos años, este municipio mantiene el menor índice de envejecimiento de la zona a fecha de 2018, que además está en línea con el índice provincial. Esto puede deberse a unas diferentes características de este municipio con respecto a los otros, de mayor tamaño y funcionalidad de centro subcomarcal con unas mejores conexiones con León capital.

Tabla 16. Índice de envejecimiento municipios del CTJ

Municipio

AÑO

Variación (%)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


918,27%

1000,00%

813,67%

685,87%

533,33%

509,94%

494,80%

515,73%

379,94%

388,05%

-57,74%

Matallana de Torío

502,51%

465,55%

453,31%

441,70%

407,83%

455,79%

408,00%

411,69%

418,06%

408,16%

-18,78%

Pola de Gordón, La

404,37%

442,28%

452,49%

463,18%

485,20%

506,84%

534,47%

581,40%

636,13%

638,98%

58,02%

Robla, La

210,17%

215,10%

215,66%

216,22%

221,14%

222,92%

235,40%

250,82%

269,98%

290,53%

38,23%

Villamanín

409,84%

400,00%

376,36%

355,49%

384,32%

425,71%

496,77%

471,48%

466,64%

468,82%

14,39%


Gráfico 11. Índice de envejecimiento municipios del CTJ


Ratio de población menor de 14 años y mayor de 65

Este ratio se define como la relación en porcentaje (%) entre la población menor de 14 años y la población mayor de 65 años. Este indicador nos permite valorar el número de jóvenes que se irán incorporando a la población en edad de trabajar frente a la población que sale de dicha edad, de manera que valores inferiores a 100% significan que la población anciana supera a la joven, de tal modo cuanto menor es el ratio mayor es el número de personas en edad de jubilación que la de potenciales jóvenes en busca de oportunidades laborales.

Como se puede ver en la siguiente tabla, los municipios del Convenio presentan un ratio significativamente más bajo que la provincia o la Comunidad Autónoma. Pero es que además, en la zona del Convenio la caída de este ratio en los últimos años ha sido más del doble que la experimentada a nivel provincial o autonómico, cayendo más del 20% y llegando en 2018 a ser del 24%, muy por debajo del provincial y el autonómico.

Estos datos llevan a confirmar el grave problema de envejecimiento al que se enfrenta la zona del Convenio, que cada vez cuenta con una menor población en edad de trabajar que vaya sustituyendo a aquellos que salen del mercado laboral. Y esta situación viene acrecentándose principalmente por el continuado declive de la actividad minera de los últimos años y la falta de nuevas oportunidades laborales que sustituyan el empleo que se pierde en el sector, situación que la actividad agraria no ha sido capaz de revertir.

Tabla 17 Ratio de población menor de 14 años y mayor de 65comunidad autónoma, provincia y municipios del CTJ

Área

AÑO

Variación (%)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


52,60%

52,50%

52,24%

51,92%

50,96%

50,17%

49,36%

48,61%

47,75%

46,76%

-11,10%

Provincia de León

43,71%

43,52%

43,27%

43,09%

42,37%

41,80%

41,33%

40,67%

39,92%

39,16%

-10,42%

Municipios del CTJ

31,02%

30,02%

30,26%

30,35%

29,88%

28,83%

27,57%

26,24%

24,08%

23,97%

-22,74%


Gráfico 12. Ratio de población menor de 14 años y mayor de 65 comunidad autónoma, provincia y municipios del CTJ


Respecto al ratio de cada uno de los municipios del CTJ, en los últimos 10 años ha disminuido, salvo en Barrios de Luna y Matallana de Torío, donde ha aumentado. De hecho, cabe destacar el gran aumento que ha sufrido en el municipio de los Barrios de Luna entre 2009 y 2018 (más de 130 puntos).

Por otro lado, si bien ha caído significativamente en los últimos años, especialmente desde 2014, La Robla mantiene el mayor ratio de la zona a fecha de 2018, más en línea con la situación de la provincia. De nuevo, esto puede deberse a sus diferentes características con respecto a los otros municipios, de mayor tamaño y funcionalidad de centro subcomarcal. No obstante, el ratio cada vez se aproxima más al de los otros municipios de la zona y de seguir esta tendencia seguirá disminuyendo el número de jóvenes que accedan al mercado laboral y sustituyan los mayores que salen.

