Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

ARTICULACION DEL PLAN NACIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE CON LOS PLANES Y PROGRAMAS

NACIONALES, REGIONALES Y COMPROMISOS INTERNACIONALES

Ing. For. Lucila Pautrat O.CIP 176343

Lima, setiembre de 2017

ARTICULACION DEL PLAN NACIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE CON LOS PLANES Y PROGRAMAS NACIONALES, REGIONALES Y COMPROMISOS

INTERNACIONALES

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN

II. MARCO NORMATIVO – INSTITUCIONALII.1 Articulación de Políticas y Planes en la Gestión PúblicaII.2 Políticas de Estado y Políticas Nacionales II.3 Políticas de Modernización de la Gestión Pública y Política de

Descentralización del Estado

III. ARTICULACIÓN A NIVEL DE POLÍTICASIII.1 La Política Nacional Forestal y de Fauna SilvestreIII.2 Articulación de la Política Nacional Forestal con las Políticas de Estado y

Políticas Sectoriales y Multisectoriales

IV. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN A NIVEL DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAIV.1 Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico IV.2 Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado al 2030IV.3 Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM de las entidades públicas

competentes en materia forestalIV.4 Planes de Desarrollo Regional Concertado

V. ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS FUNCIONALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTIÓN POR RESULTADOSV.1 Articulación de los Sistemas Funcionales en la Gestión PúblicaV.2 Articulación de los Sistemas Administrativos Transversales en la Gestión

Pública

VI. ARTICULACIÓN DEL PLAN NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE CON EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALESVI.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda al 2030VI.2 Programa País – Perú a la OECDVI.3 Acuerdo de París – Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel NacionalVI.4 Acuerdo de Promoción Comercial Perú – USA

VII. ANEXOS

Anexo I: Lineamientos Generales y Lineamientos para en Entes Rectores de Sistemas Funcionales, para la Implementación de la Política de Modernización de la Gestión Pública

Anexo II: Políticas, Normas, Estrategias y Programas Relacionados con la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en el Perú

Anexo III: CEPLAN. 2017. Pre-Imagen del Perú al 2030 (versión preliminar). Aprobada en la 119 Sesión del Foro del Acuerdo Nacional. Lima.

Anexo IV: - Resolución de la Asamblea de la ONU que aprueba los ODS- ODS y Metas. Línea Base de Indicadores para el monitoreo de los ODS, y Base de Datos de Indicadores Disponibles – Perú 2017. - Línea de Base completa de los Indicadores de los ODS Perú 2017 en base a la información del INEI- Informe Nacional Voluntario del Perú sobre la implementación de la Agenda 2030para el Desarrollo Sostenible – 2017- Objetivos de Desarrollo Sostenible e Indicadores del Sector Ambiente 2016- 02 Presentaciones del Sistema de Monitoreo y Seguimiento a los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Perú – INEI 2017

Anexo V: - Convention of the OECD- CEPLAN. 2015. Perú 2021: País OECD. Lima, Perú. 52 p.- GRADE. 2016. Evaluando la Agenda de Desarrollo Sostenible en el Perú. Lima, Perú. 7 p.

Anexo VI: - Acuerdo de París- iNDC Perú- iNDC Perú presentación

Anexo VII: Marco Normativo (7 Políticas, 120 Leyes, 13 Normas y Directivas)

ARTICULACION DEL PLAN NACIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE CON LOS PLANES Y PROGRAMAS NACIONALES, REGIONALES Y

COMPROMISOS INTERNACIONALES

I. INTRODUCCIÓN

La articulación se produce cuando dos o más organizaciones públicas, privadas y/o de la sociedad civil, acuerdan y coordinan políticas que se traducen en acciones concretas, cada una asume una o más responsabilidades específicas, en el marco de sus competencias exclusivas y compartidas, y aporta su propio conocimiento y experiencia, sin que entre ellas existan relaciones de subordinación.

La articulación constituye un elemento esencial en los nuevos paradigmas de gestión, en el marco de las Políticas de Modernización de la Gestión Pública, a través de la generación de redes decisionales, consorcios y alianzas interinstitucionales y multinivel. Las sinergias de la articulación contribuyen a optimizar la calidad y flujos de información, racionalización, eficacia y eficiencia en el diseño e implementación de Políticas públicas, al compartir objetivos y metas, recursos disponibles, así como promover un incremento de los niveles de legitimidad y confiabilidad por parte de la ciudadanía. Asimismo, contribuye a consolidar la gobernabilidad, en tanto genera mayor valor público, fortalece los procesos de participación ciudadana, y la transparencia.

La Planificación Estratégica del Sector Forestal se enmarca en las Políticas de Estado, en la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el SINAFOR, los procesos de Planificación del Desarrollo a nivel nacional y regional, y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano. El Plan Nacional Forestal y Fauna Silvestre (PLNFFS) permita fijar objetivos nacionales ecológicos, económicos y sociales que respondan a las necesidades y prioridades nacionales, las obligaciones internacionales, así como establecer los mecanismos institucionales que garanticen la coordinación inter-regional para su implementación.

El Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre prioriza las acciones de gobernanza y gobernabilidad forestal, la gestión efectiva del recurso forestal y de fauna silvestre, las estrategias para el acceso a financiamiento, el posicionamiento del sector forestal en el ámbito nacional e internacional, así como la mejora de la distribución de los beneficios y responsabilidades respecto de dichos recursos; con base en las diferentes realidades sociales y ambientales. Asimismo, comprende los aspectos de forestación y reforestación; de prevención y control de la deforestación; de prevención y control de incendios forestales; de investigación forestal y de fauna silvestre; de prevención y lucha contra la tala ilegal y la captura, caza y comercio ilegal de fauna silvestre; de prevención y control de plagas forestales y especies invasoras; de promoción del sector forestal; de desarrollo de la industria maderera, entre otros1.

Así, en virtud del artículo 24° de la Ley Nº 29763, y al Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI que aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 082-2017-SERFOR/DE, del 04 de abril de 2017, el SERFOR declara de prioridad el proceso de elaboración del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – PLNFFS, como instrumento de planificación que tiene por objetivo implementar la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

1 Art. 24° de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 29763

Asimismo, dicha Resolución conforma el Comité del SERFOR encargado de conducir, dirigir y gestionar el proceso de elaboración del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y el Equipo Técnico de apoyo al Comité.

El presente estudio tiene como objetivo desarrollar el marco normativo e institucional para articulación del PNFFS con otros instrumentos de gestión relevantes al sector forestal, a nivel nacional, regional e internacional, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, así como de la Política de Modernización de la Gestión Pública. Los objetivos específicos son:

Contar con un documento de análisis sobre la articulación del sector forestal y fauna silvestre, teniendo en cuenta los elementos de gestión sectoriales e intersectoriales, así como los compromisos y tendencias a nivel internacional, las variables que las condicionan, y de las estrategias que se derivan del desarrollo de las tendencias.

Contar con un documento de propuesta de articulación del PLNFFS con los instrumentos de gestión a nivel nacional y regional, conforme a los lineamiento y disposiciones del CEPLAN.

II. MARCO NORMATIVO – INSTITUCIONAL

II.1 Articulación de Políticas y Planes en la Gestión Pública

II.1.1 Del Gobierno Jerárquico al Gobierno Relacional: La Gobernanza como Marco Teórico para la Articulación en la Gestión Pública

A partir de la crisis de los modelos de los Estados jerárquicos hacia fines de la década de los 80 del s. XX, así como el afianzamiento de los procesos de globalización, surge en los 90 una nueva conciencia política que exige un cambio de paradigma en las relaciones de poder Estado – ciudadanía. Dichos cambios demandan una transformación sistémica compleja hacia nuevas formas de gestión de los asuntos públicos que incluyen: i) una redistribución del poder en la toma de decisiones públicas, y ii) la participación de la sociedad civil y actores no gubernamentales, en todos sus niveles (nacional, local, regional e internacional), en los procesos de definición, implementación y monitoreo de las políticas públicas2.

En dicho contexto se desarrolla el concepto de Gobierno Relacional, el cual alude a la creación e institucionalización de redes de interacción público- privado- civil a lo largo del eje local- global3. Implica la participación y consideración de todos los actores involucrados y/o afectados en la toma de decisiones de la administración sobre políticas de carácter general o específico; a la vez que busca contribuir a la creación de Valor Público, en tanto contribuye a fortalecer la capacidad del Estado de dar una solución efectiva y eficiente a los problemas de los ciudadanos.

El Gobierno Relacional se operativiza a través del concepto y los mecanismos de Gobernanza, la cual refiere a “la forma en que la sociedad es administrada y en que se reconcilian las prioridades e intereses contrapuestos de diferentes grupos (…) se ocupa de los procesos mediante los cuales los ciudadanos participan en la toma de decisiones, los gobiernos rinden cuentas a los ciudadanos y la sociedad obliga a sus miembros a observar las normas y las leyes”4. No obstante, la gobernanza también se aplica a niveles de organización social más concretos como son los niveles de gobierno regional y local, así como en asuntos específicos de gobierno, como es el caso de la “gobernanza ambiental”5, promovida por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); o, la “gobernanza en la tenencia de la tierra y recursos naturales”, promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)6. Asimismo, encontramos su aplicación en el sector privado, a través de enfoques de “gobernanza corporativa”7.

2 PAUTRAT, L. & A. ARRASCO. 2013. Introducción al Concepto de Gobernanza Comunal para el Manejo Forestal Comunitario. Proyecto “Compartiendo Saberes para el Manejo Forestal Comunitario”. Documento de Trabajo. 3

PRATS I CATALÁ, J. 2006. A los príncipes republicanos: Gobernanza y Desarrollo desde el Republicanismo Cívico. La Paz, Bolivia. Plural Editores. Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública. 752 p.4 FAO. 2007. Buena Gobernanza en la Tenencia y la Administración de Tierras. Estudio sobre Tenencia de la Tierra Nº 9. Roma. 82 p.5 Al respecto, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) reconoce la importancia de la “gobernanza ambiental” por ser la forma para hallar soluciones a los desafíos de contaminación ambiental y pérdida de diversidad biológica de nivel global, señalado que ésta abarca los reglamentos, prácticas, políticas e instituciones que configuran la manera en que las personas interactúan con el medio ambiente. PNUMA. 2009. The Status of the Environment Fund Report. http://www.pnuma.org/gobernanza/6 Al respecto, la FAO (2007), afirma que la gobernanza en la tenencia de la tierra y recursos naturales es un tema de importancia porque el acceso seguro a la tierra, el agua y otros recursos productivos son fundamentales para el desarrollo de las sociedades, y en particular para encontrar soluciones al hambre, la pobreza y los conflictos sociales.7 NÚÑEZ, G. et al. 2009. Gobernanza Corporativa y Desarrollo de Mercados de Capitales en América Latina. Caracas: CAF. En: http://scioteca.caf.com/handle/123456789/494

En 1999, el Buró de América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), esbozó una primera definición del término al señalar:

“En este contexto governance8 para el PNUD significa hoy el marco de reglas, instituciones y prácticas establecidas que sientan los límites y los incentivos para el comportamiento de los individuos, las organizaciones y las empresas”9,10.

Posteriormente, Prats i Català manifiesta:“El entendimiento de la governance como instituciones y reglas que fijan los límites y los incentivos para la constitución y funcionamiento de redes interdependientes de actores (gubernamentales, del sector privado y de la sociedad civil), así como la asunción de su importancia para el desarrollo, tiene su causa en diversos factores:- La formulación de la teoría de la governance para explicar la gobernabilidad de la Unión

Europea como estructura de toma de decisiones a través de redes de actores gubernamentales y no gubernamentales multinivel;

- El reconocimiento de la necesidad de disponer de mejores marcos analíticos capaces de relacionar el régimen político con el desarrollo;

- El reconocimiento desde la teoría de la gestión pública de que, en sociedades de alta complejidad, diversidad, dinamismo e interdependencia, la eficacia y eficiencia de la gestión ya no depende sólo de la acción gubernamental (“governing”), sino de la capacidad para la creación y gestión de redes de actores, de cuya calidad depende la gobernabilidad”11.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) entiende por gobernanza:

“al proceso de gobernar; o la forma en que la sociedad es administrada y en que se reconcilian las prioridades e intereses contrapuestos de diferentes grupos, incluyendo a las instituciones gubernamentales oficiales, pero también a los acuerdos no oficiales. La

“La gobernanza corporativa es la defensa de los derechos de propiedad de quienes no son los administrados o controladores”.8 El vocablo governance ha experimentado una evolución semántica, tal como Mayntz comenta:

“La palabra inglesa governance estuvo por mucho tiempo equiparada con governing, el elemento procedimental de gobernar (…) Sin embargo, el término governance ha sido utilizado recientemente en dos acepciones adicionales (…) En primer término, actualmente se recurre a governance sobre todo para indicar un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo del control jerárquico y caracterizado por un mayor grado de cooperación y por la interacción entre el Estado y los actores no estatales al interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado (…). El segundo “nuevo” significado atribuido al concepto de governance es, por el contrario, más general y posee un origen diferente. Governance indica aquí, una modalidad distinta de coordinación de las acciones individuales, entendidas de la economía de los costos de transacción, y en particular del análisis del mercado y de la jerarquía como forma alternativa de organización económica (Williamson 1979). La tipología de Williamson se amplió rápidamente hasta incluir otras formas de orden social: el clan, las asociaciones y, sobre todo, las redes (networks) (…) De hecho, el descubrimiento de las formas de coordinación diferentes no sólo de la jerarquía, sino también del mercado entendido concretamente, fue el que condujo al uso generalizado del término governance para indicar cualquier forma de coordinación social (…)”. Mayntz, R. 2000. Nuevos desafíos de la teoría de governance. En: Rev. Instituciones y Desarrollo. Nº 7, pp. 35-52. http://www.iigov/revista/revista7/docs/mayntz.htm

9 Prats i Català. 2001. Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano. Marco conceptual y analítico. Revista Instituciones y Desarrollo Nº 10 – 2001, p: 103-148. Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya, Còrsega - Barcelona, España.10 En este mismo sentido, Kooiman destaca que gobernanza:

“(…) puede verse como la pauta o estructura que emerge en un sistema sociopolítico como el resultado conjunto de los esfuerzos de interacción de todos los actores intervinientes. Esta pauta emergente conforma las reglas del juego en un sistema específico, o el medio a través del cual los actores pueden actuar e intentar utilizar estas reglas de acuerdo con sus propios intereses y objetivos. El concepto de governance es básicamente una herramienta analítica y descriptiva. Pero en la medida en que una pauta de governance puede verse como el resultado de las intervenciones de los actores, también tiene una dimensión normativa”. Prats i Català. 2001. Óp. Cit. p: 117.

11 Ídem, p: 115.

gobernanza se ocupa de los procesos mediante los cuales los ciudadanos participan en la toma de decisiones, los gobiernos rinden cuentas a los ciudadanos y la sociedad obliga a sus miembros a observar las normas y las leyes (…) Esta definición de gobernanza refleja la función que desempeña el sector privado y la sociedad civil en la toma de decisiones, de manera paralela a aquella del gobierno. Por otra parte, el ámbito de la gobernanza puede verse restringido a la manera en la que el Estado presta sus servicios a los ciudadanos: en qué forma los funcionarios y organismos públicos adquieren y ejercen el poder y la autoridad para determinar las políticas públicas y proporcionar los bienes y servicios públicos”12.

Asimismo, para la FAO13, buena gobernanza (good governance), significa que: “El gobierno está bien administrado, que es inclusivo, y que obtiene resultados satisfactorios. Los principios de la buena gobernanza pueden ponerse en práctica mediante la equidad, la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, la sostenibilidad, la subsidiariedad, la participación cívica y la seguridad. La gobernanza puede ser deficiente cuando el gobierno, aun siendo incorruptible, actúa con tiranía; o bien si, a pesar de ser democrático, se muestra incompetente e ineficaz” (FAO 2007: 8).

CARACTERÍSTICAS DE LA BUENA GOBERNANZA Y GOBERNANZA DÉBIL14

LA BUENA GOBERNANZA ES: LA GOBERNANZA DÉBIL ES:

Eficiente, eficaz y competente: formula políticas y las aplica eficientemente proporcionando servicios de elevada calidad.

Ineficiente, ineficaz e incompetente: no formula políticas eficaces o no presta eficientemente servicios de calidad suficiente.

Responde a las necesidades: proporciona los servicios que los ciudadanos desean y necesitan.

No responde a las necesidades: no proporciona los servicios que los ciudadanos desean y necesitan.

Legítima: aquellas personas que se encuentran en el poder han conseguido el derecho a gobernar a través de su elección por parte de la sociedad mediante procedimientos democráticos y pueden ser sustituidos si los ciudadanos no están satisfechos con su desempeño.

Ilegítima: aquellos que se encuentran en el poder no han sido elegidos por la sociedad, ni se han ganado el derecho a gobernar, sino que lo adquirieron mediante procesos no democráticos, y los ciudadanos no tienen la capacidad de removerlos del poder.

Transparente: abierta Opaca: secreta.

Coherente, previsible e imparcial: los resultados que derivan de los procesos de gobernanza son previsibles y están de acuerdo con las leyes, las normas y los reglamentos publicados. En caso de incoherencia, existe la posibilidad de rectificación y aplicación legal de la ley por una autoridad judicial imparcial.

Incoherente, imprevisible y parcial: los resultados que derivan de los procesos de gobernanza son imprevisibles, no se ajustan a normas discernibles, y no existe la posibilidad de rectificación por una autoridad judicial que actúe con parcialidad.

Rinde cuentas: demuestra profesionalidad respondiendo a las preguntas, explicando sus actuaciones y proporcionando pruebas de su funcionamiento.

No rinde cuentas: no responde de sus actos y no presenta pruebas de su actuación. No existen controles y contrapesos para obligar a rendir cuentas.

12 FAO. 2007. Óp. Cit. p: 7.13 Véase también la definición de governance por GROVER, TÖRHÖNEM, PALMER & MUNRO-FAURE (2007):

“Good governance means that government is well managed, inclusive, and results in desirable outcomes. The principles of good governance can be made operational through equity, efficiency, transparency and accountability, sustainability, subsidiarity, civic engagement, and security” (Grover et al. 2007: 8-9).

14 SOTOMAYOR, O. 2008. Gobernanza y Tenencia de Tierras y Recursos Naturales en América Latina. FAO. Documento de Trabajo Nº 5. 42 p.

Equitativa: trata honestamente e imparcialmente a las personas y los grupos proporcionándoles acceso no discriminatorio a los registros y servicios.

Inequitativa: actúa en forma deshonesta y parcial, favoreciendo a grupos particulares con acceso al poder y discriminando a otros, por ejemplo, por razón del sexo, la pertenencia étnica o la religión.

Sostenible: equilibra las necesidades económicas, sociales, y ambientales de las generaciones presentes y futuras.

No sostenible: no equilibra las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

Responde a las necesidades locales: ubica el suministro de los servicios al nivel más cercano a los ciudadanos, en coherencia con un suministro eficiente y eficaz en función de los costos.

No responde a las necesidades locales:No presta atención a las necesidades de los ciudadanos al momento de ubicar los servicios.

Participativa: permite a los ciudadanos participar plenamente en la gobernanza mediante la creación de consenso y trata con la sociedad civil sin restricciones sobre los medios de comunicación o sobre la libertad de expresión y de asociación.

Exclusiva: excluye a los ciudadanos de la participación en la gobernanza con restricciones sobre los medios de comunicación y sobre la libertad de expresión y de asociación.

Brinda seguridad y estabilidad: brinda seguridad de medios de vida, libera del crimen y la intolerancia, brinda seguridad frente a los conflictos humanos y a los desastres naturales y en la tenencia.

No desea o es incapaz de brindar seguridad y estabilidad: los ciudadanos no pueden recurrir al gobierno para su seguridad, y el gobierno puede ser incluso la fuente de su inseguridad.

Dedicado a la integridad: los funcionarios desempeñan sus funciones diligente y objetivamente sin pretender sobornos y brinda asesoría y juicios independientes, y el gobierno respeta la confidencialidad. Existe una clara separación entre los intereses privados de los funcionarios y los políticos, y las actividades del gobierno.

Apoya la corrupción: los funcionarios son sobornados para que hagan lo que los ciudadanos tienen derecho a esperar. Éstos distorsionan las decisiones a favor de quienes los recompensan y hacen uso de la información confidencial para su propio provecho. Los funcionarios y los políticos utilizan el gobierno como medio para satisfacer sus propios intereses privados.

Gobernanza Forestal

La Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 009-2013-MINAGRI, del 13 de agosto del 2013, adopta los principios contenidos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29158, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley Nº 26821, y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 29763, en concordancia con la Política Nacional del Ambiente, DS Nº 012-2009-MINAM, y las normas referidas a los Derechos de los Pueblos Indígenas. En dicho contexto, la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre define Gobernanza Forestal como:

“La gestión forestal y de fauna silvestre, busca la armonización de las políticas, y el fortalecimiento de la institucionalidad, normas, procedimientos, herramientas e información, de manera tal que sea posible la participación efectiva, descentralizada, integrada, informada y equitativa de los diversos actores públicos y privados en la toma de decisiones, el acceso a beneficios, el manejo de conflictos y la construcción de consensos, sobre la base de responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica, transparencia y rendición de cuentas”.

Por su parte, el artículo II de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 29763 comparte esta definición, señalando además que es deber del Estado impulsar y fomentar esta gobernanza. En cuanto a las instancias de gobernanza forestal a nivel de cuencas, el Comité de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (CGFFS) constituye el espacio de participación ciudadana de los usuarios del bosque, comunidades locales, productores, gobiernos locales, representantes de la sociedad civil y

otras instituciones públicas o privadas que desarrollen actividades dentro de una determinada Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS).

II.1.2 La Articulación de Políticas Públicas en el Marco de la Gobernanza

En un contexto de gobernanza, los procesos de toma de decisiones son resultado de la interacción y las dependencias mutuas entre las instituciones políticas y la sociedad. Aun así, el sistema democrático no está exento de las tensiones que genera en él, una forma de gobernar asentada en la cooperación horizontal y en la negociación en redes, respecto de la representación política fundada en partidos, e institucionalizada en sistemas parlamentarios. Por otro lado, existe también el riesgo de caer en un neo-corporativismo, en donde las políticas públicas se definen en beneficio exclusivo de los actores involucrados, relegando los intereses de aquellos que no participan en la red, ya sea porque no han sido convocados, o porque no cuentan con una representación única o aceptada15.

De allí que la Gobernanza deba basarse en la coordinación y articulación de los objetivos de la acción pública resultante de la interacción de los actores políticos, públicos y privados. En este nuevo papel, la capacidad de control del Estado se transforma, ya que la autorregulación social tiene lugar en el marco institucional reconocido por el mismo Estado. Asimismo, en la implementación concreta de las políticas públicas, la articulación se hace necesaria para transitar el camino entre una forma de gobierno jerárquico y centralizo, a una basada en la cooperación y la horizontalidad16. Así:

“La articulación se presenta cuando dos o más organismos acuerdan llevar adelante políticas que se traducen en acciones concretas, y en donde cada uno realiza una o más tareas específicas en una relación de cooperación horizontal con los otros organismos participantes. Esta horizontalidad no hace referencia a lo cuantitativo de las acciones, es decir la asignación de tareas, sino a lo cualitativo: la distribución de responsabilidades compartidas, no necesariamente bajo un principio de subordinación, sino de colaboración”17.

Desde el punto de vista institucional y organizacional, la articulación permite: Mantener la coherencia en las políticas públicas, buscando que las acciones de las diversas

entidades del Estado se ensamblen racionalmente para el logro de los objetivos comunes e integrados;

Mantener la coherencia interna, y evitar contradicciones entre los objetivos y acciones dentro de una misma institución u organización;

Promover sinergias y optimizar el uso de los recursos en la formulación e implementación de planes estratégicos y programas de desarrollo.

La articulación demanda una voluntad política de coordinación, entendida como:“la actividad dirigida a conseguir que la complejidad y la segmentación alcancen unidad y cierta síntesis (...) La coordinación persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto, evitando contradicciones y reduciendo

15 CRAVACUORE, D.; ILARI, S. & A. VILLAR. 2004. La articulación en la gestión municipal. Actores y políticas. Universidad Nacional de Quilmes Argentina. 141 p. 16 Ídem, p: 20. 17 Ídem, p: 21.

disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían la realidad misma del sistema”18.

A diferencia de la ‘coordinación jerárquica’ basada en la coerción y control por parte de un poder formal o informal, la ‘coordinación para la articulación’ requiere conocer las capacidades y objetivos que las distintas instituciones se han propuesto, así como ordenar en el tiempo y espacio las actividades que dichas dependencias realizan, de manera que no se contradigan ni superpongan, sino que se acoplen armónicamente en pos de un mismo objetivo común19.

La ‘coordinación horizontal para la articulación interinstitucional’ entre organismos públicos o niveles de gobierno, se sustenta en el consenso estratégico para avanzar en una determinada dirección, promover determinados resultados de la intervención pública en su conjunto, y no sólo de cada una de sus fracciones sectoriales o institucionales. Dicho proceso es eminentemente político, en tanto procura resolver las tensiones entre la política y la gestión, que atraviesa todo el proceso de la articulación20.

En la actualidad, la buena gobernanza depende tanto de la eficacia y eficiencia de las organizaciones gubernamentales, como de la capacidad de establecer una arquitectura institucional y procesos sociales que incentiven, coordinen, orienten, influencien y equilibren las interacciones públicas.

“Gobernar y gestionar la interacción significa, en primer lugar, procurar el equilibrio de poder entre los diversos grupos y fuerzas sociales; pero también, orientar su dinámica con la finalidad de alcanzar nuevos y más deseables equilibrios. El gobierno debe mantener la cohesión social y procurar a la vez cambios estructurales, y hacerlo respetando y fortaleciendo la autonomía de los diversos grupos y organizaciones”21.

La articulación interinstitucional se debe dar a lo largo de todo el ciclo de las políticas públicas:

Diseño y Aprobación Desde el momento de la identificación y delimitación del problema o necesidad; el estudio de distintas opciones de solución, y la elaboración de un programa o plan de acción determinado. Así como, la definición formal de la política, la declaración de los objetivos y el marco jurídico, administrativo y financiero.

Implementación y Ejecución Comprende la planificación y organización del aparato administrativo necesario para ejecutar la política; y su implementación mediante la ejecución del conjunto de acciones destinadas a alcanzar los objetivos establecidos.

Seguimiento y Evaluación El seguimiento es entendido como el control del proceso de la ejecución de la actividad, mientras que la evaluación consiste en la

18 Tribunal Supremo de España, 1983. Citado por PASSALACQUA. 2000. Algunas reflexiones en torno a la coordinación”. En Actuar en Red Nº 1, Buenos Aires, mayo 2000.19 CRAVACUORE, D. et al. 2004. Óp. Cit. p: 22. 20 Ibidem.21 Ídem, p: 23.

medición y análisis, a posteriori, de los efectos o impactos producidos en la sociedad.

Elaboración propia

La formalización e implementación de las Políticas mediante la ejecución de planes específicos, programas presupuestales, proyectos y actividades, requiere niveles de coordinación y articulación de mayor complejidad, tanto organizacional como política, toda vez que en esta etapa es necesario tener claridad respecto a las competencias y ámbitos de acción de cada entidad, así como explicitar las responsabilidades y encargos que cada actor se compromete a cumplir.

Desde la gestión administrativa se observa que, sostener un proyecto articulado demanda un mayor esfuerzo de las entidades u organizaciones involucradas. Ello debido a que: Se produce la necesidad de una mayor coordinación y distribución del poder en los niveles

gerenciales para alcanzar acuerdos políticos y distribuir responsabilidades. Se acrecienta la división técnica del trabajo y la dispersión espacial. La gestión interinstitucional alcanza un mayor grado de complejidad, que la gestión

jerarquizada de carácter organizacional. Las acciones de articulación también suelen demandar recursos adicionales para generar,

mantener y desarrollar las redes de relaciones y de coordinación, sobre todo entre diversos niveles de gobierno, y ámbitos territoriales distintos.

Se requiere una permanente atención y monitoreo hacia el cumplimiento de las actividades y responsabilidades asignadas a las partes, en los momentos oportunos, a fin de que las actividades se acoplen adecuadamente.

Se genera una reducción de los márgenes de autonomía de cada institución, así como demoras en la toma de decisiones, por la implementación de procesos de consenso.

Estos retos podrían representar el riesgo de que la voluntad de participación y colaboración de algunos actores o espacios se agote en los actos protocolares. Desde la lógica política es necesario tener en cuenta los objetivos, explícitos ó implícitos, de los distintos actores. Si el objetivo político de articular con actores de la sociedad civil se circunscribe a obtener legitimidad y a ampliar las bases de consenso es posible que, a partir de estos logros, se desaliente la articulación. Por el contrario, el éxito de las políticas, programas o proyectos dependerá de la apropiación social que se haya generado. En la medida en que las organizaciones sociales involucradas, o la población, asuman y defiendan las políticas, programas o proyectos como propios, éstos se fortalecerán y ganarán en autonomía, reduciendo su dependencia del poder político22.

En la etapa de seguimiento y evaluación, la articulación con organizaciones de la sociedad civil, demanda la aplicación de instrumentos participativos que también midan la creación de Valor Público para el usuario, a la par de los mecanismos y/o entidades de seguimiento y control.

La complejidad en el diseño e implementación de políticas y modelos de gestión basados en la articulación se manifiesta y varía gradualmente en diferentes niveles, de acuerdo con variables que se entrecruzan conformando un entramado heterogéneo, entre ellas: La diversidad y pluralidad de los actores involucrados, incluyendo sus intereses, poder y

capacidad de agencia. El ámbito y alcance programático de las políticas, programas o proyectos. La adaptabilidad del marco normativo, técnico y jurídico. Los grados de autonomía institucional, tanto de las entidades públicas, como de la sociedad

civil Las tensiones en las asociaciones público-privadas, cuando se interpreta que existe el riesgo

de que se estén transfiriendo responsabilidades indelegables del Estado a la esfera privada. Las asimetrías de poder entre las diversas instituciones, puede sesgar la orientación de las

políticas o programas hacia un interés particular. La disponibilidad y gestión de los recursos, tanto económicos como simbólicos. La pertenencia territorial de los actores e instituciones adquiere en el caso de la articulación

una mayor relevancia, en tanto puede generar relaciones de subordinación entre las partes.

Pese a su complejidad, los procesos de articulación intra-institucionales deben evitar que se generen limitaciones administrativas, o que su implementación se limite a meros escenarios políticos, como suele suceder en la planificación estratégica.

“Desde la perspectiva política, la principal dificultad para la articulación intra-institucional se encuentra en el modelo de acumulación política imperante en los niveles de gobierno regional y local. En efecto, el sistema político generalmente se asienta y reproduce en base a relaciones clientelares que tienden a fragmentar la representación política […] De esta forma, se va configurando un mosaico de líneas internas que colonizan el gobierno y ocupan los puestos de conducción del Estado con una lógica tribal que tiende a ver en la administración, a una fuente de recursos económicos o simbólicos con los que debe retribuir a su base social, convirtiendo a las partes en competidores por recursos escasos”.23

22 Ídem, p: 2623 Ídem, p: 27

II.2 Políticas de Estado y Políticas Nacionales

II.2.1 Políticas de Estado en el marco del Acuerdo Nacional

El 22 de julio de 2002 los representantes de las organizaciones políticas y religiosas, de la sociedad civil y del Gobierno, reunidos en el Foro de Gobernabilidad del Acuerdo Nacional aprobaron 29 Políticas de Estado un Acuerdo Nacional, dirigidas a alcanzar cuatro grandes objetivos: i) Democracia y Estado de Derecho, ii) Equidad y Justicia Social, iii) Competitividad del País y, iv) Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado24.

Mediante DS Nº 105-2002-PCM, del 17 de octubre del 2002, se institucionaliza el Foro del Acuerdo Nacional como instancia de promoción del cumplimiento y del seguimiento del Acuerdo Nacional, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. El Foro del Acuerdo Nacional es el espacio de diálogo y concertación institucionalizado como instancia de seguimiento y promoción del cumplimiento de las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Cuenta con un Comité Consultivo, y un Comité Técnico de Alto Nivel, formalizado mediante Resolución Suprema Nº 451-2002-PCM. El Foro del Acuerdo Nacional es presidido por el Presidente de la República.

El Foro del Acuerdo Nacional tiene entre sus funciones25: Ampliar la difusión de las Políticas de Estado, pactos y compromisos alcanzados por

consenso. Hacer un seguimiento continuo a la promoción y cumplimiento de las Políticas de Estado y

otros acuerdos Contribuir a generar una cultura de diálogo, concertación y construcción de consensos en

la sociedad Promover espacios de diálogo y concertación regional, a fin de incorporar los Acuerdos

Regionales en el Acuerdo Nacional.

Las Políticas de Estado definen lineamientos generales para lograr un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, así como para afirmar la gobernabilidad democrática en el país. Al 2017 se cuentan con 31 Políticas de Estado aprobadas, y distribuidas en 4 grandes objetivos nacionales26. Dichas Políticas constituyen el marco de referencia para el diseño e implementación de planes y

24 Con fecha 5 de marzo de 2002, a invitación del Presidente de la República, las diversas fuerzas políticas del país representadas en ese momento en el Congreso de la República, representantes de la sociedad civil, instituciones religiosas y el Gobierno, suscribieron un Acta de Compromiso a fin de entablar un diálogo para lograr un Acuerdo Nacional que, a través de la formulación de políticas de Estado, sirva de base para la transición y consolidación de la democracia, la afirmación de la identidad nacional y el diseño de una visión compartida del país a futuro. 25 http://acuerdonacional.pe/foro-del-acuerdo-nacional/avances-y-perspectivas/ [Revisado el 30 de agosto de 2017]26 http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%E2%80%8B/politicas-de-estado-castellano/ [Revisado el 30 de agosto de 2017]

estrategias de los tres niveles de gobierno, de iniciativas legislativas, y del planeamiento estratégico de instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y multilaterales, entre otros, así como de los planes de gobierno de los partidos políticos. Ello, en tanto constituyen lineamientos orientados al desarrollo del país en el largo plazo.

