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Víctor Kókorev Victor Kokorev Representante comercial Trade representative of Russian de la Federación de Rusia Federation in the Republic of en la República de Argentina Argentina in 2002-2011 en 2002-2011 [email protected]

INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN

ARGENTINA* Resumen: En condiciones de la globalización, el papel de las inversiones extranjeras directas (IED) va cobrando cada vez mayor importancia. En el artículo se analiza la regulación gubernamental de las IED en Argentina. Se presta especial atención a las formas y métodos de la atracción de las IED para la economía argentina. Se presentan los ámbitos prometedores de la cooperación inversionista entre Rusia y Argentina. Palabras clave: ingreso de las IED, clima inversionista, beneficios, nacionalización, territorios especiales.

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN ARGENTINA Abstract: In the context of globalization, the role of foreign direct investment (FDI) is gaining increasing importance. The article analyzes the government regulation of FDI in Argentina. Special attention is paid to the ways and methods of the attraction of FDI to the Argentine economy. We present promising areas of investment cooperation between Russia and Argentine. Key words: FDI inflow, investment climate, benefits, nationalization, special territories.

Según la Constitución de Argentina, los inversionistas

extranjeros gozan de los mismos derechos y cuentan con el

* Versión abreviada de la traducción del artículo, publicado en la revista rusa Латинская Америка, 2013, № 3.

Inversiones extranjeras directas en Argentina

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mismo apoyo del Estado que los nacionales. Su actividad se rige por la Ley Nacional de Inversiones Extranjeras Num. 21.382 del 13 de agosto de 1976 según la cual los inversionistas extranjeros podrán:

-transferir libremente al exterior las utilidades líquidas generadas por sus inversiones, así como repatriar su inversión;

- acogerse a cualesquiera de las formas empresariales legales previstas por la legislación nacional;

- solicitar un crédito del sistema bancario nacional en las mismas condiciones que las empresas locales de capital argentino;

Los beneficios, que la legislación prevé para los inversionistas extranjeros, se puede agrupar como sigue:

1. Las exenciones fiscales que se conceden en la etapa inicial del proceso de inversión para cualquier región a nivel nacional y todo tipo de la actividad económica, a saber:

- reintegro del IVA y/o la amortiguación acelerada del capital fijo y las instalaciones de infraestructura;

- tarifa 0 de importación de los medios de producción que forman parte integrante del proyecto de inversión.

2. Las condiciones preferenciales de inversión al desarrollo de los sectores prioritarios, tales como industria minera, automotriz, software, biotecnología, industria forestal, turismo y producción de biocombustible.

3. Condiciones preferenciales de la inversión en la economía de provincias incluyendo la exoneración de los impuestos locales, apoyo gubernamental a los proyectos, facilidades en la adquisición o arrendamiento de bienes provinciales, prestación de servicios estatales a precios preferenciales.

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Un inversionista extranjero no está requerido a solicitar a las autoridades una autorización previa, si la inversión se realiza en las siguientes modalidades:

-divisas de libre convertibilidad; -medios de producción, sus accesorios y repuestos; -utilidades generadas por el capital fijo en moneda nacional; -capitalización de préstamos externos concedidos en divisas

de libre convertibilidad; -capital intangible (licencias, patentes, know-how, marcas

comerciales, etc.) Diseño e implementación de la política inversionista está a

cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversiones y Servicios constituido en 2003 cuando Néstor Kirchner se hizo el presidente. El Ministerio es el agente financiero principal del gobierno que determina los sectores a invertir y montos del flujo de inversiones provenientes del presupuesto federal.

Aparte de las entidades gubernamentales, que se encargan de la política inversionista, funciona también el Consejo Federal de Inversiones (CFI), constituido en 1959 para brindar asistencia a las provincias en cuanto a la política inversionista y la optimización de los recursos a su disposición para aumentar el nivel de vida de la población. Una de las formas de atraer al inversionista extranjero a la economía de provincias consiste en la creación de los territorios especiales fuera de la jurisdicción del Código Aduanero. Estos territorios incluyen zonas francas (ZF) y Territorios Aduaneros Especiales (TAE).

De acuerdo con el artículo 590 del Código Aduanero de Argentina, ZF son espacios en los cuales la importación de mercadería no está gravada con tributos y es sometida al control habitual del servicio aduanero sólo para los fines informativos y estadísticos. Disposiciones generales, objetivos, procedimientos



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y otros asuntos referentes a la ZF están determinados por la Ley N 24331 del 18 de mayo de 1994, según la cual dichas zonas tienen por objetivo el desarrollo económico de los territorios mediante la captación de inversiones y generación de nuevos puestos de trabajo.

En la ZF se puede almacenar la mercadería, efectuar operaciones comerciales, brindar servicios, así como llevar a cabo algunas actividades industriales tales como tratamiento, elaboración o transformación y perfeccionamiento del producto. Las mercaderías que se llevan de la zona franca a otros países son exentas de los tributos. Las mercaderías provenientes del territorio aduanero general e ingresadas a la ZF se consideran como “Mercadería de Exportación Suspendida” y al ser ingresadas al territorio aduanero general, como “Mercadería Importada”.

Actualmente, muchas provincias cuentan con las ZF incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Misiones, San Luis, Tucumán, La Pampa, Chubut, Chaco, Corrientes, Neuquén, Rio Negro, Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos. Sin embargo, la mayor parte de las ZF aún no han logrado convertirse en verdaderos centros industriales ni han asumido el papel de un locomotor del crecimiento para las economías regionales. Están usadas, sobre todo, para almacenar la mercadería importada o como base para efectuar algunas operaciones sencillas, por ejemplo, de fraccionamiento o empaquetamiento de la mercadería.

