LA CONTRALORÍA POR UN FUTURO SIN CORRUPCIÓN

Noviembre 2014Año 6 - Edición 28

CONTROLBOLETÍN INSTITUCIONAL

VERSIÓN DIGITAL: WWW.CONTRALORIA.GOB.PE

Pág. 2 Pág. 12

6 506funcionarios involucrados en presuntos delitos contra la administración pública.

S/. 329 millonesahorrados con evaluación adecuada de presupuestos adicionales de obras

Conozca las medidas concretas adoptadas por la Contraloría General para acabar con la impunidad en casos de corrupción.

SANCIÓNEFECTIVA

2 CONTROL Boletín institucional - Noviembre 2014

Fuad Khoury ZarZarContralor General

L as estadísticas no mienten. Menos del 6% de los 443 senten-

ciados por corrupción en los últimos años fueron a la cárcel. Una de las ra-zones por las que esto sucede es el ac-tual marco jurídico que permite a un juez suspender la ejecución de la pe-na privativa de la libertad cuando las personas son condenadas a menos de cuatro años y no son reincidentes.

Situaciones como estas –sumadas a penas benignas- contribuyen a que los malos funcionarios no reciban un justo castigo y se generalice la sensa-ción de impunidad entre la población.

Para revertir esta situación, he-mos presentado al Congreso de la Re-pública un paquete de proyectos de ley anticorrupción. Uno de ellos pro-pone que todos los funcionarios con-denados a prisión por delitos contra la administración pública, purguen su condena tras las rejas por mínima que esta sea, eliminando el beneficio de suspensión de la pena para los de-litos de colusión y peculado.

El segundo proyecto busca endu-recer la pena de cárcel a quienes co-meten los delitos de peculado doloso (apropiación indebida) y colusión (concertación con los interesados para defraudar al Estado), elevando la pena mínima a cinco años.

Resulta importante que se coloque en agenda estas importantes iniciati-vas legislativas que forman parte de un paquete de proyectos que pre-sentamos para fortalecer la lucha an-ticorrupción y que, sin ninguna duda, desincentivarán las prácticas corruptas. Ya es hora de acabar con la impunidad.

Acabemos con la impunidad L as permanentes acciones

de fiscalización en todo el país, han permitido iden-

tificar a 6 506 autoridades, fun-cionarios y servidores públicos que habrían cometido presun-tos delitos contra la administra-ción pública en el periodo enero 2009-agosto 2014. La mayor par-te de los involucrados en estos hechos pertenece a los gobiernos locales y regionales.

Además, se ha determinado que 7 335 funcionarios tendrían responsabilidad civil al haber oca-sionado un perjuicio económico al Estado, dinero que tendrán que de-

6 506FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN PRESUNTOS DELITOS

volver si los tribunales los encuen-tran culpables de omisiones funcio-nales o de conductas negligentes.

Otros 48 084 funcionarios ha-brían cometido infracciones admi-nistrativas graves o muy graves, du-rante el desempeño de sus labores, por lo que podrían ser sometidos a un proceso administrativo que po-dría llevarlos, en el peor de los ca-sos, a la suspensión o inhabilitación para trabajar en el Estado.

Estos son los resultados ob-tenidos por el Sistema Nacional de Control (integrado por la Con-traloría General y los Órganos de Control Institucional -OCI) duran-

te las actividades de control que se realizan para prevenir y disua-dir actos de corrupción.

A pesar de todos los esfuerzos desplegados, superando limita-ciones logísticas y presupuesta-les, la realidad nos muestra que se requiere de un trabajo conjunto y coordinado entre todas las ins-tituciones anticorrupción (Poder Judicial, Unidad de Inteligencia Financiera, Policía Nacional) y la ciudadanía para librar esta gue-rra. Basta que una de las piezas de este engranaje falle para que exis-ta el riesgo de que la maquinaria anticorrupción se paralice.

NIVEL DE GOBIERNO

N° DE FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN ALGUNA RESPONSABILIDAD

TOTAL 6 506

PENAL

7335

CIVIL

48 084

ADMINISTRATIVA

NACIONAL 1 434 1 448 16 608

REGIONAL 2 128 1 910 15 523

LOCAL 2 944 3 977 15 953

Fuente: Sistema de Control Gubernamental. Periodo enero 2009 - agosto 2014.

