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Urbanismo estatal en Lima metropolitana. Las urbanizaciones populares 1955-1990 Luis Cabello Ortega

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Urbanismo estatal en Lima metropolitana. Las

urbanizaciones populares 1955-1990

Luis Cabello Ortega

URBANISMO ESTATAL

EN LIMA METROPOLITANA.

LAS URBANIZACIONES POPULARES

1955-1990

Primera edición

Enero, 2012

Lima - Perú

© Luis Cabello Ortega

PROYECTO LIBRO DIGITAL

PLD 0409

Editor: Víctor López Guzmán

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Lima - Perú, enero del 2011

“El conocimiento es útil solo si se difunde y aplica” Víctor López Guzmán Editor

ur[b]esRevista de ciudad, urbanismo y paisaje

Universidad Nacional de IngenieríaFondo Editorial

g e c u pGrupo de Estudios de Ciudad, Urbanismo y Paisaje

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y ArtesUniversidad Nacional de Ingeniería

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Abstract

Metropolitan Lima’s growth is caracterized by the intervention of state and private sec-tors, in which the second may act following the norms or in an informal manner. The informal private sector pressures the State to elaborate housing policies and norms which may favor the population in need. Through this process the State develops diverse ways to participate, which mainly resume in urbanistic expressions. After the first half of the 20th century, the State has not faced the problem of shortage of housing due to the urban expansion which originated with the occupation of the land in the perisphery. Therefore legal norms are created to formalize these with the title of popular urban development. Norms dictated by the State which divide the land into lots and promote single-family housing. This article deals with the diverse methods in which the State intervenes in po-pular urban development.

Key words: Lima, state town planning, popular urban development, low cost dwelling.

Resumen

El crecimiento de Lima Metropolitana se signa por la intervención de los sectores estatal y privado, actuando este último dentro de la normatividad o de manera informal. El sector privado-informal presiona al Estado en la elaboración de políticas de vivienda y normati-vas dirigidas a la población más necesitada. En este proceso, el Estado desarrolla diversas modalidades de intervención que se traducen formalmente en expresiones urbanísticas. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la acción del Estado es insuficiente ante una ex-pansión urbana explosiva, originada por la ocupación informal de terrenos en la periferia. Se crea instrumentos legales para formalizarla, dando origen a la urbanización popular. Ésta constituye la forma de intervención estatal más sostenida, basada en la lotizacion y vivienda unifamiliar como solución para los sectores más pobres. La intervención estatal por medio de la urbanización popular en sus diversas modalidades es tema del presente artículo.

Palabras claves: Lima, urbanismo estatal, urbanización popular, vivienda de interés social.

* El presente trabajo forma parte de la investigación desarrollada por el autor para la tesis de Maes-tría en Asentamientos Humanos, retomada en el año 2006, en la Sección de Posgrado y Segunda Especialización de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, titulada “Urbanismo estatal y vivienda popular en Lima Metropolitana, la tradición de las urbanizaciones populares y el conjunto residencial económico Martinete”.

** Arquitecto, egresado de la maestría en Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería. Do-cencia en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería. E-mail: [email protected]

URBANISMO ESTATAL EN LIMA METROPOLITANALas urbanizaciones populares 1955-1990*

Luis Cabello Ortega**

ur[b]esVol. 3, Lima, enero-diciembre 2006, pp. 83-110

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1. Introducción

A fines de la década de 1940 en el siglo XX surgen las primeras urbanizaciones populares a partir de una nueva política de vivienda desarrollada por el Estado peruano como solución a los problemas habitacionales para los sectores menos atendidos. La falta de estudios que registren su evolución y las diferentes expresiones urbanísticas que adoptaron motivan revisar este tipo de proyectos ejecutados bajo diferentes políticas de vivienda popular. La investigación parte de la recapitulación de las urbanizaciones populares como tradición urbanística y de establecer el estudio de su evolución por medio de casos emblemáticos. Existen diferentes formas de tipologizar los proyectos urbanísticos realizados dentro del crecimiento físico de Lima Metropolitana; para este caso, se adopta la clasificación de los proyectos según la naturaleza del ente constructor, es decir, de quien edifica literalmente la ciudad. Son tres las entidades que se encargaron de la construcción física de Lima: el Estado (urbanismo estatal), el sector privado formal (urbanismo privado) y la construcción espontánea del sector privado informal (urbanismo barrial) (Ludeña, 2004: 48). De estas tres, la que proviene del Estado es la que dictamina normativas de construcción y gestión de la vivienda en el Perú.La construcción física de Lima Metropolitana se puede investigar mediante su naturaleza legal diferenciando la ciudad “formal” y la “informal”. La primera agrupa en un mismo campo la producción estatal y privada, y la última está conformada por las barriadas o barrios marginales. En esta dialéctica de la ciudad formal-informal se encuentra el estudio Tipología de la vivienda en Lima (Cabello, 1975), tomando como universo la ciudad formal y realizando un riguroso estudio de la vivienda como tipología arquitectónica y no desde una perspectiva urbanística a nivel de barrios. La historia de los proyectos desarrollados por el Estado es compleja y diversa: por un lado, interviene creando políticas de gestión y construcción de viviendas al mismo tiempo que promulga la normatividad que sustenta su desarrollo inmobiliario y, por otro lado, interviene en la construcción de viviendas a través de diversas entidades públicas. Este desarrollo es discontinuo y peculiar teniendo en cuenta que el Estado promulga para cada proyecto urbanístico una normatividad especial que legitima su construcción.

