VOLUMEN II CONTINUACION DE LA SESION No. 24 DEL 19 DE...

CONSUL HONORARIO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El si-guiente punto del orden del día es la discusión de los dic-támenes relativos a las solicitudes de permisos de los ciu-dadanos Jorge Adrián Zubieta y Landa Ortiz para aceptary desempeñar el cargo de cónsul honorario de la Repúbli-ca de Nicaragua en Monterrey, con circunscripción con-sular en el estado de Nuevo León; y Mario Jesús RiestraVenegas.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por ins-trucciones de la Presidencia, en votación económica se pre-gunta a la Asamblea si se dispensa la lectura a los dictá-menes.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sír-vanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvan-se manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputadoPresidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se lesdispensa la lectura; en consecuencia, se pide a la Secretaríaponer a discusión los proyectos de decreto.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «EscudoNacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Le-gislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LIX Legisla-tura.— Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el l de marzo del año en curso, la Se-cretaría de Gobernación solicita el permiso constitucionalnecesario para que el ciudadano Jorge Adrián Zubieta yLanda Ortiz pueda aceptar y desempeñar el cargo de cón-sul honorario de la República de Nicaragua en Monterrey,con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Con-greso de la Unión el 15 de marzo, se turnó a la suscrita

Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente rela-tivo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexica-na con la copia certificada de su acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará ala República Francesa serán de carácter estrictamenteconsular; y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la frac-ción IV del apartado C) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a laconsideración de la asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano JorgeAdrián Zubieta y Landa Ortiz para aceptar y desempeñar elcargo de cónsul honorario de la República de Nicaragua enMonterrey, con circunscripción consular en el estado deNuevo León.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Con-greso de la Unión.- México, DF, a 16 de marzo de 2005.—Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente;Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), David Her-nández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rú-brica), Miguelángel García-Domínguez, Maximino Alejan-dro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José PorfirioAlarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje(rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla Ló-pez, José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Pa-lacios, Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), PatriciaGarduño Morales (rúbrica), José González Morfín, JesúsPorfirio González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gu-tiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rú-brica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), GonzaloMoreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbri-ca), José Eduviges Nava Altamirano, Daniel Ordóñez

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Segundo Periodo, 19 de abril de 2005129

VOLUMEN II

CONTINUACION DE LA SESION No. 24DEL 19 DE ABRIL DE 2005

Año II, Segundo Periodo, 19 de abril de 2005 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados130

Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchet-ti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rú-brica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigo-na Torres, Sergio Vázquez García.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto que concede per-miso al ciudadano Jorge Adrián Zubieta y Landa Ortiz pa-ra desempeñar el cargo de cónsul honorario de la Repúbli-ca de Nicaragua en Monterrey, con circunscripciónconsular en el estado de Nuevo León. No habiendo quienhaga uso de la palabra, se reserva para su votación nominalen conjunto.

CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escu-do Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— PoderLegislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LIX Le-gislatura.— Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe le fue turnadopara su estudio y dictamen el expediente con las minutasproyecto de decreto que conceden permiso a los ciudada-nos Mario Jesús Riestra Venegas y Alfredo FuentevillaRuffo para que puedan aceptar y usar las condecoracionesque en diferentes grados les confieren el Presidente de laRepública Federal de Alemania y el Gobierno del Reino deDinamarca, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legalesnecesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal vir-tud, de conformidad con lo que establece la fracción III delapartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60,segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interiordel Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sepermite someter a la consideración de la honorable asam-blea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Ma-rio Jesús Riestra Venegas para aceptar y usar la condecora-ción de la “Cruz de Oficial de la Orden del Mérito”, que leconfiere el Presidente de la República Federal de Alema-nia.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Al-fredo Fuentevilla Ruffo para aceptar y usar la condecora-ción de la Orden de Dannebrog, en grado de Caballero I,que le otorga el Gobierno del Reino de Dinamarca.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del hono-rable Congreso de la Unión.- México, DF, a 31 de marzode 2005.— Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica),Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica),David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz MassieuSalinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Maxi-mino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; JoséPorfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando ÁlvarezMonje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Be-dolla López, José Luis Briones Briceño (rúbrica), SocorroDíaz Palacios, Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Pa-tricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín,Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), Héctor Humber-to Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Nú-ñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo More-no Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), JoséEduviges Nava Altamirano, Daniel Ordóñez Hernández(rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sa-ra Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Marga-rita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Ser-gio Vázquez García.»


Está a discusión el proyecto de decreto que concede per-miso a los ciudadanos Mario Jesús Riestra Venegas y Al-fredo Fuentevilla Ruffo para aceptar y usar las condecora-ciones que les confieren el Presidente de la RepúblicaFederal de Alemania y el Gobierno del Reino de Dinamar-ca, respectivamente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está adiscusión el dictamen en lo general. No habiendo quienhaga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 delReglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene-ral se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún ar-tículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que nose ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo parti-cular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escu-do Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder

Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LIX Le-gislatura.— Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnado para su estudioy dictamen el expediente con los oficios de la Secretaría deGobernación por los que solicita el permiso constitucionalnecesario para que los ciudadanos Alejandra FernándezLozoya, Edith Araceli Gómez González, Carla Virginia Pa-dilla Rosales, Octavio Becerra Cortés, César AdalbertoDomínguez y Alfredo González Castro puedan prestar ser-vicios de carácter administrativo en las Embajadas de Cô-te d’Ivoire, y de Serbia y Montenegro en México, respecti-vamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del hono-rable Congreso de la Unión el 30 de marzo, se turnó a lasuscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expe-diente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad me-xicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados presta-rán en las Embajadas de Côte d’Ivoire, y de Serbia yMontenegro en México serán de carácter administrati-vo; y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en lafracción II del apartado C) del artículo 37 constitucionaly al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento parael Gobierno Interior del Congreso General de los Esta-dos Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, esta Comisión se permite someter a la con-sideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadanaAlejandra Fernández Lozoya para prestar servicios comosecretaria particular del embajador en la Embajada de Cô-te d’Ivoire en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadanaEdith Araceli Gómez González para prestar servicios comorecepcionista en la Embajada de Côte d’Ivoire en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Car-la Virginia Padilla Rosales para prestar servicios como se-cretaria de la contadora en la Embajada de Côte d’Ivoire enMéxico.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Octa-vio Becerra Cortés para prestar servicios como chofer en laEmbajada de Côte d’Ivoire en México.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano CésarAdalberto Domínguez para prestar servicios como choferen la Embajada de Côte d’Ivoire en México.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano AlfredoGonzález Castro para prestar servicios como jardinero enla Embajada de Serbia y Montenegro en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del hono-rable Congreso de la Unión.- México, DF, a 31 de marzode 2005.— Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica),Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica),David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz MassieuSalinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Maxi-mino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; JoséPorfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando ÁlvarezMonje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Be-dolla López, José Luis Briones Briceño (rúbrica), SocorroDíaz Palacios, Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Pa-tricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín,Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), Héctor Hum-berto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo LópezNúñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas, GuillermoMartínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo(rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José EduvigesNava Altamirano, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica),José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara RochaMedina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Sal-daña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, SergioVázquez García.»


Está a discusión el proyecto de decreto que concede per-miso a los ciudadanos Alejandra Fernández Lozoya, EdithAraceli Gómez González, Carla Virginia Padilla Rosales,Octavio Becerra Cortés, César Adalberto Domínguez y Al-fredo González Castro para prestar servicios en las Emba-jadas de Costa de Marfil, y de Serbia y Montenegro en Mé-xico, respectivamente.



El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Estádiscusión el dictamen en lo general. No habiendo quienhaga uso de la palabra y, para los efectos del artículo 134del Reglamento Interior del Congreso General, se pregun-ta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para dis-cutirlo en lo particular. En virtud de que no se ha reserva-do algún artículo para discutirlo en lo particular, se va aproceder a recoger la votación nominal de este proyecto dedecreto y los anteriores reservados, en un solo acto. Se rue-ga a la Secretaría que instruya la apertura del sistema elec-trónico de votación por tres minutos para proceder a la vo-tación de los proyectos de decreto.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Háganselos avisos a que se refiere el artículo 161 del ReglamentoInterior. Ábrase el sistema electrónico de votación por tresminutos para tomar la votación nominal de los proyectosde decreto.

(Votación.)

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: SeñorPresidente: se emitieron 349 votos a favor, 7 abstencionesy ninguno en contra.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Apro-bados, los proyectos de decreto, por 349 votos. Pasan alEjecutivo y al Senado para sus efectos constitucionales.

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El si-guiente punto del orden del día son dictámenes a discusióncon puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran pu-blicados en la Gaceta Parlamentaria, pregunte la Secretaríaa la Asamblea en votación económica si se les dispensa lalectura y sólo se lean los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por ins-trucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, envotación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura alos puntos de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativasírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sír-vanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputadoPresidente. Se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escu-do Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— PoderLegislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LIX Le-gislatura.

Dictamen de las Comisiones de Hacienda y Crédito Públi -co, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social,con punto de acuerdo sobre la disposición de los recursosdel Fondo de Reserva constituido con el IMSS y de los re-cursos propiedad de los trabajadores administrados por elInfonavit, para el traspaso a las Afore o pago a los trabaja-dores o a sus beneficiarios, de los recursos derivados delSAR 92-IMSS y de la subcuenta del Infonavit, acumuladosen las cuentas individuales entre mayo de 1992 y junio de1997

A las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Trabajo yPrevisión Social y Seguridad Social de la Cámara de Dipu-tados fue turnada la proposición con punto de acuerdo pa-ra exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto delFondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a queinformen sobre la disposición de los recursos del fondo dereserva constituido en el Instituto Mexicano del SeguroSocial y de los recursos, propiedad de los trabajadores, ad-ministrados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vi-vienda para los Trabajadores, para el traspaso a las Admi-nistradoras de Fondos para el Retiro o pago a lostrabajadores pensionados o a sus beneficiarios, de los re-cursos derivados del seguro de retiro (SAR-92) y de la sub-cuenta de vivienda, respectivamente, acumulados entremayo de 1992 y junio de 1997, presentada por el Dip. Mi-guel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido dela Revolución Democrática, en sesión de la Comisión Per-manente del H. Congreso de la Unión el 3 de marzo de2004.

Con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45,numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congre-so General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 87 y 88del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Ge-neral de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones deHacienda y Crédito Público, Trabajo y Previsión Social ySeguridad Social someten a consideración de este honora-ble Pleno el presente dictamen.

ANTECEDENTES

1. En sesión de la Comisión Permanente del H. Congresode la Unión, el Dip. Miguel Alonso Raya, integrante del

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Demo-crática en esta LIX Legislatura, presentó una proposicióncon punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Ha-cienda y Crédito Público y al Instituto Mexicano del Segu-ro Social, a que informen sobre la devolución de los fondosacumulados por los trabajadores entre mayo de 1992 y ju-nio de 1997 en las cuentas individuales correspondientes ala Subcuenta de Retiro (SAR-92) de los trabajadores afilia-dos al IMSS.

2. En dicha sesión la Mesa Directiva de la Comisión Per-manente dictó el siguiente trámite: “Túrnese a las Comi-siones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previ-sión Social y de Seguridad Social, de la Cámara deDiputados”.

Previo estudio y análisis de la proposición en comento, lascomisiones que dictaminan Hacienda y Crédito Público,Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social, procedierona la elaboración del siguiente dictamen.

Contenido de la proposición

1. La proposición con punto de acuerdo motivo del presen-te dictamen establece que el 24 de diciembre de 2002 sepublicó en el Diario Oficial de la Federación un Decretoque reformó y adicionó diversos artículos transitorios de laLey de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y otras dis-posiciones afines, para autorizar al Gobierno Federal a dis-poner de 20 mil millones de pesos, propiedad de los traba-jadores inscritos en el Instituto Mexicano del SeguroSocial, acumulados entre mayo de 1992 y junio de 1997 enlas cuentas individuales de los trabajadores correspondien-tes al Sistema de Ahorro para el Retiro creado en 1992 yque se mantenían depositados en la Cuenta Concentradoraa nombre del IMSS en el Banco de México, en tanto que sellevaban a cabo los procesos de identificación de los titula-res para su registro en las cuentas individuales abiertas enlas Administradoras de Fondos para el Retiro, AFORES.

2. Como resultado de este decreto, 11 mil millones de pe-sos pasaron a ser “aprovechamientos” para el Ejercicio Fis-cal 2002 como “aportación al patrimonio inicial de la Fi-nanciera Rural”; 8 mil millones se utilizaron como“aprovechamientos” para el Ejercicio Fiscal 2003 y el res-to (mil millones de pesos, 5 por ciento del total) se desti-narían a un fondo para atender las solicitudes – previaacreditación de documentos– de traspaso a AFORES opago para los trabajadores y/o sus beneficiarios.

3. Según establece el promovente, el decreto no reparó enel hecho de que se destinaron a un fin distinto las cuotas delseguro social y que privaron a una cantidad aún no especi-ficada de trabajadores del producto de su trabajo por el he-cho de que el nuevo sistema de pensiones había sido inca-paz de identificar claramente a sus legítimos poseedores.Ello manifiesta, en opinión del autor de la proposición losproblemas de supervisión, control, regulación y adminis-tración de los agentes públicos y privados que intervienenen el manejo de los fondos para el retiro de los trabajado-res.

4. El promovente señala también, que debe considerarse elhecho de que, el citado decreto, no afectó los recursos de lasubcuenta de vivienda acumulados por los trabajadores ensu cuenta individual, durante el periodo de mayo de 1992 ajunio de 1997, por lo que dichos recursos, de acuerdo conlo previsto en el artículo 5º, último párrafo, de la Ley delInstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra-bajadores, continúan siendo propiedad de los trabajadores.

5. Finalmente, señala que a más de un año de aplicación deeste decreto, sigue en la incertidumbre la devolución defondos del SAR 92 y de la subcuenta de vivienda –más losintereses que hayan generado– y la transferencia, junto conlas cuentas individuales correspondientes, a una AFORE.

Consideraciones

1. Las comisiones que dictaminan coinciden con la finali-dad de la proposición en comento y consideran indispensa-ble que la Cámara de Diputados, como órgano de repre-sentación popular, tenga información fidedigna de losresultados de los procedimientos técnico-administrativospara la correcta e inequívoca identificación de los trabaja-dores titulares de los recursos del SAR 92, incluyendo losrelativos a la subcuenta de vivienda, para que éstos sean re-gistrados en la cuenta individual de los trabajadores enAFORE, o bien, entregados en una sola exhibición a lostrabajadores pensionados, o a sus beneficiarios, cuando losoliciten –previa acreditación de documentos.

2. Sin introducir una valoración al Decreto publicado en elDiario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de2002 por medio del cual se reformaron y adicionaron di-versos artículos transitorios de la Ley de los Sistemas deAhorro para el Retiro y otras disposiciones afines, quienesdictaminamos nos parece indispensable se cuente con uninforme completo y veraz del uso que se le dio a los recur-sos que integraron el fondo de reserva constituido en el



IMSS, así como a los recursos de la subcuenta de vivienda,propiedad de los trabajadores, administrados por el INFO-NAVIT, a más de un año de su expedición; si ha habido re-clamaciones y si se han entregado en tiempo y forma losrecursos a quienes acreditaron ser sus legítimos dueños y/oa sus beneficiarios en términos de la legislación vigente.

3. Las comisiones que dictaminan coinciden con el sentidode la proposición en el sentido de que la transparencia y larendición de cuentas en el manejo de los recursos de lostrabajadores deben ser una prioridad para los agentes pú-blicos y privados que intervienen en el sistema de pensio-nes producto de la reforma a la Ley del Seguro Social de1995.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las comisionesunidas de Hacienda y Crédito Público, Trabajo y PrevisiónSocial y Seguridad Social, sometemos a consideración deesta honorable Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Cámara de Diputados hace un llamado a la Se-cretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexi-cano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional dela Vivienda para los Trabajadores, a fin de que informen alCongreso de la Unión, sobre la disposición de los recursosdel fondo de reserva constituido en el Instituto Mexicanodel Seguro Social y de los recursos propiedad de los traba-jadores, administrados por el Instituto del Fondo Nacionalde la Vivienda para los Trabajadores para el traspaso a lasAdministradoras de Fondos para el Retiro o pago a los tra-bajadores pensionados o a sus beneficiarios.

Asimismo, que las dependencias informen sobre los re-cursos derivados del seguro de retiro (SAR-92) y de la sub-cuenta de vivienda, respectivamente, acumulados entremayo de 1992 y junio de 1997, precisando a la fecha, el nú-mero de registros de las cuentas individuales que han sidoidentificados y a cuánto ascienden los recursos devueltos asus titulares pensionados y/o beneficiarios por concepto depago o por traspaso de saldos a la cuenta individual de lostrabajadores en las Administradoras de Fondos para el Re-tiro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de febrero 2005.—Por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Gustavo Madero Muñoz (rúbrica a favor), Presidente;Francisco Suárez Dávila (rúbrica a favor), secretario; JuanCarlos Pérez Góngora (rúbrica a favor), secretario; José

Felipe Puelles Espina (rúbrica a favor), secretario; DianaBernal Ladrón de Guevara (rúbrica a favor), secretaria;Cuahutémoc Ochoa Fernández (rúbrica a favor), secreta-rio; Óscar González Yáñez, secretario; Jesús Emilio Martí-nez Álvarez, secretario; José Alarcón Hernández (rúbrica afavor), José Arturo Alcántara Rojas (rúbrica a favor), Án-gel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza, En-rique Escalante Arceo (rúbrica a favor), José Luis FloresHernández (rúbrica a favor), Juan Francisco Molinar Hor-casitas (rúbrica a favor), Francisco Luis Monárrez Rincón(rúbrica a favor), Mario Moreno Arcos (rúbrica a favor),José Adolfo Murat Macías (rúbrica a favor), Jorge CarlosObregón Serrano, José Osuna Millán (rúbrica a favor),María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cár-denas, Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica a favor), Luis An-tonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez (rúbrica afavor), María Esther Scherman Leaño (rúbrica a favor),Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica a favor), FranciscoJavier Valdéz de Anda (rúbrica a favor), Jesús VizcarraCalderón, Emilio Zebadúa González (rúbrica a favor).

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Mayela Ma-ría de Lourdes Quiroga Tamez, secretaria; María Sara Ro-cha Medina (rúbrica), secretaria; María del Carmen Men-doza Flores (rúbrica), secretaria; Sergio Álvarez Mata(rúbrica), secretario; Agustín Rodríguez Fuentes, secreta-rio; Miguel Alonso Raya (rúbrica), José G. Aréchiga San-tamaría (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco J. Ca-rrillo Soberón, Marko Antonio Cortés Mendoza, TomásCruz Martínez (rúbrica), Álvaro Elías Loredo (rúbrica),Blanca Eppen Canales (rúbrica), Fernando Espino Aréva-lo (rúbrica), Pablo Franco Hernández, Marco AntonioGarcía Ayala (rúbrica), José García Ortiz, Francisco Gra-jales Palacios, Víctor Flores Morales, Salvador MárquezLozornio (rúbrica), Carlos Mireles Morales, ArmandoNeyra Chávez (rúbrica), Ángel Pasta Muñuzuri, Pablo Pa-vón Vinales (rúbrica), Juan Pérez Medina, Sergio ArturoPosadas Lara, José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Ri-cardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Margarita Zavala Gó-mez del Campo.

Por la Comisión de Seguridad Social, diputados: AgustínMiguel Alonso Raya (rúbrica), Rogelio Javier Vega y Gali-na (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica),Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Manuel Pérez Cár-denas, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), José Mario WongPérez, María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Marco Anto-nio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho, Da-vid Hernández Pérez (rúbrica), Armando Neyra Chávez,

Óscar Martín Ramos Salinas, Alfonso Rodríguez Ochoa(rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Martín Carrillo Guz-mán (rúbrica), Roberto Colín Gamboa (rúbrica), IsraelRaymundo Gallardo Sevilla (rúbrica), Gisela Juliana LaraSaldaña (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica),Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Tiscareño Ro-dríguez, Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), AgustínRodríguez Fuentes, Rafael García Tinajero Pérez (rúbri-ca), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), RocíoSánchez Pérez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica),Francisco Amadeo Espinosa Ramos.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: EstaPresidencia no tiene registrados oradores y considera el te-ma suficientemente discutido. Pregunte la Secretaría a laAsamblea si es de aprobarse.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En vo-tación económica, se pregunta al Pleno si es de aprobarseel punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados queestén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor ...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados queestén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputadoPresidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Apro-bado; comuníquese.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos dela Universidad Autónoma del Estado de México, invitadospor la diputada Blanca Estela Gómez Carmona. Asimismo,da la más cordial bienvenida a los alumnos destacados delmunicipio de Tangancícuaro, así como a la regidora LeticiaMuñoz Rodríguez, a la licenciada Beatriz González y aprofesores de las escuelas, invitados por Marco AntonioCortés Mendoza. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «EscudoNacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara deDiputados.— LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y RecursosNaturales, con punto de acuerdo para que se elabore unprograma de manejo integral en los basureros Nezahualcó-yotl, en coordinación con los gobiernos estatal y federal.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales lefue turnada para su análisis y dictamen, la proposición conPunto de Acuerdo para que se elabore un programa de ma-nejo integral en los basureros Neza I, II y III, en el Muni-cipio de Nezahualcóyotl, en coordinación con los Gobier-nos Estatal y Federal.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, nume-ral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Con-greso General de los Estados Unidos Mexicanos; así comode los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicablesdel Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Ge-neral de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión deMedio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara deDiputados es competente para dictaminar la proposición encomento por lo que se somete a la consideración de la ho-norable Asamblea el presente Dictamen, con base en los si-guientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 26 de enero de 2005, fue pre-sentada la proposición con Punto de Acuerdo, para que seelabore un programa de manejo integral en los basurerosNeza I, II y III, en el Municipio de Nezahualcóyotl, en co-ordinación con los Gobiernos Estatal y Federal, suscritapor el Diputado José Luis Naranjo y Quintana a nombre delGrupo Parlamentario del Partido de la Revolución Demo-crática, siendo turnada en esa fecha a la Comisión de Me-dio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomando como base la información disponible, así comola propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudiopara cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara deDiputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

• Que nuestro país enfrenta una serie importante de pro-blemas relacionados con la generación, el manejo y lacapacidad física de disposición de los Residuos SólidosMunicipales (RSM).

• Que actualmente, en todos los centros urbanos del pa-ís se producen cantidades de residuos sólidos superioresa las que pueden ser administradas adecuadamente.

• En el año de 1963 sugirieron en Nezahualcóyotl, Es-tado de México, los tiraderos Neza II y Neza III, para



depositar los residuos producidos por el municipio. Des-de ese año y en virtud de la ausencia de una política am-biental, en éste, el municipio mas poblado del Estado,los depósitos se han dado de manera inadecuada.

• Que en el tiradero Neza I se recolectan mil 500 tone-ladas diarias de basura y en el Neza II y III cerca de 300toneladas.

• Que el 30% de la basura que se recolecta en el muni-cipio es orgánica y 70% inorgánica lo que eleva la difi-cultad de su disposición.

• Que en este momento, los trabajadores de los tiraderosde basura de Neza están recuperando 11 por ciento de laproducción de desechos, cantidad importante que seríaaprovechada para su comercialización, así como para laelaboración de composta.

• Que de acuerdo al Comisionado del Medio Ambientede Nezahualcóyotl, Eduardo Cabello Ávila, tan sólo enel tiradero Neza I, administrado por el gobierno munici-pal, son depositados al día cerca de 2 mil toneladas dedesperdicios, entre las que destacan residuos biológicose industriales.

• Que el propio Cabello Ávila denunció que los des-echos tóxicos representan una grave amenaza para la sa-lud, pues llegan a esos vertederos sin un control ade-cuado y el problema deriva de la corrupción de quienesmanejan esos lugares.

• Que a partir del año 2005 y hasta el 2019 en Neza-hualcóyotl se tendrá una generación acumulada de 8 mi-llones 876 mil 116 toneladas de basura y cada habitantegenerará al día 1 kilo 124 gramos, de acuerdo a un estu-dio del Colegio de Ingenieros Geólogos de México.

• Que de acuerdo con la Secretaría de Ecología del Es-tado de México, ese lugar está a punto de concluír suvida útil y en repetidas ocasiones se ha tratado de ce-rrar definitivamente por la gran problemática que ge-nera.

• Que de acuerdo con un proyecto elaborado por el Ins-tituto Politécnico Nacional, desde 1998 hay contingen-cias ambientales en el valle de México por los altos ín-dices de partículas menores a 10 micras (PM 10) yNezahualcóyotl tuvo las más altas concentraciones.

• Que en los alrededores del los tiraderos se han presen-tado mas de 50 casos de hepatitis tipo “a” probable-mente como consecuencia de la contaminación de los ti -raderos.

• Que luego de que la Secretaría de Ecología del Estadode México acusara a los gobiernos municipales de pro-piciar la aparición de lugares donde se deposita basurasin control, y de que iniciara tres denuncias penales con-tra el ayuntamiento de Neza, el alcalde, Luis Sánchez Ji-ménez, solicitó apoyo a las autoridades federales y esta-tales para la construcción de una planta procesadorapara el manejo de más de mil 200 toneladas de basuraque a diario se generan en la localidad.

• Que de acuerdo a los artículos 9° fracción VII; 10 frac-ción VII y 11 de la Ley General para la Prevención yGestión Integral de los Residuos, publicada en el Diariooficial de la federación el 8 de Octubre de 2003, es com-petencia de los estados, Municipios y Gobierno del Dis-trito Federal, el manejo y disposición final de residuossólidos urbanos.

Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las fa-cultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás rela-tivos de la Ley Orgánica del Congreso General; y los artí-culos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para elGobierno Interior del Congreso General, somete a la con-sideración de los integrantes de esta honorable Asamblea elpresente dictamen con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEMEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PORCONDUCTO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEPROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN COORDINACIÓNCON LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE MEXICO YDEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, EN ELÁMBITO DE SU JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA,DEN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 14 DE LANORMA OFICIAL MEXICANA 083- SEMARNAT-2003, RELATIVA A ESPECIFICACIONES DE PROTEC-CIÓN AMBIENTAL PARA LA SELECCIÓN DEL SITIO,DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MONITO -REO, CLAUSURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEUN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓ-LIDOS MUNICIPALES.

SEGUNDO: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEMEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ALGOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y AL MUNI-CIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, PARA QUE CON-FORME A SUS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN LALEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LAPROTECCIÓN AL AMBIENTE, INTEGREN UN PRO-GRAMA DE REMEDIACIÓN DE LOS BASUREROSNEZA I, II Y III, Y ASÍ MISMO SE VERIFIQUE ELCONTROL Y PROCEDIMIENTO ADECUADO DEDISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS GENERA-DOS POR ESTE MUNICIPIO.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 dí-as del mes de marzo de dos mil cinco.— Diputados: Jac-queline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presiden-ta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto AquilesAguilar Hernández (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ra-mírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secre-tarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Le-onel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas(rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario ErnestoDávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica),María Guadalupe García Velasco, Guillermo TamborrelSuárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo, Óscar Rodrí-guez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica),Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto Anto-nio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica),Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rú-brica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto AlarcónTrujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila(rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Val-dés, María del Rosario Herrera Ascencio, Nancy CárdenasSánchez (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: EstaPresidencia no tiene registrados oradores; considera el te-ma suficientemente discutido. Pregunte la Secretaría a laAsamblea si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En vota-ción económica se pregunta si se aprueban los puntos deacuerdo.



El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Apro-bados; comuníquense. Continúe la Secretaría.

CANCER CERVICO-UTERINO Y MAMARIO

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cá-mara de Diputados.— LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuer-do para exhortar al Ejecutivo federal a revisar y mejorarlas políticas de prevención y atención del cáncer cérvico-uterino y mamario, a fin de reducir las tasas de mortali-dad, así como a hacer una investigación científica paracontar con estadísticas completas y confiables de morta-lidad en mujeres.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados del H.Congreso de la Unión, de la LIX Legislatura, le fue turna-da para su estudio y dictamen el Punto de Acuerdo por elque se solicita se exhorte al Ejecutivo Federal. Para que re-vise y mejore las políticas de prevención y atención delcáncer cérvico-uterino y mamario, a fin de reducir las tasasde mortalidad, así como de hacer una investigación cientí -fica para contar con estadísticas completas y confiables demortalidad en mujeres.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Esta-dos Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 delReglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene-ral de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Sa-lud somete a la consideración de esta Honorable Asamblea,el dictamen relativo al Punto de Acuerdo antes menciona-do, el cual se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

I.- En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da cons-tancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del re-cibo en turno para la elaboración del dictamen respectivo,así como de los trabajos previos de la Comisión dictami -nadora.

II.- En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DELA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuestaen estudio.



III.- En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, La Co-misión dictaminadora expresa los argumentos de valora-ción de la propuesta y de los motivos que sustentan el re-solutivo del dictamen.

I ANTECEDENTES

La Diputada Federal Marcela Lagarde y de los Ríos, delGrupo Parlamentario del Partido de la Revolución Demo-crática de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de laUnión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Re-glamento para el Gobierno Interior del Congreso Generalde los Estados Unidos Mexicanos, presentó el pasado 8 defebrero de 2004, proposición con punto de acuerdo, paraexhortar al Ejecutivo Federal para que revise y mejore laspolíticas de prevención y atención del cáncer cérvico-ute-rino y mamario, a fin de reducir las tasas de mortalidad, asícomo de hacer una investigación científica para contar conestadísticas completas y confiables de mortalidad en muje-res.

Con la misma fecha la Mesa Directiva, turno a la Comisiónde Salud, de esta LIX Legislatura, el documento arriba des-crito, para la elaboración del dictamen respectivo.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

Refiere la Diputada en su exposición de motivos que losavances de la medicina permiten que el cáncer cérvico-ute-rino y el mamario sean enfermedades cuya detección tem-prana evitaría un gran número de muertes. No obstante, enpleno siglo XXI siguen muriendo cada año casi un cuartode millón de mujeres en el mundo por cáncer cérvico-ute-rino, según cifras de la Organización Panamericana de laSalud (OPS).

Refiere que los datos de la OPS indican que casi 80 porciento de los 500 mil nuevos casos de cáncer cérvico-ute-rino que se diagnostican anualmente se presentan en Amé-rica Latina, África e India.

Igualmente señala en su exposición de motivos que para elcaso de México, los datos disponibles de la Secretaría deSalud muestra que en 2002 la tasa de muertes por cáncercérvico-uterino era de 11.6 por cada 100 mil habitantes anivel nacional. Cifra superada por estados como Campe-che, con la tasa más alta, de 18.9; Chiapas, 17.3; Colima,17.1; Yucatán, 16.9; Morelos, 16.4; y Oaxaca, con 16.2mujeres por cada 100 mil habitantes.

El cáncer de mama tiene cifras similares. La tasa nacionales de 10.3 muertes de mujeres por cada 100 mil habitantes;no obstante, ocurre lo mismo que el caso del cáncer cérvi-co-uterino, que en las zonas rurales se incrementa el pro-blema y suele haber subregistros de casos.

Así, los estados con mayores tasas de mortalidad por cán-cer de mama son Colima, Nuevo León, Distrito Federal,Coahuila y Chihuahua, con 17.0, 15.6, 14.1, 13.8 y 13.7,respectivamente, muertes de mujeres por cada 100 mil ha-bitantes.

Haciendo una revisión de las cifras históricas, nos damoscuenta de que el problema no disminuye y, por el contrario,se incrementa, ya que antes de 2001 el promedio de muer-tes por cáncer cérvico-uterino era de 4 mil al año, pero apartir de 2001 se incrementó a 4,590. Cada día mueren12.5 por esta causa.

Es conveniente mencionar que comparando lo que ocurreen otros países considerados con menor desarrollo que elnuestro, encontramos que las estadísticas de muertes demujeres por estas causas no corresponden a las tasas quetenemos en México, lo cual nos muestra la necesidad ur-gente de analizar de manera más profunda los servicios desalud que se están brindando a la población.

Refiere que Diputadas de la Comisión de Equidad y Gé-nero propusieron a esta honorable Cámara un sustancialincremento al Centro Nacional de Equidad y Género ySalud Reproductiva, aprobando una ampliación por 192.3millones de pesos que, sumados a los 231 millones delproyecto de Presupuesto, totalizaban 428.3 millones paradicho Centro, dentro del cual se encuentra el programaCáncer de la Mujer.

Refiere que los ajustes realizados por el Ejecutivo Federalal Presupuesto aprobado por los Diputados disminuyen en35 por ciento dichas ampliaciones, de tal forma que el pre-supuesto para el Centro Nacional de Equidad y Género ySalud Reproductiva queda sólo con 271 millones de pesos.

III. CONSIDERACIONES.

Avocada la Comisión al estudio de la misma, para su aten-ción y respuesta, se desprende que, de la investigación re-alizada y en análisis a la legalidad para conocer y resolverdel asunto planteado, resulta conveniente analizar lo que acontinuación se señala;

A. Estadísticamente el cáncer de mama ocupa el segun-do lugar como causa de muerte en las mujeres mexica-nas por arriba de 25 años y en los recientes 10 años seha duplicado el número de defunciones por esta enfer-medad, lo cual genera una importante afectación en di-ferentes indicadores de salud, entre los que destaca losaños de vida útil y los de vida sana perdidos, situaciónverdaderamente preocupante, en particular si reconoce-mos la creciente tendencia de padecimiento. Financiera-mente, esta enfermedad genera la erogación de grandespresupuestos para su atención, la cual es casi siempre te-rapéutica o paliativa. Además, desde el unto de vista so-cial, impacta a nivel laboral, familiar y personal. .

B. La mortalidad por cáncer de mama comienza a mos-trar una tendencia estable e incluso esperanzador des-censo en al menos la mitad de los estados del país en losúltimos cinco años, por lo general este cáncer se diag-nóstica de manera accidental mediante la detección deuna masa indolora en la región mamaria. Por esta razónes importante que las mujeres cuenten con informaciónsobre las opciones de diagnóstico y sobre los factoresque se han asociado a la probabilidad de sufrir cáncer demama.

C. La probabilidad de que una mujer desarrolle esta en-fermedad está asociada directamente con antecedentesfamiliares de cáncer, la edad –66% de todos los casos sepresentan en mujeres postmenopáusicas- y con algunosfactores hormonales, entre los cuales pueden mencio-narse la ausencia de embarazos durante la vida, la me-narquía temprana y la menopausia tardía; a pesar de al-gunas preocupaciones generalizadas el uso deanticonceptivos orales e incluso la utilización de otrossuplementos hormonales no parece incrementar el ries-go de sufrir cáncer mamario.

D. Esta enfermedad ha llegado a considerarse como unaenfermedad propia de sociedades desarrolladas; sin em-bargo, los datos muestran que no hay una correlación al-ta entre las tasas de mortalidad por esta causa y el nivelde marginación estatal. Aunque la tasa más alta se ob-serva en el distrito Federal , también se observan cifraselevadas en estados de marginación media y alta; conrelación a los cambios en la tendencia, las mayores re-ducciones en los últimos seis años se observan en sanLuis Potosí, Colima y Tabasco. En sentido opuesto, seobserva un incremento preocupante en Baja CaliforniaSur y Nayarit, que puede observarse, entre otras causas,a una mejora en los sistemas de registro.

E. Referente al cáncer cérvico-uterino se mantiene co-mo la forma de cáncer que más muertes produce en lasmujeres mexicanas. Actualmente está plenamente de-mostrado el papel que juega la infección por el virus delpapiloma humano en el desarrollo de esta enfermedad,pero también se ha documentado que tanto la infeccióncon el virus como la probabilidad de morir por esta pa-tología son mucho mayores en los grupos sociales mar-ginados.

F. Estudios realizados en nuestro país han documentadoque las mujeres que viven en zonas rurales presentan unriesgo de morir por esta enfermedad tres veces mayorque el de las mujeres de áreas urbanas. A nivel estatal,las entidades de más alta marginación presentan unaprobabilidad de morir por cáncer cérvico - uterino 100%mayor que la de los estados menos marginados. A pesarde que la población de mujeres de más de 25 años en losestados de muy alta marginación sólo representa 18% dela población nacional, en esos estados se concentranmás de 25% de todas las muertes por este cáncer; el cán-cer cérvico-uterino debe combatirse con estrategias quemejores la aceptabilidad cultural de tamizaje e incre-menten el acceso de servicios curativos entre las pobla-ciones más marginadas.

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad a lo esta-blecido en los artículos 45 numeral 6, incisos e) y f) de laLey Orgánica del Congreso General de los Estados UnidosMexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Inte-rior de los Estados Unido Mexicanos, y derivado del análi-sis y estudio hecho a la proposición con punto de acuerdopor el Diputado proponente, los integrantes de la Comisiónde Salud de la H. Cámara de Diputados, emiten el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal a revisar y mejo-rar las políticas de prevención y atención del cáncer cérvi-co-uterino y mamario, a fin de reducir las tasas de mortali-dad por estas causas.

Segundo. Se Solicita al Ejecutivo Federal, a que presenteante esta H. Cámara de Diputados, las acciones que hastael momento realiza la Secretaria de Salud, en materia de in-vestigación, atención y prevención del cáncer de mama yCáncer cervico-uterino.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), Jo-sé Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera



(rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael GarcíaTinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica),María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Ju-liana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín,Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo(rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), JesúsAguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala, Jaime Fer-nández Saracho, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), JoséGarcía Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzue-la Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica),Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Ivonne Aracelly OrtegaPacheco (rúbrica), José Porfirio Alarcón Hernández, Ma-ría Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio BoltvinikKalinka, Javier Manzano Salazar, Irma Sinforina Figue-roa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana, Ra-úl Piña Horta (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna(rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: EstaPresidencia no tiene registrados oradores; luego entonces,considera el tema suficientemente discutido. Pregunte laSecretaría a la Asamblea si es de aprobarse.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Envotación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprue-ban los puntos de acuerdo.


Los que estén por la negativa.... La mayoría por la afirma-tiva, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Apro-bado, y comuníquese. Continúe la Secretaría.

ENFERMEDADES ALERGICAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escu-do Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámarade Diputados.— LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdopara exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaríade Salud, a incluir los padecimientos de origen alérgico, es-pecialmente asma, como problema grave de salud en latransición epidemiológica, considerado así por la Organi-zación Mundial de la Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados delH. Congreso de la Unión, de la LIX Legislatura, le fueturnada para su estudio y dictamen Punto de Acuerdo porel que se solicita se Con punto de acuerdo, para exhortaral Ejecutivo federal a que la Secretaría de Salud incluyalos padecimientos de origen alérgico, especialmente as-ma, como problema grave de salud en la transición epi-demiológica, considerado así por la Organización Mun-dial de la Salud, a cargo de la diputada María CristinaDíaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revo-lucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Esta-dos Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 delReglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene-ral de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Sa-lud somete a la consideración de esta Honorable Asamblea,el dictamen relativo al Punto de Acuerdo antes menciona-do, el cual se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constan-cia del trámite de inicio del proceso legislativo, del reciboen turno para la elaboración del dictamen respectivo, asícomo de los trabajos previos de la Comisión dictamina-dora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO” sesintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, LA Co-misión dictaminadora expresa los argumentos de valora-ción de la propuesta y de los motivos que sustentan el re-solutivo del dictamen.

I. ANTECEDENTES.

La Diputada Federal Maria Cristina Diaz Salazar del Gru-po Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,presento el día 28 de septiembre de 2004, Proposición conpunto de Acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a quela Secretaría de Salud incluya los padecimientos de origenalérgico, especialmente asma, como problema grave de sa-lud en la transición epidemiológica, considerado así por laOrganización Mundial de la Salud.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.

En la exposición de motivos que presentó la Diputada Cris-tina Díaz Salazar, refiere que las enfermedades alérgicasprincipalmente el Asma Bronquial y la Rinitis alérgica, sonun problema de Salud, que se han incrementado de mane-ra importante en nuestro país, siendo una de las principalescausas del uso de los servicios de salud en urgencias y con-sulta externa

Refiere en el contenido de su Proposición, que el InstitutoNacional de Enfermedades Respiratorias, reportó un incre-mento de los casos de Asma Bronquial en los últimos 3años..

Refiere la Diputada Díaz Salazar, que en estudios de pre-valencia en población en general, se ha encontrado que lasenfermedades alérgicas ocupan un alto porcentaje princi-palmente en niños de 6 a 7 años de edad, siendo de origenmultifactorial.

Igualmente hace mención, que los médicos de primer con-tacto deben diagnosticar e iniciar el tratamiento de acuerdoa las iniciativas de la Organización Mundial de la salud:Iniciativa Global para el tratamiento del asma, así comoRinitis alérgica.

Refiere la Diputada que el control de esta enfermedad de-be ser integra; control del Medio Ambiente, Tratamientomédico, inmuno terapia y dieta de eliminación, refiere.


Avocada la Comisión al estudio de la misma, para su aten-ción y respuesta, se desprende que, de la investigación re-alizada y en análisis a la legalidad para conocer y resolverdel asunto planteado, resulta conveniente analizar lo que acontinuación se señala;

A. El asma bronquial es una enfermedad pulmonar obs-tructiva, caracterizada por un aumento de la capacidadde respuesta de las vías aéreas frente a diversos estímu-los.

B. Etiología. El asma bronquial pude ser secundaria agran variedad de estímulos. aunque se desconocen susmecanismos etiopatogénicos, se ha sugerido la existen-cia de trastornos, hereditarios o adquiridos, del controladrenérgico y colinérgico del diámetro de las vías aére-as. Las personas con este tipo de trastornos presentan

bronquios hiperreactivos y, aún en ausencia de sínto-mas, a veces bronco-constricción, cuando se someten adiversos tipos de estrés, como infección respiratoria ví-rica, ejercicio físico, trastornos emocionales, factoresinespecíficos (por ejemplo cambios de la presión at-mosférica o de la temperatura), inhalación de de airefrío o de irritantes (por ejemplo, humos de gasolina, pin-tura fresca, algunos polvos o polen y olores nocivos oincluso el humo del cigarrillo), exposición a alergenosespecíficos como algunos fármacos, pueden desencade-nar una crisis asmática, inclusive un choque anafiláctico.

C. Se denomina “asma extrínseca” cuando el procesoes desencadenado por alergenos, sobre todo pólenes ymohos de origen aéreo, polvo de la casa o pelusa deanimales y los síntomas están mediados por la IgE. Re-presentan aproximadamente del 10 al 20% de todos loscasos de asma de los adultos. En el 30 al 50% de los ca-sos, en cambio, al parecer los episodios asmáticos sin-tomáticos están desencadenados por factores no alérgi-cos (por ejemplo, infecciosos, irritantes ), en cuyo casose denomina asma no alérgica o “asma intrínseca”. Enmuchas personas, interviene tanto factores alérgicos co-mo no alérgicos.

D. Fisiopatología y Anatomía Patológica. Las crisisasmáticas se caracterizan por una disminución del diá-metro de las vías aéreas de calibre grande y pequeño,debida a espasmo del músculo liso bronquial, edema einflamación de la mucosa bronquial y producción de unmoco espeso. Recientemente se ha considerado el papelde la inflamación en la perpetuación de las respuestasanómalas de las vías aéreas (reacción de fase tardía). Laobstrucción de las vías aéreas provoca hipoventilaciónen algunas regiones pulmonares; el flujo de sangre a és-tas determina un trastorno del VA/Q que causa hipoxe-mia. En las crisis asmáticas graves la hipoxemia arteriales suficientemente acusada para requerir tratamientomédico. En las primeras fases de las crisis asmáticasaparece hiperventilación. A medida que la crisis evolu-ciona, la debilidad muscular y la bron-co-constricción de un mayor número de vías aéreas al-tera cada vez más la capacidad de compensación del en-fermo mediante la hiperventilación de regiones pulmo-nares no obstruidas. La hipoxemia arterial se agudiza yla PaCO2 comienza a aumentar, lo que provoca acidosisrespiratoria. En esta fase, se dice que el enfermo se en-cuentra en insuficiencia respiratoria (estadio IV de lacrisis asmática aguda).



E. Síntomas y Signos. Los síntomas de los enfermosasmáticos varían enormemente tanto en grado como enfrecuencia. Así, mientras algunos presentan un episodioocasional leve y de corta duración, otros se encuentrancompletamente asintomático. Algunos pacientes mues-tran casi siempre una tos discreta y sibilancias, experi-mentando acusadas exacerbaciones clínicas de la sinto-matología tras la exposición a alergenos conocidos odespués de padecer infecciones víricas, realizar ejerci-cio físico o someterse a situaciones y agentes irritantesinespecíficos.

F. En los niños, sobre todo, se aprecia a veces como sig-no premonitorio de una crisis asmática inminente unasensación pruriginoso en la región anterior del cuello ode la parte superior del tórax; en ocasiones, el único sín-toma de presentación del asma es una tos seca que apa-rece sobre todo por las noches y tras realizar un ejerci-cio físico, en particular en los niños. No obstante, losataques de asma suelen comenzar de forma aguda, concrisis paroxísticas de sibilancias, tos y respiraciones cor-tas, o bien de un modo más insidioso con síntomas ysignos de dificultad respiratoria, que aumentan en inten-sidad progresivamente. Aun cualquier caso, suele ser elenfermo quien primero experimenta la aparición de dis-nea, con tos y sensación opresiva o de tirantez en el tó-rax, a veces incluso con sibilidancias audibles. El episo-dio puede remitir rápidamente o bien persistir durantevarias horas o incluso días. Aún en los enfermos asinto-mático, las pruebas funcionales respiratorias muestran aveces signos anómalos incluso varias semanas despuésde la crisis asmática.

G. Durante una crisis asmática aguda la tos tiene un to-no “sordo” y generalmente no se acompaña de expecto-ración de moco. A excepción de los niños pequeños, querara vez expectoran espontáneamente, a medida que lacrisis remite el enfermo expulsa un esputo mucoide yviscoso.

H. El Asma ocupacional es producido por la inhalaciónde humos industriales, polvos y emanaciones que se en-cuentran en el lugar de trabajo. Se han descrito cuatropatrones de respuesta en el asma ocupacional: Inmedia-ta exclusiva, tardía exclusiva, dual, y nocturna recurren-te durante varios días. Estos pacientes, aunque variandosegún el tipo de respuesta que muestren, suelen mejorarfuera de su lugar de trabajo, durante las vacaciones, fi-nes de semana y períodos de baja. Las revisiones re-cientes describen varios posibles mecanismos patogéni-

cos para el asma ocupacional, variando desde la simplereacción irritativa en pacientes con hiperreactividadbronquial (por ejemplo, SO2 ó NO2) a las reaccionesantígeno-anticuerpo mediadas o no por IgE (por ejem-plo, epitelios de animales, semillas y algunos compues-tos de bajo peso molecular como isocianatos o resinas ).

I. Clasificación en cuanto a la evolución clínica. As-ma intermitente o episódico si la enfermedad cursa concrisis de disnea con intervalos asintomático. Asma cró-nico o persistente si los síntomas son más o menos per-manentes y sostenidos con exacerbaciones periódicas.En cuanto a la severidad del proceso en cada paciente enparticular, asma leve es el que no interfiere con las acti-vidades cotidianas y es de sencillo control farmacológi-co. Asma moderado es aquel que, en ocasiones, inter-fiere con las actividades normales, y a veces, requiereterapias más agresivas para su control. Asma grave (se-vero) es el que interfiere seriamente con las actividadescotidianas, implica un control exhaustivo y politerapia,o cursa con episodios que ponen en peligro la vida (sta-tus asmático).

Por lo anteriormente expuesto, los CC. Diputados inte-grantes de la Comisión de Salud, con las atribuciones queles confiere el artículo 73 fracción XVI, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, así como los ar-tículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica delCongreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y88 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, somete a laconsideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta al Gobierno Federal para que a tra-vés de la Secretaría de Salud, se le considere a los pade-cimientos de origen alérgico e inmunológico especial-mente ASMA, como un problema grave a considerar porsu incidencia dentro de la transición epidemiológica de sa-lud en nuestro país y se implementen acciones de preven-ción, estrategias de educación, diagnóstico oportuno, aten-ción y manejo por médicos especialistas.

Segundo. De conformidad con los dispuesto por la Frac-ción XIV del Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Admi-nistración Pública Federal, el Ejecutivo Federal por con-ducto de la Secretaría de Gobernación, deberá comunicar aésta Cámara de Diputados las acciones que realice la Se-cretaría de Salud en el desahogo de este asunto.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), JoséJavier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rú-brica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Ti -najero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica),María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Ju-liana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín,Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo(rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), JesúsAguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala, Jaime Fer-nández Saracho, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), JoséGarcía Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzue-la Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica),Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Ivonne Aracelly OrtegaPacheco (rúbrica), José Porfirio Alarcón Hernández, Ma-ría Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Ja-vier Manzano Salazar, Irma Sinforina Figueroa Romero(rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana, Raúl Piña Horta(rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: EstaPresidencia no tiene registrados oradores; luego entonces,considera el tema suficientemente discutido. Pregunte laSecretaría a la Asamblea si es de aprobarse.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por ins-trucciones de la Presidencia, en votación económica se pre-gunta a la Asamblea si son de aprobarse los puntos deacuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados queestén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados queestén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputadoPresidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Apro-bados, los puntos de acuerdo; comuníquense. Continúela Secretaría.

EDUCACION BASICA Y MEDIA SUPERIOR

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «EscudoNacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara deDiputados.— LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y ServiciosEducativos, con puntos de acuerdo por los que se solicitainstruir a dicha Comisión para que formule propuestas le-gislativas como resolución final del procedimiento parla-

mentario de seguimiento a las leyes federales y al Presu-puesto federal transferido a los estados, en materia de edu-cación básica y media superior

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educati-vos, de la H. Cámara de Diputados, fue turnado para su es-tudio, análisis y dictamen, el Punto de Acuerdo con rela-ción al Acuerdo que remite la Diputada Myriam deLourdes Arabian Couttolenc, del Grupo Parlamentario dePartido Acción Nacional, por el que solicita se instruya a laComisión de Educación Pública y Servicios Educativos, aformular propuestas legislativas como resolución final delprocedimiento parlamentario de seguimiento a las leyes fe-derales y al presupuesto federal transferido a los estados,en materia de educación básica y media superior.

Con fundamento en el artículos 72, inciso d) de la Constitu-ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artícu-los 39, párrafo I; 45; párrafo 6, inciso f, de la Ley Orgánicadel Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asícomo en los numerales 87, 88, 89, 136 y 137 del Reglamen-to para el Gobierno Interior del Congreso General de los Es-tados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión deEducación Pública y Servicios Educativos, de la LIX Legis-latura, sometemos a la consideración de este honorable ple-no, el presente Dictamen, de acuerdo a la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión, encargada del análisis y dictamen del Puntode Acuerdo mencionado anteriormente, desarrolla este dic-tamen, conforme a la metodología que a continuación sedescribe:

I. En el capítulo ANTECEDENTES se da constanciadel trámite de inicio del proceso legislativo, del recibode turno para el dictamen del referido punto de acuerdoy de los trabajadores previos de la Comisión.

II. En el capítulo correspondiente a CONTENIDODEL PUNTO DE ACUERDO, se exponen los motivosy alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se haceuna breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de CONSIDERACIONES, La Co-misión dictaminadora expresa los argumentos de valo-ración de la propuesta y los motivos que sustentan elresolutivo del dictamen al punto de acuerdo en análisis.



IV. En el capítulo de RESOLUTIVOS, La Comisión dic-taminadora expresará según sea el sentido del dictamen.

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada con fecha 29 de abril de 2004 por la H.Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se diocuenta del Oficio No. D.G.P.L. 59-II-4-627, con el que seremite Acuerdo por el que se solicita instruir a la Comisiónde Educación Pública y Servicios Educativos a formularpropuestas legislativas como resolución final del procedi-miento parlamentario de seguimiento a las leyes federalesy al presupuesto federal transferido a los estados, en mate-ria de educación básica y media superior.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara deDiputados, turnó el Punto de Acuerdo en comento, para suestudio y posterior dictamen, a esta Comisión de Educa-ción Pública y Servicios Educativos.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO:

1. A partir del mes de septiembre de 2003 padres y madresde familia (alrededor de 150 firmas, 8 de ellas como de-nunciantes y las demás como testigos) del 12° distrito elec-toral en Puebla se han acercado a las oficinas de la suscri-ta diputada federal para denunciar, bajo protesta de decirverdad, diversos hechos en materia de educación. Falta deinfraestructura, falta de transparencia de recursos y falta derevisión y evaluación de las obligaciones educativas, sonen general las denuncias que suscriben ciudadanas y ciuda-danos. Dos de las peticionarias solicitaron que no se utili -zaran sus nombres, recayendo acuerdo de reserva de infor-mación a partir de estas solicitudes.

2. En ejercicio de la facultad constitucional de iniciar leyesse han solicitado informes oficiales desde el 23 de sep-tiembre de 2003 a la Secretaría de Educación Pública fede-ral a través de oficinas centrales y de oficinas en Puebla. Elrequerimiento de información oficial busca contar con ele-mentos suficientes para presentar iniciativas de ley queatiendan las necesidades de la ciudadanía. Algunas de lasdisposiciones legales sobre las que se solicita informa-ción oficial se refieren en el apartado de consideracionesde esta proposición. La SEP federal sólo ha comunicadopor vías no oficiales el inicio de trámites para atender laspeticiones ciudadanas.

3. Con fecha 23 de marzo el Diputado Federal Iván GarcíaSolís, del Grupo Parlamentario del PRD, propuso al Pleno

un punto de acuerdo para solicitar información a la Secre-taría de Educación Pública respecto de los cambios que es-tán operando en la educación preescolar como consecuen-cia de la reforma constitucional de mayo de 2002, que haceobligatorio ese nivel educativo.

4. El lunes 5 de abril de 2004 la Diputada Federal María delCarmen Mendoza Flores, del Grupo Parlamentario delPAN, formuló proposición con punto de acuerdo para soli-citar a las autoridades educativas federales y a las localesque verifiquen que las instituciones del nivel de preescolarcumplan lo establecido en la ley general de educación.

III. CONSIDERACIONES

Abocada la Comisión al estudio del punto de acuerdo re-mitido por la Diputada Myriam de Lourdes Arabian Cout-tolenc para su atención y respuesta, se desprende que de lainvestigación realizada con las facultades para conocer yresolver el asunto planteado, resulta conveniente analizarlo que a continuación se señala:

A. la Comisión de Educación Pública y Servicios Educati-vos se muestra sensible ante las denuncias ciudadanas for-muladas ante la Diputada proponente, sobre la falta de in-fraestructura, falta de transferencia de recursos y falta derevisión y evaluación de las obligaciones educativas (alre-dedor de 150 firmas, 8 de ellas de denunciantes y las demáscomo testigos).

Las y los integrantes de esta comisión, conocedores de losfenómenos sociales en el sistema de Educación Pública enMéxico, reconocemos aquellas demandas de madres y pa-dres de familia, de educandos y del comprometido magis-terio sobre el estado que guardan la infraestructura y lasdisposiciones legales en materia de educación.

B. Esta Comisión dictaminadora tiene en cuenta que enproceso conocido como “descentralización” de los servi-cios educativos federales a las entidades federativas, se hanconservado facultades de la Federación, tanto en las leyesfederales, como en los distintos convenios; facultades cuyocumplimiento es motivo de requerimientos de informaciónpor varios diputados.

C. Cabe señalar que entre las facultades de la Federaciónque se han conservado, resalta la que dispone el artículo 25de la Ley General de Educación, de verificar el presupues-to federal transferido a las entidades federativas.

D. Se aprecia la necesidad de que esta Comisión formulepropuestas legislativas que atiendan las demandas ciudada-nas; para lo cual resulta indispensable que conozca con to-da claridad, profundidad y formalidad, hasta dónde puedeencargarse el Ejecutivo Federal y debe legislar el Congre-so, entre otras materias:

• Evaluación del servicio público de educación

• Verificación del el ejercicio de recursos federalestransferidos a los estados

• Atención especial de zonas rurales y urbanas margina-das

• Planes y programas de estudio

• Prestación directa del servicio público de educación.

E. Esta Comisión dictaminadora advierte la necesidad deque esta Cámara legisle sobre las atribuciones en materiade verificar el ejercicio del presupuesto federal transferidoa las entidades federativas.

Cada padre o madre de familia, cada estudiante, tiene de-recho a la educación laica y gratuita de calidad; tiene dere-cho a que el Congreso Federal, mediante leyes, se aseguredel cumplimiento de facultades federales en la prestaciónde este servicio.

F. Es necesario que el Poder Legislativo revise cómo me-jora tanto el ingreso y las condiciones de trabajo como laprofesionalización de los maestros y el otorgamiento de fa-cultades a las escuelas para atender mejor a la demanda.

G. Esta comisión esta conciente de que no sólo es nece-sario que exista voluntad para analizar las cosas antes derechazarlas, sino que es indispensable analizar primerolas cosas antes de exigir su aprobación. El Poder Legisla-tivo Federal cuenta con un a responsabilidad de grandesdimensiones; atender las necesidades de la gente, evaluarla implementación de las leyes y definir el rumbo de laNación.

H. Las facultades de control evaluatorio que la Constitucióny las leyes otorgan al Poder Legislativo Federal, tienen unafinalidad que no debe soslayarse: legislar. No se trata deconfrontar por la simple finalidad de confrontar, sino decuestionar, de ir a fondo, de indagar, dar seguimiento, peropor un interés superior: legislar.

I. De los artículos 73, 74 y 76 de la Carta Magna, relativosa las facultades del Congreso de la Unión y de las exclusi-vas del senado y de la Cámara, se infieren implícitamenteobligaciones de informar a estos cuerpos legislativos res-pecto de cuestiones relacionadas con esas atribuciones quesólo podrían cumplirse debidamente mediante los informesrequeridos por sus comisiones, subcomisiones y demás ór-ganos o autoridades; siempre que la información oficial seanecesaria para legislar o ejercer alguna facultad constitu-cional.

J. Para que el Poder Legislativo conozca con toda claridad,profundidad y formalidad, y hasta dónde puede encargarseel Ejecutivo Federal y deba legislar; para que cuestione,vaya a fondo, indague y dé seguimiento, atienda las nece-sidades de la gente, evalúe la implementación de las leyes,ejerza su responsabilidad constitucional; es indispensableque siga un procedimiento formal, público, plural y con to-tal compromiso en el que esté dotado de los mecanismos ne-cesarios para despejar las verdaderas necesidades del país.

K. Esta comisión dictaminadora estima necesario que elPleno de la Cámara de Diputados debe dotar, mediante elejercicio de la facultad que consagra el artículo 77 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ydemás disposiciones aplicables, los mecanismos necesariospara ejercer a cabalidad las facultades constitucionales delPoder Legislativo, dentro de un procedimiento parlamenta-rio basado en un cronograma de sesiones de audiencia ycomparecencia; es necesario que se entreviste en sesionespúblicas y previa invitación a especialistas y peritos, ciu-dadanos y ciudadanas, grupos de interés, organizaciones yautoridades estatales, así como previo citatorio a compare-cer a las autoridades federales.

L. Estas sesiones deberán desahogarse previa declaraciónescrita de los invitados o previo informe escrito de loscomparecientes, por los que se responda a las preguntas so-bre las que verse la sesión. Invitados y comparecientes de-berán declarar bajo protesta de decir verdad.

Aunado a lo anterior, esta comisión estima que para alcan-zar el importante propósito de este dictamen, los cuestio-namientos que se formulen por escrito y en sesiones, den-tro del procedimiento parlamentario, en todo momentodeberán enfocarse a la búsqueda de la verdad y de la pro-puestas legislativas necesarias.