En dicho contexto, la Ley del sistema y del Centro del Planeamiento Estratégico – CEPLAN, surge a partir de la quinta Política de Estado del Acuerdo Nacional, y tiene como fin orientar la planificación estratégica de la gestión pública, para la implementación de las otras políticas en su conjunto, y articuladas entre las diversas entidades.

OBJETIVOS DE DESARROLLO NACIONAL Y POLÍTICAS DEL ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL RELACIONADAS A LA POLÍTICA NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

OBJETIVOS POLÍTICAS DE ESTADO RELACIONADAS A LA PNFFS

I. Democracia y Estado de Derecho

5. Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedimientos transparentes

8. Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú

II. Equidad y Justicia Social 10. Reducción de la Pobreza

III. Competitividad del país 19. Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental

23. Desarrollo Agrario y Rural

IV. Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado

24. Afirmación de un Estado eficiente y transparente

26. Promoción de la Ética, la Transparencia y la Erradicación de la Corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas

33. Política de Estado sobre los Recursos Hídricos

34. Ordenamiento y Gestión Territorial Fuente: Elaboración propia.

II.2.2 Políticas Nacionales

Se entiende por Política Nacional, toda norma que con ese nombre emite el Poder Ejecutivo en su calidad de ente rector, con el propósito de definir objetivos prioritarios, lineamientos y contenidos principales de política pública, así como los estándares nacionales de cumplimiento y provisión que deben ser alcanzados para asegurar una adecuada prestación de los servicios y el normal desarrollo de las actividades privadas. Las políticas nacionales conforman la política general de gobierno27.

27 DECRETO SUPREMO Nº 027-2007-PCM Define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades delGobierno Nacional

Las políticas nacionales consideran los intereses generales del Estado y la diversidad de las realidades regionales y locales, concordando con el carácter unitario y descentralizado del gobierno de la República. Para su formulación el Poder Ejecutivo establece mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades, según requiera o corresponda a la naturaleza de cada política. El cumplimiento de las políticas nacionales del Estado es de responsabilidad de las autoridades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales28.

Según la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas.

Es de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno29.

Respecto a la articulación de las Políticas de Estado, Nacionales y Sectoriales, el Poder Ejecutivo tiene las siguientes funciones:

“[…] 2. Planificar, normar, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en conformidad con las Políticas de Estado.3. Establecer relaciones, buscar el consenso, prestar asistencia técnica y desarrollar mecanismos de cooperación con todas las entidades de la administración pública.4. Implementar la coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales, con énfasis en las competencias compartidas.[…]”.30

Los Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan las políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas31. En tal sentido, son funciones generales de los Ministerios, formular, planear dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; realizar seguimiento respecto al desempeño y logros alcanzados a nivel nacional, regional y local, así como tomar medidas correspondientes32.

Asimismo, los Ministerios y entes rectores son los encargados de definir y publicar las metas concretas y los indicadores de desempeño para evaluar semestralmente el cumplimiento de las Políticas Nacionales y Sectoriales de su competencia. Dichas metas deben corresponder a los programas multianuales, a sus estrategias de inversión y gasto social asociadas, conforme lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con los demás Ministerios 33,

34.

28 Ibidem. 29 Artículo 4 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo30

Artículo 6 de la Ley Nº 2915831 Numeral 22.2 del artículo 22 de la Ley Nº 2915832 Incisos a) y e) del numeral 23.1, artículo 23 de la Ley Nº 2915833 Art. 3° del DS N° 027-2007-PCM34 Art. 38° de la Ley Nº 29158: Asimismo, los Programas y Proyectos Especiales son creados, en el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo, en un Ministerio o en un Organismo Público. Los Programas son estructuras funcionales creadas para atender un problema o situación crítica, o implementar una política pública específica, en el ámbito de competencia de la entidad a la que pertenecen. Sólo por

En el marco de los procesos de modernización y de descentralización del Estado, la Presidencia del Consejo de Ministros evalúa los Programas y Proyectos Especiales a fin de determinar la necesidad de su continuidad35.

POLÍTICAS NACIONALES APROBADAS(Actualizado a agosto del 2017)

N° Fecha de Aprobación Norma de Aprobación Denominación de la Política Nacional Sector

1 11/04/16 DS 077-2016-EF Política Nacional de Promoción de la Inversión Privada en Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos MEF

2 02/04/16 DS 016-2016-SA Política Sectorial de Salud Intercultural MINSA

3 01/04/16 DS 002-2016-MINAGRI Política Nacional Agraria MINAGRI

4 09/03/16 DS 015-2016-PCM Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CTI PCM

5 29/10/15 DS 003-2015-MC Política Nacional para la Tranversalización del Enfoque Intercultural MINCUL

6 15/10/15 RM 0507-2015-MINAGRI Lineamientos de Política y Estrategia Nacional de Riego 2015-2025 MINAGRI

7 25/09/15 DS 016-2015-MINEDU Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria MINEDU

8 08/09/15 DS 012-2015-MINEDU Política Nacional de Enseñanza, Aprendizaje y Uso del Idioma Inglés – “Inglés, puertas al mundo” MINEDU

9 11/05/15 DS 006-2015-MINAGRI Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos MINAGRI

10 25/01/15 DS 001-2015-MINJUS Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación MINJUS

11 12/07/14 DS 006-2014-JUS Política Nacional frente a los Delitos Patrimoniales MINJUS

12 01/07/14 DS 046-2014-PCM Política Nacional para la Calidad PCM

13 30/03/14 DS 014-2014-RE Política Nacional Antártica RREE

14 01/12/13 DS 014-2013-JUS Política Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en conflicto con la Ley Penal MINJUS

15 14/08/13 DS 009-2013-MINAGRI Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre MINAGRI

16 28/07/13 DS 012-2013-IN Política Nacional de Seguridad Ciudadana MININTER

17 10/07/13 DS 081-2013-PCM Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017 PCM

18 02/05/13 DS 002-2013-TR Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo MTPE

19 09/01/13 DS 004-2013-PCM Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública PCM

20 30/12/12 DS 017-2012-ED Política Nacional de Educación Ambiental MINEDU

21 09/11/12 DS 050-2012-RE Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional RREE

22 28/09/12 RM 0369-2012-ED Política Educativa Nacional MINEDU

23 26/07/11 Ley 29778 Política Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza MRE

24 23/09/10 DS 064-2010-EM Política Nacional Energética del Perú 2010-2040 MINEM

25 23/05/09 DS 012-2009-MINAM Política Nacional del Ambiente MINAM

excepción, la creación de un Programa conlleva a la formación de un órgano o unidad orgánica en una entidad.35 Ibidem. El procedimiento de evaluación se establece por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

26 07/08/05 DS 061-2005-PCM Política Nacional de Juventudes MINEDU

27 23/07/02 Ley 27818 Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe MINEDU

28 08/09/85 DL 346 Ley de la Política Nacional de Población MIMP

29 25/03/07 DS 027-2007-PCM

Define y establece las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional (Contiene 13 políticas, incluyendo la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)

PCM

Fuente: Secretaría de Coordinación de la PCM, 2017.

Secretaría de Coordinación de la PCM

La Presidencia del Consejo de Ministros es responsable de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo36. La Secretaría de Coordinación de la PCM, a través de su área funcional de Políticas Nacionales Multisectoriales, se encarga de monitorear las políticas, programas y acciones cuya característica transversal comprende a varios sectores del Poder Ejecutivo. En ese sentido la Secretaría de coordinación brinda apoyo a los ministerios en la generación de espacios de coordinación para lograr la cooperación y colaboración necesaria que permita un adecuado diseño implementación y evaluación de las políticas multisectoriales37.

Son funciones de la Secretaría de Coordinación: “Efectuar el seguimiento a la implementación de los acuerdos adoptados por el Consejo de

Ministros sobre asuntos de carácter multisectorial. Coordinar con los Sectores competentes la elaboración de los reglamentos de Ley, cuando

éstos sean de carácter multisectorial o versen sobre temas de competencia de la PCM. Coordinar con los Sectores y con las propias Comisiones, a fin de mantener actualizada la

información referente a las Comisiones Multisectoriales. Brindar apoyo técnico a las Comisiones Permanentes de Coordinación Monitorear y brindar apoyo a las Comisiones integradas por representantes de diversos

sectores que tienen por objeto la formulación de políticas de carácter Multisectorial que se encuentren adscritas a la PCM, salvo lo dispuesto por normas legales o reglamentarias que expresamente establezcan lo contrario

Proponer proyectos de dispositivos legales en materia de su competencia Servir como órgano de enlace con el Foro del Acuerdo Nacional Efectuar los actos de coordinación interinstitucional para la lucha contra la pobreza, en

estrecho acuerdo con la Mesa respectiva Recabar de todas las entidades de la Administración Pública la información sobre las

solicitudes y pedidos de información atendidos y no atendidos, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y elaborar el Informe Anual a ser presentado al Congreso de la República

Coordinar y realizar acciones para la prevención y solución de conflictos

36 Artículo 17 de la Ley Nº 2915837 Artículo 32° del Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM, modificado por D.S. Nº 010-2010-PCM:

“La Secretaría de Coordinación es el órgano de línea, que depende jerárquicamente de la Secretaría General, encargado de la coordinación con el Congreso de la República, los Organismos Constitucionales Autónomos distintos al Poder Judicial y Ministerio Público, los organismos públicos descentralizados adscritos al Sector Presidencia del Consejo de Ministros, las entidades del Estado distintas al Poder Ejecutivo, las entidades gremiales y las demás entidades de la sociedad civil . Asimismo, se encarga de monitorear las políticas, programas y acciones cuyo carácter abarca a varios o todos los sectores del Poder Ejecutivo. Bajo su competencia está el apoyo a las comisiones permanentes de coordinación y las comisiones multisectoriales adscritas a la Presidencia del Consejo de Ministros”. [Subrayado nuestro]

Coordinar las acciones que ejecuta el Programa de Reducción de Vulnerabilidades frente al evento recurrente de el Niño (PREVEN)

Emitir opinión técnica en materia de su competencia ”38. [Subrayado nuestro] Lineamientos para la Aprobación de Indicadores de Desempeño y Metas de las Políticas

Nacionales del Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM

El 28 de marzo de 2016, mediante Resolución Ministerial Nº 064-2016-PCM, se aprobó la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC “Lineamientos para la aprobación de Indicadores de Desempeño y Metas de las Políticas Nacionales del DS Nº 027-2007-PCM, y sus modificatorias; y, para la presentación de informes de evaluación”.

La Directiva tiene como objetivo establecer lineamientos39 que permitan a las Entidades Públicas gestionar el proceso para la formulación y aprobación de indicadores de desempeño40 y metas41 para las Políticas Nacionales en el marco del Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM que define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, y sus modificatorias, así como para la elaboración y reporte de informes de evaluación semestral y anual42. Entre sus fines, se encuentran:

“2.1 Fortalecer el rol rector de los ministerios con responsabilidad en la supervisión del cumplimiento de las Políticas Nacionales establecidas en el DS Nº 027-2007-PCM, y sus modificatorias; a partir de la emisión de lineamientos para la adecuada implementación43 de las políticas sobre las cuales ejercen rectoría.2.2 Uniformizar el flujo de información y procedimientos necesarios en materia de formulación de productos44 o actividades prioritarias45, indicadores de desempeño y metas para las Políticas Nacionales del DS Nº 027-2007-PCM, y modificatorias, así como para la elaboración y reporte de informes de cumplimiento semestral y anual.

38 Artículo 33° del Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM, modificado por D.S. Nº 010-2010-PCM39 Art. 9.12 de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC

“Lineamientos: Son pautas generales propuestas por el Ministerio Supervisor para el logro de los objetivos de la Política Nacional a su cargo. Tienen como finalidad brindar orientaciones generales que permitan a los Ejecutores comprender los objetivos de la Política Nacional a fin de establecer productos y/o actividades prioritarias orientadas al cumplimiento de los mismos”.

40 Art. 9.9 de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC“Indicador: Es un enunciado que define una medida sobre el nivel de logro en el resultado, los productos y/o actividades prioritarias”.

Art. 9.10 de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC“Indicadores de desempeño: Son la medida sobre el logro de resultados, la entrega de productoso la satisfacción de los atributos del producto en las dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad y/o economía, en términos de una unidad de medida establecida”.

41 Art. 9.14 de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC“Meta: Es el valor numérico proyectado de los indicadores”.

42 La Directiva es de aplicación a todas las entidades del Gobierno Nacional, y la responsabilidad de su implementación recae en la más alta autoridad administrativa de cada Entidad.43 Art. 9.8 de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC

“Implementación: Para los efectos de la presente directiva, se entiende por implementación a la etapa en la cual se entregan los productos y/o se ejecutan las actividades prioritarias definidas por las Entidades Ejecutoras durante la etapa de formulación”.

44 Art. 9.20 de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC“Producto: Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y tiempo previstos”.

45 Art. 9.1 de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC“Actividad prioritaria: Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes y servicios necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan la provisión del producto o el cumplimiento de un objetivo. Se debe considerar que la actividad deberá ser relevante y presupuestable”.

2.3 Uniformizar criterios y formatos para la aprobación de productos o actividades prioritarias, indicadores y metas, así como para la presentación del “Informe Semestral de Avances del cumplimiento de las Políticas Nacionales establecidas en el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, y sus modificatorias” y el “Informe Anual de Evaluación del cumplimiento de las Políticas Nacionales establecidas en el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, y sus modificatorias”.2.4 Facilitar el monitoreo46 por parte de la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, de las Políticas Nacionales establecidas en el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, y sus modificatorias”.47

Para dicho fin, el artículo 3 de la Resolución Ministerial Nº 064-2016-PCM, dispone implementar el aplicativo informático “Sistema Informático de Políticas Nacionales – SISPNAC”, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, como herramienta de uso obligatorio de las entidades vinculadas a la elaboración y aprobación de indicadores y metas para las Políticas Nacionales del DS Nº 027-2007-PCM, y sus modificatorias; así como para la presentación de informes de avance y cumplimiento de las mismas.

El SISPNAC constituye una herramienta tecnológica que permite el registro virtual de información sobre los objetivos prioritarios, productos, acciones prioritarias, indicadores y metas, así como el avance en su cumplimiento, a fin de facilitar el trabajo de las entidades en el marco de las Políticas Nacionales48.

De otro lado, el Artículo 4 de la RM Nº 064-2016-PCM, establece que la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC, y sus Anexos, podrán ser aplicados para la evaluación de Políticas Nacionales no contempladas en el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, y sus modificatorias.

En tal sentido, la Directiva define las funciones de tres tipos de entidades para el monitoreo del cumplimiento de las Políticas Nacionales49:

46 Art. 9.16 de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC“Monitoreo: Para efectos de la presente directiva, definimos el monitoreo como el proceso de recopilación y análisis de la información sobre la implementación de las recomendaciones, en el marco de los acuerdos y medidas correctivas que se definan entre los Ministerios Supervisores y las Entidades Ejecutoras”.

47 Art. 2° de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC48 9.23 de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC. El SISPNAC es administrado por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Coordinación, y se accede al mismo en la dirección web indicada por la Presidencia del Consejo de Ministros.49 Art. 6 de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC

MINISTERIOS SUPERVISORES ENTIDADES EJECUTORAS ENTIDAD COORDINADORA

Son aquellos que, de acuerdo con su competencia, tienen a su cargo la supervisión del cumplimiento de las Políticas Nacionales definidas y establecidas en el DS Nº 027-2007-PCM, y sus modificatorias, ejerciendo dicho rol en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº 29158.

Son todos aquellos ministerios y entidades públicas del Gobierno Nacional que, en el marco de sus competencias, formulan, implementan y evalúan productos y/o actividades prioritarias orientados al cumplimiento de las Políticas Nacionales y sus correspondientes objetivos, establecidos en el ámbito del DS Nº 027-2007-PCM y sus modificatorias.

La PCM, a través de la Secretaría de Coordinación, facilita la articulación de las Políticas Nacionales mediante espacios de coordinación para promover la respectiva cooperación y colaboración, según corresponda, afianzando la vinculación entre Ministerios Supervisores y Entidades Ejecutoras, para el adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos en las Políticas Nacionales.

Funciones:

Definir los indicadores, metas y lineamientos para los objetivos prioritarios 50 de las Políticas Nacionales.

Coordinar con las entidades ejecutoras las acciones conducentes a la validación de productos o actividades prioritarias que contribuyan al logro de los objetivos prioritarios de las Políticas Nacionales; así como sus respectivos indicadores y metas.

Desarrollar acciones de coordinación, cooperación y colaboración (apoyo mutuo),

Funciones:

Formular su intervención , en coordinación con los Ministerios Supervisores, mediante productos o actividades prioritarias, indicadores y metas que contribuyan al logro54 de los objetivos prioritarios de las políticas nacionales, sobre la base de los indicadores metas y lineamientos establecidos por los Ministerios Supervisores.

Implementar , en coordinación con los Ministerios Supervisores y según corresponda, los productos o las actividades prioritarias que contribuyan al desarrollo de las Políticas Nacionales.

Funciones:

La PCM, a través de la Secretaría de Coordinación, administra el Sistema Informático de Políticas Nacionales – SISPNAC y brinda la capacitación necesaria a los Ministerios Supervisores y Entidades Ejecutoras.

La PCM, a través de la Secretaría de Coordinación, y en cumplimiento de sus funciones, supervisa el cumplimiento de los roles de los Ministerios Supervisores y Entidades Ejecutoras y realiza el monitoreo a los acuerdos entre dichas entidades.

50 Art. 9.17 de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC“Objetivos prioritarios: Es el conjunto de enunciados que describen el propósito o los resultados a alcanzar que se encuentran contenidos en cada Política Nacional del Decreto Supremo N° 027-2007–PCM, y sus modificatorias”.

que se requieran con las entidades ejecutoras y, de considerarlo pertinente, con el apoyo de la PCM a través de su Secretaría de Coordinación, para el logro de los objetivos prioritarios establecidos en el ámbito de las Políticas Nacionales.

Sistematizar la información de las entidades ejecutoras, desarrollar el seguimiento 51 y evaluar el cumplimiento de las metas establecidas.

Realizar el seguimiento respecto del desempeño 52 y logros alcanzados a nivel nacional y tomar las medidas correspondientes; de acuerdo con lo dispuesto en el art. 23° de la Ley Nº 29158.

Registrar en el Sistema Informático de Políticas Nacionales- SISPNAC, la información correspondiente a indicadores, metas y lineamientos para los objetivos prioritarios de las Políticas Nacionales, así como la información relativa al avance y cumplimiento.

Cada Ministerio Supervisor debe comunicar a la PCM el nombre de las unidades

Sistematizar la información de su sector respecto a la implementación de productos y/o actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos descritos en las Políticas Nacionales establecidas en el ámbito del DS Nº 027-2007-PCM, y sus modificatorias; desarrollar el seguimiento y evaluar el cumplimiento de las metas establecidas.

Evaluar el desempeño de las actividades prioritarias o los productos de su sector, a fin de dar cuenta a los Ministerios Supervisores sobre los respectivos avances de las Políticas Nacionales, según lo establecido en el inciso 1 del artículo 4 de la Ley Nº 29158.

Registrar en el Sistema Informático de Políticas Nacionales - SISPNAC, la información correspondiente a los productos o actividades prioritarias, indicadores y metas para los objetivos de las Políticas Nacionales en el marco del DS Nº 027-2007-PCM, y sus modificatorias, así como la información relativa al avance y cumplimiento de dichos productos o actividades prioritarias.

51 Art. 9.22 de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC“Seguimiento: Acción continua que utiliza una recopilación sistemática de datos sobre indicadores específicos, con la finalidad de proporcionar a los Ministerios Supervisores y a las Entidades Ejecutoras, indicaciones sobre el avance y el logro de los objetivos”.

52 Art. 9.6 de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SCDesempeño: Medida en que una intervención o una entidad actúa conforme a criterios, normas y/o directrices específicas; u, obtiene resultados de conformidad con metas o planes establecidos.

orgánicas u organismos responsables de la coordinación, sistematización y evaluación53 de la Política Nacional que el ministerio tiene a su cargo.

Cada Entidad Ejecutora debe comunicar a la PCM el nombre de la unidad orgánica responsable de la coordinación y sistematización de las acciones que se realizan al interior de su entidad, en el ámbito del DS Nº 027-2007-PCM, y sus modificatorias.

[Subrayado nuestro]

53 Art. 9.7 de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC“Evaluación: Para los efectos de la presente directiva, se define por evaluación a la apreciación sistemática y objetiva sobre la formulación, implementación y los resultados de un producto o actividad prioritaria, o conjunto de estos, ya sea en curso o concluido. El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el logro de resultados. Una evaluación debe proporcionar información creíble y útil, que permita utilizar las conclusiones y recomendaciones en el proceso de toma de decisiones”.

La evaluación también incluye la identificación de problemas o “[…] las razones por las cuales no se llegaron a cumplir con las metas de los productos y/o actividades prioritarias. Se debe tomar en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: ocurrencia de desastres, recursos insuficientes, falta de apoyo de otras instituciones, menor prestación de servicios o interrupción de los mismos, demora en la percepción de los ingresos previstos, insuficiente capacidad instalada de la entidad, bajo nivel de capacitación del personal y desconocimiento de los procesos administrativos, excesiva carga de trabajo, demora en el envío de la información por parte de las unidades ejecutoras; y/o, demora en la elaboración de estudios para proyectos de inversión para su declaración de viabilidad”. Art. 9.19 de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC.54 Art. 9.13 de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC

“Logros: Son los resultados positivos que se obtuvieron, o se espera obtener, de la implementación de los productos y/o actividades prioritarias programadas para la consecución de los objetivos de las Políticas Nacionales”.

Etapas del Proceso55:

1. Etapa de Formulación

Se inicia con la definición de indicadores, metas y lineamientos correspondientes para cada objetivo prioritario de la Política Nacional correspondiente a cada Ministerio Supervisor, y finaliza con la aprobación y publicación de los indicadores priorizados por parte de las Entidades Ejecutoras.

MINISTERIOS SUPERVISORES ENTIDADES EJECUTORAS

Definen los indicadores y metas correspondientes para cada objetivo prioritario de la Política Nacional a su cargo, así como los lineamientos que las Entidades Ejecutoras deberán considerar para la formulación de productos y actividades prioritarias.

Los indicadores deberán ser a nivel de resultado específico o resultado final, y estar articulados al proceso de Planeamiento Estratégico que conducen los Ministerios Supervisores, los que podrán ratificar los indicadores que hayan aprobado anteriormente, a fin de mantener consistencia en el tiempo.

Los indicadores, metas y lineamientos preparados por el Ministerio Supervisor, deberán ser registrados en el SISPNAC; además, serán publicados en su respectivo Portal de Transparencia y remitidos a la SC-PCM hasta el 15 de noviembre de cada año. La PCM, a través de la SC, publicará la sistematización de toda la información en el Portal de Transparencia de la PCM a partir del 15 de noviembre de cada año.

Los Ministerios Supervisores, sobre la base de los indicadores, metas y lineamientos establecidos, propiciarán según corresponda, los espacios de coordinación necesarios para acordar con las Entidades Ejecutoras las acciones conducentes a la formulación de productos o actividades prioritarias, indicadores y metas de cada entidad que conlleven al logro de las Políticas Nacionales establecidas en el ámbito del DS Nº 027-2007-PCM, y sus modificatorias.

La PCM, a través de la SC, podrá generar los espacios de coordinación, en caso se requiera.

Elaboran sus productos o actividades prioritarias, indicadores y metas tomando en consideración los indicadores, metas y lineamientos establecidos por los Ministerios Supervisores y los acuerdos generados de los espacios de coordinación.

Los indicadores deberán ser redactados a nivel de producto o resultado intermedio. Esta información deberá ser registrada en el SISPNAC, para que pueda ser validada por los Ministerios Supervisores.

Una vez que dichas propuestas sean validadas a través del SISPNAC, las Entidades Ejecutoras deberán aprobar, mediante RM, la matriz que contiene los productos o actividades prioritarias, indicadores y metas, teniendo como plazo hasta antes del 15 de enero de cada año. Luego, deberá ser publicada en el Portal de Transparencia de cada Ministerio y remitida a la SC-PCM, la que, a partir del 15 de enero, procederá con su respectiva sistematización y difusión.

En el marco del art. 3 del DS Nº 027-2007-PCM, y sus modificatorias, los productos o actividades prioritarias, así como los indicadores y metas deberán mantener correspondencia con la planificación estratégica y operativa, así como con la programación multianual y anual del presupuesto del Sector.

Para las labores mencionadas, los Ministerios Supervisores y las Entidades Ejecutoras tomarán en cuenta los lineamientos dispuestos en los Sistemas Administrativos establecidos en la Ley Nº 29158, considerando con énfasis los sistemas de Planeamiento, Presupuesto Público y Modernización.

[Subrayado nuestro]

55 Art. 7 de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC

2. Etapa de Presentación de Informes de Cumplimiento

Se inicia con el registro de los avances en el cumplimiento de las metas semestrales y anuales en el SISPNAC, según corresponda, y finaliza con la presentación del Informe de Cumplimiento de la Secretaría de Coordinación a la Alta Dirección de la PCM.

Los Ministerios Supervisores y las Entidades Ejecutoras del Gobierno Nacional deben elaborar y presentar dos informes: Un informe semestral de avances de cumplimiento de las Políticas Nacionales y de la

ejecución de las metas previstas para el año. Un informe de evaluación anual de cumplimiento de las Políticas Nacionales, que dé cuenta

de los resultados con relación a lo programado para el año.Los Ministerios Supervisores y las Entidades Ejecutoras deberán registrar el avance en el cumplimiento de las metas semestrales y anuales en el SISPNAC56,57.

Con la información recibida de parte de los Ministerios Supervisores, la SC de la PCM elabora un Informe que integra las conclusiones y recomendaciones emanadas de los sectores, el cual es presentado a la Alta Dirección de la PCM, remitido a los Ministerios Supervisores y publicado en el portal web de la SC a partir del 15 de setiembre, para el informe semestral de avance; y, del 15 de marzo, para el informe de evaluación anual. Sobre la base de las recomendaciones 58, los Ministerios Supervisores deberán establecer acuerdos con las entidades ejecutoras para la implementación de las recomendaciones y medidas correctivas59. El cumplimiento de dichos acuerdos será monitoreado por la PCM, a través de la SC, en el marco de sus funciones60.

56 Los informes de avance semestral y de evaluación anual estarán compuestos de un informe cualitativo y una matriz de resultados, cuya estructura y contenido se desarrollará de acuerdo con los formatos propuestos por la directiva. Con la información enviada por parte de las Entidades Ejecutoras, los Ministerios Supervisores deberán elaborar sus respectivos informes de avance semestral y de evaluación anual, respecto a la política bajo su rectoría. En el caso de los Ministerios Supervisores, los informes de avance semestral y de evaluación anual deberán ser presentados a la SC de la PCM, sobre la base de los informes presentados por las Entidades Ejecutoras. El plazo máximo para la presentación de los informes por parte de los Ministerios Supervisores es el 15 de agosto para el informe de avance semestral; y, el 15 de febrero para el informe de evaluación anual. Ibidem. De acuerdo con el Art. 9.11 de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC, el Informe Cualitativo es un “[…] documento elaborado por las entidades, según el rol que se le asigna en la presente directiva, en el que deberán evaluar de manera integral tanto su desempeño como los resultados alcanzados en relación con el cumplimiento de la política”. 57 En el caso de las Entidades Ejecutoras, los informes de avance semestral y de evaluación anual deberán ser presentados en versión física y digital a cada Ministerio Supervisor según corresponda. Esta información tendrá como base los productos o actividades prioritarias, indicadores y metas aprobadas mediante RM a inicio de año. Asimismo, una copia de los citados informes será remitida a la SC de la PCM. El Informe de las Entidades Ejecutoras deberá contener información de todo el Sector, incluyendo la información del propio Ministerio, así como las entidades públicas que se encuentran adscritas: Organismos Públicos Ejecutores, Organismos Públicos Especializados (Organismos Reguladores, Organismos Técnicos Especializados), Programas y Proyectos Especiales, Entidades Administradoras de Fondos Intangibles de la Seguridad Social y Empresas de Propiedad del Estado. El plazo máximo para la presentación de los informes de las Entidades Ejecutoras a los Ministerios Supervisores es el 31 de julio para el informe de avance semestral; y, el 31 de enero para el informe de evaluación anual. Ibidem.58 Art. 9.21 de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC

“Recomendaciones: Propuestas que tienen por objeto mejorar la eficacia, la calidad o la eficiencia de los productos o actividades prioritarias, rediseñar los objetivos y/o reasignar los recursos. Las recomendaciones deberán estar vinculadas a las conclusiones”.

59 Art. 9.15 de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC“Medidas correctivas: Son soluciones técnicas pertinentes y/o los correctivos necesarios para evitar o superar los inconvenientes y/o deficiencias observadas durante el periodo evaluado”.

60 Ibídem.

Fuente: Secretaría de Coordinación de las Políticas Nacionales – PCM, 2016Políticas de Estado relacionadas a la PMFFS

Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento – DS Nº 027-2007-PCM

Mediante Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM se aprobó la norma que establece y define las Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional61. Entre ellas destacamos las que guardan relación con la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre:

POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (DS Nº 027-2007-PCM) RELACIONADAS A LA POLÍTICA NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

POLÍTICAS LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS

7. EN MATERIA DE EXTENSIÓN TECNOLÓGICA, MEDIO AMBIENTE Y COMPETITIVIDAD

“7.1 Estimular dentro de cada institución del Gobierno Nacional y promover en la sociedad la difusión de actividades de investigación básica, investigación aplicada y de innovación tecnológica (…)

7.2 Promover actividades de ciencia, tecnología e innovación tecnológica en forma desconcentrada y descentralizada, a escala nacional, regional y local (…)

7.6 Promover e impulsar programas y proyectos de innovación tecnológica.

7.7 Apoyar las estrategias nacionales, regionales y locales de lucha contra la contaminación del medio ambiente.

7.8 Implementar las medidas de prevención de riesgos y daños ambientales que sean necesarias.

7.9 Promover el uso de tecnologías, métodos, procesos y prácticas de producción, comercialización y disposición final más limpias […]”

61 Art. 1° del DS N° 027-2007-PCM.

8. EN RELACIÓN CON EL AUMENTO DE CAPACIDADESSOCIALES

“8.1 Apoyar las estrategias nacionales, regionales y locales de lucha contra la pobreza y seguridad alimentaria, así como los Planes Nacionales Sectoriales para ser articulados con los planes de desarrollo comunitario, local y regional.[…]

8.3 Difundir en todas sus acciones y programas, los valores éticos de convivencia social tales como la honestidad, la transparencia, la responsabilidad, la solidaridad, el respeto y la puntualidad.

8.4 Fomentar y apoyar los liderazgos que promuevan la cooperación y el trabajo intersectorial e interinstitucional […].

10. EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

“10.1 Promover la permanente y adecuada simplificación de trámites […]

10.2 Implementar ventanillas únicas de atención al ciudadano.[…]

10.4 Simplificar la comunicación entre los órganos de línea […]

10.5 Promover el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en las distintas entidades públicas.

11. EN MATERIA DE POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

“[…] 11.2 Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

11.3 Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la Ética Pública.

11.4 Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública.La supervisión del cumplimiento de estas políticas corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros”.

Fuente: DS Nº 027-2007-PCM

II.3 Políticas de Modernización de la Gestión Pública y Política de Descentralización del Estado

II.3.1 Política de Modernización de la Gestión Pública

En concordancia con la Cuarta Política de Estado del Acuerdo Nacional: “Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado”62, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29158 crea el Sistema de Modernización de la Gestión Pública como un Sistema Administrativo, a la vez que precisa que el Poder Ejecutivo tiene la rectoría de los Sistemas Administrativos63, siendo responsable de reglamentar y operar dichos sistemas.

Así, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado - Ley Nº 27658, declara al Estado peruano en proceso de modernización con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, estableciéndose que el proceso de modernización del Estado debe ser desarrollado de manera coordinada entre el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGP-PCM) y el Poder Legislativo, a través de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, con la participación de otras entidades cuando por la materia a desarrollar ello sea necesario. En dicho contexto, la Ley Nº 27658 instituye un nuevo enfoque de intervención pública orientada al logro de resultados en favor del bienestar ciudadano.

Mediante Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la cual constituye el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, al establecer la visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país.

La visión de la Política Nacional de Modernización de la gestión pública es alcanzar: “Un Estado moderno al servicio de las personas, lo cual implica una transformación de sus enfoques y prácticas de gestión, concibiendo sus servicios o intervenciones como expresiones de derechos de los ciudadanos”64.

Ello implica, un Estado:- Al servicio de la ciudadanía: que garantice los derechos económicos, sociales y

políticos de los ciudadanos.- Con canales efectivos de participación ciudadana: un Estado eficaz y eficiente desde el

punto de vista social que provea de servicios de calidad a todos por igual.- Descentralizado y desconcentrado: un Estado Descentralizado que permita ser el

medio que impulsa el desarrollo económico del país a partir del desarrollo de su potencial y explotación de sus riquezas de manera sostenible.

- Con transparencia en su gestión: Un Estado cuyo desempeño sea satisfactorio, transparente y responsable y que tenga como efecto o fin último la inclusión social y mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos del país.

- Con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados.- Fiscalmente equilibrado.

62 Dicha Política establece el compromiso de construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y trasparente al servicio de las personas y de sus derechos, que promueva el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos.63 Con excepción del Sistema Nacional de Control, bajo la rectoría de la Contraloría General de la República.64 Art. 2° del Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM

La Política de Modernización de la Gestión Pública es una Política de Estado de aplicación a las Entidades de la Administración Pública: i) El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos; ii) Los Gobiernos Regionales; iii) Los Gobiernos Locales; iv) Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía; y v). Las mancomunidades municipales; comprometiendo también a las instituciones políticas y la sociedad civil, a través de sus distintas organizaciones. En tal sentido, modernizar la gestión pública es una responsabilidad de todas las autoridades, funcionarios y servidores del Estado en cada uno de sus organismos y niveles de gobierno65.