La diferencia principal entre el TAE y la ZF radica en el establecimiento de los regímenes aduaneros especiales regidos por las disposiciones legales especiales. Así, por ejemplo, la Ley N 19640 del 16 de mayo de 1972, concedió al territorio de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud el estado

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del “Territorio Aduanero y Tributario Especial”, donde todas las operaciones de importación y exportación están exentas de aranceles e impuestos incluyendo los impuestos sobre la renta (ISR), ventas, ganancias, tierras, operaciones con divisas, así como otros tributos nacionales que pudieran crearse en el futuro.

Aparte de las ZF y TAE, existe otra forma de atracción de las IED que son los parques industriales (PI) destinados para el desarrollo de la producción industrial. En caso general los PI cuentan con talleres industriales que sirven de base para montar en corto plazo una industria ensambladora de maquinaria u otra industria instalando algunos equipos mínimos.

Para atraer las inversiones extranjeras en aquellos sectores, cuyo desarrollo se considera como prioritario por el gobierno argentino, se practica una modalidad denominada Régimen de Promoción Sectorial. Para estos fines, en mayo de 1993 se promulgó la Ley de Inversiones Mineras N 24.196, que previó varias preferencias para los inversionistas, entre ellos la extensión hasta 30 años de los plazos de vigencia de las concesiones para la explotación de yacimientos; estabilidad tributaria por 30 años; importación libre de impuestos de la maquinaria, equipos e insumos usados en la minería; derecho a libre disposición de las ganancias obtenidas, incluyendo su transferencia al extranjero, etc.

Con la adopción de la ley, se habían creado las condiciones para el ingreso de las inversiones extranjeras en dicho sector, que impulsaron un crecimiento brusco de las exploraciones geológicas. Todo eso resultó en que en 1997, en la provincia de Catamarca, se descubrió el Bajo de la Alumbrera, yacimiento de cobre y oro más grande en Argentina, y en 1998, en la provincia de Santa Cruz el yacimiento Cerro Vanguardia (oro y plata), segundo por su importancia.



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En 2006, en la provincia de San Juan se inició la explotación del Veladero, un yacimiento grande de oro y plata. Varios yacimientos se encuentran en la etapa de prospección o estudio, entre ellos, Agua Rica (provincia Catamarca), San José y Manantial Espejo (provincia Santa Cruz), Pascua Lama, Pachón y Guacamayo (provincia San Juan), Rio Colorado (provincia Mendoza), Pirquitas (povincia Jujuy) y otros.

No obstante, a pesar de las medidas emprendidas, la industria minera se convirtió en uno de los sectores más atractivos de la economía argentina para los inversionistas extranjeros sólo en la segunda mitad de la primera década del nuevo milenio lo que se debe, en gran parte, al crecimiento de los precios mundiales para la mercancía de este sector. Según los datos del Banco Central de Argentina, el monto total de las IED acumulado en el sector a fines de 2010, alcanzó US$4940 millones, de los cuales US$4416 millones (el 89%) corresponde al período de 2005-2010, mientras que en 2010 se captó US$1329 millones.

Los países principales, cuyas empresas invierten en la minería de Argentina son Holanda: US$1555 millones o el 31% de las inversiones acumuladas en el sector, Chile: US$871 millones, Islas Bermudas: US$818 millones, Canadá: US$715 millones, así como Antigua y Barbuda: US$508 millones y otros países: US$873 millones. Llama la atención el hecho de que a las empresas offshore mundiales (Islas Bermudas, Antigua y Barbuda) les corresponde casi el 30% de las IED captadas por la industria minera argentina.

La experiencia obtenida por las autoridades argentinas de atraer las inversiones extranjeras a la industria minera, luego fue expandida a algunos otros sectores de la economía argentina. Por ejemplo, en el año 2000, la Ley N 25.080 estableció

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exenciones para las empresas forestales, incluyendo la estabilidad fiscal durante 30 años, devolución del IVA, un régimen especial para la aplicación del ISR, etc.

Para atraer las inversiones extranjeras al sector del desarrollo de software, en septiembre de 2004, la Ley N 25.922 introdujo exenciones en cuanto al pago del IVA y del ISR (reducido en el 60%), así como la estabilidad fiscal por 10 años.

A mediados de la primera década de los años 2000, se registró un ingreso considerable de las IED en el sector automotriz. Los inversionistas más grandes en este sector económico fueron compañías Volkswagen, Toyota, Peugeot, y en el menor grado Ford y Chrysler. Los primeros desembolsos tenían por objeto regulación de los activos de las empresas, y los siguientes fueron destinados mayormente para el incremento de capacidades de producción de las empresas existentes, mas no para la creación de nuevas plantas.

Cabe resaltar que la industria automotriz de Argentina incluye no sólo las plantas ensambladoras de autos que caen dentro de la categoría de empresas con las IED sino también las industrias de accesorios, partes componentes y repuestos para los autos. Además las partes automotrices componen el 70% del valor de un auto, y los demás 30% corresponden al costo de la mano de obra empleada para su ensamblaje. Actualmente, las compañias que producen partes componentes para autos venden en el mercado nacional argentino alrededor del 60% de su producción, y a éstas se les corresponde un 16% de la exportación argentina de productos industriales. Los mercados principales para dicha producción son Brasil (47%), EE.UU. (14%) y México (6%). La mayor parte de componentes importados para automóviles proviene a Argentina desde Brasil (el 35%).