2. Las primeras intervenciones estatales para las clases populares (1911-1955)

Las denominadas “casas para obreros” se construyen con mayor intensidad hacia la década de 1930, y tienen sus precedentes desde fines del siglo XIX en el plano de Lima de 1875 de Enrique Meiggs, que une el puerto del Callao con el área central e incluye la construcción de viviendas para obreros. Dichas viviendas estarían dotadas de un mínimo de confort adecuado para la comodidad y salubridad de las clases obreras, entonces denominadas “populares”. El discurso de condiciones de vidas dignas e higiénicas para la clase obrera impulsa la construcción de viviendas por parte de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, que incluye este tema dentro de sus competencias a partir de 1911. Ese año, se le encarga a Claudio Sahut la construcción de las casas para obreros de las quintas Los Huér-fanos y La Riva, constituyéndose en las primeras edificaciones construidas por el Estado bajo una política de vivienda popular. Hacia 1914, la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima encargó a Rafael Marquina el diseño de veintisiete casas para obreros, de las cuales, las veintidós primeras se construyeron entre 1928 y 1941. Las casas para obreros signifi-caron la primera solución del Estado para los sectores populares y marcan el inicio de un periodo explorativo y de discusión sobre la producción de la vivienda como impulsadora del desarrollo social.

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La construcción del Barrio Obrero Modelo del Frigorífico Nacional en 1934 da inicio al periodo de mayor desarrollo en el tema de la vivienda popular. La posterior construcción de cinco barrios obreros es el primer laboratorio del Estado para desarrollar las diversas tipologías de vivienda económica dirigidas a los sectores populares de la sociedad. El sector estatal desarrolla dos maneras de intervenir en la ciudad: la construcción de casas para obreros en el área central de Lima para aliviar el problema de la tugurizacion, y la cons-trucción de los barrios obreros en la periferia para satisfacer la demanda popular. En 1937, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry promociona desde el primer número de la revista El Arquitecto Peruano la construcción de nuevas alternativas de vivienda económica. Belaúnde impulsa el debate sobre los problemas económicos, tecnológicos, sociales y culturales de la vivienda, reflexiona sobre la necesidad de abaratar los costos de la vivienda oponiéndose al crecimiento expansivo y poco denso de Lima, impulsando la vivienda colectiva como solución para las clases populares (Ludeña, 2001: 263).La Corporación Nacional de la Vivienda (CNV), creada en 1946, tendría como fin mejorar las condiciones de la habilitación urbanística en el territorio nacional. Fue creada como una empresa pública de derecho privado encargada de solucionar el problema de la vivienda. La creación y primeras obras de la Corporación Nacional de la Vivienda fueron la ocasión para un debate entre la revista El Arquitecto Peruano y el diario La Prensa, cuyo director fue Pedro Beltrán, quien tenía inversiones muy diversas en la economía peruana y haría de su diario el principal exponente del liberalismo económico (Zapata, 1995: 68). Los enfoques para solucionar el déficit de vivienda popular fueron el tema principal de este debate. Beltrán sostenía que la alternativa propuesta por la CNV -la construcción de bloques de vivienda para alojar a sectores populares- era una opción equivocada, porque sólo llevaba al Estado a subsidiar a unas cuantas personas desestimando a muchas otras. Beltrán fue partidario de vender y, por último, entregar a cada familia pobre un pequeño lote que sirviera para construir una vivienda unifamiliar, edificada poco a poco, en una operación que durante años canaliza el ahorro familiar.Pedro Beltrán asume el cargo de Primer Ministro en el gobierno de Manuel Prado y es el encargado de las políticas de vivienda. Según su visión, la participación del sector privado y el impulso del autofinanciamiento eran la única solución viable al problema de la vivienda para sectores populares. La solución al problema financiero de la vivienda popular estaría a cargo de las mutuales por medio de la captación de ahorros para convertirlas en capital de inversión en forma de créditos, así permitiría la construcción de viviendas para los sectores de menores recursos económicos (Monzón, 1990: 41). Con la creación de las mutuales, los primeros beneficiados fueron los inversores privados que al adquirir un terreno de bajo costo y transformarlo en una habilitación residencial para la clase media obtuvieron un alto margen de ganancia. En oposición a este planteamiento, los redactores de El Arquitecto Peruano afirmaban que la solución de la vivienda para sectores populares eran los edificios de departamentos. Según la revista, no había otro medio de abaratar el costo del suelo urbano. Durante la década de 1940, la revista fue partidaria del edificio de departamentos para sectores populares como la vía más eficaz para crecer lentamente, ganando en densidad y preservando el área agrícola en el valle de Lima (Zapata, 1995: 69-71).La Unidad Vecinal Nº 3 (UV3) fue la principal obra urbanística desarrollada por la CNV, diseñada por los arquitectos Alfredo Dammert, Carlos Morales Maquiavelo y Luis Dorich, quien tuvo a su cargo la parte urbanística. La participación de Belaúnde como miembro del directorio de la CNV, comprometía la labor de promoción de la unidad, contemplando la construcción de un superbloque de edificios de cuatro pisos como parte de un proyec-to que comprendía áreas de servicios sociales, comerciales y estatales. La unidad vecinal incluye la vivienda y el equipamiento necesario para los residentes, pero no considera el