3CONTROLLA CONTRALORÍA POR UN FUTURO SIN CORRUPCIÓN

ALCANCE DEL CONTROL GUBERNAMENTAL DE LA CGR

S/. 174 080 1 300 00159 462 50 177 3 393millones de presupuesto

(incluido FONAFE)empleados públicosprocesos de

contrataciónobras públicas entidades y órganos

desconcentrados

Más del 37% de los 3 338 funcionarios y servidores públicos denuncia-dos en los últimos cinco años por la Procuraduría Pública de la Contra-loría General habrían incurrido en apropiación indebida de los recursos o bienes del Estado tipificado en el Código Penal como peculado.

Según la normativa vigente, este delito puede ser sancionado con pena privativa de la libertad de cuatro a ocho años y con 180 a 365 días-multa. Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepasa los S/. 38 mil (10 UIT) el peculado es reprimido con cárcel de ocho años a 12 años y con 365 a 730 días-multa. Similar condena recibiría quien se apropie de caudales o efectos destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, que constituye una circunstancia agravante.

Entre los presuntos delitos recurrentes identificados en las acciones de control también figura la negociación incompatible del cargo o apro-vechamiento indebido del cargo (36.4%) y la concertación con los inte-resados para defraudar al Estado o colusión (11.6%), entre otros (14.9%).

En todos los casos denunciados en materia penal, el Ministerio Públi-co inició investigaciones preliminares para verificar si los hechos consti-tuyen delito, identificar a los presuntos responsables y reunir las pruebas.

Solo en el 2% de los casos denunciados, la Fiscalía no formalizó la continuación de las investigaciones preparatorias al no encontrar indi-

Como parte de la lucha anticorrupción, la Contraloría General denunció a 3 338 funcionarios por presuntos delitos contra la administración pública.

DELITOS MÁS RECURRENTES

cios de delitos.Únicamente

en el 3% de los casos donde se formalizó la denuncia, el Ministerio Pú-blico no acusó a los presuntos involucrados ante el Poder Judicial para que imponga una sentencia por los presuntos delitos contra la admi-nistración pública.

Esto demuestra la calidad del producto elaborado por la Con-traloría General y el correcto impulso a los procesos dados por la Procuraduría Pública.

LOS SENTENCIADOSDurante el periodo enero 2009-setiembre 2014, el Poder Judicial ha sentenciado a 443 funcionarios o servidores públicos por deli-tos contra la administración pública, luego que la Contraloría Ge-neral denunciara las presuntas irregularidades detectadas en las acciones de control.

Menos del 6% fueron sentenciados a pena efectiva de cárcel. El resto, recibió libertad condicional, es decir, están libres a pesar de haberse demostrado que cometieron un delito. Una situación que debería de cambiar.

funcionarios y servidores denunciados penalmente y/o demandados.

5 771de perjuicio económico ocasionado por presuntos delitos y/o negligencias de funcionarios.

S/. 830 millones

4 CONTROL Boletín institucional - Noviembre 2014

Fuente: Procuraduría Pública de la CGRPeriodo enero2009-setiembre 2014

*Procesos judiciales iniciados por la CGR

DELITOS MÁS FRECUENTESDELITOS MÁS FRECUENTES

PROCESOS JUDICIALES INICIADOS A FUNCIONARIOS

% DE DELITOS MÁS FRECUENTES

PECULADO

PECULADO

COLUSIÓN

COLUSIÓN

OTROS

OTROS

TOTAL

NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE

DEL CARGO

NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE DEL CARGO

NIVEL DE GOBIERNO DENUNCIA PENAL DEMANDA CIVIL N˚ DE FUNCIONARIOS

GOBIERNO NACIONAL 548 295 843

GOBIERNO REGIONAL 455 196 651

GOBIERNO LOCAL 2 335 1 942 4 277

TOTAL 3 338 2 433 5 771

1 239

1 214

3 338

388

497

37.1

36.4

11.6

14.9

LAS CIFRAS

La Procuraduría Pública de la Contraloría General ha demandado a 2 433 funcionarios o servidores públicos para que paguen una reparación económica a favor del Estado por el perjuicio económi-co ocasionado durante el desempeño de sus labores y que fueron identificados en los informes de control. Las reparaciones econó-micas que se están solicitando superan los S/. 373 millones.