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A fines de 2010, el monto de las inversiones extranjeras acumuladas en el sector automotriz de Argentina alcanzó US$5692 millones. Los inversionistas principales fueron Brasil (US$1606 millones o el 28% de las inversiones acumuladas en el sector), Francia (US$670 millones), España (US$604 millones), Bélgica (US$537 millones), EE.UU. (US$467 millones) y Alemania (US$404 millones). Como resultado, ya en 2006, la exportación total de la industria automotriz argentina superó el volumen de la importación de autos lo que se hizo posible no sólo gracias a la superación cuantitativa de la exportación de automóviles sobre su importación al país sino también porque el costo promedio de un auto exportado superó el costo de los autos importados.

Aunque la capacidad de las empresas automotrices de Argentina sólo se aprovecha al menos del 70%, existen proyectos de su incrementación, apuntando sobre todo al aumento de exportaciones. En este aspecto, en junio de 2011, la empresa General Motors declaró su intención de invertir US$145 millones para la expansión de la base productora de su empresa ensambladora automotriz en la ciudad de Rosario.

En el mismo mes de junio, la compañía china Chery anunció sus planes de construcción de una ensambladora automotriz en la provincia de Buenos Aires, cuya capacidad permitirá producir 400 mil autos por año. Se espera que las inversiones en este proyecto alcanzarán US$170 millones. También existen planes de incremento de la capacidad productora de autopartes y repuestos para automóviles tanto con fines de sustitución de importación como para el aumento de las exportaciones.

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Cuadro 1

Ingreso de IED en Argentina por sectores económicos (millones de dólares)

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010

Industria minera 631 928 221 558 749 1329 4416

Industria química, incl. producción de plásticos y artículos de goma para maquinaria

325 317 627 1311 432 1166 4178

Industria petrolera 1132 1412 1931 -277 -66 1151 5283

Industria automotriz 469 705 1034 1466 -886 1068 3857

Maquinaria y equipos 168 184 413 325 -37 892 1945

Industria alimenticia, incl. producción de bebidas y tabaco

276 209 294 921 643 841 3183

Comercio 370 291 472 716 360 582 2791

Sector financiero 93 314 467 636 878 463 2851

Telecomuni- caciones

679 418 427 827 312 455 3118

Transporte 217 -6 61 430 422 349 1472

Otras inversiones 2165 2624 1937 3946 668 2095 13435

Total 6525 7395 7883 10859 3475 10391 46529



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Debido a la amenaza de la crisis energética, el gobierno argentino fue puesto ante la necesidad de buscar nuevas posibilidades para atraer inversiones en el sector energético del país. En octubre de 2006 se promulgó la Ley N 26.154, mediante la cual se crearon los regímenes preferenciales para la prospección y explotación de los yacimientos de petróleo y gas tanto en la plataforma como en el continente. En conformidad con dicha ley, los titulares de las concesiones para explotación de yacimientos de hidrocarburos se exoneraban del pago de todos los impuestos, tributos y aranceles especiales sobre la importación de los equipos que no se fabrican en Argentina, pero son necesarios para las operaciones. También fueron concedidas unas exenciones al pagar los impuestos internos (IVA, ISR y otros) los cuales durarán 10-15 años a partir del inicio de operaciones en el yacimiento. Al mismo tiempo se establece que todas estas exenciones se conceden sólo bajo la condición de que se cree una empresa mixta con ENARSA.

Pero en aquel entonces el factor del “riesgo argentino” y el nivel de la dependencia de los conflictos políticos y económicos internos (por ejemplo, los precios fijos de combustible al por menor en el mercado interno) se convirtieron en los dominantes en el mercado argentino de energéticos e indujeron a que en 2010 la dirección de la compañia petrolera Repsol-YPF anunció su intención de aumentar la parte que corresponde a la exportación desde el 30% hasta el 50% del volumen total de las ventas. Se trataba, sobre todo, de los mercados de Brasil, Colombia, Perú y Canadá, así como de los países del Caribe. Eso provocó la objeción de parte de las autoridades argentinas, que consideraban que Repsol-YPF no había invertido suficiente en el sector petrolero de Argentina transfiriendo sus ganancias fuera del país, y exportando demasiado petróleo en busca de

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aprovechar al máximo los altos precios mundiales en lugar de abastecer el mercado interno. Asi, según los datos argentinos, en el periodo de 1999 hasta 2011, las reservas petroleras exploradas de la empresa YPF se redujeron en 40,5%, mientras que el volumen de la extracción cayó en el 38,3% (la disminución del gas fue en el 47,1% y en el 24,4% respectivamente). Además, los economistas locales afirmaban que Repsol recibía de la actividad de YPF alrededor del 15% de la ganancia sin invertir prácticamente nada en la prospección geológica en Argentina.

Partiendo de estas premisas, la presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner firmó la Ley N 26.741 del 3 de mayo de 2012 sobre la expropiación del 51% de las acciones de la empresa YPF que pertenecían a la empresa española Repsol-YPF, así como la expropiación del 51% de Repsol-YPF Gas, S.А, cuyo titular es la empresa Repsol Butano, S.А., declarando la explotación de yacimientos petrolíferos y de gas como un objeto del interés nacional. Las acciones expropiadas de Repsol fueron distribuidas entre el gobierno (el 51%) y la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (el 49%).