De conformidad con las atribuciones legales conferidas enla Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,



relativo a los dictámenes de los puntos de acuerdo presen-tados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Edu-cativos, se encargo de preparar el presente dictamen, to-mando en consideración las aportaciones de los diputados,de los diversos grupos parlamentarios, al tenor de las si-guientes:

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Co-misión de Educación Pública y Servicios Educativos de laLIX Legislatura, con atribuciones que le otorga el artículo73 fracción XVI, de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, in-ciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los EstadosUnidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Go-bierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexi-canos, ponemos a consideración el siguiente:

IV.-RESOLUTIVO

Primero.-La responsabilidad educativa es corresponsabili-dad de la autoridad estatal y federal y no de una sola ins-tancia de gobierno, por ello la Comisión de Educación Pú-blica y Servicios Educativos asume el compromiso debuscar y proponer las formas para dar efectivo seguimien-to del uso de recursos federales en materia educativa que setransfieren a estados y municipios. No obstante, cuidandosiempre no violentar la autonomía de éstos.

Segundo.-Se aprueba en dar audiencias e invitar a especia-listas y ciudadanía en general para que presenten, sus soli -citudes o declaraciones sobre temas que versen sobre el usoy destino de los recursos federales relacionados con la edu-cación, de acuerdo al primer punto.

Tercero.- Se considerarán como documentos públicos, losque obren en el expediente del procedimiento parlamenta-rio, incluyendo en todo caso los acuerdos, resoluciones, ac-tas, minutas versiones estenográficas de audiencias y com-parecencias, invitaciones, citatorios, declaraciones previas,informes oficiales y demás actuaciones, debiendo foliarsey rubricarse por las y los diputados miembros de la subco-misión responsable de estas tareas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de ene-ro de 2005.— Diputados: Salvador Pablo Martínez DellaRocca (rúbrica), Presidente; Juan Pérez Medina (rúbrica),Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica), Consuelo Cama-rena Gómez (rúbrica), Humberto Filizola Haces (rúbrica),José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), FranciscoAmadeo Espinosa Ramos (rúbrica), secretarios; María Vio-

la Corella Manzanilla, Norberto Corella Torres (rúbrica),Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Tatiana ClouthierCarrillo (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbri-ca), José López Medina, Israel Gallardo Sevilla (rúbrica),Iván García Solís, María Guadalupe García Velasco, Blan-ca Esthela Gómez Carmona, José Ángel Ibáñez Montes(rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), AlejandraMéndez Salorio, Gerardo Montenegro Ibarra, Inti MuñozSantini (rúbrica), Óscar Pimentel González (rúbrica), Ós-car Martín Ramos Salinas (rúbrica), Sonia Rincón Chano-na (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes, Alfonso Rodrí-guez Ochoa (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez, Paulo JoséLuis Tapia Palacios, Lorena Torres Ramos.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: EstaPresidencia tiene registrada como oradora en pro a la dipu-tada Myriam Arabian Couttolenc, quien tiene el uso de lapalabra por tres minutos, tres minutos.

Y se da la más cordial bienvenida a 15 estudiantes de losPaíses Bajos, que vinieron a esta Cámara a sostener unareunión con el Grupo de Amistad de la Cámara con los pro-pios Países Bajos. Sean ustedes bienvenidos.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ade-lante, diputada Arabian Couttolenc.

La diputada Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc:Con su permiso, diputado Presidente. Se meten pandillerosy hacen destrozos; los salones tienen sólo paredes.

Esta es la denuncia de Jazmín Guzmán Murguía, alumna dela secundaria Octavio Paz, escuela que carece de bardas,que cuenta con algunos techos de cartón y lámina, que ladirección se encuentra en dos metros cuadrados y debajode una escalera. La escuela federal número 14, OctavioPaz, transferida al gobierno del estado de Puebla, se en-cuentra en la cuarta ciudad más importante del país. Mepregunto: ¿qué sentido tiene nuestra labor si no nos asegu-ramos de que el Presupuesto federal y las leyes que regu-lan el servicio educativo lleguen a esta escuela y a muchasmás que hoy administran los gobiernos estatales en el paísentero?

Según cifras expuestas en la Comisión de Educación, lospadres y las madres de familia de escuelas públicas, ade-más de los presupuestos federales, estatales y municipales,aportan entre 10 mil y 12 mil millones de pesos anualmen-te; pagan inscripciones, cuotas, libros y uniformes, entreotros. Esto, sin contar el trabajo en faenas. A pesar de la

prohibición expresa que contempla la Ley General de Edu-cación, muchos de estos pagos son en calidad de contra-prestación; es decir, a cambio de la educación de sus hijos.¿Qué sentido tiene hablar de “participación” si los padres ylas madres de familia aportan estas cuotas sin saber el mon-to de los recursos públicos que llegan a las escuelas de sushijos? Sabemos que se ven obligados a pagar. Mejor inda-guemos, preguntemos, debatamos, resolvamos el proble-ma, legislemos. ¿Qué sentido tiene que la Ley General deEducación ordene que las autoridades educativas atiendande manera especial las escuelas que se encuentran en zonasurbanas marginas si no contamos con información oficialque clasifique objetiva e imparcialmente estas zonas mar-ginadas? Conforme a la descentralización, el manejo de losrecursos, la administración del servicio público, la ejecu-ción de obras son facultades y obligaciones de los estadosy los municipios. Sin embargo, transferir recursos, verifi-car su ejercicio, evaluar el servicio, definir planes y pro-gramas de estudios, atención especial a zonas urbanas, sonfacultades y responsabilidades que conserva la Federación.Es necesario que, mediante el procedimiento parlamentarioque hoy se somete a discusión, preguntemos para que conello las reformas que se aprueben garanticen una educacióngratuita y de calidad para todas y todos los mexicanos. Mu-chas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gra-cias, diputada Arabian Couttolenc. No habiendo más ora-dores registrados, pregunte la Secretaría a la Asamblea sise aprueba.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En vota-ción económica, se pregunta si se aprueban los puntos deacuerdo.



El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Apro-bado; comuníquese.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a CristianMier y Pacheco, el mejor estudiante del estado de Morelos,invitado por el diputado Guillermo del Valle.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El si-guiente punto del orden del día son las discusiones de losdictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud deque se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria,pregunte la Secretaría a la Asamblea, en votación econó-mica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos deacuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Porinstrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea,en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectu-ra a los puntos de acuerdo.


Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirma-tiva, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Seautoriza.

Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LIXLegislatura.— Comisiones de Trabajo y Previsión Social, yde Seguridad Social.

HONORABLE ASAMBLEA:

Las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguri-dad Social, con fundamento en lo dispuesto por los Artícu-los 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánicadel Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para elGobierno Interior del Congreso General de los EstadosUnidos Mexicanos, presentan a la consideración de estaHonorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

Antecedentes

A las Comisiones que suscriben Trabajo y Previsión So-cial y Seguridad Social les fue turnada para su estudio y



dictamen el expediente que contiene la Iniciativa que re-forma los Artículos 259, 267 y adiciona el 267 bis de laLey del Seguro Social, presentada por el Dip. José ÁngelFrausto Ortíz del Grupo Parlamentario del Partido AcciónNacional, el día 18 de marzo de 1999.

Consideraciones

1.- La iniciativa propone la reforma a los Artículos 259 y267 y adiciona el Artículo 267 bis de la Ley del Seguro So-cial, y plantea la necesidad de incorporar en la AsambleaGeneral del Instituto a los representantes de los sectores detodas las organizaciones; así como que sea la misma Asam-blea quien nombre al Director General, bajo los lineamien-tos que adicionan en el Artículo 267 bis.

2.- La iniciativa así planteada es inviable en razón de quees al Ejecutivo a quién le corresponde determinar las basesque deberán regir el proceso para la integración de laAsamblea General del Instituto Mexicano del Seguro So-cial, quién lo realiza en razón de que es él mismo el quepuede allegarse más información a fin de determinar quie-nes y como debe ser integrada la Junta en mención, facul-tades que le han sido otorgadas en la Ley del Seguro Socialque comenzó a regir a partir de 1997, y además la iniciati-va es incongruente toda vez que no determina las bases quedeberán seguirse en todo caso para la designación de los in-tegrantes de la Asamblea General además de que la inicia-tiva no contempla de que manera servirá para la flexibili -zación y democratización del Instituto Mexicano delSeguro Social, ni determina claramente los fundamentosdel porqué deben ser cambiadas las bases establecidas.

3.- Asimismo, los fundamentos que presentan para que laAsamblea General sea quien nombre al Director General yno el Ejecutivo como actualmente está regulado son insu-ficientes en razón de que dicha reforma se contrapondría alo mencionado en el Artículo 21 de la Ley Federal de la In-dustrias Paraestatales que faculta de forma exclusiva alPresidente de la República para nombrar a los DirectoresGenerales de éstas entidades.

4.- Por último y por lo que hace al hecho de que deben serestablecidos los requisitos para ser Director General delInstituto, es inviable la reforma pues de la lectura de laexposición de motivos no se desprenden los fundamentospor los cuales es indispensable dicha reforma y de igualmanera no motiva las fracciones que adiciona, es de ob-servarse el hecho de que en el articulado que propone en

la adición al Artículo 267 bis en el último párrafo deter-mina la duración que deberá tener el puesto sin que moti-ve en su exposición dicha adición ni el porqué la deter-minación de que sean cuatro años los que dure el encargo;advirtiéndose una vez más la incongruencia en la iniciati-va planteada.

Por las consideraciones anteriormente expuestas las Comi-siones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social,con fundamento en los Artículos 39, 45 y demás relativosde la Ley Orgánica del Congreso General de los EstadosUnidos Mexicanos, 87 y 88 y demás aplicables del Regla-mento para el Gobierno Interior del Congreso General delos Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideraciónde la Honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

Único.- No es de aprobarse la Iniciativa con Proyecto deDecreto que reforma los Artículos 259, 267 y adiciona el267 bis de la Ley del Seguro Social, presentada por el Dip.José Ángel Frausto Ortíz del Grupo Parlamentario del Par-tido Acción Nacional, el día 18 de marzo de 1999.

Salón de Sesiones de las Comisiones de Trabajo y Previ-sión Social, y de Seguridad Social, Palacio Legislativo deSan Lázaro, México, DF, a los dos días del mes de sep-tiembre del año dos mil cuatro.— Por la Comisión de Tra-bajo y Previsión Social, diputados: Enrique Burgos García(rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbri-ca), María Sara Rocha Medina (rúbrica), María del Car-men Mendoza Flores (rúbrica), Sergio Álvarez Mata (rú-brica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Jesús AguilarBueno, Miguel Alonso Raya, José Guillermo AréchigaSantamaría (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Salvador Már-quez Lozornio, Carlos Mireles Morales, Armando NeyraChávez (rúbrica), Ángel Pasta Muñuzuri, Pablo Pavón Vi-nales (rúbrica), Juan Pérez Medina (rúbrica), Sergio Artu-ro Posadas Lara, José Felipe Puelles Espina, Ricardo Ro-dríguez Rocha (rúbrica), Margarita Zavala Gómez delCampo, Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Mar-ko Antonio Cortés Mendoza, Tomás Cruz Martínez, ÁlvaroElías Loredo (rúbrica), Blanca Eppen Canales (rúbrica),Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Pablo Franco Her-nández (rúbrica), José García Ortiz, Francisco GrajalesPalacios, Graciela Larios Rivas.

Por la Comisión de Seguridad Social, diputados: MiguelAlonso Raya (rúbrica en abstención), Roberto Javier Vega

y Galina (rúbrica a favor), Concepción Olivia CastañedaOrtiz (rúbrica a favor), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbri-ca a favor), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica a favor), JoséMario Wong Pérez, Graciela Larios Rivas, Marco AntonioGarcía Ayala (rúbrica a favor), Jaime Fernández Saracho(rúbrica a favor), David Hernández Pérez (rúbrica a favor),Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica a favor), Car-los Tiscareño Rodríguez, Tomás Antonio Trueba Gracián(rúbrica a favor), Agustín Rodríguez Fuentes, Rafael Gar-cía Tinajero Pérez (rúbrica a favor), Francisco Javier Ca-rrillo Soberón, Rocío Sánchez Pérez, Emilio Serrano Jimé-nez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica a favor),Armando Neyra Chávez (rúbrica a favor), Alfonso Rodrí-guez Ochoa (rúbrica a favor), Rogelio Rodríguez Javier(rúbrica a favor), Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica afavor), Pablo Anaya Rivera, Martín Carrillo Guzmán (rú-brica a favor), Roberto Colín Gamboa (rúbrica a favor), Is-rael Raymundo Gallardo Sevilla, Gisela Juliana Lara Sal-daña (rúbrica a favor), Miguel Ángel Llera Bello.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Nohabiendo oradores registrados, se considera suficientemen-te discutido y se reserva para su votación económica enconjunto.


El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escu-do Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— PoderLegislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LIX Le-gislatura.— Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y deSeguridad Social.

HONORABLE ASAMBLEA:

Las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguri-dad Social, con fundamento en lo dispuesto por los Artícu-los 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánicadel Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para elGobierno Interior del Congreso General de los EstadosUnidos Mexicanos, presentan a la consideración de estaHonorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

Antecedentes

A las Comisiones que suscriben Trabajo y Previsión Socialy Seguridad Social les fue turnada para su estudio y dicta-

men el expediente que contiene la Iniciativa que reformalos Artículos 12 y 180 de la Ley del Seguro Social, pre-sentada por el Dip. José Ángel Frausto Ortíz del GrupoParlamentario del Partido Acción Nacional, el día 23 demarzo de 1999.

Consideraciones

1.- La iniciativa propone la reforma los Artículos 12 en sufracción III y 180 de la Ley del Seguro Social y plantea laposibilidad de ser la Asamblea General del Instituto quiendetermine con base en la propuesta del Consejo Técnicoquien puede ser sujeto de aseguramiento del régimen obli-gatorio, y no el Ejecutivo Federal quien actualmente es elfacultado; así mismo propone la reforma al Artículo 180para que el patrón entregue directamente a los trabajadoresel informe de las aportaciones realizadas a su favor.

2.- La iniciativa así planteada se encuentra carente de fun-damentos lógicos y legales que pudieran llevar a la refor-ma que se plantea; Si bien es cierto que el Sistema de Se-guridad Social tiene en sus orígenes de creación ladeterminación de llevar la asistencia médica a los más ne-cesitados, también lo es el hecho de que el planteamientode que sea el Ejecutivo Federal quien determine quienesmás pueden ser sujetos de aseguramiento, es por la razónde que dicha inclusión deberá realizarse con base en la si-tuación del País; pues de aprobarse la reforma se correríael riesgo de abrir indiscriminadamente la afiliación y poneren riesgo las finanzas del Instituto, además no debemos de-jar de lado el hecho de que el Artículo 13 de la misma nor-ma plantea la posibilidad de incluir en el seguro voluntarioa diversos grupos o gentes que accederían al mismo, cu-briendo de entre ellos a los artesanos, los trabajadores in-dependientes, los ejidatarios, los comuneros, etc. Que notengan un trabajo subordinado, y que tienen la posibilidadde acceder a las prestaciones que el Instituto otorga, portanto la reforma propuesta carece de motivación legal sufi-ciente para que sea adoptada en ese sentido.

3.- Asimismo, por lo que hace a la reforma planteada al Ar-tículo 180 de la ley en comento, cabe mencionar que de unaclara lectura e interpretación del Artículo mencionado seestablece la obligación al patrón de informar a sus trabaja-dores sobre las aportaciones que realiza, sin perjuicio, deque esa información sea entregada a los sindicatos, o en sucaso, a cualquier otra organización representativa de lostrabajadores asegurados; de lo anterior se deduce que el pa-trón tiene la obligación de entregar al trabajador la infor-mación, la que también puede ser entregada a través del



sindicato u otra organización representativa, es decir la pa-labra sin perjuicio es incluyente de la organización ya seasindical o diversa y no excluyente del trabajador en su in-dividualidad; por lo que el patrón se encuentra obligado aentregarla directamente cuando el trabajador así lo solicite,sin dejar de advertir que el hecho de que sea entregada alSindicato es por economía en el tiempo de entrega, ademásde que tal como se menciona en la iniciativa, el trabajadortiene la posibilidad de apoyarse en su sindicato para alle-garse la información que considere necesaria, además deayudar a ambos, es decir, patrón y trabajador a economizarel proceso de entrega de información.

Por las consideraciones anteriormente expuestas las Comi-siones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social,con fundamento en los Artículos 39, 45 y demás relativosde la Ley Orgánica del Congreso General de los EstadosUnidos Mexicanos, 87 y 88 y demás aplicables del Regla-mento para el Gobierno Interior del Congreso General delos Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideraciónde la Honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

Único.- No es de aprobarse la Iniciativa con Proyecto deDecreto que reforma los Artículos 12 y 180 de la Ley delSeguro Social, presentada por el Dip. José Ángel FraustoOrtíz del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacio-nal, el día 23 de marzo de 1999.

Salón de Sesiones de las Comisiones de Trabajo y Previ-sión Social, y de Seguridad Social, Palacio Legislativo deSan Lázaro, México, DF, a los dos días del mes de sep-tiembre del año dos mil cuatro.— Por la Comisión de Tra-bajo y Previsión Social, diputados: Enrique Burgos García(rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbri-ca), María Sara Rocha Medina (rúbrica), María del Car-men Mendoza Flores (rúbrica), Sergio Álvarez Mata (rú-brica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Jesús AguilarBueno, Miguel Alonso Raya, José Guillermo AréchigaSantamaría (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Ja-vier Carrillo Soberón (rúbrica), Marko Antonio CortésMendoza, Tomás Cruz Martínez, Álvaro Elías Loredo (rú-brica), Blanca Eppen Canales (rúbrica), Fernando EspinoArévalo (rúbrica), Pablo Franco Hernández (rúbrica), Jo-sé García Ortiz, Francisco Grajales Palacios, GracielaLarios Rivas, Salvador Márquez Lozornio, Carlos MirelesMorales, Armando Neyra Chávez (rúbrica), Ángel PastaMuñuzuri, Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Juan Pérez Me-

dina (rúbrica), Sergio Arturo Posadas Lara, José FelipePuelles Espina, Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Mar-garita Zavala Gómez del Campo.

Por la Comisión de Seguridad Social, diputados: MiguelAlonso Raya (rúbrica), Roberto Javier Vega y Galina (rú-brica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), LucioGalileo Lastra Marín (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas(rúbrica), José Mario Wong Pérez, Graciela Larios Rivas,Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime FernándezSaracho (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), JuanFrancisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Carlos TiscareñoRodríguez, Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica),Agustín Rodríguez Fuentes, Rafael García Tinajero Pérez(rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón, Rocío Sán-chez Pérez, Emilio Serrano Jiménez, Francisco AmadeoEspinosa Ramos (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbri-ca), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rogelio Rodrí-guez Javier (rúbrica), Óscar Martín Ramos Salinas (rúbri-ca), Pablo Anaya Rivera, Martín Carrillo Guzmán(rúbrica), Roberto Colín Gamboa (rúbrica), Israel Ray-mundo Gallardo Sevilla, Gisela Juliana Lara Saldaña (rú-brica), Miguel Ángel Llera Bello.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Nohabiendo oradores registrados, se considera suficientemen-te discutida y se reserva para su votación económica enconjunto.


El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escu-do Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— PoderLegislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LIX Le-gislatura.— Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y deSeguridad Social.

Honorable Asamblea:

Las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguri-dad Social, con fundamento en lo dispuesto por los artícu-los 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánicadel Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para elGobierno Interior del Congreso General de los EstadosUnidos Mexicanos, presentan a la consideración de estahonorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

Antecedentes

A las Comisiones que suscriben Trabajo y Previsión Socialy Seguridad Social les fue turnada para su estudio y dicta-men el expediente que contiene la iniciativa que reformalos artículos 68, 106 fracción tercera, 141 segundo párrafo,145, 157 fracción primera, 164 fracción primera, 168 frac-ción cuarta, y artículo 170, se adiciona un párrafo cuarto alartículo 209 de la Ley del Seguro Social, presentada por elDip. Ricardo Cantú Garza del grupo parlamentario del Par-tido del Trabajo, el día 28 de abril de 1999.

Consideraciones

I.- La iniciativa propone la reforma de los artículos 68, 106fracción tercera, 141 segundo párrafo, 145, 157 fracciónprimera, 164 fracción primera, 168 fracción cuarta, y artí-culo 170 y adiciona un párrafo cuarto al artículo 209 de laLey del Seguro Social y plantea la actualización de las pen-siones de forma semestral en los meses de enero y julioconforme al valor real de los bienes que integran la canas-ta básica y además propone la creación de Centros de Asi-lo, a los que ingresarían los derechohabientes que carezcande algún familiar y demuestren tener más de 60 años deedad.

II.- La iniciativa así planteada se encuentra con un funda-mento social, el evitar la pérdida del poder adquisitivo delos pensionados, el cual es insuficiente; sin embargo, no esdesconocida la situación que vive el Instituto Mexicano delSeguro Social, toda vez que carece de los recursos necesa-rios, así mismo y considerando que a la fecha el InstitutoMexicano del Seguro Social, tiene registrados más de dosmillones ciento cuarenta y un mil pensionados y jubilados,la dificultad técnica y el costo que tendría la modificaciónsemestral del monto de las cuantías pensionarias, hacen in-viable la reforma además de que el cambio para incremen-tar las pensiones no sería significativo para la recuperaciónde las pensiones pues, de acuerdo a lo observado en casisiete años, la canasta básica se comporta de manera muy si-milar a la inflación general, de julio de 1997 a enero de2004, la Canasta Básica se incrementó 61.1 por ciento,mientras que el Índice Nacional de Precios al Consumidorlo hizo en un 58.8 por ciento. De haberse puesto en prácticala indexación conforme a la canasta básica y no a la infla-ción general, las pensiones hubieran ganado en ese periodo2.3 puntos porcentuales. Por otro lado, habría que conside-rar también, que las revisiones contractuales y salariales de

los trabajadores en activo se efectúan anualmente y unamedida como la que se propone los colocaría a ellos endesventaja, si así se puede considerar con respecto a los ju-bilados y pensionados.

III.- En el mismo tenor, la adición que propone del artícu-lo 209 del párrafo cuarto, que menciona en la iniciativa:“Para cumplir con este objetivo se crearán Centros de Asi-los, a los cuales ingresarán únicamente los derechohabien-tes que demuestren carecer de algún familiar o bien un lu-gar en el cual puedan vivir y se demuestre condocumentación oficial, tener más de 60 años de edad”. Esimprocedente, en virtud de que al implementar una presta-ción de esa naturaleza, conllevaría una erogación por partede la Institución que en estos momentos no podría sobre-llevar, atendiendo a las finanzas actuales del instituto y alnúmero de pensionados que existen.

Por las consideraciones anteriormente expuestas las Comi-siones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social,con fundamento en los artículos 39, 45 y demás relativosde la Ley Orgánica del Congreso General de los EstadosUnidos Mexicanos, 87 y 88 y demás aplicables del Regla-mento para el Gobierno Interior del Congreso General delos Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideraciónde la honorable Asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único.- No es de aprobarse la iniciativa con proyecto dedecreto que reforma los artículos 68, 106 fracción tercera,141 segundo párrafo, 145, 157 fracción primera, 164 frac-ción primera, 168 fracción cuarta, y artículo 170, se adi-ciona un párrafo cuarto al artículo 209 de la Ley del Segu-ro Social, presentada por el Dip. Ricardo Cantú Garza delgrupo parlamentario del Partido del Trabajo, el día 28 deabril de 1999.

Salón de Sesiones de las Comisiones de Trabajo y Previ-sión Social y de Seguridad Social, Palacio Legislativo deSan Lázaro, México, DF, a los dos días del mes de sep-tiembre del año dos mil cuatro.— Por la Comisión de Tra-bajo y Previsión Social, diputados: Enrique Burgos García(rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbri-ca), María Sara Rocha Medina (rúbrica), María del Car-men Mendoza Flores (rúbrica), Sergio Álvarez Mata (rú-brica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Jesús AguilarBueno, Miguel Alonso Raya, José Guillermo AréchigaSantamaría (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Ja-vier Carrillo Soberón (rúbrica), Marko Antonio Cortés



Mendoza, Tomás Cruz Martínez, Álvaro Elías Loredo (rú-brica), Blanca Eppen Canales (rúbrica), Fernando EspinoArévalo (rúbrica), Pablo Franco Hernández (rúbrica), Jo-sé García Ortiz, Francisco Grajales Palacios, GracielaLarios Rivas, Salvador Márquez Lozornio, Carlos MirelesMorales, Armando Neyra Chávez (rúbrica), Ángel PastaMuñuzuri, Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Juan Pérez Me-dina (rúbrica), Sergio Arturo Posadas Lara, José FelipePuelles Espina, Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Mar-garita Zavala Gómez del Campo.

Por la Comisión de Seguridad Social, diputados: MiguelAlonso Raya (rúbrica a favor), Roberto Javier Vega y Ga-lina (rúbrica a favor), Concepción Olivia Castañeda Ortiz(rúbrica a favor), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica a fa-vor), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica a favor), José MarioWong Pérez, Graciela Larios Rivas, Marco Antonio GarcíaAyala (rúbrica a favor), Jaime Fernández Saracho (rúbri-ca), David Hernández Pérez (rúbrica a favor), Juan Fran-cisco Molinar Horcasitas (rúbrica a favor), Carlos Tisca-reño Rodríguez, Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica afavor), Agustín Rodríguez Fuentes, Rafael García TinajeroPérez (rúbrica a favor), Francisco Javier Carrillo Soberón,Rocío Sánchez Pérez, Emilio Serrano Jiménez, FranciscoAmadeo Espinosa Ramos (rúbrica en abstención), Arman-do Neyra Chávez (rúbrica a favor), Alfonso RodríguezOchoa (rúbrica a favor), Rogelio Rodríguez Javier (rúbricaa favor), Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica a favor),Pablo Anaya Rivera, Martín Carrillo Guzmán (rúbrica afavor), Roberto Colín Gamboa (rúbrica a favor), IsraelRaymundo Gallardo Sevilla, Gisela Juliana Lara Saldaña(rúbrica a favor), Miguel Ángel Llera Bello.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Nohabiendo oradores registrados, se considera suficientemen-te discutida y se reserva para su votación económica enconjunto.

LEY MONETARIA

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «EscudoNacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Le-gislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LIX Legisla-tura.— Comisión de Hacienda y Crédito Público.

HONORABLE ASAMBLEA:

Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución de losEstados Unidos Mexicanos; 39 y 45 numeral 6, incisos e)

y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Esta-dos Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 87,88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno In-terior del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-canos, el Senado de la República remitió la Minuta , conproyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan di-versas disposiciones de la Ley Monetaria de los EstadosUnidos Mexicanos.

Esta Comisión que suscribe, se abocó al análisis de la Mi-nuta antes señalada y conforme a las deliberaciones y elanálisis que por la misma realizaron los miembros de laComisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Ple-no, presentan a esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1- En fecha 20 de marzo de 2003 el Senador Fauzi Ham-dán Amad, del Grupo Parlamentario del Partido de AcciónNacional, presentó ante la Colegisladora, iniciativa conproyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan di-versas disposiciones de la Ley Monetaria de los EstadosUnidos Mexicanos.

2.- El Pleno de la Colegisladora en sesión de fecha el 27 demarzo de 2003, aprobó la Minuta con proyecto de Decretoque reforman y adicionan diversas disposiciones de la LeyMonetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

3.- En fecha 3 de abril de 2003, la mesa directiva de esta H.Cámara de Diputados turnó la Minuta antes señalada, a laComisión de Hacienda y Crédito Público.

4.- En sesión ordinaria los Diputados integrantes de esta H.Comisión de Hacienda y Crédito Público procedieron alanálisis de la iniciativa antes enunciada, con base en el si-guiente:

RESULTANDO

ÚNICO.- Los suscritos integrantes de esta Comisión deHacienda y Crédito Público estiman procedente puntuali-zar la Minuta remitida por la Colegisladora a la letra se-ñala:

“De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Públi-co; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contieneproyecto de decreto por el que se reforman y adicionan

diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Esta-dos Unidos Mexicanos.

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDI-TO PUBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

HONORABLE ASAMBLEA

A las comisiones que suscriben, fue turnada para su es-tudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decretopor el que se reforman y adicionan diversas disposicio-nes de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexica-nos, presentada por el Senador Fauzi Hamdán Amad, anombre propio y de otros Senadores integrantes de losGrupos Parlamentarios representados en el Senado, entérminos de lo dispuesto por el artículo 71, fracción II,de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos.

Los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones re-alizaron diversos trabajos a efecto de revisar el conteni-do de la iniciativa, con el objeto expresar sus observa-ciones y comentarios a la misma e integrar el presenteDictamen.

Con base en las referidas actividades y de conformidadcon lo dispuesto por los artículos 72 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, 86 y 94 de laLey Orgánica del Congreso General de los Estados Uni-dos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobier-no Interior del propio Congreso, estas Comisiones so-meten a la consideración de esta Honorable Asamblea elsiguiente

D I C T A M E N

I. Análisis de la iniciativa

La iniciativa en estudio menciona que la acuñación demonedas de plata con curso legal data desde tiempos dela Colonia, pero es hasta la administración de BenitoJuárez en el año de 1861 cuando se establece como uni-dad monetaria el peso duro de plata, que tiene como ba-se el uso del sistema métrico decimal; y que el sistemamonetario cambió a principios del siglo XX, en virtudde que en todo el mundo se adopta el patrón oro.

Se señala también que a pesar de ello, y para mantenerla plata en circulación, se han acuñado monedas de pla-ta, tales como las de la Serie Libertad, siendo que de

1982 a la fecha se han emitido cerca de 21 millones depiezas, que representan aproximadamente 20 millonesde onzas de plata pura.

No obstante, es necesario implementar una mayor cir-culación de monedas de plata, introduciendo paulatina-mente al sistema monetario mexicano una moneda deplata sin valor nominal, con pleno poder liberatorio depago, y cuyo valor equivalente en pesos será determina-do de conformidad con la cotización que al efecto esta-blezca el Banco de México.

Se prevé que la cotización respectiva será publicada enel Diario Oficial de la Federación, y que será el BancoCentral el que establezca, mediante decreto, las caracte-rísticas de las monedas de plata.

Un aspecto importante es la obligación que tendrán tan-to el Banco Central, como las instituciones de crédito deaceptar como medio de pago las monedas de referencia.

Y se prevé, mediante una disposición transitoria, que lasmonedas de plata Onza Libertad actualmente en circu-lación, tendrán poder liberatorio ilimitado en los térmi-nos que la misma Ley Monetaria establezca.

II. Consideraciones de las Comisiones

Las Comisiones estiman conveniente aprobar la inicia-tiva que se dictamina, toda vez que por virtud de la mis-ma se implementará un mecanismo que fortalecerá lamoneda mexicana.

En las últimas décadas los mercados mundiales se hanconvertido en lugares en donde los especuladores incre-mentan sus ganancias en detrimento de las economíasnacionales, sobre todo si estás últimas comienzan a pre-sentar síntomas de debilitamiento que ponga en riesgo alos grandes capitales.

Lo anterior, pone en evidencia que la moneda necesa-riamente debe contar con la fortaleza que requiere unsistema financiero sólido y capaz de resistir las fluctua-ciones financieras externas, lo que traería como conse-cuencias la aparición de un circulo virtuoso de crédito-inversión.

A lo anterior, debe agregarse que México por cuatro si-glos usó la plata como moneda en México hecho quefortalece el estudio y análisis de la que dictamina para



considerar apropiado el otorgar poder liberatorio a estamoneda de plata.

Si en la acuñación de monedas comienza a introducirsecierta cantidad de plata traerá como consecuencia que elprecio de la misma se incremente beneficiando de for-ma inmediata a la industria minera. Así, el estímulo deun mayor precio para uno de nuestros principales recur-sos naturales no-renovables es de gran importancia parael desempeño de nuestra economía, toda vez que tam-bién subirá el precio de exportación.

De igual manera, México seguirá posicionándose comoel primer productor de plata en el mundo y la acuñaciónde estas monedas incentivarán la producción y circula-ción de la plata, lo cual redundará en beneficio de la in-dustria minera nacional.

Asimismo, las Comisiones consideran que aunado a lomencionado, la iniciativa tiene como ventaja que la pla-ta no pierde su valor real, desde siempre ha sido un me-tal valioso, ejemplo de ello es que una onza de plata de1950 no ha perdido su valor; en cambio un billete de1950 es hoy un simple papel sin capacidad de compra.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 86 y94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Es-tados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento parael Gobierno Interior del propio Congreso, las Comisio-nes se permiten someter a la consideración del Honora-ble Senado de la República, la aprobación del siguientedictamen con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADI-CIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LALEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOSMEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2º in-cisos b) y c), 5º, 7º y 19, segundo párrafo; y adicionanlos artículos 2º con un inciso d), un segundo y tercer pá-rrafos, y el artículo 6º con un segundo párrafo, todos dela Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, pa-ra quedar como sigue:

Artículo 2º…

b) Las monedas metálicas de cincuenta, veinte, diez,cinco, dos y un pesos, y de cincuenta, veinte, diez y cin-

co centavos, con los diámetros, composición metálica,cuños y demás características que señalen los decretosrelativos;

c) Las monedas metálicas conmemorativas de aconteci-mientos de importancia nacional, en platino, en oro, enplata o en metales industriales, con los diámetros, leyeso composiciones metálicas, cuños y demás característi-cas que señalen los decretos relativos, y

d) Las monedas de plata sin valor nominal conforme asu cotización en pesos, con el diámetro, composiciónmetálica, cuño y demás características que señalen losdecretos relativos.

Dicha cotización en pesos se determinará conforme alas disposiciones que para tales efectos emita el Bancode México. Las citadas disposiciones, así como la coti-zación que se determine conforme a las mismas deberánpublicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Cuando los decretos relativos a las monedas a que se re-fieren los incisos b), c) y d) de este artículo prevean ale-aciones opcionales para la composición de las monedasmetálicas, el Banco de México determinará su composi-ción metálica señalando alguna de las aleaciones esta-blecidas en el decreto respectivo o sustituyendo la asíseñalada por otra de ellas.

El Banco de México publicará en el Diario Oficial de laFederación las resoluciones en las que se determine laaleación que se utilizará en la composición metálica delas monedas de que se trata.

Artículo 5º. Las monedas metálicas a que se refieren losincisos b), c) y d) del artículo 2º de esta Ley, tendrán po-der liberatorio limitado, al valor de cien piezas de cadadenominación en un mismo pago.

Artículo 6º. …………..

Tratándose de las monedas a que se refiere el inciso d)del artículo 2º, el Banco de México y las instituciones decrédito estarán obligados a recibirlas, sin limitación al-guna.

Artículo 7º. Las obligaciones de pago de cualquier sumaen moneda mexicana se denominarán invariablementepesos y, en su caso, sus fracciones. Dichas obligaciones

se solventarán mediante la entrega, por su valor nomi-nal, de billetes del Banco de México o monedas metáli-cas de las señaladas en el artículo 2º incisos b) y c).

No obstante, si el deudor demuestra que recibió delacreedor monedas de las mencionadas en los artículos2º, inciso d) y 2º bis, podrá solventar su obligación en-tregando monedas de esa misma clase conforme a la co-tización de éstas para el día en que se haga el pago.

Artículo 19…

Cuando las monedas sean auténticas se entregará a sutenedor su importe mediante monedas o billetes de igualo de distinta denominación. En el caso de moneda ex-tranjera se entregará al tenedor monedas o billetes deigual o distinta denominación de la moneda extranjerade que se trate. Si las monedas nacionales o extranjerasrespectivas resultaren falsas, estuvieren alteradas y nose pudiera determinar la autenticidad de las mismas, elBanco de México procederá a dar parte de inmediato alas autoridades competentes, poniéndolas a su disposi-ción para el aseguramiento correspondiente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el díasiguiente al de su publicación en el Diario Oficial de laFederación.

SEGUNDO. El tenedor de monedas a que se refiere elartículo 19 de la Ley, cuya autenticidad se encuentre enproceso de verificación a la entrada en vigor del presen-te Decreto, podrá recibir su importe, en el evento de re-sultar auténticas, mediante monedas metálicas o bille-tes, nacionales o extranjeros, según el caso, de igual ode distinta denominación.

TERCERO.- Las monedas de plata Onza Libertad, ac-tualmente en circulación, tendrán poder liberatorio ili-mitado en los términos del artículo 6° de esta Ley”

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA.- Esta Comisión resulta competente para dic-taminar la Minuta presentada por la Cámara de Senadoresde conformidad con lo dispuesto por los artículos 39 y 45numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congre-so General de los Estados Unidos Mexicanos; así como losartículos 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamen-

to para el Gobierno Interior del Congreso General de losEstados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- Esta Comisión considera no procedentes losargumentos planteados en la Minuta que nos ocupa en lacual se pretende otorgar poder liberatorio a la moneda deplata, no resulta viable atendiendo las siguientes conside-raciones:

En la mayoría de los países los bancos centrales tienen laencomienda de emitir dinero, ya sea este fiduciario o conalgún valor intrínseco. El fabricar billetes y monedas fidu-ciarios tiene un costo por unidad de billete o moneda muyreducido, mientras que el proveer a la economía de dinerocon valor intrínseco tiene un costo mucho más elevado; es-te es el caso de las monedas de oro y plata. El derecho aemitir dinero suele estar conferido exclusivamente a losgobiernos, quienes reciben los ingresos que resultan de co-locar billetes y monedas con un valor nocional mayor quesu costo de producción (conocido como señoreaje).

De permitirse que las monedas de plata sean utilizadas co-mo medio de pago en cualquier transacción, desplazando alos actuales billetes y monedas que son puestos en circula-ción por el Banco de México, se reducirían significativa-mente los ingresos que actualmente se perciben por el se-ñoreaje.

Al respecto, la Ley del Banco de México establece que suremanente de operación, explicado tanto por los ingresosasociados al señoreaje, como por los resultados de otrasoperaciones activas y pasivas, debe ser entregado al Go-bierno Federal.

Estos recursos se incorporan al Presupuesto de Egresos dela Federación para ser destinados en los términos que lapropia Cámara de Diputados establezca a educación, salud,vivienda, etc.

Cabe señalar que la transferencia del remanente de opera-ción del Banco de México al Gobierno Federal fue de15,921 millones de pesos en el 2003 y de 15,000 millonesen el 2004. Por tanto, al introducir monedas de plata decurso legal se reducirían los recursos que actualmente sedestinan a diversos programas gubernamentales y se cana-lizarían directamente a la explotación de plata.

La utilización de la plata como medio de pago tiene múlti -ples y cuantiosos costos de transacción en comparacióncon otras alternativas. En particular, destacan los asociados



a la verificación de la autenticidad del medio de pago, a loscuales hay que agregar que todos los agentes que utilizanactualmente efectivo tendrían que adecuar sus prácticas pa-ra poder incluir a la plata.

Si las monedas de plata puestas en circulación por parte delBanco de México fueran utilizadas comúnmente como me-dio de cambio, se dificultaría el control de la oferta mone-taria, ya que los cambios en el valor de la plata por alzas obajas en sus precios internacionales afectarían el valor dela oferta monetaria total. Con ello, se dificulta significativae innecesariamente la conducción de la política monetaria.

Esto es especialmente importante si se considera que en laactualidad la operación del Banco de México se basa en sa-tisfacer la demanda de base monetaria por parte del públi-co y en contar con un manejo preciso de los saldos que tie-ne la banca en sus cuentas corrientes en el Banco Central.

El ahorro en moneda metálica no permite que los recursosde los ahorradores sean canalizados a aquellos agentes eco-nómicos con los proyectos de inversión más rentables, enbeneficio propio y de la sociedad en general. Esto obra enclaro detrimento del crecimiento económico y la creaciónde empleos. Para ilustrar cómo el ahorro destinado a man-tener monedas de plata inhibe su uso productivo, es útil re-cordar que dicho ahorro es, en cierta forma, equivalente alatesoramiento de moneda extranjera.

Debe enfatizarse que este tipo de acciones conduciría a unareasignación de recursos en la economía a favor de activi-dades asociadas a la explotación de plata y en detrimentode quienes actualmente se benefician de diversos progra-mas de gasto público.

No obstante, además de incluir a la plata como moneda decurso legal, la Cámara de Diputados actualmente estudia laadopción de medidas adicionales. En particular, se estable-ce que la equivalencia en pesos de las monedas de plata sedeterminará conforme al precio internacional del metal fi-no contenido en ellas expresado en pesos, más el costo deacuñación, más un señoreaje no mayor del 10 por ciento afavor del Banco de México. Una vez determinada la equi-valencia, ésta no podrá reducirse en ningún caso. Poner enmarcha esta regla tendría importantes repercusiones nega-tivas para el Banco de México, el Gobierno Federal, las fi-nanzas públicas, el propio Congreso y, especialmente, loscontribuyentes. En particular, destaca lo siguiente:

El Banco de México estaría obligado a colocar las mone-das de plata a su valor de equivalencia oficial, así como arecibirlas ilimitadamente y entregar a cambio de ellas bi-lletes y monedas metálicas a su equivalencia oficial. Estoobligaría al Banco de México a vender monedas de plata acierto precio de referencia y a recomprarlas en el futuro alprecio máximo alcanzado por la onza de plata a partir de lafecha en que hubiese entrado en vigor la medida en co-mento (nuevo precio de referencia).

Esto es, una regla de compra y venta de monedas de platacomo la descrita implicaría que el Banco Central se obligaa comprar las monedas de plata al mayor precio que éstashayan alcanzado desde que se adoptó el mecanismo pro-puesto.

Con esta medida se garantiza que el Instituto Central siem-pre compraría las monedas de plata al precio más elevadoposible, con lo cual se estaría estableciendo que por lacompra-venta de monedas de plata el Banco de México só-lo podría registrar pérdidas. Esta situación es equivalente aabrir una ventanilla en el Banco de México en la cual se legarantiza al público que con la compra-venta de monedasde plata siempre realizará una ganancia a expensas del Ins-tituto Emisor, del Gobierno Federal y, finalmente, de loscontribuyentes.

Por tanto una regla como la propuesta generarían profun-das distorsiones que incentivarían la compra masiva demonedas metálicas, ya que la propuesta es equivalente aofrecer al público la compra de monedas de plata con unsubsidio del gobierno y, por tanto, de los contribuyentes.

Además, debido a lo valioso de la opción de venta de lasmonedas de plata a su precio máximo futuro que tendríanlos inversionistas en onzas de plata, dicha moneda difícil-mente circularía, con lo cual no se cumple con uno de losobjetivos planteados por la Iniciativa.

Finalmente, es claro que una situación como la descrita de-tonaría una demanda ilimitada de onzas de plata, que nopodría ser satisfecha por el Banco de México, al tiempoque la venta de las monedas que se pudieran producir ten-drían altos costos para el sector público. Es evidente queesta regla de precios no podría ser sostenible, ya que el sub-sidio que se le transfiere a los compradores de las monedasde plata sería potencialmente ilimitado. Por tanto, la equi-valencia propuesta tendría que ser revertida eventualmentepor el propio Congreso.

Adicionalmente, una situación como la descrita incentiva-ría significativamente la falsificación de monedas de plata.Con ello, los distintos órdenes de gobierno se verían forza-dos a destinar parte de sus escasos recursos a perseguir unnuevo delito, la prohibición de la acuñación e importaciónde moneda de plata.

Además, la posible proliferación de monedas falsas y conmenor contenido de plata podría traer importantes costospara el sector privado, en particular para todos aquéllos quereciben efectivo, quienes tendrían que dedicar parte de sutiempo y esfuerzo a verificar la autenticidad de los mediosde pago que reciben.

Esta situación podría dar lugar a que la gente desconfíe dela moneda de plata, escenario contrario a los objetivos dela Iniciativa.

Por lo expuesto anteriormente, en una economía abierta ycon libre movilidad de capitales la cotización de cualquiermoneda (dólar, euro, oro, plata, etc.), independientementede su uso o curso, tiene que ser libre y determinada con-forme a precios de mercado, como sucede actualmente.

En suma, el introducir a las monedas de plata al sistemamonetario mexicano de forma paralela al peso fiduciario,conlleva múltiples costos para los agentes económicosque actualmente utilizan dinero en efectivo y daría lugara una resignación de recursos que obra en dirección dequienes se benefician actualmente de los diversos progra-mas de gasto público, hacia los sectores asociados con laexplotación de la plata. Estos efectos se presentan aúncuando la determinación del precio de las monedas deplata se realice con base en la cotización internacional dedicho metal.

No obstante, si en adición a lo anterior se incorpora una re-gla a efecto de que el precio en pesos de las monedas deplata no pueda disminuir, conservando la posibilidad de in-crementarse en la medida en que los precios internaciona-les lo hicieran, se estaría introduciendo una importante dis-torsión adicional. En particular, con esta regla seconvertiría al atesoramiento de monedas de plata en unaactividad altamente lucrativa, con cargo final a los contri-buyentes. Ello implicaría que medidas de esta naturalezaseguramente terminarían resultando ser insostenibles.

Por lo anteriormente expuesto y fundado la Comisión de Ha-cienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos

39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congre-so General de los Estados Unidos Mexicanos, así como losartículos 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para elGobierno Interior del Congreso General de los EstadosUnidos Mexicanos y del inciso d) del artículo 72 Consti-tucional, somete a consideración de la Asamblea, el si-guiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Para los efectos del inciso d) del artículo 72 dela Constitución, se devuelve la Minuta con Proyecto deDecreto por el que se reforman y adicionan diversas dispo-siciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexi-canos, remitida por la H. Cámara de Senadores y turnada aesta Comisión el 3 de abril de 2003.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a 16 delmes de marzo de 2005.— Comisión de Hacienda y Crédi-to Público, diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica encontra), Presidente; Francisco Suárez Dávila (rúbrica a fa-vor), secretario; Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica a fa-vor), secretario; José Felipe Puelles Espina, secretario;Diana Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica a favor), secre-taria; Cuahutémoc Ochoa Fernández (rúbrica a favor), se-cretario; Óscar González Yáñez, secretario; Jesús EmilioMartínez Álvarez, secretario; José Alarcón Hernández (rú-brica a favor), José Arturo Alcántara Rojas (rúbrica a fa-vor), Ángel Buendía Tirado (rúbrica a favor), Marko Anto-nio Cortés Mendoza (rúbrica en abstención), EnriqueEscalante Arceo, Humberto Francisco Filizola Haces (rú-brica a favor), José Luis Flores Hernández (rúbrica a fa-vor), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica a favor),Francisco Luis Monárrez Rincón, Mario Moreno Arcos(rúbrica a favor), José Adolfo Murat Macías (rúbrica a fa-vor), Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica en contra),José Osuna Millán, María de los Dolores Padierna Luna,Manuel Pérez Cárdenas, Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbricaa favor), Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica a favor),Javier Salinas Narváez, María Esther Scherman Leaño(rúbrica a favor), Miguel Ángel Toscano Velasco, Francis-co Javier Valdéz de Anda, Emilio Zebadúa González (rú-brica a favor).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Nohabiendo oradores registrados, se considera suficientemen-te discutido el tema y se reserva para su votación económi-ca en conjunto.



ARTICULO 3o. CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cá-mara de Diputados.— LIX Legislatura.— Comisiones Uni-das de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública yServicios Educativos.

HONORABLE ASAMBLEA

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y deEducación Pública y Servicios Educativos someten a suconsideración el Dictamen sobre la Iniciativa para elevar arango constitucional que la Educación abarque no sólo elconocimiento, sino también la instrucción física y el de-porte escolar y el Proyecto de Decreto para reformar el pá-rrafo primero del Artículo 3º Constitucional, de que seacompaña.

Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, confundamento en los artículos 39 numeral 1° y 43, 44, 45 yde los demás relativos de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60,87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior delCongreso General de los Estados Unidos Mexicanos, so-metemos a la consideración de los miembros de esta Ho-norable Asamblea el presente dictamen al tenor de los si-guientes

ANTECEDENTES

La iniciativa que se dictamina fue presentada a este Plenopor la diputada Amalín Yabur Elías, del Grupo Parlamen-tario del Partido Revolucionario Institucional, en nombrepropio y del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, delPartido Verde Ecologista de México, el día 19 de octubrede 2004, y publicada en el número 1605-II de la GacetaParlamentaria, habiéndole correspondido el número 800 enel orden consecutivo.

Una vez que la Mesa Directiva constató que la Iniciativacumple con los requisitos para ser admitida a discusión yfue publicada en tiempo y forma, la turnó a las ComisionesUnidas de Puntos Constitucionales y de Educación Públicay Servicios Educativos para los efectos conducentes.

La Juntas Directivas de las Comisiones indicaron que seprocediera a estudiar las facultades del Congreso de laUnión para legislar en la materia, y se observó que laConstitución faculta al Congreso para hacerlo, por lo que

instruyeron se abocaran, desde luego, a su estudio y análi-sis.

Al estudiar y analizar la Iniciativa, las Dictaminadoras en-contraron que el asunto y contenido de la Iniciativa, se en-cuentra contemplado de manera implícita en el párrafo se-gundo del propio artículo que se propone reformar, por loque determinaron proponer que la Iniciativa y el proyectode Decreto fueran desechados.

En consecuencia procedieron a preparar un Proyecto deDictamen en este sentido, mismo que una vez aprobado porel Pleno de ambas Comisiones se somete a consideraciónde esta Soberanía.

CONSIDERACIONES SOBRE LA EXPOSICIÓN DEMOTIVOS Y EL PROYECTO DE DECRETO

La Exposición de Motivos de la Iniciativa parte de recor-dar que la Constitución consagra, en el artículo 3º, el dere-cho a la educación y que establece la obligatoriedad de laeducación básica, y los principios que orientarán esta edu-cación.

De lo anterior, propone que en la Constitución se establez-ca “... que la Educación abarque no sólo el conocimiento,sino también la instrucción física y el deporte escolar, por-que se entiende que son la combinación perfecta; cuerpo ymente deben estar en constante comunión...”

Señala que la educación física y el deporte escolar son “...una forma imprescindible para que el ser humano des-arrolle sus habilidades motrices, destrezas, cualidades,virtudes y valores fundamentales que enaltezcan al indivi-duo...”, recuerda la importancia y el rol que tenían en la an-tigüedad clásica, que “... no tienen fronteras...” y que dan“...las bases al ser humano para lograr su óptimo des-arrollo personal, social y familiar.”

A continuación recuerda que en los juegos olímpicos re-cientes los países desarrollados logran el mayor número demedallas “... como una forma de demostrarle al mundo elgrado de avance que han tenido...”, de donde sigue que“La niñez representa el futuro de la humanidad...” y debe,por ello, garantizarse constitucionalmente el derecho a es-ta educación, lo cual –dice– se demuestra con los resulta-dos de los deportistas mexicanos en los juegos paralímpi-cos, de donde infiere que si se atiende la Iniciativa “...en elfuturo podremos gozar de una sociedad más sana y exentade enfermedades crónico-degenerativas, como: obesidad,

diabetes mellitus e hipertensión arterial entre otras, libe-rando así los problemas de salud, que hoy representan unproblema social...”

Recuerda, también, que la Conferencia General de la Or-ganización de las Naciones Unidas para la Educación, laCiencia y la Cultura, UNESCO, del 21 de noviembre de1978, en la Carta Internacional de la Educación Física y elDeporte manifiesta que “...una de las condiciones esencia-les del ejercicio efectivo de los derechos humanos, depen-de de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de des-arrollar y preservar libremente sus facultades físicas,intelectuales y morales; en consecuencia, se deberá dar ygarantizar a todos la posibilidad de acceder a la educa-ción física y al deporte...” y que estos derechos “...consti-

tuyen un elemento esencial de la educación permanentedentro del sistema global de educación.” Para que a conti-nuación se haga una serie de señalamientos acerca de lasventajas que ofrece al individuo y la sociedad la prácticadeportiva, por lo que “...Los gobiernos, las escuelas y losorganismos privados competentes deben unir sus esfuerzosa todos los niveles y concertarse para planificar el esta-blecimiento y la utilización óptima de las instalaciones, elequipo, materiales y recursos humanos destinados a laeducación física y el deporte escolar.”

En función de lo anterior, se propone un proyecto de De-creto para reformar el primer párrafo del Artículo 3º de laConstitución, como sigue:


Las Comisiones Dictaminadoras coinciden con la preocu-pación que motiva la Iniciativa en lo que hace a la necesi-dad de impulsar con mayor decisión la educación física yla práctica del deporte escolar, así como en los beneficiosque se podrían esperar de ello.

Sin embargo, estas Comisiones Dictaminadoras conside-ran, junto con todos los actores educativos, que en el se-gundo párrafo del Artículo 3º Constitucional, siguiente delque se propone reformar, se establece de manera explícitala obligación que se propone incorporar, cuando señala que“La educación que imparta el estado tenderá a desarrollararmónicamente todas las facultades del ser humano...”

De lo anterior, estas Comisiones Unidas concluyen que:

La materia que se propone incorporara al texto constitu-cional se encuentra establecida en el Párrafo Segundo delartículo que se propone reformar.

Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras con-sideramos de la mayor importancia mantener un principiode economía legislativa, apegándonos a la normatividadexistente que establece el carácter integral de la educación.Por ello, no se considera procedente el proyecto de decre-to contenido en la Iniciativa para elevar a rango constitu-cional que la educación abarque no sólo el conocimiento,sino también la instrucción física y el deporte escolar, mo-tivo del presente Dictamen.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de estas Co-misiones de Puntos Constitucionales y de Educación Pú-blica y Servicios Educativos con las atribuciones que lesotorgan los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la LeyOrgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos,87 y 88 del Reglamento General para el Gobierno Interiordel Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,ponemos a consideración el siguiente:


PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se desecha la iniciativa con Proyecto de Decre-to por el que se pretende reformar el Párrafo Primero delArtículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Uni-dos Mexicanos, presentada ante el Pleno de la HonorableCámara de Diputados, en su sesión celebrada en fecha 19de octubre del año 2004, por la diputada Amalín Yabur Elí-as y que igualmente suscribió el diputado Jorge AntonioKahwagi Macari, ambos, a nombre de integrantes de losGrupos Parlamentarios de los Partidos: RevolucionarioInstitucional, Verde Ecologista de México y Convergencia.

En virtud de ello, se solicita a esta Soberanía ordene que searchive el expediente como asunto total y definitivamenteresuelto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de laCámara de Diputados del Honorable Congreso de la Uniónde los Estados Unidos Mexicanos, a los quince días delmes de marzo del año dos mil cinco.— Por la Comisión dePuntos Constitucionales, diputados: Ernesto Alarcón Truji-llo (rúbrica); Rubén Maximiliano Alexánder Rábago (rú-brica), secretario; Sergio Álvarez Mata (rúbrica); René Ar-ce Islas (rúbrica); Francisco Antonio Astiazarán Gutiérrez(rúbrica), secretario; Federico Barbosa Gutiérrez (rúbri-ca); Ángel Augusto Buendía Tirado (rúbrica); EnriqueBurgos García (rúbrica); Víctor Manuel Camacho Solís(rúbrica); Horacio Duarte Olivares (rúbrica); Álvaro ElíasLoredo (rúbrica), secretario; Enrique Ariel Escalante Ar-ceo (rúbrica); Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbri-ca), Presidente; Luis Antonio González Roldán (rúbrica),secretario; J. Jesús Lomelí Rosas (rúbrica), secretario;Luis Maldonado Venegas (rúbrica), secretario; GermánMartínez Cázares (rúbrica); Arturo Nahle García (rúbrica),secretario; Janette Ovando Reazola; Aníbal Peralta Gali-cia (rúbrica); Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica);Laura Reyes Retana Ramos (rúbrica); Rogelio HumbertoRueda Sánchez (rúbrica); Claudia Ruiz Massieu Salinas;Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica); Leticia SocorroUserralde Gordillo (rúbrica); Marisol Vargas Bárcena (rú-brica); Pedro Vázquez González (rúbrica), secretario; Emi-lio Zebadúa González (rúbrica).

Por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educa-tivos, diputados: Salvador Pablo Martínez Della Rocca(rúbrica), Presidente; Juan Pérez Medina (rúbrica), TatianaClouthier Carrillo (rúbrica), Consuelo Camarena Gómez,Humberto Filizola Haces (rúbrica), José Guillermo Aré-chiga Santamaría (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa

Ramos (rúbrica), secretarios; María Viola Corella Manza-nilla (rúbrica), Norberto Corella Torres (rúbrica), BlancaJudith Díaz Delgado (rúbrica), Felipe de Jesús Díaz Gon-zález, Florentino Domínguez Ordóñez, Carmen GuadalupeFonz Sáenz, Israel Gallardo Sevilla (rúbrica), Iván GarcíaSolís, María Guadalupe García Velasco (rúbrica), BlancaEsthela Gómez Carmona, José Ángel Ibáñez Montes (rú-brica), Moisés Jiménez Sánchez, Alejandra Méndez Salo-rio, Gerardo Montenegro Ibarra, Inti Muñoz Santini (rú-brica), Óscar Pimentel González (rúbrica), Óscar MartínRamos Salinas (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica),Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Alfonso RodríguezOchoa (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Paulo Jo-sé Luis Tapia Palacios, Lorena Torres Ramos.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: EstaPresidencia no tiene oradores registrados, por lo que consi-dera suficientemente discutido el tema y se reserva para suvotación económica en conjunto.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escu-do Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— PoderLegislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LIX Le-gislatura.— Comisión de Salud.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del H.Congreso de la Unión, de la LIX Legislatura, fue turnadopara su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto deDecreto que adiciona los artículos 124 Bis y 124 Ter a laLey General del Salud.

Los integrantes de la Comisión dictaminadora, con funda-mento en los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45, ydemás relativos de la Ley Orgánica del Congreso Generalde los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89,93 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos aconsideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen re-lativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto antes men-cionada, el cual se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constanciadel trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo en

turno para la elaboración del dictamen respectivo, así comode los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO”, sesintetiza el alcance de la Iniciativa con Proyecto de Decre-to en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comi-sión dictaminadora expresa los argumentos de valoraciónde la propuesta y de los motivos que sustentan el resoluti-vo del dictamen.

I. ANTECEDENTES.

En sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Diputa-dos de la LIX Legislatura el 8 de febrero de 2005, inte-grantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecolo-gista de México, presentaron la Iniciativa con Proyecto deDecreto que adiciona los artículos 124 Bis y 124 Ter a laLey General del Salud.

En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la Iniciativacon Proyecto de Decreto a la Comisión de Salud de la H.Cámara de Diputados, correspondiente a la LIX Legislatu-ra.


En su iniciativa, los diputados integrantes del Grupo Parla-mentario del Partido Verde Ecologista de México, mani-fiestan que en los últimos años ha habido un incremento ydiversidad en las fuentes de campos electromagnéticos, uti-lizadas con fines individuales, industriales y comerciales.

Aseguran que la exposición a los campos electromagnéti-cos emitidos por aparatos de uso común, podría tener efec-tos perjudiciales para la salud, como el cáncer, la reducciónde la fecundidad, pérdida de la memoria, entre otros.

Parten del hecho de que hay dos tipos de fuentes de radia-ción, las naturales que son de muy baja densidad y las arti -ficiales –que son las que producen los dispositivos hechospor el hombre- que son las causantes de la inmensa mayo-ría de campos de Radio Frecuencia (RF) a los que se vesometido el hombre.