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área de trabajo dentro de su concepción. La circulación en el conjunto es a pie al crearse unidades de vivienda autodependientes, en las que el niño y el adulto encuentran todo lo que necesitan sin necesidad de desplazarse en automóvil, disfrutando la condición de peatón. La CNV encarga al arquitecto Santiago Agurto la construcción de la mayoría de los conjuntos habitacionales posteriores a la UV3: Matute, Mirones y Rímac, entre las más importantes.Durante el gobierno de Manuel Odría (1948-1956), se realizó una importante inversión en infraestructura, en general, y en vivienda destinada a sectores medios de la burocracia estatal. En los ocho años que duró este gobierno, aumentaron los ingresos fiscales debido a la recuperación económica que experimentó el país y a los efectos de la guerra de Corea. El espíritu constructor de Odría es evidente si se observa los ministerios, unidades escolares y conjuntos habitacionales que se construyeron bajo su mandato. Al término de la segunda guerra mundial, la ciudad de Lima experimenta el fenómeno migratorio más grande en su historia, el cual define su carácter actual. Las migraciones no se deben a la movilización de las clases medias provincianas, y el campesinado pobre se precipita masivamente a la capital; entonces, el problema de los barrios marginales deja de ser una excepción para convertirse en el principal problema de la ciudad. Así lo demuestra un estudio de Manuel Valega realizado en 1950, según el cual, 58% de la población vivía en tugurios o barriadas, y se sostenía que la mitad de las viviendas no tenía los servicios elementales de saneamiento. En 1954, Valega estimaba que se requería construir 12 000 casas anualmente debido al crecimiento de la población, que era de 30 000 habitantes por año, para los cuales se requería 6 000 viviendas, mientras que otras 6 000 estarían destinadas para la reconstrucción de zonas tugurizadas o barriadas (Zapata, 1995: 83).El problema resultaba grave, porque en Lima se construía alrededor de 5 000 casas anuales, lo que representaba un déficit cualitativo de 6 000 viviendas por año -todos los tugurios y barriadas se encontraban en pésimo estado- y un déficit cuantitativo de 1 000 casas anuales. El panorama es más sombrío teniendo en cuenta que de las 5 000 viviendas construidas anualmente, 4 000 eran promovidas por el sector privado y apenas 1 000 las construía el Estado. En 1954, un nuevo concurso de vivienda popular fue la ocasión para que los miembros de la revista El Arquitecto Peruano mostraran nuevas alternativas de solución al problema de la vivienda popular. Este concurso fue organizado conjuntamente entre la revista y el diario La Prensa -mostrando el acercamiento entre Belaúnde y Beltrán- para darle forma al concurso “La casa barata que crece”, cuyas bases dictaminaban el diseño de pequeñas viviendas unifamiliares. El proyecto constaba de la construcción de un núcleo básico habitacional, y la expansión de la vivienda se dejaría indicada en los planos (Zapata, 1995: 91-92).

3. La urbanización popular (1955-1990)

Hacia el final del gobierno de Manuel Odría, se aprueba la normatividad para la construc-ción de urbanizaciones populares con la publicación del Reglamento de Urbanizaciones y Subdivisión de Tierras en enero de 1955, con todas las características de un instrumento legalizador de “barrios marginales” (barriadas). Por entonces, las barriadas ocupan la aten-ción del Estado como un fenómeno degenerador del crecimiento urbano. Esta herramienta legalizadora es la primera medida oficial que adopta el Estado para aliviar el problema del acceso a la vivienda por parte de las clases populares, comprometiendo también en la solución a los gobiernos municipales, beneficencias públicas y la empresa privada. Estas entidades eran las únicas facultadas para la construcción de urbanizaciones populares (UP), las cuales estaban destinadas a alojar grupos de familias de reducida capacidad económica