INDEMNIZACIÓN AL ESTADO

SENTENCIADOS POR EL PODER JUDICIAL

EFECTIVA

TOTAL

SUSPENDIDA

25

418

443

70% de las sentencias obtenidas actualmente por la Procuraduría Pública de la Contraloría General son favorables*.

1

1

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

AMAZONAS

17

2

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

ÁNCASH

6

1

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

APURÍMAC

13

10

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

AREQUIPA

2

3

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

AYACUCHO

18

7

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

CAJAMARCA

8

5

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

CUZCO

8

2

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

HUANCAVELICA

4

2

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

HUÁNUCO

9

3

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

ICA

8

7

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

JUNÍN

15

4

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

PUNO

7

7

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

SAN MARTÍN

5

2

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

TACNA

1

5

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

UCAYALI

5

3

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

PIURA

5

4

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

PASCO

10

14DENUNCIADOS

DEMANDADOS

LA LIBERTAD

4 1

12

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

LAMBAYEQUE

3

-

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

LORETO

-

1

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

MADRE DE DIOS

2

2

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

MOQUEGUA

8

DENUNCIADOS

DEMANDADOS

LIMA

14

5CONTROLLA CONTRALORÍA POR UN FUTURO SIN CORRUPCIÓN

Fuente: Procuraduría Pública de la CGR

Periodo enero del 2009 - al 15 de setiembre del 2014

La Contraloría General ha denun-ciado penalmente a 166 alcaldes por presuntos delitos contra la administración pública mientras que otros 100 burgomaestres fue-ron demandados para que paguen una indemnización al Estado.

Además, 7 presidentes y ex presidentes regionales fueron de-nunciados penalmente y otras 5

autoridades fueron demandadas por la vía civil.

La Procuraduría Pública de la Contraloría General inició todas estas acciones judiciales entre enero del 2009 y setiembre del 2014. Comprende también a autorida-des en funciones.

AUTORIDADESEN FALTA

ALCALDES DENUNCIADOS Y DEMANDADOS POR REGIÓN

Las auditorías realizadas en Cajamarca, Tumbes, Áncash y Chiclayo permitieran identificar redes mafiosas de corrupción que ahora son investigadas por la Fiscalía de la Nación.

Acogiendo un pedido de la Contraloría General, el MEF congeló las cuentas bancarias de 10 entidades para prevenir el mal uso de recursos públicos durante el 2014.

2

6 CONTROL Boletín institucional - Noviembre 2014Boletín institucional - Noviembre 2014

SANCIÓN EFECTIVA

La Contraloría General tramitó proceso administrativo a 1088 funcionarios y servidores públicos por presuntas irregularidades graves y muy graves en perjuicio del Estado

La Contraloría General viene tramitando Proceso Administrativo Sancio-nador (PAS) a 1088 funcionarios y servidores públicos por haber come-tido presuntas infracciones graves o muy graves en perjuicio del Estado.

La mayor parte de los investigados son los directivos, ex directivos y los miembros del comité del proceso de selección, entre otros altos funcionarios.

Las faltas administrativas más frecuentes están referidas al incum-plimiento del marco legal y las disposiciones internas de la institu-ción. Por ejemplo, utilizar recursos públicos sin observar la normativa o influir en su aplicación irregular, aprobar o ejecutar operaciones o gastos no autorizados por ley o reglamento, o aceptar garantías insu-ficientes, no solicitarlas o no ejecutarlas.

También se identificó la trasgresión de los principios, deberes y prohibiciones de normas éticas y probidad, tales como actuar parciali-zadamente en contra de los intereses del Estado, en contratos o procesos de selección, subastas, licencias, autorizacio-nes o cualquier otra operación o procedimiento, dando lugar a un beneficio ilegal, propio o de tercero.

La Contraloría General está facultada para sancionar a los involucrados en irregularidades con una suspensión temporal por 30 días hasta la inhabilitación por cinco años para ejercer la función pública, de acuerdo a la gravedad de la infracción administrativa, para hechos cometi-dos a partir del 6 de abril del 2011.

SANCIONADOS*De los 184 funcionarios someti-dos al PAS y que fueron sanciona-dos en primera instancia, el 62% de ellos fue inhabilitado para ejercer la función pública y el 38% fue suspendido en sus labo-res, luego de un debido proceso donde estuvo garantizado el de-recho de defensa y la apelación de las decisiones de la Contraloría General ante una instancia que goza de autonomía técnica.