Las radiaciones son ondas electromagnéticas que puedendesembocar en efectos adversos para la salud (riesgos sa-nitarios), que ocurren cuando la exposición a ondas elec-tromagnéticas causa un cambio fisiológico detectable en

un sistema biológico, que no puede ser compensado por elcuerpo y que deriva en algún tipo de detrimento de la sa-lud. Dado lo anterior, es necesario difundir y prevenir a lapoblación de los efectos y daños que puede causar la expo-sición a los mismos.

Consideran importante que toda persona conozca de mane-ra directa, cuando se encuentra expuesta a los innumera-bles y variados campos de radio frecuencia que existendentro del entorno en el que nos movemos y con los que te-nemos contacto, ya sea por hacer uso o por vivir cerca dealguna fuente emisora de radiación electromagnética, co-mo serían monitores y pantallas, aparatos de radio de AM,calentadores industriales por inducción, termoselladores,aparatos para diatermia quirúrgica, aparatos de radio deFM, teléfonos móviles, receptores de TV, hornos de micro-ondas, aparatos de radar, dispositivos de enlace por satéli-te, sistemas de comunicaciones por microondas, radiacio-nes solares, transporte eléctrico, etc.


A. La salud es un valor fundamental e indispensable en to-do ser humano, que condiciona el desarrollo y bienestar delas comunidades humanas. Por ello, es responsabilidad delEstado, de conformidad con el artículo 4 de nuestra Cons-titución Política, proteger el derecho a la salud, de acuerdoa las bases y modalidades de acceso a los servicios de sa-lud que determinen las leyes. Del mismo ordenamiento sedesprende la obligatoriedad del Estado del Estado de pro-porcionar información sobre los daños a la salud a los queestá expuesta la población.

B. Coincidimos en que debe prestarse atención a un ade-cuado conocimiento e información sobre los riesgos rela-cionados con los campos electromagnéticos, que tenga encuenta las percepciones que de esos riesgos tienen los ciu-dadanos. Consideramos que el Estado debe estar al tantodel progreso de la tecnología y de los conocimientos cien-tíficos con respecto a la protección contra la radiación, te-niendo en cuenta el aspecto de precaución, y deben dispo-ner exámenes y revisiones periódicos, con la realizaciónperiódica de evaluaciones a la luz de la orientación queofrezcan las organizaciones internacionales pertinentes,como la Comisión internacional de protección contra lasradiaciones no ionizantes.

C. En la exposición de motivos de la iniciativa se hace alu-sión a estudios científicos que no se citan y no se propor-ciona información científica que avale o que revele con



precisión cuales son los efectos adversos para la salud pro-ducidos por radiaciones.

Al respecto es propicio señalar que los experimentos reali-zados en laboratorios especializados han mostrado algunasposibles consecuencias de la exposición prolongada a losCEM, pero todavía es demasiado pronto para poder esta-blecer conclusiones definitivas. La literatura científicamuestra que los estudios realizados son demasiado recien-tes para definir los efectos prolongados producidos por laexposición a radiación electromagnética. Se han identifica-do posibles efectos a corto plazo, pero la comunidad cien-tífica todavía está muy lejos de descifrar los efectos a lar-go plazo

Consideramos necesaria la aplicación del principio de cau-tela, por el que las autoridades deban centrarse en protegera los ciudadanos del riesgo de lesiones ocasionadas por laexposición a los campos electromagnéticos, es propicio se-ñalar que no se cuenta con evidencia sobre los efectos ad-versos de la radiación en la salud, por lo que se estaría aler-tando innecesariamente a la población, en el caso de laadición del artículo 124 Ter a la Ley General de Salud.

Los supuestos contemplados en la adición antes menciona-da, se refieren a fuentes de radiación en las que la leyendacumpliría la función de prevención únicamente respecto dequien adquiere el aparato de que se trata mas no respectodel público en general, que es el que se encuentra expues-to a este tipo de radiaciones, razón por la cual se consideraque la regulación de las emisiones de tales dispositivos de-ben hacerse a través de disposiciones correspondientes almedio ambiente.

D. En las últimas décadas se han publicado muchos estu-dios sobre los efectos de las radiofrecuencias en los seresvivos y hoy en día la sociedad demanda cada vez más in-formación acerca de estos efectos.

Distintos organismos de expertos independientes han lle-vado a cabo análisis sobre la investigación científica exis-tente relativa a la seguridad de los teléfonos móviles, esta-ciones base y otras fuentes de radiación de esta índole y susconclusiones han coincidido en gran parte: las pruebascientíficas obtenidas hasta la fecha no demuestran que eluso de estas fuentes de radiación representen un riesgo pa-ra la salud.

Por su parte, el Consejo de la Unión Europea de 1999 ga-rantiza la ausencia de efectos adversos sobre la salud. La

Organización Mundial de la Salud concluye en un comu-nicado de junio de 2000 que “Ninguna de las revisionesrecientes ha concluido que la exposición a campos elec-tromagnéticos de las radiofrecuencias de la telefonía mó-vil cause algún daño adverso sobre la salud”, y recomien-da que debe llevarse a cabo más investigación sobre eltema.

El último reporte sobre los campos electromagnéticoselaborado por la Organización Mundial de la Salud mani-fiesta que todas las evaluaciones realizadas hasta la fechahan indicado que las exposiciones a niveles inferiores alos límites recomendados en las directrices sobre CEM dela ICNIRP (1998), que abarcan el intervalo completo defrecuencias, de 0 a 300 GHz, no producen ningún efectoperjudicial para la salud conocido. No obstante, aún haylagunas de conocimiento que se deben abordar para podermejorar las evaluaciones sobre los riesgos para la salud.

La OMS está realizando actualmente una evaluación y es-timación completa de los riesgos para la salud de exposi-ciones a CEM de todas las frecuencias. Los resultados deesta Evaluación de los Riesgos para la Salud no estarándisponibles hasta dentro de unos años, pero se presume quepermitirán:

1. Identificar lagunas de conocimiento que deben inves-tigarse en mayor profundidad para mejorar las evalua-ciones de los riesgos para la salud.

Los resultados de las evaluaciones científicas se utilizanpara identificar las lagunas de conocimiento y constitu-yen la base de la Agenda de investigación sobre CEMde la OMS. Esta Agenda de investigación incluye unalista de investigaciones pendientes sobre CEM que de-ben completarse para que la OMS disponga de informa-ción suficiente para mejorar sus evaluaciones sobre losposibles riesgos para la salud de la exposición a CEM.La Agenda de investigación incluye también un conjun-to de directrices generales sobre la calidad de las inves-tigaciones sobre CEM.

2. Fomentar investigaciones centradas en los camposdefinidos antes El Proyecto Internacional CEM ha crea-do una base de datos sobre investigación cuyo propósi-to es informar a investigadores de todo el mundo sobrequé proyectos de interés para la Agenda de investiga-ción sobre CEM de la OMS están en curso y cuáles sonaún necesarios.

En virtud de que no hay evidencia científica que permitahacer un juicio categórico en torno a los efectos que pro-ducen las radiaciones y tomando en consideración la técni-ca legislativa, es de nuestro parecer que la Ley General deSalud, en un marco general, sólo debe regular la preven-ción de los posibles riesgos a la salud proveniente de ra-diaciones, mientras que las especificaciones relativas a le-yendas precautorias y sus requisitos se deben regular anivel de disposiciones reglamentarias.

El marco jurídico debe ser revisado y evaluado periódica-mente a la luz de los nuevos conocimientos y de las nove-dades de la tecnología y de las aplicaciones de las fuentesy prácticas que dan lugar a exposición a campos electro-magnéticos, por ello, consideramos más factible atender através de disposiciones reglamentarias los resultados quearrojen las presentes y futuras investigaciones sobre losefectos de las radiaciones en la salud, resultados que, porsu dinamismo, sería complicado estar atendiendo a travésde reformas a la Ley.

E. En otro sentido, es propicio señalar que la legislaciónactual contempla únicamente supuestos relativos a la ra-diación ionizante, ya que de este tipo de radiación se tienemayor evidencia sobre los efectos negativos que puedeocasionar a la salud.

La propuesta de la iniciativa tiene como fin, entre otros,normar en materia de radiación no ionizante, lo cual esplausible, sin embargo, es menester señalar que la Ley Ge-neral de Salud, no define el concepto de radiación no ioni-zante, únicamente hace referencia a la radiación ionizante-en su artículo 124- por lo que para que fuera viable unaadición como la propuesta en la iniciativa, tendría que es-tablecerse la definición previamente en la propia Ley u enotro ordenamiento jurídico de aplicación general.

Las aprobación de las adiciones materia de este dictamen,en ausencia de un concepto de radiación no ionizante enla Ley, provocaría incertidumbre e inoperatividad de laLey, en lo referente a los artículos propuestos en la ini-ciativa, pues habría un vacío jurídico que afectaría a losmismos.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comi-sión de Salud, con las atribuciones que le otorga el artícu-lo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Esta-dos Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Es-tados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el

Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, pone-mos a consideración el siguiente:

ACUERDO.

Único. No es de aprobarse la Iniciativa con Proyecto deDecreto que adiciona los artículos 124 Bis. y 124 Ter. a laLey General del Salud, por considerarse inadecuada, todavez que, por técnica legislativa, la regulación de leyendasprecautorias y sus requisitos debe hacerse a través de dis-posiciones reglamentarias y no de una ley general, como esel caso de la Ley General de Salud.

Archívese el presente asunto, como total y definitivamenteconcluido.


El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: EstaPresidencia no tiene registrados oradores, por lo que consi-dera el tema suficientemente discutido y lo reserva para suvotación económica en conjunto.


La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «EscudoNacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara deDiputados.— LIX Legislatura.— Comisión de Salud.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del H.Congreso de la Unión, de la LIX Legislatura, fue turnado



para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto deDecreto que reforma la fracción I del artículo 186 de la LeyGeneral del Salud.

Los integrantes de la Comisión dictaminadora, con funda-mento en los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45, ydemás relativos de la Ley Orgánica del Congreso Generalde los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89,93 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos aconsideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen re-lativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto antes men-cionada, el cual se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constanciadel trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo enturno para la elaboración del dictamen respectivo, así comode los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO”, sesintetiza el alcance de la Iniciativa con Proyecto de Decre-to en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comi-sión dictaminadora expresa los argumentos de valoraciónde la propuesta y de los motivos que sustentan el resoluti-vo del dictamen.

I. ANTECEDENTES.

En sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Diputa-dos de la LIX Legislatura el 14 de diciembre de 2004, in-tegrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Eco-logista de México, presentaron la Iniciativa con Proyectode Decreto que reforma la fracción I del artículo 186 de laLey General de Salud.

En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la Iniciativacon Proyecto de Decreto a la Comisión de Salud de la H.Cámara de Diputados, correspondiente a la LIX Legisla-tura.


En su iniciativa, los diputados integrantes del Grupo Parla-mentario del Partido Verde Ecologista de México, mani-fiestan que se requieren investigaciones prometedoras enáreas vitales como el síndrome del alcohol fetal, efecto del

alcohol en el cerebro y otros órganos, factores en el am-biente del bebedor que pueden contribuir al abuso del al-cohol y al alcoholismo, estrategias para reducir problemasrelacionados con el alcohol y nuevas técnicas de trata-miento. En su exposición de motivos los promoventes ma-nifiestan que el conjunto de estas investigaciones ayudarána prevenir problemas de alcohol en la salud; identificarabuso de alcohol y alcoholismo durante etapas tempranas yy que las estrategias de tratamiento seas más efectivas es-tén disponibles.

Impera la necesidad de apoyar mas la investigación orien-tada al sector salud y la de instrumentar medidas de pro-moción de la salud que incluyan acciones orientadas a mo-dificar la cultura de embriaguez. La investigación de cómoafecta el alcoholismo en la salud es la base para luchar con-tra este problema en todos los ámbitos.


A. El desarrollo y bienestar de las comunidades humanasesta condicionado por un valor fundamental e indispensa-ble en todo ser humano, la salud. Es responsabilidad delEstado, de conformidad con el artículo 4 de nuestra CartaMagna, dotar a la ciudadanía de los servicios de salud, loscuales deben incluir programas dirigidos a las adicciones.

El alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas son unproblema serio en nuestro país, por sí mismos y por losefectos que causan en la salud y en la sociedad, pues se vin-culan con enfermedades, accidentes, homicidios, suicidios,desintegración familiar, etc. El incremento de la ingesta debebidas alcohólicas y la reducción de la edad de consumo,constituyen dos factores que muestran que la cultura de laembriaguez adquiere cada vez mayor fuerza, por lo que sedeben fortalecer las medidas tendientes a revertir esta ten-dencia.

B. La obligatoriedad del Estado de proporcionar informa-ción sobre los daños que ocasiona el alcoholismo y el abu-so del alcohol se sustenta en el artículo 4º de la Constitu-ción. En él se consigna que toda persona tiene derecho a laprotección de la salud y que la Ley definirá las bases y mo-dalidades para el acceso a los servicios de salud y estable-cerá la concurrencia de la Federación y las entidades fede-rativas en materia de salubridad general. Además, laConstitución concede a las legislaturas de los estados lacapacidad de dictar leyes encaminadas a combatir el al-coholismo de conformidad con el último párrafo artículo117.

Al respecto, la Ley General de Salud, precisa en su artícu-lo 2 las finalidades del derecho a la protección de la salud,entre las que destaca la contenida en la fracción VII, quecontempla el “desarrollo de la enseñanza y la investigacióncientífica y tecnológica para la salud”.

Por su parte, el artículo 3 del citado ordenamiento señala,en forma independiente, como materia de salubridad gene-ral la coordinación de la investigación para la salud y elcontrol de ésta en los seres humanos; la educación para lasalud y el programa contra el alcoholismo.

La Ley General de Salud, en el Capítulo Único del TítuloV, destaca la importancia de la investigación para la salud,que comprende – según el artículo 96 de la propia Ley- eldesarrollo de acciones que contribuyan, entre otras, al co-nocimiento de los procesos biológicos y psicológicos enlos seres humanos y a la prevención y control de los pro-blemas de salud que se consideren prioritarios para la po-blación, como es el caso del alcoholismo.

El artículo 185 del citado ordenamiento establece que elPrograma contra el alcoholismo y abuso de bebidas alco-hólicas comprenderá acciones en materia de educación so-bre los efectos del alcohol en la salud y en las relacionessociales, dirigidas especialmente a niños, adolescentes,obreros y campesinos.

Así mismo en su artículo 185, en congruencia con la LeyOrgánica de la Administración Pública Federal -que facul-ta en la fracción XVI del artículo 39, a la Secretaría de Sa-lud para estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas ne-cesarias para luchar contra el alcoholismo- indica que laSecretaría de Salud y los gobiernos estatales se coordina-rán para la ejecución del Programa contra el Alcoholismoy el Abuso de Bebidas Alcohólicas. Y el artículo 186, es-tablece que la investigación deberá enfocarse a detectar lascausas del alcoholismo y al estudio de los efectos de la pu-blicidad, de los hábitos de consumo de alcohol en los dife-rentes grupos de población, y de los efectos del abuso delalcohol en diferentes ámbitos.

Por otro lado, el Reglamento Interior del Consejo Nacionalcontra las Adicciones, en su artículo 1º, define que este or-ganismo tendrá por objeto promover y apoyar las accionesde los sectores público, social y privado tendientes a la pre-vención y combate de los problemas de salud pública cau-sados por el alcoholismo, así como promover y evaluar losprogramas correspondientes.

En el mismo sentido, es prudente señalar que la Secretaríade Salud emitió la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999 para la prevención, tratamiento y control de lasadicciones, vigente desde el 16 de septiembre de 2000 yque cuenta con un apartado 10 referente a la Investigación,la cual -de acuerdo a la Norma- tiene por objeto determinarlas características y tendencias del problema, así como sumagnitud e impacto en lo individual, familiar y colectivo;proveer de una base científica que permita diseñar e imple-mentar políticas en materia de adicciones; evaluar el im-pacto de los programas preventivos, así como de trata-miento y rehabilitación; identificar grupos y factores deriesgo y orientar la toma de decisiones y establecer el nivelde costo-efectividad de las acciones.

Las normatividad señalada con anterioridad nos permiteconstatar que la legislación vigente contempla, en formabasta, los temas relativos a la enseñanza, investigación, tra-tamiento y prevención de los efectos del alcoholismo y delabuso de bebidas alcohólicas.

C. Por cuestiones de técnica legislativa, no se debe inter-pretar el contenido del artículo 186 en forma restrictiva, yaque la investigación en salud no se limita al programa con-tra alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, sino quetrasciende a otros ámbitos de la Ley.

La información para la investigación y estudio de los efec-tos del alcoholismo y abuso de bebidas alcohólicas en elcuerpo humano se obtiene a posteriori, ya que a través deltratamiento de enfermedades se logra obtener la relacióncausa-efecto que permite, posteriormente, prevenir o tratarcon mayor eficacia los padecimientos. El estudio de estarelación causal, obtenida del estudio y tratamiento patolo-gías ocasionadas por el consumo del alcohol, no es propia-mente materia del Programa contra el alcoholismo y elabuso de bebidas alcohólicas, sino de los institutos, orga-nismos, hospitales, centros de investigación, etc. que se de-dican a la atención medica y control de enfermedades.

El programa contra alcoholismo y el abuso de bebidas al-cohólicas se avoca a combatir precisamente esos dos pro-blemas, es decir, se enfoca a la enfermedad llamada alco-holismo y a sus causas, no así al tratamiento oinvestigación de las enfermedades que se generan por di-cha adicción. Por otro lado, el hecho de que no se encuen-tre específicamente contemplada la investigación de losefectos del alcoholismo en el artículo 186, no significa queen la actualidad no se genere información o que no haya es-tudios al respecto.



Si se interpretara dicho artículo en sentido estricto y enforma restrictiva, como se pretende en la Iniciativa, no ca-bría la posibilidad de investigar en torno al abuso de bebi-das alcohólicas, toda vez que la fracción I del artículo 186,aún con la modificación propuesta, sólo contempla el alco-holismo.

D. El alcoholismo es un problema que es y ha sido investi-gado y combatido a lo largo de los años. El Centro Mexi-cano de Estudios en Farmacodependencia (CEMEF), crea-do en 1972, es una institución donde se desarrollaron lasprimeras investigaciones epidemiológicas, biomédicas yclínicas para estudiar el uso y abuso de sustancias adictivasen México. El Centro Mexicano de Salud Mental (CEME-SAM), creado en 1979, incluyó en sus investigaciones eltema de las adicciones y la salud mental. Posteriormente,de 1985 a 1995, por Decreto Presidencial se implantan elConsejo Nacional contra la Farmacodependencia y el Con-sejo Nacional contra el Alcoholismo, que tuvieron comoprimera actividad la elaboración de los programas respec-tivos, con base en un proyecto coordinado por el entoncesInstituto Mexicano de Psiquiatría.

Por su parte el CONADIC -Consejo Nacional contra lasAdicciones- se vincula con el campo de las adicciones y suobjetivo era establecer un marco normativo, así como lo-grar la integración y congruencia de los esfuerzos de losdistintos sectores a través de los programas nacionales con-tra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas, elTabaquismo y la Farmacodependencia. En la actualidad es-te Consejo coordina el “Programa de Acción: Adicciones,Alcoholismo y Abuso de Bebidas Alcohólicas”, que sedesarrolla en forma conjunta con las entidades federativasy que tiene alcance en todo el país y que se encuentra re-gulado en el título undécimo de la Ley General de Salud.

Según el “Programa de Acción: Adicciones, Alcoholismoy Abuso de Bebidas Alcohólicas”, en algunos hospitalesgenerales e instituciones psiquiátricas de la Secretaría deSalud se incluyen medidas orientadas a atender específica-mente a pacientes alcohólicos y a quienes padecen trastor-nos psiquiátricos causados por el uso o abuso del alcohol,como el Centro de Atención a Problemas Relacionados conel Alcohol (CAPRA) del Hospital General de México, en-tre otros. Por lo que concierne a la responsable de la vigi-lancia epidemiológica de las adicciones, la Dirección Ge-neral de Epidemiología (DGE), cabe destacar que seencarga de organizar y coordinar a las instituciones corres-pondientes para obtener, procesar y generar información

epidemiológica relacionada con las adicciones. El InstitutoMexicano del Seguro Social (IMSS) adicionalmente a losservicios de atención de las complicaciones médicas porconsumo de alcohol, lleva a cabo acciones de informacióny difusión sobre los daños a la salud producidos por el abu-so de bebidas alcohólicas y el alcoholismo, dirigidas tantoa los usuarios de los tres niveles de atención como al per-sonal médico, paramédico, operativo y administrativo de lainstitución.

En el mismo orden de ideas, el Instituto Nacional de Psi-quiatría (INP) y la Dirección General de Epidemiología dela Secretaría de Salud recaban y sistematizan permanente-mente la información relevante en cuanto al consumo debebidas alcohólicas. Asimismo, realizan periódicamentelas Encuestas Nacionales de Adicciones y mantienen la re-cuperación de datos a través del Sistema de Reporte de In-formación en Drogas (SRID) que se elabora semestralmen-te, y del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de lasAdicciones (SISVEA), en los que se incluyen indicadoressobre el consumo de alcohol. El Instituto también lleva acabo investigaciones epidemiológicas sobre el consumo dealcohol en poblaciones rurales e indígenas y sobre los efec-tos del consumo en adolescentes. Igualmente, de formaconjunta con la Organización Internacional del Trabajo, haproducido un programa de intervención para la prevenciónde los problemas relacionados con el consumo de alcoholen lugares de trabajo.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) yotras universidades e instituciones de educación superiorincluyen dentro de sus programas preventivos dirigidos a lacomunidad estudiantil temas relacionados con el alcoholis-mo y el abuso de bebidas alcohólicas. La Facultad de Me-dicina de la UNAM imparte un curso de entrenamiento enadicciones dirigido a médicos especialistas en psiquiatríaque contiene una importante carga con relación al alcoho-lismo y al abuso de bebidas alcohólicas.

Por lo expresado, estamos concientes de que el alcoholis-mo y el abuso de bebidas alcohólicas constituyen un pro-blema de salud pública, sin embargo, es de considerarseimprocedente la Iniciativa materia de este dictamen ya quelos efectos del alcoholismo son materia de estudio por par-te del Sector Salud y organismos relacionados con éste.Además, por técnica legislativa, no opera una reforma a lafracción I del artículo 186 tal como se propone, toda vezque su naturaleza, contenido y alcance, no son concurrencon el de la Iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comi-sión de Salud, con las atribuciones que le otorga el artícu-lo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Esta-dos Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso Generalde los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamen-to para el Gobierno Interior del Congreso General de losEstados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el si-guiente:

ACUERDO.

Único. No es de aprobarse la Iniciativa con Proyecto deDecreto que reforma la fracción I del artículo 186 de la LeyGeneral del Salud, por considerarse innecesaria, toda vezque en la actualidad ya existe legislación y se efectúan ac-ciones, estrategias y programas de investigación respecto alos efectos del alcoholismo y el abuso de bebidas alcohóli -cas. Además, resulta inapropiada, ya que la fracción que sepretende reformar por su naturaleza, contenido y alcance,no precisa la modificación sugerida.

Archívese el presente asunto, como total y definitivamenteconcluido.


El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: EstaPresidencia no tiene registrados oradores; considera el te-ma suficientemente discutido. Pregunte la Secretaría a laAsamblea, en votación económica, si son de aprobarse és-te y los anteriores puntos de acuerdo sobre dictámenes ne-gativos de iniciativas presentadas.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se va aproceder a recoger la votación económica de estos puntosde acuerdo y de los anteriormente reservados.


Los ciudadanos diputados que estén por la negativa ... Lamayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Aprobados, los puntos de acuerdo; archívense los expe-dientes como asuntos totalmente concluidos. Por lo quese refiere al de la Comisión de Hacienda y Crédito Públi-co, devuélvase a la Cámara de Senadores, para los efec-tos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Polí-tica de los Estados Unidos Mexicanos. Continúe laSecretaría dando cuenta al Pleno de los puntos de acuerdosignados por la Junta de Coordinación Política; a saber,tres.

INFLUENZA

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «EscudoNacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara deDiputados.— LIX Legislatura.— Junta de Coordinación Po-lítica.

Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, porel que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a quese adopten las medidas necesarias para asegurar que la so-ciedad mexicana ha quedado libre de la posibilidad de con-tagio en virtud de la destrucción de las muestras del virusde influenza H2N2.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputa-dos.— Presentes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lodispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b), de la LeyOrgánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-xicanos, así como por el artículo décimo cuarto del Acuer-do relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusio-nes de los Dictámenes y la Operación del SistemaElectrónico de Votación, hace suya la proposición con pun-to de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría deSalud a efecto de que se lleven a cabo las medidas necesa -rias para asegurar a la población mexicana en todo elpaís, sobre la posibilidad de contagios derivados de la



destrucción de la vacuna H2N2, y que la Comisión de Sa-lud de esta Honorable Cámara de Diputados, se ponga encontacto con el director del Centro Nacional de VigilanciaEpidemiológica y Control, con el objeto de corroborar di-rectamente que efectivamente ya no se corre ningún riesgoen materia de salud pública, presentada por el diputado Je-sús Martínez Álvarez, coordinador del grupo parlamentariode Convergencia, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la considera-ción del Pleno de la Cámara de Diputados del honorableCongreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados exhorta al titular de laSecretaría de Salud a que se adopten las medidas necesa-rias para asegurar que la sociedad mexicana ha quedado li-bre de la posibilidad de contagio en virtud de la destrucciónde las muestras del virus de influenza H2N2.

Segundo: Se solicita al Presidente de la Comisión de Sa-lud que establezca comunicación con el director del CentroNacional de Vigilancia Epidemiológica y Control, a efectode corroborar que no existen riesgos para la salud de losmexicanos.

Palacio Legislativo, a 14 de abril de 2005.— Dip. JoséGonzález Morfín (rúbrica p.a), Presidente; Dip. EmilioChuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parla-mentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip.Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del GrupoParlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador delGrupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mé-xico; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordina-dor del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip.Jesús Martínez Álvarez (rúbrica), Coordinador del GrupoParlamentario de Convergencia.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cá-mara de Diputados.— LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al ti-tular de la Secretaría de Salud a efecto de que se llevena cabo las medidas necesarias para asegurar a la po-blación mexicana en todo el país, sobre la posibilidad decontagios derivados de la destrucción de la vacunaH2N2, y que la Comisión de Salud de esta HonorableCámara de Diputados, se ponga en contacto con el di-

rector del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológi-ca y Control, con el objeto de corroborar directamenteque efectivamente ya no se corre ningún riesgo en ma-teria de salud pública

Consideraciones

Es un hecho conocido que a finales del año anterior se re-cibieron en México, procedentes de Estados Unidos deNorteamérica, diversas dosis de una vacuna denominadaH2N2, mismas que fueron enviadas por error.

Sobre el particular, la Secretaría de Salud se ha pronuncia-do en el sentido de que ya se aseguraron y destruyeron lasmuestras del virus de influenza H2N2 de tres laboratoriosprivados de la Red Mexicana (Flunet), tras una orden emi-tida por la Organización Mundial de la Salud, por la mor-talidad que la dicha vacuna implica.

Dicha dependencia ha afirmado que con la destrucción delas muestras quedan eliminados los posibles riesgos decontagio para la población en general.

Ante la situación que se ha presentado, se actuó de inme-diato mediante un operativo conjunto con la participaciónde personal especializado del Centro Nacional de Vigilan-cia Epidemiológica y Control de Enfermedades (Cenave-ce) y la Comisión Federal para la protección de RiesgosSanitarios (Cofepris).

De esa manera, se aseguraron las medidas de bioseguridadrecomendadas por la Organización Mundial de la Salud yla Norma Oficial Mexicana de Desechos Tóxicos.

La Secretaria de Salud reiteró el día de ayer, 13 de abril de2005, que con la destrucción de las muestras se eliminócualquier riesgo para los propios trabajadores de la red delaboratorios y para la población en general.

La Cámara de Diputados, como integrante del Poder Le-gislativo, en un ámbito interdisciplinario de colaboracióncon los órganos del Poder Ejecutivo, se pronuncia sobre elparticular, en aras de velar por la población, garantizandolas facultades de representación que tienen encomendadoslos legisladores.

A juicio del grupo parlamentario de Convergencia, la si-tuación que se presenta es riesgosa en el ámbito de la saludpública y se estima conveniente que se lleven a cabo medi-das estrictas de seguridad para garantizar que la población

esté completamente fuera de peligro, con respecto a unaposible propagación del virus de la vacuna H2N2.

Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 58 delReglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene-ral y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso Ge-neral de los Estados Unidos Mexicanos, someto a conside-ración del Pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, aefecto de que se lleven a cabo las medidas necesarias queaseguren la ausencia de peligro de contagio para la pobla-ción mexicana, derivada de la recepción de la vacunaH2N2, y que la Comisión de Salud de esta Honorable Cá-mara de Diputados se ponga en contacto con el directordel Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Con-trol con el objeto de corroborar directamente que, efecti-vamente, ya no se corre ningún riesgo en materia de saludpública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2005.—Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Con-tinúe la Secretaría. Solicite la votación económica por fa-vor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En vota-ción económica se pregunta si se aprueba.


Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvan-se manifestarlo.... La mayoría por la afirmativa, diputadoPresidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese. Continúela Secretaría.

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «EscudoNacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara deDiputados.— LIX Legislatura.— Junta de Coordinación Po-lítica.

Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, porel que la Cámara de Diputados respalda los trabajos parapromover una reforma amplia de la Organización de lasNaciones Unidas


La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lodispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b), de la LeyOrgánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-xicanos, así como por el artículo décimo cuarto del Acuer-do relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusio-nes de los Dictámenes y la Operación del SistemaElectrónico de Votación, hace suya la proposición con pun-to de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del H.Congreso de la Unión respalda los trabajos del GobiernoFederal para promover una reforma amplia de la Organi-zación de las Naciones Unidas, suscrita por diputadas y di-putados de distintos grupos parlamentarios integrantes dela Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara deDiputados, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la considera-ción del Pleno de la Cámara de Diputados del honorableCongreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del Congreso de laUnión expresa su respaldo a las acciones encabezadas porel Gobierno Federal para promover una reforma integral dela Organización de las Naciones Unidas y reconoce el altovalor de dichos esfuerzos.

Segundo: La Cámara de Diputados apoya la actividad dela diplomacia mexicana en el marco del Grupo de Ami-gos para la Reforma de las Naciones Unidas y el Grupode Países Afines.

Tercero: La Cámara de Diputados se pronuncia a favorde una reforma del Consejo de Seguridad de la Organi-zación de las Naciones Unidas encaminada a democrati-zar dicho órgano y a propiciar la trasparencia, rendiciónde cuentas y la participación igualitaria de los Estados ensus trabajos, a través de la ampliación de miembros nopermanentes.

Cuarto: Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exte-riores a mantener un canal de diálogo permanente con los



diputados federales a fin de conocer los avances que se re-gistren en el tema.

Quinto: Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directivaque difunda el contenido del presente acuerdo entre las Le-gislaturas de otros países de la región, así como que las ex-horte a que tengan una mayor participación en la discusiónde un tema de gran importancia para la comunidad interna-cional en su conjunto.

Sexto: Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directivaque, en ejercicio de la función de representación institucio-nal en el ámbito de la diplomacia parlamentaria, informe alos diversos foros y organismos parlamentarios internacio-nales en los que participa esta Cámara de Diputados.

Asimismo, se exhorta a las diputadas y diputados inte-grantes de las diversas delegaciones permanentes ante fo-ros y organismos parlamentarios de carácter internacionala que difundan y promuevan en su oportunidad el presen-te acuerdo.

Palacio Legislativo, a 18 de abril de 2005.— Dip. JoséGonzález Morfín (rúbrica p.a), Presidente; Dip. EmilioChuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parla-mentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip.Pablo Gómez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamenta-rio del Partido de la Revolución Democrática; Dip. ManuelVelasco Coello (rúbrica), Coordinador del Grupo Parla-mentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip.Alejandro González Yáñez, Coordinador del Grupo Parla-mentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Ál-varez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario deConvergencia.»

«Proposición con punto de acuerdo de urgente u obviaresolución, por el que la Cámara de Diputados del H.Congreso de la Unión respalda los trabajos del Gobier-no Federal para promover una reforma amplia de laOrganización de las Naciones Unidas

Quienes suscribimos, diputados, integrantes de la Comi-sión de Relaciones Exteriores de la LIX Legislatura de laCámara de Diputados del Honorable Congreso de laUnión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y59 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos aconsideración del Pleno de esta asamblea, la siguiente pro-posición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolu-ción por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de

la Unión respalda los trabajos del Gobierno Federal parapromover una reforma amplia de la Organización de lasNaciones Unidas, con base en las siguientes

Consideraciones

La institución fundamental que la humanidad se ha dado así misma para prevenir los conflictos y asegurar la paz y laseguridad internacionales, la Organización de las NacionesUnidas se encuentra inmersa en un intenso debate para lareforma de su sistema de toma de decisiones, la membresíade sus órganos y su funcionamiento.

En septiembre de 2003, el Secretario General de las Na-ciones Unidas, Kofi Annan, lanzó un llamado a los Estadospara trabajar a favor de una reforma institucional que per-mitiera a ese foro multilateral responder a los nuevos retosque le impone la realidad internacional contemporánea.

Desde su conformación, México ha apoyado la labor delPanel de Alto Nivel del Secretario General de la ONU pa-ra promover la reforma. Luego de la presentación de su in-forme, ha considerado que sus esfuerzos contribuirán a ha-cer de las Naciones Unidas una instancia más eficiente,transparente, democrática y representativa.

Como muestra de su compromiso con el fortalecimiento almultilateralismo y con la Organización de las NacionesUnidas, México ha emprendido un esfuerzo de concerta-ción activa a favor de la reforma a la organización y se en-cuentra promoviendo este tema en el marco del Grupo deAmigos para la Reforma de las Naciones Unidas al quetambién pertenecen Alemania, Argelia, Australia, Canadá,Chile, Colombia, España, Japón, Kenya, México, NuevaZelanda, Países Bajos, Pakistán, Singapur y Suecia.

A lo largo de casi un año de deliberaciones, el Grupo deAmigos examinó propuestas sobre diferentes aspectos dela reforma y elaboró 14 documentos de posición con pro-puestas concretas para revitalizar el trabajo de la AsambleaGeneral: fortalecer el Consejo Económico y Social; mejo-rar los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad; re-forzar el papel de la Corte Internacional de Justicia; pro-mover y proteger los derechos humanos; impulsar lasactividades de consolidación de la paz de las NacionesUnidas; mejorar los medios civiles en la prevención y ges-tión de los conflictos, entre otros.

La reforma del Consejo de Seguridad es, sin duda alguna,el tema más controvertido de la reforma integral y México

ha venido promoviendo una propuesta para democratizardicho órgano y hacerlo más transparente, eficaz y repre-sentativo. Su intensa labor diplomática, desplegada de ma-nera individual o a través de grupos de Estados que com-parten visiones comunes, como el caso del Grupo de PaísesAfines, ha estado encaminada a que el Consejo de Seguri-dad aumente su número de miembros, pero únicamente enla categoría no permanente a fin de asegurar que todos losEstados y no sólo unos cuantos puedan participar en las la-bores de este importante órgano.

La indispensable ampliación del Consejo de Seguridadpuede alcanzarse con la creación de una categoría demiembros electos no permanentes, con un término de man-dato con más duración que los dos años que actualmentetienen los miembros no permanentes y con la posibilidadde reelección inmediata. Esta propuesta implica tambiénuna institucionalización de mejoras en sus métodos de tra-bajo, la reglamentación y, por tanto, limitación del derechode veto y un amplio esquema de rendición de cuentas desus trabajos.

Asignar asientos a un número limitado de nuevos miem-bros permanentes conduciría a que menos países, no más,concentren la toma de decisiones. Dicha concentración depoder se haría todavía más profunda si los nuevos miem-bros permanentes contaran con el poder de veto, entorpe-ciendo la toma de decisiones y propiciando la pérdida pro-gresiva de una contribución efectiva del contribución delos Estados miembros a las labores de la Organización.Con la propuesta de México, en cambio, las oportunidadesde la comunidad internacional para participar activamenteen el Consejo de Seguridad se amplían y no se reducen.

Entre otros aspectos de la reforma, el Gobierno Mexicanoimpulsa la promoción del desarrollo, el combate a la po-breza, el respeto de los derechos humanos, la acción pre-ventiva para hacer frente a situaciones que pueden poner enpeligro la paz y la seguridad internacionales y el cumpli-miento de los compromisos de la Conferencia de Monte-rrey sobre la financiación del desarrollo. Uno de los aspec-tos más relevantes es que nuestro país busca una reformaintegral que mejore la capacidad de la organización en suconjunto y no una reforma limitada a un solo órgano.

Dada la alta prioridad que tiene el terna de la reforma de lasNaciones Unidas, las acciones instrumentadas por nuestropaís incluyen el trabajo sistemático de sus representacionesen el exterior y la participación activa de la Misión Perma-nente en Nueva York en las consultas que sobre este tema

han tenido lugar en la Asamblea General. Nuestro paístambién ha procurado fomentar el diálogo y la interaccióncon el Secretario General y sus colaboradores, con miem-bros del Panel de Ato Nivel y del Proyecto del Milenio.

A la luz de la importancia que tiene la reforma de las Na-ciones Unidas para la conformación del nuevo sistema deseguridad colectiva en gestación, en el que México estaráparticipando, y dado que las posiciones que promueve elGobierno Federal reflejan valores e intereses comunes detodos los mexicanos, resulta fundamental que la Cámara deDiputados adopte una proposición con punto de acuerdopara respaldar los esfuerzos del gobierno federal en la ma-teria pronunciándose a favor de una organización de lasNaciones Unidas más democrática, transparente, eficaz yfortalecida.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se some-te a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la si-guiente proposición con punto de acuerdo de urgente u ob-via resolución:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de laUnión, expresa su respaldo a las acciones encabezadas porel Gobierno Federal para promover una reforma integral dela Organización de las Naciones Unidas y reconoce el altovalor de dichos esfuerzos.

Segundo. La Cámara de Diputados apoya la actividad de ladiplomacia mexicana en el marco del Grupo de Amigos pa-ra la Reforma de las Naciones Unidas y del Grupo de Paí-ses Afines.

Tercero. la Cámara de Diputados se pronuncia a favor deuna reforma del Consejo de Seguridad de la ONU encami-nada a democratizar dicho órgano y a propiciar la transpa-rencia, rendición de cuentas y la participación igualitariade los Estados en sus trabajos, a través de la ampliación demiembros no permanentes.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaríade Relaciones Exteriores a mantener un canal de diálogopermanente con los diputados federales a fin de conocer losdesarrollos que se vayan registrando en el tema.

Quinto. La Cámara de Diputados se compromete, median-te la Mesa Directiva de este órgano legislativo, a difundirel presente punto de acuerdo entre las Legislaturas de otros



países de la región y a exhortarlas para que tengan una ma-yor, participación en la discusión de un tema de gran im-portancia para la comunidad internacional en su conjunto.

Igualmente, que dicho órgano sobre el cual recae la repre-sentación diplomática de esta soberanía, informe a los di-versos foros y organismos parlamentarios internacionales alos que concurre esta Cámara de Diputados de la LIX Le-gislatura el presente punto de acuerdo.

Asimismo, que los ciudadanos diputados que participencorno delegados de esta soberanía ante los referidos forosy organismos parlamentarios, difundan y comuniquen ensu oportunidad este punto de acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2005.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.



El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Apro-bado; comuníquese. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE VERACRUZ

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cá-mara de Diputados.— LIX Legislatura.— Junta de Coordi-nación Política.

Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, enrelación con el reciente accidente en Nanchital, estado deVeracruz


La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lodispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b), de la LeyOrgánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-xicanos, así como por el artículo décimo cuarto del Acuer-do relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusio-

nes de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electró-nico de Votación, hace suya la proposición con punto deacuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo federal paraque investigue a fondo las causas de la fuga de amoníacoen Nanchital, Veracruz, Petróleos Mexicanos indemnice alas familias de los fallecidos, y se realicen inversiones deprevención de accidentes, presentada por el diputado Gon-zalo Guízar Valladares, integrante del grupo parlamentariodel Partido Revolucionario Institucional, cuyo original seanexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la considera-ción del Pleno de la Cámara de Diputados del HonorableCongreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados exhorta a PetróleosMexicanos a que investigue a fondo las causas que provo-caron la fuga y explosión en el ducto de amoniaco en elmunicipio de Nanchital, Veracruz.

Asimismo, se exhorta a evaluar las capacidades técnico-operativas de la empresa Reparaciones Navales y Petroquí-mica, SA de CV, a efecto de determinar si cuenta con losrequisitos mínimos necesarios para desempeñar trabajos demantenimiento en ductos de Pemex y, específicamente, siestá en condiciones de ofrecer sus servicios en las condi-ciones requeridas de seguridad.

Segundo: Se exhorta a la Procuraduría General de la Re-pública a que lleve a cabo investigaciones ministeriales ex-haustivas, a fin de deslindar las responsabilidades corres-pondientes y garantizar la reparación del daño a lasvíctimas del accidente al que se refiere el presente acuerdo.

Tercero: La Cámara de Diputados solicita a Petróleos Me-xicanos que realice las acciones y gestiones que resultennecesarias para garantizar la indemnización de las personasque resultaron lesionadas, así como de las familias de losfallecidos.

Cuarto: Se exhorta a Petróleos Mexicanos a que adopte lasmedidas técnicas, operativas, de seguridad y de proteccióncivil encaminadas a disminuir los riesgos de nuevos acci-dentes y a asegurar, en su caso, una reacción pronta y efi-caz frente a éstos.

Palacio Legislativo, a 18 de abril de 2005.— Dip. José Gon-zález Morfín (rúbrica p.a), Presidente; Dip. Emilio Chuayffet

Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario delPartido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo GómezÁlvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentariodel Partido de la Revolución Democrática; Dip. ManuelVelasco Coello (rúbrica), Coordinador del Grupo Parla-mentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip.Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Gru-po Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Mar-tínez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamen-tario de Convergencia.»

«Proposición con punto de acuerdo de urgente y obviaresolución, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal aque se investigue a fondo las causas de la fuga de amo-niaco en Nanchital, Veracruz, Petróleos Mexicanos in-demnice a la familias de los fallecidos, y se realicen in-versiones de prevención de accidentes

El suscrito, diputado federal Gonzalo Guízar Valladares, enrepresentación de la diputación federal veracruzana delgrupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artí-culos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interiordel Congreso General, se permite someter ante esta sobe-ranía la siguiente proposición con punto de acuerdo de ur-gente y obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Seis muertos, innumerables intoxicados y aproximadamen-te 6 mil habitantes evacuados de sus hogares, fue el resul-tado de una fuga, que por enésima ocasión sucede, ahora deun ducto de amoniaco de 10 pulgadas de diámetro, que par-te de la estación de bombeo Nuevo Teapa, municipio deNanchital, Veracruz, el pasado miércoles 13 de abril, pro-vocada por la compañía Reparaciones Navales y Petroquí-mica, SA de CV, empresa contratada por Pemex para elmantenimiento de los ductos antes mencionados.

Esta desgracia, nuevamente lastima a nuestro estado, estaes una prueba más de la negligencia, una vez más, por lafalta de mantenimiento, pero sobre todo, es la consecuen-cia lógica por falta de inversión y de supervisión en todoslos ductos que por nuestro estado tiene Pemex.

La responsabilidad de Pemex está manifiesta, al no super-visar que tanto el equipamiento como la capacitación de losempleados de las empresas que contrata para los distintostrabajos que solicita, representan niveles de alto riesgo quehemos estado padeciendo los veracruzanos.

Es decir, si se hace un análisis, la responsabilidad absolutaes de Pemex y de su director.

Para dar una mayor ilustración de la negligencia de Pemex,brevemente haré un recuento de los accidentes sucedidos:

5 de junio de 2003

La explosión de los ductos de Pemex ocasionada tantopor un fuerte flujo de lodos conocido localmente comoBarrancada provocó numerosos daños, entre ellos, des-trucción de comercios y casas habitación, contamina-ción del suelo, daños al sistema de agua potable y al ser-vicio de electricidad. Entre las personas que resultaronlesionadas se encuentran niños, jóvenes, adultos y per-sonas de la tercera edad que presentaron quemaduras dediversos grados, en varias partes del cuerpo, además delas ocho personas que perdieron la vida. De acuerdo coninforme presentado por el sector salud, se indican 166lesionados, de los cuales 83 fueron hospitalizados el díadel desastre; de estas personas hospitalizadas, ochomuertes fueron por las explosiones y dos por la barran-cada o desbordamiento del río Chiquito, que afectó nosólo a La Balastrera, sino también a Ciudad Mendoza yNogales.

8 de enero de 2004

Se reportó derrame de petróleo por corrosión externadel ducto de Pemex Exploración y Producción, en el po-zo Tajín 337, de la línea Poza Rica-Altamira, en el mu-nicipio de Coatzintla, donde existió otro significativoderrame.

Y por si fuera poco el derrame de amoniaco en Nanchital,que enluta a varias familias. Definitivamente ya lo dijo elgobernador Fidel Herrera Beltrán “los veracruzanos ya noqueremos explosiones por causas técnicas, ni fugas de gaspor falta de mantenimiento, ni errores humanos”.

Es por eso y con base en lo anteriormente expuesto, que mepermito proponer la siguiente proposición con punto deacuerdo de urgente y obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta al Ejecutivo federal a que PetróleosMexicanos investigue a fondo las causas y factores técni-cos que provocaron la fuga y explosión del ducto de amo-niaco en el municipio de Nanchital, Veracruz; asimismo



evaluar el perfil de la Compañía Reparaciones Navales yPetroquímica, SA de CV, para determinar si cuenta con losrequisitos mínimos para desempeñar los trabajos de man-tenimiento de ductos de Pemex.

Segundo.- Se exhorta a la Procuraduría General de la Re-pública que las investigaciones ministeriales sean exhaus-tivas, para deslindar las responsabilidades correspondien-tes a efecto de garantizar la reparación del daño a lasvíctimas de la contingencia.

Tercero.- Se exhorta a petróleos mexicanos a que indem-nice a las familias de los fallecidos y lesionados en el acci-dente.

Cuarto.- Se realicen de inmediato las inversiones de man-tenimiento de instalaciones de Petróleos Mexicanos, cons-trucción y reparación de rutas de evacuación que han sidosolicitadas con anterioridad por los municipios afectados, aefecto de prevenir mas accidentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 19 deabril de 2005.— Dip. Gonzalo Guízar Valladares (rúbri-ca).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Dis-cúlpeme, secretario, que ya tuvimos un incidente en el pa-sado punto de acuerdo.

Esta Presidencia tiene registrados a tres oradores. En lo quetoca a Jacqueline Argüelles Guzmán, del Partido VerdeEcologista de México, sólo solicita que su intervención seinserte en el Diario de los Debates.

«Intervención de la diputada Jacqueline Argüelles sobre elderrame de amoniaco en el estado de Veracruz.

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañe-ros legisladores:

Como hemos podido presenciar, a lo largo de la historiaambiental de nuestro país, Petróleos Mexicanos ha sidoun actor constante en la ocurrencia de acciones conta-minantes y depredatorias que afectan tanto el medio am -biente como la salud de los habitantes, todo esto por lafalta de medidas precautorias en todos los procesos detrabajo de esta paraestatal. Ejemplos de lo antes men-cionado existen varios, uno de los casos más graves hasido el gran problema de contaminación al que se en-frenta la laguna de Atasta, en el estado de Campeche,

debido a las acciones de exploración que se han realiza-do en la zona.

No obstante, el estado de Veracruz, al igual que todos enlos que Pemex establece sus áreas de producción, ha vistouna significativa disminución de la calidad ambiental asícomo un gran deterioro en los ecosistemas que lo caracte-rizan. Aunado a esto, y como consecuencia de los conti-nuos accidentes que se generan, la calidad de vida y saludde los pobladores ha estado en constante riesgo.

Durante la administración del secretario de Medio Am-biente, Alberto Cárdenas, y del actual director de Pemex,Luis Ramírez Corzo, la situación ambiental del estado deVeracruz ha enfrentado graves problemáticas. Solamenterecordemos que a inicios del año fuimos testigos del graveproblema de contaminación que enfrentó el río Coatzacoal-cos, a causa del derrame de petróleo en el mismo.

Nuevamente, el miércoles pasado, nos encontramos anteun nuevo incidente por parte de esta paraestatal en la cuala la fecha se cuentan con cinco muertos, un herido grave y2 mil evacuados, todo esto debido a la fuga de amoniacoocurrida en el municipio de Nanchital, al sur de Veracruz.Según informes oficiales, el incidente se produjo tras unerror de operación de la compañía Reparaciones Navales yPetroquímicas del Golfo, contratada por Pemex para man-tenimiento de ductos.

Si bien es cierto que a los pocos minutos se implementó unoperativo para evacuar las colonias Tepeyac, Guadalupe ySan Miguel, por la peligrosidad de los gases, también escierto que en general la empresa paraestatal ha mostrado undesinterés para mitigar los efectos que su actividad generaen el medio ambiente. Ejemplo de lo anterior, es la mane-ra de minimizar los daños, asumiendo que el problema yaestá controlado, sin contemplar que los efectos no se danúnicamente en el momento en que ocurre el accidente sinoque tiene efectos a largo plazo, principalmente en cuanto asalud y daño ambiental se refieren.

En los medios electrónicos hemos podido constatar, visual-mente, la gravedad del problema, sin embargo hasta hoy lainformación oficial sobre el tema ha sido escueta y pococonfiable.

Sabemos que este problema, por su naturaleza, traerá gra-ves consecuencias a los ecosistemas terrestres y acuáticosde la región; sin embargo, los problemas de salud y econó-micos a los que se enfrenarán las poblaciones circundantes

aún no han sido estimadas y lamentablemente son minimi-zadas. De manera oficial se ha declarado que Pemex hacumplido con las medidas de urgente aplicación. No obs-tante, aún no sabemos cuáles serán las medidas de repara-ción del daño ambiental y los procesos y tiempos de reme-diación de las zonas afectadas.

Por su atención, muchas gracias.

México, DF, a 19 de abril de 2005.— Dip. Jacqueline A.Argüelles Guzmán (rúbrica).»

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Sí, di-putado De la Vega.

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (des-de la curul): Habíamos registrado nosotros, en el punto deacuerdo de la Junta de Coordinación precedente, una orado-ra. En virtud de que no se dio el espacio para que pudiera ha-blar, por omisión de la Presidencia, solicitamos que su inter-vención sea inscrita en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Quese inserte. Pero quiero decirle que no fue una omisión de laPresidencia: para eso, la oradora puede pedir el uso de lavoz.

Sin embargo, que se inserte el texto íntegro en el Diario delos Debates. Hay un momento procesal oportuno, diputadoDe la Vega.

¿Con qué objeto, diputado De la Vega?

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia(desde la curul): Pero hay un registro previo de oradores;que lo hicimos por los conductos establecidos que en todaslas sesiones, hacemos siempre. No es necesario solicitar lapalabra, para eso hay un conducto y fue una omisión o dela secretaría de apoyo o de la Presidencia.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Bueno,que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Sí, diputado Wintilo Vega; ¿con qué objeto?

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Parabuscar acabar la molestia del diputado De la Vega: nosotros

no tendríamos inconveniente en que la Presidencia consul-tara si se concede el uso de la palabra a la oradora de Ac-ción Nacional. Estaríamos de acuerdo y con eso amaina-mos la tempestad.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Loque sucede es que estamos ahorita en el asunto de Nanchi-tal, estado de Veracruz. Entonces, sería kafkiano que ha-blásemos de otro tema, de uno que –por cierto– ya estáaprobado. Entonces, ahorita vamos a dar el uso de la pala-bra a Gonzalo Guízar Valladares, del PRI, hasta por tresminutos; y luego, a José Jesús Vázquez González, del Par-tido Acción Nacional.

Aparte, el texto íntegro de la diputada Blanca Gámez se in-serta íntegramente en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia re-solución, por el que la Cámara de Diputados del H. Con-greso de la Unión respalda los trabajos del Gobierno Fede-ral para promover una reforma amplia de la Organizaciónde las Naciones Unidas

Quienes suscribimos, diputados, integrantes de la Comi-sión de Relaciones Exteriores de la LIX Legislatura de laCámara de Diputados del honorable Congreso de laUnión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Con-greso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete-mos a consideración del Pleno de esta asamblea, la si-guiente proposición con punto de acuerdo de urgente uobvia resolución por el que la Cámara de Diputados delH. Congreso de la Unión respalda los trabajos del Go-bierno Federal para promover una reforma amplia de laOrganización de las Naciones Unidas, con base en las si-guientes

Consideraciones

La institución fundamental que la humanidad se ha dado así misma para prevenir los conflictos y asegurar la paz y laseguridad internacionales, la Organización de las NacionesUnidas se encuentra inmersa en un intenso debate para lareforma de su sistema de toma de decisiones, la membresíade sus órganos y su funcionamiento.

En septiembre de 2003, el secretario general de las Na-ciones Unidas, Kofi Annan, lanzó un llamado a los Esta-dos para trabajar a favor de una reforma institucional que



permitiera a ese foro multilateral responder a los nuevos re-tos que le impone la realidad internacional contemporánea.

Desde su conformación, México ha apoyado la labor delPanel de Alto Nivel del secretario general de la ONU parapromover la reforma. Luego de la presentación de su in-forme, ha considerado que sus esfuerzos contribuirán a ha-cer de las Naciones Unidas una instancia más eficiente,transparente, democrática y representativa.

Como muestra de su compromiso con el fortalecimiento almultilateralismo y con la Organización de las NacionesUnidas, México ha emprendido un esfuerzo de concerta-ción activa a favor de la reforma a la organización y se en-cuentra promoviendo este tema en el marco del Grupo deAmigos para la Reforma de las Naciones Unidas al quetambién pertenecen Alemania, Argelia, Australia, Canadá,Chile, Colombia, España, Japón, Kenya, México, NuevaZelanda, Países Bajos, Pakistán, Singapur y Suecia.

A lo largo de casi un año de deliberaciones, el Grupo deAmigos examinó propuestas sobre diferentes aspectos dela reforma y elaboró 14 documentos de posición con pro-puestas concretas para revitalizar el trabajo de la AsambleaGeneral: fortalecer el Consejo Económico y Social; mejo-rar los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad; re-forzar el papel de la Corte Internacional de Justicia; pro-mover y proteger los derechos humanos; impulsar lasactividades de consolidación de la paz de las NacionesUnidas; mejorar los medios civiles en la prevención y ges-tión de los conflictos, entre otros.

La reforma del Consejo de Seguridad es, sin duda alguna,el tema más controvertido de la reforma integral y Méxicoha venido promoviendo una propuesta para democratizardicho órgano y hacerlo más transparente, eficaz y repre-sentativo. Su intensa labor diplomática, desplegada de ma-nera individual o a través de grupos de Estados que com-parten visiones comunes, como el caso del Grupo de PaísesAfines, ha estado encaminada a que el Consejo de Seguri-dad aumente su número de miembros, pero únicamente enla categoría no permanente a fin de asegurar que todos losEstados y no sólo unos cuantos puedan participar en las la-bores de este importante órgano.

La indispensable ampliación del Consejo de Seguridadpuede alcanzarse con la creación de una categoría demiembros electos no permanentes, con un término de man-dato con más duración que los dos años que actualmentetienen los miembros no permanentes y con la posibilidad

de reelección inmediata. Esta propuesta implica tambiénuna institucionalización de mejoras en sus métodos de tra-bajo, la reglamentación y, por tanto, limitación del derechode veto y un amplio esquema de rendición de cuentas desus trabajos.

Asignar asientos a un número limitado de nuevos miem-bros permanentes conduciría a que menos países, no más,concentren la toma de decisiones. Dicha concentración depoder se haría todavía más profunda si los nuevos miem-bros permanentes contaran con el poder de veto, entorpe-ciendo la toma de decisiones y propiciando la pérdida pro-gresiva de una contribución efectiva del contribución delos Estados miembros a las labores de la Organización.Con la propuesta de México, en cambio, las oportunidadesde la comunidad internacional para participar activamenteen el Consejo de Seguridad se amplían y no se reducen.

Entre otros aspectos de la reforma, el Gobierno Mexicanoimpulsa la promoción del desarrollo, el combate a la po-breza, el respeto de los derechos humanos, la acción pre-ventiva para hacer frente a situaciones que pueden poner enpeligro la paz y la seguridad internacionales y el cumpli-miento de los compromisos de la Conferencia de Monte-rrey sobre la financiación del desarrollo. Uno de los aspec-tos más relevantes es que nuestro país busca una reformaintegral que mejore la capacidad de la organización en suconjunto y no una reforma limitada a un solo órgano.

Dada la alta prioridad que tiene el terna de la reforma de lasNaciones Unidas, las acciones instrumentadas por nuestropaís incluyen el trabajo sistemático de sus representacionesen el exterior y la participación activa de la Misión Perma-nente en Nueva York en las consultas que sobre este temahan tenido lugar en la Asamblea General. Nuestro paístambién ha procurado fomentar el diálogo y la interaccióncon el Secretario General y sus colaboradores, con miem-bros del Panel de Ato Nivel y del Proyecto del Milenio.

A la luz de la importancia que tiene la reforma de las Na-ciones Unidas para la conformación del nuevo sistema deseguridad colectiva en gestación, en el que México estaráparticipando, y dado que las posiciones que promueve elGobierno Federal reflejan valores e intereses comunes detodos los mexicanos, resulta fundamental que la Cámara deDiputados adopte una proposición con punto de acuerdopara respaldar los esfuerzos del gobierno federal en la ma-teria pronunciándose a favor de una organización de lasNaciones Unidas más democrática, transparente, eficaz yfortalecida.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se some-te a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la si-guiente proposición con punto de acuerdo de urgente u ob-via resolución:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de laUnión, expresa su respaldo a las acciones encabezadas porel Gobierno Federal para promover una reforma integral dela Organización de las Naciones Unidas y reconoce el altovalor de dichos esfuerzos.

Segundo. La Cámara de Diputados apoya la actividad de ladiplomacia mexicana en el marco del Grupo de Amigos pa-ra la Reforma de las Naciones Unidas y del Grupo de Paí-ses Afines.

Tercero. la Cámara de Diputados se pronuncia a favor deuna reforma del Consejo de Seguridad de la ONU encami-nada a democratizar dicho órgano y a propiciar la transpa-rencia, rendición de cuentas y la participación igualitariade los Estados en sus trabajos, a través de la ampliación demiembros no permanentes.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaríade Relaciones Exteriores a mantener un canal de diálogopermanente con los diputados federales a fin de conocer losdesarrollos que se vayan registrando en el tema.

Quinto. La Cámara de Diputados se compromete, median-te la Mesa Directiva de este órgano legislativo, a difundirel presente punto de acuerdo entre las Legislaturas de otrospaíses de la región y a exhortarlas para que tengan una ma-yor, participación en la discusión de un tema de gran im-portancia para la comunidad internacional en su conjunto.

Igualmente, que dicho órgano sobre el cual recae la repre-sentación diplomática de esta soberanía, informe a los di-versos foros y organismos parlamentarios internacionales alos que concurre esta Cámara de Diputados de la LIX Le-gislatura el presente punto de acuerdo.