La decisión sobre la nacionalización de la empresa YPF aumentó el nivel del riesgo político y disminuyó el nivel de la seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros provocando una reacción muy negativa por parte de La Unión Européa y los EEUU. España, que considera que la expropiación de YPF fue realizada de manera ilegal, suspendió las compras de biodiesel de producción argentina y lanzó la iniciativa de cancelar las preferencias aduaneras para mercadería argentina suministrada a la UE, así como demandarla ante la OMC por haber impuesto las restricciones a la importación de la mercadería europea. La corporación española Repsol interpuso una demanda contra las autoridades argentinas ante el Centro



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Internacional para Resolución de Disputas sobre Inversiones (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID). Otra demanda fue presentada ante el Tribunal de Nueva York.1

De esta manera, a pesar de que Argentina firmó alrededor de 60 convenios bilaterales sobre promoción y protección de inversiones, entre ellos con Rusia, los inversionistas extranjeros a menudo quedan desamparados ante las decisiones de las autoridades argentinas.

Después de una caída profunda del PIB a fines de 2001 y principios de 2002, con la cual se concluyó el período de la “contracción” de la economía argentina, que había empezado en 1998, se vislumbró un proceso del crecimiento económico dinámico impulsado por el aumento brusco de la exportación tanto en su valor como en su volumen con la reducción simultánea de la importación. El saldo positivo del balance comercial se convirtió en la base para el crecimiento del consumo interno, alrededor del 60% del cual correspondió a las inversiones y arrancó el mecanismo del crecimiento económico. Según el Banco Central de Argentina, el monto de las IED acumuladas en el país durante el período de 2004 hasta 2010 incrementó en US$31695 millones (desde US$56554 hasta US$88249millones) lo que corresponde a la tasa de crecimiento anual del 7,7%.2 En la primera década del nuevo milenio, la afluencia de las IED en la economía argentina constituyó en promedio US$ 5153 millones anuales, lo que es un poco menor del índice análogo durante la década anterior de privatización cuando el monto promedio anual de las IED llegó a US$5300 millones. La mayor afluencia de las IED en el período indicado se registró en 2008 (US$9725,6 millones), y la menor en 2003 (US$1652,0 millones). Expresada en forma porcentual en

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relación al PIB nacional, el monto total de las IED acumuladas llegó al 23,9% del PIB lo que corresponde al valor promedio de este índice en la región salvo Chile (el 67,6% del PIB). Al sector económico no financiero se le corresponde el 95,2% (US$84045 millones) de todas las inversiones captadas, mientras que al sector financiero el 4,8% (US$4204 millones).

A diferencia de la década de los noventa, cuando más de la mitad de todas las IED en Argentina se dirigía para comprar las compañías locales, incluso en el marco del proceso de privatización, en los primeros años del siglo corriente menos del 10% de las mismas fueron destinadas para los fines citados. En el período mencionado, casi la mitad de todas las IED se destinaba para los fondos básicos de producción o bajo la modalidad de las ganancias reinvertidas de las empresas que operaban en Argentina.

La distribución por sectores económicos de las IED acumuladas por Argentina al terminar el año 2010 era como sigue (en millones de dólares): industria petrolera 18220 (20,6%), industria química 8476 (9,6%); industria de enzamblaje automotriz 5692 (6,4%), sector de telecomunicaciones 5631 (6,4%); industria minera 4940 (5,6%); metalurgia 4847 (5,5%); industria alimenticia 4847 (5,5%); sector financiero bancario 4206 (4,8%); comercio 4074 (4,6%); productos oleaginosos y cereales 3136 (3,6%), maquinaría y equipos 2760 (3,1%), otros sectores de economía 21420 (24,3%).

Una tendencia más, que se había formado a mediados de la primera década de los 2000 en el ámbito de las IED, fue el incremento del porcentaje de las inversiones en la realización de nuevos proyectos no sólo en los sectores tradicionales de



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inversión como agroindustria, industria automotriz y hotelería sino también en la minería y en el sector de servicios.

Aparte del crecimiento de la producción, creación de nuevos puestos de trabajo, el aumento del consumo y de los ingresos fiscales, el flujo entrante de las IED naturalmente implicó el incremento del porcentaje de empresas pertenecientes al capital extranjero. Así, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, a fines de la década de 2000, de las 500 empresas más grandes en Argentina, a las cuales les correspondía el 22% del PIB, sólo 176 (35%) pertenecían al capital nacional. La minería, donde operan 40 empresas extranjeras y sólo 4 argentinas, resultó un sector más atractivo para las compañías extranjeras.

El proceso de reducción de la parte de las empresas nacionales entre las compañías líderes en este país, que se empezó en la década de los noventa, experimentó un impulso adicional a principios de la primera década del siglo corriente. Esto se debe a la devaluación del peso argentino después de la crisis de 2001-2003 y el subsiguiente abaratamiento de las empresas argentinas. Sus vecinos más cercanos, Brasil y Chile, fueron los primeros en aprovecharlo adquiriendo activamente las acciones de las compañías automotrices y otras. Según Mauricio Claveri, representante de la consultora Abeceb.com, eso se hizo posible porque tanto las empresas brasileñas como chilenas contaban con un nivel competitivo más alto que las argentinas.

La falta del debido financiamiento causó que muchos proyectos de inversión anunciados por las autoridades argentinas a principios del milenio en curso no han sido realizados. Entre ellos se encuentra el proyecto de construcción de una línea ferrocarril de alta velocidad entre Buenos Aires, Rosario y Córdoba, cuyo precio se valoraba en US$3600 millones. Un proyecto aún más ambicioso fue el Gran Gasoducto del Sur.