Con la aplicación de la facul-tad sancionadora, se busca ase-

gurar que los funcionarios y empleados públicos actúen en concor-dancia con las normas vigentes y con el único fin de servir al Estado en beneficio de la Nación.

DATOLa forma más segura de conseguir una gestión pública sin corrupción es contar con una cultura de control interno que asegure el cumplimiento del marco normativo, promueva la rendición de cuentas y reduzca los riesgos de corrupción.

*De los 184 casos resueltos, 104 se encuentran en proceso de apelación, 44 sanciones fueron confirmadas por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA), 24 fueron aceptadas por los funcionarios y 12 fueron revocadas por el TSRA.

7CONTROLLA CONTRALORÍA POR UN FUTURO SIN CORRUPCIÓN

La sanción administrativa no libera al funcionario de las responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse por los mismos hechos, porque los bienes jurídicos o intereses protegidos son diferentes.

• Las autoridades elegidas por votación popular• Los titulares de los organismos constitucionalmente

autónomos• Las autoridades con prerrogativa de antejuicio político

El procedimiento sancionador está conformado por dos instancias que cuentan con autonomía técnica:

LA PRIMERA, a cargo de la Contraloría General, está integrada por un órgano instructor que realiza las investigaciones, propone las infracciones y sanciones. Y, un órgano sancionador que impone o desestima las sanciones propuestas.

LA SEGUNDA, a cargo del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, resuelve en última instancia las apelaciones presen-tadas por los servidores y funcionarios públicos.

¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR?

¿EN QUE ENTIDADES TRABAJAN LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES INVESTIGADOS?

INHABILITACIÓN SUSPENSIÓN

¿QUIÉNES ESTÁN EXCEPTUADOS DEL PAS?*

¿QUÉ SANCIÓN RECIBIERON*?

38%62%

LOCAL

REGIONAL

ORGANISMOS CONSTITUC. AUTÓNOMOS

EMPRESAS DEL ESTADO

EMPRESAS MUNICIPALES

NACIONAL

*En base a informes recibidos que contienen uno o más involucrados

Fuente: Gerencia de Procedimiento Sancionador de la Contraloría General. Información al 31 de

octubre del 2014.

126

45

42

5

4

3

225 INFORMES

*La Contraloría General presentó un proyecto de ley al Congreso solicitando que amplíen sus facultades para poder sancionar a alcaldes, regidores, presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales que hayan cometido infracciones administrativas graves o muy graves.

TOTAL

8 CONTROL Boletín institucional - Noviembre 2014

En el 2013, el ex alcalde de Carabayllo, Miguel Ríos Zarzosa, fue condenado a seis años de prisión efectiva y al pago de S/. 1 millón de reparación civil como consecuencia de una investigación iniciada por la Contraloría General.

En el 2014, el ex regidor de la municipalidad distrital de El Porvenir (Trujillo), Eulogio Chavarría Murillo, fue sentenciado a seis años de pena priva-tiva de la libertad por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado

En ambos casos, la fiscalización de las declara-ciones juradas realizadas por la Contraloría Gene-ral permitió advertir un incremento no justificado en el patrimonio de estas autoridades, situación que los investigados no aclararon pese a estar no-tificados del proceso.

CARABAYLLO Y EL PORVENIR

Las DJ pasan por diferentes niveles de análisis de información, como son: la gestión de la información, el examen y la fiscalización. Esta última es la más rigurosa y permite detectar presuntos casos de corrupción.

DECLARACIONES JURADASMás de 225 mil DJ pasaron por un proceso de control de calidad en la Contraloría General en los últimos seis años

Por mandato legal, las autorida-des, funcionarios y servidores que administran recursos del Es-tado están obligados a presentar periódicamente una declaración jurada de ingresos, bienes y ren-tas ante este Órgano Superior de Control, como parte de una cul-tura de transparencia que debe imperar en todo el sector público.

En los últimos seis años, la Contraloría General ha realizado un control de calidad de más de 225 mil declaraciones juradas para evitar que los documentos que son registrados y archivados contengan errores de contenido.