Asimismo, que los ciudadanos diputados que participencorno delegados de esta soberanía ante los referidos forosy organismos parlamentarios, difundan y comuniquen ensu oportunidad este punto de acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2005.—Comisión de Relaciones Exteriores: Dip. Adriana Gonzá-

lez Carrillo (rúbrica), Presidenta; Dip. Gustavo Adolfo deUnanue Aguirre (rúbrica), Secretario; Dip. Carlos JiménezMacías (rúbrica), Secretario; Dip. Arturo Robles Aguilar(rúbrica), Secretario; Dip. Jorge Martínez Ramos (rúbrica),Secretario; Dip. Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica),Dip. Angel Juan Alonso Díaz-Caneja (rúbrica), Dip. Hum-berto Cervantes Vega, Dip. José Alberto Aguilar Iñárritu ,Dip. Sami David David (rúbrica), Dip. Homero Díaz Ro-dríguez, Dip. María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Dip.José Luis Flores Hernández (rúbrica), Dip. Rogelio Ale-jandro Flores Mejía (rúbrica), Dip. Carlos Flores Rico,Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Fernando Al-berto García Cuevas (rúbrica), Dip. Juan José GarcíaOchoa (rúbrica), Dip. Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Dip.Alejandro González Yáñez, Dip. Francisco Javier GuízarMacías (rúbrica), Dip. Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica),Dip. Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), Dip. AlejandraMéndez Salorio (rúbrica), Dip. Guadalupe Morales Rubio,Dip. Sergio Penagos García (rúbrica), Dip. Cristina Porti-llo Ayala (rúbrica), Dip. Francisco Saucedo Pérez, Dip.Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica) y Dip. MarcoAntonio Torres Hernández.»

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y lerogamos nos disculpe, diputado De la Vega, si hubo algu-na omisión.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Diputado Pre-sidente, con su autorización: quiero agradecer a la Junta deCoordinación Política, a las fuerzas ahí representadas delos diferentes partidos, por hacer suyo este punto de acuer-do, tan importante para la zona sur del estado de Veracruz.Seis muertos, innumerables intoxicados y aproximadamen-te 6 mil habitantes evacuados de sus hogares fue el resulta-do de una fuga que, por enésima ocasión, sucede, ahora deun ducto de amoniaco de 10 pulgadas de diámetro, que par-te de la estación de bombeo de Nuevo Teapa al municipiode Nanchital, Veracruz, el pasado miércoles 13 de abril,provocada supuestamente por la compañía ReparacionesNavales y Petroquímica, SA de CV, contratada por Pemexpara el mantenimiento de los ductos mencionados.

Esta desgracia, compañeros diputados, nuevamente lastimanuestro estado. Ésta es una prueba más de la negligencia,una vez más, por la falta de mantenimiento, pero sobre to-do es la consecuencia lógica por falta de inversión y de su-pervisión en todos los ductos que por nuestro estado tiene


la paraestatal Petróleos Mexicanos. La responsabilidad dePemex está manifiesta al no supervisar que tanto el equi-pamiento como la capacitación de los empleados de lasempresas que contrata para los distintos trabajos que soli-cita representan niveles de alto riesgo que hemos estadopadeciendo los veracruzanos. Es decir, si se hace un análi-sis, la responsabilidad absoluta, sin duda, es de Pemex y desus directivos. Para dar una mayor ilustración de la negli-gencia de esta empresa, brevemente haré un recuento delos accidentes sucedidos: el 5 de julio, en Ciudad Mendo-za y Nogales, la explosión de los ductos de Pemex ocasio-nada tanto por un fuerte flujo de lodo, conocido localmen-te como “barrancada”, provocó numerosos daños, entreellos, destrucción de comercios y casas-habitación, conta-minación del suelo, y servicios de electricidad lastimados.El 8 de enero de 2004 se reportó derrame de petróleo porcorrosión externa del ducto de Pemex Exploración y Pro-ducción en el pozo Tajín, en la línea de Poza Rica, Vera-cruz. Finalmente, lo de Nanchital, el 13 de los corrientes.

Es muy lamentable, compañeros diputados, y por eso esta-mos apoyando de manera decidida, enérgica, este punto deacuerdo, que hizo suyo la Junta de Coordinación Política,porque no es justo que mientras en el discurso político dela paraestatal Petróleos Mexicanos existe que no es por ne-gligencia, sino por suficiencia presupuestal en materia demantenimiento, se sigan lastimando vidas, se sigan erosio-nando los ductos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-blico, según Pemex, no entrega los recursos financieros co-rrespondientes a la prevención y no a la corrección.Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gra-cias a usted, compañero diputado.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: A continuación, tiene el uso de la voz el di-putado José Jesús Vázquez González, del Partido AcciónNacional.

El diputado José Jesús Vázquez González: Con el per-miso de la Presidencia: todos lamentamos los efectos cau-sados por el accidente ocurrido recientemente en el sur delestado de Veracruz. Y en la esfera de nuestras competen-cias, los diputados federales debemos proponer medidas desolución con el propósito de que estos accidentes dejen deproducirse, no sólo en el estado de Veracruz sino en todas

las regiones de nuestro país. El primer paso por dar es so-lidarizarnos con las familias de las víctimas mortales de lafuga de amoniaco acaecidas en el municipio de Nanchital,Veracruz. Los diputados integrantes del grupo parlamenta-rio del Partido Acción Nacional exigimos a las autoridadescompetentes actuar con estricto arreglo a derecho, tal ycomo es su obligación, con el fin de que estén determina-das las responsabilidades que pesan sobre la empresa Re-paraciones Navales y Petroquímicas, SA de CV, bajo cuyacontratación se desarrollaban los trabajos que dieron ori-gen a la terrible tragedia.

Desde luego, las autoridades encargadas de emitir esta de-terminación habrán de velar por los deudos, de quienes pe-recieron a consecuencia del accidente y que no queden enel desamparo. De todos ellos nosotros estamos obligados aser vigilantes. Por todo lo expuesto y en nombre de los di-putados del Partido Acción Nacional, recalcamos nuestroapoyo a este punto de acuerdo, no solamente por la seguri-dad del estado de Veracruz sino por la seguridad de todonuestro país. Gracias, Presidente.

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado VázquezGonzález. A continuación, tiene el uso de la palabra nues-tro compañero el diputado Francisco Javier Carrillo Sobe-rón, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Francisco Javier Carrillo Soberón: Muchasgracias, compañera Presidenta: queremos aquí mencionarque, por 700 pesos a la semana, Daniel Armas Galván,Adolfo Santiago Morales, Víctor Vasconcelos Domínguez,Eusebio González, Ezequiel Fuentes y un sexto trabajador,que desconocemos el nombre, perdieron la vida en un actode irresponsabilidad de los directivos de Petróleos Mexica-nos, que revela no sólo que se desconocía de parte de lostrabajadores cuál era la tubería que tenían que romper,cuando había una tubería de 16 pulgadas y una de 8 y nosabían cuál de las dos había que operar, y una –por desgra-cia– contenía el amoniaco. Ha habido en Pemex a partir delaño pasado un verdadero despilfarro de los recursos huma-nos, a partir de haber separado el año pasado y jubilado for-zadamente a más de 5 mil técnicos y profesionistas paraquienes esta labor era cotidiana. Hay también un exceso decontratismo, que nosotros nos atrevemos a calificar que pu-diera haber corrupción en la contratación de estas empresasy que se está haciendo de lado la capacidad de los trabaja-dores y técnicos de Pemex para llevar a cabo directamenteestas labores que han hecho durante décadas y que, por lomismo, hoy nos sorprende que se esté dando ese tipo de


eventos porque se está haciendo de lado la capacidad ope-rativa y técnica de Pemex.

Es increíble que estemos todavía, a estas alturas, lamentan-do uno tras otro accidente en los ductos de Petróleos Me-xicanos; nos parece inaceptable. No es posible que no ha-ya habido una debida supervisión, cuando son industrias dealto riesgo, de parte de los responsables de Petróleos Me-xicanos para con el contratista, cuando vemos que los con-tratistas contratan en plaza pública con cartulinas a los ope-radores que van a llevar, en este caso, a acciones fatales. Esurgente que, efectivamente, como indicaba la Junta Direc-tiva, se aclaren responsabilidades, se profundice y se corri-ja rumbo con relación a este muy lamentable suceso, en elcual han fallecido seis trabajadores sencillos, que por 700pesos a la semana, con esa precariedad laboral que busca-mos que en este país cobre institucionalidad, estén entre-gando su vida malamente para el país. Gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: A continuación, tiene el uso de la voz el di-putado Perdomo, del grupo parlamentario de Convergen-cia.

El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Compañe-ras y compañeros: quisiera en esta ocasión hacer una refle-xión con todos ustedes de la falta de respeto que Pemex hatenido para con nosotros, los diputados federales. Cuandose suscitaron los accidentes de Omealca, tuvimos muy cer-ca el contacto con Pemex, para escuchar a qué se había de-bido ese accidente. Sin embargo, una vez que recibimos tansólo un memorándum y una minuta muy somera, de menosde una cuartilla, en la que se informaba de lo que estabaaconteciendo, de ahí en adelante no volvimos a recibir ma-yor información. Posteriormente, la Comisión de Energía yla de los Daños Ecológicos y Sociales causados por Pemex,esta Comisión Especial, solicitó a Pemex la participaciónen varias ocasiones en diferentes comparecencias. Y enesas comparecencias y en la gira que realizamos a Nanchi-tal, Coatzacoalcos, Minatitlán, en el mes de diciembre y enenero, en estos recorridos realizamos un compromiso con-creto de Pemex con nosotros, era un compromiso en el cualcada vez que se presentara un accidente, inmediatamentemandaría una información del acontecimiento, del impactoy los motivos por los que se había presentado el accidente.

Al mismo tiempo, se comprometió Pemex con nosotros aque enviaría información posterior, una vez que tuvieramedido el alcance concreto, y –finalmente– a llevar hastalas últimas consecuencias el desempeño de este asunto. Yo

sí quisiera, ya lo hicimos también en la Comisión de Ener-gía y en la Comisión de los daños ecológicos y sociales ge-nerados por Pemex, ya nos pronunciamos por un llama-miento, un llamado de atención, un extrañamiento aPemex, por no estar cumpliendo este compromiso. Verda-deramente, no es entendible que tengan esta falta de respe-to con los compromisos que adquieren con nosotros. Losciudadanos de estas regiones, de los lugares en donde hahabido accidentes, ya nos reclaman a nosotros, los diputa-dos, que qué capacidad tenemos de negociación y qué ca-pacidad tenemos de respuesta ante los acontecimientos.

Quiero, desde esta tribuna, pedir a todos el respaldo paraque hagamos nosotros eco de esta petición, de este llama-miento a Pemex, de llamada de atención, para que cumplalos compromisos que tiene establecidos y, sobre todo, quedé seguimiento a las indemnizaciones porque en el recorri-do que hicimos la semana pasada se acercaron a nosotrosallá, en Balastrera, familias de personas quemadas y daña-das desde 2003, desde el 5 de julio de 2003, y Pemex nohabía cumplido estos compromisos. Ojalá Pemex entre enconciencia y entre en responsabilidad, que nosotros hemosdado nuestro respaldo a través de un régimen fiscal que sinduda podrá beneficiar al desarrollo de esta empresa, peroPemex tiene que ser más responsable. Muchas gracias porsu atención.

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Gracias, diputado Perdomo. Consulte la Se-cretaría, en votación económica, si se aprueba la propues-ta.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Envotación económica se pregunta si se aprueba.


Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirma-tiva, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Aprobado; comuníquese.


La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: El siguiente punto del orden del día son ini-ciativas de ciudadanos diputados. Ha llegado hasta esta


Presidencia la propuesta del diputado Jesús Martínez Ál-varez, del grupo parlamentario del Partido Convergencia,en la que presenta iniciativa que adiciona un Capítulo Sép-timo Bis, “Sobre las Técnicas de Reproducción Asistida”,en el Título Tercero de la Ley General de Salud.


Iniciativa que adiciona un capítulo VII Bis, Sobre las Téc-nicas de Reproducción Asistida, en el Título Tercero de laLey General de Salud, a cargo del diputado Jesús MartínezÁlvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

El suscrito, Jesús Martínez Álvarez, diputado federal a laLIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, co-ordinador del grupo parlamentario de Convergencia, confundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II,de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Go-bierno Interior del Congreso General de los Estados Uni-dos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de laCámara de Diputados la siguiente iniciativa de reforma a laLey General de Salud, para la inclusión de un Capítulo VIIBis en el Título Tercero, Sobre las Técnicas de Reproduc-ción Asistida, como método alternativo de procreación, enrelación con la planificación familiar.

Exposición de Motivos

La reproducción puede ser definida como la propiedad queposeen los seres humanos vivos de dar origen a otros seresde características semejantes a sí mismos, orientada a laconservación de la especie.

Cuando una pareja es incapaz de lograr embarazo luego deun año de vida sexual estable sin protección anticoncepti-va podemos hablar de infertilidad.

La fertilidad es un complejo fenómeno donde diversos pro-cesos biológicos, que se dan tanto en la mujer como en elhombre, así como en la relación entre ambos, deben inter-actuar de forma armónica entre sí para culminar en el logrode la concepción. Se estima que en un 40% de los casos lacausa de la infertilidad es femenina, en otro 40 el hombrees el afectado y en un 20% el problema resulta de una com-binación de factores por parte de ambos cónyuges. Aproxi-madamente de un 10-20% de las parejas que buscan un em-

barazo presentan una infertilidad sin causa aparente, pero amedida que los conocimientos avanzan en esta temática, yse incorporan nuevas tecnologías aparecen más respuestaspara tal categoría.

En la actualidad las técnicas de reproducción asistida estánabriendo expectativas y esperanzas en el tratamiento de laesterilidad cuando otros métodos son poco adecuados o in-eficaces, pero tales expectativas y la satisfacción de cons-tatar tanto los progresos como la capacidad creadora del serhumano, se acompañan de una inquietud e incertidumbresociales ostensibles, en relación con las posibilidades yconsecuencias de estas técnicas.

En nuestro país la incidencia de infertilidad en la poblacióngeneral es de aproximadamente entre un 12 y un 15%. Larealidad terapéutica es muy variada y diversa, y abarca unaamplia gama de posibilidades que el especialista elige yaplica según cada caso particular. A veces se requieren tra-tamientos de menor o mayor complejidad como las técni-cas de reproducción asistida, que tienen como finalidad in-crementar las posibilidades de embarazo a través de unacercamiento entre el ovocito (gameto femenino) y el es-permatozoide (gameto masculino), incluyendo la técnicade inseminación.

El reconocimiento de los principios de la inseminación fuedescrito en el Talmud en el siglo II. En el siglo XIV un do-cumento árabe narra la inseminación de una yegua. En hu-manos el proceder se inició a finales del siglo XVII enLondres por John Hunter. Ya en 1978 se registró el primeréxito de fertilización in vitro (FIV), en Inglaterra lo cualfue posible gracias a dos prestigiosos científicos, los doc-tores Patrick Steptoe y Robert Edwards, y en Latinoaméri-ca en la década del 80. En Cuba los primeros intentos enanimales se realizaron en la década del 70 del pasado sigloy 10 años más tarde en humanos, con lo cual se logró el na-cimiento de los primeros niños como resultado del uso detécnicas de reproducción asistida.

En los últimos años la ciencia médica ha realizado grandesavances en el conocimiento de los mecanismos que inter-vienen en la fertilidad y, con el aporte de la tecnología hanaparecido nuevas metodologías que permiten posibilidadesconcretas de tratamiento.

Se puede asistir a la reproducción con intervenciones encualquier parte del proceso generativo de la persona, desdela estimulación hormonal de la espermatogénesis hasta el


uso de las técnicas de reproducción asistida que tienen porobjeto hacer posible la fecundación, desarrollo preim-plan-tacional y la implantación, cuando estos fenómenos noocurren de forma espontánea en el organismo de la mujer.Según su complejidad podemos dividirlas en: Técnicas deBaja Complejidad como Inseminación intrauterina o intra-cervical y Técnicas de Alta Complejidad como Fertiliza-ción in vitro con transferencia embrionaria (FIV-ET), in-yección intracitoplasmática del espermatozoide en elovocito (ICSI), transferencia embrionaria de gametos(GIFT) con o sin diagnóstico preimplantacional.

La inseminación artificial homóloga (IAH) es un métodoque permite a la pareja la posibilidad de tener un hijo al co-locar los espermatozoides previamente preparados del es-poso en la cavidad uterina de la mujer, en el caso de la in-trauterina y cuando es depositado a nivel del cuello uterino,Inseminación intracervical. Las causas que justifican la in-dicación de IAH son variadas, el porcentaje de fecundidada nivel mundial oscila entre un 10 y un 20% por ciclo detratamiento, en nuestro grupo el porcentaje de efectividadse encuentra alrededor del 13%.

Este proceder se puede realizar con semen de donante (in-seminación artificial heteróloga) y siempre debe criopre-servarse para asegurar una buena calidad y teniendo encuenta que las muestras de donantes no presenten gérme-nes que puedan producir en la paciente una Infección deTransmisión Sexual, así como evitar el riesgo de transmi-sión de cromosomopatías u otras enfermedades genéticas.La Inseminación Homóloga puede realizarse con semenfresco lavado o con semen criopreservado. Este es el pro-ceder que se utiliza en México, con el fin de disminuir elplasma seminal y con él los factores que pudieran inhibir lafertilización normal.

Para introducir los espermatozoides por el cuello dentro dela cavidad, existen en la práctica métodos a través de un ca-téter especialmente diseñado para este propósito. Si los ori-ficios del cuello son permeables, la paciente no tendrá nin-gún dolor, pero por el contrario, en caso en que el orificiointerno sea resistente al paso del catéter, puede producirsealguna molestia.

Los espermatozoides son depositados suavemente en elfondo del útero cerca de la desembocadura de las trompasy deberán penetrar en ellas en la búsqueda del ovocito.Luego la paciente permanecerá en reposo relativo ese día ydespués continuará con su actividad normal. Si no se pro-dujo embarazo la paciente podrá recomenzar con otro in-

tento ese siguiente ciclo, o podrá descansar un mes. Con elfin de optimizar las posibilidades de encuentro entre los ga-metos, algunos autores han propuesto realizar dos insemi-naciones separadas por un intervalo de 24 horas tratando deabarcar el momento ovulatorio.

Debemos tener presente algunas causas femeninas de in-fertilidad como el factor cervical, o sea una prueba de in-compatibilidad de moco-semen, alteraciones inmunológi-cas, coitales, la endometriosis y algunas malformacionescongénitas del tracto genital.

En la infertilidad es esencial, antes de iniciar un tratamien-to, realizar una evaluación diagnóstica adecuada que per-mita determinar la causa que origina el trastorno y de estemodo aplicar una conducta terapéutica específica, y la va-loración de varios factores, entre ellos el estrés psíquico yfísico.

Para la indicación de estas técnicas es necesario tener unaintegridad anatómica y funcional de las trompas y una co-rrecta ovulación, en el caso de la mujer.

En las pacientes que han sido seleccionadas, se desprendeque aproximadamente el 80% consigue ovular. Existe dis-crepancia entre las tasas de ovulación y de embarazo yaque esto depende de las causas propias de la infertilidad so-bre todo en infertilidad de causa no demostrada y en lasmixtas. En relación con la incidencia de abortos espontá-neos, no se han demostrado diferencias significativas encomparación con los observados en mujeres con ciclos nor-males.

En el hombre, la indicación de este proceder se hace enaquellos casos en que exista una cantidad moderada o lige-ra de espermatozoides, pero es preferible que exista unconteo y movilidad normal de los mismos. También cuan-do existe algún factor inmunológico, eyaculación retrógra-da o disfunción sexual, teniendo en cuenta que a la hora dela recuperación se debe obtener una cantidad mayor a cin-co millones de espermatozoides móviles, traslativos rápi-dos, de los cuales sólo uno de ellos logrará la posibilidadde fecundar el ovocito, a no ser que sean fecundados dosovocitos por sendos espermatozoides, en los casos con hi-perestimulación ovárica.

Los factores mixtos y la esterilidad de causa no explicadapueden ser indicaciones de esta técnica. Se deberá evaluaren todo caso, la edad de la paciente y el tiempo de inferti -lidad.


De hecho, es necesario que la pareja conozca previamentecómo será el proceder con un consentimiento informadoprevio, desde el punto de vista ético, antes de comenzar laestimulación y el procedimiento. No deberán de realizarsemás de seis ciclos de inseminación, aunque esto dependeráde cada pareja y a criterio del personal médico. En algunosestudios se ha demostrado que al cabo de seis ciclos de tra-tamiento el porcentaje de pacientes que consigue un emba-razo alcanza aproximadamente un 50%. Parece existir con-senso en que la mayor probabilidad de lograr embarazoscuando se realiza IAH es en los primeros ciclos de trata-miento; y es poco probable que se obtengan mejores resul-tados después del sexto ciclo de tratamiento.

Con relación a estudios realizados por algunos expertos, seencontraron mejores resultados en los casos que presenta-ban un factor cervical, por lo cual se infiere de sus estudiosque el principal beneficio de la técnica radica en el by-passdel factor cervical independientemente de la aplicación ono de la estimulación ovárica concomitante. En varias pu-blicaciones se ha planteado una asociación favorable entrela infertilidad de causa no demostrada y la hiperestimula-ción de la ovulación; se describe un índice de embarazo deun 19%, valor éste superior a los ciclos espontáneos.

En caso de que existan otras causas de infertilidad que nose resuelvan por la técnica de inseminación, como la obs-trucción tubárica bilateral o trompas uterinas incapacitadaspara cumplir las funciones de captación y transporte ovoci-tario, baja calidad y/o cantidad del semen, así como facto-res inmunológicos asociados al gameto masculino, endo-metriosis severa y en la propia esterilidad sin causaaparente cuando otras terapéuticas menos complejas hansido ineficaces, o cuando la edad de la mujer no permite eluso del tiempo como variable efectiva en el logro de unagestación, ya hay que acudir a otras técnicas de Reproduc-ción Asistida de mayor complejidad como es la FIV-ET yel ICSI, con o sin diagnóstico preimplantacional, que llevauna previa hiperestimulación ovárica, monitoreo ecográfi-co, aspiración folicular y proceder de fertilización en el la-boratorio para luego transferirlo con el objetivo final de lo-grar un embarazo normal.

En suma, el grupo parlamentario de Convergencia tomacomo punto de partida para la búsqueda de beneficiar a lasparejas, con problemas para concebir un hijo, sus Docu-mentos Básicos, en cuanto al punto 9. “Justicia, Seguridady Derechos Humanos”, con la finalidad de “Proteger la vi-da, la libertad, la dignidad, la igualdad y la seguridad, la in-

tegridad física y la propiedad de los seres humanos, comoobligación ineludible del Estado”.

Visto así, la “Reproducción asistida”, tiene que ser una de-cisión de la pareja, con la asesoría de médicos especialistasque informen exhaustivamente acerca de las implicacioneslegales, así como las secuelas de un tratamiento en pos delograr los resultados satisfactorios.

Los médicos deben participar, junto a sus pacientes con to-da la información legal, técnica y científica, siempre con laaprobación y asentimiento de los pasos a seguir en cuantoa la “Reproducción asistida”, tal como Convergencia lo haplanteado en el punto VIII. inciso 5 de su Declaración dePrincipios: “Salud y Seguridad social:

a) Derecho a la Salud: Garantizar el derecho a la salud entodo el territorio nacional...”.

En el punto VIII, inciso 7, subinciso 93: “No se trata de im-poner ningún control natal sino de salvaguardar para todoslas prerrogativas de decidir el cómo y el cuándo ejercer susderechos reproductivos”.

Iniciativa

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideraciónde esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformala Ley General de Salud, para inclusión de un CapítuloVII Bis, en el Título Tercero, de la Ley General de Sa-lud.

Único: Se reforma la Ley General de Salud, mediante lainclusión de un Capítulo VII Bis, en el Título Tercero, pa-ra quedar como sigue:

Título Tercero

Capítulo VII BisSobre las Técnicas de Reproducción Asistida

Artículo 77 Bis. La reproducción asistida es un medio al-ternativo para dar efectividad a la libertad reproductiva delser humano; se basa en técnicas en que la unión de las cé-lulas germinales o la implantación del óvulo fecundado enel útero de la mujer se llevan a cabo mediante manipula-ción artificial.


Artículo 77 Bis A. Estas técnicas únicamente podrán serutilizadas como suplencia para aquellas parejas que padez-can de infertilidad o esterilidad para la procreación, y sepueden clasificar en tres grupos como punto de partida:

a) Inseminación artificial;

b) Fecundación in vitro con transferencia de embriones,y

c) Transferencia intratubárica de gametos.

Artículo 77 Bis B. Para efectos de este capítulo se enten-derán como:

I. Células germinales o gametos.- Las células reproduc-toras masculinas y femeninas (espermatozoides y óvu-los) capaces de dar origen a un embrión;

II. Cigoto.- La célula diploide que resulta de la fecun-dación de un ovocito por un espermatozoide;

III. Crioconservación.- La congelación y almacena-miento de gametos, cigotos o embriones;

IV. Embrión.- El producto de la fecundación hasta el tér-mino de la duodécima semana gestacional.

V. Embarazo.- La parte del proceso de reproducción hu-mana que comienza con la implantación del embrión ytermina con el nacimiento o con el aborto;

VI. Feto.- El producto de la fecundación a partir de ladecimotercera semana de edad gestacional, hasta la ex-pulsión del seno materno;

VII. Infertilidad o esterilidad.- La incapacidad para lo-grar un embarazo, después de un año de sostener rela-ciones sexuales frecuentes y sin protección anticoncep-tiva;

VIII. Implantación.- Es la adherencia y subsecuente pe-netración de un blastocito ya separado de la zona pelú-cida, normalmente en el endometrio.

Artículo 77 Bis C. Toda persona mayor de dieciocho añoscon plena capacidad de ejercicio podrá ser usuaria de lastécnicas de reproducción asistida, para lo cual deberá otor-gar por escrito su consentimiento libre. Para el caso de queuna pareja sea usuaria de las técnicas de reproducción asis-

tida, se deberá contar con el consentimiento por escrito ylibre de ambos.

Artículo 77 Bis D. El número de embriones óptimo a produ-cir para lograr con éxito la reproducción, será establecido enel Reglamento que al efecto expida la Secretaría de Salud.

En todos los casos, el tratamiento que se practique procu-rará evitar el embarazo múltiple y la generación supernu-meraria de embriones. El número de ovocitos a fecundar enel mismo ciclo reproductivo, en cada caso, lo determinaránlos profesionales responsables del proceso de reproducciónasistida correspondiente, debiendo quedar reflejada en lahistoria clínica la justificación correspondiente.

Igualmente, en todos los casos, las muestras tendrán queatravesar un período de seis meses, para confirmar la au-sencia del virus del SIDA en el donador, lo cual será veri-ficable por el Comité de Bioética de cada centro o unidadde reproducción asistida, o por las autoridades que al efec-to designe la Secretaría de Salud.

Artículo 77 Bis E. Se transferirán al útero el número de em-briones considerado científicamente como el más adecua-do para asegurar razonablemente el embarazo, tratando deevitar en lo posible los embarazos múltiples y los embrio-nes supernumerarios.

Artículo 77 Bis F. Los usuarios de estas técnicas podrán pe-dir que los procedimientos se suspendan en cualquier mo-mento de su realización, otorgando el consentimiento paraque, en su caso, los embriones preimplantatorios que novan a ser transferidos a la usuaria sean donados con finesreproductivos o de investigación.

Artículo 77 Bis G. Será nulo de pleno derecho cualquieracuerdo de voluntades por el que se pretenda alquilar unútero, o practicar la maternidad sustitutiva o subrogada.

Artículo 77 Bis H. Previo cumplimiento de las disposicio-nes sanitarias y de las normas oficiales mexicanas que alefecto se expidan, requerirán autorización sanitaria las si-guientes unidades o servicios relacionados con la repro-ducción asistida:

I. Bancos de semen. Son aquellos que tienen como fina-lidad la obtención, evaluación, conservación y distribu-ción de semen humano. Los bancos podrán distribuir se-men exclusivamente a centros autorizados para laaplicación de técnicas de reproducción asistida.


II. Laboratorios de semen para capacitación espermáti-ca. Son aquellos servicios que llevan a cabo el trata-miento de los espermatozoides para su función repro-ductora.

III. Unidades de inseminación artificial. Son aquellosestablecimientos que tienen como finalidad la fecunda-ción humana mediante la inseminación artificial con se-men fresco, tratado o crioconservado, procedente delvarón de la pareja o de donante, según sea el caso. El se-men de donante deberá proceder de bancos debidamen-te autorizados.

IV. Centros o unidades de fecundación in Vitro. Sonaquellos ubicados en una unidad hospitalaria que presteasistencia ginecológica y obstétrica, autorizados para laaplicación de técnicas de fecundación mediante la trans-ferencia intratubárica de gametos y otras técnicas afinespreviamente evaluadas. Se incluye la recuperación deovocitos, el tratamiento de gametos con vistas a la fe-cundación y su conservación y la crioconservación deembriones para transferencia con fines reproductivos ode investigación, autorizados por la ley, sin perjuicio deque parte de estos procedimientos puedan realizarse endiferentes establecimientos sanitarios.

V. Bancos de embriones. Son los servicios autorizadospara crioconservar los embriones supernumerarios delproceso de fecundación in Vitro, los que deberán contarcon un sistema de protección contra robos y de resguar-do de la información.

Artículo 77 Bis I. Corresponde al Consejo de FertilizaciónHumana y Embriología, la organización y funcionamientodel Registro Nacional de Donantes de Gametos y Embrio-nes. Los servicios y unidades señalados en el artículo ante-rior deberán remitir al Registro Nacional de Donantes deGametos y Embriones la información que señale la normaoficial mexicana correspondiente.

Artículo 77 Bis J. La crioconservación se sujetará a las si-guientes reglas:

I. El semen podrá crioconservarse en bancos autoriza-dos. Tratándose de semen crioconservado de donante,durante el tiempo que el avance de la ciencia reco-miende y señale la norma oficial mexicana correspon-diente. En el caso de usuarios durante la vida del de-positante.

a) El semen crioconservado de donante podrá serutilizado con fines de reproducción asistida sin quese exceda un máximo de seis nacidos vivos.

b) El semen obtenido para inseminación artificial ofecundación in Vitro de la pareja del varón:

1. No podrá utilizarse para la fecundación en otramujer distinta a la de la pareja sin el consentimien-to por escrito del varón.

2. En el caso de fallecimiento del varón, salvo pre-vio consentimiento escrito del mismo, no podrá serutilizado para fecundación de su pareja.

c) El semen crioconservado de donante y el obteni-do para inseminación artificial o fecundación in Vi-tro de la pareja del varón, sólo podrá ser utilizadopara fines de investigación cuando se haya manifes-tado conformidad escrita por parte del varón

II. La crioconservación de óvulos con fines de repro-ducción asistida sólo se autorizará para protocolos con-trolados, en tanto no exista evidencia científica de la se-guridad y eficacia de estas técnicas de crioconservación;

III. Antes de iniciar un tratamiento de reproducciónasistida se deberá comprobar que la mujer, o la pareja ensu caso, no tengan embriones preimplantatorios crio-conservados en otro establecimiento de reproducciónasistida, de ser así, no se podrá iniciar un nuevo trata-miento;

IV. Cuando los embriones no hayan sido implantadosporque el estado de salud de la mujer impida momentá-neamente la transferencia al útero de ésta o porque sehayan generado embriones supernumerarios, éstos po-drán ser crioconservados por un plazo equivalente a lavida fértil de la mujer, con el objeto de que se le puedantransferir en intentos posteriores.

V. Los embriones supernumerarios no se utilizarán confines de fecundación in Vitro , en otra mujer distinta dela pareja cuando:

a) Del mismo varón y/o mujer se hayan generadoseis nacidos vivos.

b) El varón y la mujer no hayan manifestado su con-formidad de donación por escrito.


VI. En caso de fallecimiento de alguna de las personasusuarias, salvo previo consentimiento expreso y escritode la misma, los embriones supernumerarios no podránser utilizados por su pareja.

VII. Las personas usuarias serán responsables de losembriones crioconservados, por lo que deberán firmarun documento de responsabilidad en el que otorgarán elconsentimiento para que, en el supuesto de que no fue-ran transferidos en el plazo previsto, sea definido sudestino final.

Artículo 77 Bis K. No se podrá autorizar la crioconserva-ción, donación o utilización de un embrión después del día14 posterior a la fecundación. Para estos efectos se consi-dera que la línea primitiva ha hecho su aparición al finaldel período de catorce días que comienza con la fecunda-ción, sin que se compute para este fin el tiempo durante elcual el embrión haya permanecido crioconservado.

Artículo 77 Bis L. El Comité de Bioética de cada centro ounidad de reproducción asistida será interdisciplinario ydeberá estar integrado por personal médico de la institu-ción, ajeno a la atención de los solicitantes, profesionalesde psicología, abogados con conocimientos en la materia,especialistas en bioética, quienes podrán estar adscritos ono al establecimiento, y representantes de las personasusuarias de los servicios. En ambos casos se buscará quehaya equilibrio de género.

El Comité será responsable del análisis, discusión y apoyoen la toma de decisiones respecto de los problemas bioéti-cos que se presenten en materia de reproducción asistida.

Artículo 77 Bis M. Los centros o unidades de reproducciónasistida tienen la obligación de reportar al Consejo de Fer-tilización Humana y Embriología sus resultados en térmi-nos de embarazos logrados y de recién nacidos vivos, enrelación con la población total a la que le efectuaron losprocedimientos, cifras que serán auditables por la autori-dad sanitaria correspondiente. La autoridad en forma anualpublicará los resultados proporcionados por los centros au-torizados en por lo menos tres periódicos de circulación na-cional.

Artículo 77 Bis N. La donación de gametos o embrionespreimplantatorios crioconservados no podrá tener carácterlucrativo o comercial, es decir, no se podrá disponer de losmismos a través de su compra o enajenación.

Artículo 77 Bis Ñ. La donación de gametos o células ger-minales no podrá ser revocada por terceros. El donante po-drá revocar su consentimiento en cualquier momento ante-rior al inicio del tratamiento, sin responsabilidad de suparte.

Artículo 77 Bis O. La donación será anónima, gratuita yquedará resguardada en una base de datos que contenga laidentidad del donante, bajo la más estricta confidencialidady en clave en los Bancos respectivos y en el Registro Na-cional de Donantes.

Artículo 77 Bis P. Los nacidos tienen derecho, por sí o porsus representantes legales, a obtener información generalde los donantes que no incluya su identidad. Igual derechocorresponde a las receptoras de los gametos.

Podrá revelarse la identidad del donante cuando se presen-ten circunstancias extraordinarias que impliquen un com-probado peligro para la vida del nacido o cuando procedaconforme a la legislación penal. Dicha revelación tendrácarácter restringido y no implicará, en ningún caso, publi-cidad de la identidad del donante, ni determinación legal dela filiación.

Artículo 77 Bis Q. La persona donante deberá tener más dedieciocho años y plena capacidad de ejercicio y deberácumplir los requerimientos de salud física y psicológicaque establezca la norma oficial mexicana correspondiente.Los gametos podrán ser utilizados con fines de reproduc-ción sin que se exceda un máximo de seis nacidos vivos.

Artículo 77 Bis R. Es responsabilidad del equipo médicotratante la selección y utilización de gametos que estén enóptimas condiciones para su utilización en técnicas de re-producción asistida.

Artículo 77 Bis S. En caso de existir indicación al respec-to, se autoriza la aplicación de las técnicas de diagnósticoprenatal y la toma de células previa a la implantación paradetectar defectos congénitos y/o genéticos graves, a fin detratarlas, si ello es posible o, en su caso, recomendar la notransferencia.

Artículo 77 Bis T. En cuanto a la selección del sexo, la mis-ma será autorizada, previo estudio sobre enfermedades he-reditarias en el que se pretenda evitar la herencia de enfer-medades ligadas a los cromosomas sexuales.


Artículo 77 Bis U. Queda prohibida la modificación del ge-noma del individuo, que no sea con fines terapéuticos o deinvestigación científica.

Artículo 77 Bis V. Se autoriza el uso de embriones no uti-lizados o no viables con fines de investigación científica,fines diagnósticos o terapéuticos.

Artículo 77 Bis W. El Consejo de Fertilización Humana yEmbriología es una instancia dependiente de la Secretaríade Salud, multidisciplinaria, integrada por expertos en téc-nicas de reproducción asistida y representantes de la socie-dad civil, así como asesores legales, el cual asistirá a lapropia Secretaría de Salud para detectar a todas aque-llas clínicas o centros clandestinos que lleven a caboprácticas relacionadas con las técnicas de reproducciónasistida, fuera de la presente Ley y el Reglamento queal efecto expida la Secretaría de Salud.

Artículo 77 Bis X. Compete al Consejo de FertilizaciónHumana y Embriología:

I. Proponer las normas oficiales mexicanas para la pre-vención, diagnóstico y tratamiento de la infertilidad;

II. Proponer las normas oficiales mexicanas para la or-ganización, funcionamiento y certificación de los esta-blecimientos donde se apliquen las técnicas de repro-ducción asistida;

III. En coordinación con la Comisión Federal de Ries-gos Sanitarios, otorgar las autorizaciones sanitarias a losestablecimientos señalados en el artículo 350 bis 15 y alos responsables de los mismos;

IV. Aprobar los proyectos de investigación, diagnósti-cos o terapéuticos con gametos y embriones crioconser-vados, donados para este fin, escuchando la opinión dela Comisión Nacional de Bioética;

V. Autorizar los protocolos controlados para la criocon-servación de óvulos con fines de reproducción asistida;

VI. Evaluar los resultados de los proyectos autorizadosde investigación que se realicen con fines científicos,diagnósticos o terapéuticos, sobre la infertilidad huma-na, las técnicas de reproducción asistida y los gametos yembriones crioconservados;

VII. Elaborar y mantener la lista de enfermedades gené-ticas y hereditarias que puedan ser detectadas con eldiagnóstico prenatal para efectos terapéuticos o de pre-vención;

VIII. La organización y funcionamiento del RegistroNacional de Donantes de Gametos y Embriones;

IX. Publicar anualmente en los términos de la presenteLey y en apego al Reglamento que al efecto expida laSecretaría de Salud, los resultados auditados de loscentros autorizados y que operen conforme a la nor-matividad;

X. Brindar asesoría para la actualización de la legisla-ción vigente en materia de reproducción humana asisti-da, y

XI. Las demás atribuciones específicas que se establez-can en esta ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 77 Bis Y. Se impondrán de dos a seis años de pri-sión y multa por el equivalente de dos mil a seis mil díasde salario mínimo general vigente en la zona económica deque se trate:

I. A quien disponga de células germinales o gametoscon fines distintos a los autorizados;

II. A quien revele la identidad de donadores de célulasgerminales o gametos;

III. A quien utilice las técnicas de reproducción asistidapara fines de selección de sexo, salvo en los casos de an-tecedentes de enfermedades ligadas a los cromosomassexuales.

Si intervienen profesionales, técnicos o auxiliares de lasdisciplinas para la salud, se les aplicará además, suspensiónde uno a dos años en el ejercicio profesional y hasta cincoaños en caso de reincidencia.

Artículo 77 Bis Z. Se impondrán de cuatro a diez años deprisión y multa por el equivalente de cinco mil a diez mildías de salario mínimo general vigente en la zona econó-mica de que se trate:

I. A quien transfiera gametos o embriones no humanosal útero de la mujer o produzca híbridos y quimeras;


II. A quien comercialice o dé uso industrial a los em-briones y sus células;

III. A quien extraiga células o tejidos de embriones o fe-tos en desarrollo, de la placenta o sus envolturas, o de lí -quido amniótico, si no es con fines de diagnóstico pre-natal;

IV. A quien realice técnicas de reproducción asistida enmenores de edad o incapaces; y

V. A quien modifique el genoma humano sin fines tera-péuticos.

Si intervienen profesionales, técnicos o auxiliares de lasdisciplinas para la salud, se les aplicará, además, suspen-sión de dos a tres años en el ejercicio profesional, técnicoo auxiliar y hasta cinco años más, en caso de reincidencia.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguientedía de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud expedirá el reglamento ynormas médicas aplicables a las técnicas de reproducciónasistida.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 díasdel mes de abril de 2005.— Dip. Jesús Martínez Álvarez(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Se turna a la Comisión de Salud.

ARTICULO 105 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Asimismo, el diputado Jorge Kahwagi Maca-ri, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista deMéxico, remitió iniciativa que reforma el artículo 105 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LIXLegislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 105 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, presentada porel diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamenta-rio del PVEM.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legis-latura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupoparlamentario del Partido Verde Ecologista de México, confundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, frac-ción XVI, de la Constitución Política de los Estados Uni-dos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso Ge-neral de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II,56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior delCongreso General de los Estados Unidos Mexicanos, soli-cita se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales, pa-ra su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cá-mara de Diputados de la Quincuagésima NovenaLegislatura del Honorable Congreso de la Unión, la si-guiente iniciativa de ley, con base a la siguiente


El artículo 105 de nuestra Carta Magna establece los asun-tos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberáconocer, como son las acciones de incostitucionalidad quetengan por objeto plantear la posible contradicción entreuna norma de carácter general y la propia Constitución.

Con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Fede-ración el 25 de octubre de 1993, se amplían las facultadesexclusivas de la Suprema Corte para conocer de las con-troversias que se susciten entre uno o más estados y el Dis-trito Federal, entre los poderes de un mismo estado y entrelos órganos de gobierno del Distrito Federal sobre la cons-titucionalidad de su actos.

La última reforma realizada a este artículo constitucionalfue publicada en el Diario Oficial el 22 de agosto de 1996y consistía en eliminar del primer párrafo de la fracción IIlas leyes generales de materia electoral y agregaba un inci-so f) por medio del cual se le da participación a los parti -dos políticos para que puedan plantear acciones de incons-titucionalidad respecto a leyes federales o locales enmateria electoral.

Casualmente el mismo día en que fue publicada esta últimareforma, fue publicada también la reforma que modificabael artículo 122 de la Constitución en donde la Asamblea deRepresentantes del Distrito Federal cambiaba su denomi-nación a Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por lo


que el ordenamiento señala que estará integrada por dipu-tados en vez de representantes.

Recordemos que la Asamblea de Representantes del Dis-trito Federal, como órgano de representación ciudadana,con facultades para dictar bandos, ordenanzas y reglamen-tos de policía y buen gobierno, nace por decreto promulga-torio publicado en el diario oficial el 10 de agosto de 1987.Con dichas facultades la I y II Asambleas funcionan hasta1994.

Como parte del resultado de la Reforma Política del Distri-to Federal, publicada por decreto en el Diario Oficial del25 de octubre de 1993, se eleva a la Asamblea de Repre-sentantes como órgano de gobierno, con facultades legisla-tivas que dejan de ser meramente reglamentarias y se con-vierten en creadoras de ley para el Distrito Federal. Esentonces cuando la III Asamblea de Representantes delDistrito Federal adopta la aposición de I Legislatura.

La reforma política del Distrito Federal que dio origen a es-tas modificaciones tenía antecedentes tanto directos, en elcaso específico de la ciudad de México, como indirectos enel ámbito federal que vale la pena destacar. Desde 1987,cuando el reclamo democrático alcanzó a la capital del pa-ís con la creación de la Asamblea de Representantes delDistrito Federal, la reforma política de esta ciudad se hacentrado en dos grandes propósitos: 1) la restitución plenade los derechos políticos de los habitantes de la ciudad y 2)la construcción de instituciones democráticas de gobierno.

Al cabo de los años, para 1997 se habían alcanzado avan-ces significativos en ese sentido: con la constitución de ungobierno propio para el Distrito Federal, en el mismo terri -torio de la sede de los poderes federales, éste dejó de seruna entidad meramente administrativa para constituirse enuna entidad política; con la transformación de la Asambleade Representantes en Asamblea Legislativa a este órganode representación se le confirieron facultades tan impor-tantes como la aprobación de la Ley de Ingresos y del pre-supuesto y la cuenta pública de la ciudad; con la eleccióndel jefe de gobierno en 1997 y la de los delegados para el2000, los ciudadanos del Distrito Federal logramos tenerlos mismos derechos políticos que cualquier otro ciudada-no mexicano.

Si bien la reforma política del DF se ha hecho por aproxi-maciones sucesivas y con disposiciones secuenciales, es unhecho que se han logrado incrementos importantes en losespacios de participación y de representación políticas de

los habitantes de la ciudad capital y que el gobierno de lamisma ha adquirido una base de legitimidad democráticaindiscutible. Otro elemento positivo que vale la pena resal-tar de este largo proceso de reforma política es que las asig-naturas pendientes están muy bien identificadas, lo cualabre posibilidades para que esta nueva fase de reformas seadefinitiva, es decir, que los habitantes del DF tengamosplenamente garantizados nuestros derechos políticos.

En este contexto, cabe destacar que en el inciso e) de lafracción II del artículo 105 de la Constitución Política nose ha reflejado este cambio en la denominación del órganolegislativo del Distrito Federal, por lo que consideramosimpostergable modificar esta denominación para adecuarlaa los términos legales vigentes.

Con base en lo anterior, el suscrito Diputado, integrante delGrupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mé-xico se permite someter ante el pleno de esta Soberanía, lasiguiente iniciativa de:

Decreto mediante el cual se reforma el inciso e) de lafracción II del artículo 105 de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único.- Se reforma el inciso e) de la fracción IIdel artículo 105 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 105. …

II. …

a) a d) …

e) El equivalente al treinta y tres por ciento de lasintegrantes de la Asamblea Legislativa del Distri-to Federal, en contra de leyes expedidas por lapropia Asamblea, y

f) …

Transitorio

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al díasiguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de laCámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión


de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes deabril de 2005.— Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitu-cionales.


La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: El diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupoparlamentario del Partido Revolucionario Institucional,también remitió a esta Presidencia iniciativa que reforma elartículo 73 de la Constitución Política de los Estados Uni-dos Mexicanos.


Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Po-lítica de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del dipu-tado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario delPRI

El suscrito, diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, inte-grante de la H. LIX Legislatura, con fundamento en lo dis-puesto en los artículos 71, fracción II, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracciónII, del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos y relativos, po-ne a la consideración de esta asamblea, erigida en Congre-so Constituyente, la siguiente iniciativa de reforma de lasegunda parte de la fracción XVI del articulo 73 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,con el propósito de que se actualice el término “Departa-mento de Salubridad” por el de “Secretaria de Salud”, con-forme a la siguiente


Primero. Don Venustiano Carranza Garza, en su carácterde Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargadodel Poder Ejecutivo federal, propuso el proyecto de refor-mas a la Constitución Política de los Estados Unidos Me-xicanos de 1857, conocida actualmente como ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, de talforma que el Congreso Constituyente de Querétaro se reu-nió por primera vez el 21 de noviembre de 1916 y se de-

claró legítimamente instalado el 30 de noviembre de 1916,luego de revisar credenciales en 11 juntas preparatorias.

Segundo. En aquellas fechas no existía lo que hoy conoce-mos como “Secretaría de Salud” sino el Departamento deSalubridad, que posteriormente cambió de nombre por“Secretaría de Salubridad y Asistencia” y actualmente esconocida como “Secretaria de Salud”, conforme a las re-formas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el21 de enero de 1985, donde se estableció como nombre aesta Secretaria el de “Secretaría de Salud”.

Tercero. Así, el Constituyente de Querétaro, al redactar eltexto de la Constitución de 1917, en la segunda parte de lafracción XVI del artículo 73 se refirió a que, “en caso deepidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfer-medades exóticas en el país, el Departamento de Salu-bridad tendrá obligación de dictar inmediatamente las me-didas preventivas indispensables, a reserva de ser despuéssancionadas por el Presidente de la República”.

Cuarto. Sin embargo, no obstante los cambios de nombredel ahora extinto Departamento de Salud, el ConstituyentePermanente no ha realizado su actualización en el texto denuestro Código Mayor, lo cual, además de ser un graveerror por existir un desfase legislativo, también lo es porexistir la omisión en nuestra Máxima Ley, nos lleva a co-rrer el riesgo de que, de presentarse alguna epidemia graveo invasión de enfermedades exóticas, lo cual, afortunada-mente, no ha ocurrido, no exista autorización legal a de-pendencia alguna para tomar las medidas indispensablesy prevenirlas o atacarlas, pues conforme lo señala el tex-to de la Constitución federal vigente, corresponderían di-chas acciones al Departamento de Salubridad y éste ya noexiste y si dichas medidas afectan a un particular que noestá de acuerdo con esas medidas que le afecten, y ésteacude al Poder Judicial federal por vía del juicio de am-paro a defender sus garantías constitucionales, obtendríael amparo y protección de la justicia de la Unión no por -que tenga conciencia de que su actitud es la correcta, si-no porque tiene la razón legal derivada de este “olvido le-gislativo” que podría afectar los actos derivados de laobligación del antes Departamento de Salubridad, hoySecretaría de Salud, de dictar inmediatamente las medi-das preventivas indispensables para atacar una epidemiade carácter grave o con peligro de invasión de enferme-dades exóticas en nuestro país.

Quinto. Luego, lo correcto para mantener actualizadanuestra Máxima Ley como Código Supremo en nuestro


país, que no debe ni merece de este tipo de “olvidos le-gislativos”, cabe realizar la modificación a la segunda par-te de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Po-lítica de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósitode que se actualice el término “Departamento de Salubri-dad” por el de “Secretaría de Salud” y, de ser necesario, es-tar en condiciones legales de enfrentar inmediatamente al-guna epidemia grave o invasión de enfermedades exóticas.

En ese sentido, el suscrito, diputado federal Hugo Rodrí-guez Díaz, integrante de la H. LIX Legislatura, con funda-mento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interiordel Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos yrelativos, pone a la consideración de esta asamblea la si-guiente

Iniciativa de ley con carácter de decreto, que presentael diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, que proponela reforma de la segunda parte de la fracción XVI delartículo 73 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, con el propósito de que se actualiceel término “Departamento de Salubridad” por el de“Secretaría de Salud”, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma la segunda parte de la fracciónXVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Esta-dos Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73.

I. a XV. ...

XVI. ...

1a. ...

2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligrode invasión de enfermedades exóticas en el país, laSecretaría de Salud tendrá obligación de dictar in-mediatamente las medidas preventivas indispensa-bles, a reserva de ser después sancionadas por elPresidente de la República.

3a. y 4a. ...

XVII. a XXX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones contrarias aeste decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro.— México, Distrito Fe-deral, a 19 de abril de 2005.— Dip. Hugo Rodríguez Díaz(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Se turna a la Comisión de Puntos Consti-tucionales.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Y también el diputado Hugo Rodríguez Díaz,el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institu-cional, remitió iniciativa que reforma y adiciona diversasdisposiciones de la Ley Federal del Trabajo.


Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones dela Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Hugo Ro-dríguez Díaz, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, inte-grante de esta H. LIX Legislatura, con fundamento en lodispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitu-ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, frac-ción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Con-greso General de los Estados Unidos Mexicanos yrelativos, pone a la consideración de esta asamblea la si-guiente iniciativa de ley con carácter de decreto que pro-pone la adición de la fracción V Bis de la Ley Federal delTrabajo, más la adición de la Sección Sexta Bis, que con-tiene los artículos 829 Bis 1 al 829 Bis 9, todos ellos in-cluidos en el Capítulo XII del Título Catorce de la Ley Fe-deral del Trabajo, a fin incluir la prueba de “reconstrucciónde hechos” dentro del procedimiento laboral que actual-mente rige en la Ley Federal del Trabajo, acorde a la si-guiente



Primero.- La reforma a la Ley Federal del Trabajo vigen-te desde abril de 1970 a la que, de forma sustancial y muyimportante se le incluyó a partir del 1 de mayo de 1980 elTítulo Catorce titulado “Nuevo Derecho Procesal del Tra-bajo” es una muestra de la seguridad con que en su tiempolas dependencias facultadas para ello han enfrentado la re-alidad del desequilibrio que se contempla en las relacioneshumanas, entre los dueños del dinero y los que trabajan pa-ra éstos.

Frente a este mundo de transformación encaminada a laglobalización, la Ley Federal del Trabajo representa el mu-ro con que el Estado ha enfrentado la realidad del desequi-librio en la repartición de la riqueza que en la muy injustay antigua relación entre patrones y trabajadores.

En su oportunidad, el “Nuevo Derecho Procesal del Traba-jo” de 1980 representó solo uno más de los difíciles y la-boriosos pasos de una larga etapa iniciada tanto por los tra-bajadores del campo como los obreros de las industriasurbanas, laborioso pero firme proceso revolucionario ini-ciado el 20 de noviembre de 1910 a 1980, larga etapa quees nuestro deber como legisladores que representan a laclase trabajadora continuar con el fin de igualar los dere-chos y obligaciones tanto del patrón hacia el trabajador co-mo de éste hacia aquel.

Segundo.- Sin embargo, como toda ley que funciona ape-gada a una sociedad vida y que ende día a día modifica, al-terna, substituye, suple o elimina valores antiguos y otorganuevos principios basados en las circunstancias que viveesa sociedad, la Ley Federal del Trabajo de origen en 1970y con modificaciones trascendentales e históricas en el pro-cedimiento, también tiene la necesidad de ser renovadoconforme a las circunstancias y desarrollo de, para el caso,los procesos laborales que demuestran las necesidad demodificar, adicionar o abrogar desde la Constitución Fede-ral como la Ley Federal del Trabajo que reglamenta el ar-tículo 123 de nuestra máxima ley, reformas, adiciones,abrogaciones y derogaciones cuyas actualizaciones son ne-cesarias para continuar con el camino que tenga como finuna economía justa y una democracia madura que nos lle-ve a una gobernabilidad estable.

En estos tiempos en que la democracia mexicana ha madu-rado de tal forma que el traspaso de poderes puede hacersede partido a partido sin que existan rebeliones que inte-rrumpan la observancia de la Constitución Federal, así co-

mo tener un Congreso de la Unión en que en ninguna de lasdos Cámaras ningún partido tiene mayoría absoluta y esposible tener una paz social y entendimientos entre los in-tegrantes del Congreso entre sí mismos, así como entre és-te y el Ejecutivo federal, con lógicos desacuerdos deriva-dos de los principios partidistas, ideas propias de unapersona o grupo de personas que representan a un partidoy a una corriente aún dentro de ese partido, situación que alser puesta en vigor la Constitución de Querétaro era prác-ticamente imposible tan solo de pensar que llegaría a ocu-rrir y aún menos de llevarse a cabo.

Tercero.- Luego, como toda ley que funciona apegada auna sociedad viva y que por ende día a día modifica, alter-na, substituye, suple o elimina valores antiguos y otorganuevos principios basados en las circunstancias que viveesa sociedad, la Constitución Federal y las leyes que de ellaemanan, como lo es la propia Ley Federal del Trabajo, tam-bién es necesario renovar y modificarse con actualizacio-nes necesarias para procurar una justicia verdadera basadaen el respeto a un Estado de Derecho, exigencia continua ycomún de quienes con su voto nos trajeron al lugar queahora ocupamos, producto del esfuerzo de millones de ciu-dadanos comprometidos con su comunidad y con la socie-dad que los rodea con el fin de elevar sus niveles de vidaen todas sus expresiones y materias.

Nuestra comunidad ha evolucionado con constantes cam-bios políticos, económicos y sociales impulsados tanto des-de las trincheras que surgieron en las diferentes guerras quehan revolucionado a nuestro país, como desde esta alta tri-buna nacional, dónde han surgido notables e ilustres legis-ladores que con su actuar político han dejado huella en le-yes, decretos y en nuestra Carta Magna.

Por lógica elemental afirmamos que nuestro país no es elque desde las importantes reformas a la Ley Federal delTrabajo de 1980 fueron aprobadas por los tres poderes dela Unión, sino que ha sido sujeto a modificaciones radica-les, como la de 1980 producto de un intenso análisis jurí-dico–laboral–económico y social que modificó todas lasestructuras jurídico–laborales del antiguo sistema procesallaboral para dar nacimiento al “Nuevo Derecho Procesaldel Trabajo”, contribuyendo con ello al gran esfuerzo decrecer junto con nuestro país.

Cuarto.- Sin embargo, como dije anteriormente, toda leyfunciona apegada a una sociedad viva que a diario se mo-difica, substituye, suple, adiciona o elimina valores anti-guos y otorga nuevos principios basados en la continua


experiencia que en las Juntas Laborales, tanto federalescomo estatales, la praxis juris otorga al jurista que al serelegido, llega a este recinto o al profesionista de otras ra-mas que por cualquier medio encuentra la necesidad deadicionar, reformar, modificar, abrogar o derogar leyes an-tiguas y someter a votación leyes nuevas.

En ese sentido, se han encontrado en infinidad de casos enque cualquiera de las partes en un juicio laboral -tanto tra-bajador como patrón– solicitan de la jurisdicción laboralpara incluir como prueba elemental para encontrar la ver-dad de los hechos la prueba que en otras materias se cono-ce como “reconstrucción de hechos” y que en la materia la-boral sólo se llegó a la “Inspección” y que, conforme alcriterio de quien conduce el juicio laboral niega el inter-pretar la “Inspección” como “reconstrucción de hechos”,prueba que por analogía y aún la mayoría de razón es tanimportante como cualquier otra pues de ella puede devenir,y con importancia, el conocimiento de quien ha de decidirsobre la procedencia o no de los argumentos tanto de lademanda como de la defensa para conocer la verdad de losucedido y que, según lo planteado por la partes, le da o nola razón a la parte actora o a la parte demandada.

Quinto.- Por ello, se propone incluir en el Capítulo XII delTítulo Catorce de la Ley Federal del Trabajo, que se refie-re a las pruebas que se admiten en la litis laboral, la exis-tencia directa y sin medio de interpretación de la prueba de“Reconstrucción de Hechos”, incluyéndola tanto comofracción V bis del artículo 776 como una Sección Sexta Bisen el cual se incluyan los artículos 829 bis 1 al 829 bis

Habida cuenta que la fracción V del numeral 776 y la Sec-ción Sexta del capítulo y título de la norma federal obrerason las que tratan sobre la prueba de “Inspección” que es laprueba con la que puede tener más relación la prueba quese propone.

Sexto.- Es importante señalar que esta prueba que se pro-pone se incluya en el procedimiento laboral mexicano nosería instrumento de valor especial para ninguna de las par-tes –actor o demandado– puesto que tendría el mismo efec-to, trascendencia, importancia y alcance para ambas partesy estarían, de igual manera, ambas partes en posibilidad deofrecerla ú objetarla.

En ese sentido, el suscrito diputado Federal Hugo Rodrí-guez Díaz, integrante de esta H. LIX Legislatura, con fun-damento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

55, fracción II del Reglamento Para el Gobierno Interiordel Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos yrelativos, pone a la consideración de esta asamblea la si-guiente:

Iniciativa de ley con carácter de decreto que presenta eldiputado federal Hugo Rodríguez Díaz que propone laadición de la fracción V Bis del artículo 776 de la LeyFederal del Trabajo, más la adición de la Sección SextaBis que contiene los artículos 829 Bis 1 al 829 Bis 9, to-dos ellos incluidos en el Capítulo XII del Título Cator-ce de la Ley Federal del Trabajo a fin de incluir la prue-ba de “reconstrucción de hechos” dentro delprocedimiento laboral que actualmente rige en la LeyFederal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo Único.- Se adiciona la fracción V Bis del artícu-lo 776 y se adiciona la Sección Sexta Bis que contiene losartículos 829 Bis 1 al 829 Bis 9, todos ellos incluidos en elCapítulo XII del Título Catorce de la Ley Federal del Tra-bajo a fin de incluir la prueba de “Reconstrucción de He-chos” dentro del procedimiento laboral que actualmente ri-ge en la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Título CatorceNuevo Derecho Procesal del Trabajo

Del Capítulo I al Capítulo XI.- ...

Capítulo XIIDe las Pruebas

Sección Primera

Art. 776.- ...