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que se encontraban imposibilitadas de adquirir terrenos para la construcción de su vivienda en urbanizaciones establecidas dentro de la ciudad. El reglamento de las UP señalaba que a cada familia se le concedería un solo lote dentro de Lima, y las que no regularizaban su situación ante el Ministerio de Vivienda y Obras Públicas serían declaradas “clandestinas”; entonces, el Estado procedería a su eliminación mediante la desocupación y limpieza de las áreas invadidas. Hasta ese momento, existían dos tipos de UP: la barriada legalizada bajo el amparo del Estado y los nuevos barrios construidos por éste para el sector popular.La denominación de “urbanización popular” no tenía implícito parámetros urbanísticos que la diferenciaran de las urbanizaciones de la clase media o media alta, ni tenía reglamentación sobre las áreas mínimas de intervención, localización geográfica, tamaño de lote o requeri-mientos mínimos para la vivienda, así como parámetros sobre el equipamiento urbanístico del barrio. La UP, al no presentar aún una idealización urbanística del barrio para las clases populares, debido a la ausencia de una reglamentación explícita sobre su morfología, no llegaba a constituir una tipología urbanística; se trataba de una simple denominación fáctica que permitía a cualquier barrio marginal pertenecer a la ciudad “legal”, y así, acceder al equipamiento necesario para su consolidación como parte oficial de la ciudad. Las primeras medidas para la construcción de las urbanizaciones populares aparecen con la publicación de las normas para la solución de los problemas de las barriadas marginales en junio de 1958. Luego de tres años de la publicación del Reglamento de Urbanizaciones (1955), el Estado concluye que uno de los factores por el cual las barriadas no llegaban a obtener el título de urbanización popular era la falta de asesoramiento técnico. Esto se evidencia al constatar la existencia de barrios no consolidados (entre barriadas y UP) desposeídos de una estructura urbana adecuada.Con la publicación de esta norma, el Estado se comprometía a brindar apoyo a la cons-trucción de viviendas de interés social por medio de asesoría y orientación en el diseño, la construcción y financiamiento de la vivienda, así como en el mejoramiento de las condi-ciones urbanísticas y sociales de los barrios marginales, urbanizaciones populares y barrios sin consolidar. Este compromiso no sólo significaba actuar sobre los barrios existentes, el Estado también tenía facultad de construir nuevas urbanizaciones. Así, se crea las asocia-ciones urbanizadoras, cuyo único fin sería la construcción de viviendas de interés social, dirigidas a familias de reducida capacidad económica, específicamente a los empleados y obreros de nacionalidad peruana. Lo más importante de este documento son las primeras dimensiones físicas que norman las UP: el área del lote no sería mayor que 250m2 y el área techada de la vivienda, no menor de 30m2, con un número de ambientes adecuado a la cantidad de personas de la familia, cocina y servicios higiénicos. La denominación con la cual se caracteriza a este tipo de vivienda sería el de “vivienda mínima”.La denominación de “urbanización popular de interés social” (UPIS) aparece con la publica-ción de la Ley Nº 13517: Ley Orgánica de los Barrios Marginales, en 1961, y se trata de la urbanización popular en su versión ampliada y corregida. La definición de UPIS es la misma que UP con muchas más especificaciones técnicas, y las entidades facultadas a construirlas son el Estado por medio de los municipios, las juntas o corporaciones departamentales, y el sector privado por medio de las asociaciones urbanizadoras. El área de intervención mínima de una UPIS sería mayor a las 10 ha de terreno y la dimensión del lote se normaría según la región natural en la que se encontrara: en la costa, el área de lote no sería menor de 150m² ni mayor que 250; para la sierra, el área mínima sería de 150m² y la máxima de 300, y para la selva, el lote no debería medir menos de 330m² ni más de 500 de área de superficie. La diferencia entre una UP y una UPIS radica en que mientras la primera puede ser un nuevo barrio o una barriada regularizada, la segunda sólo se trata de nuevos barrios con parámetros mucho más definidos. La UPIS es una tipología que pertenece a

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la urbanización popular, a partir de la cual, el Estado desarrolló otras con menos reserva en el aspecto normativo. El Estado construye, bajo el marco normativo de los proyectos especiales, un gran número de urbanizaciones que se basan en las características de las UPIS en cuanto a su estructura morfológica y la tipología de la vivienda (vivienda mínima).La mayoría de las UP están construidas bajo su propia normatividad y la denominación fáctica no sería tal, pero aspectos como los módulos de viviendas empleados, el área de la urbanización y la entidad constructora siguen siendo las mismas. El Estado construye urbanizaciones con vivienda de interés social bajo las denominaciones de UP, UPIS o pro-yectos especiales (PE), basándose en principios normativos y dimensionales de las UPIS, cuya denominación fáctica obedece en muchos casos al de PE, debido a su reglamentación especial que puede desarrollarse paralelamente a la construcción del mismo.

3.1. Las urbanizaciones populares experimentales (1955-1970)

Manuel Prado asume la presidencia de la República en 1956, mientras Belaúnde se ubica en la oposición. Al inicio de este periodo, el gobierno forma la Comisión para la Reforma Agraria y de la Vivienda (CRAV), recomendando políticas a partir de las cuales se for-maron las mutuales, y posteriormente el Banco de la Vivienda. La CRAV recomendó el financiamiento de la vivienda por medio del sistema de mutuales, dictaminando que éste sería el producto del ahorro del interesado, porque el capital estatal no podría cumplir esa tarea. Durante la década de 1940, el Estado construye al tiempo que propone soluciones de vivienda popular para los sectores de menores recursos económicos. A fines de la década de 1950, promulga leyes para proteger al trabajador y estimular al pequeño inversor por medio de un régimen preferencial de ahorro para fines de vivienda (Zapata, 1995: 105). En 1958, la CRAV publica el informe sobre la situación de la vivienda en el Perú, elabo-rado por el arquitecto Adolfo Córdova, quien consideró como la base del problema de la vivienda en Lima el crecimiento excesivo de la población, la baja capacidad económica, la expansión no planificada del área urbana, el insuficiente servicio público y la pérdida de la estructura del barrio, entre las más resaltantes causas (Córdova, 1958: 84-85).Bajo esta situación, el Estado plantea soluciones para reducir el problema de la vivienda en los sectores más necesitados de la población. Se genera diversas soluciones que dan la razón a Pedro Beltrán y su propuesta de vivienda unifamiliar, otorgando lotes independien-tes con núcleos básicos construidos y de crecimiento progresivo. Esta decisión del Estado contribuye a un crecimiento expansivo y casi ilimitado del área urbana. La Junta Nacional de la Vivienda (JNV), creada en 1962, surge de la fusión entre la Corporación Nacional de la Vivienda y el Instituto Nacional de la Vivienda, y se encarga de ejecutar las políticas de vivienda durante el corto período militar (1962-1963) precedente al primer gobierno de Fernando Belaúnde (Monzón, 1990: 41). Sería la JNV la encargada de la construcción de las UP, proyectando la primera en el Callao, en una zona alejada del área urbana de la ciudad en el actual distrito de Ventanilla, que se denominó “ciudad satélite”. Este proyecto se construye con una normatividad propia desarrollada en paralelo con el diseño del mismo perteneciendo a la categoría de proyecto especial.“Ciudad satélite” no es nominalmente una UP, pero sus características urbanísticas y la visión de la vivienda progresiva que encarna el proyecto la sitúan dentro de esta tradición como una nueva tipología. Este proyecto empieza a gestarse en 1960, durante el segundo gobierno de Manuel Prado (1956-1962), obedeciendo a una política de desconcentración del centro de Lima y el Callao. La construcción de este modelo tiene por objetivo distri-buir a la población de menores ingresos en la periferia de la ciudad, dotándola de servicios básicos. El modelo de ciudad satélite es importado de Estados Unidos y prevé círculos de