Una vez archivadas las decla-raciones juradas se activan una serie de mecanismos y estrategias destinadas a comprobar si existe una congruencia entre los ingre-sos y bienes declarados.

Durante el período 2011 a 2014, se ha revisado preliminar-mente las declaraciones juradas de ingresos bienes y rentas de 5 293 funcionarios públicos, utilizando técnicas de análisis de riesgo para obtener un listado de funciona-rios que podrían ser analizados con una mayor rigurosidad en un proceso posterior llamado examen y/o fiscalización de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas.

Asimismo, se han realizado más de 200 exámenes a las de-claraciones juradas, los cuales consisten en un análisis sumario del patrimonio comparando la información consignada por el

funcionario público durante un periodo de tiempo determinado y la información obtenida de las bases de datos a las que tiene ac-ceso la Contraloría General para determinar aquellos casos que deberían ser fiscalizados.

Durante la fiscalización de las declaraciones jura-das se puede establecer la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito o de presunto incremento patrimonial no justificado, mediante un análisis de la información declarada y la recopilación de información que se ha hecho con la parti-cipación del funcionario.

Además, se realiza un análisis comparativo entre los ingresos y gastos identificados (que incluye los gastos corrientes del funcio-nario y sus dependientes estima-dos por este) para establecer si la información presentada es razo-nable y consistente.

No obstante las limitaciones legales de la Contraloría, que no puede acceder a información valio-sa protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria, en los últimos años se han detectado 30 casos de autoridades y funcionarios públicos con un presunto desbalance patri-monial que, en conjunto, superan los S/. 6 millones. Los casos fueron comunicados al Ministerio Público para ser investigados y sancionados por el Poder Judicial, de ser el caso.

PASOS3

9CONTROLLA CONTRALORÍA POR UN FUTURO SIN CORRUPCIÓN

*El plazo legal para presentar DJ del ejecicio presupuestal 2014 venció el 22 de enero. Información actualizada al 31 de agosto del 2014.

REMISIÓN DE DJ DE AUTORIDADES ELECTAS POR DEPARTAMENTO*

SANCIONES ADMINISTRATIVASSegún la nueva ley que regula la presentación de la DJ en el sector público, los funcionarios y servido-res públicos que no declaren sus ingresos, bienes y rentas oportu-namente serán multados con el equivalente al 20% de su remune-ración total o ingreso mensual.

Similar sanción se aplicará a quienes incumplan con remitir

información o documentación relacionada a la DJ solicitada por la Contraloría General durante el proceso de la fiscalización.

Mientras que la presentación de la DJ omitiendo información será sancionada con el equivalen-te al 10% hasta el 20% de la remu-neración total o ingreso mensual.

La reincidencia será castigada con la suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones no me-

LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS DJ PERMITE DETECTAR INDICIOS DE PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

nor de 60 días ni mayor de 360 días calendario.

DATOS FALSOSLa Ley N° 30161 establece la sus-pensión temporal en el ejercicio de sus funciones no menor de 30 días ni mayor de 360 días calen-dario a quienes presenten infor-mación falsa en su DJ.

En este caso, la reincidencia es castigada con la destitución,

despido o resolución contractual, según corresponda, e inhabilita-ción para laborar o contratar con el Estado por cinco años.

Además, la Contraloría y la en-tidad publicarán en sus páginas web y portales de transparencia la relación de los infractores.

Estas sanciones serán aplicadas el 2015 por la misma entidad inde-pendientemente de la responsabili-dad civil o penal a que hubiera lugar.

Fuente: Departamento de Prevención de la Corrupción de la Contraloría General

10 CONTROL Boletín institucional - Noviembre 2014

Verifican que los servicios públicos en los colegios, municipalidades, comisarías y otras entidades funcionen adecuadamente, respetando las normas vigentes

Huancavelica, Piura, Satipo, Iqui-tos, Cusco, Huancayo, Huánuco, Sullana, Tumbes y Cajamarca.

SIETE DE CADA DIEZDurante los cuatro años que se han realizado las veedurías esco-lares, bajo la atenta mirada de la Contraloría General, se ha logrado un impacto positivo en la gestión pública en las 13 ciudades don-de se han realizado. Por ejemplo, se han reactivado proyectos de construcción paralizados y se han mejorado los servicios educativos lo que se ha reflejado en el cum-plimiento del dictado del horario de clases, la implementación de mejores bibliotecas escolares, servicios higiénicos más limpios, entre otras medidas.