De la I a la V.- ...

V bis.- Reconstrucción de Hechos.

De la VI a la VIII.- ...

Sección Sexta Bis

Art. 829 Bis 1.- Es materia de Reconstrucción de Hechostodo aquello que pueda ser directamente apreciado por laautoridad que conozca del asunto y deberá ser practicada,bajo pena de nulidad, con la presencia de dicha autoridady en caso de ser órgano colegiado, por quien la presida.Para su desahogo se fijará día, hora y lugar y se citará


oportunamente a los testigos que hubiere ofrecido la parteoferente de la Reconstrucción de Hechos, quienes podránhacer al funcionario que practique la diligencia las obser-vaciones que estimen convenientes las cuales se asentaránen la prueba circunstanciada que se levantará con motivodel desahogo que se practique.

Art. 829 Bis 2.- Para la descripción de la reconstrucción dehechos que se practique, se emplearán, según el caso, pla-nos topográficos, fotografías ordinarias o métricas, moldes,o cualquier otro medio para reproducir las cosas, haciendoconstar en el acta cuál o cuáles de aquellos, en que forma ycon qué objeto se emplearon.

La descripción se hará por escrito de todo lo que no hubie-re sido posible efectuar por los medios anteriores, procu-rándose fijar con claridad los caracteres, señales o vestigiosque el hecho que se pretenda reconstruir dejare, el o los ins-trumentos o medios que probablemente se hayan empleadoy la forma en que se hubieren usado.

Art. 829 Bis 3.- Al practicarse la reconstrucción podrá exa-minarse a la o las personas presentes que puedan propor-cionar algún dato útil para el conocimiento de los hechos acuyo efecto se les podrá prevenir para que no abandonen ellugar.

Art. 829 Bis 4.- De ser necesario y así creerlo convenien-te, la autoridad que conozca de la demanda podrá hacerseacompañar por el o los peritos que considere necesarios osean solicitados por cualquiera de las partes.

Art. 829 Bis 5.- Solo podrán participar en el desahogo dela prueba, además de la autoridad que conozca del asunto ylos testigos de asistencia con los cuales se auxiliare, laspartes, los testigos que hubiere ofrecido la parte oferente dela prueba y los peritos autorizados.

Art. 829 Bis 6.- La reconstrucción tendrá por objeto, ade-más de conocer en forma directa por la parte oferente suversión apoyada por los testigos que hubiere ofrecido, elrelacionar esta prueba con el resto de las ofrecidas por am-bas partes y se podrá practicar aún declarado el cierre deofrecimiento de pruebas o ya antes desahogada si la Juntalo estima necesario, para lo cual deberá razonar y motivarsu decisión.

Art. 829 Bis 7.- La reconstrucción se practicará precisa-mente a la hora y en el lugar en que hayan sucedido los he-chos que se pretenden reconstruir, y cuando las circunstan-

cias puedan tener influencia en la determinación de los he-chos que se reconstruyen, será en el mismo día de la sema-na en que ocurrieron.

Art. 829 Bis 8.- No se practicará la reconstrucción sin quese hayan recabado la totalidad de los atestos de las perso-nas que intervinieron en los hechos y hayan sido ofrecidospor las partes y, en su caso, de los peritos igualmente ofre-cidos por las partes.

Art. 829 Bis 9.- Cuando ambas partes hubieren ofrecido lareconstrucción de hechos, se practicará las reconstruccio-nes por separado y en caso de ser necesaria la intervenciónde peritos, en el cuestionario rector de peritos, se requeriráal perito para que, conforme a sus conocimientos, determi-ne sobre cuál de las versiones puede acercarse más a la ver-dad.

La respuesta a este cuestionamiento no tendrá el valor deprueba plena, sino que solo servirá como medio auxiliar dela Junta para decidir sobre el caso, aún en contrario de larespuesta de peritos, basándose la Junta en lo dispuesto porla legislación y un razonamiento basado en el contenido dela demanda, la contestación a ésta, si la hubiere, y demáspruebas que se encuentren en actuaciones.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones contrarias aeste decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Fede-ral, en la fecha de su presentación.— Dip. Hugo RodríguezDíaz (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Se turna a la Comisión de Trabajo y Previ-sión Social.

LEY DEL REGISTRO PUBLICO VEHICULAR

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: En consecuencia, a continuación tiene el usode la palabra nuestro compañero, el diputado Omar BazánFlores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario


Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adi-ciona diversas disposiciones de la Ley del Registro Públi-co Vehicular.

El diputado Omar Bazán Flores: Con su permiso, com-pañera Presidenta: uno de los problemas más graves de losúltimos tiempos es la falta de seguridad pública que vivi -mos todos los mexicanos. No existe ninguna entidad fede-rativa exenta del flagelo en estos tiempos, que ataca lo másíntimo de los ciudadanos mexicanos y que nos arrebata deun momento a otro la tranquilidad, de la que nunca másvolveremos a disfrutar. Los mecanismos que permitieronatacar de forma frontal este flagelo social sin duda es la co-ordinación entre las autoridades federales y las entidadesfederativas para el intercambio de las acciones e informa-ción necesaria para el combate contra la delincuencia. Elvehículo automotriz es el instrumento que utiliza la delin-cuencia en todos sus ramos para seguir impunemente de-linquiendo. Cuántos delitos no se han cometido en un ve-hículo, pero aparte de la seguridad pública, otro de losproblemas es el de la seguridad jurídica que enfrentan mi-llones de ciudadanos al comprar un vehículo. Si roban unvehículo en el norte del país para venderlo en otra entidadfederativa del sur o viceversa, y no hemos logrado una rednacional sólida que dé certeza a las acciones que desarro-llan a lo largo del país.

Esta iniciativa propone la creación del Registro Público Es-tatal de Vehículos en las entidades federativas, respetandoabsolutamente sus atribuciones constitucionales, para for-talecer y lograr así una red nacional de registro vehicularque dé respuesta a las políticas sobre seguridad entre la ad-ministración federal y las entidades estatales. La creaciónde un registro público estatal de vehículos se sustenta en lapropia ley, en el artículo 3, fracción I y III, del Título Pri-mero, “De las Disposiciones Generales”, el cual establecela facultad y la participación de las autoridades federales yde las estatales en el objeto y la razón del Registro PúblicoVehicular. Corresponde al Ejecutivo federal la aplicaciónde la ley a través del Secretariado Ejecutivo, entre cuyasfacultades está la de acordar con las entidades estatales, loque también hace obligatorio las reglas a que se sujetaránel suministro, intercambio y sistematización de la informa-ción del registro en general, sobre su operación, funciona-miento y administración, fracción I; y se agrega la de inte-grar la información que le proporcionen las entidadesfederativas en el registro, así como la que suministren lasentidades federativas relativa a los padrones vehiculares,fracción III. Aunque se denominan “facultades”, se puedenestablecer que está acordado, implica también la obliga-

ción de la autoridad estatal responsablemente de un actoque fija las reglas para cumplir sus obligaciones, fracciónI; y la facultad de los estados de establecer el campo parala creación de estos padrones vehiculares, fracción III.

Para este objetivo, nos basamos en los artículos 6 y 7 delTítulo Segundo, “Del Registro”, Capítulo Primero, “De suObjetivo e Integración”, del mismo ordenamiento, dondese especifica y se da el objetivo de la conformación del re-gistro. El artículo 6 define el objetivo de identificación ycontrol vehicular, la información con que se deberá inte-grar, las inscripciones, las altas, las bajas, los emplaca-mientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones,destrucción de los vehículos que se fabrican o ensamblan oimportan o circulan en territorio nacional, en el ámbito desus competencias y en el uso entre las autoridades federa-les y las estatales del registro para compartir y contribuir enel intercambio de información.

El artículo 7, quienes integran la información de la base dedatos, las autoridades federales, las entidades estatales ylos sujetos obligados a realizar las inscripciones para la ac-tualización, las autoridades federales y las estatales. En elámbito de sus atribuciones, suministran la información re-lativa a altas, bajas, cambios de propietarios, emplaca-mientos, pérdidas, robos, recuperaciones, pago de tenen-cias y contribución, destrucción de vehículos, gravámenesy otros datos con los que se cuente. Por lo anterior, pode-mos establecer el derecho de las entidades estatales de es-tablecer los mecanismos que decidan para el cumplimientode su obligación. El artículo 13 del Capítulo Segundo, “Dela Inscripción”, podemos distinguir quiénes irían al Regis-tro Nacional de Vehículos en el caso de los importadostemporalmente. Es importante observar que éstos deberíancumplir la legislación aplicable a su condición.

Para la mejor coordinación derivada de la aplicación de lapresente ley y con respeto absoluto de las atribucionesconstitucionales, se establece el Registro Público de Vehícu-los, como un instrumento de control y registro de las enti -dades federativas, que tienen como propósito otorgar segu-ridad pública y jurídica a los actos que se realicen convehículos en las entidades.

Artículo 2o. Para efectos de esta ley, se entiende...

I a V. Quedan igual.

VI. El Registro Estatal, el Registro Público Estatal de Ve -hículos.


Artículo 3 Bis. Para dar cumplimiento al suministro, inter-cambio, sistematización de la información del registro, deconformidad con el numeral uno del artículo 3o., corres-ponde a las entidades federativas, con respeto absoluto desus facultades constitucionales, establecer el marco legal,la operación, funcionamiento y distribución del registro es-tatal.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 6, 7 y 8 de laLey de Registro Público Vehicular, para quedar como si-gue:

Artículo 6. El Registro Público Vehicular y el Registro Pú-blico Estatal de Vehículos tienen por objeto la identifica-ción y control, en el que consten la inscripción o actas o ba-jas, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robo,recuperación y destrucción de los vehículos que se fabri-can, ensamblan, importan o circulan en territorio nacional.

La Federación y las entidades federativas, en el ámbito desus competencias, utilizarán el registro y el registro estatalcon el fin de combatir, compartir e intercambiar la infor-mación disponible sobre el origen, destino, actos y hechosjurídicos; y, en general, cualquier operación relacionadacon los vehículos mencionados.

Artículo 7. Para mantener actualizado el registro en las en-tidades federativas, estos últimos, a través de los RegistrosPúblicos Estatales de Vehículos, de conformidad con susatribuciones, suministrarán la información relativa a altas,bajas, intercambios de propietarios, emplacamientos e in-fracciones y pérdidas o robo.

Artículo 8. El registro y el registro estatal, de conformidadcon las atribuciones constitucionales de las entidades fede-rativas, contendrán sobre cada vehículo la información si-guiente...

Transitorio. Primero. La presente iniciativa entrará en vi-gor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficialde la Federación.

Segundo. El secretario ejecutivo del registro deberá pro-porcionar al registro estatal correspondiente en las entida-des federativas en que se solicite, en un plazo no mayor de180 días naturales, la información histórica relativa a losnúmeros de identificación que tuviesen asignados los vehí-culos y de la cual disponga a la entrada en vigor de este or-denamiento, para la identificación y control de los vehícu-

los, así como para combatir e intercambiar información deconformidad con lo dispuesto en el artículo 6o.

Muchas gracias, compañera Presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposicionesde la Ley del Registro Público Vehicular, a cargo del dipu-tado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Inte-rior del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-nos, el de la voz, diputado Omar Bazán Flores, del grupoparlamentario del PRI, presenta a esta H. soberanía la si-guiente iniciativa que reforma los artículos 6, 7 y 8; y adi-ciona un párrafo al artículo 1, un numeral XI al artículo 2y un artículo 3-Bis a la Ley del Registro Público Vehicular.


Uno de los azotes más graves de los últimos tiempos es lafalta de seguridad pública que experimentamos todos losmexicanos. No existe ninguna entidad federativa exenta deeste flagelo de los tiempos nuevos, que ataca a lo más ínti-mo de los ciudadanos mexicanos, y que nos arrebata de unmomento a otro la tranquilidad que nunca más volveremosa disfrutar.

Los mecanismos que permitirían atacar de manera frontaleste flagelo social, sin duda, es la coordinación entre lasAutoridades Federales y las Entidades Federativas, para elintercambio de las acciones e información necesaria para elcombate contra la delincuencia.

El vehículo automotriz es el instrumento que utiliza la de-lincuencia en todos sus ramos, para seguir impunementedelinquiendo a través del país. ¿Cuantos delitos no se hancometido en un vehículo?

Pero aparte de la seguridad pública, otro de los problemases la seguridad jurídica que enfrentan millones de ciudada-nos al comprar un vehículo. Se roban vehículos en el nortedel país para venderlo en una entidad federativa del sur. Yno hemos logrado una red nacional sólida, que de certeza alas acciones que se desarrollan a lo largo del país.

Esta iniciativa propone la creación del Registro Público Es-tatal de Vehículos en las entidades federativas, respetando


absolutamente sus atribuciones constitucionales, para for-talecer y lograr así, una Red Nacional de Registro Vehicu-lar, que de respuesta a las políticas sobre seguridad entre laadministración federal y las entidades estatales.

La creación de un Registro Publico Estatal de Vehículos, sesustenta en la propia Ley, artículo 3, fracciones I y III, delTítulo Primero, “De las Disposiciones Generales”, elcual establece la facultad y participación de las autoridadesfederales y entidades estatales en el objeto y razón del Re-gistro Público Vehicular.

Corresponde al Ejecutivo Federal la aplicación de la Ley, através del Secretariado Ejecutivo, quien dentro de sus fa-cultades, esta la de acordar con las entidades estatales (loque también lo hace obligatorio) las reglas a que se sujeta-rán el suministro, intercambio y sistematización de lainformación del registro y, en general, sobre su opera-ción, funcionamiento y administración (fracción I).

Y, se agrega, la de integrar la información que le propor-ciones las autoridades federales en el Registro, “así comola que le suministren las entidades federativas relativaa sus padrones vehiculares” (fracción III).

Aunque se denominan facultades, se puede establecer queeste “acordar” implica también la obligación de la autori-dad estatal de responsabilizarse de un acto que fija las re-glas, para cumplir su obligación (fracción I).

Y, la facultad de los Estados de establecer el cómo para lacreación de estos “padrones vehiculares” (fracción III).

Para este objetivo nos basaremos en los artículos 6 y 7 delTítulo Segundo del Registro, Capítulo I, “De su Objeto eIntegración”, del mismo ordenamiento, donde se especifi-ca el objetivo y la conformación del Registro.

El artículo 6 define el objetivo de identificación y controlvehicular, la información con que se deberá integrar (lasinscripciones o altas, bajas, emplacamientos, infraccio-nes, pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción delos vehículos que se fabrican, ensamblan, importan ocirculan en el territorio nacional y, en el ámbito de suscompetencias, el uso, entre la autoridad federal y estatal,del registro para compartir e intercambiar información.

El artículo 7 establece quienes integran la información dela base de datos: las autoridades federales, las entidades es-

tatales y los sujetos obligados a realizar las inscripciones.Para la actualización, las autoridades federales y las enti-dades estatales, en el ámbito de sus atribuciones, sumi-nistrarán la información relativa a altas, bajas, cambio depropietario, emplacamientos, infracciones, pérdidas,robos, recuperaciones, pago de tenencias y contribucio-nes, destrucción de vehículos, gravámenes y otros datoscon los que cuenten.

Por lo anterior, podemos establecer el derecho de las enti-dades estatales de establecer el mecanismo que decidan pa-ra el cumplimiento de su obligación.

El artículo 13 del Capítulo II de la Inscripción, podemosdistinguir quienes irían al Registro Nacional de Vehículos.En el caso de los importados temporales es importante ob-servar que estos deberán cumplir la legislación aplicable asu condición.

Por lo anterior expuesto, presento a esta H. soberanía la si-guiente

Iniciativa con proyecto de decreto

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona un párrafo al artí -culo 1, un numeral XI al artículo 2 y un artículo 3-Bis, dela Ley del Registro Público Vehicular, para quedar comosigue:

Artículo 1.

...

Para la mejor coordinación derivada de la aplicaciónde la presente ley, y con respeto absoluto de sus atribu-ciones constitucionales, se establece el Registro PúblicoEstatal de Vehículos, como un instrumento de control yregistro de las entidades federativas, que tiene comopropósito otorgar seguridad pública y jurídica a los ac-tos que se realicen con vehículos en la entidad.

Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. a X. ...

XI. Registro Estatal: el Registro Público Estatal deVehículos

Artículo 3-Bis.


Para dar cumplimiento al suministro, intercambio ysistematización de la información del Registro, de con-formidad al numeral I del artículo 3, corresponde a lasentidades federativas, con respeto absoluto de sus fa-cultades constitucionales, establecer el marco legal, laoperación, funcionamiento y administración del Regis-tro Estatal.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 6, 7 y8 de la Ley del Registro Público Vehicular, para quedar co-mo sigue:

Artículo 6.

El Registro Público Vehicular y el Registro Público Esta-tal de Vehículos tienen por objeto la identificación y con-trol vehicular, en la que consten las inscripciones o al-tas, bajas, emplacamientos, infracciones, pérdidas,robos, recuperaciones y destrucción de los vehículosque se fabrican, ensamblan, importan o circulan en elterritorio nacional, así como brindar servicios de infor-mación al público.

La Federación y las entidades federativas, en el ámbitode sus competencias, utilizarán el Registro y el RegistroEstatal con el fin de compartir e intercambiar la infor-mación disponible sobre el origen, destino, actos y he-chos jurídicos y, en general, cualquier operación rela-cionada con los vehículos mencionados.

...

...

Artículo 7.

...

Para mantener actualizado el registro, las autoridadesfederales y las de las entidades federativas, estas últimasa través de su Registro Público Estatal Vehicular, de con-formidad con sus atribuciones, suministrarán la infor-mación relativa a altas, bajas, cambio de propietario,emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recupe-raciones, pago de tenencias y contribuciones, destruc-ción de vehículos, gravámenes y otros datos con los quecuenten.

...

Artículo 8.

El Registro y el Registro Estatal, de conformidad con lasatribuciones constitucionales de las entidades federati-vas, contendrán, sobre cada vehículo, la información si-guiente:

I. a V. ...

Transitorio Primero

La presente iniciativa entrará en vigor al día siguientede su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Transitorio Segundo

El secretario ejecutivo del Registro deberá proporcio-nar al Registro Estatal correspondiente de la entidadfederativa que la solicite, en un plazo no mayor de 180días naturales, la información histórica relativa a losnúmeros de identificación que tuviesen asignados losvehículos y de la cual dispusiera a la entrada en vigorde este ordenamiento, para la identificación y controlvehicular, así como para compartir e intercambiar in-formación, de conformidad con lo dispuesto en el artí-culo 6.

San Lázaro, a 5 de abril de año 2005.— Dip. Omar BazánFlores (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado Flores. Seturna a la Comisión de Seguridad Pública.

A solicitud del grupo parlamentario del Partido Acción Na-cional, se pospone la iniciativa que habría de presentar eldiputado José Javier Osorio Salcido, relativa a reforma yadiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal de Co-municaciones.

LEY GENERAL DE SALUD - LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: En consecuencia, tiene el uso de la palabranuestro compañero, el diputado Rafael García Tinajero Pé-rez, del grupo parlamentario del Partido de la RevoluciónDemocrática, para presentar iniciativa que reforma los ar-tículos 17 y 133 de la Ley de Salud, y 77 de la Ley de la


Propiedad Industrial, para garantizar el acceso a medica-mentos en los problemas graves de salud pública.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Con su per-miso, compañera Presidenta; con su permiso, honorableAsamblea: la atención de los problemas de salud implicarealizar las acciones encaminadas a la prevención, el trata-miento y rehabilitación y el control de las mismas. La le-gislación sanitaria de nuestro país incluye las bases quesustentan dichas acciones y la distribución de competen-cias entre las diferentes instituciones y niveles de gobierno.Existe, sin embargo, un elemento fundamental en la aten-ción de los problemas de salud que se encuentra fuera de lalegislación y, en muchas ocasiones, fuera incluso de las po-líticas públicas en la materia: el acceso a los medicamen-tos. El tema resulta de suma importancia, sobre todo si sereconocen las siguientes dos circunstancias: por un lado, larealidad de la industria farmacéutica inmersa en los meca-nismos de libre comercio internacional; y, por otro, la con-dición de no asegurados de más de 50 millones de mexica-nos, que en la mayoría de los casos deben cubrir los costosde los medicamentos.

El acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual y losacuerdos mundiales de comercio dan lugar al monopoliotemporal en la producción de medicamentos, permiten laexplotación económica del producto de invención con ex-clusividad y, por un periodo determinado, a un precio muypor encima de los costos de producción, para retribuir lasinversiones en investigación. Sin embargo, con los preciosque mantienen las grandes empresas por derechos conferi-dos a las patentes, se calcula que las ganancias de un soloaño superan los gastos en investigación en una década. Uncaso que ha conjuntado a la comunidad internacional en es-ta materia es el problema de accesibilidad a medicamentosantirretrovirales para el tratamiento de pacientes con sida,que es una emergencia sanitaria en el mundo. En julio delaño pasado, la XV conferencia internacional sobre sida, enBangkok, bajo el lema “Acceso para todos”, la SociedadInternacional para el Sida explicó la necesidad de facilitara la población afectada el acceso a medicamentos antirre-trovirales y los avances científicos relacionados con la en-fermedad.

En el mundo hay 38 millones de personas infectadas por elvirus de inmunodeficiencia humana, de los cuales 4.8 mi-llones se registraron el año pasado. En 2003 murieron 2.9millones de personas de sida; de ellos medio millón eranniños. Más de 20 millones de personas han muerto en todoel mundo desde que el virus fue detectado por primera vez,

en 1981. La Organización Internacional del Trabajo refiereque los países de América Latina y el Caribe han experi-mentado menor crecimiento económico del esperado en losúltimos 10 años a causa del impacto del sida entre la Po-blación Económicamente Activa de la región. Según estu-dios y estimaciones, esos países habrían crecido 0.5 porciento más de no existir la epidemia de sida, lo que repre-senta un déficit de crecimiento equivalente a casi 400 milmillones de dólares anuales respecto a la producción total.

Desde 1996, el uso de combinaciones de diferentes medi-camentos antirretrovirales permitió pensar en un ciertocontrol de la pandemia. Está claramente comprobado quela eficiencia de dichos tratamientos influye positivamenteen la calidad y cantidad de años de vida de los pacientes yque, además, dicho tratamiento contribuye a disminuir laprobabilidad de contagio. En México se han reportado des-de 1983 casi 70 mil casos de sida, 83 por ciento en hom-bres adultos y 14 por ciento en mujeres adultas, 2.5 porciento en menores de 15 años. El 92 por ciento de los con-tagios fue por transmisión sexual. El sida ha causado enMéxico casi 40 mil muertes en población fundamental-mente en edad productiva. En 2003, la tasa de mortalidadpor 100 mil habitantes fue de 4.8.

El Programa de Naciones Unidas contra el Sida reconoceque la accesibilidad de los pacientes afectados por VIH/si-da es sumamente dispareja en el mundo en que vivimos.Así, el continente africano, que concentra el mayor núme-ro de casos y que ha sido devastado por la epidemia, es elque menor acceso tiene a los avances científicos en la ma-teria. Un tratamiento con medicamentos antirretroviralesde patente puede costar a un enfermo de un país africano olatinoamericano entre 10 mil y 15 mil dólares al año. A lascondiciones de vida de los habitantes de estos continenteshay que agregar que los costos de dichos medicamentosson diferentes en cada país, aun cuando el proveedor sea elmismo. Dicha diferencia puede variar hasta 20 veces entreun país y otro, y por supuesto que esa diferencia no inclu-ye la incapacidad económica para cubrir los costos que pre-sentan países y pacientes. Así, el comercio de medicamen-tos antirretrovirales no se lleva a cabo de acuerdo con lastradicionales leyes mercantiles de la oferta y la demanda;tampoco considerando las necesidades de los países másafectados ni el impacto que tiene para el mundo el hechode no controlar la epidemia del sida.

Tanto en los acuerdos sobre derechos de propiedad indivi-dual como en los llevados a cabo en el seno de la Organi-zación Mundial de Comercio se ha previsto que los países


puedan contar con ciertas alternativas en caso de existirabuso de la posición dominante o de emergencia en salud.Brasil y Sudáfrica se acogieron en años recientes a dichasexcepciones, estableciendo la figura de “licencias obligato-rias”, que permiten al gobierno conceder a otros fabrican-tes permiso para producir el producto patentado a un pre-cio menor, aun sin el acuerdo del titular de la patente. Así,el mismo tratamiento que costaba entre 10 y 15 mil dólaresanuales con productos genéricos puede costar en Brasil en-tre 3 mil y 4 mil. Este proceso, aunado a una intensa cam-paña de prevención de los contagios del VIH/sida, ha per-mitido que los casos nuevos reportados en Brasildisminuyan de 140 mil en 1991 a 20 mil en 2003.

A partir de ese proceso se ha abierto un debate en la co-munidad médica mundial, encabezado por la organizaciónfrancesa Médicos Sin Fronteras, que a través de la distri -bución de medicamentos antirretrovirales genéricos en lasregiones más pobres y afectadas por la enfermedad y deldesarrollo del planteamiento sobre el enfrentamiento entrelos derechos humanos y los derechos comerciales que estaproblemática presenta, se hizo acreedora al Premio Nobelde la Paz, hace tres años. La excepción establecida en elacuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad in-telectual a que se acogieron Brasil y Sudáfrica estableceque los miembros podrán excluir de la patentabilidad lasinvenciones cuya explotación comercial en su territorio de-ba impedirse para proteger la salud o la vida de las perso-nas y permita la utilización de la materia de una patente sinautorización del titular de los derechos, incluido el uso porel gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, encaso de emergencia nacional o en otras circunstancias deextrema urgencia o en los casos de uso público no comer-cial.

En México, la Ley de la Propiedad Industrial, en el artícu-lo 77, establece que por causas de emergencia, seguridadnacional y mientras duren éstas, incluyendo enfermedadesgraves declaradas de atención prioritaria por el Consejo deSalubridad General, el Instituto Mexicano de la PropiedadIndustrial, por declaración que se publicará en el DiarioOficial de la Federación, determinará que la explotación deciertas patentes se haga mediante la concesión de licenciasde utilidad pública en los casos en que, de no hacerlo así,se impida, entorpezca o encarezca la producción, presta-ción o distribución de satisfactores básicos o medicamen-tos para la población. Esta excepción no ha sido utilizadaen México, quizá porque la declaratoria de atención priori -taria de enfermedades graves, que compete al Consejo de

Salubridad General, no está explícita en la legislación sa-nitaria.

Asimismo, consideramos que tanto la Secretaría de Saludcomo los gobiernos de las entidades federativas y las insti-tuciones públicas de seguridad social deben tener facultadpara solicitar al consejo dicha declaratoria. Aplicar estamedida no constituye únicamente una alternativa para re-ducir los costos de los tratamientos de antirretroviralescombinados para facilitar la cobertura universal de losmismos a todos los afectados por VIH/sida. Permitirá ade-más contar con un mecanismo para facilitar el acceso a losmedicamentos necesarios para enfrentar los problemas desalud pública en la misma situación. Por las consideracio-nes anteriormente expuestas y en ejercicio de las facultadesconstitucionales, las y los suscritos, diputados federales in-tegrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados,sometemos ante esta honorable Asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformanlos artículos 17 y 133 de la Ley General de Salud, y 77 dela Ley de la Propiedad Industrial

Primero. Se adiciona una fracción IX al artículo 17 de laLey General de Salud y se recorre la fracción X.

Artículo 17. Compete al Consejo de Salubridad General:

IX. Emitir la declaratoria de enfermedades graves de aten-ción prioritaria por iniciativa propia o a solicitud por escri-to de la Secretaría de Salud, de las instituciones nacionalesespecializadas en la enfermedad o de los gobiernos de lasentidades federativas.

Segundo. Se adiciona una fracción V al artículo 133 de laLey General de Salud.

V. Adoptar las medidas correspondientes que permitan elacceso a los medicamentos necesarios para la atención degraves problemas de salud pública, incluida la solicitud dedeclaratoria de atención prioritaria conforme a lo dispues-to en la fracción IX del artículo 17 de esta ley.

Tercero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 77 dela Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 77. En los casos de enfermedades graves que seancausa de emergencia o atenten contra la seguridad nacio-nal, el Consejo de Salubridad General hará la declaratoria


de atención prioritaria por iniciativa propia o a solicitudpor escrito de la Secretaría de Salud, de instituciones na-cionales especializadas en la enfermedad que sean acredi-tadas por el Consejo de los gobiernos de las entidades fe-derativas y de las instituciones públicas y seguridad social,en la que se justifique la necesidad de atención prioritariapublicada la declaratoria del Consejo en el Diario Oficialde la Federación.

Las empresas farmacéuticas podrán solicitar la concesiónde una licencia de utilidad pública al Instituto y éste laotorgará, previa audiencia de las partes, con la brevedadque el caso amerite, de acuerdo con la opinión del Conse-jo de Salubridad General, en un plazo no mayor de 90 díasa partir de la fecha de presentación de la solicitud ante elInstituto.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor aldía siguiente de su publicación en el Diario Oficial de laFederación.

Diputada federal Clara Marina Brugada Molina y diputadofederal Rafael García Tinajero Pérez. Palacio Legislativode San Lázaro. Muchas gracias, compañeros.

«Iniciativa que reforma los artículos 17 y 133 de la LeyGeneral de Salud y el 77 de la Ley de la Propiedad Indus-trial, para garantizar el acceso a medicamentos en los pro-blemas graves de salud pública, a cargo del diputado RafaelGarcía Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del PRD

Los suscritos diputados federales, Rafael García TinajeroPérez y Clara Marina Brugada Molina, integrantes de laLIX Legislatura del Congreso de la Unión, miembros delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Demo-crática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IIdel artículo 71 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos; artículos 55, fracción II, y 56 del Re-glamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Es-tados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de es-ta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyectode decreto por el que se reforman los artículos 17 y 133 dela Ley General de Salud y el 77 de la Ley de la PropiedadIndustrial, para garantizar el acceso a medicamentos en losproblemas graves de salud pública, al tenor de la siguiente


La atención de los problemas de salud de la población im-plica realizar las acciones encaminadas a la prevención, el

tratamiento, la rehabilitación y el control de las mismas. Lalegislación sanitaria de nuestro país, incluye las bases quesustentan dichas acciones y la distribución de competen-cias entre las diferentes instituciones y niveles de gobierno.

Existe sin embargo un elemento fundamental en la aten-ción de los problemas de salud que se encuentra fuera de lalegislación y en muchas ocasiones fuera incluso de las po-líticas públicas en la materia: el acceso a los medicamen-tos.

El tema resulta de suma importancia, sobre todo si se reco-nocen las siguientes dos circunstancias: por un lado, la re-alidad de la industria farmacéutica inmersa en los mecanis-mos de libre comercio internacional y por otro la condiciónde no asegurados de más de 50 millones de mexicanos queen la mayoría de los casos deben cubrir los costos de losmedicamentos.

El Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual y losacuerdos mundiales de comercio, dan lugar al monopoliotemporal en la producción de medicamentos. Permiten laexplotación económica del producto de invención con ex-clusividad y por un periodo determinado de tiempo a unprecio muy por encima de los costos de producción para re-tribuir las inversiones en investigación. Sin embargo, conlos precios que mantienen las grandes empresas por dere-chos conferidos a las patentes, se calcula que las gananciasde un solo año superan los gastos en investigación en unadécada.

Un caso que ha confrontado a la comunidad internacionalen esta materia, es el problema de accesibilidad a medica-mentos antirretrovirales para el tratamiento de pacientescon síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), quees una emergencia sanitaria en el mundo, además de la en-fermedad que mayor número de muertes ha causado en lahistoria de la humanidad.

En julio del año pasado, en la XV Conferencia Internacio-nal sobre sida en Bangkok, bajo el lema Acceso para To -dos, la Sociedad Internacional para el sida (IAS) explicó lanecesidad de facilitar a la población afectada el acceso amedicamentos antirretrovirales, y a los avances científicosrelacionados con la enfermedad.

En el mundo, hay 38 millones de personas infectadas por elvirus de la inmunodeficiencia humana, de los cuáles, 4.8millones se registraron el año pasado. En 2003, murieron2.9 millones de personas de sida, de ellos medio millón


eran niños. Más de 20 millones de personas han muerto entodo el mundo desde que el virus fue detectado por prime-ra vez en 1981.

La Organización Internacional del Trabajo, refiere que lospaíses de América Latina y el Caribe han experimentadoun menor crecimiento económico del esperado en los últi-mos 10 años a causa del impacto del sida entre la poblacióneconómicamente activa de la región. Según estudios y es-timaciones, estos países hubiesen crecido 0.5% más de noexistir la epidemia de sida; lo que representa un déficit decrecimiento equivalente a casi 400,000 millones de dólaresanuales con respecto a la producción total.

Desde 1996, el uso de combinaciones de diferentes medi-camentos antivirales permitió pensar en un cierto controlde la pandemia. Esta claramente comprobado que la efi -ciencia de dichos tratamientos impacta positivamente en lacalidad y cantidad de años de vida de los pacientes y que,además, dicho tratamiento contribuye a disminuir la proba-bilidad de contagio.

En México se han reportado desde 1983, casi 70,000 casosde sida, 83% en hombres adultos y 14% en mujeres adul-tas. 2.5% en menores de 15 años. El 92% de los contagiosfueron por transmisión sexual. El sida ha causado en Mé-xico casi 40 mil muertes en población fundamentalmenteen edad productiva. En 2003, la tasa de mortalidad por100.000 habitantes fue de 4.8.

El Programa de Naciones Unidas para el sida reconoce quela accesibilidad de los pacientes afectados por VIH-sida essumamente dispareja en el mundo en el que vivimos. Así,el continente Africano que concentra el mayor número decasos y que ha sido devastado por la epidemia, es el quemenor acceso tiene a los avances científicos en la materia.

Un tratamiento con medicamentos antirretrovirales de pa-tente le puede costar a un enfermo de un país africano o la-tinoamericano entre 10 mil y 15 mil dólares al año. A lascondiciones de vida de los habitantes de estos continentes,hay que agregar que los costos de dichos medicamentosson diferentes en cada país aún cuando el proveedor sea elmismo, dicha diferencia puede variar hasta 20 veces entreun país y otro, y por supuesto que en esa diferencia no in-fluye la incapacidad económica para cubrir los costos quepresentan países y pacientes.

Así, el comercio de medicamentos antirretrovirales no selleva a cabo de acuerdo a las tradicionales leyes mercanti-

les de la oferta y la demanda, tampoco considerando las ne-cesidades de los países más afectados ni el impacto que tie-ne para el mundo el hecho de no controlar la epidemia delsida.

Tanto en los acuerdos sobre derechos de propiedad indivi-dual, como en los llevados a cabo en el seno de la Organi-zación Mundial de Comercio, se ha previsto que los paísespuedan contar con ciertas alternativas en caso de existirabuso de posición dominante o de emergencia en salud.Brasil y Sudáfrica se acogieron en años recientes a dichasexcepciones, estableciendo la figura de licencias obligato-rias que permiten al Gobierno conceder a otros fabricantespermiso para producir el producto patentado a un preciomenor, aún sin el acuerdo del titular de la patente.

Así, el mismo tratamiento que costaba entre 10 mil y 15mil dólares anuales, con productos genéricos puede costaren Brasil entre 3 mil y 4 mil. Este proceso, aunado a unaintensa campaña de prevención de los contagios del VIH-sida, ha permitido que los casos nuevos reportados en Bra-sil disminuyan de 140,000 en 1991 a 20,000 en 2003.

A partir de este proceso, se ha abierto un debate en la co-munidad médica mundial, encabezado por la organizaciónfrancesa Médicos sin Fronteras, quien a través de la distri-bución de medicamentos antirretrovirales genéricos en lasregiones más pobres y afectadas por la enfermedad, y deldesarrollo planteamientos sobre el enfrentamiento entre losderechos humanos y los derechos comerciales que esta pro-blemática presenta, se hizo acreedora al Premio Nobel dela Paz hace tres años.

La excepción establecida en el Acuerdo sobre los Aspectosde los Derechos de Propiedad Intelectual a la que se aco-gieron Brasil y Sudáfrica establece que los Miembros po-drán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya ex-plotación comercial en su territorio deba impedirse… paraproteger la salud o la vida de las personas…y permite lautilización de la materia de una patente sin autorización deltitular de los derechos, incluido el uso por el gobierno opor terceros autorizados por el gobierno, en caso de emer-gencia nacional o en otras circunstancias de extrema ur-gencia, o en los casos de uso público no comercial…

En México, la Ley de la Propiedad Industrial en su artícu-lo 77 establece que por causas de emergencia o seguridadnacional y mientras duren éstas, incluyendo enfermeda-des graves declaradas de atención prioritaria por el Con-sejo de Salubridad General, el Instituto (Mexicano de la


Propiedad Industrial) , por declaración que se publicará enel Diario Oficial de la Federación, determinará que la ex-plotación de ciertas patentes se haga mediante la conce-sión de licencias de utilidad pública, en los casos en que,de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca laproducción, prestación o distribución de satisfactores bá-sicos o medicamentos para la población.

Esta excepción no ha sido utilizada en México, quizá por-que la declaratoria de atención prioritaria de enfermedadesgraves que compete al Consejo de Salubridad General noestá explicita en la legislación sanitaria. Asimismo, consi-deramos que tanto la Secretaría de Salud, como los gobier-nos de las entidades federativas y las instituciones públicasde seguridad social deben tener facultad para solicitar alConsejo dicha declaratoria.

Aplicar esta medida no constituye únicamente una alter-nativa para reducir los costos de los tratamientos de anti-virales combinados para facilitar la cobertura universal delos mismos a todos los pacientes afectados por el VIH-si-da. Permitirá contar con un mecanismo para facilitar elacceso a los medicamentos necesarios para enfrentarotros problemas de salud pública que enfrentan la mismasituación.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y en ejer-cicio de las facultades constitucionales, las y los suscritosdiputados federales, integrantes de la LIX Legislatura de laCámara de Diputados, sometemos ante esta HonorableAsamblea, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se refor-man los artículos 17, y 133 de la Ley General de Saludy el 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Primero.- Se adiciona una fracción IX al artículo 17 de laLey General de Salud y se recorre la fracción X.

Artículo 17.- Compete al Consejo de Salubridad General:

I. a la VIII. …

IX. Emitir la declaratoria de enfermedades gravesde atención prioritaria, por iniciativa propia o a so-licitud por escrito de la Secretaría de Salud, de lasinstituciones nacionales especializadas en la enfer-medad o de los gobiernos de las entidades federati-vas;

X. Las demás que le correspondan conforme a la frac-ción XVI del artículo 73 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos y esta ley.

Segundo.- Se adiciona una fracción V al artículo 133 de laLey General de Salud.

Artículo 133.- En materia de prevención y control de en-fermedades y accidentes, y sin perjuicio de lo que dispon-gan las leyes laborales y de seguridad social en materia deriesgos de trabajo, corresponde a la Secretaría de Salud:

I. a la IV. …

Adoptar las medidas correspondientes que permitanel acceso a los medicamentos necesarios para laatención de graves problemas de salud pública, in-cluida la solicitud de declaratoria de atención priori-taria conforme a lo dispuesto en la fracción IX delartículo 17 de esta ley.

Tercero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 77 dela Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:

Artículo 77. …

En los casos de enfermedades graves que sean causa deemergencia o atenten contra la seguridad nacional, el Con-sejo de Salubridad General hará la declaratoria de atenciónprioritaria, por iniciativa propia o a solicitud por escrito dela Secretaría de Salud, de instituciones nacionales espe-cializadas en la enfermedad que sean acreditadas por elConsejo, de los gobiernos de las entidades federativas yde las instituciones públicas de seguridad social, en laque se justifique la necesidad de atención prioritaria. Pu-blicada la declaratoria del Consejo en el Diario Oficial dela Federación, las empresas farmacéuticas podrán solicitarla concesión de una licencia de utilidad pública al Institutoy éste la otorgará, previa audiencia de las partes, a la bre-vedad que el caso lo amerite de acuerdo con la opinión delConsejo de Salubridad General en un plazo no mayor a 90días, a partir de la fecha de presentación de la solicitud an-te el Instituto.

…

…

…


Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguien-te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2005.—Diputados: Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), ClaraMarina Brugada Molina.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Gracias a usted, diputado García Tinajero. Yse turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Econo-mía.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra eldiputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamenta-rio del Partido Verde Ecologista de México, para presentariniciativa que adiciona un artículo 34 Bis a la Ley de Ca-minos, Puentes y Autotransporte Federal.

El diputado Fernando Espino Arévalo: Con su venia, se-ñora Presidenta; señoras y señores diputados: las tenden-cias actuales del desarrollo urbano y socioeconómico indi-can que una fracción cada vez mayor de la poblaciónmundial se concentrará en las grandes ciudades, dadas lasventajas y oportunidades de progreso económico, empleo,educación, cultura, comunicaciones y transportes. El trans-porte terrestre es la base de las operaciones a nivel nacio-nal; esto, por encima del ferrocarril, el avión o el barco. Deacuerdo con las estimaciones del autotransporte federal,durante 2003 participó con 84 por ciento de la carga y másde 98 por ciento de los pasajeros. Esto refleja la falta de vi-sión de las autoridades responsables del transporte en el paísya que, no obstante que existen más de 26 mil kilómetrosde vías de ferrocarril, éstas se encuentran abandonadas ysin la intención de reactivarlas.

Dado el aumento de los niveles de contaminación en las di-ferentes zonas de la República, se instalaron redes de mo-nitoreo en las ciudades de México, Guadalajara, Monte-rrey, Toluca, Juárez, Mexicali, Tijuana y Rosarito, conobjeto de conocer a qué niveles de contaminación están ex-puestos sus habitantes, para advertir los riesgos derivadosde la misma y tomar las medidas que el caso amerite. Valela pena precisar que el sector transporte es responsable de

la mayor parte de las emisiones de monóxido de carbono ala atmósfera, con 95.0 por ciento, de oxido de nitrógeno70.5 por ciento y los hidrocarburos 43.0 por ciento, siendolos camiones y autobuses que utilizan diesel los que con-tribuyen en mayor medida a la emisión de partículas. Loanterior se potencia si tomamos en consideración la anti-güedad de la flota vehicular, pues los automotores cuyosmodelos son anteriores a 1980, una de sus característicasera el carburador, los cuales contaminan 69 veces más queun modelo actual. De igual forma, los modelos 1993 y an-teriores, cuya tecnología más avanzada implica sistemaselectrónicos integrales y convertidor catalítico, muestranniveles de emisión de contaminantes tres veces mayor queun modelo 2005.

De ahí que, según la encuesta 2002 de la Secretaría de Co-municaciones y Transportes, existen en el país alrededor de159 mil unidades anteriores a 1993, cuyos modelos datandesde 1960, lo que significa que aproximadamente 63 porciento de la flota censada no cuenta con tecnología capazde reducir los índices de contaminación que emiten al aireque respiramos. Sin embargo, siguen circulando por toda laRepública, destacando que el promedio de explotación delas unidades destinadas al transporte de carga es superior a18 años, situación contrastante con nuestros vecinos delnorte, quienes tienen una flota vehicular con 5 años pro-medio de uso. Respecto a la emisión de gases de efecto in-vernadero, los valores preliminares estimados para bióxidode carbono en 1998 fueron de 37.5 millones de toneladas alaño y sus principales fuentes fueron la combustión de gasnatural para la industria y la gasolina para vehículos auto-motores, debiendo precisar en este rubro que con la entra-da en vigor del Protocolo de Kyoto, a partir de octubre de2004, y en virtud de que el mismo adquirió el rango de leynacional, como lo determina el artículo 133 de nuestra Car-ta Magna, los integrantes del Partido Verde Ecologista deMéxico seguiremos insistiendo para que disposiciones deesa naturaleza se apliquen al pie de la letra. De ahí que lainiciativa que hoy sometemos a la consideración de estehonorable Pleno busque, entre otros aspectos, contribuir ala disminución de las emisiones de gases de efecto inver-nadero, a fin de apoyar los requerimientos del Protocolo re-ferido.

Por otra parte, de acuerdo con las cifras emanadas de la Se-cretaría de Comunicaciones y Transportes, en los últimos13 años el sector de autotransporte público federal ha teni-do un promedio de 58 mil accidentes anuales, los cualeshan representado cuantiosas pérdidas económicas, así co-mo importantes daños a la salud y a la vida de las personas;


y sus causas, en la mayoría de los casos, se encuentran ín-timamente relacionadas con las condiciones mecánicas yfísicas de las unidades. Cualquier equipo que se encuentresometido a una operación exhaustiva requiere programasde mantenimiento preventivo iguales. Sin embargo, auncuando eso fuera así, todos los componentes y las unidadesmismas tienen un periodo de vida útil que admite utilizar-los con seguridad sin correr riesgos. Esta circunstancia noes ajena a los vehículos dedicados al autotransporte públi-co federal, los cuales, como se ha señalado, se encuentransobreexplotados; y de ahí que su renovación hoy más quenunca sea necesaria e indispensable.

En mérito de lo expuesto, y ante la magnitud de los pro-blemas que hoy enfrenta el sector, es ineludible plasmar es-ta disposición en la ley de la materia. Ello obedece a queno obstante que el Gobierno Federal ha realizado algunosesfuerzos, como el programa de estímulos fiscales para elsector autotransportes, éste ha tenido mínimos resultados,pues el mismo no es obligatorio, mucho menos coercitivo,lo que se traduce en que el problema se siga acrecentandode manera importante. De ahí que la adición que hoy pro-ponemos permitirá al multicitado sector salir de su crisis ypoder enfrentar los nuevos retos en mejores condiciones ycon la solidez que el mercado exige. Lo anterior cobra ma-yor relevancia en virtud de que la Ley de Caminos, Puen-tes y Autotransporte Federal no contempla disposición al-guna respecto a los límites de operación de las unidades alservicio del autotransporte federal. De igual forma, es pre-ciso señalar que si bien es cierto que el Reglamento de Au-totransporte Federal y Servicios Auxiliares hace alguna re-ferencia respecto del límite de operación de las unidades,ésta sólo se refiere al autotransporte de pasajeros, resultan-do dicha disposición limitada, al tiempo que su cumpli-miento está en entredicho; además, no es vinculatoria parael resto de los servicios, quedando ello al libre albedrío delos concesionarios o permisionarios.

De ahí que esta soberanía tenga ante sí la oportunidad desubsanar esta laguna jurídica para preservar el medio am-biente y proteger la salud y vida de la población. Por lo ex-puesto, pongo a su consideración la siguiente iniciativa conproyecto de decreto, que adiciona un artículo 34 Bis a la Leyde Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Gracias.


Iniciativa que adiciona un artículo 34 Bis a la Ley de Ca-minos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por el

diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamenta-rio del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Luis Antonio González Roldán,Jorge Antonio Kahwagi Macari, Alejandro Agundis Arias,Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo AlvarezRomo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna,Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Fe-lix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica,Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salo-rio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez,Raúl Piña Horta diputados de la LIX Legislatura del H.Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamenta-rio del Partido Verde Ecologista de México, con funda-mento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72,Inciso h), y 73 Fracción XVII, de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 55, Frac-ción II, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interiordel Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,sometemos a la consideración de esta soberanía, la si-guiente iniciativa con proyecto de decreto que adicionael articulo 34-BIS a la Ley de Caminos, Puentes y Au-totransporte Federal, en razón de la siguiente:


Las tendencias actuales del desarrollo urbano y socioeco-nómico indican que una fracción cada vez mayor de la po-blación mundial se concentrará en las grandes ciudades,dadas las ventajas y oportunidades de progreso económico,empleo, educación, cultura, comunicaciones y transportes,entre otros servicios que estas ofrecen a sus habitantes. Loanterior no obstante que ello presionará aún más la calidaddel medio ambiente y los servicios que ahí se ofrecen, loque repercutirá en la salud de los habitantes de estas regio-nes.

A nivel nacional, el desequilibrio en la distribución de lasactividades productivas de los sectores industrial y de ser-vicios ha provocado la generación de episodios de conta-minación atmosférica de muy diversa índole, como los queobservamos en las zonas metropolitanas de las ciudades deMéxico, Guadalajara y Monterrey, en donde la expansiónurbana ha tenido como resultado una alta demanda de ser-vicios básicos como agua, transporte, energía, salud, etcé-tera. Mismos que no ha sido sencillo ofrecer a cabalidad,provocando una serie de consecuencias muy divergentes,pero que apuntan en una misma dirección, es decir men-guar la salud de las personas y su calidad de vida.


De ahí que ofrecer todos los servicios que requieren estasgrandes manchas urbanas trae aparejado un encadenamien-to de problemas, de entre los que destacan aquellos rela-cionados con la emisión de muy diversos contaminantes almedio ambiente, mismos que de acuerdo a su fuente de ge-neración los podemos clasificar en tres grandes categorías,que diariamente se emiten a la atmósfera, al suelo y alagua:

1. Emisiones que proceden de fuentes móviles (sectordel transporte). Las más importantes, junto al bióxido decarbono (CO2), son los óxidos de nitrógeno (NOx), elmonóxido de carbono (CO) y los hidrocarburos (HC),que pueden ser compuestos orgánicos volátiles y no vo-látiles, partículas de hollín y derivados de precursoresde HC y NOx y como consecuencia de una foto-oxida-ción, el ozono (03).

2. Emisiones que emanan de fuentes fijas (industria, ho-gares, agricultura y vertederos). Las principales ademásdel CO2 son el bióxido de azufre (SO2), los NOx, losHC, las partículas de hollín, los metales pesados, losclorofluorocarbonos (CFC) y el metano (CH4).

3. Emisiones que surgen de la producción de energía.Fundamentalmente son CO2, SO2 y partículas de ho-llín.

Vale la pena resaltar que las concentraciones elevadas deestos gases y de los contaminantes producidos por su reac-ción química en la atmósfera, en el suelo o en el agua sonnocivas para la salud humana, además producen corrosiónen diferentes materiales y causan daños a la vegetación y almedio ambiente, así como perjuicios a los diferentes eco-sistemas.

En virtud de que las consecuencias de estos contaminantesson muchas y muy variadas, a manera de ejemplo citare-mos solo algunas de ellas:

Bióxido de azufre (SO2). Contaminante producido du-rante el proceso de combustión de los combustibles concontenido de azufre. Las emisiones de este contaminanteprovienen principalmente de la industria. Los óxidos deazufre son solubles en agua y al hidratarse dan lugar a laformación de ácidos sumamente agresivos, éstos se hidra-tan con la humedad de las mucosas conjuntival y respirato-ria, y constituyen un riesgo para la salud al producir irrita-ción e inflamación aguda o crónica y suelen absorberse en

las partículas suspendidas, lo que da lugar a un riesgo su-perior, puesto que su acción conjunta es sinérgica.

Bióxido de nitrógeno (NO2). Contaminante generadocuando el nitrógeno contenido en los combustibles y enel aire es oxidado en un proceso de combustión. La acu-mulación de bióxido de nitrógeno en el cuerpo humanoconstituye un riesgo para las vías respiratorias ya que se hacomprobado que puede alterar la capacidad de respuesta delas células en el proceso inflamatorio, como sucede con lascélulas polimorfonucleares, macrófagos alveolares y loslinfocitos, siendo más frecuente en casos de bronquitis cró-nica.

Monóxido de carbono (CO). Gas venenoso, incoloro einodoro producido por la combustión incompleta decombustibles fósiles. La Agencia de Protección al Am-biente de los Estados Unidos, estableció como norma decalidad del aire para el monóxido de carbono, un valor de9 partículas por millón (ppm) para una exposición prome-dio móvil de 8 horas. En un individuo promedio este nivelde exposición se traduce en niveles de carboxihemoglobi-na (COHb) cercanos al 2%. Estudios de laboratorio han de-mostrado efectos deletéreos (reducción del tiempo en elque se presenta ataque de angina) en sujetos enfermos de laarteria coronaria a niveles de COHb de 2% y 2.9%.

Ozono (O3). Oxidante fotoquímico que se produce porla reacción entre hidrocarburos reactivos, óxidos de ni-trógeno y la intensidad de la radiación solar. Resultadosde numerosos estudios indican que la exposición al ozonopuede ocasionar inflamación pulmonar, depresión del sis-tema inmunológico frente a infecciones pulmonares, cam-bios agudos en la función, estructura y metabolismo pul-monar, y efectos sistémicos en órganos blandos distantes alpulmón, como por ejemplo el hígado.

Dado el aumento en los niveles de los contaminantes antesdescritos en diferentes zonas de la república y ante el gra-ve riesgo que representa para la población la emisión de losmismos además de las partículas suspendidas totales, par-tículas menores a 10 micrómetros de diámetro y plomo, hasido necesario llevar a cabo la instalación de redes de mo-nitoreo en las principales ciudades del país, que permitencontar con información mas precisa de las Ciudades deMéxico (desde 1986), Guadalajara (a partir de noviembrede 1993), Monterrey (desde 1993), Toluca (desde 1994),Cd. Juárez (a partir de 1996), Mexicali (desde 1996) y Ti-juana-Rosarito (a partir de 1998), con el objeto de conocer


a que niveles de contaminación están expuestos los habi-tantes de dichas ciudades, para advertir oportunamente losriesgos derivados de esa exposición y tomar las medidasque cada caso amerite.

Cabe hacer mención que la información que se capta de lasbases de datos generadas en las zonas metropolitanas delValle de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca; CiudadJuárez, Tijuana-Rosarito y Mexicali son de las más com-pletas y cumplen con el criterio de contener cuando menosel 75% del total de datos que durante un año se podrían ge-nerar, como a continuación se muestra. (Ver tabla 1)


Tabla 1

Como se puede apreciar en la tabla 1 anterior, la emisiónde contaminantes a la atmósfera contiene cifras muy eleva-das, siendo el sector del transporte la principal fuente conel 70% del volumen total de las emisiones a la atmósfera.Las fuentes naturales contribuyeron con cerca del 17% deltotal de emisiones, siendo éstas básicamente partículas sus-pendidas.

Como ya dijimos, el sector transporte es responsable de lamayor parte de las emisiones de CO a la atmósfera (95%),de NOx (70.5%) y los hidrocarburos (HC) (43%), siendolos camiones, tractocamiones y autobuses que utilizan die-sel como combustible los que contribuyen en mayor medi-da en la emisión de partículas. En términos generales, parala ZMG la mayor cantidad de emisiones son de CO con ca-si 900 mil toneladas/año, debido como en las demás ciuda-des, a la enorme cantidad de vehículos de uso particular, detransporte de pasajeros y de carga, los cuales dicho sea depaso cuentan en su gran mayoría con muchos años de uso.

Otro rubro que también debemos destacar es la emisión departículas provenientes del suelo que alcanzan valores con-

siderables representando cerca del 22% de las emisionestotales. La ZMM tiene, además de una gran cantidad deemisiones asociadas al transporte, la mayor emisión de par-tículas que se estimó en un poco más de 800 mil tonela-das/año, valor que supera en más de 20 veces al de laZMVM y es más del doble de lo estimado para la ZMG.Otro rasgo de la ZMM es que la contribución total de emi-siones por la industria es superior también al registrado enlas ZMVM y ZMG.

La Zona Metropolitana de Toluca, así como Ciudad Juárezy Mexicali, tienen emisiones muy por debajo de las gran-des urbes, pero siguen el mismo patrón, esto es, altas emi-siones de CO, NOx (óxidos de nitrógeno) e hidrocarburosasociados al transporte y de SO2 a la industria donde éstase encuentra desarrollada como en la ciudad de Toluca. Re-salta el caso de Mexicali por la alta cantidad de partículasque tienen un origen diferente en el suelo desprovisto devegetación (por ejemplo, caminos sin pavimentar), aunquesi bien es cierto estos centros urbanos presentan niveles deemisión de contaminantes dentro de los parámetros quemarcan las Normas Oficiales Mexicanas, también lo es que


De acuerdo con los datos que se muestran en la tabla 1, po-demos percatarnos que el transporte juega un papel pre-ponderante en los altos niveles de contaminación emana-dos de entre las cuales podemos destacar al monóxido de

carbono (CO) y por ende es uno de los principales sectoresinvolucrados en la disminución de estos contaminantes at-mosféricos. Lo anterior se puede ver de manera puntual enla tabla 2:

Tabla 2

en un futuro no muy lejano y dado el gran auge que estánteniendo ofrecerán problemas y condiciones similares a lasde las tres grandes zonas metropolitanas de nuestro país, envirtud de que su concentración humana aunque hoy es in-ferior, muestra una tasa de crecimiento muy acelerada.

En la ZMVM para 1998 se estimó que las fuentes móvilescontribuyeron con poco más de 2 millones detoneladas/año de contaminantes, lo que representó el 84%de las emisiones totales. Estas mismas fuentes móviles fue-ron responsables del 98% de las emisiones de CO, 80% deNOx (óxidos de nitrógeno), 40% de HC y 36% de PM10.Los vehículos particulares, debido a su gran número, fue-ron los emisores principales, aunque también otros vehícu-los que utilizan gasolina como combustible (taxis, micro-buses y camiones) tienen contribuciones importantes.

Lo anterior se potencializa, si tomamos en consideración laantigüedad de la flota vehicular destinada al autotranspor-te, ello en razón de que los automotores cuyos modelos sonanteriores al año 1980, una de sus características tecnoló-gicas era el carburador los cuales contaminan 69 veces masque los modelos actuales (2005), de igual forma los mode-los 1993 y anteriores cuya tecnología mas avanzada impli-ca sistemas electrónicos integrales y convertidor catalíticomuestran niveles de emisión de contaminación 3 vecesmayor que un modelo (2005), de ahí según datos de la en-cuesta de 2002 de la SCT existen actualmente en el país al-rededor de 159 mil unidades anteriores a 1993 cuyos mo-delos datan desde el año 1960, lo que significa queaproximadamente el 63% de la flota censada del autotrans-porte (hasta el año 2002) no cuenta con tecnología capaz dereducir los índices de contaminación que emiten al aire querespiramos, sin embargo siguen circulando por toda la re-pública, destacando que la antigüedad promedio de explo-tación de los automotores destinados al transporte de cargaes superior a los 18 años, situación contrastante si la com-paramos con nuestro vecinos del norte, quienes tienen unaflota vehicular con 5 años promedio de uso.

Con respecto a la emisión de gases de efecto invernadero,los valores preliminares estimados para CO2 en 1998 fue-ron de entre 16.7 y 37.5 millones de toneladas/año. Depen-diendo del método de cálculo, el primer valor se obtuvo si-guiendo el método de la EPA (Environmental ProtectionAgency) y el segundo con el método del IPCC (Intergo-vermental Panel on Climate Change). Las principales fuen-tes fueron la combustión de gas natural por la industria ygasolina por vehículos automotores (GDF, 2000), debiendoprecisar en este rubro que con la firma del protocolo de

Kyoto, por parte del gobierno Ruso, su entrada en vigor sedio a partir del mes de octubre de 2004, y en virtud de quenuestro país con anterioridad ratifico el mismo, por ese he-cho adquirió el rango de Ley nacional, como lo determinael artículo 133 de nuestra Carta Magna, por tanto y comosiempre los integrantes del PVEM seguiremos en pie de lu-cha, para disposiciones de esta naturaleza se apliquen al piede la letra, de ahí que la iniciativa que hoy sometemos a laconsideración de este pleno, busca entre otros aspectoscontribuir en la disminución de las emisiones de gases deefecto invernadero con el objeto de apoyar los requeri-mientos del protocolo de referencia.