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crecimiento concéntricos desde la ciudad central hacia la periferia urbana, alternando áreas de suburbios con los sectores industriales y de habitación para la “mano de obra urbana”. El planteamiento de las ciudades satélites para Lima tenía como prioridad la concepción de ciudad autosuficiente, que incluye en su programa la ubicación de sectores industriales, comerciales y residenciales (Municipalidad de Ventanilla, 1992: 12-13). Pedro Beltrán, Premier y Ministro de Hacienda de Manuel Prado, asumió la gestión de los préstamos para la ejecución de la ciudad satélite bajo el programa “Alianza para el Progreso” financiado por el BID. El proyecto agrupaba a diez urbanizaciones y se proyectó 20 000 viviendas para una población servida de 100 000 habitantes. Sólo se llegó a ejecutar dos de los diez proyectos: Ventanilla y Almirante Miguel Grau, que fueron habilitadas inicialmente como viviendas para los suboficiales de la Marina de Guerra del Perú.Los dos proyectos suman 2 451 lotes habilitados con servicios de agua, desagüe y luz; pero el servicio de agua no fue permanente en los primeros años de estas urbanizaciones (Municipalidad de Ventanilla, 2002: 14). En el proyecto de la ciudad satélite de Ventanilla, se habilitó 1 802 lotes de vivienda unifamiliar, contemplando la construcción de núcleos básicos de habitación. La adjudicación de los terrenos se financiaba a través del sistema de las mutuales. Ciudad Satélite de Ventanilla (1962) marcaría ciertas características que distinguirían a las UP y otros proyectos similares que se construyeron hasta 1990, siendo la más resaltante el pragmatismo con que se estructura la manzana. La forma y dimensiones de la manzana responden al acomodo de lotes de vivienda unifamiliar de 10m de frente por 20m de fondo, y cada lote tiene un núcleo básico de vivienda con 58m² de área ocupada (29% de la superficie del lote), pues una de las características de las primeras UP es el lote de 200m2. La solución tipológica es el resultado del acomodo de manzanas rectangulares de 40m de ancho -el largo de dos lotes- distribuidas ordenadamente a lo largo y hacia un lado de la avenida Los Álamos, por la cual se conecta con la carretera hacia el Callao (avenida Los Precursores).La solución del núcleo básico propuesto contempla la construcción de un gran ambiente divisible en tres y un baño, que permite a la vivienda crecer sin la necesidad de respetar los planos de ampliación propuestos. La utilización del sistema pragmático de configuración de la manzana por medio de lotes estandarizados tiene dos inconvenientes en el emplazamiento del proyecto: la manzana rectangular predetermina las dimensiones del espacio público y su disposición en terrenos con una topografía variada genera grandes áreas intersticiales y residuales de forma irregular. Para optimizar el uso de estas áreas irregulares, se ocupa con la edilicia especial, repartida a lo largo del proyecto, ubicando en el centro del conjunto los usos más importantes. Otra característica de las UP es la disposición de la edilicia especial dentro de los espacios públicos destinados para parques. El sistema vial propuesto para esta UP es axial y las áreas destinadas al parqueo de vehículos están dispuestas de forma ramificada con el estacionamiento adyacente a la avenida principal y adjunto a la plaza pública de mayor jerarquía en el centro del proyecto (ver plano n° 1).El sistema de distribución perimétrica del flujo vehicular es característico de las primeras UP construidas en la década de 1960 como influencia directa de la megamanzana moderna usada en los conjuntos habitacionales. El espacio público predominantemente peatonal y el planteamiento de áreas de parqueo son otras características sustraídas de los conjuntos habitacionales. El desarrollo de estacionamientos resulta inadecuado teniendo en cuenta que se trata de familias de bajos recursos económicos con pocas posibilidades de obtener un vehículo. Ciudad satélite de Ventanilla funcionó en sus primeros años como una ciudad dormitorio. La causa de este fenómeno se debe a que la zona industrial y comercial nunca fue ocupada en su totalidad ocasionando que la población trabaje en centros laborales situados en el Callao y Lima. El principal problema del empleo de la ciudad satélite como

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Plano n° 1. Ciudad satélite. Ventanilla, 1962. Emplazamiento y trama parcelaria.Fuente: Ludeña U., Wiley. (2004): Lima. historia y urbanismo en cifras. 1821-1970. Lima: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, UNI. Pág. 115.Concepto y diseño: Luis A. N. Cabello Ortega, Marcos Paúl Aquino Casabona.Digitalización: Carlos Edwin Callupe Arias, 2006.