Se calcula que, por lo menos, siete de cada diez observaciones hechas por los veedores escolares fueron levantadas por las institucio-

nes educativas visitadas; y, periódi-camente, se realiza un seguimiento para contribuir a que continúen subsanándolas en su totalidad.

El Programa “Auditores Juve-niles” –que se ejecuta en coordi-nación con el Ministerio de Edu-cación- es una herramienta eficaz para que los escolares aprendan a ejercer el control social y deman-den el correcto uso de los bienes y recursos públicos.

NUEVOS AUDITORES50 MIL

Este año, más de 50 mil estu-diantes de colegios nacionales se están encargando de verificar que sus instituciones educativas, la municipalidad o la comisaría de su sector brinden servicios de acuerdo a su normativa vigente y formularán las respectivas reco-mendaciones para que mejoren su gestión, en beneficio de toda la comunidad.

Como parte del programa “Auditores Juveniles” que pro-mueve la Contraloría General en las escuelas, los alumnos de secundaria de los colegios par-ticipantes eligieron una entidad o institución pública donde rea-lizaron la veeduría.

Los profesores encargados de Formación Ciudadana y Cívica, así como tutores de aula organizaron las veedurías escolares, realizando una labor de acompañamiento a los escolares durante todo el pro-ceso desde la planificación y eje-cución, hasta la elaboración del re-porte de veeduría, la presentación de las observaciones y recomen-daciones a la entidad, así como el seguimiento a la implementación de las mejoras sugeridas.

Actualmente, “Auditores Ju-veniles” está presente en 17 ciu-dades del país. Además de Lima, se ha considerado Trujillo, Moyo-bamba, Ica, Puno, Tacna, Huaraz,

CREANDO CIUDADANÍA

El programa “Auditores Juveniles” promueve valores éticos y mecanismos de control social en la gestión pública. Busca que las escuelas se transformen en espacios donde se vivan experiencias reales y significativas sobre la defensa de los derechos, el cumplimiento de nuestras responsabilidades y el sentido de pertenencia a una comunidad.

Jóvenes exponen logros

obtenidos con veedurías

escolares en feria anual

11CONTROLLA CONTRALORÍA POR UN FUTURO SIN CORRUPCIÓN

Este año también se realizaron veedurías escolares sobre el cumplimiento de la convivencia sin violencia (anti bullying) y sobre la prevención y protección de los estudiantes contra la violencia ejercida por personal de las instituciones educativas.

BULLYING

En las instituciones educativas:• Acciones preventivas de la influenza AH1N1 • Acciones para la educación preventiva ante el dengue en institu-ciones públicas y privadas • Gestión de riesgo de desastres• Ejecución del simulacro de sismos• Implementación del Libro de Reclamaciones• Funcionamiento y conducción de quioscos y cafetines • Funcionamiento del Centro de Recursos Tecnológicos • Medidas de ecoeficiencia en el sector público

En las comisarías:• Plan operativo de seguridad ciudadana

En las municipalidades:• Cumplimiento normativo que prohíbe la comercialización, venta y publicidad de bebidas alcohólicas en los alrededores de los colegios

LAS VEEDURÍAS ESCOLARES MÁS FRECUENTES

Las veedurías apuntan a promover mejoras en la gestión pública y prevenir actos de corrupción

IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES POR CIUDAD*

CIUDAD N° DE OBSERVACIONES

ABSUELTAS (%)

PENDIENTES (%)

PIURA 194 71 29

HUARAZ 152 74 26

HUANCAYO 27 150 73

AYACUCHO 50 144 50

CHICLAYO 142 74 26

TACNA 133 74 26

IQUITOS 131 73 27

TRUJILLO 118 81 19

MOYOBAMBA 27 116 73

HUÁNUCO 109 82 18

PUNO 90 76 24

TOTAL 1 479 72 28

*Información correspondiente al año escolar 2012. Actualmente, se está procesando la información sobre el 2013.

