VISIBILIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ...

María Isabel Betancourth Unuzungo ; Wilmer Bladimir Miranda Carvajal. Visibilización de las personas con discapacidad en el Ecuador: Un enfoque desde los derechos de participación ciudadana / política. Pp. 37-52

Revista Latinoamericana en Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos ISSN 2525-1643. Vol 2 (1) Año 2018

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2

Resumen:

El presente trabajo es una reflexión sobre la visibilización de las personas con discapacidad,

tomando en cuenta su participación tanto ciudadana como política, a partir de la década de los

sesenta hasta los primeros años del 2000; época en la que la emergencia de los movimientos sociales

posibilitó un replanteamiento de la estructura misma del Estado, entre cuyos avances fundamentales

se encuentra el reconocimiento de la diversidad, generada específicamente desde la derogada

Constitución de 1998. Mientras que en un segundo momento el trabajo centra su atención desde el

2008 hasta el 2017, período en el que el Ecuador plantea, bajo la actual Constitución, un giro

sustancial al otorgar derechos de participación para que el colectivo de personas con discapacidad

pueda constituirse en sujetos plenos de derechos.

1 Es Comunicadora Social con Mención en Comunicación para el Desarrollo, graduada en la Universidad Politécnica

Salesiana de Ecuador. Magíster en Derechos Humanos con Mención en Políticas Públicas de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, institución en la que trabaja como Referencista de Servicios Educativos para Personas con Discapacidad Visual. Correo electrónico [email protected]

2 Es Psicólogo Social, graduado en la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Magíster en Estudios de la Cultura, con

mención en Políticas Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Imparte docencia en la Universidad Estatal de Bolívar en diferentes carreras relacionadas con las ciencias sociales. Correo electrónico: [email protected]

VISIBILIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR: UN ENFOQUE

DESDE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/POLÍTICA

VISIBILIZATION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN ECUADOR: AN APPROACH FROM THE RIGHTS OF

CITIZEN PARTICIPATION / POLITICS

María Isabel Betancourth Unuzungo(1) Wilmer Bladimir Miranda Carvajal(2)

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En tal sentido, se resaltan las formas organizativas, el rol de las organizaciones privadas e

instituciones públicas que trabajan con personas con discapacidad, los alcances y desafíos de un

marco jurídico garantista de derechos, las políticas emprendidas para que este colectivo pueda

efectivizar sus derechos de participación ciudadana-política. Culmina este proceso con los retos que el

país afronta al tener a una persona con discapacidad en la primera magistratura del Estado

ecuatoriano.

Abstract:

The present work is a reflection on the visibilization of people with disabilities, taking into

account their participation both citizen and political, from the sixties to the first years of 2000, Time

when the emergence of social movements make possible a rethinking Of the very structure of the

State, whose fundamental advances are the recognition of diversity, generated specifically since the

1998 Constitution. While in a second moment, the work focuses its attention from 2008 to 2017,

period in which the Ecuador proposes under the current Constitution a substantial turn in granting

rights of participation so that the collective of persons with disabilities can become full subjects of

rights.

In this sense, the organizational forms, the role of public and private institutions working with

people with disabilities, the scope and challenges of a legal framework guaranteeing rights, the

policies undertaken so that this group can effectively exercise their rights of participation Citizen /

policy. It culminates with the challenges that the country faces when having a person with disability in

the first magistrature of the State.

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Palabras clave: visibilización de personas con discapacidad, participación ciudadana-política,

derechos, Ecuador.

Keywords: Visibility of people with disabilities - citizen participation / politics - rights - Ecuador.

Fecha de recepción: 15/10/2017

Fecha de aprobación: 05/12/2017

1. INTRODUCCIÓN

Tomando en cuenta que la visibilización del colectivo de personas con discapacidad en el

Ecuador surge desde mediados del siglo XX, el presente artículo reflexiona desde la mirada de los

derechos de participación ciudadana-política, la construcción de este colectivo como sujetos de

derechos.

