Caracas, 30 de enero de 2013Universidad Católica Andrés BelloEscuela de Comunicación Social

Información InternacionalProfesor Oláguer Chacón

Adriana Tamayo

Violaciones a los DDHH en el caso más largo de la historia judicial

El caso de los comisarios y policías metropolitanos, condenados injustamente, que ha sido fuente de controversia en Venezuela desde el año 2002

Henry Vivas, Iván Simonovis y Lázaro Forero, condenados a 30 años de cárcel sin pruebas en su contra

Luego de 7 años de juicio, 230 audiencias, 5700 foto-grafías, 6 meses de gra-bación y un expediente de más de 17 mil páginas que probaban la inocencia de los comisarios y policías met-ropolitanos, supuestamente implicados en los hechos violentos que ocurrieron en Caracas, Venezuela, el 11 de abril de 2002; el Ministerio Público, órgano estatal encar-gado de llevar los procesos judiciales, en menos de una semana dictó su firme sen-tencia: 30 años de cárcel para los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simo-novis, la pena máxima exis-tente en el país caribeño. Teniendo en cuenta las condiciones de reclusión en las que viven los comisa-rios, sería el equivalente a una condena a muerte en cu-alquier otro país.

Actualmente, a dos de ellos: Henry Vivas y Lázaro Forero, les fue otorgada una medida humanitaria debi-do a las enfermedades que padecen; sin embargo, a Iván

Simonovis, el blan-co del Gobierno de Hugo Chávez, le ha sido negada en dos oportunidades. Este mes de enero se decidirá si la tercera petición procede en su caso, debido a que su estado de salud es cada vez más crítico, conse-cuencia de las infrahumanas condiciones de reclusión en que se encuentra. El caso ha sido ll-evado a organismos inter-nacionales encargados de la protección y la defensa de los Derechos Humanos, en-tre los cuales se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual se llevó la petición en el año 2010.Este año se espera que sea admitida a trámite para

que posteriormente, si la Comisión lo considera per-tinente, se haga la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual dará el veredicto final.

Antecedentes del 11-A

El ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías asumió la presi-dencia de Venezuela en 1999. Al poco tiempo, su discurso se fue tornando cada vez más violento y excluyente hacia los sectores que pensaban diferente a él. A mediados de 2001 el Ejecutivo aprobó 49 leyes a través de una Ley Habili-tante, entre las cuales se en-contraban la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley Orgá

Hugo ChávezPresidente de Venezuela

Manifestación en contra de Hugo Chávez

nica Tierras y Desarrollo Agrario, la cual permitía la expropiación de latifundios. Estas leyes generaron un descontento en muchos grupos de la población, espe-cialmente en el sector de los empresarios, que calificó de arbitrario y antidemocrático el paquete legislativo. Pedro Carmona Es-tanga, presidente de FEDE-CAMARAS, asociación que agrupa al sector de empresa-rios de Venezuela, convocó a un paro nacional que tuvo lugar el 10 de diciembre de 2001, al cual se sumó la Con-federación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y otros trabajadores independientes. Esta decisión abriría una gran brecha entre la oposición y el oficialismo y agotaría los últimos canales de diálogo, abonando el ter-reno para una inminente con-frontación entre los grupos. En rechazo a las deci-siones tomadas por el Gobi-

erno, la oposición organizaba marchas y protestas que se hicieron cada vez más masi-vas y recurrentes. El trabajo de la policía metropolitana se fue hacien-do cada vez más difícil en sus intentos de evitar confronta-ciones entre los opositores al Gobierno y los Círculos Bo-livarianos, grupos radicales que se encargarían de defend-er los ideales del Presidente al precio que fuera. El 7 de abril, Hugo Chávez, en su programa dominical, Aló Presidente, con un silbato en la boca de-spidió públicamente a los tra-bajadores de la estatal petrol-era Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) porque estos se opusieron a las nuevas medidas que se

Pedro Carmona EstangaEx presidente de Fedecámaras

querían implementar en la empresa. El 10 de abril se con-vocó a un paro nacional in-definido, en respuesta a las accciones del Gobierno, y el 11 de abril se llevó a cabo una de las más grandes protestas en la historia de Venezuela, la cual marcaría el punto de inflexión en el régimen de Hugo Chávez y trazaría el de-venir de los acontecimientos de los años posteriores.