El objetivo general de la Política Nacional de Modernización es:“Orientar, articular e impulsar el proceso de modernización hacia una gestión pública orientada para resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país”66.

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN

Principios Contenido

Orientación al ciudadano

La razón de ser de la gestión pública es servir a los ciudadanos. Para ello el Estado y sus entidades definen sus prioridades e intervenciones a partir de las necesidades ciudadanas y en función de ello, establecen las funciones y los procesos de gestión que permitan responder mejor a dichas necesidades con los recursos y capacidades disponibles.

Articulación intergubernamental e intersectorial

Las entidades públicas deben planificar y ejecutar sus acciones de manera articulada, tanto a nivel de los sectores, de los sistemas administrativos como entre los niveles de gobierno, fomentando la comunicación y la coordinación continuas, asociando sus recursos y capacidades o cooperando entre sí de otras formas posibles, para poder responder a las demandas ciudadanas con eficiencia y de manera oportuna.

Balance entre flexibilidad y control de la gestión

Las entidades deben desarrollar una gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna, para lo cual deben tener la posibilidad de responder oportunamente a la heterogeneidad y coyunturas propias del medio donde intervienen. Para ello deben tener la posibilidad de adaptar oportunamente sus estructuras organizacionales, así como sus procesos y procedimientos de manera que se asegure la prestación de servicios públicos según las necesidades de los ciudadanos.

Transparencia, rendición de cuentas y ética pública

Los funcionarios públicos deben servir a los intereses de la Nación, aumentar la eficiencia del Estado para brindar una mejor atención a los ciudadanos y actuar con probidad, idoneidad, veracidad, justicia, equidad, lealtad y respeto al Estado de Derecho y a la dignidad de las personas. El Estado, sus autoridades y servidores deben rendir oportunamente cuentas a la ciudadanía, garantizar la transparencia en la actuación de las entidades públicas y generar canales adecuados para permitir el acceso ciudadano permanente a la información pública. Asimismo, deben

65 Ibidem.66 Art. 2° del Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM

promover la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los asuntos de interés público.

Innovación y aprovechamiento de las tecnologías

Las entidades públicas avanzan en un proceso constante de revisión y renovación de los procesos y procedimientos mediante los cuales implementan sus acciones. Ello las llevará a implementar nuevas propuestas de servicios o procedimientos que innoven su gestión para responder mejor a las expectativas de los ciudadanos. Ese proceso constante de innovación debe incorporar el aprovechamiento intensivo de tecnologías apropiadas, de manera que dichas tecnologías contribuyan al cambio y mejora de la gestión pública.

Principio de sostenibilidad

La gestión pública se sustenta en la integración equilibrada de las políticas sociales, ambientales y económicas del desarrollo nacional, así como en la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones de ciudadanos. El diseño y la implementación de las políticas públicas y de los planes estratégicos y operativos deben asegurar la gobernanza ambiental.

Fuente: Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública[Subrayado nuestro]

Institucionalidad para la Modernización de la Gestión Pública

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, en su calidad de ente rector del proceso de Modernización de la Gestión Pública tiene a su cargo la articulación, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública67.

Asimismo, la PCM coordina las políticas nacionales de carácter multisectorial, en especial, las referidas al desarrollo económico y social; y formula las políticas nacionales en su ámbito de competencia, el proceso de descentralización y de la modernización de la Administración Pública68.

De otro lado, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que los Organismos Públicos se sujetan a la supervisión y fiscalización de su Sector para verificar el cumplimiento de los objetivos de la entidad, mediante los instrumentos previstos en sus normas. Para ello, todo organismo público debe contar con un Plan Estratégico Institucional. En el marco de los procesos de modernización y de descentralización del Estado, la Presidencia del Consejo de Ministros evalúa a los Organismos Públicos Ejecutores69.

Gestión por Resultados

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública promueve una gestión orientada a resultados al servicio del ciudadano, donde, en el marco de las políticas públicas de Estado, y según las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno, funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan por entender las necesidades de los ciudadanos y organizan tanto los procesos de producción o actividades, como conjunto de acciones que transforman los insumos en productos en la cadena de valor, como los de soporte (sistemas administrativos), con

67 Art. 3° del Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM68 Art. 18° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.69 Art. 34° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

el fin de trasformar los insumos en productos que tengan como resultado la mayor satisfacción de los ciudadanos, garantizando sus derechos y al menor costo posible.

La Gestión basada en Resultados es una estrategia de gestión que se centra en el rendimiento y la consecución de resultados, que ha evolucionado para lograr objetivos específicos. Se compone de un conjunto de principios, enfoques y herramientas que pueden permitir una planificación más eficaz, la gestión, el seguimiento y el aprendizaje a través de:- facilitar la participación de múltiples partes interesadas en el diseño y planificación de las in-

tervenciones orientadas a los resultados (ya sea a nivel alto o nivel de base), para asegurar que todos somos claros en los resultados comunes que queremos alcanzar;

- ayudar a desarrollar y actuar sobre las estrategias para mitigar el riesgo y lograr esos resulta -dos, actuando en favor de la eficiencia y la buena relación calidad-precio;

- asegurar la rendición de cuentas y una línea de visión hacia los impactos deseados, los resul -tados intermedios y resultados mensurables durante la gestión y ejecución de esas interven-ciones; y

- promover el uso sistemático de lecciones extraídas de seguimiento y evaluación, para tomar decisiones basadas en la evidencia y ajustes programáticos informados, así como en beneficio de las políticas y los programas futuros

En esta lógica, el fin, el propósito, los resultados y las acciones se articulan en una cadena down stream dentro de un sistema de planificación de planes programas o proyectos, así como en el proceso de monitoreo, evaluación de objetivos, actividades y cumplimiento de metas por cada nivel de la planificación. Para ello se diseñan y aplican instrumentos de recojo de información, indicadores de desempeño, las fichas técnicas de los indicadores, la creación de base de datos, su análisis y producción de informes para la toma de decisiones y procesos de retroalimentación.

Es fundamental para este enfoque, el desarrollo de una cadena de resultados con claros y fuertes vínculos entre sí, articulados y probables entre cada nivel subsiguiente. La teoría del cambio que subyace a esta jerarquía de resultados se basa en: 1) asumir relaciones causales desde el primer insumo hasta el impacto; y 2) el supuesto teórico de que ciertas condiciones externas van a permanecer estables por un tiempo adecuado. La secuencia lógica radica en que:

i. La ejecución de las actividades previstas conduce a la entrega de un conjunto de salidas (outputs) o resultados;

ii. En conjunto, los resultados esperados conducen a la consecución del resultado previsto o deseado; y

iii. El logro del resultado previsto contribuye al impacto deseado.

De otro lado, una gestión pública orientada a resultados requiere entidades en capacidad de70:

Fuente: Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

70 Para lograr una gestión pública moderna orientada a resultados, las entidades deben: “Desarrollar canales para lograr mayor transparencia, accesibilidad y participación de todos los ciudadanos y rendición de cuentas

por el Estado; Desarrollar y emplear intensivamente tecnologías de información y comunicación (TIC) que permitan acercar los servicios del Estado a

los ciudadanos y empresas, y optimizar los procesos de todos y cada uno de los organismos que conforman la Administración Pública; Coordinar y cooperar entre sí, a fin de articular y complementar objetivos, acciones, recursos y capacidades institucionales en función

de maximizar el rendimiento de dichos recursos y capacidades y a través de estos, el desempeño y los servicios del Estado a favor de los ciudadanos;

Fomentar un cambio cultural en las instituciones públicas que permita sostener el esfuerzo de modernización, el cual deberá partir por entender la necesidad de cambiar la gestión pública hacia una gestión por resultados”.

1 . E s t a b le c e r o b j e ti v o s c la r o s y a r ti c u la d o s , a n iv e l s e c t o r i a l , a s í c o m o t e r r it o r ia l ( n a c io n a l , r e g io n a l y l o c a l ) , e x p r e s a d o s e n m e t a s d e p r o d u c c i ó n q u e b r in d a r á n c o m o r e s u l t a d o u n m a y o r n iv e l d e s a ti s f a c c ió n a l c i u d a d a n o .

2 . R e a s ig n a r l o s r e c u r s o s p r e s u p u e s t a l e s p a r a m a x im iz a r lo s n i v e le s d e p r o d u c t o y r e s u l t a d o s e s p e r a d o s . E s d e c i r , f o r m u l a r e l p r e s u p u e s t o e n f u n c ió n d e l o s o b j e ti v o s e s t a b le c i d o s e n l o s p l a n e s .

3 . D e s a r r o l l a r y o p ti m iz a r lo s p r o c e s o s d e p r o d u c c ió n o t r a b a j o ( “ c a d e n a d e v a l o r ” ) y lo s d e s o p o r t e , c o n e l fi n d e a lc a n z a r lo s n iv e le s d e p r o d u c c ió n d e b ie n e s y s e r v ic io s p ú b l i c o s d e c a l id a d e s p e r a d o s p o r la p o b la c i ó n , c o n la m a y o r e fi c a c ia y e fi c ie n c ia p o s ib le s e n e l u s o d e lo s r e c u r s o s .

4 . R e o r d e n a r y r e o r g a n iz a r a n iv e l n a c io n a l , r e g io n a l y l o c a l , la s c o m p e t e n c i a s y f u n c i o n e s c o n t e n id a s e n l a e s t r u c t u r a f u n c i o n a l a c t u a l a d e c u á n d o lo s a u n a o r g a n iz a c i ó n b a s a d a e n p r o c e s o s d e l a c a d e n a d e v a l o r .

5 . E s t a b l e c e r u n s i s t e m a d e i n d ic a d o r e s d e d e s e m p e ñ o y r e s u l t a d o s q u e le p e r m it a n m o n i t o r e a r y e v a lu a r s i lo s in s u m o s s e e s t á n t r a n s f o r m a n d o e n lo s p r o d u c t o s c u y o s r e s u l t a d o s s o n lo s q u e lo s c iu d a d a n o s d e m a n d a n , y s i e s t á n a p l i c a n d o lo s p r o c e s o s m á s e fi c a c e s y e fi c ie n t e s .

Fuente: BID, 2017.

COMPONENTES DE LA GESTIÓN PÚBLICA ORIENTADA A RESULTADOS

Componentes Descripción

Planeamiento de Estado: Políticas de Estado y Políticas de gobierno

Las Políticas Públicas son diseños que sustentan la acción pública. Basadas en políticas nacionales, los gobiernos establecen prioridades claras y pertinentes, tomando en cuenta las demandas y necesidades de la población, que luego las entidades públicas expresarán en objetivos, metas y los respectivos procesos que los convertirán en productos institucionales: regulaciones, procedimientos administrativos, bienes y servicios públicos, todos los cuales tendrán un impacto positivo en el ciudadano, dados determinados recursos disponibles.

Planeamiento estratégico

Considera las prioridades del país y de sus ámbitos de gobierno (central, regional, local). Cada institución desarrolla un diagnóstico sobre las oportunidades o la justificación de una necesaria intervención del Estado, así como sobre los riesgos de un inadecuado accionar del sector público; el entorno macro económico, legal, político e institucional; las demandas que establecen los ciudadanos a los que tienen que atender; las formas en que la sociedad se organiza para resolver esas demandas ciudadanas; y la forma como el Estado ha venido satisfaciendo esas necesidades, mediante qué políticas y estrategias, a través de qué agencias involucradas, qué resultados e impactos ha logrado y qué lecciones ha sacado del pasado.

Presupuesto para resultados

Un Estado moderno requiere que sus presupuestos sean asignados también con orientación a resultados, es decir, en función a los productos que los ciudadanos esperan recibir para satisfacer sus demandas, considerando que los recursos son escasos, lo cual obliga a priorizar. En este proceso, la transparencia y rendición de cuentas son importantes en los procesos de asignación y evaluación del destino de los recursos. Se busca el cierre de brechas de calidad y cobertura de infraestructura y servicios públicos, con mayor eficiencia económica, manteniendo el equilibrio fiscal y fortaleciendo la articulación de todas las entidades públicas en el territorio nacional.

Gestión por procesos Implica cambiar el tradicional modelo de organización funcional y migrar hacia una organización por procesos contenidos en las “cadenas de valor” de cada entidad, que aseguren que los bienes y servicios públicos de su responsabilidad generen resultados e impactos positivos para el ciudadano, dados los recursos disponibles. Los procesos son definidos como una secuencia de actividades que trasforman un insumo (demanda de un

bien o un servicio) en un producto (entrega del bien o el servicio), añadiéndole un valor en cada etapa de la cadena (mejores condiciones de calidad/precio, rapidez, facilidad, comodidad, entre otros).

Servicio civil meritocrático

La gestión de recursos humanos es un área crítica en el Estado, puesto que son personas las que definen los objetivos, formulan los planes y políticas, asignan recursos y los gestionan a través de procesos. Los atributos fundamentales del servidor público son: (i) la responsabilidad ante las autoridades democráticamente elegidas, como representantes de los ciudadanos; (ii) la independencia política respecto de los intereses específicos de políticos y grupos de poder, dado que deben defender los intereses de los ciudadanos y garantizar la neutralidad de la acción pública; y (iii) la capacidad técnica para desarrollar políticas públicas eficaces.

Seguimiento y evaluación

Es el proceso continuo de recolección y análisis de datos que tienen como objetivo el seguimiento y monitoreo de los indicadores de insumo, proceso y producto, así como la evaluación de los resultados e impactos de las actividades, programas y proyectos desarrollados por una entidad, con el propósito de mejorar o garantizar la provisión de productos o servicios a los ciudadanos.

Busca medir el desempeño de la institución a través del grado de cumplimiento de sus metas de asignación de los recursos, en función de las prioridades establecidas a nivel funcional y territorial en sus planes estratégico, operativo y presupuesto. En tal sentido, se busca medir, con transparencia, la eficacia en el cumplimiento de los objetivos, la eficiencia en el uso de recursos y la calidad o el grado de satisfacción percibida por los ciudadanos atendidos. Los resultados retroalimentan mejoras en toda la cadena productiva de valor.

Gestión delconocimiento

Tiene como objetivo generar, compartir y utilizar el conocimiento existente en un determinado colectivo u organización, para dar respuestas a las necesidades de los individuos y de las comunidades en su desarrollo. El objetivo es administrar conocimiento y los aprendizajes organizacionales para mejorar el funcionamiento de las entidades, tomando en cuenta buenas prácticas propias o de terceros para retroalimentar el diseño e implementación de sus estrategias de acción y asegurar así resultados positivos y relevantes.

Fuente: Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

Los lineamientos para la implementación de la Política de Modernización de la Gestión Pública se han organizado en tres grupos (Ver detalles en Anexo I):

• Para todas las entidades públicas en todos los niveles de gobierno. Contiene orientaciones y recomendaciones de aplicación general respecto a lo que debería hacer cada una de ellas para servir mejor al ciudadano, desarrollar una gestión pública para resultados y contribuir al desarrollo nacional, regional y/o local.

• A los ministerios y organismos nacionales rectores de sistemas funcionales, que de manera articulada deben formular políticas nacionales, así como apoyar y supervisar su aplicación coherente.

• A los entes rectores de los sistemas administrativos nacionales, adoptando una visión equilibrada sobre el control que deben ejercer en relación con la autonomía que necesitan las entidades sujetas a los sistemas, de manera que su normativa contribuya a una gestión pública al servicio del ciudadano. Gestión por Procesos

En dicho marco, la Gestión de Procesos complementa el enfoque formal de resultados, en tanto representa un modelo de producción destinado a la creación de bienes y servicios públicos que lleven a la consecución de los resultados finales y objetivos estratégicos planteados en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local). En este contexto, la lógica en la medición de los impactos de las Políticas de Estado en el bienestar de la población, como fin supremo, se basa en la medición o cuantificación de los resultados conseguidos (indicadores), la meritocracia subyacente a éstos (medios), y las evidencias e información que lo sustentan (medios de verificación). En tal sentido, la evaluación de una propuesta de intervención pública basada en el enfoque del desarrollo humano, requiere conocer y contar con evidencias sobre cómo las personas logran un mejoramiento de sus desempeños y han ampliado sus libertades, y por tanto la medición y evaluación de los diferenciales entre un punto de inicio o de referencia (línea de base), versus la situación en un periodo posterior, representan los cambios o mejoras en la calidad de

vida de los ciudadanos como resultado de los servicios y bienes que el Estado pone en marcha a través de diversas políticas, programas y proyectos.

II.3.2 Política de Descentralización del Estado Peruano

Conforme a lo dispuesto en el artículo 188° de la Constitución Política del Perú, y la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, la descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Regionales71 y Locales.

Mediante Ley Nº 2778372, se establece la finalidad, principios, objetivos y criterios generales del proceso de descentralización a nivel nacional. En igual sentido, se regula la conformación de las regiones y municipalidades; se fijan las competencias de los tres niveles de gobierno, y se determinan los bienes y recursos de los gobiernos regionales y locales; así como las relaciones de gobierno en sus distintos niveles. Esta Ley tiene entre sus objetivos73 la gestión sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental, y en este sentido, señala74 como competencia exclusiva75 de los Gobiernos Regionales, promover el uso sostenible de los recursos forestales y de la biodiversidad.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO PERUANO76

OBJETIVOS A NIVEL POLÍTICO

Unidad y eficiencia del Estado, mediante la distribución ordenada de las competencias públicas, y la adecuada relación entre los distintos niveles de gobierno y la administración estatal.

Representación política y de intermediación hacia los órganos de gobierno nacional, regional y local, constituidos por elección democrática.

Participación y fiscalización de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos de cada región y localidad.

Institucionalización de sólidos gobiernos regionales y locales.

OBJETIVOS A Desarrollo económico, autosostenido y de la competitividad de las diferentes

71 ANDALUZ, Carlos. Manual de Derecho Ambiental. Editorial Iustitia S.A.C. Lima, 2011. Pp. 969. El Art. 189º de la Constitución Política del Perú establece que el territorio de la República se divide en regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno unitario de manera descentralizada y desconcentrada. Se establece también, conforme al Art. 197º, que las regiones tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, correspondiéndoles, dentro de su jurisdicción, la coordinación y ejecución de los planes y programas socio – económicos regionales, así como la gestión de actividades y servicios inherentes al Estado, conforme a ley. 72 Publicado el 20 de julio de 2002.73 Artículo 6º de la precitada Ley.74 Artículo 35º Inciso n)75 Conforme al Artículo 13.1 de la Ley Nº 27783, competencias exclusivas son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la Constitución y la Ley.76 Art. 6° de la Ley Nº 27783

NIVEL ECONÓMICO

regiones y localidades del país, en base a su vocación y especialización productiva. Cobertura y abastecimiento de servicios sociales básicos en todo el territorio

nacional. Disposición de la infraestructura económica y social necesaria para promover la

inversión en las diferentes circunscripciones del país. Redistribución equitativa de los recursos del Estado. Potenciación del financiamiento regional y local.

OBJETIVOSA NIVEL ADMINISTRATIVO

Modernización y eficiencia de los procesos y sistemas de administración que aseguren la adecuada provisión de los servicios públicos.

Simplificación de trámites en las dependencias públicas nacionales, regionales y locales.

Asignación de competencias que evite la innecesaria duplicidad de funciones y recursos, y la elusión de responsabilidades en la prestación de los servicios.

OBJETIVOS A NIVEL SOCIAL

Educación y capacitación orientadas a forjar un capital humano, la competitividad nacional e internacional.

Participación ciudadana en todas sus formas de organización y control social. Incorporar la participación de las comunidades campesinas y nativas,

reconociendo la interculturalidad, y superando toda clase de exclusión y discriminación.

Promover el desarrollo humano y la mejora progresiva y sostenida de las condiciones de vida de la población para la superación de la pobreza.

OBJETIVOS A NIVEL AMBIENTAL

Ordenamiento territorial y del entorno ambiental, desde los enfoques de la sostenibilidad del desarrollo.

Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.

Coordinación y concertación interinstitucional y participación ciudadana en todos los niveles del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

Ver Anexo I: Lineamientos para la Implementación de la Política de Modernización de la Gestión Pública

Proceso de Descentralización del Sector Forestal y de Fauna Silvestre

De acuerdo con el artículo 51° de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, dentro de las funciones específicas de los Gobiernos Regionales en materia agraria, se encuentran incluidas las que corresponden al sector forestal y de fauna silvestre77. En observancia a dicha norma, el sector agrario viene implementando un proceso de descentralización de algunas funciones con contenido forestal, el mismo que aún no ha concluido en todo el territorio. Mientras en algunas regiones del país se viene implementando la Autoridad Regional Forestal, a cargo de los Gobiernos Regionales; en otras aún subsiste el modelo desconcentrado a través de las 77 “Artículo 51º de la Ley Nº 27867.- Funciones en materia agraria (…)

e) Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción.

(…)q) Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior de la región, así como ejercer

labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional (…)”.

Administraciones Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS), dependientes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR.

La Secretaría de Descentralización de la PCM tiene como objetivo dirigir y conducir el proceso de descentralización a través de la coordinación y articulación de la Política General del Gobierno con los Gobiernos Regionales y Locales. Asimismo, brinda asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en gestión a los gobiernos Regionales y Locales, así como en la conducción de la inversión descentralizada, que permita el desarrollo e integración regional.

La Secretaría de Descentralización actúa como órgano de enlace entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales, y tiene entre sus funciones: Dirigir y conducir el proceso de descentralización. Promover el desarrollo de capacidades de gestión a nivel Regional y Local. Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en gestión a los Gobiernos

Regionales y Locales. Evaluar y articular los planes sectoriales y coordinar la formulación de los Planes Anuales de

Transferencias. Conducir la inversión descentralizada que permita el desarrollo e integración regional

La Secretaría de Descentralización de la PCM, mediante Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 105-2009-PCM-SD, aprobó la Directiva Nº 007-2009-PCM-SD “Directiva para la Formulación de los Planes Sectoriales de Transferencia de Mediano Plazo de las Competencias y Funciones Sectoriales, Fondos, Programas, Proyectos, Empresas, Activos y otros instrumentos asociados a los Gobiernos Regionales y Locales”, la cual establece la metodología y procedimientos para la elaboración de los Planes Sectoriales de Transferencia de Mediano Plazo de las Competencias y Funciones Sectoriales, Fondos, Programas, Proyectos, Empresas, Activos y otros instrumentos.

En dicho contexto, mediante Resolución Ministerial Nº 287-2017-MINAGRI se aprueba el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2017 del Ministerio de Agricultura y Riego. Respecto al balance de la transferencia de las competencias y funciones del Sector Forestal y de Fauna Silvestre, dicho documento sostiene:

“Las funciones e) y q), contenidas en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, pendientes de transferencia a dieciséis (16) gobiernos regionales y a la Municipalidad Metropolitana de Lima, están actualmente a cargo del Servicio Forestal de Flora y Fauna Silvestre, en tanto los gobiernos regionales soliciten la transferencia de funciones con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

En ese sentido, el SERFOR ha solicitado a los gobiernos regionales la adecuación de los instrumentos de gestión, entre ellos el TUPA y ROF, a la actual Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos, habiendo presentado (al 31 de diciembre del 2016) solo el Gobierno Regional de Junín su Reglamento de Organizaci6n y Funciones.

El SERFOR elaborará la relación de procedimientos administrativos a cargo de las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre correspondientes a las funciones específicas e) y q) de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las cuales son de su

competencia en el marco de la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, a fin de facilitar la acotada adecuación de sus instrumentos de gestión a los GORE.

Respecto a Ia función n) pendiente de transferencia al Gobierno Regional de Lambayeque, esta no se ha transferido por Ia negativa del Gobierno Regional de recibirla, aludiendo que los recursos monetarios a transferir son insuficientes y disponen de personal proveniente de reposiciones judiciales, por lo que no necesitarían más personal”.78

Asimismo, en virtud de la autonomía política, económica y administrativa79 que asiste a los Gobiernos Regionales, no existe unanimidad respecto de la organización pública forestal de los Gobiernos Regionales. Como consecuencia de ello, cada uno viene implementando sus propias estructuras organizativas para el ejercicio de las funciones ambientales y forestales transferidas.

La transferencia de las funciones del Gobierno Central hacia las Regiones, referida en materia ambiental y de ordenamiento territorial80, se encuentra bajo la competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con el Ministerio del Ambiente81.

La Comisión de Transferencia Sectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros designada mediante RM Nº 478-2002-PCM82, señaló que conforme a lo indicado mediante la Directiva Nº 006-2007-PCM-SD, 21 Gobiernos Regionales cumplieron con suscribir las Actas sustentatorias y las Actas de Entrega y Recepción, correspondientes al proceso de efectivización de la transferencia de funciones sectoriales en Materia Ambiental y de Ordenamiento Territorial, señaladas en los literales a), b), c), d), e), f), g), h) i) y j) del artículo 53º de la Ley Nº 27867.

Según el Informe Anual del Proceso de Descentralización 2016, de la Secretaría de Descentralización de la PCM, las funciones pendientes de transferencia a los Gobiernos Regionales, actualizado al 24 de agosto de 2016, en materia ambiental son:

Departamento Funciones pendientes de transferenciaArequipa a, b, c, d, e, f, g, h, i, jCallao a, b, c, d, e, f, g, h, i, jHuánuco a, b, c, d, e, f, g, h, i, jLima Provincias a, b, c, d, e, f, g, h, i, j

78 MINAGRI. 2017. Plan Anual de Transferencias de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del Año 2017. Comisión de Transferencias Sectoriales del MINAGRI. Lima, Perú. 18 p. 79 Conforme se señala en el Artículo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, publicada el día 18 de noviembre de 2002.80 “Artículo 53º.- Funciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial de la Ley Nº 27867

a)Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia ambiental y de ordenamiento territorial, en concordancia con los planes de los Gobiernos Locales.

b)Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con las comisiones ambientales regionales.c) Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias regionales respecto a la diversidad biológica y sobre cam-

bio climático, dentro del marco de las estrategias regionales respectivas.d)Proponer la creación de las áreas de conservación regional y local en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.e)Promover la educación e investigación ambiental en la región e incentivar la participación ciudadana en todos los niveles.f) Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación en el ámbito del territorio regional y organizar evaluar y tramitar

los expedientes técnicos de demarcación territorial, en armonía con las políticas y normas de la materia.g) Participar en el diseño de los proyectos de conformación de macrorregiones.

81 Art. 13º del Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM, Decreto Supremo que aprueba el “Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Locales y Regionales del año 2009” y otras disposiciones para el desarrollo de descentralización, publicado el 24 de julio de 2009.82 Publicada el 21 de diciembre de 2002.

Lima Metropolitana a, b, c, d, e, f, g, h, i, j

Ver Anexo II: Políticas, Normas y Estrategias vinculadas al Sector Forestal y de Fauna Silvestre

III. ARTICULACIÓN A NIVEL DE POLÍTICAS

El Perú es un Estado unitario y descentralizado. En tal sentido, las Políticas Públicas permiten integrar y dar coherencia a la intervención inherente y conjunta del Estado al servicio del ciudadano,a través de los objetivos establecidos en los Planes Gubernamentales, Sectoriales, Planes Regionales y Locales de Desarrollo Concertado, y en los Planes Estratégicos y Operativos de todas y cada una las entidades del sector público en los tres niveles de gobierno. De ese modo, el Estado busca actuar como un todo coherente y articulado con el propósito de servir mejor al ciudadano, brindándole un nivel de satisfacción mayor al que este obtendría si cada entidad lo atendiera de manera individual y en forma desarticulada.

En tal sentido la Política de Modernización de la Gestión Pública establece la Articulación intergubernamental e intersectorial como un principio fundamental de la actuación del Estado. Para ello establece que las entidades públicas deben planificar y ejecutar sus acciones de manera articulada, tanto a nivel de los sectores, de los sistemas administrativos como entre los niveles de gobierno, fomentando la comunicación y la coordinación continuas, asociando sus recursos y capacidades o cooperando entre sí de otras formas posibles, para poder responder a las demandas ciudadanas con eficiencia y de manera oportuna. En ese sentido:

• “Se debe evitar la ambigüedad, duplicidad y superposición de funciones entre entidades y niveles de gobierno. Para ello, en el marco del proceso de descentralización, es necesario delimitar y respetar cuidadosamente las competencias de cada nivel de gobierno.• El Gobierno Nacional y sus instituciones deben enfocarse en fortalecer sus capacidades de planeamiento, formulación de políticas nacionales, y seguimiento y evaluación de resultados de manera que contribuyan efectivamente a la provisión descentralizada de bienes y servicios, a través del establecimiento de políticas, reglas, lineamientos, capacidades y recursos, para que los Gobiernos Regionales y Locales puedan cumplir con sus respectivas competencias de servicio a la población. El Gobierno Nacional podrá organizar la provisión de bienes y servicios a través de organismos desconcentrados, cuando ello resulte ser lo más conveniente para aprovechar economías de escala o para asegurar el logro de objetivos de equidad.• Los Gobiernos Regionales y Locales deben fortalecer sus capacidades para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas, programas, proyectos y actividades de su competencia, en el marco de las políticas nacionales y de las prioridades específicas de sus ciudadanos”83.

De allí que la Política de Modernización de la Gestión Pública considere entre sus objetivos específicos:

“10. Promover, apoyar y participar en espacios de coordinación interinstitucional con entidades del mismo nivel como de otros niveles de gobierno, para multiplicar la capacidad de servicio del Estado en beneficio de los ciudadanos mediante la articulación de políticas, recursos y capacidades institucionales.

11. Articular las Políticas Públicas Nacionales y Sectoriales, las cuales se analizan, diseñan, aprueban, implementan, evalúan y mejoran promoviendo el debate y la participación ciudadana.

12. Fomentar la creación de mecanismos de articulación necesarios para lograr una coordinación eficiente entre las entidades públicas de los tres niveles de gobierno. […]

14. Articular, simplificar y actualizar los sistemas y promover un funcionamiento que considere la heterogeneidad de las entidades públicas en lo referente a sus funciones, tamaño y capacidades”84.[Subrayado nuestro]

La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, en su calidad de rector

83 PCM. 2013. Política de Modernización de la Gestión Pública. Principios Orientadores de la Política. 84 Art. 2.3° de la Política de Modernización de la Gestión Pública

del proceso de Modernización de la Gestión Pública y en coordinación con otras entidades, tiene a su cargo la articulación, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; así como facilita la articulación de las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales.

En el marco de la implementación de las Políticas Nacionales, la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC define Articulación como la “forma de desarrollar las relaciones gubernamentales, en base al establecimiento de canales o sinergias interinstitucionales entre las diversas instancias (de un nivel de gobierno o diversos niveles de gobierno) que gestionan las políticas públicas; buscando un fi n común en el marco del papel del Estado” 85,86. Los Ministerios Supervisores, en el marco de su rectoría, podrán realizar las acciones de articulación y coordinación que consideren pertinentes con los Gobiernos Regionales para la implementación de las políticas nacionales87.

De otro lado, el artículo 71° del DS Nº 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 28411, establece que toda entidad88 pública, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso. Así, el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a sus prioridades89.

Por su parte, los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica90.

En el marco de la Política de Modernización de la Gestión Pública, el Presupuesto por Resultados (PpR), como estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, requiere de la existencia de una definición de los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos

85 Art. 9 de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC86 Asimismo, dicha Directiva define:

“9.3 Colaboración: Se refiere a relaciones para intercambiar aspectos de apoyo intersectorial vinculados a una actuación en complementariedad.9.4. Cooperación: Son las relaciones para mejorar el desarrollo de capacidades, de atender lo multisectorial, en el marco de la corresponsabilidad.9.5. Coordinación: Es un medio para mejorar la articulación de las relaciones de gobierno del Estado, propiciando logros tangibles; para ello la coordinación procurará establecer dos tipos de acciones: la cooperación y la colaboración”.

87 Única Disposición Complementaria de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC88 Constituye Entidad Pública todo organismo con personería jurídica comprendido en los niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus respectivos Organismos Públicos Descentralizados y empresas, creados o por crearse; los Fondos, sean de derecho público o privado cuando este último reciba transferencias de fondos públicos; las empresas en las que el Estado ejerza el control accionario; y los Organismos Constitucionalmente Autónomos. Constituyen pliegos presupuestarios las Entidades Públicas a las que se le aprueba un crédito presupuestario en la Ley de Presupuesto del Sector Público. Art. 5° del DS N° 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411. 89 Ibidem.90 Ibidem.

secundarios o procedimientos internos, la determinación de responsables, los procedimientos de generación de información de los resultados, productos y de las herramientas de gestión institucional, así como la rendición de cuentas91. El Presupuesto por Resultados se implementa progresivamente a través de los programas presupuestales, las acciones de seguimiento del desempeño sobre la base de indicadores, las evaluaciones y los incentivos a la gestión, entre otros instrumentos que determine el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, en colaboración con las demás entidades del Estado92.

En dicho contexto:“Los programas presupuestales son unidades de programación de las acciones del Estado que se realizan en cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de la sociedad. Su existencia se justifica por la necesidad de lograr un resultado para una población objetivo, en concordancia con los objetivos estratégicos de la política de Estado formulados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores y niveles de gobierno”93.

La evaluación en el marco del PpR consiste en el análisis sistemático y objetivo de un proyecto, programa o política en curso o concluido, en razón a su diseño, ejecución, eficiencia, eficacia e impacto y resultados en la población. Los resultados de las evaluaciones vinculan a las entidades cuyas acciones han sido objeto de las mismas, las cuales deberán asumir compromisos formales de mejora sobre su desempeño94. La evaluación incluye los sistemas de información a través de los cuales se levanta, organiza y se provee la información sobre la operación de los programas, en especial la referida a los productos para el logro de sus objetivos95.