Debido a que el transporte es la principal fuente de emisio-nes, la mejora en la calidad de las gasolinas, en particularla eliminación del plomo con la desaparición del mercadode la gasolina Nova en agosto de 1997, es un paso que nose debe aflojar, y cada vez tenemos que pugnar más por lamejora en las gasolinas y por una reducción significativadel azufre en el diesel industrial y vehicular, así como laadopción de tecnologías vehiculares modernas, que contri-buyan a que el plomo ya no sea un problema de contami-nación en el aire y que los niveles de SO2 y de CO ya nosobrepasen el valor de la norma, con el único fin de salva-guardar la salud de todos los mexicanos.

Los altos índices de contaminación que estamos enfrentan-do desde hace varios años están contribuyendo cada vezmas el deterioro de la salud de todos los habitantes princi-palmente de las grandes urbes, sin embargo este fenómenono es exclusivo de las ciudades y debemos pensar en todoel espacio que ocupa el territorio nacional porque nuestroscampos y regiones ahora limpios, pueden estar expuestos alos efectos de la contaminación que ya estamos sufriendoen las principales ciudades. Algunas consecuencias de lacontaminación sobre la salud, las desglosamos a continua-ción:


En virtud de lo anterior y no obstante que los medios detransporte constituyen una parte fundamental de la vidaeconómica y social del país, al interconectar las distintasactividades productivas y sociales, así como los movi-mientos de personas y bienes dentro y fuera del mismo, deigual forma las acciones para la construcción de carreteras,puertos, aeropuertos y el aprovisionamiento de combusti-bles, son elementos que conllevan el consumo de recursosnaturales y materiales, como agua, suelo y energía, provo-cando transformaciones al ambiente y al paisaje, cuyos es-tragos casi siempre se dejan sentir de muy variadas formas.

Al consumir para su tarea diversos combustibles, el trans-porte es de las ramas económicas con mayor incidencia enel total de las emisiones contaminantes a la atmósfera. Lacontaminación y los problemas que el transporte ocasionaincluyen como lo hemos venido señalando: emisión decontaminantes atmosféricos, generación de ruido, conges-tionamiento vial, accidentes, generación de chatarra y resi-duos de aceites y lubricantes, así como riesgos asociados altraslado de los mismos materiales y los desechos y sustan-cias peligrosas. La magnitud y efectos de la contaminacióndependen del tipo o modo de transporte, siendo el terrestreel que ejerce mayor presión.

El impacto ambiental del transporte, sobre todo en lo quese refiere a emisiones de contaminantes atmosféricos, estáestrechamente relacionado con el tipo de combustible utili-zado y con el volumen del parque vehicular, del cual da-

mos cuenta de manera general en la tabla 3, de acuerdo condatos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,2003.

Como se aprecia en la tabla anterior, el Autotransporte Fe-deral de Carga registró para el año 2003, un parque vehi-cular que asciende a 260,645 unidades motrices. de dondeel 59% son tractocamiones de 2 y 3 ejes.

De igual forma la misma fuente señala que el Autotrans-porte Federal de Pasaje operó con 45,485 unidades, de lascuales los vehículos del servicio Económico representan el62.% de la flota de pasaje, por el tipo de unidades, los pro-cesos de explotación a que son sometidos y los deficientesprogramas de mantenimiento que les aplican, a estas uni-dades, a parte de ser un riesgo, son una fuente importantede contaminación. (Ver Tabla 4).


Así también el Autotransporte Federal de Turismo que sepresta en los caminos de jurisdicción federal los cuales di-cho sea de paso no están sujetos a horarios o rutas deter-minadas.

Para el 2003, registró un parque vehicular de 22,561 uni-dades, de las cuales 60% corresponden al servicio de ex-cursión, ver tabla 5.

El transporte terrestre es la base de las operaciones a nivelnacional ya sea para carga o para pasaje, esto por encimadel ferrocarril, el avión o el barco. Realizando un compa-rativo entre los diferentes modos de transporte y de acuer-do a la estimación de carga y pasajeros movilizados a nivelnacional, en el sistema integral de transporte, el autotrans-porte federal es el más utilizado, ya que durante el 2003participó con el 84% de la carga por vía terrestre y más del98% de los pasajeros transportados.

Lo anterior es un reflejo de la falta de visión de las autori -dades que manejan el rubro del transporte en nuestro país,ya que no obstante que contamos con mas de 26 mil kiló-metros de vías de ferrocarril, este medio de transporte seencuentra en el abandono y sin la mínima intención de re-activar y reintegrar la oferta de este medio de transporte anivel nacional.

De ahí que no es difícil entender el por que de la impor-tancia que tiene el autotransporte como sector estratégico

para el desarrollo económico y la integración nacional e in-ternacional de nuestro país, ya que se sustenta fundamen-talmente en su alto grado de encadenamiento con el fun-cionamiento económico general, proporcionando serviciosa todos los sectores productivos y sociales del país, en talvirtud la eficiencia, seguridad y productividad del sector,son elementos fundamentales que hoy mas que nunca tene-mos que procurar.

Derivado de lo anterior y ante la falta de inversión que a lolargo del tiempo ha venido enfrentando el sector del auto-transporte, hoy podemos encontrar en las diferentes carre-teras del país un parque vehicular con un promedio de 18años de servicio (ver tabla 6), lo que sumado a la poca onula vigilancia de parte de las autoridades responsables, setraduce en unidades sobre-explotadas y en condiciones me-cánicas y físicas muy deplorables, derivando ello en servi-cios de mala calidad y en riesgos mayores, no solo paraquienes los usan, sino para los que transitamos por las di-ferentes carreteras federales en todo el país.

De acuerdo con las cifras emanadas de la SCT en los últi -mos 13 años, el sector del autotransporte público federal,tanto de carga como de pasajeros ha tenido un promedio de58 mil accidentes anuales, los cuales han representadocuantiosas perdidas económicas, así como importantes da-ños tanto a la salud como a la vida de las personas, y suscausas en la mayoría de los casos se encuentran íntima-mente relacionados con las condiciones mecánicas y físi-cas de las unidades, lo que tiene una relación inversamen-te proporcional con la antigüedad y explotación de losvehículos.

Es obvio que cualquier equipo que se encuentre sometidoa una operación exhaustiva, requiere de programas de man-tenimiento preventivo, que le permitan seguir siendo ex-plotado de manera optima, sin embargo aun cuando esofuera así, todos los componentes y las unidades mismas tie-nen un periodo de vida útil, que permite utilizarlos con se-guridad sin correr riesgos innecesarios; esta circunstanciano es ajena a los vehículos dedicados al autotransporte pú-blico federal, los cuales, como se ha señalado, en un nú-mero importante se encuentran sobre explotados, de ahíque su renovación hoy mas que nunca es necesaria e indis-pensable.

En apoyo de lo señalado en el párrafo anterior, hemos decitar que en la glosa del cuarto informe de gobierno (2004),el titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportesinformo que los contenidos de la página del sitio de la Se-


cretaría en Internet eran inexacta, ya que la edad promediode las unidades destinadas al autotransporte de carga es de14.5 años y del autotransporte de pasaje es de 8.5 años, conlo cual se puede inferir que el problema es menor y que nodebe existir impedimento de los concesionarios para cum-plir con lo que la presente iniciativa propone.


Tabla 6

En consecuencia de lo expuesto y ante la magnitud de losproblemas que hoy enfrenta el sector del autotransportetanto de carga como de pasajeros, tenemos que tomar ac-ciones mas contundentes, que nos permitan implementarlos mecanismos necesarios para llevar a cabo la renovacióndel parque vehicular, el establecimiento de tales disposi-ciones en el marco jurídico obedece a que no obstante queel Gobierno Federal ha realizado algunos esfuerzos comoel programa de estímulos fiscales para el sector autotrans-portes, publicado en el Diario Oficial de la Federación elmiércoles 30 de octubre de 2003, el mismo ha tenido míni-mos resultados, ello como consecuencia de que no es obli-gatorio mucho menos coercitivo, situación que se traduceen que el problema se siga acrecentando de manera impor-tante, de ahí que el congreso debe tomar medidas determi-nantes que permitan al multicitado sector salir de su crisisy poder enfrentar los nuevos retos en mejores condicionesy con la solidez que el mercado exige.

Lo anterior cobra mayor relevancia en virtud de que la Leyde Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en sus con-tenidos no contempla disposición alguna con respecto a loslímites de operación y antigüedad de las unidades que pro-porcionan el servicio de autotransporte federal.

De igual forma es preciso señalar que si bien es cierto queel Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Au-xiliares, hace alguna referencia respecto del límite de ope-ración de las unidades, este sólo se refiere al autotranspor-te de pasajeros, es decir establece que el límite deoperación de las unidades para el servicio de lujo es de diezaños, pero por cuanto hace a los servicios: ejecutivo, deprimera, económico, mixto y de transportación terrestre depasajeros de y hacia los puertos marítimos y aéreos, ex-tiende el límite de operación hasta los quince años; lo quenos deja perfectamente claro que la disposición es muy li -mitada y que su cumplimiento está en entredicho, ademásde que no es vinculatoria para el resto de los servicios, que-dando ello al libre albedrío de los concesionarios o permi-sionarios su observancia, de ahí que hoy esta soberanía tie-ne ante sí la oportunidad de subsanar esta laguna quepresenta el marco jurídico y con ello minimizar el gran de-terioro del medio ambiente y el grave riesgo en que se po-ne a la población.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptoslegales invocados, los integrantes del grupo parlamentariodel Partido Verde Ecologista de México, ponemos a consi-deración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados,la siguiente: iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único: Se adiciona un artículo 34-Bis a la Leyde Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, paraquedar como sigue:

Artículo 34-Bis.- Los servicios de autotransporte federal,sea este público o privado solo podrán prestarse cuando losvehículos destinados para tal fin tengan una antigüedad nomayor de 15 años para el caso de carga y 10 años para elcaso de pasajeros y turismo, contados estos a partir de la fe-cha de fabricación de la unidad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entra en vigor al día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.

Segundo. El Gobierno Federal establecerá los mecanismosnecesarios, para que los concesionarios o permisionariosdel autotransporte actualicen todas sus unidades en un pe-riodo no mayor a 12 meses, a partir de la publicación delpresente Decreto.

Tercero. La Secretaría de Comunicaciones y Transportescontara con un plazo de 90 días para realizar la adecuaciónde los reglamentos y demás disposiciones jurídicas respec-tivas, a partir de la publicación del presente Decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de laCámara de Diputados del honorable Congreso de la Uniónde los Estados Unidos Mexicanos, a los 12 días del mes deabril de 2005.— Diputados: Manuel Velasco Coello, LuisAntonio González Roldán, Fernando Espino Arévalo (rú-brica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, CuauhtémocOchoa Fernández (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo,Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), AlejandroAgundis Arias, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Ale-jandra Méndez Salorio, María Ávila Serna, Maximino Fer-nández Ávila, Jacqueline Argüelles Guzmán, Félix AdriánFuentes Villalobos, Raúl Piña Horta, Julio Horacio Lu-jambio Moreno, Javier Orozco Gómez .»

La Presidenta diputada María Marcela González Sa-las y Petricioli: Muchas gracias, diputado Espino Aré-valo. Y se turna su iniciativa a la Comisión de Trans-portes.


CODIGO PENAL FEDERAL - LEY FEDERAL SOBREMONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS,

ARTISTICOS E HISTORICOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: A continuación, tiene el uso de la voz el di-putado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parla-mentario del Partido Revolucionario Institucional, parapresentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diver-sas disposiciones del Código Penal Federal, y de la Ley Fe-deral sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísti-cos e Históricos.

El diputado Francisco Javier Bravo Carbajal: Con supermiso, diputada Presidenta; compañeras diputadas,compañeros diputados: el suscrito, diputado Francisco Ja-vier Bravo Carbajal, en uso de la facultad que le otorganlos artículos 71, fracción II, de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Re-glamento para el Gobierno Interior del Congreso Generalde los Estados Unidos Mexicanos, somete a la elevada con-sideración de la Asamblea la siguiente iniciativa de de-creto por la que se propone adicionar al Código Penal Fe-deral los delitos en materia de protección al patrimoniocultural e histórico de la nación, actualmente contempla-dos en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Ar -queológicos, para lo cual presenta la siguiente exposiciónde motivos:

La dispersión normativa es uno de los grandes problemasque enfrenta la autoridad encargada de la administración eimpartición de justicia. Recientemente, en nuestro país noshemos dado a la tarea de unificar las normas que en mate-ria penal establecen los tipos penales que se encontrabanerróneamente dispersos en diversas leyes de carácter admi-nistrativo. Considero de suma importancia reunir en un so-lo cuerpo normativo todas las conductas que son conside-radas delitos. Esto no sólo para facilitar el trabajo de laautoridad responsable de su aplicación sino, además, paraotorgar mayor seguridad jurídica a los individuos, a las per-sonas que siendo sujetas a un proceso penal se encuentrancon el problema de que el delito que se les imputa puede noestar considerado como tal en el Código Penal, sino en unalegislación diversa, lo que evidentemente dificulta la ade-cuada defensa legal.

En el mismo orden de ideas, resulta contradictorio que enla actual legislación de la Ley Federal sobre Monumentosy Zonas Arqueológicos se contemplen los delitos en la ma-

teria y se establezca que, para aclarar diversas situacionescomo reincidencia, habitualidad u otras cuestiones relacio-nadas con el proceso penal, se remita a las reglas generalesdel Código Penal, lo que evidencia este problema de dis-persión de las normas en materia penal y lo que se solucio-na buscando la debida unificación de estas normas. De esaforma, considero adecuado trasladar estas disposiciones,derogando las que establezcan una conducta penal típica ydejando exclusivamente el artículo 55 de la ley administra-tiva, pues ésta se refiere a una sanción precisamente en elámbito administrativo, que válidamente puede permaneceren ese ordenamiento.

Por lo que ve a la redacción de los tipos penales, se respe-ta en general la redacción vigente, con la única variante enel monto de la multa, que debe fijarse en los términos delCódigo Penal Federal; es decir, en días de salario mínimoy no como la redacción vigente, en cantidad líquida. Así lascosas, considero viable presentar la siguiente iniciativa deLey:

Artículo Primero. Se adiciona el título Vigésimo Séptimoal Código Penal Federal, en materia de los delitos contra elpatrimonio cultural e histórico de la nación, para quedarcomo sigue:

Título Vigésimo Séptimo. De los Delitos contra el Patri-monio Cultural e Histórico de la Nación

Artículo 430. Al que realice trabajos materiales de explo-ración arqueológica por excavación, remoción o por cual-quier otro medio, en monumentos arqueológicos y muebleso en zonas de monumentos arqueológicos, sin autorizacióndel Instituto Nacional de Antropología e Historia, se im-pondrá prisión de uno a diez años y multa de dos a dos-cientos días.

Artículo 431. Al que, valiéndose del cargo o comisión delInstituto Nacional de Antropología e Historia o de la auto-rización otorgada por éste para la ejecución de trabajos ar-queológicos, disponga para sí o para otro de un monumen-to arqueológico mueble se impondrá prisión de uno a diezaños y multa de sesenta a trescientos días.

Si los delitos previstos en este título los cometen funciona-rios encargados de la aplicación de la misma, las sancionesrelativas se les aplicarán independientemente de las que lescorrespondan conforme a la Ley de Responsabilidades deFuncionarios y Empleados Públicos.


Artículo 432. Al que efectúe cualquier acto traslativo dedominio de un monumento arqueológico mueble o co-mercie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzcasin el permiso y la inscripción correspondientes se im-pondrá prisión de uno a diez años y multa de veinte a tres-cientos días.

Artículo 433. Al que ilegalmente tenga en su poder un mo-numento arqueológico o un monumento histórico mueble,y que éste sea considerado como tal en los términos de laley federal en materia de monumentos históricos y arqueo-lógicos, se impondrá prisión de uno a seis años y multa dedos a quinientos días.

Artículo 434. Al que se apodere de un monumento mue-ble arqueológico, histórico o artístico sin consentimientode quien puede disponer de él con arreglo a la ley se im -pondrá prisión de dos a diez años y multa de sesenta atrescientos días.

Artículo 435. Al que por medio de incendio, inundación oexplosión dañe o destruya un monumento arqueológico, ar-tístico o histórico se impondrá prisión de dos a diez años ymulta hasta por el valor del daño causado.

Artículo 436. Al que por cualquier medio pretenda sacar osaque del país un monumento arqueológico, artístico ohistórico sin permiso del instituto competente se impon-drá prisión de dos a doce años y multa de dos a quinien-tos días.

Artículo 437. A los reincidentes en los delitos tipificadosen esta ley se aumentará la sanción desde dos tercios hastaotro tanto de la duración de la pena. La sanción para quie-nes resulten delincuentes habituales se aumentará de uno ados tantos de la que corresponda al delito mayor.

Para resolver sobre reincidencia y habitualidad, se estará alas reglas generales de este código.

Los traficantes de monumentos arqueológicos serán consi-derados delincuentes habituales para los efectos de esta ley.

La graduación de las sanciones a que este título se refierese hará tomando en cuenta la educación, las costumbres yla conducta del sujeto, sus condiciones económicas y losmotivos y circunstancias que lo impulsaron a delinquir.

Artículo Segundo. Se derogan los artículos 47, 48, 49, 50,51, 52, 53 y 54, y se reforma el artículo 55 de la Ley Fe-

deral sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísti-cos e Históricos, para quedar como sigue:

Capítulo Sexto. De las Sanciones.

Artículo 47, se deroga; artículo 48, se deroga; artículo 49,se deroga; artículo 50, se deroga; artículo 51, se deroga; ar-tículo 52, se deroga; artículo 53, se deroga; artículo 54, sederoga.

Artículo 55. Cualquier infracción a esta ley o a su regla-mento que no esté prevista como delito en el Código PenalFederal será sancionada por los institutos competentes conmulta por el equivalente a dos a mil días de salario mínimovigente en el Distrito Federal, la que podrá ser impugnadamediante el recurso de reconsideración en los términos delreglamento de esta ley.

Artículo Transitorio. Único. El presente decreto entrará envigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficialde la Federación. Es cuanto, diputada Presidenta.


Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposi-ciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal sobreMonumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históri-cos, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal,del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, enuso de la facultad que me otorgan los artículos 71, fracciónII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos y 55, fracción II, del Reglamento para el GobiernoInterior del Congreso General de los Estados Unidos Me-xicanos, somete a la elevada consideración de la asambleala siguiente iniciativa de decreto por la que se propone adi-cionar al Código Penal Federal los delitos en materia deprotección al patrimonio cultural e histórico de la nación,actualmente contemplados en la Ley Federal sobre Monu-mentos y Zonas Arqueológicos, para lo cual presento la si-guiente


La dispersión normativa, es uno de los grandes problemasque enfrenta la autoridad encargada de la administración eimpartición de la justicia.


Recientemente en nuestro país nos hemos dado a la tareade unificar las normas que en Materia Penal, establecen lostipos penales que se encontraban erróneamente dispersosen diversas leyes de carácter administrativo.

El suscrito, considera que es de suma importancia reunir enun solo cuerpo normativo todas las conductas que son con-sideradas como delitos, esto, no solo para facilitar el traba-jo de la autoridad responsable de su aplicación sino ade-más para otorgar mayor seguridad jurídica a los individuos,a las personas que siendo sujetas a un proceso penal, se en-cuentran con el problema de que el delito que se le imputapuede no estar considerado como tal en el Código Penal,sino en una legislación diversa, lo que evidentemente difi-culta la adecuada defensa legal.

En este mismo orden de ideas, resulta contradictorio que enla actual legislación de la Ley Federal sobre Monumentosy Zonas Arqueológicos, se contemplen los delitos en lamateria y se establezca que para aclarar diversas situacio-nes como reincidencia, habitualidad u otras cuestiones re-lacionadas con el proceso penal, se remita a las reglas ge-nerales del Código Penal, lo que evidencia este problemade dispersión de las normas en materia penal, y lo que sesoluciona buscando la debida unificación de estas normas.

De esta forma considero adecuado trasladar estas disposi-ciones, derogando las que establezcan una conducta penaltípica y dejando exclusivamente el artículo 55 de la LeyAdministrativa, pues esta se refiere a una sanción precisa-mente en el ámbito administrativo, que validamente puedepermanecer en este ordenamiento.

En lo que respecta a la redacción de los tipos penales serespeta en general la redacción vigente, con la única va-riante en el monto de las multas, que debe fijarse en lostérminos del Código Penal Federal, es decir en días de sa-lario mínimo y no como la redacción vigente, en cantidadlíquida.

Así las cosas, considero que es viable presentar la siguiente

Iniciativa de decreto

Por la que se propone adicionar al Código Penal Federallos delitos en materia de protección al patrimonio culturale histórico de la nación, actualmente contemplados en laLey Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,para quedar de la siguiente manera:

Artículo Primero: Se adiciona el Título Vigésimo Sépti-mo al Código Penal Federal, en materia de los delitoscontra el patrimonio cultural e histórico de la nación,para quedar como sigue:

Título Vigésimo SéptimoDe los Delitos contra el Patrimonio Cultural e Histórico de la Nación

Artículo 430. Al que realice trabajos materiales de explo-ración arqueológica, por excavación, remoción o por cual-quier otro medio, en monumentos arqueológicos inmue-bles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin laautorización del Instituto Nacional de Antropología e His-toria, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa dedos a doscientos días.

Artículo 431. Al que valiéndose del cargo o comisión delInstituto Nacional de Antropología e Historia o de la auto-rización otorgada por éste para la ejecución de trabajos ar-queológicos, disponga para sí o para otro de un monumen-to arqueológico mueble, se le impondrá prisión de uno adiez años y multa de sesenta a trescientos días.

Si los delitos previstos en este Título, los cometen funcio-narios encargados de la aplicación de la misma, las sancio-nes relativas se les aplicarán independientemente de lasque les correspondan conforme a la Ley de Responsabili-dades de Funcionarios y Empleados Públicos.

Artículo 432. Al que efectúe cualquier acto traslativo dedominio de un monumento arqueológico mueble o comer-cie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin elpermiso y la inscripción correspondiente, se le impondráprisión de uno a diez años y multa de veinte a trescientosdías.

Artículo 433. Al que ilegalmente tenga en su poder un mo-numento arqueológico o un monumento histórico mueble yque éste sea considerado como tal en los términos de la LeyFederal en materia de monumentos históricos y arqueoló-gicos, se le impondrá prisión de uno a seis años y multa dedos a quinientos días.

Artículo 434. Al que se apodere de un monumento mueblearqueológico, histórico o artístico sin consentimiento dequien puede disponer de él con arreglo a la Ley, se le im-pondrá prisión de dos a diez años y multa de sesenta a tres-cientos días.


Artículo 435. Al que por medio de incendio, inundación oexplosión dañe o destruya un monumento arqueológico, ar-tístico o histórico, se le impondrá prisión de dos a diez añosy multa hasta por el valor del daño causado.

Al que por cualquier otro medio dañe o destruya un monu-mento arqueológico, artístico o histórico, se le impondráprisión de uno a diez años y multa hasta por el valor del da-ño causado.

Artículo 436. Al que por cualquier medio pretenda sacar osaque del país un monumento arqueológico, artístico o his-tórico, sin permiso del Instituto competente, se le impondráprisión de dos a doce años y multa de dos a quinientos días.

Artículo 437. A los reincidentes en los delitos tipificadosen esta Ley, se les aumentará la sanción desde dos tercioshasta otro tanto de la duración de la pena. La sanción paraquienes resulten delincuentes habituales se aumentará deuno a dos tantos de la que corresponda al delito mayor.

Para resolver sobre reincidencia y habitualidad se estará alas reglas generales de este código.

Los traficantes de monumentos arqueológicos serán consi-derados delincuentes habituales para los efectos de esta ley.

La graduación de las sanciones a que este título se refierese hará tomando en cuenta la educación, las costumbres yla conducta del sujeto, sus condiciones económicas y losmotivos y circunstancias que lo impulsaron a delinquir.

Artículo Segundo: Se derogan los artículos 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54 y se reforma el artículo 55 de la Ley Federalsobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos eHistóricos, para quedar como sigue:

Capítulo VIDe las sanciones

Artículo 47. Se deroga.








Artículo 55.

Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que noesté prevista como delito en el Código Penal Federal, serásancionada por los Institutos competentes, con multa por elequivalente a dos a mil días de salario mínimo vigente enel Distrito Federal, la que podrá ser impugnada mediante elrecurso de reconsideración, en los términos del reglamentode esta ley.

Artículo Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguien-te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo Federal, a los catorce díasdel mes de abril del año dos mil cinco.— Dip. FranciscoJavier Bravo Carbajal (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Muchas gracias, diputado Bravo Carbajal. Seturna la iniciativa presentada a las Comisiones Unidasde Justicia y Derechos Humanos, y de Educación Pú-blica y Servicios Educativos.


La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: A continuación, tiene el uso de la voz el di-putado Jesús Nader Nasrallah, del grupo parlamentario delPartido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adi-ciona una fracción IX al artículo 78 de la Constitución Po-lítica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de to-ma de protesta constitucional.

El diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah: Con su ve-nia, diputada Presidenta:

«Iniciativa que adiciona una fracción IX al artículo 78 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,en materia de toma de protesta constitucional.


Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interiordel Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,en nombre de los diputados integrantes del grupo parla-mentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legisla-tura de esta Honorable Cámara, presentamos a esta hono-rable asamblea la iniciativa de decreto para adicionar unafracción que sería la IX al artículo 78 de la Constitución Po-lítica de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente


El constitucionalista don Manuel Herrera y Lasso señalabaque el Congreso es y debe ser la asamblea de libre discu-sión en las que se tratan los asuntos públicos, en voz alta ya la luz pública, para generar bienes públicos por ello sonparlamentos, porque parte de su misión es parlar, dialogar,debatir, acordar, ratificar, orientar.

Sin embargo, el rezago, la omisión, el silencio, la falta deeco y de respuesta a las propuestas de los legisladores ennada favorecen al ejercicio de nuestra tarea, que como di-jera don Efraín González Luna, al hacer referencia a la po-lítica es “una ardua misión”.Y esta sólo puede lograrse, siel propio Poder Legislativo asume cabalmente su respon-sabilidad.

Y el Poder Legislativo no puede asumir cabalmente su res-ponsabilidad si, durante los periodos de receso la ComisiónPermanente puede conceder licencia a un legislador, perosu suplente solo puede rendir la protesta constitucional co-rrespondiente ante el Presidente de la Mesa Directiva de supropia cámara, ya sea de diputados o de senadores. Esta si-tuación se agrava ante la costumbre de que sea ante el Ple-no cuando se rinda dicha protesta.

Para agilizar la sustitución, y la normalidad en el trabajodel Poder Legislativo, proponemos que dicha protestaconstitucional se realice lo más pronto posible ante el Pre-sidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

De este modo se dará continuidad al trabajo parlamentarioy se podrá responder al pueblo de México de modo dignoen la representación en los órganos legislativos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los ar-tículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Es-tados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamentopara el Gobierno Interior del Congreso General de los Es-

tados Unidos Mexicanos, presentamos a esta honorableasamblea la iniciativa de decreto para adicionar la fraccio-nar VIII al artículo 78 de la Constitución Política de los Es-tados Unidos Mexicanos:

Iniciativa de decreto para adicionar una fracción quesería la IX al artículo 78 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona una fracción que sería la IX al artículo78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos para quedar como sigue:

Artículo 78

...

...

I. a VIII. ...

IX. Tomar la protesta constitucional de los ciudada-nos que sean llamados al ejercicio del cargo de dipu-tado o senador, en caso de que se apruebe la licenciaa que se refiere la fracción anterior. Dichos ciudada-nos rendirán esta protesta ante el Presidente de laMesa Directiva de la Comisión Permanente, en lostérminos de la fórmula prevista en la ley.

Transitorio

Único. La presente adición entrará en vigor al día si-guiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Fede-ración.

Dip. Jesús Nader Nasrallah (rúbrica).»

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Muchas gracias, diputado Nader. Túrnese ala Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY ORGANICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: A continuación, tiene el uso de la voz nuestrocompañero, el diputado Salvador Martínez Della Rocca,


del grupo parlamentario del Partido de la Revolución De-mocrática, para presentar iniciativa que reforma, adicionay deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica delConsejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:Apreciadas compañeras y compañeros: la comunidad cien-tífica nacional tiene la convicción de que en los últimoscuatro años la imagen académica y social del Consejo Na-cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha sufrido un de-terioro grave e inaceptable; le asiste toda la razón. El ori-gen del problema es quién dirige actualmente el Conacyt yla concepción que se tiene de la institución y de la cienciay la tecnología. El año pasado, en diferentes momentos, lacomunidad académica y científica del país denunció públi-camente que la actual administración del Conacyt, a cuyacabeza se encuentra el señor Jaime Parada Ávila, se ha ca-racterizado por una visión unilateral de la ciencia y la tec-nología con poco profesionalismo, soberbia y alta inestabi-lidad. Por lo mismo, predominan decisiones improvisadasy falta de continuidad en diversas áreas de responsabilidad,además de que disminuyó la presencia de científicos enésos y otros puestos de dirección.

En consecuencia, la política en ciencia y tecnología del ac-tual director general del Conacyt se resume en lo siguien-te: falta de continuidad en los avances en el ramo; pobresresultados, tomando en cuenta el apoyo que el Poder Le-gislativo le ha dado para impulsar el sector; desinterés enla ciencia; debilitamiento de la comunidad científica, alobstaculizar su renovación y crecimiento; indolencia en laformación de los cuadros que se requieren para el sector;falta de correspondencia entre las metas proyectadas y sucumplimiento; dispendio de fondos públicos; y dudas ra-zonables respecto a los resultados de su política en materiade innovación. También el año pasado, un grupo de cientí-ficos de la Academia Mexicana de la Ciencia documentópúblicamente que el actual director del Conacyt ha desvia-do recursos a 400 empresas, la mayor parte de ellas trasna-cionales y que nada tienen que ver con el quehacer cientí-fico y tecnológico de nuestro país. Lo anterior consta en elDiario Oficial de la Federación de los años 2001, 2002 y2003, donde se publicó el apoyo financiero del Conacyt.

Por respeto de su tiempo, precisaré solamente dos casos: ladisquera BMG Entertainment México fue beneficiada con5 millones 150 mil pesos en 2001 y en el ejercicio de 2003;a Hewlett-Packard de México le financió 12 proyectos, delos cuales tan sólo a 1 otorgó 4 millones 960 mil 286 pe-sos. Ese cúmulo de irregularidades y abusos del actual di-

rector general del Conacyt se debe a que su designación noresponde a intereses académicos y científicos, pues los ac-tores directamente involucrados, como la comunidad cien-tífica y académica y el sector productivo, están al margende ese proceso. Y es que la designación del director gene-ral del Conacyt depende única y exclusivamente, y de ma-nera unilateral por lo mismo, del Presidente de la Repúbli-ca. En otras palabras, el responsable del Conacytprácticamente es un empleado del Jefe del Ejecutivo, quienlo nombra y lo remueve a su libre arbitrio. No hay por tan-to una racionalidad mínima, si se quiere, entre la academiay el director general del Conacyt.

El dedo presidencial en la designación del director generaldel Conacyt ha propiciado también que éste evada la obli-gación de responder de sus actos ante la comunidad acadé-mica y científica y el sector productivo por la manera deaplicar la política científica y tecnológica. Otra agravantees la integración de la Junta de Gobierno del Conacyt, cu-yo carácter colegiado no se cumple a cabalidad porque nohay presencia efectiva o real de la comunidad académica ycientífica y del sector productivo en esa instancia, dado quesu incorporación a esa instancia depende de que sean invi-tados o no. Es decir, queda en la discrecionalidad. Por ellose propone que su integración sea formal y oficial, como elresto de los siete miembros. Su perfil y la integración de laJunta de Gobierno no son asuntos menores, habida cuentade que esa institución es el órgano rector del sector cientí-fico y tecnológico del país y cuyas funciones tienen rangoconstitucional, de conformidad con la fracción V del artículo3o. de la Carta Magna.

La designación del director del Conacyt no puede ser unadecisión exclusiva del Presidente de la República. Pero,además, se requiere que quien ocupe ese cargo sea una per-sona interesada, comprometida y que realmente vele porlos intereses de la ciencia y la tecnología de su comunidad.En términos llanos y simples, que sea una persona enamo-rada de su objeto de estudio, enamorada de la ciencia y, portanto, enamorada de su objeto de trabajo. Éste no es unsimple capricho legislativo. La presente iniciativa tiene co-mo concepción dotar de todo el poder a la academia, a susinvestigadores y a quienes participen en el quehacer cientí-fico y tecnológico, con el único fin de transformar de ma-nera sustantiva la visión y la misión del Conacyt y, en con-secuencia, de la política en la materia, de tal forma que elConacyt, a través de quien lo dirija, sea un espacio de la ra-zón, de las ideas, de los proyectos de los investigadores, delos jóvenes becarios, del sector productivo, un espaciopara el desarrollo de la ciencia y la tecnología que esté al


servicio de los grandes intereses nacionales y la soluciónde los grandes problemas del país.

El propósito de restablecer al Conacyt su carácter de insti-tución social y académica no podrá lograrse bajo el actualmecanismo por el que se designa al director general, sus-tentado en el presidencialismo extremo, sin contrapesos re-ales y con una visión administrativa y burocrática por par-te del Jefe del Ejecutivo y de la persona que designe en elpuesto. Tampoco sería posible arribar a ese propósito aca-démico con el pobre perfil que se solicita actualmente parael cargo de dirigir la política científica y tecnológica delpaís, pues con los actuales requisitos, establecidos en el ar-tículo 8o. de la Ley Orgánica del Conacyt, prácticamentecualquiera puede ser director general. La comunidad aca-démica y científica y el sector productivo deben tener inje-rencia en la designación de sus líderes académicos, puesposibilita que la organización del trabajo intelectual, cien-tífico y académico encuentre cauce de desarrollo y no obs-táculos burocráticos o se enfrente a intereses ajenos a laciencia y la tecnología. Por tal razón se propone que en ladesignación del director general participen los actores in-volucrados; es decir, la comunidad científica y académicay el sector productivo, a través de instancias representati-vas como la Asociación Nacional de Universidades e Insti-tuciones de Educación Superior, ANUIES, la AcademiaMexicana de Ciencias, la Universidad Nacional Autónomade México, el Instituto Politécnico Nacional, un investiga-dor del Sistema Nacional de Investigadores y dos repre-sentantes del sector productivo. Estas instituciones y acto-res formarían el Consejo para la designación del directorgeneral del Conacyt, cuyos integrantes presentarían unaterna de candidatos al Presidente de la República para que,de esa forma, él designe a la persona por ocupar el cargoconforme al perfil que también se propone modificar, dadoque el actual carece de características inherentes e idóneaspara quien debe ser un líder académico y científico.

Esa reforma resultaría limitada si la remoción del directorgeneral de Conacyt queda en manos exclusivamente del Je-fe del Ejecutivo. Por ello se propone que, para el ejerciciode esta facultad que actualmente le otorga la ley, deberá to-mar en cuenta previamente la opinión de la Junta de Go-bierno. Esta reforma legal, imprescindible, no haría sinoadecuar el Conacyt al postulado constitucional ya citado,preservándolo como organismo descentralizado del Estadoen los términos de la Ley Orgánica del mismo y de la LeyFederal de las Entidades Paraestatales pero, lo más impor-tante, restablecerá al Conacyt el carácter de institución so-cial y académica de la ciencia y la tecnología al servicio del

país y de la solución de sus grandes problemas nacionales.Dado que la presente iniciativa está publicada en la Gace-ta Parlamentaria, no leeré el resto del contenido del pro-yecto de decreto. Sin embargo, considero que no puedenviolentar lo que esta Cámara dispone: dijimos que íbamosa dar 52 millones para los trabajos de la Academia Mexi-cana de la Ciencia y en una reunión, donde estuvimos pre-sentes el diputado Omar Ortega y yo, el director del Co-nacyt firmó un convenio con el Presidente de la AcademiaMexicana de la Ciencia por sólo 35 millones de pesos por-que sólo a él le da la gana eso. Le dije que faltaban 10 másy que lo iba a exponer aquí en la Cámara, ¡porque tiene queobedecer lo que esta Cámara dice!

Por el bien de la ciencia y la tecnología, por el bien de laeducación, invito a todas las fracciones parlamentarias aque apoyen estos cambios, estas modificaciones, para elbien de la nación. Y muchísimas gracias.


Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposi-ciones de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Cien-cia y Tecnología, a cargo del diputado Salvador Pablo Mar-tínez Della Rocca, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal Salvador Pablo MartínezDella Rocca, en nombre del grupo parlamentario del Parti-do de la Revolución Democrática, perteneciente a la LIXLegislatura del Congreso de la Unión, con fundamento enlo establecido en el artículo 71, fracción II y demás relati-vos y aplicables de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por el artícu-lo 55 fracción II, y demás relativos y aplicables del Regla-mento para el Gobierno Interior del Congreso General delos Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración delPleno de esta Asamblea la Iniciativa de Decreto que refor-ma la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia yTecnología bajo la siguiente


La comunidad científica nacional tiene la convicción que,en los últimos cuatro años, la imagen académica y socialdel Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)ha sufrido un deterioro grave e inaceptable. Le asiste la ra-zón. El origen del problema es quien dirige actualmente elConacyt y a la concepción que tiene de la institución y dela ciencia y la tecnología.


El año pasado, en diferentes momentos, la comunidad aca-démica y científica del país denunció públicamente que laactual administración del Conacyt, a cuya cabeza está Jai-me Parada Ávila, se ha caracterizado por una visión unila-teral de la ciencia y la tecnología, poco profesionalismo,soberbia y alta inestabilidad.

Así, a escasos dos años de que concluya la actual adminis-tración gubernamental, no hay un equipo serio y profesio-nal de dirección. Por lo mismo, predominan decisiones im-provisadas y falta de continuidad en áreas deresponsabilidad, entre ellas, en las Direcciones Adjuntas deCiencia, de Redes y Grupos de Investigación y de Interna-cionales. Además, disminuyó la presencia de científicos enéstos y otros puestos de dirección.

En consecuencia, la política en ciencia y tecnología del ac-tual director general del Conacyt se resume en lo siguien-te: falta de continuidad en los avances en el ramo; pobresresultados, tomando en cuenta el apoyo del Poder Legisla-tivo para impulsar el sector; desinterés en la ciencia; debi-litamiento de la comunidad científica al obstaculizar su re-novación y crecimiento; indolencia en la formación de loscuadros que se requieren para el sector; falta de correspon-dencia entre las metas proyectadas y su cumplimiento; dis-pendio de fondos públicos y dudas razonables respecto alos resultados de su política en materia de innovación.

De igual manera, el año pasado, un grupo de científicos dela Académica Mexicana de Ciencias documentó pública-mente que el actual director de Conacyt ha desviado recur-sos a 400 empresas, la mayor parte de ellas transnacionalesy que nada tienen que ver con el quehacer científico y tec-nológico del país.

Lo anterior consta en el Diario Oficial de la Federación delos años 2001, 2002 y 2003, donde se publicó el apoyo fi -nanciero del Conacyt a empresas como BMG Entertain-ment México, General Motors, IBM de México Comercia-lización y Servicios, Hitachi Global Storage TechnologiesMéxico, Hewllett Packard de México, Motorola de Méxi-co, Ericsson Telecom, Du Pont México, Bimbo, Barcel,Brito Corporativo, Vitro Automotriz, Servicios Condumex,Banco Inbursa, Comercial Acros Whirpool; así como a loshospitales particulares Ángeles y Médica Sur, entre otros.

Por respeto a su tiempo, precisaré solamente dos casos: ladisquera BMG Entertainment México fue beneficiada con5 millones 150 mil pesos en el 2001; y en el ejercicio 2003,

a Hewlett Packard de México le financió 12 proyectos; delos cuales tan sólo a uno le otorgó 4 millones 960 mil 286pesos.

Ese cúmulo de irregularidades y abusos del actual directorgeneral del Conacyt se deben a que su designación no res-ponde a intereses académicos y científicos, puesto que losactores directamente involucrados, como la comunidadcientífica y académica y el sector productivo, están al mar-gen de ese proceso. Esto a pesar de que son los que llevana cabo las actividades científicas y tecnológicas.

El problema es que la designación del director general delConacyt depende exclusivamente y de manera unilateraldel Presidente de la República. En otras palabras, el res-ponsable del Conacyt prácticamente es un empleado del je-fe del Ejecutivo, que lo nombra y lo remueve a su libre ar-bitrio.

No hay, por tanto, una racionalidad óptima, mínima si sequiere, entre la academia y el director general del Conacyt.

El dedo presidencial en la designación del director generaldel Conacyt, ha propiciado también que éste evada la obli-gación de responder de sus actos ante la comunidad acadé-mica y científica y el sector productivo; o la manera deaplicar la política científica y tecnológica.

Es más, la Ley Orgánica del Conacyt no precisa las san-ciones ni las causas de remoción del director general, res-pecto a su actuación en contra de los intereses científicos ytecnológicos. A lo sumo, remite al artículo 59 de la Ley Fe-deral de Entidades Paraestatales y a la Ley Federal de Pro-cedimiento Administrativo.

Otra agravante son las vigentes disposiciones de integra-ción de la Junta de Gobierno del Conacyt, cuyo caráctercolegiado no se cumple a cabalidad, porque no hay unapresencia efectiva o real de la comunidad académica ycientífica y del sector productivo en esa instancia.

El artículo 5 de la Ley Orgánica del Conacyt señala que laJunta de Gobierno está integrada por 13 miembros. De és-tos, siete son titulares de Secretarías de Estado y los 6 res-tantes son los directivos de la Asociación Nacional de Uni-versidades e Instituciones de Educación Superior, del ForoConsultivo Científico y Tecnológico, y dos integrantes delSistema Nacional de Investigadores y dos representantesdel sector productivo.


Sin embargo, la incorporación de esos últimos actores que-da en el terreno de la discrecionalidad. La citada Ley esti -pula que “serán invitados a formar parte de la Junta de Go-bierno”, pero incluso no se precisa por decisión de quien.Es decir, queda también en la ambigüedad y la discreciónsi los invitarán los 7 Secretarios de Estado integrantes deese órgano de gobierno o el director general del Conacyt.

En consecuencia, la designación del director general delConacyt, así como su perfil, y la integración de la Junta deGobierno no son asuntos menores, habida cuenta que esainstitución es el órgano rector del sector científico y tecno-lógico del país y cuyas funciones tienen rango constitucio-nal.

La fracción V del artículo 3 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado tie-ne la obligación de desarrollar y apoyar la investigacióncientífica y tecnológica. Esta función la realiza a través delConacyt que, por mandato de su respectiva Ley, tiene co-mo “objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal yespecializada para articular las políticas públicas guberna-mentales y promover el desarrollo de la investigación cien-tífica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la mo-dernización tecnológica del país”.

Además, esas y otras responsabilidades y el ámbito de ac-ción que por mandato de la Ley de Ciencia y Tecnología yotras leyes tiene el Conacyt, exigen que la designación deldirector no sea una decisión exclusiva del Presidente de laRepública; pero además se requiere que quien ocupe esecargo sea una persona interesada, comprometida y que re-almente vele por los intereses de la ciencia y la tecnologíay de su comunidad. En términos, llanos y simples, que seauna persona enamorada de la ciencia.

Esto no es un simple capricho legislativo. La presente ini-ciativa tiene como concepción dotar de todo el poder a laacademia, a sus investigadores y a quienes participan en elquehacer científico y tecnológico, con el único fin de trans-formar de manera sustantiva la visión y la misión del Co-nacyt y, en consecuencia, de la política en la materia.

De forma tal que el Conacyt, a través de quien lo dirija, seaun espacio de la razón, de las ideas, de los proyectos, de losinvestigadores, de los jóvenes becarios, del sector produc-tivo; un espacio para el desarrollo de la ciencia y la tecno-logía que esté al servicio de los intereses nacionales y la so-lución de los problemas del país.

El propósito de restablecer al Conacyt su carácter de insti-tución social y académica no podrá lograrse bajo el actualmecanismo por el que se designa al director general, sus-tentado en el presidencialismo extremo, sin contrapesos re-ales y con una visión administrativa y burocrática por par-te del jefe del Ejecutivo y de la persona que designa en elpuesto.

Tampoco sería posible arribar a ese propósito académico,con el pobre perfil que se solicita actualmente para el car-go a dirigir la política científica y tecnológica del país.

Al respecto, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Conacytseñala que la designación que haga el Presidente de la Re-pública “recaerá en la persona que reúna los siguientes re-quisitos:

“Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus dere-chos; haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio,cuyo ejercicio requiera conocimiento y experiencia en ma-teria administrativa, y en las áreas científicas o tecnológi-cas; y no encontrarse en algunos de los impedimentos a quese refiere el artículo 21 de la Ley Federal de las EntidadesParaestatales.”

Con estos requisitos, cualquiera puede ser designado titu-lar del Conacyt. Pero este puesto no es, ni debe, ser un car-go burocrático, ni quien lo ocupe puede ser un simple em-pleado del gobierno federal y mucho menos su designaciónresponder a una decisión exclusiva y unilateral del Presi-dente de la República.

La comunidad académica y científica y el sector producti-vo deben tener injerencia en la designación de sus líderesacadémicos; pues posibilita que la organización del trabajointelectual, científico y académico encuentre cauces dedesarrollo y no obstáculos o se enfrente a intereses ajenosa la ciencia y la tecnología.

Por tal razón, se propone que en la designación del direc-tor general participen los actores involucrados, es decir lacomunidad científica y académica y el sector productivo, através de instancias representativas como son la Asocia-ción Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-ción Superior (ANUIES), la Academia Mexicana de Cien-cias, la Universidad Nacional Autónoma de México, elInstituto Politécnico Nacional, un investigador del SistemaNacional de Investigadores y dos representantes del sectorproductivo.


Estas instituciones y actores formarían el Consejo para laDesignación del Director General del Conacyt, cuyos inte-grantes presentarían una terna de candidatos al Presidentede la República, para que de ésta él designe a la persona aocupar el cargo, conforme al perfil que también se propo-ne modificar dado que el actual carece de características in-herentes e idóneas para quien debe ser un líder académicoy científico.

Cabe destacar que los integrantes del Consejo para la De-signación del Director General del Conacyt son miembrosde una o más instancias del Sistema Nacional de Ciencia yTecnología o del mismo Conacyt. Es decir, tienen recono-cimiento institucional.

De igual manera, se propone cambiar la actual integraciónde la Junta de Gobierno por su por su carácter limitativo ypoco representativo de la comunidad científica y académi-ca del país y del sector productivo; e incorporar de maneraformal y oficial también a las instituciones y actores queconforman el Consejo mencionado en el párrafo anterior.

Ambas reformas resultarían limitativas si la remoción deldirector general del Conacyt queda en manos exclusiva-mente del jefe del Ejecutivo. Por ello, se propone que paraesta facultad que actualmente le otorga la ley, tome encuenta, previamente, la opinión de la Junta de Gobierno.

Esta reforma legal, imprescindible, no haría sino adecuar alConacyt al postulado constitucional ya citado de la frac-ción V del artículo 3 de la Carta Magna, preservando al Co-nacyt como un organismo descentralizado del Estado, nosectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio,y con autonomía técnica, operativa y administrativa, tal co-mo actualmente lo establece la Ley Orgánica del mismo yen los términos de la Ley Federal de las Entidades Paraes-tatales.

Pero lo más importante, restablecerá al Conacyt su carácterde institucional social y académica de la ciencia y la tec-nología, al servicio del país y de la solución de sus grandesproblemas nacionales.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a estasoberanía el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforman los párrafosprimero y tercero, se deroga el segundo párrafo del ar-tículo 5, y se adicionan al mismo las fracciones VIII, IX,X, XI, XII, XIII y XIV; se reforma el párrafo primero;

se adicionan los párrafos segundo y cuarto, y las frac-ciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, y se derogala fracción II del artículo 8; y se adicionan las fraccio-nes XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXI y XXIIdel artículo noveno de la Ley Orgánica del Consejo Na-cional de Ciencia y Tecnología, para quedar en los si-guientes términos:

Artículo 5

La Junta de Gobierno del Conacyt estará integrada por 15miembros propietarios y cada uno contará con un su-plente, que serán:

I. a VII. ...

VIII. El Secretario General Ejecutivo de la Asocia-ción Nacional de Universidades e Instituciones deEducación Superior;

IX. Un miembro del Foro Consultivo Científico yTecnológico;

X. El Presidente de la Academia Mexicana de laCiencias;

XI. El Rector de la Universidad Nacional Autónomade México;

XII. El Director General del Instituto PolitécnicoNacional;

XIII. Un investigador en funciones, preferentementede los dos niveles superiores del Sistema Nacional deInvestigadores; y

XIV. Dos representantes del sector productivo, elcual los nombrará una vez expedida la convocatoriarespectiva por el Director General del Conacyt.

... (Derogado)

Las sesiones serán presididas por un miembro de laJunta de Gobierno, que será nombrado de entre losintegrantes de la misma y que obtenga el voto de lamayoría. En el ejercicio de sus funciones, tendrá vo-to de calidad en caso de empate.

...

...


Artículo 8

El Director General será designado por el Presidente de laRepública, de una terna que le presente el Consejo parala Designación del Director General del Conacyt inte-grado por el Secretario General Ejecutivo de la Asocia-ción Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-cación Superior, el Presidente de la AcademiaMexicana de Ciencias, el Rector de la Universidad Na-cional Autónoma de México, el Director General delInstituto Politécnico Nacional, un investigador del Sis-tema Nacional de Investigadores y dos representantesdel sector productivo. La terna sólo podrá ser impug-nada, cuando los candidatos no reúnan los requisitosseñalados en el presente artículo.

El nombramiento recaerá en la persona que reúna lossiguientes requisitos:

I. ...

II (Derogada)

III. ...

IV. Tener grado académico de doctor;

V. Ser reconocido líder académico y científico en es-tos ámbitos y haberse distinguido como investigadorpublicando obras en el país o en el extranjero;

VI. Haberse desempeñado como investigador, por lomenos durante 10 años en una institución de educa-ción superior del sector público.

VII. Haber dirigido, de preferencia, algún Centro,Instituto o Universidad, cuyo ejercicio requiera co-nocimiento y experiencia en investigación y/o des-arrollo tecnológico; así como en materia administra-tiva;

VIII. Ser conocedor de la comunidad científico-tec-nológica;

IX. Poseer visión integradora a corto, mediano y lar-go plazo del desarrollo de la ciencia y la tecnología enMéxico;

X. Tener buena relación con Universidades y Cen-tros de Investigación;

XI. Demostrar capacidad y disponibilidad para eldiálogo con los actores del proceso de investigación;e interés por el desarrollo científico en el interior dela República Mexicana, tanto a nivel estatal como re-gional; y

XII. Tener capacidad para establecer relaciones in-ternacionales con fines de cooperación.

...

El director general del Conacyt dependerá de la Jun-ta de Gobierno y su remoción competerá al Presi-dente de la República, previa opinión de los inte-grantes de la Junta de Gobierno.

Artículo 9...

I. a XIV. ...

XV. Impulsar de manera decidida la formación derecursos humanos; así como apoyar a investigadoresjóvenes y, preferentemente a las mujeres investiga-doras;

XVI. Promover la repatriación de los becarios e in-vestigadores y/o su retención en instituciones nacio-nales;

XVII. Respetar todas las áreas de investigación, tan-to las ciencias exactas y naturales, como las socialesy humanísticas;

XVIII. Reconocer los mecanismos de evaluación porpares para promover la legitimidad y transparenciade los programas, proyectos, becas, SNI, incentivosfiscales, desarrollo de Pyme y todas las acciones su-jetas a evaluación;

XIX. Impulsar la relación academia/empresa;

XX. Aplicar los recursos de manera transparente, ymantener este carácter en la realización de sus ges-tiones;

XXI. Promover una plataforma de comunicación ydivulgación científica y tecnológica dirigida a la so-ciedad mexicana.


XXII. Mantener trato respetuoso con los poderes dela Unión y, en términos de lo dispuesto por el artícu-lo 93 Constitucional y a petición de las Cámaras deDiputados y de Senadores, o cualquiera de las Comi-siones de Ciencia y Tecnología del Poder Legislativo,comparecer, informar o proporcionar la informaciónque le sea requerida relacionada con su gestión; sinmenoscabo de lo establecido en la presente Ley uotras leyes de la Administración Pública Federal.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguientede su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A la entrada en vigor de la presente ley, en unplazo de 30 días hábiles, el Consejo para la Designacióndel Director General de Conacyt determinará la metodolo-gía mediante la cual será integrada la terna de candidatosde la que se nombrará al director general del Conacyt.

Tercero. El Director General deberá, en un plazo no mayorde dos meses, contado a partir de la entrada en vigor de lapresente ley, hacer las modificaciones al Estatuto Orgánicodel Conacyt, para adecuarlo a lo establecido en esta ley y/oderogar lo que se oponga a la misma.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abrilde 2005.— Dip. Salvador Pablo Martínez Della Rocca(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Muchas gracias, diputado Martínez DellaRocca. Se turna la iniciativa presentada a la Comisiónde Ciencia y Tecnología.

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE LASFUENTES RENOVABLES DE ENERGIA

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: A continuación, tiene el uso de la voz nuestrocompañero el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, delPartido Verde Ecologista de México, para presentar inicia-tiva de Ley para el Aprovechamiento de las Fuentes Reno-vables de Energía, suscrita por los diputados integrantes dela Comisión de Energía.

El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Con su ve-nia señora Presidenta; compañeras y compañeros diputa-

dos: una serie de cambios se han dado en el mundo ennuestro país, por lo cual las circunstancias son hoy muydistintas para nuestro sistema energético de las que preva-lecerían hace apenas un par de décadas. En primer lugar, elimpacto ambiental del sector energético se ha vuelto unproblema de primordial relevancia. La generación de ener-gía a partir de combustibles fósiles, que provee más de 80por ciento de la electricidad en México, conlleva emisionescontaminantes a la atmósfera, a los cuerpos de agua y a lossuelos, con lo cual se contribuye al cambio climático glo-bal, provocando daños a la salud de los seres humanos, alas actividades económicas y a la conservación de la biodi-versidad.

Nuestro país ha firmado y ratificado tanto la ConvenciónMarco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático co-mo el Protocolo de Kyoto de dicha convención, por lo quetenemos el compromiso ante la comunidad internacional y,por supuesto, con nuestro país de mitigar nuestras emisio-nes de gas de efecto invernadero, que son las causantes yuna de las principales amenazas globales de este siglo. Ensegundo lugar, a pesar de contar con reservas de petróleo ygas, nuestro país debe buscar urgentemente alternativas.Las reservas de petróleo se han reducido en los últimosaños, recordándonos que se trata de un recurso finito. Porlo que respecta al gas natural, ya no somos autosuficientes,nuestra cada vez mayor dependencia en las importacionesde este combustible nos expone a la gran volatilidad en susprecios. En los últimos años se han dado importantes avan-ces tecnológicos e industriales en los sistemas energéticos.Éstos han dado lugar a una nueva oportunidad, que debe-mos ahora aprovechar en congruencia con el ProgramaSectorial de Energía y otros ordenamientos jurídicos.

Las fuentes renovables de energía, ya sea el viento, el sol,las caídas de agua, la biomasa y la geotermia, son inagota-bles, y su aprovechamiento tiene un impacto positivo en elmedio ambiente y en la salud. En la medida en que se sus-tituye el uso de energéticos contaminantes, nuestro país tie-ne un potencial considerable de generación a partir de to-das estas fuentes de energía. Actualmente, contamos concerca de 10 mil 500 megawatts instalados en este tipo deenergías, siendo la energía hidráulica y geotérmica las másdesarrolladas, con 9 mil 679 y 837 megawatts de genera-ción, respectivamente. Sin embargo, se calcula de maneraconservadora que existe un potencial adicional de alrededorde 17 mil megawatts. Si se cuenta la energía hidráulica, laminihidráulica, la eólica y la solar, tan sólo en Oaxaca el po-tencial eólico supera 6 mil megawatts y las posibilidades degeneración eléctrica con biogás en vertederos de basura en


otras partes de la República podrían superar 3 mil mega-watts, así como las minihidráulicas, geotérmicas, biomasa,fototérmicas, fotovoltaica podrían juntas superar 10 milmegawatts.

Varios estudios coinciden en que, en total, por fuentes re-novables distintas de las grandes hidroeléctricas podríamosgenerar 20 por ciento de la demanda total, más 25 por gran-des hidroeléctricas. En la Cumbre de Johannesburgo, Bra-sil propuso que se generara 10 por ciento de energía eléc-trica por fuentes renovables distintas de las grandeshidroeléctricas para el año 2010. Infortunadamente, Esta-dos Unidos se pronunció en contra y la propuesta no haprosperado. Sin embargo, nosotros, como país soberano eindependiente, estamos en posibilidad de cumplir esta me-ta si nos lo proponemos. Un enfoque adecuado para lograrmayor generación por fuentes renovables es el que resultaal considerar de manera realista la disponibilidad de todo elabanico de energéticos con que se cuenta actualmente y susperspectivas futuras.

El reto entonces resulta evidente: debemos ser capaces, através de la legislación responsable y de la canalización derecursos suficientes, de garantizar el aprovechamiento defuentes de energías alternas, de modo que –por una parte–no se ponga en riesgo la sustentabilidad biológica y –por laotra– no dependamos innecesariamente de un recurso ener-gético que está en vías de extinción. Una de las ventajasproducto del aprovechamiento de las fuentes renovables deenergía es que promueven el desarrollo sustentable de lasregiones en donde se realizan los proyectos y contribuyena generar más empleos permanentes y bien remunerados.En comparación con las tecnologías energéticas conven-cionales, este impacto social puede ser particularmente im-portante cuando estas tecnologías se utilizan para proveerla energía a zonas aisladas de alta marginación, ya sea através de sistemas aislados o bien aprovechando la sinergiaque se puede dar cuando una extensión de la red sirve a lavez para abastecer a una zona rural y para aprovechar susfuentes renovables, permitiendo un doble beneficio local.

Nuestro país cuenta además con una oportunidad única pa-ra impulsar el aprovechamiento de las fuentes renovablesde energía, que consiste en un donativo a fondo perdido demás de 70 millones de dólares para el medio ambiente, através del Banco Mundial, para la realización del Proyectode Energías Renovables de Gran Escala. Este proyecto co-rre el riesgo de resultar inviable si no se realizan las modi-ficaciones jurídicas que planteamos en la Comisión de

Energía. Por ello, los diputados que hoy representamos es-ta iniciativa proponemos la creación de la Ley para elAprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía,que sea compatible con la Ley del Servicio Público deEnergía Eléctrica. Esto permitirá, entre otras cosas, incluirinstrumentos para el fomento de aplicaciones no eléctricasde las fuentes renovables de energía que son fundamenta-les para la nación.

La Ley para el Aprovechamiento de las Fuentes Renova-bles de Energía dará un papel especial a la Comisión Fede-ral de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza delCentro, al otorgarles el mandato de incluir el aprovecha-miento de las fuentes renovables de energía en la planea-ción del crecimiento de la capacidad de generación pormedio del establecimiento de porcentajes mínimos de par-ticipación de estas fuentes. Con nuestra propuesta busca-mos generar certidumbre jurídica y establecer condicionesclaras y confiables, incluyendo diferentes tipos de instru-mentos tanto de planeación y financiamiento como de ca-rácter técnico. Finalmente, con lo que hoy planteamos da-remos a la Comisión Reguladora de Energía una serie deatribuciones de carácter técnico que permitan conciliar en-tre sí los requerimientos de las redes eléctricas y de las dis-tintas tecnologías y fuentes de energía. El día de hoy, la Cá-mara de Diputados, a través de la Comisión de Energía,está haciendo de manera responsable el trabajo legislativoque le corresponde para dar a este país una sustentabilidadenergética en el largo plazo.