Los hechos del 11-A

El 11 de abril de 2002 ocur-rieron en Caracas, Venezuela, una serie de acontecimien-tos de índole política que culminaron con la renuncia temporal del presidente de la República.

Se convocó a una gran mar-cha para oponerse a las me-didas arbitrarias tomadas por el Gobierno. En un principio, era una protesta relativa-mente corta que recorrería 6 km, partiendo de la parroquia Petare, al este de la ciudad, hasta Chuao, sede de PD-VSA, donde tendría lugar la concentración. Se calcula que 1 mil-lón de manifestantes acudió a la protesta, lo cual superó en gran medida las expecta-tivas. De un momento a otro, las personas eufóricas comenzaron a gritar “Vamos a Miraflores”, sede del Gobi-erno de Venezuela ubicada en el centro de Caracas donde se encuentra el despacho presi-dencial, para pedirle la renun-

Caracas, Venezuela.11 de abril de 2002Manifestación contra el Gobierno de Hugo Chávez

cia a Hugo Chávez. Los medios de comu-nicación, desde la tarima de Chuao, transmitieron las de-claraciones del Secretario de Seguridad Ciudadana, Iván Simonovis, quien pidió en-carecidamente a las personas no ir hasta Miraflores, porque no tenían los permisos para acercarse a este lugar y que, por lo tanto, corrían peligro. Mientras tanto, los cabecillas del Gobierno con-vocaron a su partidarios, muchos de ellos con armas de fuego, para que hicieran frente a la marcha opositora que se acercaba. Los efecti-vos de la Guardia Nacional acompañaban a los oficialis-

tas mientras que los Policías Metropolitanos intentaban controlar al sector opositor. La marcha llegó al centro de la ciudad y se dis-gregó en los alrededores de Miraflores. A la 1 de la tarde co-menzaron los hechos violen-tos, especialmente en la Av. Baralt, que sumaron un total de 16 fallecidos y más de 100 heridos. Paralelo a esto, el Presidente Chávez transmitía una cadena nacional de radio y televisión, lo cual llevó a los canales privados a partir la pantalla en dos, donde se observaba simultáneamente a Chávez hablando y a los pis-

toleros disparando. Los funcionarios de la Policía Metropolitana hicier-on todo lo posible por restabl-ecer el orden, tarea que cada vez se hizo más difícil porque se detectaron francotiradores en azoteas de edificios aleda-ños, hecho que alteró más aún la situación. En la tarde de ese día, Generales de Alto Mando Militar se reunieron con el Presidente para solicitarle la renuncia. En la madrugada del 12 de abril, el General Lucas Rincón Romero, an-unció en vivo y directo que a Chávez se le había solicitado la renuncia y él había acep-tado.

El desenlace

Aún cuando en el juicio que se llevó a cabo se demostró que los francotiradores, ofi-cialistas que tenían car-gos en entes del Gobierno, habían sido los culpables de la muertes, los comisarios y policías metropolitanos que arriesgaron su vida para evi-tar una masacre fueron con-denados a 30 años de cárcel, pena máxima existente en Venezuela.

La condena

Los comisarios Vivas, Forero y Simonovis no solo fueron condenados a 30 años de cár

cel injustamente; también han sido víctimas de torturas y tratos inhumanos, lo cual ha atentado gravemente contra sus derechos fundamentales. Desde 2004 los tres comisarios estuvieron reclui-dos en el Servicio Bolivari-ano de Inteligencia SEBIN. Actualmente, Simonovis es el único que se encuentra preso. Según Hernández, Pertiñez y Tamayo (2012), abogados de Iván Simonovis, en el documento oficial de Medida Humanitaria que fue solicitado para el recluso, se puede leer que Simonovis