La Articulación Interinstitucional como Eje Transversal de la Política de Modernización de la Gestión Pública

La articulación y alineamiento de las acciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno permite asegurar el logro de objetivos y metas de conjunto que contribuyan a equiparar las oportunidades de desarrollo a las que pueden acceder sus ciudadanos en cualquier lugar del país. Así, el Estado unitario y descentralizado es entonces un Estado complejo e interdependiente entre sus partes. A fin de que las políticas públicas se mantengan coordinadas para generar Valor Público, se requiere implementar mecanismos efectivos de coordinación y cooperación entre las entidades públicas.

EJES DE RELACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN

91 Art. 79.1° de la Ley Nº 2841192 Art. 79.2° de la Ley Nº 2841193 Art. 79.3° de la Ley Nº 2841194 Art. 81.1° de la Ley Nº 2841195 Ibidem.

Articulación Vertical Articulación Horizontal

Entre entidades de distintos niveles de gobierno, nacional, regional y local

Entre entidades de un mismo nivel de gobierno, en el nivel nacional entre sectores, y a nivel descentralizado, entre gobiernos regionales y locales.

Mecanismos de Coordinación vertical:

El Consejo de Coordinación Intergubernamental, previsto en la LOPE como espacio de diálogo y concertación de políticas nacionales que conciernen a los tres niveles de gobierno;

Los Consejos nacionales o instancias directivas de organismos nacionales especializados, para los cuales está normada la participación de representantes de diversos sectores del nivel nacional y de los gobiernos regionales y locales;

Las Comisiones Intergubernamentales sectoriales, previstas en el DS 047-2009-PCM que aprueba el Plan Anual de Transferencias Sectoriales 2009, para el desarrollo de la gestión descentralizada de las materias sectoriales de competencia compartida entre dos o más niveles de gobierno;

Los Consejos de Coordinación Regional (CCR) y Local (CCL), previstos en la LOGR y LOM respectivamente, como principales espacios de participación ciudadana a nivel regional y local, de los cuales también son miembros los alcaldes provinciales en el caso de los CCR, y los alcaldes distritales en el caso de los CCL provinciales.

Mecanismos de Coordinación horizontal son:

Las Comisiones Interministeriales, tales como el CIAEF, CIAS y otras;

Las Juntas de Coordinación Interregional, previstas en la LOGR y la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, como espacios de coordinación de proyectos, planes y acciones conjuntas entre dos o más gobiernos regionales;

Las Asociaciones de gobiernos descentralizados, tales como ANGR, AMPE, REMURPE, MUNIRED y decenas de otras asociaciones de municipalidades, como organizaciones de representación, a través de sus autoridades, de intereses compartidos por agrupaciones de gobiernos descentralizados;

Las Mancomunidades de gobiernos regionales y de municipalidades, creadas por leyes específicas como nuevas formas de institucionalidad compartida entre dos o más gobiernos regionales o en su caso, municipalidades, para la prestación conjunta de servicios públicos, inversión compartida en proyectos de interés común e incluso, implementación colaborativa de políticas públicas, aportando a la generación de confianza entre las entidades involucradas que contribuya a la integración territorial.

Fuente: Política de Modernización de la Gestión Pública (2013).

El diseño y funcionamiento de los mecanismos de articulación deben diferenciar dos planos o dimensiones de coordinación y cooperación interinstitucional cuyos objetivos y actores son distintos:

“Plano político: entre autoridades de uno o más niveles de gobierno, para la concertación y alineamiento de prioridades de política;

Plano de gestión: entre administraciones (funcionarios) de uno o más niveles de gobierno, para la articulación y cooperación en la implementación y gestión de políticas públicas”.96

El funcionamiento eficaz de mecanismos institucionalizados de encuentro, diálogo y coordinación entre gobiernos y administraciones de uno o más niveles, posibilita la articulación intersectorial y territorial de las políticas y sistemas administrativos, a fin de alcanzar un modelo de gobierno multinivel. Con esta perspectiva, las entidades de los tres niveles de gobierno deberán impulsar, apoyar y constituir espacios y mecanismos de articulación interinstitucional, así como diversas

96 PCM. 2013. Ejes transversales de la Política de Modernización de la Gestión Pública.

iniciativas y formas posibles de cooperación que contribuyen a expandir la capacidad de desempeño conjunto del Estado97.

III.1 La Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

El Decreto Legislativo Nº 997, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por la Ley Nº 30048, establece en su artículo 3° que el Ministerio de Agricultura y Riego diseña, establece, ejecuta y supervisa las políticas nacionales y sectoriales en materia agraria; ejerce la rectoría en relación con ella y vigila su obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno. En ese mismo sentido, el Plan Estratégico Sectorial Multianual para el período 2012-2016 del MINAGRI (RM Nº 161-2012-AG), considera el pilar de sostenibilidad (numeral 8), como uno de los objetivos estratégicos sectoriales, el mismo que tiene como fin lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales: agua, suelo, bosque y su diversidad biológica, en armonía con el medio ambiente.

La Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – PNFFS (DS N° 009-2013-MINAGRI), es una política del Estado de obligatorio cumplimiento que involucra a todos los niveles de gobierno, actores públicos y privados. Se inscribe en el marco legal y de políticas públicas, así como en el conjunto de normas y políticas sectoriales, regionales y locales aprobadas y vigentes por el Estado Peruano. Asimismo, respeta los tratados, acuerdos y convenios internacionales ratificados por el Perú, relacionados con el Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación, los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, los derechos humanos y la equidad de género.

La PNFFS se enmarca dentro de las Políticas de Estado establecidas en el Acuerdo Nacional (Política Nº 19 - Desarrollo sostenible y gestión ambiental, y Política Nº 23 - Política de desarrollo agrario y rural), a la vez que recoge compromisos explícitos respecto a: integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial; institucionalizar la gestión ambiental, pública y privada, para proteger la diversidad biológica y facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales –con referencia explícita a los recursos forestales-; e impulsar el aprovechamiento forestal sostenible.

La PNFFS tiene como objetivo general: “Contribuir con el desarrollo sostenible del país, a través de una adecuada gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación, que asegure su aprovechamiento sostenible, conservación, protección e incremento, para la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas forestales, otros ecosistemas de vegetación silvestre y de la fauna silvestre, en armonía con el interés social, cultural, económico y ambiental de la Nación 98”. Entre sus objetivos específicos destacan:

OE I: Garantizar un marco institucional que asegure una gestión ecológicamente sostenible, económicamente competitiva, social y culturalmente inclusiva, del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación, en un marco de gobernanza, gobernabilidad, confianza y cooperación entre todos los actores.

OEII: Asegurar la conservación y el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios de los ecosistemas forestales, otros ecosistemas de vegetación silvestre y de la fauna silvestre,

97 Ibidem. 98 MINAGRI, 2013. Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Marco Normativo. Publicada en el Diario Oficial El Peruano. p: 501081 – 501089.

fomentando una gestión integrada que respete: el ordenamiento forestal; la seguridad sobre los derechos adquiridos; el monitoreo, la supervisión y la fiscalización; así como la información oportuna, transparente y veraz para la toma de decisiones.

OE III: Propiciar negocios competitivos a nivel nacional e internacional, socialmente inclusivos y ambientalmente sostenibles, que prioricen la generación de alto valor agregado y ofrezcan una duradera rentabilidad a los usuarios del bosque y al país, a la par que desalienten el cambio de uso de las tierras forestales.

OE IV: Fortalecer y promover el manejo forestal comunitario realizado por los Pueblos Indígenas y otras poblaciones locales usuarias de los bosques, respetando sus derechos e identidad cultural, y promoviendo la inclusión social, la equidad y la igualdad de género en la conducción y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre.

EJES Y LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

EJES DE POLÍTICA LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

I.Institucionalidad y Gobernanza

I.1 Desarrollo de una institucionalidad que garantice una efectiva gestión interinstitucional, en el marco del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre.

I.2 Generación de las condiciones políticas, legales, administrativas, económicas y financieras para la eficiente gestión forestal y de fauna silvestre.

II.Sostenibilidad

II.1 Conservación, protección, mantenimiento, mejora y aprovechamiento sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación, así como de las plantaciones forestales en predios privados y comunales, en el marco de un enfoque ecosistémico.

II.2 Gestión especial para la conservación y aprovechamiento sostenible de ecosistemas forestales y otros tipos de vegetación silvestre que se encuentran sujetos a amenazas o procesos de degradación.

III.Competitividad

III.1 Incremento de los niveles de productividad y fortalecimiento de los factores de competitividad, a partir de los estándares sociales y ambientales establecidos en el país, en el marco de la gestión forestal y de fauna silvestre.

IV.Inclusión Social eInterculturalidad

IV.1 Valoración y fortalecimiento del rol de los Pueblos Indígenas y otras poblaciones locales y sus conocimientos tradicionales, en la conservación del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación, en diálogo intercultural con los avances técnicos y científicos.

IV.2 Desarrollo y consolidación del manejo forestal comunitario, en todas sus formas y usos sostenibles, así como las actividades de manejo y aprovechamiento sostenible realizadas por las poblaciones locales.

V.Conocimientos, Ciencia y

V.1 Promoción de la investigación, innovación, capacitación y transferencia tecnológica en los campos forestal y de fauna silvestre.

V.2 Aplicación y orientación de la investigación para la identificación de las especies de la diversidad biológica forestal, su uso sostenible y los beneficios de su conservación, tanto en productos y servicios, como en los procesos para su integración a mercados, incluyendo la recuperación de conocimientos tradicionales.

Estrategia Nacional frente al Cambio Climático y Compromisos Internacionales

El cambio climático se ha identificado como uno de los máximos retos que afrontan las naciones, los gobiernos, las industrias y los ciudadanos en las próximas décadas, en tanto tiene implicaciones para los humanos, como para los sistemas naturales pudiendo originar cambios en el uso de los recursos, la producción y la actividad económica.

El Perú es país Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio climático desde 199299, y del Protocolo de Kioto desde 2002, por tanto, se alinea al objetivo de la Convención de “estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y evitar llegar a un nivel de interferencia antropogénica peligrosa”. En tal sentido, mediante DS Nº 011-2015-MINAM, el Ministerio del Ambiente aprobó la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, cuyos objetivos estratégicos son100:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICOOBJETIVOS ESTRATÉGICO 1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

1. La población, los agentes económicos y el Estado incrementan conciencia y capacidad adaptativa para la acción frente a los efectos adversos y oportunidades del CC.

2. La población, los agentes económicos y el Estado conservan las reservas de carbono y contribuyen a la reducción de las emisiones de GEI”.

Indicadores Indicadores

Incremento de la proporción de personas que saben qué acciones tomar para la gestión de riesgos en un contexto de CC y para la adaptación ante el CC.

Incremento de la inversión privada y aumento de la calidad de gasto público para la adaptación al CC.

Reducción de pérdidas de vidas humanas y económicas por la ocurrencia de desastres de origen climático.

Incremento de la producción de investigación científica y desarrollo tecnológico como base y guía para la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático y la adaptación al cambio climático.

Tasa de crecimiento de las emisiones de GEI por debajo de la tasa de crecimiento del PBI.

Intensidad de carbono de la economía

Reducción de emisiones de GEI en todos los sectores, en especial los que emiten más emisiones de GEI

Incremento de captura de carbono y reducción neta de emisiones en el sector forestal.

Fuente: MINAM, 2015

III.2 Articulación de la Política Nacional Forestal con las Políticas de Estado y Políticas Sectoriales y Multisectoriales

99 Ratificado por Resolución Legislativa N° 26185 del 12 de mayo de 1993.100 MINAM, 2015. Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 2015, aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2015-MINAM.

A nivel de la programación gubernamental, el Plan Estratégico Multisectorial debe contener tanto los objetivos gubernamentales como los objetivos generales de las entidades competentes en la materia compartida, que se expresan en resultados esperados en relación con la demanda ciudadana. Los objetivos generales del Plan Estratégico Multisectorial deben reflejarse en los PESEM institucionales, en los Planes Regionales de Desarrollo Concertado, y en los Planes Operativos, que contienen objetivos específicos y metas claras de cantidad y calidad de producción de bienes o servicios que permitirán articular el presupuesto o programas presupuestales, a fin de satisfacer las demandas ciudadanas de la manera más eficaz y eficiente.

La articulación de las Políticas Públicas con los instrumentos de planificación y gestión institucional se da a dos niveles:

i. Articulación de los Objetivos nacionales establecidos en las políticas nacionales, con los Objetivos Nacionales Específicos, definidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y Planes Sectoriales Estratégicos Multianuales - PESEM.

ii. Articulación programática, presupuestal y territorial a través de la implementación de los instrumentos de planificación y gestión estratégica, de acuerdo con los lineamientos y directivas establecidas por el CEPLAN, y la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Pese a lo manifestado, los lineamientos de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre no han sido incorporados en las políticas sectoriales de las entidades que forman parte del SINAFOR, incluyendo los Gobiernos Regionales, ni en los instrumentos de planificación y de gestión del MINAGRI ni del SERFOR. Así, el Plan Estratégico Institucional del SERFOR 2016 – 2018 (aprobado mediante RDE Nº 186-2015-SERFOR-DE) ha sido diseñado siguiendo los lineamientos del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2015 – 2021 del MINAGRI (aprobado mediante RM Nº 461-2015-MINAGRI), el mismo que a su vez responde a los Lineamientos de Política Sectorial Agraria del MINAGRI (RM Nº 0709-2014-MINAGRI), sin considerar que ninguno de estos tres instrumentos de planificación sectoriales se estructuran en base a los lineamientos y objetivos estratégicos de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. En consecuencia, los instrumentos de gestión y presupuestos del SERFOR (PEI, POI y PIA), no responden a los objetivos de la PNFFS, sino que han sido desviados hacia el cumplimiento de metas administrativas, debilitando la institucionalidad, gobernanza y cumplimiento de fines para una gestión sostenible de los bosques en el Perú.

SC-PCM, 2017

IV. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN A NIVEL DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La Planificación Estratégica constituye un instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho. El Decreto Legislativo Nº 1088 creó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y como un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.

IV.1 Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico constituye un conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. Son objetivos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico:

1. “Constituirse en el espacio institucionalizado para la defi nición concertada de una visión de futuro compartida y de los objetivos y planes estratégicos para el desarrollo nacional armónico, sustentable, sostenido y descentralizado del país.

2. Articular e integrar en forma coherente y concertada las diferentes propuestas y opiniones para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y los planes nacionales, sectoriales, institucionales y subnacionales, así como las orientaciones, los métodos, los procesos y los instrumentos para el planeamiento estratégico.

3. Promover y articular los programas de fortalecimiento de capacidades para el planeamiento estratégico.

4. Desarrollar los procesos y las acciones para el monitoreo de la gestión para resultados de mediano y largo plazo, en coordinación con el Consejo Nacional de Competitividad, basada en los diferentes instrumentos de planeamiento estratégico y con orientación hacia la promoción de la modernización administrativa y el logro de estándares de eficiencia al servicio del ciudadano, así como de la mejora de los índices de competitividad del país para aprovechar las oportunidades que la dinámica internacional ofrece en el marco de los tratados internacionales de promoción, asociación y cooperación económica y comercial de los que el Perú es parte.

5. Promover la cooperación y acuerdos entre los sectores público y privado en el proceso de formulación de los planes estratégicos nacionales, sectoriales, institucionales y subnacionales, así como en la ejecución de los programas y proyectos priorizados en esos ámbitos, para asegurar el desarrollo nacional y la mejora constante de la competitividad del país.

6. Promover la formulación de planes estratégicos, programas y proyectos con visión prospectiva de mediano y largo plazo, así como el desarrollo de los aspectos teóricos que los sustentan, aplicando un enfoque nacional contextualizado en el ámbito internacional, con prioridad en las relaciones y oportunidades que tienen su origen en los acuerdos internacionales de los que el Perú es parte”101.

El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico está integrado por: El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que ejerce la función de órgano rector,

orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

101 Art. 4° del DL Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro nacional de Planeamiento Estratégico

Los órganos del gobierno nacional Los organismos constitucionales autónomos Los gobiernos regionales y locales con responsabilidades y competencias en el planeamiento

estratégico El Foro del Acuerdo Nacional, que actúa como instancia de concertación de la planificación

estratégica nacional102

Los órganos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico mantienen una relación técnica y funcional con el CEPLAN en las materias de su competencia103.

FUNCIONES DEL CEPLAN104

Funciones Generales Funciones Especiales

1. Conducir el proceso de formulación y difusión de una visión compartida y concertada de futuro del país en sus diversos sectores y niveles de gobierno.

En materia de Prospección:

1. Orientar y desarrollar estudios estratégicos para la identificación de tendencias internacionales, oportunidades, riesgos y contingencias, y plantear opciones estratégicas para la aplicación de las conclusiones y recomendaciones de esos estudios.

2. Apoyar al Presidente del Consejo de Ministros en el cumplimiento de la función de coordinación de la planificación estratégica concertada en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, según lo establecido por el inciso 11 del artículo 19º de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, en consecuencia, formular y actualizar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, mediante la coordinación multisectorial, interinstitucional e intergubernamental, según las reglas establecidas por la directiva respectiva.

2. Identificar y definir escenarios estratégicos futuros a base de estudios prospectivos y del análisis integral de la realidad, de las potencialidades, de los activos tangibles e intangibles y del entorno internacional, promoviendo la participación de los centros académicos y de investigación del país.

3. Asesorar a las Entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollos, con la finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

En materia de coordinación

3. Promover, concertar y articular la propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional con los poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y locales, los partidos políticos y las instituciones representativas de la sociedad civil, utilizando metodologías de participación directa y otras diversas de sondeo de opinión técnicamente válidas.

4. Desarrollar metodologías e instrumentos técnicos para asegurar la consistencia y coherencia del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional orientadas al desarrollo armónico y sostenido del país y al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho.

4. Recibir y orientar las iniciativas del sector privado y, previa evaluación, articular sus requerimientos de decisiones en cuanto a promoción y apoyo del Estado, guardando coherencia con los objetivos de desarrollo nacional.

5. Promover y orientar la formación y actualización profesional y técnica de especialistas en planeamiento estratégico, prospectiva y formulación y evaluación de políticas públicas y planes, en los tres niveles de gobierno y en las instituciones de educación superior.

5. Promover la armonización de la formulación de planes y políticas de desarrollo multisectorial, sectorial y territorial con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

6. Presentar a consideración del Presidente del Consejo de Ministros, para su posterior presentación al Consejo de

6. Coordinar con los órganos responsables la unificación de criterios y metodologías para la elaboración de

102 Art. 3° del Decreto Legislativo Nº 1088103 Art. 5° del Decreto Legislativo Nº 1088104 Art. 10° del Decreto Legislativo Nº 1088

Ministros, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que debe contener los lineamientos de política, las prioridades, los objetivos, las metas y la definición de las acciones de orden estratégico para el desarrollo armónico y sostenido del país.

líneas de base, indicadores y toda información relevante que sirve de insumo para la toma de decisiones en materia de planeamiento estratégico y definición de planes y políticas.

7. Promover sinergias entre las organizaciones de los sectores público y privado y de la sociedad civil.

7. Coordinar con el Consejo de Seguridad Nacional con la finalidad de integrar los objetivos de seguridad nacional al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

8. Expedir las directivas que corresponde dentro de su competencia.

En seguimiento y evaluación

8. Desarrollar el seguimiento y la evaluación de la gestión estratégica del Estado, que comprende el seguimiento y la evaluación de los planes y políticas, los objetivos, los programas y los proyectos prioritarios de desarrollo nacional, en coordinación con los órganos del Sistema, e informar en forma periódica al Presidente de la República y al Presidente del Consejo de Ministros sobre sus avances, obstáculos y oportunidades y el nivel de cumplimiento de resultados esperados.

9. Informar en forma periódica o a su solicitud al Presidente de la República y al Presidente del Consejo de Ministros sobre la situación económica, social, ambiental e institucional del país con relación al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y los planes multisectoriales, sectoriales, institucionales y territoriales.

IV.1.1 Fases del Planeamiento Estratégico Institucional

El Planeamiento institucional y ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua consta de las siguientes fases:

Fuente: CEPLAN 2017.

FASES DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – CEPLAN 2017105:

I. Conocimiento integral de la realidad II. El futuro deseado III. Políticas y planes coordinados IV. Seguimiento y Evaluación para la mejora continua

Se refiere al conocimiento de la realidad en la cual actúa la entidad, considerando:

1. Población objetivo de sus funciones : (i) la población de un territorio bajo su jurisdicción; (ii) la población objetivo de una intervención pública, la cual puede ser universal o focalizada; (iii) Otras entidades públicas, privadas u organizaciones de la sociedad civil.

2. Comprender los problemas, demandas y prioridades de la población, con el fin de analizar cómo responde a ellas106.

3. Identificación de los bienes o servicios que entrega a distintos usuarios y las brechas de atención en relación con cobertura, calidad y satisfacción107.

4. La entidad analiza el diseño y funcionamiento de sus procesos operativos que permiten la producción y entrega de esos bienes y servicios, a fin de identificar

La entidad considera:

1. La visión de futuro en el PEDN vigente y la pre imagen del país al 2030.

2. Identifica las aspiraciones y expectativas de la población a la cual sirve, determinando los bienes y/o servicios que le corresponde producir o entregar109.

3. Analiza las oportunidades y amenazas que le ofrece el entorno externo, identificando riesgos, tomando en cuenta los escenarios contextuales a nivel nacional, así como el análisis prospectivo que se haya efectuado a nivel sectorial (PESEM) o territorial (PDRC).

El análisis de las dos primeras fases describe la población a la cual sirve la entidad, los bienes y servicios entregados a sus usuarios, identificando brechas de atención, así como los principales problemas, oportunidades o riesgos que enfrenta la entidad.

1. La entidad define su política institucional e identifica los objetivos que orientan el diseño de su Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional.

2. Verifica la articulación de esos objetivos con aquellos de los planes estratégicos en los tres niveles de gobierno, según corresponda.

3. La entidad define su política institucional en relación con las políticas nacionales, sectoriales, multisectoriales, regionales o locales, según el caso, y articulan su política institucional con las políticas de Estado.

El seguimiento es una función continua que consiste en la recolección y análisis sistemático de datos sobre indicadores específicos para proporcionar información del avance y el logro de las metas, en relación con lo planificado. La frecuencia del seguimiento se da según: La naturaleza de los planes: la entidad

registra información para el seguimiento del PEI de manera semestral, y para el seguimiento del POI de manera mensual.

El CEPLAN revisa esta información y puede solicitar información adicional a entidades seleccionadas por muestreo.

La evaluación es una apreciación sistemática y objetiva de la política institucional reflejada en los planes, con respecto a su diseño, implementación y resultados. Permite generar evidencias y contribuye a la mejora continua de la entidad.

A nivel de PEI, la evaluación puede referirse: (i) al diseño del PEI donde se evalúa la

relación lógica entre los objetivos

105 CEPLAN. 2017. Guía para el Planeamiento Institucional. Aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 33-2017-CEPLAN/PCD. Lima, Perú. 53 p. 106 En el caso de gobierno regional o local, es importante que identifique las operaciones de otras entidades públicas en su territorio según las funciones del Estado, lo cual se puede hacer revisando los respectivos POI registrados por las unidades ejecutoras de los Pliegos, para conocer cuál es la presencia efectiva del Estado en el territorio.107 Considera los atributos o las características de los bienes y servicios (nivel de servicio) definidos por los órganos rectores competentes del Poder Ejecutivo.

posibles áreas de mejora. Estos procesos se encuentran enmarcados en las cadenas de valor de intervenciones públicas que comprenden insumos, actividades, productos y resultados108.

5. La entidad identifica su capacidad operativa para cerrar brechas, la cual está determinada por sus recursos físicos (infraestructura y equipos), financieros (asignaciones presupuestarias e ingresos propios), humanos (número y competencias del personal), tecnológicos (sistemas de información), culturales (valores), etc.

estratégicos institucionales, acciones estratégicas institucionales y su relación con los objetivos y acciones de los PESEM, PDC u otros planes en el marco del SINAPLAN que correspondan,

(ii) a la implementación de los recursos humanos, bienes y servicios asociados a las acciones estratégicas del PEI, y

(iii) a los resultados y, cuando corresponda, al impacto alcanzado a partir de la implementación del PEI.

La Frecuencia de la evaluación se lleva a cabo en base a los siguientes criterios: La entidad prepara informes de

evaluación del PEI y del POI110 una vez al año, hasta el último día hábil de febrero del año siguiente al periodo evaluado.

En caso efectúe una modificación del PEI, la entidad adelanta la oportunidad de la evaluación, de modo que el informe de evaluación sirva como sustento a la modificación.

La entidad publica los informes de evaluación del PEI en su Portal de Transparencia Estándar.

108 Luego, continúa el análisis de sus procesos de soporte que apoyan transversalmente a los procesos operativos e identifica alternativas para optimizar su gestión orientada al cierre de las brechas de atención.109 La base de este análisis es el mandato legal que la entidad ha recibido, la información recogida acerca de las necesidades de la población, así como los compromisos asumidos por el gobierno para su periodo de gestión, todos los cuales servirán para determinar la misión de la entidad con respecto al futuro deseado, de acuerdo con su mandato.110 A nivel de POI, la evaluación se refiere: (i) al diseño del POI donde se evalúa la relación lógica entre las actividades operativas y las acciones estratégicas institucionales, y (ii) a la implementación de las actividades operativas del POI.

A nivel institucional, las entidades del Sector Público elaboran un Plan Estratégico Institucional - PEI y un Plan Operativo Institucional - POI, los cuales orientan su accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales111.

El PEI es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve, así como cumplir su misión. Para implementar dicha estrategia, el POI establece las actividades priorizadas vinculadas al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas aprobadas en el PEI cuya ejecución permite producir bienes o servicios y realizar inversiones, en unperiodo anual112.

El POI se traduce en un Presupuesto Anual Aprobado (de acuerdo con la Ley de Presupuesto del Sector Público). Dicho POI financiado refleja la decisión de lograr los objetivos de política con la estrategia diseñada. El seguimiento a la ejecución del POI permite verificar el cumplimiento de lo planificado y finalmente, evaluar si se lograron los objetivos y metas, a nivel de PEI y POI113.

PEI POIDescripción Instrumento de gestión que identifica la

estrategia de la entidad para lograr sus objetivos de política

Instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la identificación de la estrategia institucional

Nivel de elaboración Pliego presupuestal según corresponda - Unidad ejecutora de gobierno nacional y regionales

- Municipalidades114 (Gobiernos Locales)Contenidos principales

Objetivos y acciones estratégicas a nivel institucional

Actividades operativas e inversiones

Periodo Mínimo tres años Un año en contexto multianualFuente: CEPLAN, 2017.

El titular de la entidad es responsable de la aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de ambos planes, en línea con la política institucional de largo plazo, en armonía con las políticas de Estado, políticas nacionales, sectoriales y territoriales, según corresponda. Además, promueve la articulación de su planeamiento institucional con los sistemas administrativos que hacen posible la ejecución real del POI.

El PEI puede ser modificado durante el periodo de su implementación, cuando se presentan las siguientes circunstancias: Cambios en la política institucional; Adscripción de entidades, transferencia de programas, cambios en las funciones de la

organización u otros similares; Situación de desastre con declaratoria de estado de emergencia; y Disposiciones específicas del CEPLAN115.

El Planeamiento Institucional en el marco de la Gestión por Resultados111 CEPLAN. 2017. Guía para el Planeamiento Institucional. Óp. Cit. p: 8.112 Ibidem113 Ídem, p: 9114 Para las municipalidades provinciales y distritales, el PEI equivale al “Plan de Desarrollo Institucional” al cual se refiere el Artículo 9° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

El Planeamiento Institucional cumple un rol fundamental para que las prioridades de política pública se concreten en la asignación de recursos, en el marco de la Gestión por Resultados. En tal sentido, el PEI vincula los objetivos nacionales, sectoriales y territoriales con los objetivos y acciones estratégicas de las entidades, expresados como resultados a lograr. Complementariamente, el POI establece actividades más específicas que son valorizadas para asegurar la producción de bienes o servicios que contribuyan al logro de esos resultados116.

El Presupuesto por Resultados – PpR, en el marco de la Política Económica, permite vincular la asignación de recursos presupuestales a productos y resultados medibles, principalmente con los programas presupuestales. Estos usan el enfoque de la cadena de valor o cadena de resultados, la cual identifica los resultados esperados de una intervención pública con los productos, actividades e insumos (o recursos) para alcanzarlos. De esta manera, se busca expresar el incremento en valor producido en la sociedad como consecuencia de la gestión pública, así como mejorar la transparencia y la rendición de cuentas117.

La cadena de valor comprende la concatenación de etapas consecutivas, desde el abastecimiento de insumos para ejecutar actividades, las cuales en conjunto garantizan la provisión de un producto (bien o servicio) que recibe una población, el cual busca alcanzar un resultado específico, que a su vez contribuye a un resultado final (o impacto) que es un objetivo de política nacional. De esta manera, el presupuesto público se clasifica en tres categorías:

Categorías Presupuestales Definición

Programa presupuestal Unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado específico en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública.

Acciones centrales Actividades orientas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal al logro de los resultados de los programas presupuestales.

Asignación Presupuestaria que No resulta en Producto

Actividades que no resultan en la entrega de un producto a una población o que forman parte de intervenciones que aún no ha sido identificadas como parte de un programa presupuestal.

Fuente: MEF. 2016. Directiva Nº 002-2016-EF/50.01 Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados.

Los procesos operativos permiten la producción de bienes o servicios, mientras que los procesos de soporte sirven de manera transversal a todas las actividades y están regulados por los sistemas administrativos de alcance nacional. Los procesos son una secuencia de actividades que transforman insumos en un bien o servicio y por tanto, están contenidos en las cadenas de valor.

115 Cuando se modifica el PEI se debe modificar el POI vigente. El POI también se modifica cuando se presenta un cambio presupuestal que afecta el cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones. Dependiendo de la magnitud del cambio, esta circunstancia puede requerir modificar el PEI; en dicho caso, es necesario presentar como paso previo el Informe de Evaluación correspondiente.116 CEPLAN. 2017. Guía para el Planeamiento Institucional. Óp. Cit. p: 10.117 Ibidem.

El seguimiento de los indicadores de insumo, proceso y producto es fundamental para una gestión por resultados eficaz y eficiente. A un primer nivel, las entidades deben garantizar la producción y entrega de los bienes o servicios, con características adecuadas, optimizando sus procesos. Sin embargo, la eficacia de las intervenciones públicas se evalúa en función a los resultados que estas logran en la población. En el POI las entidades concretan el planeamiento estratégico orientado a resultados en metas de producción de bienes o servicios al ciudadano118.

IV.1.2 Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece los principios, así como los procesos y procedimientos que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto en concordancia con los artículos 77 y 78 de la Constitución Política. Su ámbito de aplicación alcanza a todas las entidades públicas en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local.

El Sistema Nacional de Presupuesto está integrado por:

La Dirección General del Presupuesto Público , es la más alta autoridad técnico-normativa en materia presupuestaria. Mantiene relaciones técnico-funcionales con la Oficina de Presupuesto y ejerce sus funciones y responsabilidades de acuerdo con la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público - Ley Nº 28112119, 120.

Las Entidades Públicas , son todos los organismos con personería jurídica comprendidos en los niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus respectivos Organismos Públicos Descentralizados y empresas; los Fondos, sean de derecho público o privado cuando este último reciba transferencias de fondos públicos; las empresas en las que el Estado ejerza el control accionario; y los Organismos Constitucionalmente Autónomos121.

El Titular de la Entidad122 es responsable de:“i. Efectuar la gestión presupuestaria, en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, de conformidad con la Ley General, las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las disposiciones que

118 Ibidem.119 Art. 3° del DS Nº 304-2012-EF120 Artículo 4 del DS Nº 304-2012-EF.- Atribuciones de la Dirección General del Presupuesto Público

“Son atribuciones de la Dirección General del Presupuesto Público:a) Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario;b) Elaborar el anteproyecto de la Ley de Presupuesto del Sector Público;c) Emitir las directivas y normas complementarias pertinentes;d) Regular la programación mensual del Presupuesto de Ingresos y Gastos;e) Promover el perfeccionamiento permanente de la técnica presupuestaria; y,f) Emitir opinión autorizada en materia presupuestal de manera exclusiva y excluyente en el Sector Público”.

121 Artículo 5 del DS Nº 304-2012-EF. Constituyen pliegos presupuestarios las Entidades Públicas a las que se le aprueba un crédito presupuestario en la Ley de Presupuesto del Sector Público.122 Artículo 7 del DS Nº 304-2012-EF

“El Titular de una Entidad es la más alta Autoridad Ejecutiva. En materia presupuestal es responsable, de manera solidaria, con el Consejo Regional o Concejo Municipal, el Directorio u Organismo Colegiado con que cuente la Entidad, según sea el caso. Dicha Autoridad puede delegar sus funciones en materia presupuestal cuando lo establezca expresamente la Ley General, las Leyes de Presupuesto del Sector Público o la norma de creación de la Entidad. El Titular es responsable solidario con el delegado”.

emita la Dirección General del Presupuesto Público, en el marco de los principios de legalidad y presunción de veracidad, así como otras normas.ii. Lograr que los Objetivos y las Metas establecidas en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se reflejen en las Funciones, Programas, Subprogramas, Actividades y Proyectos a su cargo.iii. Concordar el Plan Operativo Institucional (POI) y su Presupuesto Institucional con su Plan Estratégico institucional (PEI)”. [Subrayado nuestro]

La Oficina de Presupuesto de la Entidad pública : es responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la entidad, sujetándose a las disposiciones de la Dirección General del Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información, así como coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados123.

El Presupuesto Público es un instrumento de gestión del Estado por medio del cual se asignan los recursos públicos sobre la base de una priorización de las necesidades de la población. Estas necesidades son satisfechas a través de la provisión de bienes y servicios públicos de calidad para la población financiados por medio del presupuesto. Es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las entidades que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos124.