Para ello hay que señalar que se hará una contextualización histórica sobre la conquista de los

espacios sociales de las personas con discapacidad a partir de dos periodos; el primero está planteado

desde 1960 hasta los inicios del 2000, años en los que los derechos de estas personas eran, en cierta

medida, invisibilizados, por tanto, no positivizados; en otros casos eran reconocidos únicamente de

manera general, tal como lo señaló la derogada Constitución de 1998, la cual incluyó en su articulado

las responsabilidades que el Estado, conjuntamente con la familia, debía cumplir en cuanto a

garantizar la prevención, trabajar en el derecho a la atención prioritaria, la rehabilitación integral, la

generación de una integración social, la equiparación de oportunidades, así como el establecimiento

de medidas que protejan el derecho a la educación, a la salud, a la inserción laboral, el derecho a

comunicarse por medio de formas alternativas, la atención prioritaria en créditos y en las exenciones

tributarias; pero sobre los derechos de participación ciudadana-política no estableció una

especificidad respecto a las personas con discapacidad.

El segundo periodo se enmarca en los años 2008-2017, etapa en la que se ha mantenido

vigente la Constitución creada en Montecristi, la cual reivindica en su articulado, de manera explícita,

los derechos de los grupos que en la anterior época estaban medianamente atendidos o, dicho de

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otro modo, no contaban con medidas legales o con políticas estatales que garanticen ampliamente el

derecho a una participación inclusiva; sin embargo, en estos últimos años han pasado a ser

visibilizados como grupos de atención prioritaria, partiendo desde los principios de dignidad e

igualdad, considerándolos como sujetos plenos de derechos, principalmente porque se conciben a

través de diferentes vías, mecanismos equitativos e inclusivos de participación.

En otros términos, la importancia del trabajo resalta cómo este colectivo, a lo largo del tiempo,

se viene apropiando de los espacios sociales a nivel organizativo, educativo, laboral, político y cultural

para generar formas de visibilización e interpelación histórica de las personas con discapacidad

respecto a los imaginarios hegemónicos existentes; lo que ha conllevado a poner en el contexto

nacional la reflexión de otras formas de construir participación ciudadana/política, desde las

demandas de la diferencia o diversidad. Entendiendo como diferencia a toda forma particular de

existencia que tensiona los paradigmas e imaginarios dominantes de la sociedad.

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2. ANTECEDENTES

La historia del Ecuador, tejida en base a una serie de hechos suscitados a lo largo del tiempo,

registra, concretamente en el contexto de los años sesenta hasta finales de los ochenta, el ingreso a

una época que se vio influenciada por lo que el historiador Enrique Ayala Mora considera “un

esfuerzo de modernización”3, que permitió en medio de varios problemas nacionales establecer, por

mencionar en términos generales, nuevos escenarios de transformación respecto a las realidades:

política, ideológica, económica, educativa, religiosa de las relaciones internacionales, del modelo de

Estado, del surgimiento de distintos medios de comunicación, del crecimiento de los sectores

urbanos, entre otros aspectos que, en definitiva, “estuvieron marcados por el inicio de

transformaciones de la sociedad toda”4. Transformaciones que, además, bajo un modelo de Estado

reformista, estuvieron ligadas a la sucesión de varios gobiernos que expidieron dos Cartas Magnas: la

Constitución de 1967 y la Constitución de 1978, las cuales no desarrollaron de manera amplia los

derechos de los colectivos diversos que estaban históricamente olvidados.

Así pues, los derechos del colectivo de personas con discapacidad, en estos dos instrumentos

legales, no estaban expresamente garantizados. Por su parte, la Constitución de 1967, en cuanto a los

derechos de participación ciudadana-política, presentaba simplemente una generalización para todos

los ecuatorianos; pues se garantizaba la participación activa en el ámbito político, permitiendo la

elección de gobernantes, la elaboración de leyes, la fiscalización del poder público, el desempeño de

funciones públicas, así como la participación en partidos políticos. La Constitución de 1978 se refiere

en gran parte en sentido similar pero reconoce particularmente el derecho al voto facultativo de las

personas analfabetas, dejando pendiente hasta la próxima Constitución, la de 1998, la exclusión que

venían enfrentando las personas con discapacidad.