permanece en un improvisa-do calabozo individual de

4 metros cuadrados, donde es encerrado con candado

entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Las nece-

sidades fisiológicas durante ese tiempo debe realizarlas

Caracas, Venezuela.11 de abril de 2002en envases plásticos, pues

los calabozos no cuentan con baño. Asimismo, se le per-

mite salir de su calabozo du-rante el día a un pasillo que mide 28 metros de largo por 1 metro de ancho, el cual se

encuentra frente a los cal-abozos y tiene que compartir

con otros 16 reclusos. Este pasillo es totalmente cer-

rado , carece de ventilación natural y no permite ver la

luz del día...Para ilustrar las condiciones de reclusión,

nuestro defendido solo ha recibido 13 días completos

de sol en 8 años, siendo ésta la principal causa de su

osteoporosis(pp. 3-4)

En ese mismo docu-mento, se expone que Simo-novis padece de Síndrome Túnel del Carpo Bilateral, consecuencia del uso de es-posas muy ajustadas que in-

flaman el nervio y hacen que se produzca dolor y se pierda fuerza muscular (Hernández et al).

Tratados Internacionales que han sido violados

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Art. 3Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y se-guridad de su persona

Art. 5Nadie será sometido a tortu-ras ni a penas o tratos cruel-es, inhumanos o degradantes

Art. 9Nadie podrá ser arbitrari-amente detenido, preso ni ex-iliado

Iván Simonovis. Preso político

Art. 10Toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal inde-pendiente e imparcial

Art. 13

En caso de persecución toda persona tiene derecho a bus-car asilo y a disfrutar de él en otros países

Convención Americana sobre Derechos

Art. 7

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamien-

to arbitrarios. 3. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su deten-ción y notificada, sin demora, del cargo o cargos formula-dos contra ella.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario por la ley para ejercer funciones judiciales

5. Toda persona privada de libertad tiene derecho a re-currir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o de-tención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.

Art. 8

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, inde-pendiente e imparcial.

“La violación más grande a los DDHH es haberlos condenado a 30 años de cárcel sin pruebas de

culpabilidad”

Entrevista al abogado penalista, José Luis Tamayo, defensor de los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis

José Luis Tamayo, abogado penalista defensor de Vivas, Forero y Simonovis

El doctor José Luis Tamayo ha dedicado los últimos nueve años de su vida a un caso que se ha convertido en una tortura para unos, los

condenados y sus familiares, y en causa de regocijo para los partidarios de un régi-men que se ha caracterizado por violar flagrantemente los

derechos de todos los ciu-dadanos que se oponen a su ideología. Han sido miles los atropel-los que han tenido que so-

portar los defensores de este caso, que se ha puesto cada vez más cuesta arriba debido a que han tenido que enfren-tarse a un Poder Judicial par-cializado en favor de los in-tereses del oficialismo. Luisa Estela Morales, presidenta del máximo or-ganismo judicial, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dejó muy en claro que “Los venezolanos que acudan a los tribunales para oponerse a los planes del Gobierno de instaurar un modelo socialis-ta en el país, de antemano tienen la batalla perdida, pues el Poder Judicial no se opondrá a dichas intencio-nes. Por el contrario, las res-paldará.” (Alonso, 2013)

El doctor José Luis Tamayo conversará más a fondo sobre el tema.

Doctor Tamayo, ¿Por qué sí se otorgó una medida a Forero y a Vivas y a Simo-novis no?

A Forero fue al primero de los comisarios que se le otorgó una medida humanitaria, en mayo de 2011. Ocurrió así porque coincidió con la de-claratoria que hizo Chávez de su cáncer. Esto de algún modo motivó a Chávez para que hiciera un llamado al Poder Judicial con el fin de que se les diera una medida

cautelar a todos los privados de libertad que padecieran de cáncer, independientemente de su delito. A Forero, unos meses antes, se le había diag-nosticado cáncer de próstata. En cuanto Chávez anunció esto, él salió en menos de una semana. Simonovis es el más emblemático de todos los comisarios. Siempre ha sido el objetivo principal del Go-bierno porque es la represen-tación de un castigo ejemplar por los hechos ocurridos el 11-A; a pesar de que él no tuvo nada que ver desde el punto de vista jurídico en los hechos ocurridos ese día porque él ni siquiera estuvo en la Avenida Baralt.