El proceso presupuestario se encuentra regulado por las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las Directivas de la Dirección General del Presupuesto Público. Asimismo, se sujeta al criterio de estabilidad125, concordante con las reglas y metas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual a que se refiere la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal - Ley Nº 27245, modificada por la Ley Nº 27958.

FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO

1. Programación

2. Formulación

3. Aprobación 4. Ejecución

5. Evaluación

123 Artículo 6 del DS Nº 304-2012-EF124 MEF. 2011. El Sistema Nacional de Presupuesto. Lima, Perú. 125 Se entiende por Estabilidad a una situación de sostenibilidad de las finanzas públicas, considerada en términos de capacidad de financiación conforme a las reglas de la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público.

FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIODe conformidad con la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público - Ley Nº 28112

FASES GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL / LOCAL

FASE I: Programación Presupuestaria126

(MEF)

El MEF, a propuesta de la Dirección General del Presupuesto Público, plantea anualmente al Consejo de Ministros, para su aprobación, los límites de los créditos presupuestarios que corresponderá a cada Entidad que se financie total o parcialmente con fondos Tesoro Público. Dichos límites son programados en función a lo establecido en el Marco Macroeconómico Multianual y de los topes máximos de gasto no financiero del Sector Público, quedando sujetas a la Ley General todas las disposiciones legales que limiten la aplicación de lo dispuesto en el presente numeral.

Consideraciones para la Programación en los Pliegos Presupuestarios:a) Las tendencias de la economía, las estacionalidades y los efectos coyunturales que puedan estimarse, así como los derivados de los cambios previstos por la normatividad que los regula.b) En cuanto a los gastos a prever, se asignarán a través de créditos presupuestarios, principalmente orientados a los programas presupuestales, en los cuales se establece una relación de causalidad, debidamente sustentada, entre actividades, productos y resultados vinculados a objetivos de política pública, de conformidad con la escala de prioridades127 y las políticas de gasto priorizadas por el titular del pliego. 128

El procedimiento para la distribución y transferencia de fondos públicos a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales se efectúa de la siguiente manera:a) Los índices de distribución del Fondo de Compensación Regional - FONCOR son aprobados por el MEF sobre la base de la propuesta de la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales - DGAES de cada ministerio.b) Los índices de distribución de la Regalía Minera, Canon Minero, Canon Hidroenergético, Canon Pesquero, Canon Gasífero, Canon y Sobrecanon Petrolero, Canon Forestal, del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN y la Participación en la Renta de Aduanas son aprobados por el MEF sobre la base de los cálculos que para tal efecto formule la DGAES.c) El CND, sobre la base de los índices de la distribución aprobados, determina los montos a ser distribuidos a los Gobiernos Regionales y Locales, comunicándolos a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para que ésta a su vez los transfiera a través del Banco de la Nación.d) Los fondos públicos correspondientes a la Fuente de Financiamiento “Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales” son distribuidos mensualmente por el MEF a través de la Dirección General del Presupuesto Público conforme a sus directivas. La estimación de dichos fondos públicos se detalla en los anexos de la Ley de Presupuesto del Sector Público.

126 Artículo 15 del DS Nº 304-2012-EF. Se sujeta a las proyecciones macroeconómicas contenidas en el art. 4 Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal - Ley Nº 27245, modificada por la Ley Nº 27958.127 La escala de prioridades es la prelación de los Objetivos Institucionales que establece el titular del pliego, en función a la misión, propósitos y funciones que persigue la entidad.128 Artículo 16 del DS Nº 304-2012-EF

FASE II: Formulación Presupuestaria

En esta etapa se determina la estructura funcional-programática del pliego, la cual debe reflejar la lógica de las intervenciones definidas con un enfoque por resultados para lograr los objetivos institucionales y los de política pública, debiendo estar diseñada a partir de las categorías presupuestarias consideradas en el clasificador presupuestario respectivo. Asimismo, se determinan las metas en función de la escala de prioridades y se consignan las cadenas de gasto y las respectivas fuentes de financiamiento.

FASE III:Aprobación del Presupuesto Público

Las Leyes de Presupuesto del Sector Público son aprobadas por el Congreso de la República. Junto con los demás presupuestos, constituyen el total del crédito presupuestario, que comprende el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal. A la Ley de Presupuesto del Sector Público se acompañan los estados de gastos del presupuesto que contienen los créditos presupuestarios estructurados siguiendo las clasificaciones: Institucional, Funcional-Programático, Grupo Genérico de Gasto y por Fuentes de Financiamiento129.

Aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Regionales:- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial presenta al Titular del Pliego para su revisión el proyecto del Presupuesto del Gobierno Regional.

- El Titular del Pliego propone dicho proyecto al Consejo Regional para su aprobación mediante Acuerdo, siendo posteriormente promulgado a través de Resolución Ejecutiva Regional.

Aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Locales:- La Oficina de Presupuesto presenta al Titular del pliego para

su revisión el proyecto del Presupuesto Municipal- El Titular del Pliego propone el proyecto de presupuesto al

129 Artículo 21 del DS Nº 304-2012-EFEl Presupuesto del Sector Público se estructura en las siguientes secciones:

“a) Gobierno Central: Comprende los créditos presupuestarios aprobados a los pliegos del Gobierno Nacional representativos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y sus Instituciones Públicas Descentralizadas. Asimismo, se consideran comprendidos en el Gobierno Nacional, en calidad de pliegos, el Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Tribunal Constitucional, Universidades Públicas, los organismos reguladores, recaudadores y supervisores; y, demás Entidades que cuenten con un crédito presupuestario en la Ley de Presupuesto del Sector Público.b) Instancias Descentralizadas: Comprende las transferencias a los pliegos representativos de los niveles de Gobierno Regional y Gobierno Local.”

Concejo Municipal, para su aprobación mediante Acuerdo, siendo posteriormente promulgado a través de Resolución de Alcaldía.

FASE IV:Ejecución Presupuestaria

La Ejecución Presupuestaria está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus modificaciones conforme a la Ley General, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. Durante dicho período se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los Presupuestos.

La Dirección General del Presupuesto Público realiza el control presupuestal, que consiste, exclusivamente, en el seguimiento de los niveles de ejecución de egresos respecto a los créditos presupuestarios autorizados por la Ley de Presupuesto del Sector Público y sus modificaciones, en el marco de lo dispuesto por la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público - Ley Nº 28112130.

Por su parte, la Contraloría General de la República y los Órganos de Control Interno de las Entidades supervisan la legalidad de la ejecución del presupuesto público comprendiendo la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado, según lo estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República - Ley Nº 27785. El Congreso de la República fiscaliza la ejecución presupuestaria131.

FASE V:Evaluación Presupuestaria

En esta fase se realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras observadas, en relación con lo aprobado en los presupuestos del Sector Público, utilizando instrumentos tales como indicadores de desempeño en la ejecución del gasto. Esta evaluación constituye fuente de información para fase de programación presupuestaria, concordante con la mejora de la calidad del gasto público132.

Las Entidades deben determinar los resultados de la gestión presupuestaria, sobre la base del análisis y medición de la ejecución de ingresos, gastos y metas, así como de las variaciones observadas señalando sus causas, en relación con los programas, proyectos y actividades aprobados en el Presupuesto. La Evaluación se realiza sobre los siguientes aspectos:

“a) El logro de los Objetivos Institucionales a través del cumplimiento de las Metas Presupuestarias previstas133.b) La ejecución de los Ingresos, Gastos y Metas Presupuestarias.c) Avances financieros y de metas físicas”.134

El MEF, a través de la Dirección General del Presupuesto Público, efectúa la Evaluación en términos financiero, la cual consiste en la medición de los resultados financieros obtenidos y el análisis agregado de las variaciones observadas respecto de los créditos presupuestarios aprobados en la Ley de Presupuesto del Sector Público135.

130 Artículo 28 del DS Nº 304-2012-EF131 Artículo 31 del DS Nº 304-2012-EF132 Artículo 46 del DS Nº 304-2012-EF133 En la evaluación presupuestal de ejecución del Presupuesto del Sector Público, las entidades públicas incorporarán, en el análisis, la incidencia en políticas de equidad de género.134 Artículo 47 del DS Nº 304-2012-EF

La evaluación global consiste en la revisión y verificación de los resultados obtenidos durante la gestión presupuestaria, sobre la base de los indicadores de desempeño y reportes de logros de las Entidades136. La evaluación global de la Gestión Presupuestaria está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General del Presupuesto Público, la que a su vez realiza las coordinaciones necesarias con la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público y la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales, entre otras dependencias y Entidades137, 138.

135 Artículo 48 del DS Nº 304-2012-EF136 Artículo 49 del DS Nº 304-2012-EF137 Ibidem.138 Artículo 51 del DS Nº 304-2012-EF:

“Todas las Entidades Públicas están obligadas a brindar la información necesaria para la medición del grado de realización de los objetivos y metas que les correspondan alcanzar, conforme lo solicite el Ministerio de Economía y Finanzas a afectos de desarrollar las evaluaciones que le compete”.

Presupuesto por Resultados (PpR)

Consiste en una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población. Para ello requiere de la existencia de una definición de los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados, la determinación de responsables, los procedimientos de generación de información de los resultados, productos y de las herramientas de gestión institucional, así como mecanismos de rendición de cuentas139.

El Presupuesto por Resultados (PpR) se implementa progresivamente a través de los Programas Presupuestales, las acciones de seguimiento del desempeño sobre la base de indicadores, las evaluaciones y los incentivos a la gestión, entre otros instrumentos que determine el MEF, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, en colaboración con las entidades del Estado140.

La evaluación en el marco del Presupuesto por Resultados consiste en:“el análisis sistemático y objetivo de un proyecto, programa o política en curso o concluido, en razón a su diseño, ejecución, eficiencia, eficacia e impacto y resultados en la población […]. Los resultados de las evaluaciones vinculan a las entidades cuyas acciones han sido objeto de las mismas, las cuales deberán asumir compromisos formales de mejora sobre su desempeño”.141

La evaluación incluye los sistemas de información a través de los cuales se levanta, organiza y se provee la información sobre la operación de los programas, en especial la referida a los productos que estos entregan a la población para el logro de sus objetivos142.

Los Programas Presupuestales

Son unidades de programación de las acciones del Estado, que se realizan en cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de la sociedad. Su existencia se justifica por la necesidad de lograr un resultado para una población objetivo, en concordancia con los objetivos estratégicos de la política de Estado formulados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores y niveles de gobierno143.

Los Programas presupuestales se implementan sujetándose a la metodología y directivas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público.

El responsable del Programa Presupuestal es el titular de la entidad que tiene a cargo la implementación de dicho programa, quien, además, debe dar cuenta sobre el diseño, uso de los recursos públicos asignados y el logro de los resultados esperados144. 139 Artículo 79 del DS Nº 304-2012-EF140 Ibidem141 Artículo 81 del DS Nº 304-2012-EF142 Ibidem143 Artículo 79 del DS Nº 304-2012-EF144 Artículo 82 del DS Nº 304-2012-EFEn el caso de programas presupuestales que involucren a más de una entidad, la responsabilidad recae en el titular de la entidad que ejerce la rectoría de la política pública correspondiente a dicho programa presupuestal. El titular de la entidad puede designar a un responsable técnico del programa presupuestal, el que tiene funciones relacionadas con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del programa.

El seguimiento de los Programas presupuestales se realiza sobre los avances en la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas en su dimensión física. Dicho seguimiento está a cargo del MEF, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, para lo cual las entidades responsables entregan información cierta, suficiente y adecuada que incluya las medidas adoptadas, las acciones desarrolladas para la mejora de la ejecución y los ajustes incorporados en los diseños de los programas presupuestales145.

El MEF, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, consolida el avance de la ejecución de los programas presupuestales, conforme al registro de información realizado por las entidades responsables de los programas presupuestales. Dicha información se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República146.

IV.1.3 Decreto Legislativo 1252, Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Mediante el Decreto Legislativo Nº 1252, del 1 de diciembre del 2016, el Estado peruano crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), a la vez que deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es un sistema administrativo con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Es de aplicación obligatoria a las entidades del Sector Público No Financiero a que se refiere la Ley Nº 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal147. Los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones son148:

El Ministerio de Economía y Finanzas , a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, es el ente rector del Sistema y autoridad técnico-normativa. Administra el Banco de Inversiones; dicta los procedimientos y los lineamientos para la programación multianual de inversiones y el ciclo de inversión, supervisando su calidad; elabora el Programa Multianual de Inversiones del Estado; aprueba las metodologías teniendo en cuenta el nivel de complejidad de los proyectos; brinda capacitación y asistencia técnica a las entidades del Sistema, y emite opinión vinculante exclusiva y excluyente sobre la aplicación del ciclo de inversión y sus disposiciones, en relación a los temas de su competencia.

Los Sectores , elaboran y aprueban las metodologías específicas de acuerdo con sus competencias.

El Ministro , o la más alta autoridad ejecutiva del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, en su calidad de Órgano Resolutivo, presenta al MEF el Programa Multianual de Inversiones

145 Artículo 83 del DS Nº 304-2012-EF146 Ibidem.147 Dichas entidades son agrupadas por sectores solo para efectos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y en el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales se agrupan según su nivel de gobierno respectivo.148 Art. 5° del DL Nº 1252

Sectorial, Regional o Local, y lo aprueba conforme a los procedimientos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local tienen a su cargo la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversiones; verifican que la inversión se enmarque en el Programa Multianual de Inversiones; realizan el seguimiento de las metas e indicadores previstos en el Programa Multianual de Inversiones y monitorean el avance de la ejecución de los proyectos de inversión.

Las Unidades Formuladoras acreditadas del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local para la fase de Formulación y Evaluación son responsables de aplicar los contenidos, metodologías y parámetros de formulación; elaborar las fichas técnicas y los estudios de preinversión requeridos teniendo en cuenta los objetivos, metas e indicadores previstos en la fase de Programación Multianual y de su aprobación o viabilidad, cuando corresponda.

Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los órganos responsables de la ejecución de las inversiones y se sujetan al diseño aprobado en el Banco de Inversiones. En el caso de los proyectos a ser ejecutados mediante asociaciones público-privadas cofinanciadas, el planteamiento técnico contenido en los estudios de preinversión es referencial y se sujetan a lo establecido en la normatividad del Sistema Nacional de Promoción de Inversión Privada.

PRINCIPIOS RECTORES DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES149

149 Art. 3° DL 1252

La PM I tiene com o principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población

Vincula los objetivos nacionales, p lanes sectoriales, PD RC, PDLC, con la identificación de la cartera de proyectos a ejecutarse, en concordancia con el M arcoM acroeconóm ico M ultianual.

Parte de un diagnóstico detallado de la situación de las brechas de infraestructura o servicios públicos a brindar.

Los recursos destinados a la inversión deben procurar el m ayor im pacto en la sociedad.

La inversión debe program arse teniendo en cuenta la previsión de recursos para su ejecución, su adecuada operación y m antenim iento , m ediante la aplicación del c iclo de inversión

FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN150

FASES DESCRIPCIÓN

1. Programación Multianual

Comprende: Elaboración del diagnóstico de la

situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos

Definición de los objetivos a alcanzarse respecto a dichas brechas

Establecimiento de metas de producto específicas, así como los indicadores de resultado en un horizonte mínimo de 3 años, en el marco de los planes sectoriales nacionales.

Comprende los PDRC y PDLC Constituye el marco de referencia orientador de la

formulación presupuestaria anual de las inversiones. Incluye a los proyectos de inversión a ser ejecutados

mediante asociaciones público-privadas cofinanciadas. Esta fase se realiza a través de un proceso de coordinación

y articulación interinstitucional e intergubernamental que toma en cuenta los recursos de inversión proyectados en el Marco Macroeconómico Multianual,

La articulación está a cargo de los Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Los sectores lideran, en los tres niveles de gobierno, sus objetivos, metas e indicadores.

Cada Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, determinará las brechas, así como sus criterios de priorización, en el marco de la política sectorial.

2. Formulación y Evaluación Comprende: La formulación del proyecto, de aquellas propuestas de

inversión consideradas en la programación multianual, La evaluación respectiva sobre la pertinencia de su

ejecución, debiendo considerarse los recursos para la operación y mantenimiento del proyecto y las formas de financiamiento.

3. Ejecución Comprende la elaboración del expediente técnico, y la ejecución física y financiera

El seguimiento de la inversión se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que vincula el Banco de Inversiones con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP).

150 Art. 4° DL 1252

4. Funcionamiento Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión pública y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión.

Las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post, con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones.

IV.2 Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado al 2030

IV.2.1 Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021

En el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, corresponde al CEPLAN presentar al Consejo de Ministros el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que deberá contener los lineamientos de política, prioridades, objetivos, metas y definición de las acciones de orden estratégico para el desarrollo armónico y sostenido del país151. En tal sentido, en agosto del 2010 el CEPLAN remitió a la Presidencia del Consejo de Ministros el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, cuya formulación se sustentó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como libertad 152, y en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional.

El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 fue aprobado el 22 de junio del 2011, mediante Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM. Consiste en un documento orientador de largo plazo que contiene las políticas nacionales de desarrollo que debía seguir el Perú en el periodo 2011 - 2021. Si bien a inicios del 2017 el CEPLAN inició un proceso de actualización de la Visión de Futuro al 2030, el PEDN se encuentra vigente, y constituye el instrumento rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional se estructura en torno al cumplimiento de seis objetivos nacionales, a partir de los cuales se definen seis ejes estratégicos:

1. Derechos fundamentales y dignidad de las personas 2. Oportunidades y acceso a los servicios 3. Estado y gobernabilidad 4. Economía, competitividad y empleo 5. Desarrollo regional e infraestructura 6. Recursos naturales y ambiente

151 Artículo 10° del Decreto Legislativo Nº 1088152 Al respecto, el Plan Bicentenario sostiene:

“Amartya Sen propuso entender el desarrollo como libertad, y de allí nació el término de desarrollo humano adoptado por las Naciones Unidas que tomamos como una de las claves de la planificación estratégica. Esta concepción integral lo hace sinónimo de libertad política, derechos civiles, oportunidades económicas y sociales, protección a la persona y transparencia en la gestión pública. El Estado y la sociedad deben entonces ofrecer los bienes preferentes que permitan la realización de la libertad, para que el potencial de las capacidades humanas pueda desplegarse. Esta idea da forma al Índice del Desarrollo Humano que, mediante la combinación de variables como la esperanza de vida, las tasas educativas, el ingreso per cápita y la capacidad adquisitiva de la moneda, permite evaluar no solo el nivel adquisitivo sino la calidad de vida de los ciudadanos en el proceso de desarrollo”.

CEPLAN. 2011. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. Presidencia del Consejo de Ministros. Lima, Perú. 286 p.

Desde el enfoque de planeamiento por resultados, cada objetivo nacional fue desagregado en un número de objetivos específicos, para los que se definió a su vez un conjunto de indicadores y metas, así como acciones estratégicas, proyectos y programas nacionales. Los valores tendenciales han servido de referencia para definir las metas del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, teniendo como horizonte una visión compartida de futuro para el siglo XXI y las metas deseables para el 2021153.

La lógica del planeamiento por resultados en el ámbito nacional exigía que el Plan sea multisectorial y multirregional. De acuerdo con CEPLAN, este enfoque permitía que en la programación multianual se incluyan acciones integradas de diversas entidades del Estado y en los diferentes niveles de gobierno que conduzcan en su conjunto al logro de los objetivos y las metas nacionales. Esta lógica, a su vez, coincide con los esfuerzos que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas por implementar la Política de Modernización de la Gestión Pública a través del Presu-puesto por Resultados como instrumento clave de la gestión presupuestal, así como la Presidencia del Consejo de Ministros con la Autoridad Nacional de Servicio Civil en lo concerniente al establecimiento de una carrera pública basada en la meritocracia y la evaluación de desempeño. Con ello se busca facilitar la articulación de los planes estratégicos de desarrollo con los planes estratégicos institucionales y los respectivos presupuestos, contribuyendo a una mayor eficacia de la gestión del Estado, a la calidad del gasto público y a la transparencia de la gestión presupuestal, así como a la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión estatal154.

La formulación de los planes estratégicos de desarrollo en sus diferentes niveles, tanto en los ámbitos sectorial como territorial, bajo el marco orientador del Plan Bicentenario busca contribuir al mejoramiento de la calidad de la inversión pública, al hacer posible la priorización de los proyectos de inversión del Estado. Al mismo tiempo, ofrece un espacio para concertar las decisiones públicas con las del sector privado, lo cual posibilita una mejor respuesta del Estado a las demandas de la sociedad, así como la coordinación pública y privada para emprender un camino definido hacia el logro de los objetivos nacionales155.

El Plan Bicentenario propone como Visión Compartida de Futuro para el siglo XXI:“Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental”.156

153 Ídem, p: 6154 Ibidem155 Ibidem156 Ídem, p: 10

La articulación jerarquizada de los seis objetivos nacionales, así como su consecución simultánea e integrada constituye un requisito para garantizar el éxito del Plan Bicentenario. De acuerdo con el CEPLAN, alcanzar el desarrollo nacional requiere un enfoque integral de las políticas públicas que sea capaz de articular las acciones de toda la sociedad peruana en pro de los objetivos nacionales157.

ESTRATEGIA: ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS NACIONALES

5. Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada

4. Economía competitiva con

alto empleo y productividad

1. Plena vigencia de los derechos fundamentales y de

dignidad de las personas

3. Estado eficiente y

descentralizado, al servicio de los ciudadanos y del

desarrollo

2. Igualdad de oportunidades y

acceso a los servicios

6. Aprovechamientosostenible de los

recursos naturales

CEPLAN, 2011.

Para el CEPLAN, el logro de los objetivos estratégicos nacionales del Plan Bicentenario al 2021, debe traducirse en los siguientes índices:

Una población de 33 millones de peruanos sin pobreza extrema, desempleo, desnutrición, analfabetismo ni mortalidad infantil.

Un ingreso per cápita entre US$ 8,000 y US$ 10,000. Un producto bruto interno duplicado entre 2010 y 2021. Un volumen de exportaciones cuadruplicado entre 2010 y 2021. Una tasa de crecimiento anual promedio cercana al 6% anual. Una tasa de inversión anual promedio cercana al 25%. Una mejora de la tributación promedio anual en 5 puntos respecto del PBI. Una reducción de la pobreza a menos del 10% de la población total.

Estas metas están estrechamente relacionadas con la plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, con el afianzamiento del sistema democrático, representativo y con el equilibro de poderes, en condiciones de igualdad de oportunidades158.

Eje Estratégico 6: Recursos Naturales y Ambiente

157 Ídem, p: 14158 Ídem, p: 25

En el marco del Plan Bicentenario, el Eje Estratégico 6 resalta la importancia crítica de los recursos naturales para el desarrollo nacional, así como para el sostenimiento de la economía del país, en tanto contribuyen a la satisfacción de las necesidades de la población y al desarrollo de actividades productivas generadoras de bienes y servicios dirigidos tanto al mercado interno como externo.

El Plan destaca los recursos hídricos, suelos, hidrobiológicos, forestales, diversidad biológica y servicios ecosistémicos como esenciales para las proyecciones de crecimiento económico, lucha contra la pobreza, seguridad alimentaria y mitigación del cambio climático. Asimismo, pondera el valor económico del patrimonio natural, es decir, del conjunto de recursos naturales, servicios ambientales y componentes de la diversidad biológica, como relevantes para el desarrollo nacional y regional159. De otro lado, el Plan Bicentenario también afirma que ha predominado históricamente una visión sectorial, parcial y fragmentada en la utilización de los recursos naturales del país, lo que ha dificultado entender la estrecha interdependencia que existe entre los organismos vivos y el medio físico que ocupan, relaciones que definen el concepto de ecosistema:

“Carecemos de una visión integral y de largo plazo. Eso nos lleva frecuentemente a explotar o utilizar de manera intensiva un determinado recurso natural, a veces hasta casi agotarlo, sin tomar en cuenta el impacto de dicha actividad sobre el conjunto de los otros elementos de la naturaleza con los que el recurso materia de aprovechamiento establece un equilibrio que puede entonces quedar severamente afectado. Así, algunos ecosistemas dotados de recursos naturales valiosos, como el de los manglares o el bosque seco tropical en la costa norte del país, o el bosque amazónico, vienen sufriendo presiones que están poniendo en riesgo su integridad”.160

No obstante, los esfuerzos desplegados para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, biodiversidad y servicios ecosistémicos, no se ha podido revertir su deterioro, la pérdida de diversidad biológica, la desertificación, deforestación, degradación de tierras y la afectación de la calidad ambiental. Tendencias globales como el cambio climático, el incremento de la población mundial, y con ella la demanda exponencial de tierras, insumos y recursos, aunados a un debilitamiento de la institucionalidad y deterioro de la calidad ambiental, generan escenarios desfavorables y de alta incertidumbre para los próximos 30 años.

Para hacer frente a estos retos, en el 2008 el Estado peruano creó el Ministerio del Ambiente, y un año después se aprueba la Política Nacional del Ambiente, la cual tiene como objetivo

“[…] Mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la protección, prevención y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona”.161

En dicho contexto, el Plan Bicentenario, establece los siguientes objetivos, lineamientos, y prioridades para el Eje Estratégico 6: Recursos Naturales y Ambiente.

159 Ídem, p: 225.160 Ídem, p: 226. 161 Ídem, p: 228

OBJETIVO NACIONAL DEL EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE“Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo”.162

Objetivos Específicos Lineamientos de Política

OE 1: Recursos naturales y diversidad biológica conservados y aprovechados de manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones locales

Impulsar la evaluación y la valoración del patrimonio natural e integrarlas en la planificación del desarrollo.

Impulsar la gestión integrada de los recursos naturales, la gestión integrada de los recursos hídricos y el ordenamiento territorial.

Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país con eficiencia, equidad y bienestar social, realizando acciones para proteger la biodiversidad, controlar la pérdida de bosques y ecosistemas, garantizar la sostenibilidad de la actividad pesquera, conservar el patrimonio genético nativo y revalorar los conocimientos tradicionales.

Establecer incentivos a la inversión en reforestación, en especial con especies nativas, con miras al aprovechamiento integral de los productos y servicios del bosque

Fortalecer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, propiciando su adecuada gestión y autosostenimiento.

Combatir la tala ilegal, la extracción ilegal de minerales, la caza y pesca ilegales, y otras actividades ilegales que afectan la calidad ambiental.

Reconocer los aportes a la economía nacional de los servicios ecosistémicos y productos diferentes a la madera.

Incentivar la utilización responsable de la biotecnología y la valoración de los recursos genéticos, protegiendo y conservando las especies nativas.

162 “El objetivo consiste en lograr el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, a fin de garantizar su conservación para las generaciones futuras, así como el derecho de las personas a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de sus vidas. El logro de este objetivo requiere de la acción decidida del Estado y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental para la regulación del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la calidad ambiental, la creación de incentivos económicos que estimulen una buena gestión ambiental, y el establecimiento de mecanismos eficaces de supervisión y fiscalización ambiental de las empresas. A ello deben agregarse medidas adecuadas para la adaptación del país al cambio climático y el impulso de mecanismos de información y participación ciudadana, así como la educación ambiental en todos los niveles educativos”. Ídem, p: 247.

Promover la estimación de las cuentas del patrimonio natural y del ambiente de la nación, así como de metodologías para su elaboración.

OE 2: Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque integral en el ámbito nacional.

Proteger el ambiente y sus componentes con enfoque preventivo y recuperar la calidad ambiental, asegurando la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de las personas.

Regular la calidad ambiental para asegurar su adecuación a la salud y el desarrollo integral de las personas, así como el equilibrio de los ecosistemas.

Fortalecer la supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normativa sobre calidad ambiental y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, con activa participación ciudadana.

Promover el uso de instrumentos económicos para mejorar la calidad ambiental y la conservación de los recursos naturales.

Promover la ecoeficiencia en la gestión ambiental de las entidades públicas y privadas.

Asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales del Perú en materia ambiental.

OE 3: Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional

Promover e incentivar la eficiencia en el uso del agua bajo un enfoque de gestión integrada de cuencas, mediante la inversión en infraestructura de almacenamiento, riego tecnificado y reúso de aguas residuales tratadas.

Privilegiar la satisfacción de la demanda interna antes que la exportación de los recursos naturales estratégicos para el desarrollo socioeconómico del país, como los hidrocarburos, el uranio y agua.

OE 4: Población y sistemas productivos vulnerables adaptados al cambio climático

Fomentar la investigación sobre el patrimonio natural y las prácticas ancestrales de manejo de recursos y la reducción de la vulnerabilidad.

Fomentar la adopción de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático por los tres niveles de gobierno,

basadas en estudios e investigaciones científicas con un enfoque preventivo.

Fomentar la reducción de vulnerabilidades y la gestión de riesgos frente a desastres en el marco del desarrollo sostenible, así como la adaptación para mitigar los efectos negativos y aprovechar las oportunidades que se generan debido a los impactos positivos del fenómeno recurrente El Niño.

Proteger los conocimientos tradicionales y el conocimiento científico relacionado con los recursos genéticos.

Promover la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la agroforestería y la acuicultura, estableciendo un marco de normas y medidas promocionales que las aproximen a los estándares aceptados internacionalmente.

Prevenir, controlar y revertir la desertificación y la degradación de las tierras, y mitigar los efectos de la sequía.

Fortalecer el sistema observacional del clima, compuesto por estaciones hidrometeorológicas y ambientales.

OE 5: Sistema Nacional de Gestión Ambiental implementado en los tres niveles de gobierno, con activa participación ciudadana

Fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia de residuos sólidos, priorizando su aprovechamiento.

Promover la responsabilidad ambiental empresarial en las actividades productivas a través de la prevención, la internalización de costos y la compensación justa de los impactos ambientales y sociales de los megaproyectos.

Promover e incentivar la producción limpia, el biocomercio, el uso de energías renovables y nuevas fuentes de energía y el aprovechamiento de las oportunidades económicas y ambientales de los mercados nacionales e internacionales para el desarrollo competitivo y ecoeficiente de las potencialidades del país.

Fortalecer los mecanismos de autorización, vigilancia y control en el ciclo de vida de las sustancias químicas y materiales peligrosos.

Fomentar la educación, la conciencia, la cultura ambiental y el acceso a la información ambiental.

Fomentar la participación ciudadana organizada en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible de los diferentes niveles de gobierno.

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, articulando e integrando las acciones ambientales transectoriales en los niveles de gobierno nacional, regional y local.

Fortalecer a las entidades públicas con competencias ambientales en los tres niveles de gobierno para el ejercicio efectivo y eficiente de sus funciones.

Fuente: CEPLAN. 2011. Plan Bicentenario: El Perú al 2021.

PRIORIDADES DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS EN EL PLAN BICENTENARIO: EL PERÚ AL 2021GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES GESTIÓN AMBIENTAL

Aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales.

Asegurar la disponibilidad suficiente de agua en todo el territorio.

Adaptación del país al cambio climático.

Mejorar la calidad ambiental (aire, agua y suelo).

Implementar el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

IV.2.2 Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD

Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 026-2017-CEPLAN/PCD, del 03 de mayo de 2017, se aprobó la Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional163, la cual se implementará progresivamente en las entidades de la Administración Pública conforme al ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y a los lineamientos orientadores que determina el CEPLAN. En dicho marco, el CEPLAN presentó ante el Foro del Acuerdo Nacional una propuesta de la visión de futuro del país o pre-imagen, sobre la cual se construirá la visión concertada que guíe la actualización de todas las políticas y planes del Estado para asegurar el bienestar de la población.

El ciclo de la planificación estratégica actualizado enfatiza el lugar central que tienen las personas en las políticas públicas. Está compuesto por cuatro fases:

(i) Conocimiento integral de la realidad, (ii) Futuro deseado, (iii) Políticas y planes coordinados y (iv) Seguimiento y evaluación, con respecto de la ejecución y resultados de los planes

estratégicos y operativos que permiten retroalimentar el ciclo para la actualización de políticas y planes164.

Durante el periodo de actualización y hasta la aprobación del nuevo PEDN, los integrantes del SINAPLAN utilizarán las políticas de Estado, el PEDN vigente (“Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”), la política general de gobierno y la pre-imagen de futuro al 2030 para el planeamiento nacional, sectorial, multisectorial, territorial e institucional.

El CEPLAN inició a fines del 2016, la actualización de Políticas Sectoriales. A nivel territorial, la actualización de los Planes de Desarrollo Concertado (PDC) se realizará después que se haya definido la Visión Concertada de Futuro del país al 2030. A nivel institucional, el Estado busca reforzar la articulación de los planes estratégicos institucionales (PEI) y los planes operativos (POI) de modo que el presupuesto se dirija a cerrar brechas de infraestructura y de acceso a servicios, priorizadas en el planeamiento.

El nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Nacional debe contener, como mínimo, los siguientes elementos: Visión compartida y concertada de futuro del país; Lineamientos de política; Prioridades de política; Objetivos, con indicadores y metas; y Acciones de orden estratégico que permitan el logro de los objetivos.

La Pre-imagen de Futuro del Perú al 2030, aprobada en la Sesión Nº 116 del Consejo Directivo del CEPLAN del 24 de enero de 2017, y presentada en la Sesión Nº 119 del Foro del Acuerdo Nacional del 14 de febrero de 2017, se centra en las personas y en brindarles las condiciones necesarias para que puedan realizar su potencial. En relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la pre-imagen se refiere a los objetivos relacionados a la paz, la prosperidad y al fortalecimiento de alianzas con las personas y el planeta. Asimismo, considera la necesidad de

163 Acuerdo Nº 01-2017/CD121del CEPLAN.164 CEPLAN, 2017.

mantener un equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado ambiental, haciendo frente al cambio climático y otros riesgos de eventos climáticos o geo dinámicos extremos. En conjunto, estos objetivos buscan alcanzar el desarrollo integral de las personas y los medios para su bienestar de manera sostenible en el tiempo165.