Con esto último se puede decir que la situación del colectivo en estudio, posteriormente, se

modificó de modo parcial en el contexto de una nueva época neoliberal, en la que los movimientos

reconocidos como afroecuatorianos e Indígenas, entre los años ochenta y noventa, se movilizaron en

3 Enrique Ayala Mora, Resumen de la Historia del Ecuador (3. ª ed., Corporación Editora Nacional 2008) 56. 4 Ibíd.

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la búsqueda de la reivindicación de sus propios derechos, cuyas demandas, en el caso de los

afroecuatorianos, se enmarcaron en incidir en las instituciones, tanto en lo social, en lo político como

en lo cultural, exigiendo la garantía de los derechos de ciudadanía, de participación e inclusión social.

Proponiendo como pivote de lucha el combate contra la discriminación, el racismo, la pobreza, así

como la desigualdad económica por la que se han visto afectados.

En cambio el movimiento Indígena obligó a hacer un replanteamiento de la estructura misma

del Estado, poniendo en discusión temas como la autodeterminación de sus territorios comunales, el

respeto a sus lenguas, a sus tradiciones ancestrales, la legitimación de una justicia propia, que no

precisamente se fundamenta en principios del derecho romano occidental, el respeto a sus

cosmologías particulares, sus formas de temporalidad, entre otros aspectos.

Así, aquel agenciamiento propuso una restructuración del Estado, tanto en su Constitución

como en la organización sociopolítica, puesto que la emergencia de nuevos actores sociales

diversificaba con las formas homogéneas de constituir un Estado, lo que originó consecutivamente

que en la Constitución de 1998 el Ecuador se convierta por primera vez en un país pluricultural,

pluriétnico y plurinacional. Lo que, en palabras de Pablo Dávalos, produce una alteración del

ordenamiento vigente y una necesidad de reforma del ordenamiento estructural del Estado.

Ahora bien, a pesar de que estos dos movimientos plantearon, bajo el enfoque de la

diversidad, la reivindicación de sus derechos, también se puede notar de manera paradójica que estos

no incluyeron en ninguna de sus demandas o de sus luchas la reivindicación social de los derechos de

las personas con discapacidad, siendo que la presencia de estas personas que viven en sus

poblaciones es de alto porcentaje. Empero, en medio de esa realidad, tampoco se puede negar que el

logro sustancial de sus luchas permitió paulatinamente diversificar de manera general la visibilización

de algunos actores sociales. Entre ellos, el de las personas que se encuentran en situación de

discapacidad, a quienes recién en la Constitución de 1998 se les otorgan las garantías de algunos

derechos, como por ejemplo el derecho a ejercer el voto, el mismo que se consolida ampliamente en

la Constitución actual.

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3. Importantes hechos de visibilización sobre las personas con discapacidad en el Ecuador

Los inicios de los años 60 es el momento en el que las personas ecuatorianas con discapacidad

empiezan, de cierta manera, a conquistar espacios de visibilización social, en vista de que esta es la

época en la que se crearon los primeros centros que brindaron atención bajo un modelo de

rehabilitación, con el fin de cubrir las necesidades educativas especiales, los que permitieron la

inserción de la persona con discapacidad a la sociedad. A consecuencia de ello, se creó en la ciudad de

Quito el Centro de Formación y Capacitación Laboral para Ciegos (CEFOCLAC), el Instituto de Audición

y Lenguaje (INAL), el instituto Especial para Ciegos y Sordos Mariana de Jesús, la Escuela Especial para

Ciegos de la ciudad de Guayaquil, entre otras escuelas especiales que se ubicaron en otras ciudades

como Ambato, Loja y Machala. Teniendo muchos de ellos como apoyo institucional para su desarrollo

la ayuda de fundaciones privadas, tal es el caso del desaparecido Instituto Especial para Ciegos y