¿Cree que, en el caso hipo-tético de que el presidente Chávez no hubiese pa-decido de su enfermedad, hubiese procedido una me-dida humanitaria para los comisarios?

Hubiera sido mucho más complicado. Aquí los tribu-nales tenían terror de otorgar medidas humanitarias, aún

cuando estas procedieran. En los casos relacio-nados con el Gobierno, los jueces no tienen ni autonomía ni independencia por lo cual esperan instrucciones del Presidente para tomar deci-siones. En este caso, si Chávez no hubiese caído enfermo, y por lo tanto, no hubiese hecho ese llamado al Poder Judicial, las únicas medidas humanitarias que se hubieran dado en Venezuela hubiesen sido para aquellas personas que estuviesen a un pie de la tumba.

¿Cuál es el estado actual de la salud de Simonovis?

Hace unos años Simonovis tenía unas patologías que no eran graves. Su principal problema es la osteoporosis. Esta enfermedad, cu-ando es debidamente tratada, es curable y se puede sobrel-levar. En su caso, se le ha ob-ligado a vivir en condiciones deplorables, en las cuales pu-ede tomar sol una vez cada 15 días, haciendo que esta enfer-medad leve se haya conver-tido en una enfermedad muy grave, hasta el punto de que su columna puede fracturarse en cualquier momento. Además de esto, sufre unas 10-15 patologías dis-tintas, y de no otorgársele la medida humanitaria, Simo-

novis corre el riesgo de que-dar paralítico o incluso morir. ¿Quiénes son candidatos para optar por una medida humanitaria?

Según el COPP, pueden optar para una medida humanitaria todos aquellos penados por una sentencia condenatoria contra la cual se han agotado todos los recursos posibles, que sufran de enfermedades graves o terminales. En este caso se realiza un examen médico integral al privado de libertad, se escucha la opin-ión de un médico forense, se hace la audiencia y si el Min-isterio Público reconoce que el penado padece de la enfer-medad, se le concede la me-dida humanitaria.

¿La medida humanitaria elimina por completo la sentencia contenatoria?

No, la medida humanitaria se concede hasta tanto el penado recupere su salud. En el mo-mento en que esté sano debe volver a la cárcel.

Se presentó el caso de los comisarios y policias metro-politanos ante la CIDH en noviembre de 2010. ¿Cuál es el proceso que viene a continuación?

En la CIDH nos advirtieron

que el proceso es muy lento, debido a la cantidad de casos que reciben anualmente. Este año debe ser admitida a trámite la denun-cia. Si la CIDH considera que efectivamente el Estado venezolano violó los DDHH de estas personas, hará una denuncia ante la CorteIDH y ésta última debe dictar una sentencia que debe conde-nar al Estado venezolano por esas graves violaciones a los DDHH. ¿De qué manera influirá so-bre el caso el hecho de que Venezuela se haya retirado de la CIDH en 2012?

En este caso no influye porque todos los casos que se presentaron con anterioridad al retiro seguirán siendo tra-mitados.

¿Qué Derechos Humanos han violado a los comisa-rios y a los policías metro-politanos?

Las graves violaciones a los DDHH vienen dadas por de-tenciones ilegales, por re-tardos procesales, por viola-ciones al debido proceso y al derecho a la defensa, así como por interferencias de los poderes Ejecutivo, Legis-lativo y Judicial. Por ejemplo, luego de que se comprobó que los