Fig. n° 1. Ciudad satélite. Ventanilla, 1962. Vista de los núcleos básicos.Fuente: Harris, Walter D. (1963): La vivienda en el Perú. Washington: Organización de Estados Americanos-OEA.

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modelo para descongestionar el área central es la gran distancia que recorre la población para llegar a su lugar de trabajo. Años más tarde de la construcción de este proyecto, el Reglamento de Construcción de 1964 deja de mencionar las normas sobre construcción en adobe y quincha, evidenciando la preocupación por parte del Estado en modernizar la tecnología constructiva.El Gobierno promovió la construcción de viviendas económicas a través de nuevos sistemas constructivos y desarrollo de nueva tecnología para reducir costos en los procesos construc-tivos, que tendría como base la aplicación del concreto armado en diversas formas. Para 1967, el área urbana de Lima ocupaba una extensión de 14 381 ha de terreno que cubría los distritos de Callao, Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, San Isidro, Miraflores y los “barrios marginales” del norte, este y sur de la ciudad. Existía una población aproximada de 2 818 000 habitantes repartidos en 551 645 hogares residentes en 522 530 viviendas. Por ese entonces, el déficit de vivienda ascendía a 29 115 unidades, siendo uno de los motivos para la creación del Ministerio de Vivienda y Construcción dos años más tarde, el mismo que tendría a su cargo la planificación, habilitación y control del desarrollo del área central consolidada y las urbanizaciones de los sectores medios y altos (INADUR, 1991a: 2). Hacia junio de 1968, se firmó el Convenio entre el Gobierno del Perú y las Naciones Unidas (PNUD) para la construcción simultánea de tres proyectos piloto en el plazo de tres años. El proyecto piloto PP1 de 1966, denominado “Proyecto Experimental de Vivienda” (PREVI), se desarrolla durante el primer gobierno de Belaúnde (1962–1968), y tiene como objetivo el desarrollo de conceptos nuevos y mejorados en diseño y tecnología de la construcción.El proyecto PREVI marca el fin de la etapa de experimentación del Estado en la búsqueda de la vivienda mínima ideal, dotada de ambientes mínimos y con un sistema de creci-miento progresivo que solucionara el problema de la vivienda en Lima. PREVI pertenece a la tradición de las UP por el diseño de la vivienda mínima y la búsqueda del módulo de crecimiento progresivo que se plantea en ésta, y también a que gran parte de las bases para el concurso de PREVI están inspiradas en la normatividad de las UPIS. Este proyecto comprendió la construcción de 466 unidades de vivienda en 12,30 ha de terreno ubica-dos en el kilómetro 16,5 de la carretera Panamericana norte, en el fundo “El Naranjal” perteneciente al actual distrito de San Martín de Porres. El proyecto se elaboró bajo un concurso de carácter internacional y contó con la participación de trece países extranjeros y veintiocho equipos de profesionales peruanos, convirtiéndose en el mayor laboratorio de prototipos de vivienda mínima impulsados por el Estado. La habilitación final del proyecto fue un collage de pequeñas manzanas extraídas de cada uno de los proyectos participantes del concurso. De las veintiséis soluciones planteadas, sólo se ejecutó veinticuatro. El ca-rácter del proyecto fue de recoger una gama de soluciones en el diseño y construcción de viviendas para un asentamiento urbano. Se recomendó la consideración de cuatro aspectos importantes: el desarrollo de diseños y procesos constructivos de la vivienda y el diseño urbano en el que se emplazarían, adoptar el sistema de vivienda unifamiliar con baja altura y alta densidad, basarse en conceptos de flexibilidad y crecimiento progresivo horizontal o vertical que satisfaga el carácter cambiante de las familias, y contemplar diferentes costos para cada tamaño de familia, considerando un número de dos a seis niños por familia con posibilidad de acomodar hasta diez personas en una vivienda a futuro (Monzón, 1990: 73). En todos los proyectos, el planteamiento urbanístico se caracteriza por el uso de esquemas repetitivos que ocasionan el crecimiento difuso del conjunto y la organización del mismo a partir de una alameda central. Todos los proyectos contemplan diferentes formas de estructurar la manzana: con hileras de viviendas de uno o dos frentes, con lotes irregulares, con espacio común cerrado