Ahora, es el turno del Poder Ejecutivo, a través de sus dis-tintas ramas de la Administración Pública Federal y –en es-pecial– de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedeben comprometerse integralmente aportando los recur-sos necesarios con el fomento de las energías renovables.Los tiempos apremian y por eso hacemos un atento llama-do para que el Ejecutivo contribuya a tener un medio am-biente más adecuado para los mexicanos y un proyectoenergético sustentable. Sensibilizados por lo anterior, lossuscritos diputados, integrantes de la Comisión de Energíade la LIX Legislatura, sometemos a su consideración la si-guiente iniciativa con proyecto de decreto. de creación dela Ley para el Aprovechamiento de las Fuentes Renovablesde Energía

Por obviedad de tiempo, omitiré el articulado. No obstan-te, solicito a la Presidencia que sea publicada esta iniciati-va de manera íntegra en el Diario de los Debates y en laGaceta Parlamentaria. Es cuanto, señora Presidenta.


«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LIXLegislatura.

Iniciativa de Ley para el Aprovechamiento de las FuentesRenovables de Energía, presentada por el diputado Cuauh-témoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario delPVEM, y suscrita por diputados integrantes de la Comisiónde Energía, en la sesión del martes 19 de abril de 2005

Los diputados que firman al calce, integrantes de la Comi-sión de Energía de la LIX Legislatura del H. Congreso dela Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II,de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 delReglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene-ral de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la con-sideración de esta H. Cámara la iniciativa con proyecto dedecreto que crea la Ley para el Aprovechamiento de lasFuentes Renovables de Energía, al tenor de la siguiente


Por razones económicas y ambientales, el fomento al usode las energías renovables se ha convertido en una priori-dad política de los gobiernos de los principales países des-arrollados del mundo. El cambio climático global relacio-nado a la emisión de gases de efecto invernadero y lanecesidad de diversificar las fuentes primarias de energíafrente al aumento y la volatilidad de los precios de los com-bustibles fósiles, así como su inminente agotamiento en elmediano o largo plazo, ha hecho que un número crecientede países en el mundo aprovechen, de forma cada vez másintensiva, la oportunidad ambiental y económica que re-presentan las fuentes renovables de energía.

México no puede ser ajeno a esta realidad mundial. A tra-vés de la energía renovable, México tiene la oportunidad decontribuir al esfuerzo internacional por cuidar el medioambiente, al mismo tiempo que puede obtener beneficioseconómicos y sociales muy claros del uso de estas nuevastecnologías que están revolucionando la forma en que pro-ducimos y consumimos la energía.

El impacto ambiental del sector energético se ha vuelto unproblema de primordial relevancia, especialmente entre lospaíses con una baja diversificación energética. Actualmen-te, en México el 80% de la energía eléctrica es generada apartir de combustibles fósiles, lo cual conlleva un alto gra-do de emisiones contaminantes a la atmósfera, a los cuer-

pos de agua y a los suelos. Todo ello con un impacto nega-tivo claro al cambio climático global, a la salud de los se-res humanos, a las actividades económicas y a la conserva-ción de la biodiversidad.

Producto del esfuerzo por encontrar formas de energía másseguras y más competitivas, en las últimas dos décadas sehan logrado importantes avances tecnológicos e industria-les en los sistemas energéticos a nivel mundial, los cualeshan dado al mundo la oportunidad de aprovechar a gran es-cala las fuentes renovables de energía. Dichas fuentes re-novables de energía como el viento, el sol, las caídas deagua, la biomasa y la geotermia son inagotables; su apro-vechamiento permite sustituir el uso de energéticos conta-minantes y por lo tanto reducir los impactos negativos queéstos provocan al medio ambiente y a la salud. Nuestro pa-ís tiene un potencial considerable de generación a partir deestas fuentes renovables de energía, que no debemos des-aprovechar.

La responsabilidad ambiental es compartida por todos lospaíses de la tierra. México, como miembro del conciertointernacional de la naciones, está obligado moral, y ahoraoficialmente, a contribuir con su esfuerzo en la mitigaciónde la emisión de los gases de efecto invernadero y el cam-bio climático. Nuestro país ha firmado y ratificado la Con-vención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Cli-mático, por lo que tenemos el compromiso ante lacomunidad internacional de mitigar nuestras emisiones degases de efecto invernadero, causantes de una de las prin-cipales amenazas ecológicas globales de este siglo.

La responsabilidad de contribuir con nuestras acciones aprevenir el cambio climático representa para nuestro país,además de un compromiso, una oportunidad. Desde que elProtocolo de Kioto de la Convención Marco entró en vigorel pasado 16 de febrero del 2005, y a través del Mecanis-mo de Desarrollo Limpio de dicho Protocolo, existe la po-sibilidad de captar una importante cantidad de recursoseconómicos complementarios para financiar proyectos defuentes renovables de energía que permitan reducir lasemisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, laoportunidad que esto representa para desarrollar nuestropotencial en fuentes renovables de energía está condicio-nada al hecho que en nuestro país contemos con mecanis-mos normativos y financieros que fomenten el aprovecha-miento de estas fuentes.

Gracias a la estabilidad de sus precios, las tecnologías pa-ra el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía


permiten reducir los riesgos a futuro del sistema energéti-co derivados de la variación de precios de los combustiblesfósiles, por lo que ofrecen un beneficio de corto y largoplazo a la economía nacional.

Mark Bolinger y otros investigadores del Laboratorio La-wrence Berkeley de los Estados Unidos, publicaron a esterespecto un estudio titulado “La consideración del riesgoen el precio de los combustibles: Utilización de precios degas natural con cobertura en vez de pronósticos de preciospara comparar la generación de energía por fuentes reno-vables y por gas natural”. La conclusión de este estudio esque, con el fin de comparar los precios de las fuentes reno-vables y los de las no renovables, es necesario tomar encuenta que aquéllas garantizan estabilidad de precios,mientras que las no renovables no proveen tal garantía. Lagarantía de estabilidad tiene de hecho un costo adicional, yhay mercados de gas natural que ofrecen coberturas de pre-cios, aunque nunca con plazos tan largos y favorables co-mo las fuentes renovables. En virtud de lo anterior, paracomparar a la energía proveniente de fuentes renovablescon aquélla generada por combustibles fósiles en igualdadde condiciones, habría que añadir a ésta última lo que cos-taría una cobertura de largo plazo.

Adicionalmente, es necesario tomar en cuenta que un sis-tema energético con una mayor diversidad de fuentes deenergía es un sistema con menores riesgos de variación deprecios. En particular, gracias a su estabilidad de precios,una mayor participación de fuentes renovables en los siste-mas energéticos tiene impactos muy positivos en esta ma-teria.

Entre las principales ventajas de las fuentes renovables deenergía se encuentra la oportunidad que éstas ofrecen en eldesarrollo sustentable de las regiones en donde se realizanlos proyectos. Las inversiones que generan contribuyen acrear un número importante de empleos temporales y per-manentes bien remunerados. Se calcula que en la construc-ción de cada megawatt de energía eólica se crea empleo pa-ra 60 personas durante un año y empleo para al menos 15personas de manera permanente.

La presente iniciativa de Ley está dirigida tanto hacia la ge-neración de electricidad en conexión con la red, como aotras aplicaciones de las fuentes renovables de energía, ta-les como la generación de electricidad en sitios aislados, elaprovechamiento térmico de la energía solar o geotérmica,el bombeo con energía eólica o por bombas de ariete hi -dráulico, la producción de combustibles a partir de la bio-

masa o el aprovechamiento limpio y eficiente de la bioma-sa para actividades domésticas en comunidades rurales.

Otra importante ventaja de las energías renovables es elimpacto social cuando estas tecnologías se utilizan paraproveer de energía a zonas rurales aisladas de alta margi-nación, ya sea a través de sistemas locales aislados o bienpor medio de extensiones de la red eléctrica.

Por lo que se refiere a la generación de electricidad en co-nexión con la red eléctrica, la presente Iniciativa de Leyotorga a la Comisión Federal de Electricidad y a Luz yFuerza del Centro el mandato de incluir el aprovechamien-to de las fuentes renovables de energía en la planeación delcrecimiento de la capacidad de generación, por medio delestablecimiento de porcentajes mínimos de participaciónde estas fuentes.

Los proyectos de generación de electricidad a partir defuentes renovables de energía pueden ser en muchos casosdesarrollados por las propias empresas paraestatales. Sinembargo, existen también un gran número de proyectosque son demasiado pequeños para que su desarrollo por es-tas empresas sea viable, o bien que se encuentran dentro desistemas de uso múltiple en los que la generación de ener-gía no se puede separar de los otros usos de los recursos,como sucede en el caso de la generación de electricidad eningenios, aserraderos, o caídas de canales de riego. En es-tos casos puede ser más viable que sean las empresas so-ciales, los municipios, las personas físicas o las empresasprivadas quienes los lleven a cabo.

De igual modo, los proyectos en comunidades aisladas, yasea eléctricos o de otras aplicaciones de la energía, puedenser desarrollados por las organizaciones de los propios in-teresados.

La presente iniciativa propone la creación de una nuevaLey, que sea compatible con la Ley del Servicio Público deEnergía Eléctrica e incluye instrumentos para el fomentode aplicaciones no eléctricas de las fuentes renovables deenergía, que son fundamentales para el desarrollo la Na-ción.

Esta propuesta busca además generar certidumbre jurídicay establecer condiciones claras y confiables, incluyendo di-ferentes tipos de instrumentos, entre los que destacan losinstrumentos regulatorios, el establecimiento de metas y lacreación de mecanismos de financiamiento que toman enconsideración y retribuyen los beneficios que representa


para el país el aprovechamiento de las fuentes renovablesde energía en el corto y el largo plazo.

Los nuevos instrumentos regulatorios que propone la pre-sente Ley dan a la Comisión Reguladora de Energía una se-rie de atribuciones que permitirán conciliar entre sí los re-querimientos de las redes eléctricas y de las distintastecnologías y fuentes de energía.

La presente Ley establece que algunas de estas atribucio-nes se aplicarán también para los proyectos de cogenera-ción, es decir aquéllos que generan electricidad a partir decombustibles y que utilizan de manera productiva el calorque se genera inherentemente en este proceso y que se des-perdicia en las centrales termoeléctricas convencionales.Aunque estos proyectos de cogeneración de alta eficienciautilicen fuentes no renovables, comparten característicasparticulares con los proyectos de aprovechamiento de lasfuentes renovables de energía. Los cambios legales que in-troduce esta nueva Ley permitirán utilizar los recursos deforma óptima, beneficiando al país en su conjunto, una vezque permiten utilizar menos combustibles para obtener lamisma energía en forma de calor y electricidad, lo que con-lleva importantes ventajas económicas y ambientales.

Los instrumentos de planeación que introduce esta nuevaLey permiten establecer, por medio de un Programa para elAprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía,porcentajes mínimos de participación de aprovechamientode las fuentes renovables de energía a corto, mediano y lar-go plazo. Con el fin de establecer claramente las pautas quese deben seguir de manera urgente, la Ley establece en susartículos transitorios Duodécimo y Décimo tercero las me-tas de mediano plazo (al año 2012), así como los recursosanuales necesarios para alcanzar dichas metas.

El artículo Duodécimo transitorio establece que entre la fe-cha de publicación de la Ley y finales del año 2012, debe-rá entrar en operación una capacidad de generación deelectricidad de 3,600 MW que permita generar anualmente12,500 GWh, excluyendo a las grandes hidroeléctricas quecontemplen la construcción de nuevos embalses. Esta me-ta permitirá revertir la tendencia a la baja de las fuentes re-novables en México. De acuerdo con la Prospectiva delSector Eléctrico, la generación de electricidad por fuentesrenovables, que en el año 2003 fue de 12.8 por ciento, sereducirá al 11.4 por ciento en el año 2012. Con la intro-ducción de esta meta, la generación de electricidad porfuentes renovables será de al menos 15.1 por ciento en el2012.

Una parte de esta capacidad adicional requerida se lograrásin necesidad de recursos adicionales. En este caso se en-cuentran los siguientes proyectos:

I. Los proyectos ya contemplados en el plan de expan-sión de la Comisión Federal de Electricidad, tales comola central eoloeléctrica de La Venta II y los grandes pro-yectos de centrales hidroeléctricas.

II. Los proyectos de cooperación internacional, que po-dremos aprovechar de mejor manera en la medida enque contemos con un marco normativo que favorezca elaprovechamiento de las fuentes renovables de energía:(i) el Proyecto de Energías Renovables a Gran Escala,ejecutado por la Secretaría de Energía, que contará conun donativo a fondo perdido de hasta 70 millones de dó-lares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (co-nocido por sus siglas en inglés como GEF), a través delBanco Mundial; y (ii) el Proyecto “Plan de Acción paraeliminar barreras para el desarrollo de la generación eo-loeléctrica en México”, ejecutado por el Instituto de In-vestigaciones Eléctricas, que contará con un donativo dehasta 11 millones de dólares del GEF a través del Pro-grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

III. Los proyectos de autoabastecimiento con fuentesrenovables que serán viables gracias a los instrumentosde regulación previstos por la presente Ley.

Sin embargo, estos proyectos no son suficientes. Con elfin de lograr las metas planteadas y así revertir la ten-dencia de nuestro país a utilizar una proporción cada vezmenor de fuentes renovables en la generación de ener-gía, será necesario contar con recursos adicionales quepermitan lograr los siguientes objetivos:

I. Financiar cada año la instalación de 200 MW de ca-pacidad de generación de electricidad para el serviciopúblico (Sistema Eléctrico Nacional).

II. Impulsar la investigación y el desarrollo tecnológicodel aprovechamiento de las fuentes renovables de ener-gía.

III. Apoyar el desarrollo de tecnologías específicas deaprovechamiento de las fuentes renovables de energíapara la generación de electricidad que tengan costosmás elevados que las tecnologías más competitivas pe-ro cuyo fomento se justifique con fines de diversidadenergética, desarrollo industrial y competitividad.


IV. Dar un incentivo a proyectos de aprovechamiento delas fuentes renovables de energía que contribuyan a do-tar de electricidad a comunidades rurales que no cuen-ten con este servicio.

V. Apoyar el desarrollo de aplicaciones no eléctricas delas fuentes renovables de energía.

Estos recursos adicionales no son un mero lujo, sino quecompensan una parte de los innegables beneficios que re-presenta para la Nación el aprovechamiento de estas fuen-tes, pero que en la actualidad no se reflejan en las retribu-ciones económicas.

De acuerdo con cálculos financieros realizados para un ca-so típico de una granja eólica, que hoy en día es una de lastecnologías de fuentes renovables de energía más competi-tivas, se puede ver que estos proyectos en las condicionesactuales son viables con un incentivo adicional de 18 cen-tavos de peso por cada kWh generado durante los primeroscinco años. Esto implica la necesidad de contar cada añocon un monto de 712 millones de pesos para financiar pro-yectos de generación de electricidad en conexión con la redcon una capacidad de 200 MW. Si a esto se añade la nece-sidad de contar con 305 millones de pesos para el cumpli-miento de los otros cuatro objetivos, el monto requeridopara el primer año de vigencia de la presente Ley es de de1,017 millones de pesos, que se canalizarían a través de lacreación de un Fideicomiso para el Aprovechamiento delas Fuentes Renovables de Energía propuesto por la pre-sente Ley.

En el futuro se prevé que la necesidad de recursos irá dis-minuyendo paulatinamente, puesto que los precios de al-gunas de las tecnologías para el aprovechamiento de lasfuentes renovables de energía, como la eólica y la de bio-masa, han bajado y siguen bajando.

Por lo anterior, y con el objeto de fomentar el desarrollo deproyectos de aprovechamiento de fuentes renovables deenergía de manera efectiva, se reitera la necesidad de queMéxico cuente con un marco claro regulatorio, de planea-ción y de financiamiento que cumpla con los principios dela política energética nacional, de la legislación ambientalaplicable y de los compromisos internacionales signados.

De concretarse la iniciativa propuesta, se alcanzarán logrosque se traducirán en mayores niveles de inversión en elsector eléctrico, un aprovechamiento óptimo de los recur-sos renovables y no renovables del país, una mayor com-

petitividad y eficiencia del sector, un medio ambiente máslimpio y condiciones de vida más saludables para la pobla-ción.

Sensibilizados por lo anteriormente expuesto, sometemosante el Pleno de esta soberanía, la presente iniciativa conproyecto de:

Decreto que crea la Ley para el Aprovechamiento delas Fuentes Renovables de Energía.

Único: Se expide la Ley para el Aprovechamiento de lasFuentes Renovables de Energía, para quedar como sigue:

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto el fomentodel aprovechamiento de las fuentes renovables de energía.

Artículo 2°.- La aplicación e interpretación de la presenteLey y de las disposiciones que de ella emanen es compe-tencia de la Secretaría de Energía y de las dependencias co-rrespondientes conforme a sus atribuciones.

La Secretaría de Energía coordinará con las dependenciasy entidades de la Administración Pública Federal y con losgobiernos estatales y municipales las acciones necesariaspara fomentar el aprovechamiento de las Fuentes Renova-bles de Energía, a través del establecimiento de un conjun-to de instrumentos, que de manera enunciativa mas no li-mitativa podrán ser regulatorios, económicos y de apoyo aldesarrollo científico, tecnológico e industrial.

Para que la Secretaría de Energía y la Comisión Regulado-ra de Energía cumplan estos objetivos, se deberá conside-rar en el Presupuesto de Egresos de la Federación la pro-gramación de los recursos humanos, materiales yfinancieros necesarios.

Artículo 3°.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Fuentes Renovables de Energía.- Aquellas que por sunaturaleza se consideran inagotables y que incluyen, demanera enunciativa mas no limitativa a:

a) El viento;

b) La radiación solar directa, en todas sus formas;

c) La energía hidráulica de los cuerpos de agua;

d) La energía oceánica en sus distintas formas;


e) La energía geotérmica; y

f) La energía proveniente de la biomasa, del biogáso de residuos orgánicos.

El Reglamento de esta Ley establecerá los criteriosespecíficos de aplicación para las distintas FuentesRenovables de Energía y tecnologías para su apro-vechamiento.

II. Fuentes Renovables Intermitentes.- Aquellas Fuen-tes Renovables de Energía cuyo aprovechamiento estáfuera del control del generador, ya sea porque dependede fenómenos de la naturaleza o porque está vinculadocon otros procesos productivos o servicios.

III. LSPEE.- Ley del Servicio Público de Energía Eléc-trica.

IV. Secretaría.- Secretaría de Energía.

V. Suministradores.- La Comisión Federal de Electrici-dad y Luz y Fuerza del Centro.

Artículo 4°.- La Secretaría elaborará un Programa para elAprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía ycoordinará su ejecución. Mediante dicho Programa se esta-blecerán objetivos y metas específicas y se definirán las es-trategias y acciones necesarias para alcanzarlas.

El Programa establecerá los porcentajes mínimos de parti-cipación de las Fuentes Renovables de Energía en el paísen el corto, mediano y largo plazo, tanto para generaciónde electricidad como para otras aplicaciones. Dichos por-centajes podrán expresarse en términos de capacidad, degeneración de energía o de ambas.

Con base en la planeación del Sistema Eléctrico Nacionalelaborada por la Comisión Federal de Electricidad, la Se-cretaría determinará la adición y sustitución de capacidadde generación, con el fin de alcanzar los porcentajes míni-mos de aprovechamiento de Fuentes Renovables de Ener-gía que se refieran a la generación de electricidad.

Los recursos adicionales que en su caso se requieran paracumplir con estos porcentajes provendrán del Fideicomisopara el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables deEnergía referido en el Artículo 8° de la presente Ley.

Artículo 5°.- La electricidad generada a partir de FuentesRenovables de Energía que entreguen los permisionarios alos Suministradores se pagará al porcentaje del costo totalde corto plazo que corresponda de acuerdo con la metodo-logía que para tal efecto emita la Comisión Reguladora deEnergía. Lo anterior no se aplicará para el caso de los ad-judicatarios de las convocatorias para la adición o sustitu-ción de capacidad de generación, en cuyo caso se seguiránlos términos convenidos para las compras de capacidad yenergía entre los Suministradores y los adjudicatarios.

Artículo 6°.- El Sistema Eléctrico Nacional deberá aceptarla electricidad generada a partir de Fuentes Renovables In-termitentes en cualquier momento que se produzca, siem-pre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad y estabili-dad del propio Sistema.

Artículo 7°.- La Comisión Reguladora de Energía, con ba-se en las estrategias y acciones contenidas en el Programapara el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables deEnergía, con la participación de la Secretaría, y conside-rando la opinión de los Suministradores y, en su caso, delas autoridades competentes, será responsable de expedirlas normas, directivas, metodologías, modelos de contratoy demás disposiciones jurídicas de carácter administrativopara la generación de electricidad a partir de Fuentes Re-novables de Energía por parte de los permisionarios. Paraefectos de lo anterior, la Comisión Reguladora de Energía:

I. Expedirá los instrumentos de regulación para el cál-culo de las contraprestaciones por los servicios que sepresten entre sí los Suministradores y los permisiona-rios.

II. Verificará que los requerimientos técnicos que pro-pongan los Suministradores para la interconexión de lospermisionarios a las redes del Sistema Eléctrico Nacio-nal garanticen la solución técnica de conexión más eco-nómica y, de existir controversia, determinará aquellosque deberán ser aplicados en cada caso en particular.

III. Podrá requerir a la Comisión Federal de Electrici-dad la revisión y adecuación de las reglas de despachopara la entrega de electricidad generada a partir deFuentes Renovables de Energía a las redes del SistemaEléctrico Nacional y supervisará su cumplimiento cuan-do lo considere necesario.

IV. Expedirá una metodología para determinar la aporta-ción de capacidad de las Fuentes Renovables de Energía


al Sistema Eléctrico Nacional, que de manera obligato-ria deberá ser reconocida por los Suministradores. Parala elaboración de dicha metodología, considerará la in-formación proporcionada por los Suministradores, lasinvestigaciones realizadas por institutos especializados,las mejores prácticas de la industria y demás evidencianacional y extranjera que pudiera resultar de utilidad.Asimismo, dicha metodología incluirá procedimientosque permitan calcular el valor de la aportación de capa-cidad en términos de un pago adicional por unidad deenergía entregada a las redes del Sistema Eléctrico Na-cional. De acuerdo con estos procedimientos, el pagopor capacidad que se haga a permisionarios podrá en sucaso traducirse en un pago adicional por energía que seaequivalente.

V. Expedirá el procedimiento de intercambio de energía,los requerimientos técnicos y el sistema correspondien-te de compensaciones, para los sistemas de autoabaste-cimiento con capacidades menores de 0.5 MW.

Artículo 8°.- La Secretaría constituirá y coordinará un Fi-deicomiso para el Aprovechamiento de las Fuentes Reno-vables de Energía. El Fideicomiso operará en los términosde las reglas de operación que para tal efecto se publiquen.

La Secretaría presupuestará anualmente los recursos reque-ridos para el Fideicomiso, de manera que garanticen el lo-gro de las metas que establezca el Programa para el Apro-vechamiento de las Fuentes Renovables de Energía.Dichos recursos se contemplarán en una partida específicadel Presupuesto de Egresos de la Federación.

El Fideicomiso podrá asimismo recibir aportaciones de losestados, de los municipios, de personas físicas o morales, ode organizaciones internacionales. Estas aportaciones po-drán estar dirigidas a apoyar proyectos con requisitos espe-cíficos, tales como la tecnología o la ubicación geográfica.

Los recursos federales que se aporten al Fideicomiso se uti-lizarán de la siguiente forma:

I. El 70 por ciento se utilizará para un Fondo que incen-tivará la generación de electricidad para el servicio pú-blico en conexión con las redes del Sistema EléctricoNacional a partir de cualquier tecnología y Fuente Re-novable de Energía que cumpla con los requisitos esta-blecidos en las reglas de operación del Fideicomiso. Es-te Fondo otorgará incentivos con el fin de cubrir en sucaso la diferencia que, a juicio de la Secretaría, exista

entre los recursos requeridos para alcanzar la viabilidadfinanciera de los proyectos de aprovechamiento de lasFuentes Renovables de Energía y los costos de la opciónconvencional no renovable de menor costo. Este Fondootorgará a los Suministradores o a los adjudicatarios delas convocatorias para la adición o sustitución de capa-cidad de generación incentivos orientados al desempeñode los proyectos por un monto y periodo fijos y prede-terminados.

II. El 10 por ciento para un Fondo Sectorial para Im-pulsar la Investigación y el Desarrollo Tecnológico delAprovechamiento de las Fuentes Renovables de Ener-gía, que establecerá la Secretaría, con la participacióndel Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en lostérminos de la Ley de Ciencia y Tecnología. Dicho Fon-do dará prioridad a aplicaciones tecnológicas que re-dunden en beneficio del desarrollo industrial nacional, eimpulsará las tecnologías, tanto para generación de elec-tricidad en conexión con las redes del Sistema EléctricoNacional como para otras aplicaciones de las FuentesRenovables de Energía, tales como la generación deelectricidad en sitios aislados, el aprovechamiento tér-mico de la energía solar o geotérmica, el bombeo conenergía eólica, el bombeo por bombas de ariete hidráu-lico, la producción de combustibles a partir de la bio-masa o la fabricación de estufas de leña eficientes y lim-pias.

III. El 20 por ciento restante se dividirá en los siguien-tes fondos con propósitos específicos:

a) Fondos para el apoyo a tecnologías específicas deaprovechamiento de las Fuentes Renovables deEnergía que tengan costos más elevados que las tec-nologías más competitivas pero cuyo fomento sejustifique con fines de diversidad energética, des-arrollo industrial y competitividad. El monto y la du-ración de los incentivos que otorgue este Fondo seestablecerán de manera diferenciada para las distin-tas modalidades y tecnologías de aprovechamientode las Fuentes Renovables de Energía, de acuerdocon los lineamientos establecidos en la fracción I delpresente artículo.

b) Fondo para el apoyo a la electrificación rural. Losincentivos de este Fondo se darán de manera com-petitiva para aquellos proyectos que, a partir deFuentes Renovables de Energía, suministren energíaeléctrica a comunidades aisladas que no cuenten con


este servicio. Los proyectos de aprovechamiento deFuentes Renovables de Energía en conexión con lared eléctrica podrán acceder a estos incentivos siem-pre y cuando su conexión a la red incluya redes dedistribución que permitan electrificar comunidadesaisladas.

c) Fondos para el apoyo a aplicaciones no eléctricasde las Fuentes Renovables de Energía, tales comocalentamiento solar de agua y producción de bio-combustibles, entre otros. Se procurará que los in-centivos de estos fondos se otorguen de maneracompetitiva y que estén orientados al desempeño delos proyectos.

Artículo 9°.- La Secretaría de Economía establecerá in-centivos para fomentar la fabricación nacional de equiposy componentes para el aprovechamiento de las Fuentes Re-novables de Energía, tanto para generación de electricidadcomo para otras aplicaciones de las Fuentes Renovables deEnergía y, en su caso, podrá establecer el porcentaje míni-mo de integración nacional en estos proyectos. Asimismo,establecerá aranceles preferenciales para su importación.

Artículo 10.- Las atribuciones de la Comisión Reguladorade Energía referidas en el artículo 7°, fracciones I, II y III,de la presente Ley se aplicarán a los sistemas de cogenera-ción aunque no utilicen Fuentes Renovables de Energía, deacuerdo con las definiciones establecidas en el artículo 36,fracción II, de la LSPEE, siempre y cuando la eficienciaenergética de dichos sistemas cumpla con los límites míni-mos que se establezcan en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 11.- Sin perjuicio de las sanciones que establez-can otros ordenamientos jurídicos, cuando los permisiona-rios para generar energía eléctrica no cumplan, por causasque les sean plenamente imputables, con los proyectos deinversión, construcción o generación a los que se compro-metieron, conforme a las reglas del Fideicomiso podrán serexcluidos de los beneficios que otorga la presente Ley y suReglamento. En las bases de licitación, así como en losconvenios que celebren los Suministradores con los titula-res de permisos de generación, se establecerán penas con-vencionales en caso de violación o incumplimiento de laspropias bases de licitación, y la forma de garantizarlas.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguientede su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones jurídicas quecontravengan la presente Ley.

Tercero. Las resoluciones de la Comisión Reguladora deEnergía relacionadas con el aprovechamiento de las Fuen-tes Renovables de Energía elaboradas con anterioridad a lapublicación de la presente Ley seguirán vigentes.

Cuarto. En tanto no sean considerados por el Presupuestode Egresos de la Federación vigente en la fecha de publi -cación de la presente Ley, las Secretarías de Hacienda yCrédito Público y de la Función Pública proveerán a la Se-cretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energíalos recursos humanos, materiales y financieros que sean re-queridos para el debido cumplimiento de las atribucionesadicionales que se les confieren en la presente Ley.

Quinto. En un plazo no mayor de ocho meses a partir de lapublicación de la presente Ley, la Secretaría someterá aconsideración del Presidente de la República el Reglamen-to respectivo.

Sexto. En un plazo no mayor de seis meses a partir de lapublicación del Reglamento de la presente Ley, la Secreta-ría someterá a la consideración y aprobación del Presiden-te de la República, a través de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público, el Programa para el Aprovechamiento delas Fuentes Renovables de Energía referido en el artículo4°.

Séptimo. En un plazo no mayor de ocho meses a partir dela publicación del Reglamento de la presente Ley, la Se-cretaría publicará las reglas de operación del Fideicomiso aque se refiere el artículo 8°.

Octavo. En un plazo no mayor de tres meses a partir de lapublicación del Programa para el Aprovechamiento de lasFuentes Renovables de Energía, la Comisión Reguladorade Energía llevará a cabo la revisión de las reglas del des-pacho y, en su caso, requerirá a la Comisión Federal deElectricidad las adecuaciones de éstas para la entrega deelectricidad generada a partir de Fuentes Renovables deEnergía a las redes del Sistema Eléctrico Nacional.

Noveno. En un plazo no mayor de seis meses a partir de lapublicación del Programa para el Aprovechamiento de lasFuentes Renovables de Energía, la Comisión Reguladorade Energía publicará las metodologías y directivas estable-cidas en el artículo 5°, así como en el artículo 7°, fraccio-nes I, IV y V.


Décimo. En un plazo no mayor de doce meses a partir dela publicación de la presente Ley, la Secretaría y el Conse-jo Nacional de Ciencia y Tecnología deberán establecer elFondo Sectorial para Impulsar la Investigación y el Des-arrollo Tecnológico del Aprovechamiento de las FuentesRenovables de Energía referido en la fracción II del artícu-lo 8° y publicar sus reglas de operación.

Undécimo. En un plazo no mayor de ocho meses a partirde la publicación del Reglamento de la presente Ley, la Se-cretaría de Economía publicará las disposiciones estableci-das en el artículo 9°.

Duodécimo. Para efectos de los artículos 4° y 8º, se debe-rá considerar la instalación de un mínimo de 3,600 MW decapacidad de generación de electricidad a partir de FuentesRenovables de Energía entre la fecha de publicación de lapresente Ley y el último día del año 2012. Esta capacidadincluirá las centrales tanto del Sistema Eléctrico Nacionalcomo de autoabastecimiento que se encuentren en algunode los siguientes casos:

I. Centrales de generación de electricidad a partir deenergía eólica, solar, de biomasa, geotérmica y oceáni-ca.

II. Para el caso de centrales híbridas que utilicen tantoFuentes Renovables de Energía como fuentes no reno-vables, se contabilizará la porción correspondiente a lasFuentes Renovables de Energía.

III. Centrales hidroeléctricas con capacidades menoresde 30 MW.

IV. Aumentos de capacidad por repotenciación o am-pliación de centrales hidroeléctricas ya existentes.

V. Centrales hidroeléctricas con capacidades mayoresde 30 MW que utilicen embalses ya existentes.

La energía generada por la capacidad adicional de genera-ción de 3,600 MW deberá ser de al menos 12,500 GWh poraño.

Décimo tercero. El Fideicomiso para el Aprovechamientode las Fuentes Renovables de Energía referido en el Artí -culo 8° de la presente Ley deberá estar constituido para co-menzar operaciones en el año siguiente a la fecha de publi -cación de la presente Ley. Para su primer año deberá contar

con un monto de $1,017,000,000 (Un mil diecisiete millo-nes de pesos).

Décimo cuarto. La Secretaría, para el establecimiento delos porcentajes mínimos de participación de las FuentesRenovables de Energía referidos en el artículo 4°, conside-rará los recursos financieros previstos por las convencionesy tratados de los que México sea parte, así como los pro-gramas internacionales de financiamiento que se hayan di-señado o puesto en marcha antes de la fecha de publicaciónde la presente Ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de laCámara de Diputados del honorable Congreso de la Uniónde los Estados Unidos Mexicanos, en el día 19 de abril delaño 2005.— Diputados: Francisco Javier Diez de Sollano,Presidente (rúbrica); Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Se-cretario (rúbrica); Oscar Pimentel González, Secretario(rúbrica); Manuel Enrique Ovalle Araiza, Secretario (rú-brica); Francisco Javier Carrillo Soberón, Secretario; Pa-blo Pavón Vinales, Secretario (rúbrica); Josefina Cota Co-ta, Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, Ricardo AlegreBojórquez (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica),Rosa Maria Avilés Najera, Hidalgo Contreras Covarru-bias (rúbrica), José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (rú-brica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Carmen Gua-dalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Oscar González Yánez,Francisco Herrera León, Jorge Luis Hinojosa Moreno (rú-brica), Manuel Ignacio López Villarreal (rúbrica), JulioHoracio Lujambio Moreno, Jorge Martínez Ramos, JuanFernando Perdomo Bueno (rúbrica), Raúl Pompa Victoria(rúbrica), Sergio Arturo Posadas Lara, Carla Rochin Nie-to (rúbrica), Ricardo Rodríguez Rocha, Francisco José Ro-jas Gutiérrez (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, Miguel Án-gel Toscano Velasco (rúbrica), Erick Agustín Santos Silva.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Muchas gracias, diputado Ochoa Fernández.Y, de acuerdo con su solicitud, favor de insertar íntegro eltexto en el Diario de los Debates y se turna a la Comisiónde Energía.

CODIGO DE COMERCIO

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra nues-tro compañero, el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno,del grupo parlamentario del partido de Convergencia, para


presentar iniciativa que reforma el artículo 1407 del Códi-go de Comercio, en materia de citación para sentencia den-tro de los juicios ejecutivos.

El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Gracias,señora Presidenta:


Iniciativa que reforma el artículo 1407 del Código de Co-mercio, en materia de citación para sentencia dentro de losjuicios ejecutivos.

El suscrito, diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, ennombre del grupo parlamentario de Convergencia de laLIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejerciciode la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55,56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior delCongreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pre-senta ante esta honorable soberanía, iniciativa con proyec-to de decreto que reforma diversas disposiciones del Códi-go de Comercio, al tenor de la siguiente


El juicio ejecutivo mercantil en su origen fue diseñado pa-ra tener la funcionalidad de un procedimiento rápido y ex-pedito, sin embargo, en la actualidad este procedimiento ensus etapas se ve interrumpido y retrasado, por los disposi-tivos legales que lo norman, ya sea mediante tácticas dila-torias o debido a la lentitud con la que se despachan losasuntos en los tribunales.

Los juicios ejecutivos mercantiles están comprendidosdentro de los sumarios, que tienen por objeto la tramitaciónrápida de un negocio, dadas las características de los docu-mentos que se acompañan al escrito inicial de demanda.

El juicio ejecutivo mercantil es un procedimiento sumariode excepción, porque únicamente tiene acceso a él, aquelcuyo crédito consta en un título de tal fuerza que constitu-ye vehemente presunción de que el derecho del actor es le-gítimo y está suficientemente probado, para que sea desdeluego atendido por nuestras autoridades competentes.

Indudablemente el legislador ha realizado productivos es-fuerzos por perfeccionar la figura de estos juicios y su tra-

mitación ante los tribunales, prueba de ello son las refor-mas que se suscitaron en el mes de mayo de 1996, en lasque el procedimiento se vio favorecido con transformacio-nes que lo han hecho más rápido. Como ejemplo podemosmencionar que se eliminó la figura de la “publicación deprobanzas”, la cual dilataba en exceso la conclusión de laetapa probatoria para pasar a la etapa de alegatos.

Aun cuando el término actual para que se dicte la senten-cia en los juicios ejecutivos no es excesivo, en la prácticaresulta frecuente que los juzgadores pueden tardar inclusomeses para publicar la resolución definitiva del proceso. Esdecir, se requiere de ordenamientos claros, precisos y cer-teros que den la oportunidad de ratificar el principio de quela justicia debe ser pronta y expedita.

Si se realizan las debidas precisiones al texto legal, los tri-bunales trabajarán de manera más provechosa y el despa-cho de los asuntos será más productivo, situación que nosolamente es necesaria, sino muy acorde con la búsquedade un mejor sistema legal y de impartición de justicia enMéxico.

Con la presente reforma, México obtendrá un beneficio im-portante en el desahogo de los procedimientos ejecutivos,en lo que se refiere a prontitud y desahogo de las etapas delmismo, sobre todo dada la necesidad de que se dicten re-soluciones de manera pronta, una vez agotadas las etapasprocesales.

Iniciativa

Por lo antes expuesto se presenta, ante esta soberanía,el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma elartículo 1407 del Código de Comercio, para quedar co-mo sigue:

Código de Comercio

Artículo 1407.- Presentados los alegatos o transcurrido eltérmino para hacerlos, previa citación y dentro del términode siete días naturales, improrrogables, se pronunciará lasentencia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.


Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 díasdel mes de abril de 2005.— Dip. Juan Fernando PerdomoBueno (rúbrica).»

Es cuanto, diputada.

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado Perdomo.Se turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Justi-cia y Derechos Humanos, y de Economía.

Nos visitan aquí, en el Pleno de la Cámara de Diputados,estudiantes sobresalientes de la escuela Miguel Hidalgo, deJalapa, Veracruz. Sean ustedes bienvenidos, jóvenes estu-diantes; muchas gracias por acompañarnos. Ellos han sidoinvitados por nuestro compañero doctor Miguel Ángel Lle-ra Bello. Bienvenidos.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: A continuación, tiene el uso de la voz la di-putada Margarita López, del grupo parlamentario del Par-tido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativaque reforma el artículo 999 de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada Margarita Martínez López: Con su permi-so, señora Presidenta:

«Iniciativa que reforma el artículo 999 de la Ley Federaldel Trabajo.

La que suscribe, Margarita Martínez López, diputada fede-ral a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, inte-grante del grupo parlamentario del Partido RevolucionarioInstitucional, con fundamento en lo dispuesto en los artí-culos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Es-tados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamentopara el Gobierno Interior del congreso General de los Esta-dos Unidos Mexicanos, se permite presentar el siguienteproyecto de iniciativa de decreto, mediante el que se refor-ma el artículo 999 de la Ley Federal del Trabajo.


La vigente Ley Federal del Trabajo, en el título dieciséisreferente a responsabilidades y sanciones, establece en su

artículo 999 una multa al empleador que viole las normasprotectoras del trabajo en el sector terciario que ampara lasactividades laborales en hoteles, restaurantes, bares y otrosestablecimientos semejantes, imponiendo una multa equi-valente de tres a ciento cincuenta y cinco veces el salariomínimo general.

Es notorio que en esos sectores productivos existen cons-tantes violaciones a la Ley en la Materia, que van del cum-plimiento de jornadas laborales superiores a 48 horas se-manales, sin el correspondiente pago del tiempoextraordinario, además que en estos centros de trabajo nose instalan las Comisiones de higiene y seguridad así comolas de capacitación y adiestramiento, es común que se pri-va del goce de los periodos vacacionales a los que tienenderecho las y los trabajadores, otra característica es de queno se proporciona el beneficio de la participación de utili-dades y otras disposiciones contenidas en el cuerpo de laLey Federal del Trabajo.

Ante esta constante de acciones violatorias a las normasprotectoras del trabajo por parte de algunos patrones, exis-te la necesidad de reforzar medidas, por las cuales se tratede corregir situaciones que trastornen la debida relaciónobrero patronal.

Por lo cual considero necesario incrementar la cuantía de lamulta señalada en el artículo 999 de la Ley en comento,con la intención de salvaguardar los derechos consignadosen este ordenamiento jurídico para el beneficio de las y lostrabajadores de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto me permito poner a la con-sideración de esta H. Cámara, la presente

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artí-culo 999 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar co-mo sigue:

Decreto

Artículo Único. Se modifica el artículo 999 de la Ley delTrabajo, para quedar como sigue:

Artículo 999. Al patrón que viole las normas protectorasdel trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros estableci-mientos similares, se les impondrá multa por el equivalen-te de 180 a 364 veces el salario mínimo general, conformea lo establecido en el artículo 992.


Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de supublicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abrilde 2005.— Dip. Margarita Martínez López (rúbrica).»

Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Gracias a usted, diputada Martínez López. Seturna la iniciativa a la Comisión de Trabajo y PrevisiónSocial.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERAY EL HIMNO NACIONALES

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: A continuación, tiene el uso de la voz nuestrocompañero, el diputado Fernando Álvarez Monje, del gru-po parlamentario del Partido Acción Nacional, para pre-sentar iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley sobreel Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

El diputado Fernando Álvarez Monje: Con su venia, se-ñora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: ennuestro país, la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Him-no Nacionales contempla en el artículo 18, inciso a), laobligación de izar a toda asta la Bandera Nacional el 15 demarzo de cada año con motivo de la apertura del segundoperiodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.Sin embargo, en virtud de la reforma –aparecida en el Dia-rio Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2004– del ar-tículo 65 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, que dispone que el Congreso se reunirá a par-tir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primerperiodo de sesiones ordinarias y a partir del 1 de febrero decada año para celebrar un segundo periodo de sesiones or-dinarias, resulta necesario hacer la modificación planteada.Esta reforma del artículo 65 constitucional fue realizadacon el propósito de aumentar el tiempo efectivo de trabajocontinuo de ambas Cámaras y atendió a que las comisionesy los legisladores que las integran dispusieran de más tiem-po de actividad, en paralelo a las sesiones del Pleno de lasCámaras para realizar su trabajo de estudio y dictamen.

Por otra parte, la Bandera Nacional siempre ha sido em-blema de cualquier pueblo y ha servido desde las primeras

civilizaciones para identificarse respecto de otras. En estesentido, la Bandera Nacional adquiere el más alto de sussignificados, constituyéndose como el símbolo de la nacio-nalidad y representación genuina de la patria, adquiriendotambién la representación de un símbolo de unidad a travésdel cual se cuenta la historia de México hasta la actualidad.En el año de 1823 se promulgó la conformación de la Ban-dera Mexicana como símbolo nacional por el nuevo Con-greso Constituyente, razón por la que es considerada unode los símbolos de la patria que nos une en medio del plu-ralismo social, cultural y político que forman el pueblo me-xicano y que, junto con los demás símbolos patrios, creauna identidad nacional que engrandece y estimula nuestrosideales con el único propósito de construir una nación dig-na, responsable y comprometida. Por lo anterior, izar laBandera Nacional en las fechas establecidas para dar co-mienzo a las sesiones del Congreso de la Unión resulta unhecho sumamente relevante y significativo, pues a travésde él se deja de manifiesto que el Congreso de la Unióntrabaja por el bienestar de México y de cada uno de sus in-tegrantes.

En efecto, en la construcción del Estado mexicano comopaís republicano y democrático resulta indispensable laadopción de símbolos propios que reflejen las característi-cas culturales y sociales de los mexicanos para sentar lasbases de la nación, objetivos que convergen con los delpropio Congreso de la Unión, con la salvedad de que éstebusca llegar a los acuerdos a través del trabajo legislativoque se realiza con base en las demandas de los propios ciu-dadanos, por esto y por la consolidación que se pretende al-canzar como nación se trabaja en nombre de México, re-sultando conveniente dejarlo de manifiesto izando laBandera Nacional.

Es evidente que la reforma del artículo 65 constitucional,derogó implícitamente el contenido del inciso a) del artícu-lo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Na-cionales, y le dio un nuevo contenido. Esto se debe a la in-compatibilidad de lo dispuesto en la ley con la reformaconstitucional, que establece una nueva fecha distinta delinicio del segundo periodo de sesiones del Congreso de laUnión, por lo que de manera tácita quedó derogada la dis-posición de la ley en comento. Sin embargo, con el fin decontribuir a la claridad del ordenamiento y a la seguridadjurídica de los destinatarios de la norma, es necesario ade-cuarla a lo preceptuado en la Constitución, pues sólo así elordenamiento jurídico mexicano se robustece al alcanzarcompletitud, coherencia y cereza jurídica. De esta manera,atendiendo a una adecuada técnica legislativa y con el fin


de acrecentar el papel del Poder Legislativo en la formula-ción del ordenamiento, es necesaria la aprobación del de-creto de reforma propuesto. Por lo anterior, se presenta aconsideración de esta honorable Asamblea el presente de-creto:

Artículo Único. Se reforma el inciso a) del artículo 18 de laLey sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales,para quedar como sigue:

Artículo 18. En los términos del artículo 15 de esta ley, laBandera Nacional deberá izarse:

a) A toda hasta en las siguientes fechas y conmemoracio-nes: 1 de febrero, apertura del segundo periodo de sesionesordinarias del Congreso de la Unión.

Artículo Transitorio. Único. El presente decreto entrará envigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficialde la Federación.

Es cuanto, señora Presidenta.


Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Es-cudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del dipu-tado Fernando Álvarez Monje, del grupo parlamentario delPAN

Fernando Álvarez Monje, diputado federal de la LIX Le-gislatura, integrante del grupo parlamentario del PartidoAcción Nacional, en ejercicio de la facultad que le confie-ren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artí -culo 55 del Reglamento Interior del Congreso General, so-mete a la consideración del honorable Pleno de la Cámarade Diputados del Congreso de la Unión el presente decre-to, que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, laBandera y el Himno Nacionales, al tenor de la siguiente


En nuestro país, la Ley sobre el Escudo, la Bandera y elHimno Nacionales, contempla en el artículo 18 inciso a, laobligación de izar a toda asta la Bandera Nacional el día 15de Marzo de cada año, con motivo de la apertura del se-gundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de laUnión; sin embargo, en virtud de la reforma aparecida en

el Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto de 2004al artículo 65 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos que dispone, que el Congreso se reuni-rá a partir del 1º de septiembre de cada año, para celebrarun primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1º deFebrero de cada año para celebrar un segundo periodo desesiones ordinarias, es que resulta necesario hacer la modi-ficación planteada.

Esta reforma al artículo 65 constitucional fue realizada conel propósito de aumentar el tiempo efectivo de trabajo con-tinuo de ambas cámaras, y atendió a que las Comisiones ylos legisladores que las integran dispusieran de más tiempode actividad en paralelo a las sesiones del pleno de las cá-maras, para realizar su trabajo de estudio y dictamen.

Por otra parte, la Bandera Nacional, siempre ha sido em-blema de cualquier pueblo y ha servido desde las primerascivilizaciones para identificarse respecto de otras; en estesentido, la Bandera Nacional, adquiere él más alto de sussignificados, constituyéndose como el símbolo de la nacio-nalidad y representación genuina de la patria, adquiriendotambién la representación de un símbolo de unidad a travésdel cual se cuenta la historia de México hasta la actualidad.

En el año de 1823, se promulgó la conformación de la ban-dera mexicana como símbolo nacional por el nuevo Con-greso Constituyente; razón por la que se es considerada co-mo uno de los símbolos de la patria que nos une en mediodel pluralismo, social, cultural y político que conforman alpueblo mexicano, y que, junto con los demás símbolos pa-trios, crean una identidad nacional que engrandece y esti-mula nuestros ideales con el único propósito de construiruna nación digna, responsable y comprometida.

Por lo anterior, el izar la Bandera Nacional en las fechas es-tablecidas para dar comienzo a las sesiones del Congresode la Unión, resulta un hecho sumamente relevante y sig-nificativo pues a través de él se deja de manifiesto que elCongreso de la Unión, trabaja por el bienestar de México yde cada uno de sus integrantes.

En efecto, la construcción del Estado Mexicano como paísrepublicano y democrático resulta indispensable la adop-ción de símbolos propios que reflejen las característicasculturales y sociales de los mexicanos, para sentar las ba-ses de la nación; objetivos que convergen con los del pro-pio Congreso de la Unión, con la salvedad de que éste bus-ca llegar a ellos a través del trabajo legislativo que serealiza con base a las demandas necesidades de los propios


ciudadanos. Por esto, y por la consolidación que se preten-de alcanzar como nación, se trabaja en nombre de México,resultando conveniente dejarlo de manifiesto, izando laBandera Nacional.

Es evidente que la reforma al artículo 65 constitucional de-rogó implícitamente el contenido del inciso a del artículo18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Na-cionales y le dio un nuevo contenido, esto se debe a la in-compatibilidad de lo dispuesto en la Ley con la reformaconstitucional que establece una nueva fecha distinta alinicio del segundo periodo de sesiones del Congreso de laUnión, por lo que de manera tácita quedó derogada la dis-posición de la Ley en comento; sin embargo, con el fin decontribuir a la claridad del ordenamiento y a la seguridadjurídica de los destinatarios de la norma jurídica es necesa-rio adecuarla a lo preceptuado por la Constitución, pues so-lo así el ordenamiento jurídico mexicano se robustece al al-canzar complitud, coherencia y certeza jurídica.

Es de esta manera que atendiendo a una adecuada técnicalegislativa y con el fin de acrecentar el papel del Poder Le-gislativo en la formulación del ordenamiento jurídico esnecesaria la aprobación del decreto de reforma propuesto.

Por lo anterior se presenta a consideración de esta honora-ble asamblea el presente decreto

Artículo Único. Se reforma el inciso a del artículo 18 de laLey sobre el Escudo, la Bandera, y el Himno Nacionales,para quedar como sigue:

Artículo 18. En los términos del artículo 15 de esta ley, laBandera Nacional deberá izarse:

a) a toda asta en las siguientes fechas y conmemoracio-nes:

...

1 de febrero: Apertura del segundo periodo de sesionesordinarias del Congreso de la Unión.

Artículo Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al díasiguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.

Dip. Fernando Álvarez Monje (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Muchas gracias, diputado Álvarez Monje. Seturna la iniciativa a la Comisión de Gobernación.

ARTICULOS 14, 17, 95, 102, 103, 105 Y 107 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: A continuación, tiene el uso de la voz nuestrocompañero, el diputado Jorge Martínez Ramos, del grupoparlamentario del Partido de la Revolución Democrática,para presentar iniciativa que reforma diversas disposicio-nes de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-xicanos, para la creación de las figuras de defensor del pue-blo y el amparo social.

El diputado Jorge Martínez Ramos: Buenas tardes; consu venia, diputada Presidenta: desde los 23 puntos consti-tucionales dados a la nación por Morelos en la ciudad deChilpancingo en 1813, ya existía el interés en México porconstruir una nación en donde se moderaran la opulencia yla indigencia y, de tal suerte, aumentar el jornal del pobre,mejorar sus costumbres, y alejar la ignorancia, la rapiña yel hurto; es decir, se planteaba desde entonces un proyectode justicia social para nuestro país. En 1847, PoncianoArriaga impulsó una Ley de Procuraduría de los Pobres,que tenía entre sus objetivos ocuparse exclusivamente de ladefensa de las personas desvalidas, denunciando ante lasautoridades respectivas y pidiendo pronta e inmediata re-paración sobre cualquier exceso, agravio, vejación, maltra-to o tropelía que contra aquélla se cometieren, ya sea en elorden judicial, político o militar del Estado, bien tenga suorigen de parte de alguna autoridad o bien de cualquier otrofuncionario o agente público.

Nuestra Constitución de 1917 ha sido reconocida como elprimer texto fundamental de carácter social a nivel interna-cional. Los derechos sociales abundan en nuestra CartaMagna; sin embargo, su alcance efectivo ha resultado limi-tado, deformado o simplemente cancelado por la realidadpolítica. Cabe señalar que, en nuestro país, los derechos so-ciales fueron capturados por la lógica de un sistema políti -co que se basó en buena parte su legitimidad en esquemaspaternalistas que, más que hacer efectivos esos derechos,creó mecanismos asistencialistas. Aunque estos mecanis-mos durante un tiempo propiciaron resultados que puedencalificarse como no manifiestamente injustos, eso fue lo-grado al precio de desactivar cualquier contenido de los de-rechos sociales.


Como es de observarse, el pueblo de México histórica-mente ha luchado por conquistar un destino acorde con losprincipios de un Estado social y democrático de derecho y,aunque actualmente contamos con la figura constitucionaldel ombudsman, consideramos que, a pesar de que su pa-pel y el de las comisiones de las entidades federativas, seha fortalecido y generado confianza entre la ciudadanía du-rante la última década. Entendemos que un sistema demo-crático y social de derecho debe apuntar hacia sistemas deatribuciones más amplios, autónomos e independientes.Asuntos tan importantes como los derechos económicos,sociales y culturales, los derechos colectivos y los llama-dos “intereses difusos” constituyen uno de los pendientesen materia de justicia social que no se han atendido eficaz-mente por parte de las instancias responsables de brindar-les cumplimiento.

En ese sentido, la CNDH ha cumplido un papel limitadoque en nada genera un estadio superior de realización con-creta de los derechos sociales del pueblo mexicano. Elmarco constitucional vigente de la CNDH tiene serias li-mitaciones por no contar con la competencia en asuntos deorden laboral, electoral y jurisdiccional. México debe tran-sitar hacia un modelo de defensoría en el que existan insti-tuciones que garanticen jurisdiccional y no jurisdiccional,como garantías para que puedan ejercerse y sean plena-mente vigentes los derechos humanos de naturaleza social.Con la iniciativa que se propone se pretende crear un órga-no constitucional denominado “defensor del pueblo”, mis-mo que sustituiría la Comisión Nacional de los DerechosHumanos y cuya atribución será proteger las garantías in-dividuales que reconoce la Constitución Política desde1917, los derechos humanos, y los derechos económicos,sociales y culturales, así como los intereses difusos.

Cabe señalar que por intereses difusos debemos entenderlos bienes que atañen a una comunidad, que es asumida porlos ciudadanos que no forman un sector poblacional iden-tificable e individualizado, entre los cuales no existe unvínculo jurídico, pero representan a un segmento impor-tante de la sociedad; por ejemplo, los derechos del consu-midor o el derecho de los usuarios de algún transporte co-lectivo, entre otros. Por otra parte, los derechos colectivostrascienden en lo individual y es en el que se encuentranuna serie de personas unidas por un vinculo jurídico, comosería el caso de las asociaciones de profesionistas, los sin-dicatos, los habitantes de un área determinada o un grupode vecinos. Proponemos, además, la creación de la figuradel “amparo social”, en el cual el defensor del pueblo seráel titular de esta acción por la violación de los derechos de

esta naturaleza, a través de su intervención mediante quejao de oficio. Desde luego, el estatuto constitucional de nues-tro defensor tendrá autonomía de gestión y presupuestaria,personalidad jurídica y patrimonio propios.

Proponemos además dotar de legitimación al defensor delpueblo para acudir ante la Suprema Corte de Justicia de laNación, para interponer la acción de inconstitucionalidadcontra las leyes de carácter federal, estatal y del DistritoFederal, así como de tratados internacionales celebradospor el Estado mexicano que lesionen los intereses naciona-les y colectivos. En la propuesta se especifica que cuandola Suprema Corte de Justicia establezca jurisprudencia enla que se resuelva que una norma general es inconstitucio-nal o determine una interpretación conforme a la Constitu-ción, emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidado la de interpretación conforme a la cual se fijarán sus al-cances y condiciones. En la presente iniciativa de reformaconstitucional también se propone incluir un apartado B alartículo 107, que fundamentalmente fijará las reglas y loscriterios del amparo social que se promoverá y sustanciaráa petición del defensor del pueblo, o bien, de cualquier per-sona en nombre de toda la sociedad o grupo afectado por laviolación de sus derechos sociales.

Otra innovación importante de esta propuesta es que rom-pe con el principio de “relatividad de las sentencias”, o fór-mula Otero, que rige actualmente el juicio de amparo, queprotege únicamente al afectado en su esfera individual ycarece de efectos generales. Se establece que las sentenciasque otorgue la protección constitucional solicitada por eldefensor del pueblo, o por cualquier persona en nombre dela sociedad, tendrá efectos de generales. El amparo socialse funda en la garantía que otorga el orden social e inter-nacional de los derechos de seguridad social, económicos,sociales y culturales. Sobre este particular, conviene desta-car los textos de la Declaración Universal de los DerechosHumanos, cuyos artículos 22 y 28, que aparecen en texto–y dejo para que forme parte de él, y no leo por economíaprocesal–. México atraviesa por un momento en que lasinstituciones del Estado no han dado respuestas eficaces ala sociedad mexicana para salvaguardar sus derechos tantoindividuales como sociales y colectivos. La sociedad de-manda del Congreso de la Unión respuestas que atiendanlas graves carencias que tiene el pueblo de México encuanto a la eficacia y la protección de sus derechos.

El defensor del pueblo y las reformas que se proponen pa-ra incluir la novedosa figura del “amparo social” preten-den satisfacer un fuerte anhelo de justicia, que ahora se ha


venido a concentrar en amplias capas de la sociedad. Sinduda, la propuesta de reforma constitucional para crear eldefensor del pueblo y para sentar las bases jurídicas delamparo social constituye una propuesta trascendental parala construcción de instituciones republicanas al servicio delpueblo de México.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a esta sobera-nía la siguiente iniciativa con proyecto decreto por el quese reforman diversas disposiciones de la Constitución Po-lítica de los Estados Unidos Mexicanos, para la creación delas figuras de “defensor del pueblo” y “amparo social”:

Artículo Único. Se reforman el segundo párrafo del artícu-lo 17, la fracción VI del artículo 95, el apartado B del ar-tículo 102, el artículo 103 y el inciso c) de la fracción II delartículo 105, y se adicionan un quinto párrafo al artículo 14y un apartado B del artículo 107, todos de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedarcomo sigue... Por economía, me voy al 95:

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Cortede Justicia se necesita...

VI. No haber sido secretario de Estado, procurador generalde la República o de Justicia del Distrito Federal, defensordel Pueblo, senador, etcétera.

Artículo 102, apartado B. El Congreso de la Unión esta-blecerá un órgano de protección de los derechos económi-cos, sociales y culturales, así como de los derechos huma-nos, de los intereses difusos y los derechos colectivos quereconoce esta Constitución para la protección del orden ju-rídico mexicano.

Este órgano será titular de la acción de amparo contra laviolación de los derechos sociales a los cuales se refiere lafracción II del artículo 103 de esta Constitución y actuaráya sea por queja o que ante él se presente o bien discrecio-nalmente o de oficio. El órgano se denominará “Defensordel Pueblo” y tendrá autonomía de gestión y presupuesta-ria, y personalidad jurídica y patrimonio propios.

Su titular será elegido de una terna por el voto de las dosterceras partes de los miembros presentes de la Cámara deSenadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente.

Una ley reglamentaria determinará los mecanismos deelección y la forma procesal de gestionar judicialmente alos órganos del Poder Judicial de la Federación o los pro-

cedimientos administrativos por cumplir ante los tres Po-deres de la Unión en las situaciones distintas de la acciónde amparo por violaciones de los derechos sociales.