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Este gasoducto con capacidad inicial de 10 millones de m3 de gas por día y de nueve mil km de longitud iba a convertirse en uno de los más grandes del mundo y conectar los yacimientos petrolíferos venezolanos con la cuenca del río La Plata. En mayo de 2007, Néstor Kirchner y Hugo Chávez firmaron el convenio sobre cooperación en la construcción del gasoducto, no obstante, el asunto se quedó allí no más.

Es posible que el mismo futuro le espera al proyecto del otro gasoducto que debería conectar a Bolivia con las provincias norteñas de Argentina. El gobierno argentino anunció por la primera vez los planes de implementación de este proyecto aun en noviembre de 2003. Sin embargo el proyecto aún no se ha implementado debido a que algunos asuntos con Bolivia quedaron pendientes, particularmente sobre el precio de venta de gas, tampoco problemas tradicionales de financiamiento han sido solucionados.

En diciembre de 2006 el Ministro de Planificación Federal, Inversiones y Servicios Julio de Vido anunció los planes de construcción de Refinería General Mosconi II con la capacidad diaria de 150 mil barriles. Las inversiones totales para la misma se valoraban en US$2250 millones. Este proyecto tampoco es realizado (sólo está desarrollada la documentación económico-técnica).

La aspiración del gobierno argentino de mejorar el clima inversionista en el país entra en contradicción objetiva con su política socioeconómica actual que puede ser caracterizada como una política del populismo económico. Se puede dar como ejemplo la situación en la energética argentina. Según los especialistas argentinos, para evitar la crisis en el sector, se requiere introducir anualmente nuevas capacidades de 1000 MW como mínimo lo que demandará inversiones por un monto



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alrededor de US$1,3 mil millones. Atraer un monto de esta escala a través de las fuentes crediticias es muy problemático, ya que el acceso para Argentina al mercado financiero internacional de crédito está prácticamente cerrado. La única salida de la situación difícil presentada sería crear las condiciones favorables para los inversionistas extranjeros. Pero en el país donde en el año 2005 fueron "congeladas” las tarifas para la energía eléctrica, lo que puso a las compañías al borde de sobrevivencia, es dificil esperar un considerable aumento de las IED al referido sector.

En búsqueda de la solución del problema, el gobierno argentino después de haber mantenido las tarifas de energía eléctrica congeladas durante 7 años se vio obligado adoptar medidas poco populares y anunciar a partir de 2012 el aumento de las mismas en 10-12% para los consumidores domésticos y en 20-40% para las industrias y el comercio. Sin embargo, dichas medidas obviamente no son suficientes, ya que, según los expertos, para lograr que el saldo en el sector energético no sea deficitario habría que subir las tarifas de energía eléctrica a un 200% más lo que, a su vez, podría provocar una explosión social.

El hecho de que durante los últimos años, el capital europeo no ha efectuado ninguna adquisición de los activos grandes en este país constituye una prueba de que la economía argentina se encuentra en serios problemas. Mientras tanto, otros países de la región latinoamericana siguen siendo atractivos para los inversionistas internacionales, en primer lugar, europeos. En este aspecto, según los datos de la CEPAL, en el lapso de 2005 hasta 2011, las compañías europeas efectuaron en América Latina 23 grandes transacciones de más de US$1 mil millones cada una y adquirieron los activos por un monto de US$64,4 mil

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millones, entre los cuales en Brasil por US$35,6 mil millones; en México US$14,9 mil millones; en Colombia US$7,3 mil millones; en Uruguay US$4,8 mil millones y en Panamá US$1,8 mil millones.

Según economista norteamericano Elliott Morss (ex-funcionario del Fondo Monetario Internacional), “la política económica que lleva a cabo el gobierno argentino afecta más negativamente al país que la crisis financiera”. Criticó tajantemente el incumplimiento por Argentina de sus obligaciones de pago de la deuda ante los creditores privados y el Club de París; el traspaso de los fondos privados de pensiones a la administración estatal, imposición de aranceles de exportación a la producción agropecuaria y manipulación de las estadísticas oficiales. Los referidos momentos negativos y algunos otros contribuyen a que Argentina sea menos confiable para las organizaciones financieras crediticias y acarrean el empeoramiento del clima inversionista en este país.3

Además el clima inversionista se ve afectado negativamente por la Ley de Emergencia Económica que está en vigencia desde 2001; sistema de licencias no automático de importación que afecta más de 600 capítulos mercantiles, incluyendo maquinaria y equipos; estrictas limitaciones de compra de moneda extranjera y algunas medidas más. Particularmente, en diciembre de 2011, mediante la Ley N 26.737 la legislación argentina fue modificada restringiendo los derechos de los extranjeros para comprar tierras rurales (no más del 15% de todas las tierras agrícolas). Se impusieron también las restricciones según el criterio de la nacionalidad: los representantes de una misma nacionalidad extranjera no pueden tener más del 30% de las tierras rurales pertenecientes a los extranjeros. Además, una persona física o moral extranjera no



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puede tener posesión a más de 1000 ha de las tierras rurales en un mismo centro agrícola.