Sordos Mariana de Jesús, cuyas necesidades financieras las cubrían un grupo de mujeres de posición

económica acaudalada, bajo la figura legal de Fundación Amiga de los Ciegos. En ese contexto, a partir

de 1979, año en que se aprobó la ley de educación especial, el Estado ecuatoriano comenzó a asignar

partidas presupuestarias para atender las necesidades de estos centros; no obstante, es oportuno

señalar que a mediados de los noventa y en los primeros años de la década del dos mil, comienza un

declive de estas instituciones, gracias a que se posesiona un modelo de integración que consistía en

insertar a niños y niñas en edad escolar en escuelas de formación regular. Puesto que se creía que los

centros de atención especial se convertían en lo que Goffman definiría como guetos sociales, es decir,

aquellos centros generaban un aislamiento de las personas con discapacidad del resto de la sociedad.

Sin embargo, aquellos centros posibilitaban el desarrollo de habilidades fundamentales para el

desenvolvimiento social en todas sus dimensiones, desde potencializar habilidades como el cuidado y

decoro personal, la orientación y movilidad, habilidades de expresión oral y relacionamiento social,

desenvolvimiento en labores culinarias, limpieza, ordenamiento de la casa, entre otras.

A todo esto hay que añadir que la creación de estas instituciones permitió a las personas con

discapacidad generar espacios de organización que dieron como resultado la creación de asociaciones

con las que pudieron emprender acciones que beneficien a ese colectivo. Es así que en el caso de las

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personas con discapacidad visual conformaron, en la ciudad de Quito, la primera Sociedad de Ciegos

denominada Luis Braille, cuyo espacio para su funcionamiento, hasta la actualidad es una casa

ubicada en el Centro Histórico de la ciudad, conseguida en comodato con el gobierno de turno,

forjándose desde ese espacio las primeras visibilizaciones de este colectivo en lo que corresponde a

crearse fuentes de ingresos, especialmente en la venta de confitería como también sobre la

visibilización artística a través de la música.

A partir de este hecho, afirmaremos que en la mayoría de las 24 provincias del país surge el

interés por agruparse bajo la figura jurídica de asociación, coyuntura que sirvió para que en 1985 se

creara la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador (FENCE), con sus 30 filiales a lo largo y ancho del

país, cuyas finalidades serían: “Impulsar a los ciegos al progreso y desarrollo de acuerdo con las

corrientes modernas de la tiflología; velar por el mejoramiento cultural, económico y social de sus

instituciones y de sus afiliados; ampliar proyectos de formación, capacitación profesional y empleo;

brindar atención a la población indígena con discapacidad visual o baja visión”5.

De la misma manera, se crea la Federación Nacional de Sordos del Ecuador (FENASEC),

encargada de trabajar por mejorar los canales de comunicación para las personas sordas. Con una

cobertura de 1200 personas, aproximadamente, con diferentes alcances, de entre ellos se puede

señalar el reconocimiento de la lengua de señas en la Constitución del 2008 como forma comunicativa

oficial de las personas sordas, la producción de un cine accesible, la creación del primer diccionario en

lenguas de señas ecuatoriano, editado en el 2012.

Por otra parte, se crea también la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física

(FENEDIF), que “trabaja en coordinación con instituciones del sector público y privado, en diseño de

proyectos para desarrollar acciones en beneficio de sus asociados. Sus principales acciones se centran

en proyectos de capacitación, de desarrollo institucional, elaboración de normas, reglamentaciones,

5 La Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF), ‘Misión’ (2017), <http://www.discapacidadesecuador.org/sil/index.php?btnpagina=pagina-publico-mision> 27 de julio de 2017

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http://www.discapacidadesecuador.org/sil/index.php?btnpagina=pagina-publico-mision



publicaciones, participación en eventos nacionales e internacionales, equipamiento, capacitación,

formación de líderes y relaciones internacionales“6.