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y con equipamiento central. El planteamiento final de PREVI repite algunas características vistas en la Ciudad Satélite de Ventanilla: la organización del sistema vial es perimétrico con distribución ramificada de las áreas de parqueo para privilegiar el uso peatonal del espacio público interno.Se establece un espacio de mayor jerarquía en las áreas de parqueo al implementar un estacionamiento central adjunto al gran espacio público. En este caso, la plaza principal está desfasada del centro para un mejor acomodo de las manzanas irregulares resultantes de las diferentes propuestas ejecutadas. La masa edilicia se distribuye de manera pragmá-tica por medio de manzanas multiformes dispuestas reticularmente, generando espacios de recreo en torno al cual se distribuye grupos de dos a tres manzanas. La edilicia de base se distribuye organizadamente en todo el conjunto y la edilicia especial, como en Ciudad Satélite, queda inserta dentro del espacio público principal (ver plano n° 2). Los resultados del proyecto no fueron todos positivos debido al elevado costo que significó su construcción final. El público objetivo se reorientó hacia sectores de la clase media, dejando a las clases populares sin acceso a viviendas del proyecto. PREVI se considera una UP por su legislación y el público objetivo inicial del proyecto.PREVI marca un cambio en la construcción de viviendas económicas, porque constituye el laboratorio más grande del Perú, no por su extensión, sino por el número de prototipos desarrollados. Con la construcción de este conjunto, se cierra la etapa de experimentación estatal, debido al déficit de vivienda y el fenómeno migratorio que desborda los esfuerzos del Estado por consolidar la idea de vivienda progresiva. A partir de este momento, si bien se construye todos los tipos de vivienda popular -vivienda mínima, núcleo básico, lotes con servicios, lotización tizada-, el Estado enfatiza en uno de estos modelos. El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) concentró la inversión pública en los sectores productivos restando importancia a los sectores sociales. Su política de gobierno contempla al sector privado a cargo de la construcción de vivienda, mientras el Estado se encarga de incentivar la inversión a través de lineamientos de promoción del capital privado. La intención del gobierno militar fue concentrar en una sola institución todo lo relacionado al tema de gestión de la vivienda, así se crea el Ministerio de Vivienda y Construcción en 1969 (Monzón, 1990: 44).En 1971, se crea el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), el cual tuvo a su cargo los asentamientos ubicados en la periferia y los denominados “pueblos jóvenes” y “urbanizaciones populares” (INADUR, 1991a: 2). Ese año marca el cambio en la política estatal debido a que el problema de la vivienda se hace cada vez mayor. En este primer periodo, el déficit de vivienda responde a la decisión del Estado por “experimentar” nuevas tecnologías constructivas y prototipos de vivienda progresiva, perdiendo de vista el tema de fondo.

3.2. La Urbanización Popular y la dispersión de la ciudad (1970-1980)

En este segundo período, el Estado asume tardíamente la construcción masiva de vivien-das populares, restando importancia a la experimentación de nuevos módulos de vivienda progresiva y centrando su interés en la habilitación de viviendas con un mínimo de am-bientes. Si bien siguió desarrollando otras tipologías de vivienda como el núcleo básico y la lotización tizada, la vivienda mínima fue de especial interés para el gobierno militar de Velasco Alvarado y luego de Morales Bermúdez. El módulo de vivienda mínima estaba dotado de cinco ambientes: sala-comedor, cocina, baño, patio de servicio y un dormitorio. El crecimiento de la vivienda era horizontal o vertical dependiendo del diseño del módulo de vivienda. Durante estos ocho años, la poca inversión en vivienda popular provocó que

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Plano n° 2. PREVI. San Martín de Porres, 1968. Emplazamiento y trama parcelaria.Fuente: Instituto Nacional de Desarrollo Urbano (1991): Estudio de evaluación integral de los programas de vivienda ejecutados y/o promovidos por el Estado. Informe 1969-1979. Lima: INADUR.Concepto y diseño: Luis A. N. Cabello Ortega, Marcos Paúl Aquino Casabona. Digitalización: Carlos Edwin Callupe Arias, 2006.

Fig. n° 2. PREVI. San Martín de Porres, 1968. Módulos P25.Fuente: Ministerio de Vivienda y Construcción. (1975): Vivienda. Investigación y experiencias. Perú. Lima: Ministerio de Vivienda y Construcción. Pág. 49.