Según el Banco Central de Argentina, más de la mitad (US$45,7 mil millones) del monto de las IED acumuladas por Argentina a fines de 2010 (US$88,2 mil millones) era de origen europeo, donde a España le correspondió el 26,3% o US$23,2 mil millones. Aparte de España, en la lista de los países-inversores principales en la economía argentina figuran los EE.UU.(US$14814 millones acumulados a fines de 2010), Holanda(US$7328 millones), Chile (US$5509 millones) y Brasil (US$5367 millones).

En 2010, el inversionista principal en la economía argentina fue Brasil que había invertido US$1678 millones, principalmente en la industria automotriz. El segundo lugar ocupó Chile (US$1290 millones), cuyas inversiones fueron destinadas mayormente a la industria minera.

Brasil empezó a invertir activamente en la economía argentina a partir de 2001, siendo centrado su interés principal hasta mediados de la primera década de 2000 en la adquisición de las empresas ya existentes, más no a la creación de nuevas empresas (una de las excepciones raras fue la constitución de una corporación petroquímica Mega en la cual obtuvo 34% de las acciones). Las adquisiciones brasileñas más importantes en este período fueron las siguientes empresas: petrolera Pecom (adquirida por Petrobras en 2002), Cervecería Quilmas (AmBev, 2002-2005), productora de cemento Loma Negra (Ca-margo Correa, 2005); la metalúrgica Acindar (Belgo Mineria) y la procesadora de carne Swift Armor (Friboi).

En la segunda mitad de la década de 2000, Brasil se convirtió en uno de los líderes entre los países inversionistas en la economía argentina, debido básicamente de sus inversiones en

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la industria de ensamblaje de autos. En 2010 las inversiones de Brasil en Argentina superaron el ingreso de las inversiones de cualquier otro país y alcanzaron US$1678 millones. Según los planes anunciados en 2011, la expansión del capital brasileño en Argentina continuará. En particular, la compañía Petrobras manifestó su intención de invertir US$1,1 mil millones durante 2011-2015 en la explotación de los yacimientos de gas en la provincia de Santa Cruz. La minera Vale do Rio Doce confirmó su disposición de invertir US$5,93 mil millones en la explotación de la mina de potasio, más grande del mundo, situada en la provincia Mendoza.

Cuadro 2

IED en Argentina según países de origen (millones de dólares)

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010

España 953 2397 1759 722 1206 1176 8214 Estados Unidos 1273 820 720 2051 905 1179 6948

Holanda 1054 123 601 1139 108 208 3233 Brasil 1231 443 862 1601 -407 1678 5408 Chile 609 520 490 869 273 1290 4050 Alemania 72 255 471 370 339 548 2055 Luxemburgo 251 890 234 483 -10 245 2093 Uruguay -366 -30 109 347 620 142 821 Canadá 120 -202 469 622 25 -444 590 Suiza 282 39 274 735 197 748 2275 Otros países 1047 2140 1894 1920 220 3622 10842

Total 6806 7395 7883 10860 3475 10391 46809



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En los últimos años, China viene convirtiéndose en un actor cada vez más notorio en el campo inversionista argentino. Hasta hace poco, la estrategia de RPCh respecto a los países latinoamericanos se reducía a lo siguiente: hacer todo lo posible para controlar la exportación de la materia prima. Por lo tanto, las inversiones chinas se concentraban mayormente en la infraestructura y los proyectos de tipo El Canal Seco (línea ferroviaria) en Colombia, el cual, como se espera, podría competir con el canal de Panamá, o reconstrucción de la línea de ferrocarril Belgrano Cargo en Argentina. No obstante, en la segunda mitad de la primera década de los años 2000 China reconsideró su enfoque a la cooperación con los países latinoamericanos, partiendo principalmente de las consideraciones de la seguridad alimenticia del país.

En 2008, en China salió el Libro Blanco sobre América Latina, el que en su esencia se ha convertido en el documento marco para las compañías chinas que operan en el exterior. El libro establece los ámbitos principales de la cooperación inversionista con la región y determina las prioridades por sectores económicos tales como agricultura, industria forestal, pesquería, energética, minería, obras de infraestructura de transporte, servicios y otros.

Para Argentina, la importancia de la cooperación con China no se limita sólo al inmenso mercado interno que existe en este país. A partir de mediados de la primera década del siglo en curso se empezó la expansión “rastrera” de los capitales chinos a la economía argentina. El primer paso en esta dirección fue realizado en noviembre de 2004 cuando en vísperas de la visita a Argentina del líder chino Hu Jintao se había firmado el convenio bilateral sobre el reconocimiento de China como economía de mercado por la parte de Argentina lo que fue vinculado con el

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compromiso de China de invertir US$20 mil millones en la economía argentina durante diez años. A pesar de que los representantes chinos no ratificaron dicho acuerdo manifestando que la referida suma les parecía muy exagerada, dichas promesas lograron su objetivo y las esperanzas inversionistas de Argentina se han tornado hacia China.

Dichas esperanzas calentadas hábilmente por la parte china, vinieron concretizándose sólo a partir de fines de la primera década de 2000, cuando en julio de 2010 se realizó la visita a China de la presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, durante la cual fue firmada una serie de los convenios bilaterales y memorandos de la cooperación, entre los cuales: la modernización del sistema ferrocarril de Argentina, reconstrucción y electrificación de varias líneas de ferrocarril (Belgrano Cargos, Belgrano Norte, Roca), construcción del metro en la ciudad de Córdoba, ampliación de una de las líneas de metro en Buenos Aireas, compra del material móvil (locomotoras, vagones). El financiamiento de estos y otros proyectos por el monto total de US$9,5 mil millones estará a cargo del Banco de Desarrollo de China (el 85%) y del gobierno argentino (15%). Se espera, que los créditos serán concedidos por un plazo de 19 años con 7,5% 8,0% de interés incluyendo un período de gracia de tres años.