Estas federaciones comenzarían a hacer presencia política a partir de 1992, año en que se

publica en el Registro Oficial la ley 180 de discapacidades, la misma que ordena se constituya en el

Ecuador el Consejo Nacional de Discapacidades, el cual estaría conformado por los representantes de

las mencionadas federaciones, quienes serían parte de su directorio.

Desde aquel momento se podría hablar de que el Estado ecuatoriano se compromete con la

realidad de las personas con discapacidad, en el sentido de que le encarga al CONADIS el diseño del

Plan Nacional de Discapacidades que, entre sus diversos campos de acción, se encargaría de

fortalecer el nivel organizativo de sus federaciones, el establecimiento de las responsabilidades y de

las competencias, así como de las atribuciones de las instituciones públicas que inciden en el colectivo

de las discapacidades y la coordinación de acciones de las instancias públicas, la elaboración y

actualización del marco normativo. Quiere decir que el Consejo Nacional de Discapacidades desde sus

inicios se convertiría en la institución rectora de la política pública de discapacidades en el Ecuador.

Sin embargo, pese a los esfuerzos por trabajar de forma coordinada en favor de las personas

con discapacidad, el Ecuador, como anteriormente se señaló, en la década de los noventa se

caracterizaba por un modelo neoliberal en la aplicación de la política pública. Pues el modelo

neoliberal significó para el ámbito de la discapacidad una reducción en su atención que, además, se

veía afectada por la inestabilidad de los gobiernos de turno, que no permitían sostener una política,

plan o programa de larga o mediana duración; así como también la presencia de manifestaciones

sociales que paralizaban el país, las mismas que no ayudaban a sostener los procesos. Como corolario

de esta inestabilidad, afirmaremos que desde 1996 hasta el 2006 se sucedieron en el poder seis

gobiernos de turno.

Por otra parte, en la mencionada época se posesiona un paradigma de integración de las

personas con discapacidad en determinadas instancias de interacción social. Es así que, a modo de un

6 Ramiro Casar, ‘Breve análisis de la situación de las discapacidades en el Ecuador’ (2017), <http://icevi.org/latin_america/publications/quito_conference/analisis_de_la_situacion_de_las_.htm> 27 de julio de 2017

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http://icevi.org/latin_america/publications/quito_conference/analisis_de_la_situacion_de_las_.htm



primer ensayo, se caracterizó por insertar a estudiantes de educación primaria y enseñanza media en

centros educativos regulares, con el objetivo de que a través de la convivencia se posibiliten

renovados imaginarios sociales con referencia a las discapacidades. Sin embargo, ese proceso de

integración no alcanzó los resultados esperados, puesto que los docentes regulares no estaban

capacitados en metodologías alternativas de enseñanza, debido a que aún en la actualidad no se ha

planteado por parte del Estado un programa que capacite de forma integral a todos los educadores

del país sobre pedagogía adaptada que permita una adecuada enseñanza. Ese imaginario de

integración trascendió a otros espacios, como el laboral, alcanzando como resultado en el 2006 una

reforma del Código de Trabajo, en el que se obliga a las instituciones públicas y privadas a contratar al

4% de su plantilla laboral en el colectivo de personas con discapacidad.

Esa iniciativa también tiene su dificultad, puesto que existe un desconocimiento de los

empleadores acerca de las potencialidades y competencias laborales que una persona con

discapacidad puede presentar. Por lo que muchas empresas deciden emplearlos para cargos menores

de auxiliares de servicios, limpieza, call center; o les emplean únicamente para evitar los recargos de

ley que implica el no cumplimiento de esta normativa. Por tanto, el paradigma de integración tiene

sus límites en el sentido de que reduce la participación únicamente a pequeños espacios de

interacción social, mas no les permite la asignación de cargos de decisión e incidencia social, muestra

clara que nos permite pensar que a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI el Estado marca el

escenario de participación a pequeños espacios de impacto social.

