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Causa Nº 14195

"M. B., R. A.

y S., M. J.

s/ recurso de Casación"

En la ciudad de La Plata a los seis días del mes de diciembre del año dos mil cinco, siendo las ............... horas, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Angel Natiello, Horacio Daniel Piombo y Benjamín Ramón Sal Llargués bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa Nº 14195 de este Tribunal, caratulada "M. B., R. A. y S., M. J. s/ recurso de Casación". Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: SAL LLARGUES — NATIELLO - PIOMBO, procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Llega la presente causa a esta sede por recurso de casación interpuesto por la señora Defensora Oficial Adjunta del Departamento Judicial Zárate-Campana, doctora Karina Paola Dib, contra la sentencia de fecha 19/05/03, en la que se condenó —en el marco de un juicio abreviado- a R. A. M. B., a la pena de 6 años y 1 mes de prisión, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de armas, y a M. J. S. a la pena única de 7 años y 8 meses de prisión, accesorias legales y costas por el mismo delito y comprensiva de la pena de 3 años de prisión de la causa Nro. 4-13251 del Ex-Juzgado en lo Criminal y Correccional Nro. 4; unificando —por último- las penas impuestas con la de causa Nro. 4-20094 del Juzgado de Transición Nro. 1 del mismo departamento judicial, y condenando en definitiva a M. a la pena única de 8 años y 4 meses de prisión, accesorias legales y costas y a S. a la pena única de 10 años de prisión, accesorias legales y costas, declarando reincidentes a ambos por primera vez.

Centra sus motivos de agravios en tres puntos:

a) La absurda valoración de la prueba que, a su entender, ha realizado el ´a quo¹, quebrantando las reglas de la sana crítica, en violación a lo dispuesto en los arts. 106, 201, 210 y 373 del C.P.P. y 18 de la Constitución Nacional. Asimsimo, tilda de arbitraria la sentencia atacada por falta de motivación suficiente en violación a lo dispuesto por los arts. 106, 201, 210, 373 del C.P.P., 18 de la C.N. y 171 de la Constitución Provincial. Sostiene la nulidad del acta de reconocimiento del arma y la gorra blanca incautados por violación al art. 262 del C.P.P. en su remisión al art. 259 mismo cuerpo legal. Agrega a ello que el ´a quo’ no explicó en la sentencia en qué forma influyeron los reconocimientos en rueda de personas de los imputados M. B. y S., las cuales arrojaron resultado negativo, así como que el dinero incautado en poder de ambos imputados que, además de tratarse de un bien fungible, no coincidía con la suma denunciada como sustraída.

b) Denuncia violación a los arts. 40 y 41 del código fondal, y al principio de ne bis in idem, toda vez que se valoró el mismo antecedente condenatorio como agravante de la pena y para declararlos reincidentes.

c) Por último, con abundante cita doctrinaria, legal y jurisprudencial, sostiene la inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia, por considerarlo violatorio del principio del ne bis in idem.

Solicita se anule la sentencia dictada y se remita para que se dicte nuevo pronunciamiento, y subsidiariamente, se dicte nuevo fallo en el que fije la pena que corresponde sin considerar el antecedente condenatorio valorado como agravante, revocándose la declaración de reincidencia de ambos imputados por ser dicho instituto inconstitucional.

Corrida que fue la vista de rigor, se expidió la señora Defensora Adjunta ante esta sede, doctora Ana Julia Biasotti, quien mantuvo en todos sus términos el recurso interpuesto, a lo que agregó que el fallo atacado es nulo, por lo que solicita tal declaración, por haberse impuesto a M. B. una pena superior a la acordada por las partes, y que respecto a S. se aplicó una pena única sin motivar cual le correspondía en la causa en tratamiento.

Formuló reserva del caso federal en los términos del art. 14 de la ley 48.

A su turno, el señor Fiscal Adjunto de Casación, doctor Jorge Armando Roldán, se expidió por la inadmisibilidad del remedio interpuesto por no haberse excedido el ´a quo’ del acuerdo arrimado por las partes en virtud de la ampliación del mismo, así como por el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 50 del C.P. Solicita se ponga en conocimiento del Tribunal el error material que se verifica en la sentencia a fin que subsane el mismo.