comisarios y policías efecti-vamente evitaron que ocur-riera una masacre el 11-A, bastó que Chávez, más adel-ante, los calificara de asesi-nos para que ellos pasaran de ser héroes a ser villanos. Inmediatamente el Ministerio Público cambió la versión y reescribió la historia. Además, nunca ha ha-bido un caso que dure 3 años en la fase de juicio. Desde el momento de la detención hasta la sentencia trancurrier-on 6 ó 7 años, convirtiéndose éste en el más largo de la his-toria. Todas éstas constituy-en violaciones a los DDHH. Claro está, la más grave es haberlos condenado a 30 años de cárcel sin que exista prueba de la culpabilidad. El mismo Magistra-do del TSJ, Eladio Aponte Aponte, protagonista nefasto en este caso, aceptó que la sentencia había sido dictada siguiendo instrucciones del Presidente de la República y reconoció todas las tropelías e irregularidades que no-sotros veníamos denunciando desde hace tiempo. La Sala Penal lo que hizo fue dictar una sentencia en 7 días, que evitenciaba que ni siquiera se leyó el expedi-ente. La sentencia de primera instancia tenía 5 mil páginas, 7 mil páginas la de segunda instancia y nuestro recurso

tenía aproximadamente 5 mil. Además de esto había 6 meses de grabación y más de 200 piezas de expediente de aproximadamente 300 fo-lios cada uno. Mínimo tenía que pasar 1 año para dictar una sentencia ajustada al derecho.

Cuando Iván Simonovis fue al Hospital de Clíni-cas Caracas a realizarse unos exámenes médicos en diciembre de 2012, hubo un médico del SEBIN, Miguel Barra, que se encargó de entorpecer el proceso. ¿Cuál es el estado actual de la investigación que se abrió en su contra y cuál sería la pena?

Hace unos días recibí una co-municación de la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República donde se comis-ionó a un fiscal para que le siga la investigación a Miguel Barra. Luego de que se haga el estudio se determinará si hay algún tipo de responsabi-lidad penal o disciplinaria en contra de este médico. Desde el punto de vista jurídico creo que él ha incurrido en el delito de abu-so y usurpación de funciones y en la obstrucción a la justi-cia. De ser así se sometería a unas penas que establecen la

Ley Orgánica y el COPP.

¿Qué tratados internacio-nales se han violado en este caso?

Todos se han violado, pero los más prominentes son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José. Todos estos tratados establecen una serie de garantías para todos aquellos que se sometan a un proceso judicial. Hablan del debido proceso, del derecho a la defensa y de cómo debe ser tratatado un privado de liber-tad. Un ejemplo de vio-lación a los tratados inter-nacionales ocurrió cuando la Embajada de El Salvador, presionada por el Gobierno venezolano, negó el asilo diplomático a los comisarios, violando toda la normativa internacional en materia de asilo.

El Gobierno ha afirmado muchas veces que en Ven-ezuela no existen presos políticos. ¿Qué diría usted al respecto?

Esa afirmación no tiene vali-dez jurídica ni fáctica en cu-anto a lo que está ocurriendo en el país. El cinismo de los representantes de Venezuela en el ámbito internacional no

tiene límites. Aquí basta re-visar someramente una gran cantidad de casos que están influenciados por motivos políticos, en los cuales son evidentes y prominentes las violaciones al debido pro-ceso. Estas personas lam-entablemente están obnibula-das y pretenden hacerle ver al mundo una situación que en Venezuela no existe.

Referencias

Alonso, J. F. (2013, enero 22) Morales suma al Poder Judicial a la construc-ción del socialismo. El Universal. Ex-traído el 29 de enero de 2013. http://www.eluniversal.com/nacional-y-po-litica/130122/morales-suma-al-poder-judicial-a-la-construccion-del-socialis-mo

Costa Rica, Convención Americana so-bre Derechos Humanos. (1969) Pacto de San José de Costa Rica. San José.

EE UU, Petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Huma-nos (2010). Caso Henry Vivas, Láza-ro Forero, Marco Hurtado, Héctor Rovaín, Julio Rodríguez, Arube Pérez Salazar, Luis Enrique Molina Cerrada y Erasmo Bolívar. Washington DC: José Luis Tamayo, Theresly Malavé, María del Pilar Pertinez.

Francia, Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Univer-sal de los Derechos Humanos. París: países miembros de la ONU.

Venezuela, Juez Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua (2012). Solicitud de otorga-miento de Medida de Libertad Condi-cional por razones humanitarias. Ara-gua: Igor Hernández, María del Pilar Pertiñez y José Luis Tamayo.