Tabla 18. Ratio de población menor de 14 años y mayor de 65 municipios del CTJ

Municipio

AÑO

Variación (%)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


10,89%

10,00%

12,29%

14,58%

18,75%

19,61%

20,21%

19,39%

26,32%

25,77%

136,64%

Matallana de Torío

19,90%

21,48%

22,06%

22,64%

24,52%

21,94%

24,51%

24,29%

23,92%

24,50%

23,08%

Pola de Gordón, La

24,73%

22,61%

22,10%

21,59%

20,61%

19,73%

18,71%

17,20%

15,72%

15,65%

-36,72%

Robla, La

47,58%

46,49%

46,37%

46,25%

45,22%

44,86%

42,48%

39,87%

37,04%

34,42%

-27,67%

Villamanín

24,40%

25,00%

26,57%

28,13%

26,02%

23,49%

20,13%

21,21%

21,43%

21,33%

-12,59%


Gráfico 13. Ratio de población menor de 14 años y mayor de 65 municipios del CTJ


Actividad económica de los municipios del Convenio de Transición JustaRenta Bruta y Renta Disponible

El análisis de los datos de renta bruta y renta disponble[footnoteRef:14] permite una primera aproximación a la evolución de la actividad económica en el ámbito geográfico de aplicación del Convenio. No obstante, hay que puntualizar que los resultados tenidos en consideración incluyen aquellos municipios para los que se dispone de datos, ya que no en todos los casos los datos están disponibles, y para el análisis se toma en consideración el periodo 2013-2017. [14: Se entiende por renta bruta la suma de los ingresos de un contribuyente o empresa menos los costos directos en que se incurrió para obtener estos ingresos. Por su parte, la renta disponible se define como la renta bruta más el saldo de las transferencias corrientes (impuestos sobre la renta o el patrimonio, cotizaciones sociales, prestaciones sociales y otras).]

Como se puede observar, no en todos los municipios la evolución de la renta bruta anual ha sido similar. Si bien en algún caso la renta ha aumentado por encima del 4% entre 2013 y 2017, como en Matallana de Torio, en otros apenas ha aumentado un 1%, como en la Pola de Gordón. Respecto a la media de los municipios del Convenio, la renta bruta anual ha subido alrededor de un 3%, ligeramente inferior a la media provincial (3,42%), y significativamente inferior a las de la comunidad, que habría aumentado un 5,02%.

Por otro lado, en términos absolutos, los valores de renta bruta anual en el caso de La Robla y La Pola de Gordón están incluso por encima de la media provincial y autonómica, destacando la baja renta bruta de Matallana de Torío.

Tabla 19. Renta bruta en parte de los municipios seleccionados (2013 – 2017).

Municipio

RENTA BRUTA ANUAL

Variación (%)

2013

2014

2015

2016

2017

La Pola de Gordón

23.621 €

23.182 €

22.616 €

22.754 €

23.857 €

1,00%

La Robla

24.087 €

23.793 €

23.506 €

23.764 €

24.992 €

3,76%

Matallana de Torío

19.922 €

20.211 €

20.157 €

20.239 €

20.818 €

4,50%

Municipios del CTJ (media)

22.543 €

22.395 €

22.093 €

22.252 €

23.222 €

3,01%

Provincia de León (media)

22.435 €

22.075 €

23.117 €

22.882 €

23.202 €

3,42%

Comunidad de Castilla y León (media)

22.486 €

22.329 €

23.763 €

23.119 €

23.616 €

5,02%

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de EPDATA e INE

En el caso de la renta disponible anual, también ha aumentado en todos los casos con una media del 5%, si bien en la Pola de Gordón es donde menos ha aumentado. El aumento medio ha sido superior al provincial, pero inferior al autonómico. De nuevo, la renta disponible anual es superior a la provincial y autonómica en los casos de La Robla y La Pola de Gordón, siendo significativamente más baja para Matallana de Torío.

Tabla 20. Renta disponible en parte de los municipios seleccionados. Anualidades 2013 – 2017.

Municipio

RENTA DISPONIBLE ANUAL

Variación (%)

2013

2014

2015

2016

2017

La Pola de Gordón

19.532 €

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