Se firmaron también unos convenios de intenciones para desarrollar la cooperación en tales ámbitos como construcción de la Central Nuclear Atucha III, desarrollo conjunto de yacimientos petroleros y construcción de centrales hidroeléctricas. Para la implementación de los proyectos de inversión de menor envergadura se firmó un memorando de entendimiento mutuo entre el Banco de la Nación de Argentina y el Banco de Desarrollo de China que tiene previsto la apertura



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de una línea de crédito por el monto de US$150 millones. También se ha logrado un acuerdo sobre la creación de una Comisión del análisis del comercio bilateral y del fomento de su desarrollo, cuyos objetivos incluyen la solución de disputas comerciales y la búsqueda de nuevas posibilidades para interacción de las economías de ambos países.

Entre las transaciones más grandes que han sido realizadas por los empresarios chinos en Argentina, cabe destacar la adquisición por la empresa estatal china Cnooc de la mitad del paquete de acciones de la refinería Pan American Energy-PAE, (la otra mitad pertenece a la familia argentina Bulgeroni), así como la compra de la petrolera Occidental Petroleum Argentina por la empresa china Sinopec ( el monto de adquisición es de US$2400 millones). Sinochem es otra empresa china de capital estatal que muestra un interés vivo en adquisición de los activos petroleros en Argentina, sin embargo, no puede realizarlo aún por la simple razón de no presentarse actualmente en el mercado argentino un ofrecimiento correspondiente. Cabe destacar que el afán de las empresas chinas de adquirir los activos petroleros en Argentina persiste pese el requerimiento de la legislación argentina de la prioridad del abastecimiento del mercado interno, que es pre-requisito para obtener la posibilidad de exportación, particularmente, a China.

La inversión china en la industria minera en Argentina todavía es insignificante y equivale a US$80 millones los que la empresa MSS ha invertido para reanudar la extracción del mineral de hierro en el yacimiento Sierra Grande (provincia Rio Negro). No obstante, los chinos empiezan a desempeñarse de manera dinámica también en el mencionado sector. En particular, en noviembre de 2010 la provincia de La Rioja firmó un acuerdo preliminar con la minera Shangdong Gold sobre

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cooperación en la explotación del yacimiento aurífero Famatia, según el cual la empresa china invierte en la implementación del proyecto US$350 millones. Las pequeñas empresas chinas muestran un interés en invertir en el desarrollo de las reservas mineras argentinas, incluyendo los yacimientos situados en las provincias Salta y Jujuy (cobre, oro, plata, hierro y litio).

Los empresarios chinos también manifiestan su disposición en adquirir tierras rurales. Para evadir las restricciones impuestas por la Ley № 26.737 del 27 de diciembre de 2001 los chinos están interesados en las tierras no irrigadas en las provincias Córdoba, Chubut y Río Negro. En agosto de 2011 la provincia china Heilongjiang y la argentina Río Negro firmaron un acuerdo de cooperación en la esfera agrícola según el cual la empresa provincial china se ha comprometido a invertir US$1,5 mil millones durante 10 años en la producción de maíz, trigo, soya y otros productos agrícolas en el área de 330 mil ha. Estos recursos serán destinados para la construcción de los sistemas de irrigación, una planta productora de aceites vegetales y ampliación del puerto marítimo de San Antonio Oeste.

La industria láctea es otro sector económico de Argentina a que apuntan los inversionistas chinos. En particular, China Mengnin Dairy, una empresa que controla el 25% del mercado chino de leche y productos lácteos tiene previsto invertir en la Valle Láctea argentina que se encuentra en la frontera de las provincias Córdoba y Santa Fe. Además, una cámara que agrupa en China la red de supermercados Casrech, compró en Argentina por US$1,7 millones la planta láctea Parmalat que se encontraba en bancarrota.

China planea implementar una serie de proyectos de inversión en la provincia de Tierra del Fuego que tiene el status de la zona franca. En particular, las empresas JDC y Shaanxi



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Xinyida planean construir en dicha provincia una planta de producción de urea. Este proyecto que requiere una inversión alrededor de US$1000 millones, incluye también la construcción de una central eléctrica para necesidades de la empresa y un puerto marítimo para exportación de urea. A su vez la provincia de Tierra del Fuego se compromete abastecer la planta con gas natural durante 25 años. Para evadir las barreras argentinas de importación, las empresas chinas dedicadas a la producción de artículos electrónicos forman asociaciones con firmas argentinas y construyen ensambladoras mixtas en la provincia de Tierra del Fuego. En particular, en 2010, la empresa china TLC y la empresa argentina Radio Victoria Fueguina, invirtieron US$9,8 millones en la ensambladora de televisores digitales de alta resolución, mientras que la empresa de telefonía celular china Huawei (productora de teléfonos móviles) junto con las empresas argentinas New San y BGH anunció sobre el inicio de producción de modems en dicha provincia.

El transporte es otro ámbito prometedor de la cooperación inversionista entre Argentina y China. La compañía China Railways y la argentina Roggio tienen intención de construir en la ciudad de Córdoba un metro cuyo valor se estima en US$1800 millones. En cumplimiento del contrato con el gobierno argentino, la empresa china Citic Construction suministrará 297 vagones por el valor de US$500 millones para el metro en Buenos Aires.