Me voy al 103: Los Tribunales de la Federación resolverántoda controversia que se suscite:

Por leyes o actos de autoridad:

a) Que violen las garantías individuales y los derechos hu-manos garantizados en el Capítulo Primero, Título Prime-ro, de esta Constitución;

b) Que lesionen esos derechos en forma indirecta con mo-tivo de la invasión de esferas de competencia de la Federa-ción o por parte de los estados o el Distrito Federal o de és-tos respecto de las esferas federales; o

c) Que afecten los derechos humanos protegidos por lostratados internacionales suscritos por nuestro país y ratifi-cados por el Congreso.

II. Por leyes o actos de autoridad en violación o descono-cimiento de los derechos sociales que otorga esta Constitu-ción, los cuales igualmente incluyen los derechos econó-micos, sociales y culturales, así como los intereses difusosy los derechos colectivos y los de protección al medio am-biente, siempre que estas leyes o actos se ejecuten o traten deejecutarse en perjuicio de todo el cuerpo social o de un gé-nero, un gremio, un grupo o una comunidad en particular.

Por economía procesal, solamente leeré ya el 107, en elapartado A: Tratándose del juicio de amparo por violaciónde los derechos humanos a que se refiere la fracción I dedicho artículo 103, el mismo se ajustará a los siguientes re-quisitos:

Cuando la Suprema Corte de Justicia establezca jurispru-dencia en la que se resuelva que una norma general es in-constitucional o determine una interpretación conformecon la Constitución, emitirá la declaratoria general de in-constitucionalidad o la de interpretación conforme a la cualfijará sus alcances y condiciones en los términos de la leyreglamentaria.

Se me ha terminado el tiempo, Presidenta. Dejo el docu-mento para que obre en los anales, con los artículos transi-torios, y le suplico su turno a la Comisión de Gobernacióny Puntos Constitucionales, así como a la de Justicia y De-rechos Humanos. Muchas gracias.


«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lacreación de las figuras de “defensor del pueblo” y de “am-paro social”, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos,del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, Jorge Martínez Ramos, diputado federal a laLIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario delPartido de la Revolución Democrática, con fundamento enlo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Consti-tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55,fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior delCongreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pre-senta a la consideración de esta honorable asamblea la si-guiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se re-forman diversas disposiciones de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, para la creación de lasfiguras de “defensor del pueblo” y el “amparo social” al te-nor de la siguiente


Desde los 23 puntos constitucionales dados a la Nación porMorelos en la Ciudad de Chilpancingo en 1813, ya existíael interés en México por construir una Nación en donde semoderara la opulencia y la indigencia, y de tal suerte au-mentar el jornal del pobre, mejorar sus costumbres, alejarla ignorancia, la rapiña y el hurto. Es decir, se planteabadesde entonces un proyecto de justicia social para nuestropaís.

En 1847, Ponciano Arriaga impulsó una ley de Procuradu-ría de los Pobres que tenía entre sus objetivos: ocuparse ex-clusivamente de la defensa de las personas desvalidas, de-nunciando ante las autoridades respectivas, y pidiendopronta e inmediata reparación sobre cualquier exceso,agravio, vejación, maltrato o tropelía que contra aquéllas secometieren, ya sea en el orden judicial, político o militardel Estado, bien tenga su origen de parte de alguna autori-dad, o bien de cualquier otro funcionario o agente público.

Nuestra Constitución de 1917, ha sido reconocida como elprimer texto fundamental de carácter social a nivel interna-cional. Los derechos sociales abundan en nuestra CartaMagna, sin embargo, su alcance efectivo ha resultado limi-tado, deformado o simplemente cancelado por la realidadpolítica.

Cabe señalar que en nuestro país los derechos sociales fue-ron capturados por la lógica de un sistema político que ba-

só buena parte de su legitimidad en esquemas paternalistasque mas que hacer efectivos esos derechos, creó mecanis-mos asistencialistas; aunque esos mecanismos durante untiempo propiciaron resultados que pueden calificarse comono manifiestamente injustos, eso fue logrado al precio dedesactivar cualquier contenido de los derechos sociales.

Como es de observarse, el pueblo de México histórica-mente ha luchado por conquistar un destino acorde con losprincipios de un estado social y democrático de derecho; yaunque actualmente contamos con la figura constitucionaldel ombudsman, consideramos que a pesar de que su papely el de las Comisiones de las Entidades Federativas, se hanfortalecido y generado confianza entre la ciudadanía du-rante la última década, entendemos que un sistema demo-crático y social de derecho debe apuntar hacia sistemas deatribuciones más amplios autónomos e independientes.

Asuntos tan importantes como los derechos económicos,sociales y culturales; los derechos colectivos y los llama-dos intereses difusos constituyen uno de los pendientes enmateria de justicia social que no se han atendido eficaz-mente, por parte de las instancias responsables de brindar-les cumplimiento. En ese sentido, la CNDH ha cumplidoun papel limitado que en nada genera un estadio superiorde realización concreta de los derechos sociales del pueblomexicano.

El marco constitucional vigente de la CNDH tiene serias li-mitaciones, al no contar con la competencia en asuntos deorden laboral, electoral y jurisdiccional. México debe tran-sitar hacia un modelo de defensoría en el que existan insti-tuciones de garantía jurisdiccional y no jurisdiccional, pa-ra que puedan ejercerse y sean plenamente vigentes losderechos humanos de naturaleza social.

Con la iniciativa que se propone, se pretende crear un ór-gano constitucional denominado Defensor del Pueblo, mis-mo que sustituiría a la Comisión Nacional de los DerechosHumanos y cuya atribución será proteger las garantías in-dividuales que reconoce la Constitución Política desde1917, los derechos humanos, los derechos económicos, so-ciales y culturales así como intereses difusos.

Cabe señalar que por intereses difusos, debemos entendera aquellos bienes que atañen a una comunidad, que es asu-mida por los ciudadanos que no conforman un sector po-blacional identificable e individualizado, entre los cualesno existe un vínculo jurídico, pero representan a un seg-mento importante de la sociedad, por ejemplo, los derechos


del consumidor o el derecho de los usuarios de algún trans-porte colectivo entre otros.

Por otra parte, los derechos colectivos trascienden al indi-vidual y es en el que se encuentran una serie de personasunidas por un vínculo jurídico, como sería el caso de lasasociaciones de profesionistas, los sindicatos, los habitan-tes de un área determinada, un grupo de vecinos etcétera.

Proponemos además la creación de la figura del amparosocial en la cual el Defensor del Pueblo será el titular de es-ta acción por la violación de los derechos de esa naturale-za, a través de su intervención mediante queja o de oficio.Desde luego, el estatuto constitucional de nuestro Defensortendrá autonomía de gestión y presupuestaria, personalidadjurídica y patrimonio propio.

Proponemos además dotar de legitimación al Defensor delPueblo, para acudir ante la Suprema Corte de Justicia de laNación para interponer la acción de inconstitucionalidaden contra de leyes de carácter federal, estatal y del DistritoFederal, así como de tratados internacionales celebradospor el Estado mexicano, que lesionen los intereses nacio-nales y colectivos.

En la propuesta se establece que, cuando la Suprema Cor-te de Justicia establezca jurisprudencia en la que se resuel-va que una norma general es inconstitucional o determineuna interpretación conforme con la Constitución, emitirá ladeclaratoria general de inconstitucionalidad o la de inter-pretación conforme en la cual se fijarán sus alcances y con-diciones.

En la presente iniciativa de reforma constitucional, tam-bién se propone incluir un apartado B al artículo 107 de laConstitución, que fundamentalmente establecerá las reglasy criterios del amparo social que se promoverá y sustan-ciará, a petición del Defensor de la Constitucionalidad obien de cualquier persona, a nombre de toda la sociedad ogrupo afectado por la violación en sus derechos sociales.

Otra innovación importante de esta propuesta, es que rom-pe con el principio de “relatividad de las sentencias” o for-mula Otero que rige actualmente el juicio de amparo queprotege únicamente al afectado en su esfera individual ycarece de efectos generales. Se establece que las sentenciasque otorgue la protección constitucional solicitada por elDefensor del Pueblo, o por cualquier persona a nombre dela sociedad, tendrá efectos de generales.

El amparo social se funda en la garantía que otorga el or-den social e internacional a los derechos de seguridad so-cial, económicos, sociales y culturales. Sobre este particu-lar conviene destacar el texto de la Declaración Universalde los Derechos Humanos, cuyos artículos 22 y 28 señalantextualmente:

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad,tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, medianteel esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habi-da cuenta de la organización y los recursos de cada Esta-do, la satisfacción de los derechos económicos, sociales yculturales, indispensables a su dignidad y al libre desarro -llo de su personalidad.

Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establez-ca un orden social e internacional en el que los derechos ylibertades proclamados en esta Declaración se hagan ple-namente efectivos.

México atraviesa por un momento en el que las institucio-nes del Estado no han dado respuestas eficaces a la socie-dad mexicana, para salvaguardar sus derechos tanto indivi-duales como sociales y colectivos. La sociedad demandade este Congreso de la Unión respuestas que atiendan lasgraves carencias que tiene el pueblo de México, en cuantoa la eficacia en la protección de sus derechos. El Defensordel pueblo y las reformas que se proponen para incluir lanovedosa figura del amparo social pretenden satisfacer unfuerte anhelo de justicia que ahora se ha venido a concen-trar en amplias capas de la sociedad.

Sin duda alguna, la propuesta de reforma constitucional pa-ra crear el Defensor del Pueblo y para sentar las bases jurí-dicas del amparo social constituye una propuesta trascen-dental para la construcción de instituciones republicanas alservicio del pueblo de México.

Por lo antes expuesto y fundado someto a esta soberanía lasiguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se refor-man diversas disposiciones de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, para la creación delas figuras de “defensor del pueblo” y el “amparo so-cial”

Artículo Único. Se reforman el segundo párrafo del artí-culo 17; la fracción VI del artículo 95; el Apartado B delartículo 102; el artículo 103; el inciso c) de la fracción II


del artículo 105 y se adiciona un quinto párrafo al artículo14 y un apartado B del artículo 107 todos de la Constitu-ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que-dar como sigue:

Artículo 14. …

…

…

…

En los juicios de todo orden, la sentencia definitiva de-berá ajustarse al texto de la ley aplicable tal y como seestablece en los dos últimos párrafos precedentes perocuando no se cause perjuicio a otra persona el senten-ciador deberá aplicar en adición a ella los principios dejusticia, equidad e igualdad que se reconocen en estaConstitución.

Artículo 17. …

Toda persona podrá exigir que se le disciernan y reco-nozcan sus derechos e intereses, incluyendo los huma-nos, colectivos o difusos por los tribunales competentesbajo los plazos y en términos de justicia, equidad eigualdad que reconoce esta Constitución, los cuales de-berán precisarse y regularse en las leyes que de ellaemanen, emitiendo los tribunales sus resoluciones demanera pronta, completa e imparcial. Su servicio serágratuito y por lo tanto tales tribunales funcionarán conapoyo en un presupuesto que les permita su indepen-dencia de decisión y su autonomía económica.

…

…

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Cortede Justicia, se necesita:

I. a V. ...

VI. No haber sido secretario de Estado, procurador ge-neral de la República o de Justicia del Distrito Federal,“defensor del pueblo” , senador, diputado federal ni go-bernador de algún estado o jefe de Gobierno del Distri-to Federal, durante el año previo al día de su nombra-miento.

Artículo 102. …

A. …

B. El Congreso de la Unión establecerá un órgano de pro-tección de los derechos económicos sociales, y cultura-les, así como de los derechos humanos, de los interesesdifusos y los derechos colectivos que reconoce esta Cons-titución para la protección del orden jurídico mexicano.Ese órgano será titular de la acción de amparo contrala violación de los derechos sociales a los cuales se re-fiere la fracción II del artículo 103 de esta Constitucióny actuará, ya sea por queja que ante él se presente, obien, discrecionalmente de oficio.

El órgano se denominará Defensor del Pueblo, tendráautonomía de gestión y presupuestaria, personalidadjurídica y patrimonio propios. Su titular será elegido deuna terna por el voto de las dos terceras partes de losmiembros presentes de la Cámara de Senadores o, ensus recesos, por la Comisión Permanente del Congresode la Unión.

Una ley reglamentaria determinará los mecanismos deelección y la forma procesal de gestionar judicialmenteante los órganos del Poder Judicial de la Federación, olos procedimientos administrativos a cumplir ante lostres poderes de la Unión en las actuaciones distintas a laacción de amparo por violaciones a los derechos socia-les.

El Defensor durará en su encargo cinco años, podrá serreelecto por una sola vez, y sólo podrá ser removido desus funciones en los términos del título cuarto de estaConstitución. Presentará anualmente a los poderes dela Unión un informe de actividades, en los términos quedisponga la ley.

El Defensor del Pueblo, y los organismos locales de pro-tección de los derechos humanos en las entidades fede-rativas, formularán recomendaciones públicas, autóno-mas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante lasautoridades respectivas. Estos organismos no seráncompetentes tratándose de asuntos jurisdiccionales.

El Defensor del Pueblo tendrá un Consejo Consultivointegrado por 10 consejeros que serán elegidos de con-formidad con el mismo procedimiento establecido parael titular de la Defensoría del Pueblo. La ley determi-nará los procedimientos a seguir para la presentación


de las propuestas por la propia Cámara. Anualmenteserán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüe-dad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratifica-dos para un segundo periodo.

Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverántoda controversia que se suscite:

I. Por leyes o actos de autoridad:

a) que violen las garantías individuales y los de-rechos humanos garantizados en el capítulo 1, ti-tulo primero de esta Constitución;

b) que lesionen esos derechos en forma indirectacon motivo de la invasión de esferas competen-ciales de la Federación por parte de los estados, oel Distrito Federal, o de éstos respecto de las esfe-ras federales, o

c) que afecten los derechos humanos protegidospor los tratados internacionales suscritos pornuestro país y ratificados por el Senado;

II. Por leyes o actos de la autoridad en violación o des-conocimiento de los derechos sociales que otorga es-ta Constitución, los cuales igualmente incluyen losderechos económicos, sociales y culturales, así comode los intereses difusos y los derechos colectivos y losde protección al medio ambiente, siempre que esasleyes o actos se ejecuten o traten de ejecutarse enperjuicio de todo el cuerpo social o de un género, ungremio, un grupo o una comunidad en lo particular.

Artículo 105. ...

I. y II. …

a) y b) ...

c) El procurador general de la República y el Defen-sor del Pueblo, en contra de leyes de carácter fede-ral, estatal y del Distrito Federal, así como de trata-dos internacionales en materia de protección de losderechos de la persona humana celebrados por elEstado mexicano.

d) a f) y tres párrafos finales...

III. De oficio o a petición fundada del correspondiente

Tribunal Unitario de Circuito, del Procurador Generalde la República o del Defensor del Pueblo, podrá co-nocer de los recursos de apelación en contra de las sen-tencias de jueces de Distrito dictadas en aquellos proce-sos en que la Federación sea parte, o estén implicadosderechos sociales, económicos o culturales, y que por suinterés y trascendencia así lo ameriten.

…

Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artí -culo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del or-den jurídico que determine la ley, de acuerdo con las si-guientes bases:

A. Tratándose del juicio de amparo por violación de losderechos humanos, a que se refiere la fracción I de di-cho artículo 103, el mismo se ajustará a estos requisitos:

I...

II. La sentencia será siempre tal que sólo se ocupe depersonas particulares, limitándose a ampararlos y pro-tegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja,sin hacer una declaración general respecto de la normageneral o acto que la motivare.

Cuando la Suprema Corte de Justicia establezca ju-risprudencia en la que se resuelva que una norma ge-neral es inconstitucional o determine una interpreta-ción conforme con la Constitución, emitirá ladeclaratoria general de inconstitucionalidad o la deinterpretación conforme, en la cual fijará sus alcan-ces y condiciones en los términos de la ley reglamen-taria.

En el juicio de amparo por violación de derechos indi-viduales o colectivos e intereses difusos deberá suplirsela deficiencia de la queja de acuerdo con lo que dispon-ga la ley reglamentaria;

III. a la XVII. ...

B. En lo que toca al juicio de amparo por violación delos derechos e intereses precisados en la fracción II delartículo 103, el mismo se sujetará a las siguientes bases:

I. El juicio de amparo social se puede promover ysubstanciar a petición del Defensor del Pueblo, obien de cualquier persona a nombre de toda la socie-


dad o grupo, por las personas físicas y morales legi-timadas que se enumeran en el artículo 103. Siem-pre debe promoverse a nombre y a favor de la socie-dad en general, o de un género, un gremio, un grupoo una comunidad afectables por la violación de susderechos sociales, humanos o colectivos o interesesdifusos;

II. Las sentencias que otorguen la protección consti-tucional solicitada por el Defensor del Pueblo o porcualquier persona a nombre de la sociedad, tendráefectos de generalidad; pero si el juicio fuere sobre-seído o se dictare sentencia que niegue la protección,causará perjuicios procesales sólo para los promo-ventes del juicio, y no precluirán los derechos dequienes no intervinieron o no actuaron en el juicio;

III. Si varias personas interponen la acción de am-paro por violación de sus derechos o intereses difu-sos, o coinciden con la interpuesta por el Defensordel Pueblo, los juicios serán acumulados en los tér-minos que disponga la ley reglamentaria y serán re-sueltos en una sola audiencia;

IV. La suplencia de la queja se podrá otorgar en losamparos sociales interpuestos por personas indivi-duales a nombre de la sociedad o grupos específicos.En los amparos promovidos por el Defensor del Pue-blo no se autoriza la aplicación de la suplencia.

V. El amparo por violación de derechos sociales sepromoverá y substanciará dentro de los términos ycon los plazos que se fijen para el amparo por viola-ción de derechos humanos de naturaleza individual yen la misma forma se procederá en caso de falta dedisposición expresa para el amparo social, siempre ycuando ello no contradiga la estructura de este últi-mo tipo de juicios.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al año si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.

Segundo. Dentro de los dos primeros meses de su aproba-ción se expedirá la Ley Reglamentaria del Defensor delPueblo, que abroga a la Comisión Nacional de los Dere-chos Humanos y legaliza al Defensor en su sustitución.

Tercero. A la entrada en vigor del presente decreto se de-signará al primer Defensor del Pueblo.

Cuarto. En tanto entra en vigor el presente decreto, y seestablece el organismo denominado Defensoría del Pueblo,podrá seguir conociendo la Comisión Nacional de Dere-chos Humanos de las quejas que se hubieren presentadoante ella hasta esa fecha. En lo sucesivo atenderá las que-jas el organismo que ahora se crea.

Quinto. Todos los bienes y recursos que actualmente tienela Comisión Nacional de los Derechos Humanos serán tras-ladados, dentro de los primeros dos meses de haber entra-do en vigor esta reforma constitucional, al órgano del cuales titular el Defensor del Pueblo.

Sexto. Al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de laUnión y las Legislaturas de las entidades federativas debe-rán realizar las adecuaciones a las leyes federales y consti-tuciones locales que procedan y reglamenten lo aquí esti-pulado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de laCámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,a los 19 días del mes de abril de 2005.— Dip. Jorge Mar-tínez Ramos (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Favor de integrar el texto total en el Diario delos Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Pun-tos Constitucionales, y de Gobernación.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: A continuación, tiene el uso de la voz nuestrocompañero, el diputado Juan Perdomo Bueno, del grupoparlamentario del Partido Convergencia, para presentar ini-ciativa que reforma el artículo 45 de la Ley Orgánica delCongreso General de los Estados Unidos Mexicanos, enmateria de dictámenes y resoluciones de las comisiones or-dinarias de la Cámara de Diputados del Congreso de laUnión.

El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Nueva-mente gracias, diputada Presidenta: en términos de lo quedispone el artículo 39, numeral 1, de la Ley Orgánica del


Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, lascomisiones son órganos constituidos por el Pleno que, através de la elaboración de dictámenes, informes, opinio-nes o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumplasus atribuciones constitucionales y legales. Ahora bien, delo anterior desprendemos que las comisiones, en otras pa-labras, desahogan las tareas legislativas relacionadas con lacreación y modificación de las leyes en nuestro país a tra-vés de resoluciones mediante las cuales niegan, admiten oenriquecen las iniciativas y otros documentos que señala lapropia ley y también su reglamento, mismos que se tradu-cen en proyectos y proposiciones. Con el trabajo de las co-misiones se busca optimizar la organización parlamentariade asignar derechos y obligaciones a los legisladores yajustar el funcionamiento de la Cámara al nuevo pluralis-mo político que vive el país.

La Conferencia para la Dirección y Programación de losTrabajos Legislativos como órgano que expide el programalegislativo para el trabajo en comisiones y ante el cual lasmismas rinden el informe trimestral a que hace referenciael artículo 45, numeral 6, inciso b), fortalece y confirma larealización de los trabajos que se efectúan en dichos órga-nos. Por ello debe contar con el apoyo de un ordenamientoque sea preciso y claro en cuanto a la teleología de losmismos. Es decir, debe darse un mejor curso a las tareas le-gislativas elaboradas en las comisiones verificando la fun-damentación y motivación de las resoluciones que en ellase emiten. Es claro que lo que se busca con la presente ini -ciativa es hacer eficiente el trabajo legislativo, dada la dis-persión de temas y el número de comisiones que se requie-ren para su estudio y dictaminación, buscando que laslegisladoras y los legisladores cuenten con tiempo y aten-ción suficientes para desarrollar adecuadamente su trabajo,sustentando el sentido de las resoluciones que emiten,cumpliendo así los principios garantes establecidos ennuestra Carta Magna, por lo que respecta a la fundamenta-ción y motivación de las causas y resoluciones.

Con la presente reforma, México avanzará robusteciendosu derecho parlamentario, dando fuerza y motivación altrabajo desarrollado por las comisiones, fundando y moti-vando las resoluciones y los dictámenes emitidos por lasmismas, para otorgar a la tarea legislativa un sentido mu-cho más preciso. Por lo expuesto, se presenta ante esta so-beranía el siguiente proyecto de decreto por el que se re-forma el numeral 6, fracción f), del artículo 45 de la LeyOrgánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-xicanos, para quedar como sigue:

Artículo 45, inciso f). Dictaminar, atender o resolver lasiniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mis-mas, en los términos de los programas legislativos acorda-dos por la Conferencia para la Dirección y Programaciónde los Trabajos Legislativos, fundando y motivando el sen-tido de los propios dictámenes o resoluciones.

Transitorio. Único. El presente decreto estará a vigor al díasiguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes deabril de 2005. Es cuanto, diputada Presidenta; muchas gra-cias.


Iniciativa que reforma el artículo 45 de la Ley Orgánica delCongreso General de los Estados Unidos Mexicanos, enmateria de dictámenes y resoluciones de las comisiones or-dinarias de la H. Cámara de Diputados del Congreso de laUnión, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bue-no, del grupo parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, ennombre del grupo parlamentario de Convergencia de laLIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejerciciode la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56,62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Con-greso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentaante esta honorable soberanía iniciativa con proyecto dedecreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Or-gánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-canos, al tenor de la siguiente


En términos de lo que dispone el artículo 39, numeral 1, dela Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Uni-dos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidospor el Pleno que, a través de la elaboración de dictámenes,informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que laCámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

Ahora bien, de lo anterior desprendemos que las comisio-nes, en otras palabras, desahogan las tareas legislativas


relacionadas con la creación y modificación de las leyes ennuestro país, a través de resoluciones mediante las cualesniegan, admiten o enriquecen las iniciativas y otros docu-mentos que señala la propia ley y su reglamento, mismosque se traducen en proyectos y proposiciones.

Con el trabajo de las comisiones se busca optimizar la or-ganización parlamentaria, reasignar derechos y obligacio-nes a los legisladores y ajustar el funcionamiento de la Cá-mara al nuevo pluralismo político que vive el país.

La Conferencia para la Dirección y Programación de losTrabajos Legislativos, como órgano que expide el progra-ma legislativo para el trabajo en comisiones y ante el cuallas mismas rinden el informe trimestral a que hace referen-cia el artículo 45, numeral 6, inciso b), fortalece y confir-ma la realización de los trabajos que se efectúan en dichosórganos técnicos y, por ello, debe contar con el apoyo de unordenamiento que sea preciso y claro en cuanto a la teleo-logía de los mismos. Es decir, se debe dar un mejor cursoa las tareas legislativas elaboradas en las comisiones, veri-ficando una fundación y motivación a las resoluciones queen ellas se emiten.

Es claro que lo que se busca con la presente iniciativa eshacer eficiente el trabajo legislativo, dada la dispersión detemas y el número de comisiones que se requieren para suestudio y dictaminación, buscando que las legisladoras ylos legisladores cuenten con tiempo y atención suficientespara desarrollar adecuadamente su trabajo, sustentando elsentido de las resoluciones que emiten, cumpliendo así losprincipios garantes establecidos en nuestra Carta Magnapor lo que respecta a la fundación y motivación de las cau-sas y resoluciones.

Con la presente reforma, México avanzará robusteciendosu derecho parlamentario, dándole fuerza y motivación altrabajo desarrollado por las comisiones, fundando y moti-vando las resoluciones y dictámenes emitidos por las mis-mas, para otorgar a la tarea legislativa un sentido más pre-ciso.

Por lo antes expuesto se presenta ante esta soberanía el si-guiente

Proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 6,fracción f), del artículo 45 de la Ley Orgánica del Con-greso General de los Estados Unidos Mexicanos, paraquedar como sigue:

Ley Orgánica del Congreso Generalde los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 45.

1. Los presidentes de las comisiones ordinarias (...)

2. No procederá la solicitud de información (...)

3. El titular de la dependencia o entidad (...)

4. Las comisiones ordinarias y cuya materia se corres-ponde (...)

5. Asimismo, las comisiones a que se refiere (...)

6. Las comisiones tendrán las tareas siguientes:

a) a e) (...)

f) Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, pro-yectos y proposiciones turnadas a las mismas en lostérminos de los programas legislativos acordadospor la Conferencia para la Dirección y Programaciónde los Trabajos Legislativos, fundando y motivan-do el sentido de los propios dictámenes o resolu-ciones; y

g) (...)

7. Las comisiones tomarán sus decisiones (...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguien-te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dieci-nueve días del mes de abril de 2005.— Dip. Juan Fernan-do Perdomo Bueno (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado.

El diputado Jorge Martínez Ramos (desde la curul): Pi-do la palabra.

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Un momentito. La iniciativa que acaba depresentar el diputado Juan Perdomo Bueno, del grupo


parlamentario del Partido Convergencia, se turnarse a laComisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Sonido a la curul del diputado Martínez Ramos.

ARTICULOS 14, 17, 95, 102, 103, 105 Y 107 CONSTITUCIONALES

El diputado Jorge Martínez Ramos (desde la curul): Porun error en el turno a comisión, me quedé con la inercia decuando había Gobernación y Puntos Constitucionales. Porla naturaleza de la iniciativa, si escuché bien, como usted,Presidenta, solamente la turnó por este error mío a Gober-nación y Puntos Constitucionales. Le suplico que se corri -ja y sea a Puntos Constitucionales, y a Justicia y DerechosHumanos.

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: Con mucho gusto. De acuerdo con la solicituddel proponente, favor de turnar la iniciativa presentadapor el diputado Jorge Martínez Ramos a las Comisio-nes Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia yDerechos Humanos; no a la de Gobernación.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La Presidenta diputada María Marcela González Salasy Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabranuestra compañera diputada Martha Laguette Lardizábal,del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Insti-tucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos2-C, 15 y 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, conrelación a los impuestos por espectáculos públicos.

La diputada María Martha Celestina Eva LaguetteLardizábal: Con su venia, señora Presidenta: los debatesy las opiniones generalizados que se sostienen en todo elpaís sobre el fortalecimiento financiero de los municipiosreconocen la necesidad de trasladar nuevas fuentes de in-gresos a este nivel de gobierno; y devolver las que origi-nalmente ostentaban y que asumió la Federación, así comoel hecho de aceptar la condición ineludible de que los mu-nicipios se esfuercen por ser mejores recaudadores de im-puestos y de otras contribuciones que les son propias. En laactualidad, las circunstancias de las haciendas públicasmunicipales no son las más optimas, siendo de vital im-portancia para los municipios poder allegarse de ingresospropios que les permitan incrementar su obra pública y los

servicios que brindan a las comunidades. En el estado deChihuahua, y como ocurre con muchas entidades federati-vas, el código municipal establece, en los artículos 128 a132, lo conducente al Impuesto sobre Espectáculos Públi-cos, cuyo objeto es la explotación de los mismos. En di-chos numerales se establece que se entiende por espectácu-lo público todo evento de esparcimiento, sea teatral,cinematográfico, cultural, deportivo o de cualquier índoleque se realice en teatros, calles, plazas, locales abiertos ocerrados, a los cuales el público tiene acceso mediante elpago de una suma de dinero.

Sin embargo, en la práctica, en la actualidad, impide quelos Estados hagan efectivo el cobro de contribuciones co-mo la referida, toda vez que en disposiciones jurídicas fe-derales como la Ley del IVA se mantienen vigentes los co-bros por esa clase de servicios y, más aún, existen seriascontradicciones en sus disposiciones, todo lo cual se tradu-ce en perjuicio de las arcas públicas municipales, como sedemuestra en esta exposición. En primer término, la reglageneral la fija el artículo 2o., fracción III, inciso g), de laLey del Impuesto al Valor Agregado, donde se estableceque se pagará 22 por ciento por concepto de dicho tributopor todos los servicios de espectáculos en arenas, cines ycampos deportivos. No es sino hasta el artículo 15, fracciónXIII, de tal cuerpo legal donde se señala que no se pagaráel impuesto por la prestación de los servicios de espectácu-los públicos, salvo los de teatro y circo, cuando el conve-nio con el estado o acuerdo con el Departamento del Dis-trito Federal donde se presente el espectáculo no se ajustea lo previsto en la fracción VI del artículo 41 de la ley, yque la exención ahí prevista no será aplicable a las funcio-nes de cine por el boleto de entrada. En tanto, el artículo41, fracción VI, de la citada ley preceptúa que la Secreta-ría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio conlos estados que soliciten adherirse al Sistema Nacional deCoordinación Fiscal para recibir participaciones en los tér-minos de la Ley de Coordinación Fiscal, conviniendo en nomantener impuestos locales sobre espectáculos públicosconsistentes en obras de teatro y funciones de circo que, enconjunto, superen un gravamen a nivel local de 8 por cien-to, calculado sobre el ingreso total que derive de dichas ac-tividades.

Así pues, el precepto referido tiene una limitación para lasentidades federativas, pues les impide mantener vigenteslos tributos locales sobre espectáculos públicos como obrasteatrales y circenses cuando, en conjunto, el gravamen va-ya más allá de 8 por ciento, sin que exista justificaciónalguna para que tal limitante sea en conjunto para tales


espectáculos, pues en ningún caso podrá establecerse 8 porciento para cada uno de estos eventos, ya que tal acción se-ría violatoria del artículo 41 invocado, lo que obliga a losCongresos locales a no fijar más de 4 por ciento del grava-men a estos espectáculos en las leyes de ingresos munici-pales. Además, ni en el artículo 41 ni en el 15 de la ley sedice nada sobre una prohibición a las entidades federativasde legislar en cuanto a la exhibición de obras cinematográ-ficas, en tanto que el artículo 12 de la ley sí las grava conIVA, en franca contradicción, que genera problemas de in-terpretación a las Legislaturas locales. Para abundar en elmulticitado artículo 12, se grava, además de cines y cam-pos deportivos, las arenas, en franca subjetividad, que con-funde a las entidades federativas sobre si les es posible le-gislar en cuanto a espectáculos públicos como corridas detoros, caballos, carreras de autos, motocicletas, entre otros,que parecen encuadrar en tal hipótesis.

La propia naturaleza de los espectáculos públicos hace ne-cesario que la posibilidad de gravarlos sea netamente paralos municipios, por conducto de las Legislaturas locales,eliminando toda posibilidad existente y, a veces, contradic-toria de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Vamos acontribuir al fortalecimiento y desarrollo del federalismo yde los municipios brindándoles armas prácticas y útiles pa-ra incrementar sus ingresos propios. Una buena medida, sinduda, la constituirá la voluntad del Poder Legislativo fede-ral de posibilitarlas para cobrar, sin limitaciones, los referi-dos tributos. Por lo anteriormente expuesto, con funda-mento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de laCarta Magna, someto ante el Pleno de la Cámara de Dipu-tados el siguiente proyecto con el carácter de decreto:

Artículo Único. Se reforman los artículos 2 C, fracción III,inciso g); 15, fracción VIII; y 41, fracción VI, todos de laLey del Impuesto al Valor Agregado, para quedar redacta-dos de la siguiente manera:

Artículo 2 C. Continúa igual y se deroga el inciso g) de lafracción III.

Artículo 15. No se pagará el impuesto por la prestación delos siguientes servicios:

La fracción XIII queda: Los espectáculos públicos por elboleto de entrada.

Artículo 41. La Secretaría de Hacienda y Crédito Públicocelebrará convenio con los estados que soliciten adherirseal Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir

participaciones en los términos de la Ley de CoordinaciónFiscal, conviniendo en no mantener impuestos locales omunicipales sobre...

La fracción VI se deroga.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor aldía siguiente de su publicación en el Diario Oficial de laFederación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 díasdel mes de abril del año 2005. Atentamente, Martha La-guette Lardizábal. Solicito, señora Presidenta, que se décuenta en el Diario de los Debates de la versión íntegra deesta iniciativa. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 2-C, 15 y 41 de la Leydel Impuesto al Valor Agregado, en relación con los im-puestos por espectáculos públicos, a cargo de la diputadaMartha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario delPRI

Martha Laguette Lardizábal, en mi carácter de diputada ala Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Con-greso de la Unión, y como integrante del grupo parlamen-tario del Partido Revolucionario Institucional, con funda-mento en la facultad que me confiere el artículo 71,fracción II, de la Constitución Política de los Estados Uni-dos Mexicanos, comparezco ante esta soberanía a presen-tar una iniciativa con proyecto de decreto, a efecto de re-formar los artículos 2C, fracción III, inciso g); 15, fracciónVIII, y 41, todos de la Ley del Impuesto al Valor Agrega-do (IVA), en relación a los impuestos por espectáculos pú-blicos sobre los que corresponde legislar a las entidades fe-derativas en las legislaciones orgánicas municipales. Loanterior, con base en la siguiente


Los debates y opiniones generalizadas que se sostienen entodo el país sobre el fortalecimiento financiero de los mu-nicipios, reconocen la necesidad de trasladar nuevas fuen-tes de ingresos a este nivel de gobierno; devolver las queoriginalmente ostentaban y que asumió la Federación, asícomo el hecho de aceptar la condición ineludible de que losmunicipios se esfuercen por ser mejores recaudadores deimpuestos y de otras contribuciones que les son propias.

En la actualidad, las circunstancias de las haciendas públi-cas municipales no son las más óptimas, siendo de vital


importancia para los municipios poder allegarse de ingre-sos propios que les permitan incrementar su obra pública ylos servicios que brindan a las comunidades.

En este momento es necesario que los ayuntamientos con-soliden su hacienda, pues ello representaría el fortaleci-miento de los propios municipios y, por ende, de todas lasentidades federativas, en aras de encontrar y ver afianzadoen el terreno de la práctica ese real federalismo y desarro-llo municipal que tanto anhelamos.

En el estado de Chihuahua, y como ocurre con muchas en-tidades federativas, el Código Municipal establece, de losartículos 128 al 132, lo conducente al Impuesto Sobre Es-pectáculos Públicos, cuyo objeto es la explotación de es-pectáculos públicos.

En dichos numerales se establece que se entiende por es-pectáculo público todo evento de esparcimiento, sea tea-tral, cinematográfico, cultural, deportivo o de cualquier ín-dole, que se realice en salones, teatros, calles, plazas,locales abiertos o cerrados, a los cuales el público tiene ac-ceso mediante el pago de una suma de dinero.

Asimismo, que servirán de base para el pago del impuesto,los ingresos obtenidos por la venta de boletos, bonos ocualquier otra denominación que permita la entrada alevento.

Sin embargo, la práctica en la actualidad impide que los es-tados hagan efectivo el cobro de contribuciones como la re-ferida, toda vez que en disposiciones jurídicas federalescomo es la ley del IVA, se mantienen vigentes los cobrospor esta clase de servicios, y más aún, existen serias con-tradicciones en sus disposiciones, todo lo cual se traduceen perjuicio de las arcas públicas municipales, como se de-muestra en la siguiente exposición.

En primero término, la regla general la fija el artículo 2-C,fracción III, inciso g), de la Ley del Impuesto al ValorAgregado, donde se establece que se pagará un 22% porconcepto de dicho tributo, por todos los servicios de es-pectáculos en arenas, cines y campos deportivos.

No es sino hasta el artículo 15, fracción XIII, de tal cuerpolegal, donde se señala que no se pagará el impuesto por laprestación de los servicios de espectáculos públicos, salvolos de teatro y circo, cuando el convenio con el estado oacuerdo con el Departamento del Distrito Federal, donde sepresente el espectáculo no se ajuste a lo previsto en la frac-

ción VI del artículo 41 de esta Ley, y que la exención ahíprevista no será aplicable a las funciones de cine, por el bo-leto de entrada.

En tanto, el artículo 41, fracción VI, de la citada ley, pre-ceptúa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ce-lebrará convenio con los estados que soliciten adherirse alSistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir par-ticipaciones en los términos de la Ley de Coordinación Fis-cal, conviniendo en no mantener impuestos locales sobreespectáculos públicos consistentes en obras de teatro y fun-ciones de circo, que en su conjunto superen un gravamen anivel local del 8% calculado sobre el ingreso total que de-rive de dichas actividades.

Así pues, el aludido precepto tiene una limitante para lasentidades federativas, pues les impide mantener vigentestributos locales sobre espectáculos públicos como obras te-atrales y circenses, cuando en su conjunto el gravamen va-ya más allá del 8%, sin que exista justificación alguna pa-ra que tal limitante sea en conjunto para tales espectáculos,pues en ningún caso podrá establecerse un 8% para cadauno de estos eventos, pues tal acción sería violatoria del ar-tículo 41 invocado, lo que obliga a los congresos locales ano fijar más del 4% de gravamen a estos espectáculos enlas leyes de ingresos municipales.

Además, ni en el artículo 41 ni en el 15 de la Ley, se dicenada sobre una prohibición a las entidades federativas delegislar en cuanto a la exhibición de obras cinematográfi-cas, en tanto que el artículo 2-C de la Ley sí las grava conIVA, en una franca contradicción que genera problemas deinterpretación a las legislaturas locales.

Para abundar en el multicitado artículo 2-C, se grava ade-más de cines y campos deportivos, a las arenas, en unafranca subjetividad que confunde a las entidades federati-vas sobre si les es posible legislar en cuanto a espectáculospúblicos como corridas de toros, caballos, carreras de au-tos, motocicletas, entre otros que parecen encuadrar en talhipótesis.

La propia naturaleza de los espectáculos públicos hace ne-cesario que la posibilidad de gravarlos sea netamente paralos municipios, por conducto de las legislaturas locales,eliminando toda posibilidad existente, y a veces contradic-toria, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Vamos a contribuir al fortalecimiento y desarrollo del fede-ralismo y de los municipios, brindándoles armas prácticas y


útiles para incrementar sus ingresos propios; una buenamedida, sin duda alguna la constituirá la voluntad del Po-der Legislativo federal de posibilitarlas para cobrar, sin li-mitaciones, los referidos tributos.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dis-puesto por el artículo 71, fracción II, de la Carta Magna,someto ante el Pleno de la Cámara de Diputados el si-guiente proyecto con el carácter de

Decreto

Artículo Único.- Se reforman los artículos 2C, fracciónIII, inciso g); 15, fracción XIII, y 41, fracción VI, todos dela Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar redac-tados de la siguiente manera:

Artículo 2-C.- ...

...

...

I a II.- ...

III.- Se aplicará el 22% en los giros siguientes:

a) a f).- ...

g).- Derogada

h) a r).- ...

...

A a C.- ...

Artículo 15.- ...

I a XII.- ...

XIII.- Los espectáculos públicos por el boleto de entra-da.

XIV a XVI.- ...

Artículo 41.- ...

I a V.- ...

VI.- Derogada

VII.- ...

...

Transitorios

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguien-te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudadde México, Distrito Federal, a los 12 días del mes de abrildel año dos mil cinco.— Dip. Martha Laguette Lardizábal(rúbrica).»

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, doña Martha, aunque ya cambió la Presidenta.Muy amable, gracias. Túrnese a la Comisión de Hacien-da y Crédito Público.

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Tiene el uso de la palabra el señor diputado don RobertoColín Gamboa, del grupo parlamentario del Partido AcciónNacional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona yderoga diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno delDistrito Federal.

El diputado Roberto Colín Gamboa: Muchas gracias;con su permiso, señor Presidente: en ejercicio de la facul-tad que me confiere la fracción II del artículo 71 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asícomo la fracción II del artículo 55 y 56 del Reglamento pa-ra el Gobierno Interior del Congreso General, en nombredel grupo parlamentario de Acción Nacional de la Cámarade Diputados del honorable Congreso de la Unión en laLIX Legislatura, me permito presentar iniciativa que refor-ma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artícu-los 38, 39 y 51 del Estatuto de Gobierno del Distrito Fede-ral, de conformidad con la siguiente exposición demotivos:


La lucha por hacer de la democracia en la Ciudad de Mé-xico, sede de los poderes federales, una realidad ha atrave-sado por varios procesos históricos, cuyos logros han arro-jado cada vez más luz, pero no han agotado la búsqueda deconstruir las reglas y las instituciones de un sistema demo-crático, representativo y autónomo, con autoridades pro-pias y que se dediquen a trabajar velando en todo momen-to por la legalidad. El parteaguas social de mediados de ladécada de los ochenta arrancó al Ejecutivo federal una se-rie de reformas políticas, entre 1987 y 1999, para generarinstrumentos y espacios de gobierno, de tal suerte que laautonomía, pieza fundamental de un gobierno, y la repre-sentación, expresión de la voluntad democrática de una co-munidad, sean efectivas en la Ciudad de México. La Asam-blea Legislativa del Distrito Federal, inicialmente “deRepresentantes” y con funciones muy acotadas en cuanto ala función legislativa, después de tres reformas pasó de serun órgano de representación que emitía reglamentos a serun órgano legislativo, lo cual aumentó sus capacidades degobierno.

La primera Asamblea tenía facultades exclusivamente re-glamentarias y muy limitadas, pero su presencia políticafue de enorme importancia. La segunda acogió varias ytrascendentes discusiones sobre la reforma política de laciudad capital. La tercera Asamblea, ya con las facultadesnecesarias, arrojó sus primeros productos legislativos, co-mo la Ley Orgánica de la misma Asamblea, su Reglamen-to Interior, la Ley de Protección Civil, la Ley de Participa-ción Ciudadana, la Ley del Transporte y la Ley deDesarrollo Urbano, entre otras. La cuarta Asamblea ya sellamó “Legislativa” y desarrolló una gran actividad, deacuerdo con sus facultades legales y constitucionales. Seadecuan en 1999 las facultades y atribuciones de la Asam-blea Legislativa, trasladando éstas del Ejecutivo federal odel propio Congreso de la Unión a la Asamblea y al Ejecu-tivo local, y se establecen las figuras de “iniciativa popu-lar” y “plebiscito”. Actualmente, cuenta la Asamblea Le-gislativa del Distrito Federal con múltiples funciones. Sinembargo, a cinco años de la última adecuación dada al Es-tatuto de Gobierno, es menester dotarla de mecanismos in-ternos que le den nueva dinámica y le permitan la profe-sionalización y especialización que exige el nuevo milenio.En el avance democrático del Distrito Federal, es impres-cindible que la Asamblea Legislativa analice, discuta yarribe a los consensos necesarios para garantizar que el tra-bajo legislativo contenga cada vez más y mejor una visiónde Estado. Necesita, entonces, mayor tiempo y mayor or-ganización para desarrollar el trabajo. Debe la Asambleasesionar durante periodos ordinarios más largos y tener fle-

xibilidad para desahogar los puntos pendientes en las agen-das legislativas.

Lo anterior, además de ser una demanda ciudadana, es unanecesidad imperiosa si revisamos la cantidad de periodosextraordinarios que han celebrado en la Asamblea Legisla-tiva en los últimos años. Por otra parte, la evolución eco-nómica, social y política de la capital del país hace necesa-rias las transformaciones de las estructuras de los distintosórganos de gobierno, no siendo excepción el Poder Legis-lativo local, para que ésta pueda desarrollar sus funcionesmás acorde con la profesionalización y especialización querequiere la sociedad. El proceso formal de discusión y for-mación del marco legal del Distrito Federal inicia en el sa-lón de sesiones de la Asamblea Legislativa, donde son re-cibidas las diversas iniciativas, los puntos de acuerdo ydemás pronunciamientos de quienes tienen la facultad deiniciativa. Es también el lugar donde se desarrollan las dis-cusiones políticas trascendentes para la vida de la ciudad,lo que hace necesario que quien presida la Asamblea con-duzca el debate con tolerancia, prudencia y respeto de lasdiversas opiniones que se expresan las corrientes políticasahí, en la propia Asamblea. Es la Mesa Directiva el órganocolegiado, integrado por legisladores de los diferentes gru-pos parlamentarios constituidos en la Asamblea, a quiencorresponde ordenar el trabajo parlamentario y atender losasuntos relativos a la organización y gestión de los diputa-dos.

En los Congresos locales del país, la tendencia es en el sen-tido de dar mayor tiempo de permanencia a sus Mesas Di-rectivas. Los estados de Morelos, de Oaxaca y de Veracruzhan incorporado la temporalidad anual en los integrantesde la Mesa Directiva, mientras que en los otros, los inte-grantes de las Directivas permanecen por lo menos un pe-riodo ordinario, cuando originalmente todos ellos, igualque en el Congreso de la Unión, las Mesas Directivas en sutotalidad ocupaban el cargo durante un mes. El Congresode la Unión ha sido puntal en la materia. En la LVII y en laLIX Legislaturas se buscaron, mediante reformas de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos yde la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, nuevas yoperativas formas de organización, además de la extensiónde los periodos legislativos, que hoy son una realidad quese vive y permite un trabajo más acorde con las necesida-des del país, por lo que consideramos, además de viable,urgente reformar en el mismo sentido al Estatuto de Go-bierno del Distrito Federal en la parte relativa a las basesde organización de la Asamblea Legislativa del DF, deacuerdo con los siguientes considerandos:


Primero. Que el Congreso de la Unión es competente, enlos términos del artículo 122, apartado A, de la Constitu-ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, para refor-mar y otorgar mejores bases para la organización y el fun-cionamiento del Gobierno del Distrito Federal, según seestablece en el Estatuto de Gobierno del DF.

Segundo. Que actualmente, y de conformidad con el artículo39 del Estatuto de Gobierno del DF, la Asamblea Legisla-tiva se reúne cinco meses en el año para llevar dos perio-dos de sesiones ordinarias, con siete meses de receso, loque ha provocado que en los últimos años se haya convo-cado a diversos periodos extraordinarios, hecho que deno-ta la necesidad de ampliar el tiempo de los periodos ordi-narios de sesiones en un mes y medio adicional.

Tercero. Que la facultad de ostentar la representación ofi-cial y legal de la Asamblea, además de representar a laAsamblea ante toda clase de autoridades políticas, admi-nistrativas, jurisdiccionales y militares, requiere tal espe-cialización y profesionalización, que la elección de los in-tegrantes de la Mesa Directiva debe quedar fuera decompromisos políticos, personales o de partido.

Cuarto. Que son cada vez más recurrentes las resoluciones,los acuerdos y los posicionamientos de la Asamblea Legis-lativa donde se incurre en actos que van más allá de susatribuciones constitucionales y legales, por lo que requiereque los integrantes de la Mesa Directiva sean diputadosque cuenten con trayectoria y comportamiento que acredi-ten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, asícomo experiencia en la conducción de órganos de delibe-ración parlamentaria.

Quinto. Que los integrantes de la Mesa Directiva no debenparticipar en ninguna de las comisiones o comités estable-cidos en la Asamblea Legislativa para ejercer de maneraexclusiva sus obligaciones directivas, tal como quedó esta-blecido en la normatividad de los órganos parlamentariosde nuestro país desde 1813, en el Reglamento para el Go-bierno Interior de las Cortes de Cádiz y los posteriores re-glamentos en los Congresos Generales.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado federalRoberto Colín, en nombre del grupo parlamentario del Par-tido Acción en la LIX Legislatura, me permito presentar ala consideración de esta soberanía el siguiente proyecto dedecreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposi-ciones de los artículos 38, 39 y 51 del Estatuto de Gobier-no del Distrito Federal:

Artículo Único. Se reforman los artículos 38 y 39, se adi-cionan dos párrafos al artículo 38 y se derogan las fraccio-nes III y IV del artículo 51 del Estatuto de Gobierno delDistrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 38. La Asamblea contará con una Mesa Directivaformada por un Presidente, así como por los vicepresiden-tes y secretarios que disponga su Ley Orgánica, quienesdurarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos.Asimismo, dispondrán de las comisiones y unidades admi-nistrativas que sean necesarias para el mejor cumplimientode sus atribuciones y que determine su presupuesto. Loscoordinadores de los grupos parlamentarios no podrán for-mar parte de la Mesa Directiva de la Asamblea. En la for-mulación de la lista para la elección de la Mesa Directiva,los grupos parlamentarios cuidarán que los candidatoscuenten con trayectoria y comportamiento que acreditenprudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así comoexperiencia en la conducción de Asambleas Parlamenta-rias.

Artículo 39. Se reunirán a partir del 17 de diciembre de ca-da año para celebrar un primer periodo de sesiones ordina-rias, que podrá prolongarse hasta el 31 de diciembre delmismo año, y a partir del 1 de febrero de cada año para ce-lebrar un segundo periodo ordinario de sesiones, que podráprolongarse hasta el 30 de abril.

Artículo 51. Se derogan las fracciones III y IV.

Es cuanto, señor Presidente.


Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposi-ciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a car-go del diputado Roberto Colín Gamboa, del grupo parla-mentario del PAN

En ejercicio de la facultad que me confiere la fracción IIdel artículo 71 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre-so General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombredel grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de laCámara de Diputados del honorable Congreso de la Uniónen la LIX Legislatura, me permito presentar iniciativa quereforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los


artículos 38, 39 y 51 del Estatuto de Gobierno del DistritoFederal, de conformidad con la siguiente


La lucha por hacer de la democracia en la Ciudad de Mé-xico, Sede de los Poderes Federales, una realidad, ha atra-vesado por varios procesos históricos cuyos logros hanarrojado cada vez mayor luz, pero que no han agotado labúsqueda por construir las reglas y las instituciones de unsistema democrático, representativo y autónomo, con auto-ridades propias y que se dediquen a trabajar velando en to-do momento por la legalidad.

El parteaguas social de mediados de la década de los añosochenta arrancó al Ejecutivo Federal, una serie de reformaspolíticas, entre 1987 y 1999 para generar instrumentos yespacios de gobierno, de tal suerte que la autonomía, piezafundamental de un gobierno, y la representación, expresiónde la voluntad democrática de una comunidad, sean efecti-vas en la Ciudad de México.

La Asamblea del Distrito Federal, inicialmente de Repre-sentantes y con funciones muy acotadas, en cuanto a la fa-cultad legislativa, después de tres reformas, pasó de ser unórgano de representación que emitía reglamentos, a ser unórgano legislativo, lo cual aumentó sus capacidades de go-bierno.

La primera Asamblea (1988-1991) tenía facultades exclu-sivamente reglamentarias y muy limitadas, pero su presen-cia política fue de enorme importancia; la segunda Asam-blea (1991-1994) acogió varias y trascendentes discusionessobre la reforma política de la ciudad capital. La terceraAsamblea (1994-1997), ya con las facultades necesarias,arrojó sus primeros productos legislativos como la Ley Or-gánica de la misma Asamblea y su Reglamento Interior; laLey de Protección Civil; la Ley de Participación Ciudada-na; la Ley del Transporte; la Ley de Desarrollo Urbano, en-tre otras.

La Cuarta Asamblea (1997-2000) se llamó ya Legislativa ydesarrolló una gran actividad; de acuerdo con sus faculta-des legales y constitucionales.

Se adecuan, en 1999, las facultades y atribuciones de laAsamblea Legislativa trasladando éstas del Ejecutivo Fe-deral o del propio Congreso de la Unión a la Asamblea y alEjecutivo Local y se establecen las figuras de iniciativa po-pular y plebiscito

Actualmente cuenta la Asamblea Legislativa del DistritoFederal con múltiples funciones, sin embargo, a cinco añosde la última adecuación dada al Estatuto de Gobierno, esmenester dotarla de los mecanismos internos que le denuna nueva dinámica y le permitan la profesionalización yespecialización que exige el nuevo milenio.

En el avance democrático del Distrito Federal es impres-cindible que la Asamblea Legislativa analice, discuta yarribe a los consensos necesarios para garantizar que el tra-bajo legislativo contenga cada vez más y mejor una visiónde Estado; necesita, entonces, un mayor tiempo y una me-jor organización para desarrollar su trabajo. Debe la Asam-blea sesionar durante periodos ordinarios más largos y te-ner flexibilidad para desahogar los puntos pendientes de lasagendas legislativas.

Lo anterior además de ser una demanda ciudadana, es unanecesidad imperiosa si revisamos la cantidad de periodosextraordinarios que se han celebrado en la Asamblea Le-gislativa en los últimos años.

Por otra parte, la evolución económica, social y política dela capital del país hacen necesarias las transformaciones enlas estructuras de los distintos órganos de gobierno, nosiendo excepción el Poder Legislativo local, para que estepueda desarrollar sus funciones más acorde con la profe-sionalización y especialización que requiere la sociedad.

El proceso formal de discusión y formación del marco le-gal del Distrito Federal inicia en el salón de sesiones de laAsamblea Legislativa, donde son recibidas las diversas ini-ciativas, puntos de acuerdo y demás pronunciamientos dequienes tienen la facultad de iniciativa.

Es también el lugar donde se desarrollan las discusionespolíticas trascendentes para la vida de la ciudad, lo que ha-ce necesario que quién presida la Asamblea, conduzca eldebate con tolerancia, prudencia y respeto a las diversasopiniones que expresan las corrientes políticas allí repre-sentadas.

Es la Mesa Directiva el órgano colegiado integrado por le-gisladores de los diferentes grupos parlamentarios consti-tuidos en la Asamblea, a quién corresponde ordenar el tra-bajo parlamentario y atender los asuntos relativos a laorganización y gestión de los diputados.

En los Congresos Locales del país la tendencia es en el sen-tido de dar mayor tiempo de permanencia en sus Mesas


Directivas, los estados de Morelos, Oaxaca y Veracruz hanincorporado la temporalidad anual de los integrantes de ladirectiva, mientras que en otros 19 los integrantes de las di-rectivas permanecen por lo menos un período ordinario,cuando originalmente en todos ellos, al igual que en elCongreso de la Unión, las Mesas Directivas en su totalidadocupaban el cargo durante un mes.

Este Congreso de la Unión ha sido puntal en la materia; enla LVII y la LIX Legislaturas se buscó, mediante reformasa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos y a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión nuevasy operativas formas de organización además de una exten-sión en los periodos legislativos, misma que hoy es una re-alidad que se vive y permite un trabajo más acorde con lasnecesidades del País; por lo que consideramos, además deviable, urgente reformar en el mismo sentido al Estatuto deGobierno del Distrito Federal en la parte relativa a las ba-ses de organización de la Asamblea Legislativa del Distri-to Federal, de acuerdo con los siguientes

Considerandos

Primero.- Que este Congreso de la Unión es competente,en los términos del artículo 122, apartado A de la Consti-tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para re-formar y otorgar mejores bases para la organización y fun-cionamiento del Gobierno del Distrito Federal, según seestablece en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

Segundo.- Que actualmente, y de conformidad con el artí-culo 39 del Estatuto De Gobierno del Distrito Federal, laAsamblea Legislativa se reúne 5 meses en el año para ce-lebrar dos periodos de sesiones ordinarias, con siete mesesde receso lo que ha provocado que en los últimos años sehaya convocado a diversos períodos extraordinarios, hechoque denota una necesidad de ampliar el tiempo de los perí-odos ordinarios de sesiones en un mes y medio adicional;

Tercero.- Que la facultad de ostentar la representación ofi-cial y legal de la Asamblea, además de representar a laAsamblea ante toda clase de autoridades políticas, admi-nistrativas, jurisdiccionales y militares requiere de tal es-pecialización y profesionalización que la elección de losintegrantes de la Mesa Directiva debe quedar fuera de com-promisos políticos, personales o de partido.

Cuarto.- Que son cada vez más recurrentes las resolucio-nes, acuerdos y posicionamientos de la Asamblea Legisla-

tiva donde se incurre en actos que van más allá de sus atri -buciones constitucionales y legales por lo que requiere quelos integrantes de la Mesa Directiva sean diputados quecuenten con una trayectoria y comportamiento que acredi-ten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, asícomo experiencia en la conducción de órganos de delibe-ración parlamentaria.

Quinto.- Que los integrantes de la Mesa Directiva no de-berán participar en ninguna de las Comisiones o Comitésestablecidos en la Asamblea Legislativa para ejercer demanera exclusiva sus obligaciones directivas tal como que-dó establecido en la normatividad de los órganos parla-mentarios de nuestro país desde 1813 en Reglamento parael Gobierno Interior de las Cortes de Cádiz y los posterio-res Reglamentos de los Congresos Generales.

Por lo anteriormente el suscrito diputado federal RobertoColín Gamboa, a nombre del grupo parlamentario del Par-tido Acción Nacional en la LIX Legislatura, me permitopresentar a la consideración de esta soberanía el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionany derogan diversas disposiciones de los artículos 38, 39y 51 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Artículo Único.- Se reforman los artículos 38 y 39, se adi-cionan dos párrafos al artículo 38 y se derogan las fraccio-nes III y IV del artículo 51 del Estatuto de Gobierno delDistrito Federal para quedar como sigue:

Artículo 38.- La Asamblea contará con una Mesa Directi-va conformada por un Presidente así como por los Vice-presidentes y Secretarios que disponga su Ley Orgánica,quienes durarán en sus funciones un año y podrán serreelectos. Asimismo, dispondrá de las comisiones y unida-des administrativas que sean necesarias para el mejor cum-plimiento de sus atribuciones y que determine su presu-puesto.

Los coordinadores de los grupos parlamentarios no po-drán formar parte de la Mesa Directiva de la Asamblea.

En la formulación de la lista para la elección de los in-tegrantes de la Mesa Directiva los grupos parlamenta-rios cuidarán que los candidatos cuenten con una tra-yectoria y comportamiento que acrediten prudencia,tolerancia y respeto en la convivencia, así como expe-riencia en la conducción de asambleas.


Artículo 39.- La Asamblea se reunirá a partir del 17 deseptiembre de cada año, para celebrar un primer periodo desesiones ordinarias, que podrá prolongarse hasta el 31 dediciembre del mismo año, y a partir del 1º de febrero decada año, para celebrar un segundo periodo de sesiones or-dinarias, que podrá prolongarse hasta el 30 de abril delmismo.

Artículo 51.- …:

I. …;

II. ...;

…;

III. Derogada; y

IV. Derogada.

Artículos Transitorios

Primero. La presente reforma entrará en vigor al día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opon-gan al contenido del presente decreto.

Tercero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal de-berá ajustar la legislación correspondiente, dentro de losciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del pre-sente decreto, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenadoen la presente reforma.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2005.—Dip. Roberto Colín Gamboa (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, don Roberto Colín Gamboa. Túrnese a las Co-misiones de Gobernación, y del Distrito Federal.


VOLUMEN II CONTINUACION DE LA SESION No. 24 DEL 19 DE...

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