12 CONTROL VISITA NUESTRA GALERÍA EN FLICKR http://www.flickr.com/photos/informescontra

329 millonesAHORRADOS

En los últimos cinco años, la Con-traloría General permitió que el Estado ahorre S/. 329 465 097 al haber autorizado únicamente los presupuestos adicionales solici-tados para la ejecución y supervi-sión de obras que estaban susten-tados técnica y legalmente.

Según la normativa vigente, el Organismo Superior de Con-trol debe emitir una autorización previa a la ejecución y pago de los adicionales de obra que su-peran el 15% del monto original del contrato de obra. Las causales establecidas para incrementar los costos son situaciones imprevisi-bles posteriores a la suscripción del contrato y deficiencias en el expediente técnico de la obra.

También está facultado para pronunciarse antes de efectuarse el pago de prestaciones adicio-nales de servicios de supervisión de obra que superen el 15% del monto original del contrato y se hayan generado en casos distin-tos a los adicionales de obra. En

este caso, las causales estableci-das son variaciones en el plazo de la obra y variaciones en el ritmo de trabajo de la obra.

La Contraloría evalúa las solici-tudes y la documentación presen-tada por cada entidad para verificar si estas cuentan con los recursos necesarios para cumplir con los pagos por las prestaciones adicio-nales, analiza si los pedidos se en-marcan en las causales establecidas en la normativa de contrataciones, si califican como prestaciones adi-cionales, así como el sustento del origen de las prestaciones adicio-nales. Además incluyen inspeccio-nes físicas a las obras.

¿POR QUÉ NO SE APROBARON?En el año 2014, no se autorizaron prestaciones adicionales de obra por ser trabajos que no configuran como prestación adicional de obra; se verificó que los trabajos se en-contraban ejecutados; o se efectuó una disminución de metrados (por errores en el cálculo o en la aplica-

Fuente: Departamento de Control Previo de la Contraloría General*Periodo: enero - setiembre 2014

MONTO SOLICITADO: S/. 996,726MONTO AUTORIZADO: S/. 26,999

ENTIDADES QUE SOLICITARON PRESUPUESTOS ADICIONALES EN EL 2014*

PARA OBRAS

PROVÍAS NACIONAL

INDECOPI

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

PARA SERVICIOS DE SUPERVISIÓN

G.R. DE AREQUIPA

G.R. DEL CALLAO

INDECOPI

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

MONTO SOLICITADO: S/. 543´616,079MONTO AUTORIZADO: S/. 410´593,029

ción de las bases de pago de las especificaciones técnicas).

También porque se registró una disminución de los precios unita-rios de las partidas nuevas (según las cantidades, rendimientos y precios determinados con susten-to); falta de sustento técnico de los trabajos; falta de sustento de la ne-cesidad de generar nuevos precios unitarios, entre otros motivos.

De otro lado, no se autorizaron prestaciones adicionales de super-visión principalmente debido al sustento parcial de la ampliación de plazo al contrato de ejecución de obra, que origina los servicios de supervisión solicitados.

La Contraloría General evaluó como control previo los presupuestos adicionales de obras y mayores gastos por servicios de supervisión para evitar que los costos se incrementen innecesariamente

AHORRO GENERADO AL

ESTADO

Durante el periodo 2004-2013, Provías Nacional fue la entidad que presentó la mayor canti-dad de solicitudes de autoriza-ción de pagos adicionales de obra (58%) así como los ma-yores montos solicitados (S/. 754´841,920) y autorizados (S/. 520´720, 214) a nivel nacional.

La mayor parte de presta-ciones adicionales de obra se solicitaron por “deficiencias en los expedientes técnicos de la obra” (43%) y por “deficiencias en el expediente técnico y he-chos imprevisibles”.

La Contraloría General ha evaluado las causas que origi-naron las prestaciones adicio-nales en las obras de Provías Nacional y ha formulado reco-mendaciones –preventivas y correctivas- para contribuir a que este programe mejore su desempeño y realice un uso efi-ciente de los recursos públicos.

CASO PROVÍAS

AÑO MONTO EN S/.2009 42´278,371.8

2011 20´159,283.5

2013 31´209,601

2010 18´536,858.5

2012 86´159,213.6

2014TOTAL

131´121,768.4329´465,097

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2012-14154

Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María(511) 330-3000

Gerente de ComunicacionesZully Bismarck Dextre

Coordinación y redacciónRosa Arguedas Silva

Diseño y diagramaciónRenzo Vergara Díaz