POLÍTICAS Y FUNCIONES DE ESTADO PARA UNA IMAGEN DE FUTURO

“Tomar las medidas audaces y transformativas que se necesitan para reconducir al país por el camino de la sostenibilidad”

Compromiso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

PRE-IMAGEN DE FUTURO DEL PERÚ AL 2030

165 CEPLAN. 2017. Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD. Lima, Perú. 15 p.

El Estado al servicio de las personas y la sociedad

La construcción de la Visión Concertada de Futuro y la Actualización del PEDN debe ser consistente con el Acuerdo Nacional y las Políticas de Estado agrupadas en torno a sus cuatro objetivos principales:

El fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, El desarrollo con equidad y justicia social, La promoción de la competitividad del país y La afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado.

A fin de alcanzar esta visión, el Estado debe garantizar el ejercicio pleno de sus funciones en el ámbito institucional, económico, ambiental y social, a través de sus entidades en los tres niveles de gobierno. Metodológicamente, la actualización del PEDN se desarrollará considerando las provincias como unidad territorial para comprender de manera integral la realidad, así como identificar las áreas hacia donde orientar los esfuerzos para alcanzar un desarrollo pleno y sostenible, en armonía con la naturaleza166.

PRIMEROS INDICADORES PARA LA PRE-IMAGEN DE FUTURO AL 2030(CEPLAN, 2017)

I. Al 2030 todas las personas pueden realizar su potencial

INDICADORES Línea de Base al 2015

ODS

1. Reducir la pobreza total (%) 21.8 12. Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años (%) 14.4 23. Reducir la anemia en niños de 6 a 36 meses de edad (%) 43.5

34. Reducir la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años

(por cada 1 000 nacidos vivos)18

5. Reducir la tasa de fecundidad adolescente (por cada 1 000 adolescentes)

65

6. Mejorar el nivel de razonamiento matemático en estudiantes de segundo grado de primaria (%)

26.64

7. Mejorar el nivel de comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de primaria (%)

49.8

8. Mejorar el promedio de años de estudio alcanzado por mujeres respecto a los hombres (ratio)

0.971 5

II. Se han desarrollado esfuerzos concertados para la conservación y gestión sostenible de los recursos naturales, tomando medidas urgentes para hacer frente al cambio climático.

INDICADORES Línea de Base al 2015

ODS

9. Aumentar el porcentaje de hogares que se abastecen de agua mediante red pública

85.76

10. Aumentar el porcentaje de hogares con red pública de alcantarillado 68.411. Reducir las emisiones de dióxido de carbono (tonelada por

habitante)4 181167 13

12. Aumentar el porcentaje de municipalidades que destinan la basura 24.9 12

166 Ídem, p: 13. 167 Dato estimado al 2015

recolectada para el reciclaje13. Aumentar la superficie reforestada (hectáreas) 6 095 1514. Reducir la pérdida de bosques (hectáreas) 147 605168 1515. Mantener la acidez media del mar (pH) 8.3 14

III. Todas las personas gozan de una vida próspera y plena, con empleo digno y en armonía con la naturaleza, considerando reservas de recursos para el bienestar futuro.

INDICADORES Línea de Base al 2015

ODS

16. Incrementar el acceso a la electricidad de la población rural (%) 78.0 717. Disminuir la proporción de la población urbana que vive en barrios

marginales o viviendas inadecuadas (%)46.6 11

18. Aumentar el empleo formal (%) 26.8 819. Reducir la proporción de personas que viven por debajo del 50% de

la mediana de los ingresos (%)25.4 10

20. Aumentar la tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita (%) 2.2 821. Aumentar el valor agregado por la industria de mediana y alta

tecnología (%)80.3 9

IV. La sociedad peruana es pacífica, justa e inclusiva, libre del temor y de la violencia; sin corrupción ni discriminación y con igualdad de oportunidades

INDICADORES Línea de Base al 2015

ODS

22. Mejorar la percepción de la población sobre la gestión del gobierno central (%)

35.1

16

23. Mejorar la percepción de la población sobre la gestión del gobierno regional (%)

29.4

24. Mejorar la percepción de la población sobre la gestión del gobierno local (%)

34.7

25. Reducir la tasa de homicidios dolosos (por cada 100 000 habitantes) 7.226. Incrementar la confianza del ciudadano frente a las denuncias por

comisión de delitos (tasa de denuncias por cada 10 000 habitantes)112.1

27. Incrementar la confianza del ciudadano en el sistema de denuncias por trata de personas (tasa de denuncias por cada 100 000 habitantes)

7.7

V. Se han fortalecido las alianzas para alcanzar el desarrollo sostenible, en correspondencia con el respeto universal de los derechos humanos, sin dejar a nadie atrás.

INDICADORES Línea de Base al 2015

ODS

28. Aumentar las exportaciones no tradicionales (variación %) -7.0 1729. Aumentar la inversión extranjera directa (% PBI) 1.6

Fuente: CEPLAN. 2017. Imagen del Perú al 2030 (Versión Preliminar). Sesión 119 del Foro del Acuerdo Nacional.

168 Dato estimado al 2015

Ver Anexo III: Pre-Imagen de Futuro para el Perú al 2030

IV.3 Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM de las entidades públicas competentes en materia forestal

De manera genérica, el planeamiento estratégico puede ser definido como el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos.

La Fase Estratégica del Planeamiento Sectorial o Territorial es la fase decisional que instrumentaliza las políticas públicas del sector, mediante la construcción de un Escenario Apuesta, a partir del cual se formula la Visión, los objetivos estratégicos con sus correspondientes indicadores y metas; se identifican las acciones estratégicas y se construye una ruta estratégica sobre la base de las mismas. Adicionalmente, busca garantizar la articulación de los objetivos del sector o territorio con las Políticas Nacionales y Sectoriales, y con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN, de manera que los Planes Estratégicos Sectoriales o Territoriales constituyen el marco de orientación y definición de los objetivos estratégicos para el Planeamiento Institucional y Operativo.

La Fase Estratégica se desarrolla en los procesos de elaboración de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales, y los Planes de Desarrollo Concertado, a nivel regional y local.

El Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM, es un documento que presenta la estrategia de desarrollo del sector para el logro de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), su tiempo de vigencia es por un periodo de 5 años. Asimismo, contiene la síntesis del análisis prospectivo, el escenario apuesta, la Visión del sector, los objetivos estratégicos sectoriales, las acciones estratégicas, la ruta estratégica y la relación de proyectos de inversión pública de impacto sectorial.

La elaboración de los Planes Operativos Institucionales y de los Presupuestos Institucionales de las entidades públicas, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual a su vez debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso.169

El Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales170, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades171.

169 Art. 71° del DS Nº 304-2012-EF - Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto170 Ibidem:

“Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica”.

171 Ibidem

El proceso de elaboración del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre requiere su articulación con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales de los Sectores Ambiente y Agricultura, el SERNANP y OSIFOR. Para dicho fin, ver Matrices de Articulación de los PESEM.

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LOS PESEM DEL MINAM, MINAGRI, SERFOR, OSINFOR Y SERNANP PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLNFFS AL 2030

MINAM MINAGRI SERFOR OSINFOR SERNANPPESEM 2017 - 2019 PESEM 2015 - 2021 PESEM MINAGRI 2015 - 2021 PESEM PCM 2016 - 2020 PESEM 2017 - 2021

OES 1: Mejorar las condiciones de la calidad del ambiente en favor de la salud de las personas yla protección de los ecosistemas

OES 1: Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del sector agrario en forma sostenible

OES 1: Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del sector agrario en forma sostenible

OES 1: Mejorar la coordinación multisectorial y multinivel para la adecuada gestión de las políticas sectoriales

OES 1: Mejorar las condiciones del estado del ambiente en favor de la salud de las personas y los ecosistemas

OES 2: Promover la sostenibi lidad en el uso dela diversidad biológica y de los serviciosecosistémicos como activos de desarrollo delpaís

OES 2: Incrementar la competitividad agraria y la inserción competitiva a los mercados nacionales e internacionales

OES 2: Incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados, con énfasis en el pequeño productor agrario

OES 2: Fortalecer el proceso de descentralización para el desarrollo integral del país

OES 2: Promover la sostenibil idad en el uso de la diversidad biológica y el uso de los servicios ecosistémicos como activos de desarrollo del país

OES 3: Fortalecer la capacidad de adaptación yrespuesta de !a población, agentes económicosy el Estado ante los efectos adversos del cambioclimático, eventos geológicos y glaciológicos

OES 3: Mejorar la implementación de la gestión pública para resultados, en todas las entidades públicas

OES 3: Fortalecer la capacidad de adaptación y respuesta de la población, agentes económicos y el Estado ante los efectos adversos del cambio climático, eventos geológicos y glaciológicos

OES 4: Promover la ecoeficiencia la baja emisión de GEI en la economía del país.

OES 4: Reducir la vulnerabil idad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres

OES 4: Promover la reducción de las emisiones de GEI a nivel país, de los sectores y servicios productivos

OES 5: Fortalecer la conciencia, cultura y gobernanza ambiental

OES 5: Fortalecer la gobernanza y cultura ambiental

IV.4 Planes de Desarrollo Regional Concertado

El Plan de Desarrollo Concertado es el documento de planificación estratégica de mediano plazo elaborado por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para sus respectivos ámbitos territoriales, sobre la base del Análisis Prospectivo y la información sectorial respecto a sus competencias compartidas. Adicionalmente se circunscribe al Marco Macroeconómico Multianual - MMM que elabora el Ministerio de Economía y Finanzas cada año.

La planificación estratégica a nivel regional o local172,173, presentan la Estrategia de Desarrollo Concertada del territorio para el logro de los objetivos de las Políticas de Estado y Políticas Nacionales consideradas en el PEDN, así como los objetivos establecidos en los PESEM de cada sector, respecto a las competencias compartidas.

A partir de las nuevas metodologías propuestas por el CEPLAN, el PDRC contiene la síntesis del análisis prospectivo, el escenario apuesta, la Visión del territorio, los objetivos estratégicos, indicadores y metas, las acciones estratégicas, la ruta estratégica y la relación de proyectos de inversión pública de impacto territorial.

Para los Gobiernos Regionales y Locales y sus correspondientes Organismos Públicos Adscritos, la articulación del planeamiento estratégico con el presupuesto se materializa en la siguiente cadena:- Plan Estratégico de Desarrollo Nacional- Plan Estratégico Sectorial Multianual

- Plan de Desarrollo Regional Concertado / Plan de Desarrollo Local Concertado Plan Estratégico Institucional Plan Operativo Institucional Presupuesto Institucional

172 En el caso de los Gobiernos Locales deberá contribuir al logro de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado, según corresponda. El PDLC contiene la Visión del territorio, los objetivos estratégicos, las acciones estratégicas y la ruta estratégica. Con respecto a los gobiernos locales, se destaca el rol de la municipalidad provincial como coordinador permanente con las municipalidades distritales respectivas, cuyas prioridades de desarrollo recogen. Esto se concreta en PDC y PEI articulados.173 El Artículo 73° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, precisa las competencias y funciones específicas de las municipalidades provinciales, entre ellas:

“a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial.Las municipalidades provinciales son responsables de promover e impulsar el proceso de planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las prioridades propuestas en los procesos de planeación de desarrollo local de carácter distrital.b) Promover permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse a los planes y las normas municipales provinciales generales sobre la materia.”

V. ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS FUNCIONALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTIÓN POR RESULTADOS

V.1 Articulación de los Sistemas Funcionales en la Gestión Pública

V.1.1 El Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SINAFOR y la Articulación a nivel de Políticas

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29158, los Sistemas son: “[…] Los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la Administración Pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los Poderes del Estado, los Organismos Constitucionales y los niveles de Gobierno”. 174

Los Sistemas Funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. El Poder Ejecutivo es responsable de reglamentar y operar los Sistemas Funcionales. Las normas del Sistema establecen las atribuciones del Ente Rector del Sistema175, 176.

La Ley Nº 29763 crea el Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre - SINAFOR, como sistema funcional integrado por los ministerios y los organismos e instituciones públicas de los niveles nacional, regional y local que ejercen competencias y funciones en la gestión forestal y de fauna silvestre; por los gobiernos regionales y gobiernos locales; y por los comités de gestión de bosques reconocidos177. El SINAFOR integra funcional y territorialmente la política, las normas y los instrumentos de gestión; las funciones públicas y relaciones de coordinación de las instituciones del Estado en todos sus sectores y niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil, en materia de gestión forestal y de fauna silvestre178.

El SINAFOR contribuye a la implementación de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre a través de mecanismos de coordinación, colaboración y cooperación para la adecuada gestión del Patrimonio, de manera articulada, participativa, con enfoque de género e interculturalidad, en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, de la Política Nacional del Ambiente, de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y otras políticas públicas vinculadas179.

El SINAFOR está conformado por los Ministerios, los organismos e instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, así como por los Comités de Gestión Forestal y Fauna Silvestre (CGFFS). Los Ministerios, organismos e instituciones públicas que conforman el SINAFOR son:

“a. El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). b. El Ministerio del Ambiente (MINAM).

174 Art. 43° de la Ley Nº 29158175 Art. 45° de la Ley Nº 29158176 Artículo 44° de la Ley Nº 29158

“Los Sistemas están a cargo de un Ente Rector que se constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional; dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito; coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento en el marco de la presente Ley, sus leyes especiales y disposiciones complementarias”.

177 Art. 12° de la Ley Nº 29763178 Ibidem. 179 Art. 12° del Reglamento de Gestión Forestal (DS Nº 018-2015-MINAGRI)

c. El Ministerio de la Producción. d. El Ministerio de Cultura. e. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). f. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). g. El Ministerio del Interior (MININTER). h. El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). i. El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

(OSINFOR). j. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). k. Los Gobiernos Regionales. l. Los Gobiernos Locales. m. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). n. La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA).

o. La Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú (DICAPI).

p. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) q. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), que actúa como ente rector del SINAFOR”.180,181

El SERFOR, como ente rector del SINAFOR, se constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional, encargada de dictar las normas y establecer los procedimientos relacionados a su ámbito. Adicionalmente, coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento182. Como en ente rector del SINAFOR, el SERFOR cumple las siguientes funciones:

“a. Velar por la implementación de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, en coordinación con las instituciones integrantes del SINAFOR. b. Dictar las normas y establecer los procedi mientos relacionados al funcionamiento del SINAFOR. c. Establecer o promover, según corresponda, mecanismos de coordinación, colaboración y cooperación interinstitucional con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las entidades competentes, para la implementación, se guimiento, evaluación y reporte del cumpli miento de los compromisos internacionales asumidos por el Gobierno Peruano, relacionados con la conservación y uso sostenible del Patrimonio. d. Promover el diseño e implementación de la gestión por resultados, articulados entre las diferentes instituciones integrantes del SINAFOR. e. Velar por la implementación de la Estrategia y el Plan Nacional de Modernización de la Gestión Pública en la gestión forestal.

f. Otras funciones inherentes al desarrollo e implementación del SINAFOR”.183

Articulación de la Política Institucional y Objetivos Estratégicos en el marco del SINAFOR

180 Art. 13° del Reglamento de Gestión Forestal – DS N°018-2015-MINAGRI 181 Ibidem. La participación de los miembros del SINAFOR, incluye a otros organismos públicos adscritos a ellos, con competencias y funciones relacionadas con la gestión forestal o de fauna silvestre. Asimismo, todo grupo de trabajo, comisión, comité u órgano colegiado del Estado, cualquiera sea su denominación, que cumplan funciones similares a las previstas en el artículo 35 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, vinculadas a la gestión forestal o de fauna silves tre, deben actuar en el marco del SINAFOR. El SINAFOR cuenta con un reglamento que es aprobado por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego. 182 Art. 13° de la Ley Nº 29763183 Art. 15° del Reglamento de Gestión Forestal – DS N°018-2015-MINAGRI

Las Políticas y Planes de las entidades que conforman el SINAPLAN deben estar armonizados con las Políticas de Estado y los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, considerando las relaciones de articulación. En este sentido, las políticas institucionales de las entidades públicas en los tres niveles de gobierno se enmarcan en las Políticas de Estado, las Políticas Nacionales, las Políticas Sectoriales y Multisectoriales que correspondan184.

“La Política Institucional es una declaración del titular de la entidad en la que se explicitan los objetivos prioritarios, los lineamientos generales para el logro de esos objetivos, los principios que rigen a la entidad, y los valores que deben compartir los funcionarios y servidores de la entidad. La política institucional incluye los criterios o estándares para evaluar el desempeño de la entidad y reglas de decisión sobre temas de administración interna o gestión de los sistemas administrativos, para la utilización eficiente de sus recursos. La política institucional se concreta en los planes institucionales, los cuales se orientan a los objetivos prioritarios definidos en la Política Nacional”.185

La Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada mediante DS Nº 009-2013-MINAGRI, es el instrumento de cumplimiento obligatorio, que orienta la gestión del Patrimonio, el mismo que se articula con los planes de desarrollo y demás instrumentos de Política de Estado. En el marco de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, los gobiernos regionales y locales coordinan entre sí y con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), con el fin de armonizar sus políticas, evitar conflictos de competencia, contribuir con coherencia y eficiencia en el logro de los objetivos y fines del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR)186.

La articulación de las Políticas Nacionales se da entre sectores y niveles de gobierno, orientando dicho proceso a alcanzar la imagen del territorio deseado a través de objetivos prioritarios y lineamientos. Dicha articulación se refleja en: Planes con objetivos, indicadores y metas (claras, alcanzables y acordes con las políticas de

Estado, políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales) y, Acciones de orden estratégico priorizadas187.

Ver:- Matriz de Alineamiento de Políticas de Estado, Políticas de Gobierno y Plan Bicentenario al

2021- Matriz de Alineamiento de las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, Plan Bicentenario,

Política Nacional del Ambiente, Política Nacional Agraria con la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

- Matriz de Alineamiento de la PNFFS con el Convenio de Diversidad Biológica, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y Acuerdo de Promoción Comercial Perú – USA

- Matriz de Alineamiento de los Planes Estratégicos Multianuales de las Entidades Públicas del SINAFOR

- Alineamiento de los Objetivos Estratégicos del SINAFOR

184 CEPLAN. 2017. Guía para el Planeamiento Institucional. Óp. Cit. p: 12.185 Ibidem. 186 Artículo 8° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante DS Nº 018-2015-MINAGRI187 Al actualizar los planes, se incluyen acciones de prevención de riesgo de desastres y evaluaciones de simulacros de eventos que podrían causar pérdidas en el bienestar de las personas (contingencias) y afectar el logro del futuro deseado.

V.1.2 Articulación del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, como Plan Especial Multisectorial – PEM

El Plan Especial Multisectorial – PEM, es un plan elaborado por un Sistema Funcional para instrumentalizar Políticas Nacionales y requiere para su desarrollo la participación de dos o más sectores. El PEM debe ser suscrito por todos los sectores involucrados y tomará como referencia el Marco Macroeconómico Multianual - MMM que elabora el MEF cada año. Se elabora para 5 años, a fin de que permita el seguimiento de las acciones propuestas y logro de los objetivos. El PEM identifica acciones estratégicas que deberán desarrollar los sectores188.

En el contexto del Sector Forestal, el Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre constituye el instrumento rector de planificación estratégica multisectorial, que tiene por objetivo implementar la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. El SERFOR conduce el proceso de elaboración del PLNFFS, para lo cual coordina con el CEPLAN y en el marco del SINAFOR, cuenta con la participación de las comunidades campesinas y comunidades nativas, pueblos indígenas u originarios, a través de sus organizaciones representativas, sector público y privado189,190.

Entre sus funciones relacionadas al Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, se encuentran:“a. Planificar, supervisar, ejecutar, apoyar y con trolar la política nacional forestal y de fauna silvestre. b. Formular, proponer, conducir y evaluar las es trategias, planes y programas para la gestión sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación. c. Emitir y proponer normas y lineamientos de aplicación nacional, relacionados con la gestión, administración y uso sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. d. Gestionar y promover el uso sostenible, la conservación y la protección de los recursos forestales y de fauna silvestre. […]f. Supervisar y evaluar el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre - SINAFOR. […]h. Conducir, en el ámbito de su competencia, planes, programas, proyectos y actividades para implementar los compromisos interna cionales asumidos por el Perú. […]”191 [Subrayado nuestro]

Los objetivos de los PESEM, los PEM, los planes de desarrollo concertado (PDRC y PDLC) y los planes institucionales de cada entidad del sector público (PEI y POI) se articulan con los objetivos estratégicos del PEDN y se orientan al logro de la visión de futuro concertada.

La Articulación de los Planes Especiales Multisectoriales con el PEDN se da en dos formas: El indicador que corresponde al Plan Especial Multisectorial es igual al indicador del

objetivo nacional específico; o

188 Art. 43° Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”.189 Art. 24° del Reglamento de Gestión Forestal190 El Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre será sometido a consulta previa, en caso corresponda, dentro del marco del Convenio 169 de la OIT, la Ley de Consulta Previa y su Reglamento.191 Art. 14° de la Ley Nº 29763

El indicador que corresponde al Plan Especial Multisectorial tiene una relación de causalidad con el indicador del objetivo nacional específico192.

Al definir la cadena de resultados, la entidad verifica la vinculación entre sus Objetivos Institucionales y los Objetivos o Acciones Estratégicas definidos en los planes a nivel sectorial (PESEM) o territorial (PEDN, PDRC, PDLC). Los Planes Estratégicos Institucionales se articulan a los PESEM de las entidades del Poder

Ejecutivo, en el marco de la rectoría de los Ministerios. Los otros Poderes del Estado y los organismos autónomos se vinculan con el PEDN Los gobiernos regionales y locales se articulan con sus respectivos Planes de Desarrollo

Concertado (PDC).

A nivel institucional, los objetivos expresados en los PEI, para su implementación en los POI, se articulan con los objetivos estratégicos de los PESEM, PEM, PDRC o PDLC, según corresponda al tipo de entidad.

ARTICULACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (PEI)CON PLANES ESTRATÉGICOS SECTORIALES O MULTISECTORIALES SEGÚN EL TIPO DE ENTIDAD

TIPO DE ENTIDAD PLAN ESTRATÉGICO AL CUAL SE ARTICULA

Gobierno Nacional

Ministerios

Organismos públicos del Poder Ejecutivo

Universidades públicas

PESEM del Sector al cual pertenece

o está adscrito

Poder Legislativo

Poder Judicial, Academia de la Magistratura

Organismos Constitucionales Autónomos

Fuero Militar – Policial

Plan Estratégico de

Desarrollo Nacional (PEDN)

Gobierno Regional

Gobiernos Regionales

Mancomunidades Regionales

Plan de Desarrollo

Regional Concertado193

Gobierno Local

Municipalidades Provinciales

Municipalidades distritales

Mancomunidades municipales

Plan de Desarrollo Local Concertado

Fuente: CEPLAN, 2017.

Ver: Línea de Base y Metas de los Objetivos Estratégicos de los Sectores del SINAFOR

192 Art. 45° Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PCD193 Los Planes de Desarrollo Concertado están alineados a los PESEM.

Planes de Desarrollo Concertados

Los Planes Regionales y Locales Forestales y de Fauna Silvestre, deben ser integrados a los Planes de Desarrollo Regional Concertado, alineados con la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y el Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, respetando la participación de los pueblos indígenas u originarios, así como su derecho a decidir sus propias prioridades, en lo que corres -ponda a su proceso de desarrollo194.

Los Planes Regionales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático contemplan acciones en ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, en el ámbito de su competencia, como parte de los Planes de Desarrollo Regional Concertado, de acuerdo con los lineamientos específicos aprobados por el MINAM, y en el marco de lo dispuesto por el SERFOR sobre la materia195.

Por su parte, los Planes de Desarrollo Concertado recogen las prioridades de la población e identifican las potencialidades de desarrollo, articulando verticalmente los objetivos de desarrollo entre los distintos niveles de Estado (nacional, regional y local). Así, desde una perspectiva territorial, con conocimiento de la realidad, todos los esfuerzos del Estado están orientados a la mejora del bienestar de las personas en un territorio específico.

Integración de la Información del SINAPLAN

Adicionalmente, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico cuenta con un sistema de información que integra todos los datos y la información relevantes de los procesos de planificación estratégica; se constituye en el soporte de los procesos de planificación, seguimiento y evaluación de la gestión estratégica del Estado, así como de la publicidad de los mismos para el cumplimiento del principio de transparencia196. Dicho sistema está bajo la administración del CEPLAN, el que determina los mecanismos, procedimientos, alcances, responsabilidades y atribuciones para su implementación, velando por la no duplicidad de esfuerzos entre las entidades de la del Estado y, en consecuencia, promoviendo la complementariedad de esfuerzos.

El CEPLAN asume las funciones relacionadas al seguimiento y evaluación estratégica del Estado, quecumplía la Secretaría de Gestión Multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, y que fueron establecidas en el Decreto Supremo Nº 067-2003-PCM.

Ver: Matriz de Análisis de 25 Planes de Desarrollo Regionales Concertados

194 Art. 24° de la Ley Nº 29763195 Art. 25° del Reglamento de Gestión Forestal. Los grupos técnicos de cambio climático de los gobiernos regionales, en coordinación con la Comisión Nacional sobre Cambio Climático, formulan, aprueban e implementan dichas acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.196 Art. 13° del DL 1088.

V.2 Articulación de los Sistemas Administrativos Transversales en la Gestión Pública

Los Sistemas Administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso 197. Los Sistemas Administrativos de aplicación nacional están referidos a las siguientes materias:

1. Gestión de Recursos Humanos2. Abastecimiento3. Presupuesto Público4. Tesorería5. Endeudamiento Público6. Contabilidad7. Inversión Pública8. Planeamiento Estratégico9. Defensa Judicial del Estado10. Control.11. Modernización de la gestión pública

El Poder Ejecutivo tiene la rectoría de los Sistemas Administrativos198, con excepción del Sistema Nacional de Control. En ejercicio de dicha rectoría, el Poder Ejecutivo es responsable de reglamentar y operar los Sistemas Administrativos, aplicables a todas las entidades de la Administración Pública, independientemente de su nivel de gobierno y con arreglo a la Ley de Procedimiento Administrativo General199. El Poder Ejecutivo adecúa el funcionamiento de los Sistemas Administrativos al proceso de descentralización200.

En términos de la Gestión por Procesos, los Sistemas Administrativos se refieren a los procesos de soporte que sirven de manera transversal a los procesos operativos en las entidades. En este sentido, el enfoque de articulación de Sistemas Administrativos Transversales – SAT, busca optimizar su aporte a los procesos operativos para el logro de resultados a favor de la población, mediante la definición de Objetivos Institucionales que se traduzcan en un POI financiado y un

197 Art. 46° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo198 Artículo 47º de la Ley Orgánica del Poder EjecutivoAtribuciones de los Rectores de los Sistemas Administrativos

“Los Entes Rectores tienen las siguientes competencias o funciones:1. Programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión del proceso;2. Expedir las normas reglamentarias que regulan el Sistema;3. Mantener actualizada y sistematizada la normatividad del Sistema;4. Emitir opinión vinculante sobre la materia del Sistema;5. Capacitar y difundir la normatividad del Sistema en la Administración Pública;6. Llevar registros y producir información relevante de manera actualizada y oportuna;7. Supervisar y dar seguimiento a la aplicación de la normatividad de los procesos técnicos de los Sistemas;8. Promover el perfeccionamiento y simplificación permanente de los procesos técnicos delSistema Administrativo; y,9. Las demás que señalen las leyes correspondientes”.

199 Esta disposición no afecta la autonomía de los Organismos Constitucionales, con arreglo a la Constitución Política del Perú y a sus respectivas Leyes Orgánicas.200 Ibidem.

presupuesto ejecutado que permita la entrega de bienes o servicios con características y en las condiciones adecuadas a los usuarios.

Bajo este enfoque, el circuito de articulación entre los Sistemas Administrativos Transversales de Planeamiento Estratégico, de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de Presupuesto Público, y especialmente de Abastecimiento, determinan y garantizan la cobertura y la calidad de los bienes y servicios.

Para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, las entidades públicas deben concordar su Plan Estratégico Institucional (PEI) con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), y los instrumentos de planificación estratégica rectores para dicha institución, pudiendo estos ser: los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso201.

El Presupuesto Institucional se articula con el PEI, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los POI, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades. Estos últimos reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica202.

Los Pliegos Presupuestarios se encuentran obligados a remitir a la Dirección General del Presupuesto Público la información presupuestaria que generen conforme a lo dispuesto en las Directivas del MEF203.

Contar con un POI elaborado en forma oportuna y bajo la exigencia de calidad es crítico, para que sirva de insumo en la elaboración de un Cuadro de Necesidades (CN) que exprese adecuadamente los bienes y servicios que se requieren, estableciéndose el circuito Planeamiento-Programación logística. A su vez el POI y el CN juntos son insumos de la elaboración de la propuesta del PIA, facilitando el circuito Planeamiento-Presupuesto.

Una vez aprobado el PIA por parte del Pliego, se elabora el Plan Anual de Contrataciones - PAC, en base a lo establecido por el Cuadro de Necesidades, pero adecuado al techo presupuestal del PIA.En la medida que el Plan Anual de Contrataciones recoja adecuadamente los requerimientos y especificaciones de las áreas usuarias, definidos en el POI y el CN, la entidad está en mejores condiciones de realizar los procesos de selección que le permitan producir los bienes o servicios a la población204.

La elaboración del POI constituye una actividad cuya integración y articulación, tanto a los Objetivos Institucionales como a los SAT, es fundamental para la gestión por resultados. Ello

201 Artículo 71 del DS Nº 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto202 Ibidem.203 Art. 74.2° del DS Nº 304-2012-EF204 Asimismo, es fundamental que los funcionarios responsables de las Unidades Orgánicas participen en los comités de adquisiciones.

implica la participación de especialistas de todas las áreas de soporte, en cada etapa del circuito de articulación Planeamiento-Presupuesto-Abastecimiento205.

205 En particular, las áreas usuarias lideran este circuito para asegurar la consistencia en la asignación y ejecución de sus recursos. Su presencia es requerida desde el planeamiento estratégico hasta la ejecución de las actividades programadas en el año. Adicionalmente, es necesario contar con estudios de mercado sólidos, así como la entrega de muestras de los equipos ofertados por los postores.

Programas Presupuestales

El Artículo 3° de la Directiva Nº 003-2015-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017, los define de la siguiente manera:

“En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del artículo 79 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública”.

Los atributos de un Programa Presupuestal son los siguientes: Refleja un Resultado Específico (derivado de un problema observado y cuantificado sobre una

población determinada), el cual se define como el cambio que se busca alcanzar sobre una población objetivo, contribuyendo de esta forma, al logro de un resultado final.

Para lograr dicho Resultado Específico se requiere la provisión de productos entregados a la población priorizada.

Cada PP se encuentra representado en una matriz lógica que incluye i) una columna con la descripción de objetivos, ii) una columna de indicadores para cada nivel de objetivos; iii) una columna de medios de verificación y iv) una columna de supuestos, cuando sea necesario206,207.

El Programa Presupuestal se genera como respuesta a un problema específico, y consiste en una estructura articulada de productos, diseñados sobre la base de la mejor evidencia disponible que grafica su capacidad de resolver ese problema. Esta estructura está enmarcada en los objetivos de política nacional (resultados finales)208. Un problema específico se define como una brecha de atención o la necesidad de una población en particular, que se espera resolver a través de un PP. El problema deberá:

Estar relacionado a la misión institucional de la entidad, Enmarcado en un objetivo de política pública (Resultado Final), Expresado como una condición negativa en la población; el mismo es necesariamente

cuantificable en términos de su magnitud, temporalidad, grupo poblacional, ámbito209.

Dada su naturaleza transectorial e intergubernamental, los PP reflejan una articulación vertical al incluir a los diferentes niveles de gobierno, según sus competencias, como responsables directos de la provisión de productos o de la ejecución de actividades dentro de un producto de un PP210.

206 Anexo Nº 1 de la Directiva Nº 003-2015-EF/50.01207 Ibidem. “Asimismo, es importante señalar que los PP no son:− El registro ordenado de las actividades actuales de la entidad empleando las categorías presupuestales.− El registro de la totalidad de las competencias de la entidad, utilizando las categorías presupuestales.− El registro de la estructura organizacional de la entidad, utilizando las categorías presupuestales”.208 Ibidem209 Ibidem210 Art. 10° de la Directiva Nº 003-2015-EF/50.01 - Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 021–2015-EF/50.01

Los PP, como unidad de programación de los recursos públicos, reflejan una articulación vertical al incluir a los distintos niveles de gobierno, como responsables directos de la provisión de productos o de la ejecución de actividades dentro de un producto del PP.

Adicionalmente, la articulación territorial en los Programas presupuestales se define como la acción integrada de dos o más entidades de distinto nivel de gobierno en las fases del proceso presupuestario asociadas a dichos programas211. Para el diseño de un PP se deberá considerar la información que provean las entidades de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, sobre las competencias que tengan para la provisión de productos y/o ejecución de actividades.

De otro lado, la multisectorialidad se define como la integración de entidades de dos o más sectores del Gobierno Nacional para la provisión de los productos identificados en el diseño del PP, así como para el logro de su resultado específico. Los pliegos podrán identificar PP multisectoriales si se dan conjuntamente las siguientes condiciones:

Existe un problema específico, que por su naturaleza requiere de la provisión de productos de diferentes sectores del Gobierno Nacional.

Existe un acuerdo suscrito por los titulares de las entidades que participan en la provisión de los productos identificados en el diseño del PP, cuyo objetivo sea atender un problema específico claramente identificado, además, de establecer al responsable de rendir cuentas sobre el logro de los resultados y de coordinar la provisión articulada de los productos.

La asignación de recursos será reflejo de las estructuras de diseño del PP y se realizará sobre la base de los recursos necesarios para la provisión de los productos coordinados.

La diferencia entre la articulación territorial y la multisectoralidad está en el carácter vertical de la articulación entre entidades de distinto nivel de gobierno en la primera, mientras que la multisectorial está asociada a una articulación de carácter horizontal entre diferentes entidades del Gobierno Nacional.