La industria automotriz de Argentina también atrae a los inversionistas chinos. La compañía Cheri hizo pública su intención de invertir US$170 millones en la instalación de una planta automotriz en la provincia de Buenos Aires con una capacidad de 400 mil unidades por año.

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Por lo tanto, ya en un término medio se esperaría que China se volverá en uno de los principales inversionistas y socios económico-comerciales de Argentina lo que reducirá considerablemente las posibilidades de compañías rusas interesadas en trabajar en el mercado argentino.

La cooperación inversionista entre Rusia y Argentina aún no se ha desarrollado mucho. Una de las razones se radica en el clima inversionista no favorable que se ha formado en la economía argentina. Por otro lado, falta de avance en este ámbito está relacionada con poca motivación de los inversionistas rusos a operar en el mercado latinoamericano en general, y en el mercado argentino en particular.

Existen también otras razones que impiden el desarrollo de la cooperación entre Rusia y Argentina en este ámbito, entre las cuales el estrecho segmento de la propuesta rusa de exportación de la producción industrial, dificultades en obtener los créditos preferenciales tanto para suministros de maquinaria y equipos como para el financiamiento de gastos locales de construcción de obras energéticas, industriales y otras.

Además, en Argentina, muchos proyectos inversionistas se realizan en forma de concesiones. Los empresarios rusos todavía no están dispuestos a trabajar en estas condiciones, aunque se hacen algunos intentos de aceptar dichas formas en cooperación con las empresas argentinas públicas. Por ejemplo, la corporación estatal rusa Rosatom sostiene negociaciones de colaboración con la parte argentina sobre la construcción de una central nuclear de 640 mWt. Se discuten las condiciones de este tipo de cooperación incluyendo una posibilidad de que la corporación rusa no sólo suministre y ensamble los equipos tecnológicos básicos sino también financiará la construcción de la central nuclear y después de su puesta en marcha cubrirá



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todos sus gastos vendiendo la energía eléctrica. Cabe mencionar también el consorcio de las empresas rusas integrado por las sociedades anónimas Silovye Mashiny, Inter RAO EES y Techpromexport el cual está negociando la posibilidad de construcción en Argentina de una central termoeléctrica con una capacidad de 1000 mWt operando con carbón. Se prevé que las empresas rusas financiarán la construcción de la central, suministrarán y ensamblarán los equipos y luego asegurarán su operación. Todos los costos de las empresas rusas se cubrirán con la venta de la energía eléctrica. Otra empresa que mostró su interés al mercado argentino de obras de energía eléctrica es RusHidro que está interesada en la construcción de una central mareomotriz y, probablemente, se encargará de la solución de cuestiones relacionadas con el financiamiento de este proyecto.

En los últimos años, aparte de las empresas rusas del sector energético, la cooperación inversionista en sus diferentes formas ha llamado atención de RZhD ( construcción de ferrocarril transandina, electrificación de un tramo Retiro-Pilar de la línea de ferrocarril San Martin), Rostselmash (constitución de una ensambladora mixta de cosechadoras de cereales con los componentes rusos y argentinos) KAMAZ (instalación de una ensambladora mixta de camiones para transporte de carga a granel).

Actualmente, en el territorio de Rusia se realiza por lo menos un proyecto mixto ruso-argentino. En la provincia de Krasnodarsky krai (ciudad de Ust-Labinsk), TD Podshipnik y la empresa argentina Arcelmash, integrante del grupo Dosbei Group (ciudad de Córdoba) constituyeron una ensambladora mixta de sembradoras de siembra directa en base de los componentes rusos y argentinos.

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Ademas, el concerno ruso Traktornye Zavody emprendió un estudio de instalar en Rusia una ensambladora mixta de cosechadoras de rotor con los componentes y piezas argentinas para la subsiguiente localización de su producción en el territorio ruso.

Con toda la probabilidad se puede hablar del fenómeno de Argentina como de un país que atravisa graves problemas económicos conduciendo una política del populismo económico una parte de la cual constituye neonacionalismo y proteccionismo activo, donde rige más de 10 años la situación de emergencia, de un país que está al punto de sumergirse en una crisis energética y que trata de una manera muy voluble sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo este país es un miembro del Grupo de los 20, pretende jugar el papel rector en la región latinoamericana, es un líder del diálogo Norte-Sur, aprovecha activamente el foro de la OMC para defender sus intereses, conduce una política de consolidación de su posición en la región, promociona de manera profesional su imagen a nivel internacional y cuenta con inmensas posibilidades potenciales como un exportador mundial de productos alimenticios.

1 Cabe mencionar que pese que en contra de Argentina se han interpuesto más de 30 demandas ante ICSID, lo que es más que contra cualquier otro Estado, este país no paga según lo ordenado por resoluciones de ICSID. En este sentido, según una de las resoluciones de ICSID, Argentina estaba ordenada de pagar US$30 millones a empresas estadounidenses. Como Argentina no había cumplido con la orden, en marzo de 2012, los EE.UU. suspendieron el derecho de Argentina a beneficios y preferencias previstos por el Sistema General de Preferencias (SGP) que da derecho a la reducción o exoneración de arancel de importación sobre mercadería exportada a este



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país. Este fue el primer caso cuando los EE.UU. suspendieron el derecho de un país a la adhesión al SGP. 2 El Banco Central de Argentina publica los datos sobre la inversión extranjera directa, que han sido captados por este país a partir de 2004. 3 La Nación. Buenos Aires, 4.I.2009.

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