Empero, a partir del 3 de abril del 2008, año en el que el Ecuador ratifica la Convención sobre

los Derechos de las Personas con Discapacidad, la situación cambia porque en esa lógica la

Constitución vigente del 2008 crea dentro de su articulado la sección de los Grupos de Atención

Prioritaria, en la cual se incluye a las personas con discapacidad, dedicándoles tres artículos, desde el

47 al 49, en los que el Estado se compromete a reconocer sus derechos en cuanto a la atención

especializada en salud, rehabilitación integral, rebaja en los servicios públicos, exención en el régimen

tributario, trabajo en condición de igualdad de oportunidades, vivienda adecuada, educación pública

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en establecimientos regulares y especializados, acceso y eliminación de barreras arquitectónicas,

acceso a formas educativas alternativas como a la lengua de señas, el oralismo y el sistema braille.

Esta normativa, más la voluntad política del exvicepresidente de la República del Ecuador, el

Lcdo. Lenin Moreno, plantea en junio del 2009 la Misión Solidaria Manuela Espejo, que es un estudio

biopsicosocial para conocer la realidad de las personas con discapacidad a lo largo y ancho del

Ecuador. Aquella política generó un impacto directo sobre los colectivos de personas con

discapacidad; develando que en el Ecuador existen 427.8267 personas con discapacidad, por las que el

Estado debería trabajar para crear las condiciones necesarias para que este colectivo pueda

desarrollarse en igualdad de condiciones y en un entorno de justicia social.

4. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA-POLÍTICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A partir de la Revolución Francesa se afianza en occidente un modelo de Estado nación que se

organiza y estructura bajo los principios de libertad, fraternidad e igualdad, que plantea a la

democracia como la forma idónea de organización y participación política. Es así que el voto universal

es una apertura para el empoderamiento de todos los individuos que estén en capacidad de ejercer

ese derecho. El cuestionamiento en estas últimas décadas ha sido preguntarse ¿de qué manera se

generarían los mecanismos para que los colectivos históricamente invisibilizados puedan ejercer su

derecho a la democracia?

Es importante señalar que a finales del siglo XX y principios del XXI se afianza un paradigma de

Estado de bienestar en la aplicación de la política pública, lo que implica un monopolio institucional

en el manejo de los asuntos públicos, sin permitir la participación de los grupos o colectivos que se

beneficiarían con la intervención estatal. Sin embargo, a partir de la Constitución del 2008 se exige en

el Estado un replanteamiento de la aplicación de la política, entendiendo a lo público, en palabras de

Joan Subirats, “como asunto de todos, que se vincularía a una idea dinámica de ciudadanía articulada

desde los valores de la igualdad de oportunidades, la solidaridad, la democracia y la autonomía

7 Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), ‘Información estadística de personas con discapacidad registradas’(2017), <http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadistica/index.html> 28 de julio de 2017

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http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadistica/index.html



personal. Una ciudadanía que solamente puede crecer y consolidarse mediante su propio ejercicio.

“Una ciudadanía que debe dejar de ser un simple receptáculo o contenedor de derechos reconocidos,

para convertirse en un ejercicio permanente de corresponsabilidad y solidaridad social sobre los

problemas comunes”8.

Este cambio de paradigma de un Estado de bienestar a un Estado de inclusión social replantea

las formas de elaboración de la política pública, exigiendo al aparato institucional aterrizar sus campos

de acción en la realidad de las bases mismas de los colectivos sociales con los que se va a trabajar.

Es importante señalar que para que se genere ese trabajo en continuo diálogo con los

colectivos en situación de discapacidad, el Ecuador estructuró un marco jurídico que apuntala los

principios para la participación de las personas en situación de discapacidad en procesos de

representación y elección popular. Así pues, la Constitución del 2008, el Código de la Democracia, la

Ley Orgánica de Discapacidades, el Reglamento para la Participación Política de las Personas con

Discapacidad, el Instructivo para el Registro y Sufragio para las Personas de Voto en Casa 2013, exigen

desde lo formal la creación de políticas públicas que garanticen la efectiva construcción de una

ciudadanía democrática.