Las temáticas transversales se definen como aquellos factores que son compartidos por más de un objetivo de política pública. Las temáticas transversales no son problemas específicos, por lo que no constituirán PP, sino que se incorporan como parte de los diseños propuestos212.

Dado que los PP son diseñados tomando como punto de partida un Resultado Específico, su estructura lógica puede ser aplicable a las entidades de los tres niveles de gobierno. De esa forma, las actividades y los productos del PP pueden ser ejecutadas tanto por las entidades del Gobierno Nacional como por los Gobiernos Regionales y Locales, en el marco de sus competencias213. Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así como el Gobierno Nacional, en el ámbito de sus competencias, son responsables del logro de las metas de Productos en sus ámbitos respectivos:

“Los procedimientos para la articulación territorial de los PP en las distintas fases del proceso presupuestario se establecen en el Anexo Nº 5 [de la Directiva Nº 003-2015-EF/50.01] Plan de trabajo de articulación territorial del PP, y son de obligatorio

211 Ibidem212 Art. 13° de la Directiva Nº 003-2015-EF/50.01213 La programación, formulación y ejecución de productos de un PP está a cargo del Gobierno Nacional. Los Gobiernos Regionales y Locales participan en dichos procesos, en el marco de sus competencias y cuando corresponda.

cumplimiento para las entidades responsables de los PP con articulación territorial, así como para los Gobiernos Regionales y Locales que participen de dichos PP”.214

El titular del pliego responsable del PP designa al Coordinador responsable de la articulación territorial durante el diseño, programación, formulación, ejecución, y evaluación del presupuesto. El Coordinador Territorial del PP, tendrá las siguientes funciones:

“a) Coordinar con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que participan en el PP a cargo de la entidad del Gobierno Nacional, en la implementación de los productos, actividades y proyectos inmersos en dicho PP.b) Coordinar con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales involucrados, las metas de indicadores de desempeño, de producción física y financieras que corresponden al pliego en el marco de sus competencias.c) Colaborar con el seguimiento por parte de la entidad rectora en relación con el cumplimiento de las actividades vinculadas a los productos del PP a nivel nacional.d) Coordinar con los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y la DGPP acciones de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento para mejorar la gestión del PP y garantizar los resultados del mismo.e) Proponer al responsable técnico del PP, el Plan de trabajo de articulación territorial del PP, en los casos que corresponda.f) Otras acciones que se consideren necesarias para coadyuvar a la mejora de la gestión del PP”.215

A nivel de los Gobiernos Regionales, la coordinación de la entrega de los productos vinculados a los PP en los que participan dichas entidades recae sobre un equipo liderado por el Gerente de Planificación y Presupuesto del pliego, al que se le denomina Coordinador Regional. Dicho equipo es integrado por los funcionarios a cargo de los PP de la Gerencia de Planificación y Presupuesto en el Gobierno Regional, por los responsables de las áreas técnicas relacionadas con dichos PP, por dos representantes de las unidades ejecutoras vinculadas a su ejecución, y por el responsable de administración y logística216.

Los Coordinadores Regional o Local que participan en algún PP, tendrán funciones de articulación con los demás niveles de gobierno, en las fases de programación, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto. Adicionalmente, cumplen las siguientes funciones:

“a) Coordinar las acciones de adecuación y validación de la priorización, definiciones operativas y listados de insumos de los productos/actividades a su cargo en el ámbito de sus competencias, incluyendo los requerimientos de adecuación de los insumos a las realidades regionales o locales, según corresponda.b) Coordinar con el Gobierno Nacional las metas de los indicadores de desempeño, de producción física y financieras que corresponden al Gobierno Regional / Gobierno Local en el marco de sus competencias.c) Proponer, en coordinación con las unidades técnicas sectoriales de su ámbito, al titular de la entidad la priorización de las actividades vinculadas a los productos de cada PP para la fase de programación y formulación del presupuesto.

214 Art. 10.3° de la Directiva Nº 003-2015-EF/50.01215 Art. 11° de la Directiva Nº 003-2015-EF/50.01216 Art. 12° de la Directiva Nº 003-2015-EF/50.01En el caso de los Gobiernos Locales, la coordinación de los productos vinculados a los PP en los que participan dichas entidades recae en el jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, al que se le denomina Coordinador Local.

d) Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas de los indicadores de producción física (en sus dimensiones física y financiera) y de desempeño, según corresponda, de los productos, proyectos, actividades y/o acciones de inversión y/u obras de los PP en los que participa el Gobierno Regional y/o Gobierno Local, en el marco de la normatividad vigente.e) Coordinar con las unidades técnicas sectoriales de la entidad (Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda), el cumplimiento de las metas de producción física y financiera de las actividades vinculadas a los productos de los PP en su ámbito.f) Elaborar informes semestrales y anuales sobre los avances en los indicadores de producción física y de desempeño, según corresponda, de los productos y actividades, los mismos que podrán ser utilizados para la evaluación a cargo del pliego en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.g) Otras acciones que se consideren necesarias para coadyuvar a la mejora de la gestión del PP”. [Subrayado nuestro]217

Los Proyectos de Inversión se considerarán dentro de un PP, si luego de realizar el análisis de causalidad entre el producto final de los proyectos, y el resultado específico del PP, se encuentra que su ejecución es necesaria para el logro de este último218.

217 Ibidem218 Las entidades responsables deben garantizar que no se generen duplicidades o superposiciones entre los productos del PP y componentes de proyectos y programas de inversión.

DIMENSIONES DE LA META A NIVEL DE RESULTADOS, PRODUCTOS/PROYECTOS, YACTIVIDADES/ACCIONES DE INVERSIÓN Y/U OBRAS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fuente: MEF. 2015. Directiva Nº 003-2015-EF/50.01

• Unidad de medida• Valor proyectado

Indicador de producción física (Dimensión física)

• Unidad de medida• Valor proyectado• Ubigeo

• Valor monetario

Indicador de producción física (Dimensión física)

Indicador de producción física (Dimensión financiera)

Proyecto

Actividades / Acciones de inversión y/u obras

• Unidad de medida• Valor proyectadoIndicador de desempeñoResultado

• Unidad de medida• Valor proyectadoIndicador de desempeño

• Unidad de medida• Valor proyectado

Indicador de producción física (Dimensión física)

Producto

ENTIDADES RESPONSABLES DEL DISEÑO Y MONITOREO DE LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

9. El MEF realiza las acciones de Comunicación y elabora los reportes

8. El MEF realiza el análisis de los resultados de los indicadores

7. El INEI u otra entidad calificada calculan los resultados de los indicadores

4. El INEI u otra entidad calificada construyen instrumentos de medición y

generar fuentes de información

5. El INEI u otra entidad calificada validan el instrumento y la construcción de

indicadores

6. El INEI u otra entidad calificada analizan datos y sistematizan información

3. El pliego responsable del PP, en coordinación con el INEI y el MEF,

establece los referentes comparativos y metodologías

2. El pliego responsable del PP establece lo que se desea medir como desempeño

1. El pliego responsable del PP identifica resultados o productos en la matriz de

Marco Lógico

VI. ARTICULACIÓN DEL PLAN NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE CON EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES

VI.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda al 2030

Mediante la Resolución A/70/L.1, del 18 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el documento: “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, la cual constituye un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad; y tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. Así, los países miembros de las Naciones Unidas reconocen que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo, constituyendo un requisito indispensable para el desarrollo sostenible.

En tal sentido, la Asamblea General de la ONU ha adoptado una decisión histórica sobre un amplio conjunto de Objetivos y metas universales que buscan ser transformativas, de gran alcance y centradas en las personas, comprometiéndose a lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones —económica, social y ambiental—de forma equilibrada e integrada.

La nueva estrategia plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible, que entraron en vigor el 1 de enero de 2016, y rigen los programas de desarrollo mundial hasta el 2030. La Agenda se implementa en pro del interés de todos, para las generaciones actuales y futuras, de manera compatible con los derechos y obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional, y en el marco del respeto de la soberanía de cada país. En dichos Objetivos y Metas, la Asamblea General de la ONU presenta la siguiente visión de futuro:

“Aspiramos a un mundo sin pobreza, hambre, enfermedades ni privaciones, donde todas las formas de vida puedan prosperar; un mundo sin temor ni violencia; un mundo en el que la alfabetización sea universal, con acceso equitativo y generalizado a una educación de calidad en todos los niveles, a la atención sanitaria y la protección social, y donde esté garantizado el bienestar físico, mental y social; un mundo en el que reafirmemos nuestros compromisos sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, donde haya mejor higiene y los alimentos sean suficientes, inocuos, asequibles y nutritivos; un mundo cuyos hábitats humanos sean seguros, resilientes y sostenibles y donde haya acceso universal a un suministro de energía asequible, fiable y sostenible.

Aspiramos a un mundo en el que sea universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas, el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación; donde se respeten las razas, el origen étnico y la diversidad cultural y en el que exista igualdad de oportunidades para que pueda realizarse plenamente el potencial humano y para contribuir a una prosperidad compartida; un mundo que invierta en su infancia y donde todos los niños crezcan libres de la violencia y la explotación; un mundo en el que todas las mujeres y niñas gocen de la plena igualdad entre los géneros y donde se hayan eliminado todos los obstáculos jurídicos, sociales y económicos que impiden su empoderamiento; un mundo justo, equitativo, tolerante, abierto y socialmente inclusivo en el que se atiendan las necesidades de los más vulnerables.

Aspiramos a un mundo en el que cada país disfrute de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y de trabajo decente para todos; un mundo donde sean sostenibles las modalidades de consumo y producción y la utilización de todos los recursos naturales, desde el aire hasta las tierras, desde los ríos, los lagos y los acuíferos hasta los océanos y los mares; un mundo en que la democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho, junto con un entorno nacional e internacional propicio, sean los elementos esenciales del desarrollo sostenible, incluidos el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre; un mundo en que el desarrollo y la aplicación de las tecnologías respeten el clima y la biodiversidad y sean resilientes; un mundo donde la humanidad viva en armonía con la naturaleza y se protejan la flora y fauna silvestres y otras especies de seres vivos”.219

La implementación de la Agenda requiere una Alianza Mundial revitalizada, sobre la base de los compromisos de los países de trabajar con espíritu de solidaridad mundial, en particular con los más pobres y con las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Dicha Alianza debe facilitar una intensa participación mundial para respaldar el cumplimiento de los Objetivos y metas, aglutinando a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, el sistema de las Naciones Unidas y otras instancias y movilizando todos los recursos disponibles220.

Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Perú 219 Asamblea General de las Naciones Unidas. 2015. Resolución A/70/L.1: Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. NY, 40 p. En: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&referer=/english/&Lang=S220 Ídem, p: 11

Los ODS y sus 17 Objetivos Globales contemplan enfoques transversales para lograr la integración de las políticas públicas respecto de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, económico y ambiental, que se encuentran contenidos en sus metas e indicadores. La articulación de los ODS en las Políticas públicas del Estado peruano se da a través de su concordancia con las Políticas de Estado y la actualización de las Políticas Nacionales orientadas al cumplimiento de sus metas e indicadores. Ello posibilita la incorporación de los ODS en la Gestión por Resultados. Para dicho fin es fundamental contar con información estadística de base que permita evaluar los avances en el cumplimiento de los indicadores de desempeño, así como la implementación de un sistema nacional integrado de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las metas nacionales, armonizadas con los ODS.

En tal sentido, el CEPLAN viene actualizando el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) con el fin de incorporar la Agenda 2030 en los procesos de planeamiento estratégico nacional en los tres niveles de gobierno. Para ello se han planteado dos mecanismos:

(i) la construcción de la visión concertada de futuro del país al 2030 y (ii) la actualización de políticas y planes considerando un ciclo de planeamiento

estratégico para la mejora continua, el cual está centrado en el bienestar de las personas teniendo en cuenta las circunstancias en sus territorios.221

Así, en setiembre de 2016, se inició la actualización de las políticas sectoriales de alcance nacional, teniendo como referencia esencial las Políticas de Estado y las Políticas de Gobierno, la Agenda 2030, el modelo de bienestar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el marco de políticas de inversión. Asimismo, el CEPLAN consideró las tendencias mundiales, los escenarios de carácter demográfico, social, económico y ambiental, su posible impacto en el Perú; las recomendaciones de los estudios de la OCDE en el marco del “Programa País”, así como los acuerdos internacionales sobre cambio climático y gestión de desastres de los que el Perú es parte. Adicionalmente el CEPLAN ha facilitado la coordinación intergubernamental para actualizar políticas y planes, mediante la institucionalización de mecanismos de diálogo y coordinación multinivel.

Monitoreo y Seguimiento de las ODS

El seguimiento es una función continua que utiliza la recopilación sistemática de datos sobre indicadores determinados para proporcionar información sobre el avance y el logro de los objetivos. Para implementar la Agenda 2030 y alcanzar los objetivos asociados a esta, es fundamental identificar y obtener datos de calidad que sean accesibles, oportunos, fiables y con un nivel de desagregación relevante que permita comprender la situación de bienestar de las personas en sus entornos (por ingresos, sexo, edad, origen étnico, discapacidad, ubicación geográfica, entre otros). Asimismo, el seguimiento debe ser abierto, incluyente, participativo y transparente. De esta manera, se promueve la vigilancia ciudadana y su contribución a la eficacia y eficiencia de la gestión pública222.

En el Perú, el seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 se ha organizado en tres niveles complementarios:

221 CEPLAN. 2017. Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Lima, Perú. 68 p. 222 Ibidem.

En primer lugar, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha desarrollado un Sistema de Monitoreo y Seguimiento a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre la base del marco global de indicadores desarrollado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas.

En segundo lugar, el CEPLAN ha planteado indicadores ilustrativos asociados a la propuesta de imagen de futuro acorde con las cinco dimensiones de la Agenda 2030, a fin de facilitar la difusión de información para el diálogo acerca del futuro del Perú al 2030.

En tercer lugar, destaca el seguimiento concertado llevado a cabo por el Estado y la sociedad civil de manera conjunta, a través de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP)223.

Adicionalmente, el Estado peruano efectúa el seguimiento de las intervenciones públicas con un marco lógico definido, reflejado en la estructura de los Programas presupuestales, a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Desde el 2017, la PCM cuenta con la Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Social (Delivery Unit) que, entre otras funciones, realiza el seguimiento del cumplimiento de las prioridades del gobierno, en armonía con las políticas de Estado y el PEDN, principalmente en los sectores: salud, agua y saneamiento, formalización, seguridad, educación, anticorrupción e infraestructura. Este seguimiento contribuye a la eficacia de intervenciones que permiten acelerar la implementación de la Agenda 2030224.

En relación con el primer nivel de monitoreo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en cumplimiento de su rol rector y productor de información estadística viene implementando una Línea Base de los Principales Indicadores Disponibles de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el fin de establecer su seguimiento hacia el año 2030225. Dicha línea de base se elabora con información proveniente de las Encuestas de Hogares que ejecuta el INEI de manera continua lo que garantiza su sostenibilidad (ENAHO, ENDES, ENAPRES, ENARES, ENUT), Censos Nacionales e información estadística de Registros Administrativos de los sectores.

El sistema de seguimiento y monitoreo de los ODS, a cargo de INEI, presenta y facilita información a todos los Sectores y niveles de gobierno sobre los desafíos que enfrenta el país, para su desarrollo actual y futuro, pensando el desarrollo como una construcción colectiva. Para trazar el recorrido de los ODS hacia el 2030, es necesario establecer hitos claves, contar con datos desglosados, asequibles, oportunos y fiables. Los requerimientos de información para la construcción de los indicadores del desarrollo sostenible, en lo social, económico y ambiental, constituyen un desafío tanto para el INEI y el Sistema Estadístico Nacional, como para todos los niveles de gobierno, sectores y entidades públicas.

Ver Matriz de ODS y Metas, Indicadores de la Línea de Base, e Indicadores Disponibles

Ver Matriz de Línea de Base de Indicadores ODS para PERÚ

223 Ídem, p: 18224 Ídem, p: 19. 225 INEI. 2016. Sistema de Seguimiento y Monitoreo de los ODS en el Perú. En: http://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible/vida-de-ecosistemas-terrestres# [Revisado el 10 de octubre de 2017]

VI.2 Programa País – Perú a la OECD

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) establecida en 1961, con sede en París, es un organismo internacional cuya misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, en donde los países miembros se encuentran comprometidos con la democracia plural basada en el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos y se adhieren a los principios de una economía de mercado abierta y transparente226.

La OCDE está integrada por 34 países227, que en conjunto representan alrededor del 80% del PIB global, y en promedio tienen un PBI per cápita de alrededor de US$ 41,224 (al 2011) 228. En mayo del 2007 el Consejo de la OCDE adoptó la Resolución para la Ampliación y el Aumento del Compromiso de países no miembros hacia la organización, con el fin de fortalecer la cooperación con los referidos Estados a través de programas de aumento de sus compromisos con la OCDE229.

Los objetivos de la OCDE serán promover políticas diseñadas para:“a) lograr el crecimiento económico y el empleo más sostenibles y un nivel de vida cada vez mayor en los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial;b) contribuir a una sólida expansión económica tanto en los países miembros como en terceros países en el proceso de desarrollo económico; yc) contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria, de conformidad con las obligaciones internacionales”.230

En la consecución de estos objetivos, los Miembros convienen, tanto individual como conjuntamente:

“a) promover el uso eficiente de sus recursos económicos;b) en el ámbito científico y tecnológico, promover el desarrollo de sus recursos, fomentar la investigación y promover la formación profesional;c) aplicar políticas encaminadas a lograr el crecimiento económico y la estabilidad financiera interna y externa ya evitar desarrollos que puedan poner en peligro sus economías o las de otros países;d) proseguir sus esfuerzos para reducir o eliminar los obstáculos al intercambio de bienes y servicios y los pagos corrientes y mantener y ampliar la liberalización de los movimientos de capitales; ye) contribuir al desarrollo económico tanto de los países miembros como de terceros países en el proceso de desarrollo económico por los medios apropiados y por el flujo de capitales a esos países, teniendo en cuenta la importancia de sus economías de recibir asistencia técnica y de asegurar mercados de exportación en expansión”.231

226 ACUERDO NACIONAL. 2016. Ayuda Memoria del Programa País: El Perú a la OECD. Lima, Perú. Documento de Trabajo. Inédito. 8 p.227 Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Chile, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Nueva Zelandia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía.228 Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica, como economías emergentes, son socios claves (“Key Partners”) de la organización.229 Los estados de América Latina miembros son México (incorporación en 1994) y Chile (incorporación en 2010). Colombia ha sido invitada por la OCDE a iniciar el proceso de acceso que se halla actualmente en desarrollo y Costa Rica ha presentado su solicitud de acceso.230 Art. 1° de la Convención de la OECD231 Art. 2° de la Convención de la OECD

En tal sentido, la OCDE busca que sus miembros mejoren su desempeño económico a través de la cooperación entre pares, evaluando las políticas de cada uno para replicar las buenas experiencias y ajustar las que resultan menos favorables. Los países miembros de la OCDE se benefician del intercambio de las mejores prácticas en el diseño y ejecución de políticas públicas, que han sido sistematizadas por la organización, a través del diálogo y la comparación continua entre los miembros. Los temas de competencia de la OCDE abarcan materias como: economía, comercio e inversiones internacionales, agenda social, educación, desarrollo territorial, medio ambiente, corrupción, administración pública, agricultura, empleo, políticas de competencia, políticas de ciencia y tecnología, entre otros.

Los países admitidos en la OCDE son aquellos que comparten los principios de la democracia plural basada en el Estado de Derecho, el respeto por los derechos humanos, se adhieren a los principios de una economía de mercado abierta y transparente, participan activamente en las instancias y mecanismos de la organización y se encuentran dispuestos a armonizar sus políticas públicas con los estándares de la OCDE232.

En noviembre del 2012, el Perú presentó a la OECD su solicitud de incorporación a dicha organización233. A fin de implementar un Plan de Trabajo que permita al Perú alcanzar los estándares de la OECD, se conformó un grupo de trabajo interministerial coordinado por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas. Como antecedentes, el Perú ya se había adherido con anterioridad a algunos acuerdos internacionales en materia económica, tales como:

La Declaración sobre la Inversión Internacional y Empresas Multinacionales (2008) La Recomendación del Consejo de la OECD sobre orientaciones de debida diligencia para

cadenas de suministro responsable de minerales provenientes zonas de conflicto y de alto riesgo (2008)

La Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo y programa de acción de Accra (2008)

La Alianza de Busan para la cooperación eficaz al desarrollo (2011)

En el 2013, el Consejo de la OECD establece el “Programa País”, como un mecanismo orientado a desarrollar nuevas formas de asociaciones y colaboración con otros países no miembros, con el propósito de mejorar el bienestar de sus ciudadanos, destacando la importancia de la colaboración con todos aquellos países interesados en compartir conocimiento y experiencia, promoviendo reformas, contribuyendo y adhiriéndose a los estándares de la OCDE 234. El programa

232 ACUERDO NACIONAL. 2016. Óp. Cit. p: 2233 La incorporación a la OCDE conlleva un largo proceso de negociación y evaluación de los compromisos del país para alcanzar los estándares de calidad de la OECD. Esta es decidida por los Estados miembros de la organización, la cual evalúa las solicitudes de adhesión y puede tomar la decisión de iniciar negociaciones para la incorporación de un país, fijando los términos y condiciones del proceso.234 Reconociendo el esfuerzo que ejecutan algunos países por alcanzar los estándares de la OCDE y las mejores prácticas en sus políticas públicas, el Programa País está dirigido a ayudar a los países a implementar reformas en sus políticas púbicas para alcanzar dichos estándares. La designación de países para que participen en el programa país sigue los siguientes criterios: interés y beneficio mutuo del Programa, incluyendo el interés de los Miembros de un efectivo y exitoso programa de reformas en

el país designado; Interés del país en comprometerse en un programa de reformas de largo plazo basado en los estándares establecidos en los

documentos de la OCDE y en sus mejores prácticas de políticas públicas, así como su habilidad de actuar en función de esos objetivos; y,

la posibilidad de que ese país pueda actuar como pionero de reformas similares en otros países, especialmente en la propia región.

país se establece de acuerdo con las características y necesidades de cada país designado, estableciendo una estrategia y estructura para su participación. Implica participar de manera articulada en una serie de instancias, llevar a cabo revisiones de políticas públicas de ciertos sectores, con miras a aumentar de manera sustancial las vinculaciones con la OCDE.

En este contexto, el 18 de abril de 2014, el Consejo Ministerial de la OCDE acordó invitar al Perú, Kazajstán, Marruecos y Tailandia para participar en el “Programa País”. El Estado espera que la participación del Perú en el Programa contribuya a la mejora de las políticas públicas, lo que determinará una mejor gestión de gobierno y mejoras en la provisión de servicios que el Estado brinda a los ciudadanos.

El 11 de diciembre de 2014, Perú y la OECD firmaron en Veracruz (México) los documentos básicos para el establecimiento del Programa País: Acuerdo - Marco General de Cooperación entre Perú - OECD Memorándum de Entendimiento Relativo al Programa País.

El Programa País de Perú contiene una relación de lineamientos elaborados sobre la base de los objetivos de las políticas nacionales presentados a la OCDE en noviembre del 2012, y que son: Alinear el crecimiento económico con la inclusión social: reforzar programas sociales de alivio

a la pobreza, promover acceso universal a servicios básicos, empleo formal y seguridad social. Mejorar la competitividad y diversificar la economía nacional: remover cuellos de botella en

materia de infraestructura y mejorar los niveles de capital humano. Incrementar la credibilidad de la institucionalidad pública: continuar los esfuerzos para

sancionar la corrupción y prevenir pérdidas económicas por mal uso de los recursos públicos. Lograr mejores resultados en materia ambiental: promover el uso sostenible de los recursos

naturales235.

El Programa País considera 14 áreas principales y 60 acciones, entre ellas:

ÁREAS PRINCIPALES ALGUNAS ACCIONES Herramientas intersectoriales Medio ambiente Inversiones Lucha contra el cohecho Mercados Financieros Seguro y Pensiones privadas Gobernanza Pública (Gobernanza,

Integridad, Desarrollo Territorial y Políticas Regulatorias)

Asuntos Fiscales Salud Empleo Educación y Capacidades Comercio Agricultura y, Estadísticas.

Adhesiones a declaraciones, principios, códigos o convenciones

Revisiones de políticas públicas, reportes y/o diagnósticos sectoriales

Participaciones en Comités o Grupos de Trabajo

Participaciones en foros o diálogos de expertos

Participaciones en ´networks´ Participaciones en proyectos o programas

multianuales Elaboraciones de base de datos, indicadores,

registros u otro tipo de intercambio de información cuantitativa

235 ACUERDO NACIONAL. 2016. Óp. Cit. p: 2

Adicionalmente, el Perú se comprometió al cumplimiento de acciones vinculadas a las áreas de medio ambiente, inversiones, anticorrupción (cohecho internacional), mercados financieros, seguros y pensiones, gobernanza publica, integridad, desarrollo territorial, políticas regulatorias, asuntos fiscales, salud, educación y capacidades, comercio, agricultura y estadísticas. Hasta la suscripción del Programa País, el Perú participaba formalmente en cinco instancias de la OCDE:

Miembro del Centro de Desarrollo a través del MRE (a partir del 2009); Participante en el Comité de Inversiones (2008); Comité de Competencia (2011); Comité de Políticas del Consumidor (2012); y Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales (2014).

De otra parte, la OCDE ha realizado las siguientes evaluaciones sobre las políticas nacionales: Políticas de Competencia (2004). Políticas de Inversión (2008); Políticas de Innovación (2011); Estudio Multidimensional Volumen 1 (2015):

- Política Económica- Programas Sociales- Productividad- Informalidad Laboral

Estudio Multidimensional Volumen 2 (2015): - Competencias más allá de la escuela - Estudio sobre la Gobernanza Pública - Estudio Territorial - Política Regulatoria en el Perú - Evaluación del desempeño ambiental.

Recomendaciones remitidas por la OECD al Estado peruano en base a los informes de evaluación presentados hasta el momento:

Estudios Desarrollados Recomendaciones

Estudio de Desempeño Ambiental 74

Estudio de Desarrollo Territorial 55

Estudio de Gestión Pública 90

Estudio de Integridad del Sector Público 80

Estudio Multidimensional 118

Estudio de Políticas Regulatorias 30

Estudio de Seguridad Alimentaria 2

Estudio de Competencias después de la Escuela 20

Estudios en Proceso Fecha propuesta de entrega

Estudio del Sistema de Salud Marzo 2017

Estudio de Códigos de Liberalización Solicitud recibida

Reporte de Inversión en la Juventud Marzo 2017

Estudio de Datos y Estadísticas del Sector Salud 2do trimestre 2017

Evaluación de las Estadísticas y el Sistema Estadístico Junio 2017

Estudio de Contratación Pública Octubre 2016

En el marco del Programa País Perú – OECD, se han conformado Mesas Temáticas con la participación de los Sectores y Entidades del Gobierno Nacional, a fin de dar seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de evaluación antes citados.

MESAS TEMÁTICAS ENTRE LA OCDE Y LOS SECTORES DEL ESTADO PERUANO

Mesas Temáticas Sectores

Revisión Multi Dimensional de País

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Educación (MINEDU), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), Ministerio del Ambiente (MINAM), Banco Central de Reserva (BCR), Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Revisión Sobre Integridad MRE, PCM, MINEDU, MINCETUR, MINAGRI, MINAM, Contraloría General de la República, Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), INEI, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(OSCE)

Reforma Regulatoria y Asociaciones Publico Privadas

Ministerio de Relaciones Exteriores Presidencia del Consejo de Ministros Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento

(VIVIENDA) Ministerio de la Producción (PRODUCE) MINAGRI MINAM Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

(OSINERGMIN) Organismo Supervisor de Inversión Privada en

Telecomunicaciones (OSIPTEL) CEPLAN Agencia de Promoción de la Inversión Privada

(PROINVERSION) Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de

Transporte de Uso Público (OSITRAN) Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)

INEI

Agenda sobre Comercio MRE, PCM, MEF, MINCETUR, INEI, CEPLAN

Agenda sobre Medio Ambiente MRE, PCM, MEF, Ministerio de Energía y Minas (MINEM) VIVIENDA, MINCETUR, MINAGRI, PRODUCE, MINAM,

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Contraloría General de la República, BCR, CEPLAN, CAN Anticorrupción, INDECOPI, INEI, Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Gobernabilidad MRE, PCM, MEF, MINEDU, MTPE, MINCETUR, MINAGRI, MINAM, BCR, CEPLAN, INDECOPI, INEI

Inversión y Códigos deLiberalización

MRE, PCM, MEF, SBS, BCR, CEPLAN, PROINVERSION, INEI

Mediante Decreto Supremo Nº 086-2015-PCM, del 15 de diciembre de 2015, el Estado peruano declaró de interés nacional las acciones, actividades e iniciativas desarrolladas en el marco del proceso de vinculación del Perú con la OCDE, así como la implementación del Programa País.

Adicionalmente, dicho dispositivo crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente para promover las acciones de seguimiento orientadas a una mayor vinculación del Perú con la OCDE, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros236. La Comisión Multisectorial estará conformada por:

- Presidencia del Consejo de Ministros, quien la presidirá;- Ministerio de Relaciones Exteriores; y,- Ministerio de Economía y Finanzas.

La Comisión Multisectorial tiene las siguientes funciones:“a) Efectuar el seguimiento de las estrategias y actividades necesarias que permitan la ejecución del Programa País, la incorporación de estándares, buenas prácticas de política pública de países miembro de la OCDE, así como una mayor vinculación con la misma;b) Coadyuvar con las acciones de coordinación multisectorial y colaboración entre el Perú y la OCDE;

236 Art. 7° del Decreto Supremo Nº 086-2015-PCM. La Comisión Multisectorial cuenta con una Secretaría Técnica ejercida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual brindará el apoyo técnico y especializado que requiera la Comisión para la implementación de sus actividades, realizando las coordinaciones operativas que contribuyan al cumplimiento de su objeto. Las funciones de la Secretaria Técnica se desarrollan en el Reglamento Interno de la Comisión.

c) Emitir informes técnicos con el propósito de establecer las áreas prioritarias, los mecanismos y las acciones que sirvan para fortalecer la cooperación mutua, incluyendo la adhesión a los instrumentos legales de la OCDE;d) Realizar el seguimiento de las acciones de coordinación y colaboración entre el Perú y la OCDE, en el marco de la metodología y/o de instrumentos previamente definidos;e) Proponer el Reglamento Interno; el mismo que será elaborado por la Secretaría Técnica y aprobado por Resolución Ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros.f) Otras funciones orientadas al cumplimiento del objetivo de la Comisión”.237

La Comisión Multisectorial para el cumplimiento de sus funciones podrá solicitar a los sectores vinculados a las acciones previstas en el Programa País, la designación de puntos focales, conforme a lo señalado en el Reglamento Interno.

Ver Anexo V: Documentos de la OECD y Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú 2016 de acuerdo con los estándares de la OED

VI.3 Acuerdo de París – Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional

VI.3.1 Acuerdo de París

Mediante la Decisión FCCC/CP/2015/L.9 del 12 de diciembre del 2015, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático resuelve aprobar el Acuerdo de París, y solicita al Secretario General de las Naciones Unidas, Depositario del Acuerdo, que lo declare abierto a la firma en Nueva York del 22 de abril de 2016 al 21 de abril de 2017.

Asimismo, dicha Decisión acoge con satisfacción las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional que han comunicado las Partes de conformidad con lo dispuesto en la decisión 1/CP.19, y reitera su invitación a todas las Partes a que comuniquen a la secretaría sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional para alcanzar el objetivo de la Convención.

Adicionalmente, la Decisión dispone mantener el Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños relacionados con las Repercusiones del Cambio Climático, a la vez que solicita al Comité Ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia que establezca un centro de coordinación de la transferencia del riesgo que sirva de repositorio de información sobre los seguros y la transferencia del riesgo para facilitar los esfuerzos de las Partes por elaborar y aplicar estrategias de gestión del riesgo integrales.

Con relación a los mecanismos financieros, determina que el Fondo Verde para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, entidades encargadas del funcionamiento del Mecanismo Financiero de la Convención, el Fondo para los Países Menos Adelantados, así como el Fondo Especial para el Cambio Climático, los cuales son administrados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, estén al servicio del Acuerdo de París.

El Artículo 2 del Acuerdo de París, dispone que este tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. Para ello, las partes deberán:

237 Art. 6° del DS Nº 086-2015-PCM

“a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2° C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5° C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático; b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; c) Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.”238

En tal sentido, el Acuerdo se aplica bajo los principios de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales

Respecto a las contribuciones determinadas a nivel nacional a la respuesta mundial al cambio climático, el artículo 3° del Acuerdo especifica que las Partes deberán realizar y comunicar los esfuerzos nacionales con miras alcanzar el propósito antes señalado. La sumatoria de los esfuerzos de las Partes representarán una progresión a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta la necesidad de apoyar a los países en desarrollo para lograr su aplicación efectiva.

Adicionalmente, las Partes deberan adoptar medidas para conservar y aumentar, según corresponda, los sumideros y reservorios de gases de efecto invernadero a que hace referencia el artículo 4, párrafo 1 d) de la CMNUCC, incluidos los bosques. En tal sentido, el Acuerdo señala:

“Artículo 5.2°Se alienta a las Partes a que adopten medidas para aplicar y apoyar, también mediante los pagos basados en los resultados, el marco establecido en las orientaciones y decisiones pertinentes ya adoptadas en el ámbito de la Convención respecto de los enfoques de política y los incentivos positivos para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques, y de la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques, y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo, así como de los enfoques de política alternativos, como los que combinan la mitigación y la adaptación para la gestión integral y sostenible de los bosques, reafirmando al mismo tiempo la importancia de incentivar, cuando proceda, los beneficios no relacionados con el carbono que se derivan esos enfoques”.