Por su parte, la doctora Biasotti, acompaña al doctor Roldán en su pedido de subsanación del error material que surge del punto I de la parte dispositiva de la sentencia atacada, sosteniendo la nulidad de la misma por falta de fundamentación de la pena única aplicada a S., solicitando se reduzca la misma en 2 meses.

Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala I del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes

C U E S T I O N E S

1ra.) ¿Es admisible el presente recurso?

2da.) ¿Se acreditan las violaciones legales denunciadas en punto a la valoración probatoria?

3ra.) ¿Se ha expedido el ´a quo´ más allá del acuerdo arribado por las partes respecto del imputado M. B.?

4ta.) ¿Es infundada la pena impuesta al imputado S.?

5ta.) ¿Se acredita la violación a la prohibición de doble valoración denunciada?

6ta.) ¿Corresponde hacer lugar al pedido de inconstitucionalidad del art. 50 del C.P. solicitada?

7ma.) ¿Corresponde dictar pena única respecto de ambos coimputados?

8va.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Sal Llargués, dijo:

La sentencia es definitiva en los términos del art. 450, se ha anunciado y traído el recurso en los plazos del art. 451 y se invocan motivos de los contenidos en el art. 448 todos del rito penal.

Voto por la afirmativa.

A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:

Adhiero al voto del doctor Sal Llargués en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Piombo, dijo:

Adhiero al voto de los colegas preopinantes en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

A la segunda cuestión plantada el señor juez, doctor Sal Llargués, dijo:

Dije en causa Nro. 10.015: ´No media agravio para la defensa en el juicio abreviado en que ha acordado con la contraparte cuál es el marco de las pretensiones de ambas.

El acuerdo —semántica y jurídicamente- no es sinónimo de allanamiento de una de las partes a los requerimientos de la otra, pero —en el caso contingente— puede significar materialmente lo mismo.

Esto quiere decir que quien lleva adelante técnicamente la representación de un imputado, sabrá —contingentemente— cuándo es conveniente a los intereses de su pupilo llegar a un acuerdo con la requirente. Ese acuerdo presume que ambas partes coinciden en que la calificación y pena seleccionadas son las que resumen el caso, siendo necesario además (se ha señalado al hartazgo) que ese acuerdo incorpore todos los tópicos que permiten esa conformidad recíproca.

Naturalmente que el acuerdo de que hablo es un acuerdo responsable’.

Lo reseñado es aplicable al caso de autos toda vez que la Defensa viene cuestionando que se haya tenido por acreditada la autoría responsable de sus pupilos. La doctrina de la responsabilidad por los actos propios le quita agravio a la parte por haber convenido con la otra la calificación legal y la imposición de una pena, esto es, conformándose con la aplicación de una sanción por considerarlos culpables de un injusto. Sobre el punto me remito a la cita, en cuanto a que el acuerdo al que arriban las partes debe ser responsable, sobre todo por quien tiene por función velar por los derechos del imputado, así como de obtener, a la hora de la sentencia, el resultado m s beneficioso para el mismo.

Voto por la negativa.

A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Natiello, dijo:

Si, como afirma la Defensa, el ‘a quo’ valoró en forma absurda y arbitraria la prueba, hay posibilidad de que se haya condenado a inocentes.

El proceso penal de conocimiento no puede prescindir de la ‘verdad’ como concepto limitante que nutre y da vida al sistema de garantías.

Absolutamente de nada serviría todo el conjunto de principios limitadores que la dogmática penal ha construido esforzadamente durante siglos (derecho penal de acto, legalidad, culpabilidad, lesividad, proporcionalidad, etc.) si luego el Juez pudiese afirmar verdad de cualquier forma y a su antojo.

A esta razón sustancial aquí brevemente expuesta se suma otra contingente pero de no menor peso: en el presente proceso nunca existió confesión alguna de los imputados o actitud alguna que pudiese interpretarse como reconocimientos de los hechos. No veo entonces de que modo puede afirmarse que ‘no tienen agravio’ para cuestionar que los jueces hayan afirmado (en forma supuestamente irrazonable) la existencia de hechos que tienen la virtualidad de llevarlos nada menos que a la cárcel.

Según leo en las actas que obran a fs. 35 y 36 del presente, se pidió a los encausados que prestaran su consentimiento con una ‘calificación legal’ y una ‘pena’. Interpretar que de ese modo el estado obtuvo en realidad una confesión subr