En tal virtud, a partir de las elecciones presidenciales del 2013 el Concejo Nacional Electoral

plantea y ejecuta una política pública destinada a atender necesidades que van desde el derecho a

elegir hasta efectivizar el derecho a ser elegido. En lo que corresponde al derecho a elegir se dirigen

los esfuerzos para atender aspectos puntuales como: “Cambios de domicilio, empadronamiento,

sufragantes con discapacidad, accesibilidad tanto en los recintos como en los materiales electorales,

mesa de atención preferente, plantillas braille para personas con discapacidad visual, capacitación

electoral, difusión, más el voto en casa”9.

En lo que concierne al derecho a ser elegido, la política pública fortalece la participación

política de las personas con discapacidad como candidatos, así como para elegir autoridades. Es decir,

que genera acciones para garantizar el derecho a participar en todos los ámbitos del proceso

8 Joan Subirast, Ciudadanía e inclusión social (1. ª ed. Fundación L’Esplai 2010) 10. 9 Consejo Nacional Electoral, La participación política de las personas con discapacidad en el Ecuador: perspectivas a futuro (1. º Ed. CNE 2015) 7.

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electoral. Lo que originó que en las elecciones seccionales de 2014 los diferentes partidos y

movimientos políticos candidatizaran a 480 personas con alguna discapacidad, es decir, el 2.4% del

total de candidatos inscritos, dando como resultado 84 personas que fueron favorecidos con el voto

popular, de entre ellos 4 alcaldes, 24 concejales urbanos y rurales y 54 vocales de juntas parroquiales

rurales. Las provincias donde hubo mayor presencia de personas de este colectivo fueron, El Oro con

12 y Morona Santiago con 8.

Posteriormente, para las elecciones nacionales del 2017 el Ecuador contó con

“345.467personas con discapacidad que podrían ejercer el derecho al voto. De los 1890 candidatos de

elección popular, 90 presentan algún tipo de discapacidad; de ellos, 54 candidatos participaron para

cargos titulares, es decir, el 2.85%; mientras que 41 lo harían para cargos alternos, cifra que

corresponde al 2.16% del total”10.

En ese mismo contexto, el movimiento oficialista Alianza País decide candidatizar a Lenin

Moreno para la presidencia de la república. Dignidad que gana con el 51% de votos a favor, frente al

48% de votos del candidato opositor. Dicha victoria electoral, aparentemente significaría que la

población ecuatoriana ha alcanzado un nivel de sensibilización importante para confiar en las

capacidades de una persona que vive en una situación de discapacidad.

Sin embargo, frente a esa victoria electoral hay que manifestar que se pudo experimentar en

los meses de campaña un nivel de violencia alta en relación a las personas en situación de

discapacidad. Aquella violencia se expresó directamente en redes sociales, acentuando imaginarios de

discriminación, exclusión y marginación, que se contraponen al principio de dignidad e igualdad que

tiene toda persona.

Lo que llama la atención de esta situación es que ninguna institución, federación o colectivo de

personas con discapacidad dirigieron al país ningún manifiesto público en el que se exhorte a la

10 Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), ‘Boletín de Prensa 2017-004’ (2017), <http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Bolet%C3%ADn-de-Prensa-CONADIS-2017-004.pdf> 7 de agosto de 2017

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población ecuatoriana en general a manejarse con mayor respeto en cuanto a las condiciones en las

que viven estas personas.

Por otra parte, se pensaría que al tener una persona con discapacidad como candidato a la

primera magistratura del Estado todos los colectivos de personas en situación de discapacidad

apostarían por ese proyecto político, situación que no sucedió, pese a que el excandidato Lenin

Moreno, a través de la Misión Manuela Espejo, en años anteriores trabajó para mejorar las

condiciones de las personas con discapacidad en todo el país, dotándoles de ayudas técnicas, material

tiflológico, vivienda, bonos para el desarrollo humano, entre otros beneficios.