Subsidiariamente, las Partes reconocen la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos, los fenómenos de evolución lenta, y la contribución del desarrollo sostenible a la reducción del riesgo de pérdidas y daños. Para dicho fin, el Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños relacionados con las Repercusiones del Cambio Climático funcionará bajo la autoridad y la orientación de la Conferencia de las Partes en el Acuerdo de París, pudiendo mejorarse y fortalecerse según lo que esta determine239. VI.3.2 Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional – Perú 2015

En cumplimiento de las decisiones 1/CP.19 y 1/CP.20 de la COP 20 (2015) de la CMNUCC, el Estado Peruano presentó a la Convención la propuesta de Contribuciones Previstas Determinadas a nivel Nacional (Intended Nationally Determined Contributions – iNDC) hacia el 2030.

238 Art. 2° del Acuerdo de París. 239 Art. 8° del Acuerdo de París.

Las Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel nacional son un compromiso de la comunidad internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, acorde con la CMNUCC, para no exceder los 2° C de temperatura en el planeta respecto a la época preindustrial. Las iNDC son determinadas por las Parte, y proporcionan información sobre el nivel de meta nacional en la reducción de gases de efecto invernadero. También contiene el horizonte de trabajo, la estrategia de implementación, los mecanismos de monitoreo, así como información cuantificable sobre las medidas de mitigación, tales como: Punto de referencia incluyendo año base. Periodos de implementación. Alcance sectorial, gases y cobertura geográfica. Procesos de planeación. Enfoques metodológicos, incluyendo aquellos para la estimación y contabilidad de

emisiones antropogénicas de GEI y sus absorciones.La iNDC responde a la realidad y circunstancias de cada país, y se alinea con los pilares bajo los cuales se condujo la COP20 de Lima: i) sentido de urgencia, y ii) alto nivel de ambición.

Para el caso del Perú, la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (MINAM, 2015) sostiene que los Inventarios Nacionales de GEI elaborados hasta la fecha indican que entre el año 1994 al 2000 las emisiones aumentaron en un 21.5%, con una tasa promedio anual de incremento del 3.6%. Para el periodo 2000 - 2009 se tendría un aumento del 12%, con un incremento anual promedio de 1.2% (Inventario Nacional de GEI con año base 2009). Los sectores: agricultura, energía, transporte y desechos han incrementado su participación respecto al total de las emisiones de GEI.

La mayor participación porcentual de emisiones de GEI procede de la categoría: "Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura" (USCUSS). Si bien en términos relativos, las emisiones de GEI procedentes de USCUSS se redujo de 47% en el año base 2000, a 39% en el año base 2009, al producirse un incremento total de las emisiones de GEI de 12% en el periodo 2000 – 2009, la reducción en términos netos de la participación de la categoría USCUSS en las emisiones de GEI es poco significativa.

Año BaseEMISIONES TOTALES DE GEI USCUSS TOTAL DE EMISIONES GEI USCUSS

Gg CO2eq % Gg CO2eq

2000 120023 47 56410.81

2009 134570 39 52482.30

En tal sentido, la Estrategia Nacional de Cambio Climático busca promover un tipo de desarrollo que reduzca las emisiones de GEI. Para ello propone evitar el modelo tradicional de industrialización de los países desarrollados, mejorar sustancialmente la gestión, conservación y aprovechamiento de los ecosistemas naturales y la biodiversidad. Dichas consideraciones son también contempladas en la elaboración de las Estrategias Regionales de Cambio Climático.

Las iNDC se han construido a partir de una base sólida de información y del trabajo sobre cambio climático realizado desde el año 2003, el cual ha permitido elaborar contenidos, plantear escenarios viables que cumplen con criterios rigurosos de selección y análisis, y nutrir un proceso participativo para lo cual se ha considerado los planes, programas e instrumentos existentes240.

Propuesta de iNDC en Mitigación

La iNDC peruana contempla una reducción del 30% respecto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) proyectadas para el año 2030, como parte de un escenario Business as Usual (BaU). El Estado Peruano considera que un 20% de reducción será implementado a través de inversiones y gastos con recursos internos, públicos y privados (propuesta no condicionada), y que el restante 10% estará supeditado a la disponibilidad de financiamiento externo internacional y condiciones favorables (propuesta condicionada)241.

La propuesta del Perú es una reducción de emisiones relativa a una línea base Business as Usual (BaU), escenario con inicio en el año base 2010, y culmina en el año 2030. Las proyecciones totales consideran las emisiones y remociones del sector USCUSS; pero por razones de transparencia y mejor comprensión del esfuerzo nacional, se presentan las emisiones en la base y en la meta, con y sin las emisiones de este sector:

240 MINAM. 2015. Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional de la República del Perú. Lima, Perú. 12 p.241 Ibidem.

Emisiones GEI Escenario BaU

Emisiones Mt CO2eqincluyendo USCUSS

Emisiones Mt CO2eq excluyendo USCUSS

2010 (año base) 170.6 78.02030 (año meta) 298.3 139.3

Propuesta iNDC en Adaptación

La propuesta del Perú de iNDC en adaptación se basa en información seriada a partir del año 2003, y en los siguientes documentos y estudios: Estrategia Nacional de Cambio Climático y las Estrategias Regionales Segunda Comunicación Nacional y el Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al

Cambio Climático (PAAMCC), Estudios de vulnerabilidad realizados a nivel nacional, regional y de cuencas priorizadas Resultados de diversos proyectos y experiencias prácticas de adaptación. Documentos de balance realizados en el marco del programa Inter-CLIMA Metas de adaptación incluidas en planes y programas sectoriales, complementadas con

metas y enfoques transversales que buscan incorporar de manera efectiva la gestión del cambio climático en el desarrollo242.

Los sectores y sistemas que el país requiere atender de manera prioritaria en términos de adaptación han sido identificados con base en la información científica disponible, la revisión de información de referencia sobre procesos de formulación de instrumentos de gestión y planificación, consultas con los sectores competentes, las regiones y la sociedad civil. Los sistemas priorizados son: Recursos hídricos Agricultura Pesca Bosques Salud

En base a estas dos fuentes, las poblaciones vulnerables a ser atendidas con prioridad son las poblaciones rurales ligadas a la agricultura familiar de subsistencia y/o con débil articulación al mercado, muchas de ellas nucleadas en comunidades campesinas o nativas; pequeños agricultores; pescadores artesanales; comunidades nativas; pequeños productores forestales; y, desde el punto de vista de salud, los infantes, mujeres y adultos mayores243.

El análisis de las vulnerabilidades y prioridades de adaptación del país, con base en el estudio de las metas nacionales establecidas por los documentos vigentes de planificación nacional244 y

242 Ídem, p: 7243 Ibidem244 - Plan Bicentenario: Perú al 2021 - Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres – PLANAGERD, - Plan de Acción Ambiental - PLANAA

sectorial245 el MINAM (2015) ha elaborado la sección de contribuciones en adaptación para los distintos sectores y sistemas priorizados.

Las metas planteadas al 2030 se orientan a que:“El Perú se adapta a los efectos adversos y aprovecha las oportunidades que impone el cambio climático”.

Bajo esta visión, el MINAM ha definido alcances, objetivos y metas para cada sector/sistema. Además, se ha identificado cinco áreas transversales en las que se debe actuar para abordar la adaptación de manera eficaz: gestión del riesgo de desastres; infraestructura resiliente; enfoque de pobreza y poblaciones vulnerables; enfoque de género y promoción de la inversión privada en adaptación al cambio climático. El planteamiento de los objetivos y las metas ha sido formulado en consulta con los sectores relevantes. Adicionalmente, el MINAM viene desarrollando el Plan Nacional de Adaptación al 2030.

Las Contribuciones en adaptación en el tema de bosques son:

Alcance Abarca la protección de los servicios ecosistémicos que proveen los bosques y la atención a los más vulnerables (comunidades nativas y pequeños productores forestales).

Objetivo Impulsar la gestión integral del territorio con enfoque de paisaje orientada a aumentar la resiliencia de los bosques frente al CC y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones locales.

VI.4 Acuerdo de Promoción Comercial Perú – USA

El Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos se firmó en Washington D.C. el 12 de abril de 2006; y entró en Vigor el 1 de febrero de 2009, siendo aprobado por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa Nº 28766246, y ratificado mediante Decreto Supremo Nº 030-2006-RE247. Fue puesto en ejecución mediante Decreto Supremo Nº 009-2009-MINCETUR248,

Adicionalmente a los temas comerciales, el tratado incorpora temas económicos, institucionales, de propiedad intelectual, temas laborales y ambientales. En ese sentido, incluye específicamente el Capítulo XVIII sobre Medio Ambiente249, y el Anexo 18.3.4 sobre la Gestión del Sector Forestal, el cual forma parte del Protocolo de Enmienda al APC250, así como un Acuerdo de Cooperación Ambiental. En el marco de dichos compromisos, el Gobierno de los Estados Unidos aprobó el

245 PLANGRACC-A12, Programas Presupuestales, Plan Integral de mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático en la salud pública, entre otros.246 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 29 de junio de 2006247 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de junio de 2006248 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 de enero de 2009.249 Capítulo XVIII, Sobre Medio Ambiente del APC Perú – Estados Unidos, entre cuyos objetivos podemos citar: “(…) contribuir a los esfuerzos de las Partes de asegurar que las políticas comerciales y ambientales se apoyen mutuamente, promover la utilización óptima de los recursos de acuerdo con el objetivo del desarrollo sostenible, y esforzarse por fortalecer los vínculos entre las políticas y prácticas comerciales y ambientales de las partes, lo que puede tener lugar a través de cooperación y colaboración ambiental.”250 Anexo 18.3.4 Suscrito como parte del Protocolo de Enmienda al APC Perú/Estados Unidos el 24 de junio de 2007. En el Anexo Forestal el Gobierno del Perú se compromete a cumplir una serie de requisitos y estándares mínimos para mejorar la gobernanza y transparencia del Sector Forestal y de Fauna Silvestre.

financiamiento para la ejecución de la Actividad de Manejo Ambiental y Apoyo a la Gobernabilidad Forestal, a través del Proyecto Perú Bosques.

El APC consolida el acceso preferencial del Perú a la economía y mercados del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que le permite ganar competitividad frente a otros países que no gozan de preferencias similares y ponerse en igualdad de condiciones frente a aquellos que sí gozan de ellas. Entre sus objetivos se pueden citar: Garantiza el acceso preferencial permanente de las exportaciones peruanas a la economía de

los Estados Unidos de Norteamérica. Incrementa y diversifica las exportaciones, eliminando distorsiones causadas por aranceles,

cuotas de importación, subsidios y barreras paraarancelarias y tiene en cuenta el nivel de competitividad del país para la definición de plazos de desgravación.

Atrae flujos de inversión privada nacional y extranjera, propiciando el desarrollo de economías de escala, un mayor grado de especialización económica y una mayor eficiencia en la asignación de los factores productivos.

Contribuye a mejorar calidad de vida de las personas a través del acceso del consumidor a productos más baratos y de mayor calidad y variedad, la expansión de la oferta de empleo, el incremento de los salarios reales en el sector exportador.

Establece reglas claras y permanentes para el comercio de bienes y de servicios y para las inversiones, que fortalecen la institucionalidad, la competitividad y las mejores prácticas empresariales en el país.

Crea mecanismos para defender los intereses comerciales peruanos en Estados Unidos y define mecanismos claros, transparentes y eficaces para resolver posibles conflictos de carácter comercial que puedan suscitarse.

Refuerza la estabilidad de la política económica y de las instituciones, así como mejora la clasificación de riesgo del Perú, lo que contribuye a rebajar el costo del crédito y a consolidar la estabilidad del mercado de capitales.

Reduce la vulnerabilidad de la economía a crisis financieras externas e incrementa la estabilidad de nuestros indicadores macroeconómicos, al estrechar vínculos con las tendencias de economías estables.

Eleva la productividad de las empresas peruanas, al facilitar la adquisición de tecnologías más modernas y a menores precios, que promueven la exportación de manufacturas y servicios con valor agregado.

Capítulo XVIII: Medio Ambiente

En el Capítulo XVIII del APC Perú – USA, las partes se comprometen a no solo a incrementar los niveles de protección ambiental, sino a no promover ni aprobar normas que impliquen un debilitamiento la legislación ambiental existente. Para ello, las partes, en el marco del respeto a la soberanía de cada país y al derecho internacional vigente, se obligan a mejorar la aplicación de sanciones ambientales, mejorar la transparencia y acceso a la información sobre temas comerciales y ambientales, establecer un Consejo de Asuntos Ambientales y un Comité Nacional Consultivo para temas de comercio y medio ambiente; promover la participación ciudadana, investigar los casos de incumplimiento de los compromisos ambientales que sean denunciados ante el Consejo de Asuntos Ambientales; promover y fomentar la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica; la protección de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, así como dar cumplimiento a los acuerdos, tratados y convenios internacionales en materia ambiental.

En tal sentido, el Capítulo Ambiental precisa:“Artículo 18.2: Acuerdos Ambientales1. Una Parte adoptará, mantendrá e implementará leyes, reglamentos y cualesquiera

otras medidas para cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos ambientales multilaterales.• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y

Flora Silvestres (CITES),• Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono,• Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente

como Hábitat de las Aves Acuáticas, • Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena

2. Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en sus respectivas legislaciones ambientales.

En consecuencia, una Parte no dejará sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto o derogar, dicha legislación de manera que debilite o reduzca la protección otorgada por aquella legislación de manera que afecte el comercio o la inversión entre las Partes”.

Anexo 18.3.4 sobre la Gestión del Sector Forestal y de Fauna Silvestre

El Protocolo de Enmienda, Anexo 18.3.4 sobre la Gestión del Sector Forestal y de Fauna Silvestre, al Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, suscrito el 25 de junio de 2007, aprobado por el Congreso mediante Resolución Legislativa Nº 29054, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 29 de junio de 2007, ratificado mediante Decreto Supremo Nº 040-2007-RE, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 3 de julio de 2007.

El Anexo 18.3.4 se suscribe con la finalidad de complementar los vacíos en materia forestal del Capítulo XVIII, a fin de garantizar que las partes se comprometan al cumplimiento de la legislación nacional en temas relacionados a la protección de la flora y fauna silvestre, gestión de los recursos forestales, observancia de acuerdos internacionales relacionados a la protección de especies y hábitats amenazados251, a fin de evitar que un incremento de las relaciones comerciales constituyan incentivos para la tala ilegal, o el tráfico de especies entre países.

El Anexo 18.3.4 también tiene como objetivo principal promover el fortalecimiento del Sector Forestal y de Fauna Silvestre en el Perú, a través de acciones concretas, tales como: Mejorar las capacidades de la autoridad forestal para el control de la tala y comercio ilegal de

maderas y otros productos forestales y de fauna silvestre Incrementar las penalidades a la infracción de la legislación forestal Implementar mecanismos de control de la Convención CITES, contra el tráfico de especies

amenazas Fortalecimiento y autonomía del OSINFOR, como organismo supervisor de los títulos

habilitantes para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales

251 Tales como CITES, Convención RAMSAR, Protocolo de Protección contra la destrucción de la Capa de Ozono, Convención contra la Caza de Ballenas, Convención contra la Contaminación del mar, Protección de los Recursos vivos marinos, entre otros.

Implementar la cadena de custodia para la exportación de especies listadas en la Convención CITES

Mejorar la participación indígena en las decisiones de manejo de recursos forestales , sobre todo en tierras y territorios indígenas con bosques.

La Adenda Forestal modifica algunos artículos del Capítulo XVIII a fin de mejorar la protección ambiental:

A. “El Artículo 18.1 se modificará de la siguiente manera:Reconociendo el derecho soberano de cada una de las Partes de establecer sus propios niveles de protección ambiental interna y sus prioridades de desarrollo ambiental, y, por consiguiente, de adoptar o modificar sus leyes y políticas ambientales, cada Parte procurará asegurar de que sus leyes y políticas proporcionen y estimulen altos niveles de protección ambiental y se esforzará por seguir mejorando sus respectivos niveles de protección ambiental.”

En relación con el fortalecimiento de la institucionalidad y gestión del Sector Forestal y de Fauna Silvestre, este instrumento comercial dispone:

“1. Las Partes reconocen que el comercio relacionado con la tala ilegal y el comercio ilegal de fauna silvestre, incluido su tráfico, socavan el comercio de productos maderables provenientes de fuentes legales, reducen el valor económico de los recursos naturales y debilitan los esfuerzos para promover la conservación y el manejo sostenible de recursos.

Por consiguiente, cada Parte se compromete a combatir el comercio asociado con la tala ilegal y el comercio ilegal de fauna silvestre. Las Partes reconocen que el buen manejo del sector forestal es crucial para promover el valor económico y el manejo sostenible de los recursos forestales. Por consiguiente, cada Parte se compromete a tomar acción en el marco de este Anexo para mejorar la gestión del sector forestal y promover el comercio legal de los productos madereros.

2. Las Partes reconocen sus esfuerzos conjuntos, tanto a través de iniciativas bilaterales como en foros internacionales pertinentes, para abordar asuntos relativos al comercio de productos madereros.

Asimismo, las Partes toman nota de los avances considerables realizados por el Perú en la creación de las instituciones y el marco normativo necesarios para garantizar el manejo sostenible de sus recursos forestales”.[Subrayado nuestro]

Con el fin de fortalecer aún más la gestión del Sector Forestal, el APC determina que el Perú deberá, en un plazo máximo de 18 meses a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, tomar las siguientes acciones: Aumentar el número y la efectividad del personal dedicado a hacer cumplir las leyes, las

normas y otras medidas del Perú relacionadas con la tala y el comercio de productos madereros, con el objetivo de reducir sustancialmente la tala ilegal y el comercio asociado con tales productos.

Elevar el número de personal encargado de hacer cumplir la ley en parques nacionales y concesiones, así como en las regiones forestales designadas como áreas indígenas protegidas en la legislación peruana.

Elaborar e implementar un plan anticorrupción para los funcionarios a cargo de administrar y controlar los recursos forestales.

Brindar niveles de disuasión suficientes de responsabilidad civil y penal para toda medida que obstaculice o socave el manejo sostenible de los recursos forestales del Perú:

(i) Amenazas, o violencia o intimidación del personal gubernamental dedicado a hacer cumplir las leyes, las normas y otras medidas del Perú en relación con la extracción y el comercio de productos madereros;

(ii) A sabiendas crear, utilizar, presentar o brindar información falsa en cualquier documentación relativa al cumplimiento de las leyes, las normas y otras medidas del Perú en relación con la extracción y el comercio de productos madereros, incluidos los planes de manejo forestal, los planes operativos anuales, las solicitudes de permisos o concesiones y la documentación de transporte;

(iii) Obstruir una investigación, verificación o auditoría realizada por personal gubernamental dedicado a hacer cumplir las leyes, las normas y otras medidas del Perú en relación con la extracción y el comercio de productos madereros;

(iv) A sabiendas extraer o adquirir madera o productos madereros de zonas o personas no autorizadas por la legislación peruana; o a sabiendas transportar madera o productos madereros tomados de zonas o personas no autorizadas por la legislación peruana; y

(v) Dar a un funcionario de gobierno, o recibir como funcionario de gobierno, compensación, monetaria o en especie, a cambio de un acto particular al momento de hacer cumplir las leyes, las normas y otras medidas del Perú en relación con la extracción y el comercio de productos madereros.

Imponer sanciones civiles y penales diseñadas para desincentivar la violación de las leyes, las normas y otras medidas del Perú en relación con la extracción y el comercio de productos madereros. Entre ellas:

(i) Aumentar considerablemente las sanciones penales contempladas en el artículo 310° del Código Penal del Perú, Decreto Legislativo No. 635, (8 de abril de 1991); y

(ii) Suspender el derecho de exportar el producto respecto del cual se infringió una ley, norma u otra medida.

Adoptar e implementar políticas para monitorear la extensión y condición de las especies de árboles enumeradas en cualquier Apéndice de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), entre ellas:

(i) Realizar un inventario integral que incluya el análisis de las poblaciones de estas especies de árboles para determinar su distribución geográfica, densidad, tamaño, estructura, edad, clase y dinámica de regeneración, así como amenazas para su supervivencia;

(ii) Realizar estudios técnicos para determinar los rendimientos de los productos a fin de calcular con precisión los factores de conversión e informar las decisiones sobre las cuotas de exportación;

(iii) Realizar el análisis técnico y la actualización periódica de los inventario y estudios de rendimientos de productos

(iv) Implementar plan de acción estratégico para implementar el Apéndice II de la CITES, y brindar recursos financieros adecuados para poner en práctica el plan.

(v) Establecer una cuota de exportación anual de caoba de hoja ancha, para lo cual el Perú deberá:

- Verificar la procedencia legal de la madera- Asegurar que la cuota de exportación tenga en cuenta los estudios realizados de

conservación de la especie- Asegurar que la cuota de exportación no supere el rango recomendado por la

Autoridad Científica CITES.

De otro lado, con la finalidad de mejorar la administración y el manejo de las concesiones forestales, el Perú asumió la responsabilidad de impulsar una serie de reformas, tales como implementar un proceso competitivo y transparente para la adjudicación de concesiones; revisar los planes operativos anuales de las concesiones y verificar periódicamente de manera oportuna el cumplimiento del plan; inspeccionar físicamente las zonas designadas para la extracción de cualquier especie CITES antes de aprobar un plan operativo, y en coordinación con OSINFOR, supervisar las inspecciones físicas y, de ser necesario, participar en ellas.

A fin de garantizar una adecuada implementación de los estándares para el Manejo Forestal Comunitario, el Estado peruano, considerando las opiniones de las comunidades locales e indígenas, ONG y el sector privado, se propuso diseñar sistemas para verificar el origen legal y la cadena de custodia para las especies CITES, así como diseñar sistemas para rastrear de manera confiable los especímenes desde la extracción, hasta su transporte, procesamiento y exportación.

Asimismo, las Partes se obligan a: - Fortalecer el marco jurídico, normativo e institucional que rige la actividad forestal y el

comercio internacional de productos forestales;- Fortalecer la capacidad institucional para el cumplimiento de la ley forestal y el comercio

internacional de productos forestales;- El Gobierno del Perú realizará auditorías periódicas de los productores y exportadores que

exporten productos madereros a Estados Unidos, y verificará que las exportaciones de esos productos a Estados Unidos se ciñan a las leyes, normas y otras medidas pertinentes que rijan la extracción y el comercio de productos madereros, incluyendo las especies CITES.

- A solicitud escrita de Estados Unidos, el Perú realizará la auditoría de un productor o exportador determinado, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las leyes, normas y otras medidas por parte de ese productor o exportador.

- A solicitud escrita de Estados Unidos, el Perú proporcionará un resumen escrito de sus conclusiones sobre la auditoría solicitada.

- A solicitud escrita de Estados Unidos, el Perú verificará, si con respecto a un embarque determinado de productos madereros del Perú a Estados Unidos, el exportador o productor de esos productos ha cumplido las leyes, normas y otras medidas pertinentes del Perú que rigen la extracción y el comercio de esos productos.

- Si el Perú niega una petición para que los funcionarios de Estados Unidos participen en la visita, Estados Unidos podrá negar la entrada del embarque que sea objeto de la verificación.

- El Perú presentará a Estados Unidos un informe escrito de los resultados de toda verificación que efectúe en respuesta a una solicitud en el plazo de 45 días siguientes a la fecha en que Estados Unidos entregue la solicitud. Si el Perú realiza una visita de verificación el plazo será de 75 días siguientes a la fecha en que Estados Unidos entregue la solicitud.

- En el informe, se tendrán en cuenta las observaciones escritas que los funcionarios de Estados Unidos hayan proporcionado y se incluirá una evaluación, basada en los documentos examinados en el curso de la verificación, con respecto al cumplimiento por parte de la empresa de las leyes, normas y otras medidas pertinentes del Perú

- A dicho informe se adjuntarán todos los documentos y hechos pertinentes que respalden la evaluación realizada por el Perú.

En un plazo razonable después de que el Perú presente el Informe, Estados Unidos notificará al Perú por escrito sobre cualquier medida que tome con respecto al asunto, y la duración de dichas medidas, teniendo en cuenta, entre otras cosas, dicho informe, la información que la autoridad aduanera de Estados Unidos haya obtenido con respecto al embarque o a la empresa pertinente, y la información que los funcionarios de Estados Unidos hayan obtenido durante la visita de verificación. Esas medidas podrán incluir las siguientes:

- Denegar la entrada del embarque que haya sido objeto de la verificación; y- Si una empresa ha proporcionado a sabiendas información falsa a funcionarios del Perú o

Estados Unidos con respecto a un embarque, Estados Unidos podrá denegar la entrada de los productos de dicha empresa derivados de cualquiera de las especies enumeradas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

- Si el Perú no presenta un informe de verificación en el plazo establecido, Estados Unidos podrá tomar las medidas que considere apropiadas con respecto a los productos madereros del exportador.

En relación con los compromisos asumidos en el marco de la CITES, cada Parte reafirma su compromiso de trabajar en el marco de la CITES para proteger las especies ahí enumeradas. Para ello, las Partes cooperarán y tomarán acciones de conformidad con las obligaciones asumidas por cada una, en virtud de la CITES, teniendo en cuenta las decisiones y resoluciones de la Conferencia de las Partes de la CITES. Finalmente, la Adenda Forestal manifiesta que ninguna de las disposiciones del Anexo limitará las facultades de ninguna de las Partes para tomar medidas consistentes con sus propias leyes de aplicación de la CITES.

BIBLIOGRAFÍA

ACUERDO NACIONAL. 2016. Ayuda Memoria del Programa País: El Perú a la OECD. Lima, Perú. Documento de Trabajo. Inédito. 8 p.

ANDALUZ, C. 2011. Manual de Derecho Ambiental. Editorial Iustitia S.A.C. Lima, 969 p.

CEPLAN. 2008. DL Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro nacional de Planeamiento Estratégico

CEPLAN. 2011. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. Presidencia del Consejo de Ministros. Lima, Perú. 286 p.

CEPLAN. 2017. Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD. Lima, Perú. 15 p.

CEPLAN. 2017. Guía para el Planeamiento Institucional. Aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 33-2017-CEPLAN/PCD. Lima, Perú. 53 p.

CEPLAN. 2017. Guía para el Planeamiento Institucional. Óp. Cit. p: 12.

CEPLAN. 2017. Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Lima, Perú. 68 p.

CRAVACUORE, D.; ILARI, S. & A. VILLAR. 2004. La articulación en la gestión municipal. Actores y políticas. Universidad Nacional de Quilmes Argentina. 141 p.

DECRETO SUPREMO Nº 027-2007-PCM Define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del

FAO. 2007. Buena Gobernanza en la Tenencia y la Administración de Tierras. Estudio sobre Tenencia de la Tierra Nº 9. Roma. 82 p.

Gobierno Nacional

INEI. 2016. Sistema de Seguimiento y Monitoreo de los ODS en el Perú. En: http://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible/vida-de-ecosistemas-terrestres# [Revisado el 10 de octubre de 2017]

MAYNTZ, R. 2000. Nuevos desafíos de la teoría de governance. En: Rev. Instituciones y Desarrollo. Nº 7, pp. 35-52. http://www.iigov/revista/revista7/docs/mayntz.htm

MEF. 2011. El Sistema Nacional de Presupuesto. Lima, Perú.

MEF. 2012. DS Nº 304-2012-EF - Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

MEF. 2012. DS Nº 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 28411.

MINAGRI, 2013. Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Marco Normativo. Publicada en el Diario Oficial El Peruano. p: 501081 – 501089.

MINAGRI. 2010. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763. Lima, Perú.

MINAGRI. 2017. Plan Anual de Transferencias de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del Año 2017. Comisión de Transferencias Sectoriales del MINAGRI. Lima, Perú. 18 p.

MINAM, 2015. Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 2015, aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2015-MINAM.

MINAM. 2015. Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional de la República del Perú. Lima, Perú. 12 p.

NÚÑEZ, G. et al. 2009. Gobernanza Corporativa y Desarrollo de Mercados de Capitales en América Latina. Caracas: CAF. En: http://scioteca.caf.com/handle/123456789/494

ONU. 2015. Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/70/L.1: Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. NY, 40 p. En:

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&referer=/english/&Lang=S

PASSALACQUA. 2000. Algunas reflexiones en torno a la coordinación”. En Actuar en Red Nº 1, Buenos Aires, mayo 2000.

PAUTRAT, L. & A. ARRASCO. 2013. Introducción al Concepto de Gobernanza Comunal para el Manejo Forestal Comunitario. Proyecto “Compartiendo Saberes para el Manejo Forestal Comunitario”. Documento de Trabajo.

PCM. 2007. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Ley Nº 29158.

PCM. 2007. Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento - DS Nº 027-2007-PCM

PCM. 2010. Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros. Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM, modificado por D.S. Nº 010-2010-PCM

PCM. 2013. Ejes transversales de la Política de Modernización de la Gestión Pública.

PCM. 2013. Política de Modernización de la Gestión Pública. Principios Orientadores de la Política.

PCM. 2016. Directiva Nº 001-2016-PCM/SC “Lineamientos para la aprobación de Indicadores de Desempeño y Metas de las Políticas Nacionales del DS Nº 027-2007-PCM, y sus modificatorias; y, para la presentación de informes de evaluación”, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 064-2016-PCM.

PNUMA. 2009. The Status of the Environment Fund Report. http://www.pnuma.org/gobernanza/

PRATS I CATALÁ, J. 2006. A los príncipes republicanos: Gobernanza y Desarrollo desde el Republicanismo Cívico. La Paz, Bolivia. Plural Editores. Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública. 752 p.

PRATS I CATALÀ. 2001. Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano. Marco conceptual y analítico. Revista Instituciones y Desarrollo Nº 10 – 2001, p: 103-148. Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya, Còrsega - Barcelona, España.

SOTOMAYOR, O. 2008. Gobernanza y Tenencia de Tierras y Recursos Naturales en América Latina. FAO. Documento de Trabajo Nº 5. 42 p.

Planes de Desarrollo Regional Concertado

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS. 2015. Plan de Desarrollo Regional Concertado Actualizado Ama-zonas al 2021. Aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 3790 - 2015. GR. AMAZONAS / CR. Chacha -poyas, Amazonas. 144 p.

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH. 2017. Plan de Desarrollo Regional Concertado Ancash 2016 - 2021. Aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 009-2016.GR.A/CR. Huaraz, Ancash. 86 p.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC. 2016. Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac 2017- 2021. Aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 032-2016. GR.APURIMAC/CR. Abancay, Apurímac. 145 p.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. 2016. Plan de Desarrollo Regional Concertado Arequipa 2013 - 2021. Aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 349-2016.GR.AREQUIPA/CR. Arequipa, Arequipa. 218 p.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. 2016. Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016 - 2021. Apro-bado mediante Ordenanza Regional Nº 004-2016.GRA/CR. Ayacucho, Ayacucho. 95 p.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA. 2010. Plan de Desarrollo Regional Concertado Cajamarca 2021. Aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 016-2010.GRCAJ/CR. Cajamarca, Cajamarca. 218 p.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO. 2010. Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2011 - 2021. Aprobado mediante Acuerdo Regional Nº 033-2010.GRC CAR. Callao, Callao. 188 p.

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO. 2016. Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021, con Prospectiva al 2030. Aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 114-2016 - CR / GR.C.CUSCO. Cusco, Cusco. 167 p.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. 2015. Plan de Desarrollo Regional Concertado, Huancavelica al 2021. Aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 293-2015.GRHVCA/CR. Huancavelica, Huancaveli -ca. 160 p.

GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO. 2016. Plan de Desarrollo Regional Concertado, “Huánuco al 2021”. Aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 061-2016.GRHCO/CR. Huánuco, Huánuco. 291 p.

GOBIERNO REGIONAL DE ICA. 2015. Plan de Desarrollo Regional Concertado Ica 2016 - 2021. Aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 0007-2015.GORE ICA. Ica, Ica. 102 p.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN. 2013. Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín al 2050 (con me -tas al 2021 y al 2030). Aprobado mediante Acuerdo Regional Nº 304-2013-GRJ/CR. Huancayo, Junín. 167 p.

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD. 2016. Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC La Libertad 2016 - 2021. Aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 034-2016.GRLL/CR. Trujillo, La Libertad. 203 p.

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE. 2011. Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lambayeque 2011 - 2021. Aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 010-2011.GR.LAMB/CR. Chiclayo, Lambaye-que. 281 p.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. 2016. Plan de Desarrollo Regional Concertado Actualizado 2016 – 2021 del Departamento de Lima. Aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 020-2016.GRL/CR. Lima, Lima. 69 p.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. 2015. Plan de Desarrollo Regional Concertado “Loreto al 2021”. Aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 014-2015.GRL - CR. Iquitos, Loreto. 175 p.

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS. 2016. Plan de Desarrollo Regional Concertado de Madre de Dios, al 2021. Aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 05-2017.RMDD/CR. Puerto Maldonado, Ma-dre de Dios. 114 p.

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA. 2016. Plan de Desarrollo Regional Concertado Moquegua hacia el 2021. Aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 04-2016-CR/GRM. Ilo, Moquegua. 94 p.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO. 2016. Plan de Desarrollo Regional Concertado Actualizado Pasco al 2021. Aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 401-2016-G.R.P/CR. Cerro de Pasco, Pasco. 105 p.

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA. 2016. Plan de Desarrollo Regional Concertado Piura 2016 - 2021. Aprobado mediante Ordenanza Regional N°367-2016/GRP-CR. Piura, Piura. 104 p.

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO. 2008. Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021. Aprobado me-diante Ordenanza Regional Nº 015-2008 GRPUNO /CR. Cerro de Pasco, Puno. 210 p.

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN. 2015. Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín al 2021. Aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 017-2015 GRSM /CR. Moyobamba, San Martín. 116 p.

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA. 2016. Plan de Desarrollo Regional Concertado Tacna hacia el 2021. Aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 001-2016 CR / GOB.REG.TACNA. Tacna, Tacna. 97 p.

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI. 2015. Plan de Desarrollo Regional Concertado del Departamento de Ucayali al 2021. Aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 0924-2011 GRU /P. Pucallpa, Ucayali. 90 p.