El no apoyo de todos los colectivos con discapacidad podría obedecer a distintas razones, de

entre ellas:

• Un frágil nivel organizativo de los colectivos con discapacidad.

• La presencia del candidato Lenin Moreno no nace en las bases organizativas del colectivo

con discapacidad, si no que más bien obedece a una situación coyuntural del bloque de

Alianza País para ganar la presidencia de la República.

• La percepción de algunas personas con discapacidad es que en estos últimos años se han

reducido los beneficios de ley que, de cierto modo, derivan de la nueva recalificación a la

que deben someterse las personas con discapacidad; es decir, que si una persona en su

carnet tenía un 90% de discapacidad visual, con el nuevo modelo de recalificación que

realiza el Ministerio de Salud este porcentaje se disminuye, básicamente por los criterios de

calificación, que no analizan solamente a la condición de la discapacidad desde el aspecto

médico, también desde lo psicológico, lo económico, lo laboral y lo educativo. Esto implica

que en el caso de que una persona esté laborando o tenga un nivel de educación superior

se vería afectada en la asignación de su porcentaje de discapacidad, puesto que esto

repercute en la restricción de sus derechos, generando desde ese punto de vista un

descontento del colectivo.

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• El acceso laboral todavía sigue siendo una dificultad, puesto que se mantienen formas de

discriminación, ya sea en el momento de acceder a un puesto de trabajo o durante su

permanencia en él.

Pese a estas críticas, es importante señalar que los colectivos en situación de discapacidad en

el Ecuador, afrontan nuevos desafíos en cuanto a que tienen que juntar esfuerzos para que sus

derechos estipulados en la Constitución y en la Ley Orgánica de Discapacidades se efectivicen.

Permitiendo el acceso en igualdad de condiciones a la educación, la salud, la seguridad social, el

acceso laboral y la participación política, efectivizando su condición como sujetos de derechos y en

pleno ejercicio de su ciudadanía.

Por otra parte, el presidente Lenin Moreno asume la responsabilidad histórica de afianzar otro

tipo de imaginario con relación a las personas con discapacidad en la sociedad ecuatoriana y, por qué

no, Latinoamericana, puesto que su desenvolvimiento en la primera magistratura del Estado

confirmarían, o no, los imaginarios adversos que por mucho tiempo se han venido construyendo en la

sociedad.

5. CONCLUSIÓN

Es evidente un avance sustancial en la participación política-ciudadana de los colectivos en

situación de discapacidad, desde la época de los sesenta, siendo la época actual la que presenta una

visibilización más específica en torno a la participación ciudadano-política de este colectivo en la

praxis social. No obstante, para que se hayan generado este tipo de procesos inclusivos ha sido

necesario contar con la voluntad política e ideológica de los gobiernos de turno, así como con la

normativa respectiva para que exista una política pública que garantice los derechos políticos-

ciudadanos del colectivo en estudio.

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6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

a. Bibliografía.

Asamblea Nacional. (25 de septiembre de 2012). Ley orgánica de Discapacidades. Quito, Ecuador:

Registro Oficial 796.

Consejo Nacional Electoral. (2015). La participación política de las personas con discapacidad en el

Ecuador: perspectivas a futuro. (Primera ed.), CNE

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), (1 de febrero de 2017).

Consejodiscapacidades.gob.ec. obtenido de Boletín de Prensa:


Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. (4 de febrero de 2017).

Consejodiscapacidades.gob.ec. Obtenido de Estadísticas:


Enrique Ayala Mora. (2008). Resumen de la Historia del Ecuador (Tercera ed.) Quito: Corporación

Editora Nacional.

Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF). (30 de junio de 2017).

Discapacidadesecuador.org. Obtenido de Misión:


Subirast, J. (2010). Ciudadanía e inclusión social. Barcelona: Fundación L´Esplai.

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http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/


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