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la construcción de la vivienda mínima fuera reducida. Así, encontramos casos como Villa El Salvador, donde a pesar de plantearse soluciones interesantes de viviendas progresivas elaboradas por la Empresa Administradora de Inmuebles (EMADI), predomina en número la habilitación de lotes tizados con autoconstrucción de vivienda.La Oficina de Proyectos de Promoción Comunal (PROCOM) del Ministerio de Vivienda y Construcción impulsa en 1971 la elaboración de un proyecto de habilitación de lotes en la Tablada de Lurín, a 19 kilómetros al sur de Lima, en el distrito de Villa María del Triunfo. En este lugar, se planteó en mayo de ese año el proyecto de Villa El Salvador, que com-prendió 47 736 lotes tizados y 648 viviendas económicas en un área de 2 500 hectáreas. El autor de este proyecto es el arquitecto Miguel Romero Sotelo, quien mereció con este planteamiento, el primer premio de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Colegio de Arquitectos del Perú en 1998. La propuesta contemplaba tres innovaciones en la forma de concebir nuevas UP. La primera es el planteamiento de un modelo territorial que genere el desarrollo integral, diferenciando la zona industrial, residencial y agropecuaria. La segunda se refiere al diseño de una estructura urbana modular que incorpora 84 lotes de 140m2 cada uno, en 16 manzanas rectangulares de igual dimensión. Por último, el diseño de una estructura vial tipo parrilla que posibilite tanto el acceso vehicular como peatonal.Villa El Salvador resulta emblemático por su tamaño, la estructuración repetitiva y continua de la manzana y su característica de ciudad autoconstruida. Las dimensiones del lote en promedio son de siete metros de frente por veinte metros de fondo con un área de 140m², inferior a los 200m² manejados en Ciudad Satélite de Ventanilla. Todas las manzanas de uso residencial tenían iguales dimensiones: 40m de ancho por 89m de largo, y el conjunto de 16 manzanas formaba un fragmento morfológico denominado “grupo residencial”. De esta manera, un barrio se compone por tres y medio grupos residenciales, y la agrupación de seis barrios forma un sector (INADUR, 1991a: 51). La estructura de los grupos residen-ciales la conforman manzanas rectangulares distribuidas de manera perimétrica a un área pública que concentra una serie de equipamiento de carácter comunal. Este equipamiento está conformado por el club de madres, el local comunal, el jardín infantil y una cancha de fútbol. El efecto que causaría esta organización repetitiva de agrupamientos de manzanas idénticas con lotes de igual dimensión sería el crecimiento extenso y difuso de la ciudad, carente de límites o delimitaciones.Esta estructuración provoca la pérdida de percepción de los límites del barrio -dónde acaba o dónde empieza-, el crecimiento se descontrola hasta que encuentra barreras físicas infranqueables como otra urbanización. Villa El Salvador se organiza tangente a la avenida Pachacútec, y la masa edilicia se distribuye en dos zonas: el sector industrial y el sector residencial. En el primer sector, se mezcla edilicia de base con edilicia especial, que incluye el equipamiento necesario para la zona residencial, y el segundo sector está ocupado por la edilicia especial dedicada a la industria. La avenida Separadora Industrial divide la zona industrial de la zona residencial, y carece de áreas de parqueo distribuidas en grandes bolsas de estacionamiento. La estructura vial es reticular y funcional a diferencia de las anteriores UP. Villa El Salvador es un caso excepcional por la dimensión del proyecto y el corto tiempo de planificación que tuvo, y principalmente por el excesivo pragmatismo en su planteamiento. La trama parcelaria obedece a criterios de uniformidad, funcionalidad y maximización del uso del suelo. Las dimensiones del lote determinan las dimensiones de la manzana, del agrupamiento, del sector y del proyecto en general (ver plano n° 3).La ubicación del proyecto fue poco favorable: al encontrarse en la periferia de la ciudad no se llegó a consolidar e integrar al área urbana central en un corto plazo de tiempo. La población que necesitaba utilizar los servicios básicos y/o acudir a sus centros de trabajo debía realizar una travesía a pie hasta llegar a la carretera Atocongo, desde donde se vin-

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Plano nº 3. Villa el Salvador. Villa María del Triunfo, 1971. Plano del conjunto.Fuente: Gurmendi T., Luis. (1972): Esquema para un análisis de la dinámica urbana en Villa El Salvador. Tesis de Bachiller, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima.Concepto y diseño: Luis A. N. Cabello Ortega, Marcos Paúl Aquino Casabona.Digitalización: Carlos Edwin Callupe Arias, 2006.

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culaba al sistema vial de Lima Metropolitana. En 1991, la situación del proyecto mejora considerablemente, por la presencia de la avenida Pachacútec y la avenida 200 Millas, que permiten su integración al contexto urbano, relacionándolo con centros de servicio, salud, educación y comercio de otras urbanizaciones. A nivel distrital, en salud utiliza el hospital María Auxiliadora; en educación y comercio, se apoya en el equipamiento de San Juan de Miraflores (INADUR, 1991a: 50).El modelo de ciudad autogestionaria es uno de los aportes de este proyecto. La formación de asociaciones para el autofinanciamiento y autoconstrucción de las viviendas se impuso a los veintidós núcleos básicos que construyó EMADI en un sector de Villa El Salvador, sin alcanzar el éxito de iniciativas anteriores. En 1975, durante el gobierno militar de Morales Bermúdez, se crea la Oficina de Investigación y Normalización OIN, del Ministerio de Vivienda y Construcción, y en 1978, se promulga la Ley de Municipalidades bajo el Decreto Ley Nº 22250 que otorga a los Concejos Municipales la promoción y la construcción de viviendas de tipo económico para cubrir las necesidades de la población. Esta ley autoriza a las municipalidades, por intervención directa o mediante organismos especializados, la construcción de viviendas para los sectores populares y el saneamiento de áreas de tugurios. Para 1979, el área urbana había experimentado un rápido crecimiento llegando a ocupar un área de 33 000 hectáreas con una población estimada de 4 279 224 habitantes, compuesta por 841 805 hogares, los cuales residían en 776 002 viviendas. El déficit de viviendas es-timado para ese año ascendía a 252 472 unidades de vivienda (INADUR, 1991a: 3).Ese año se proyectó la UP Los Amautas (1979), ubicada en terrenos que originalmente pertenecieron al distrito de Comas, y en la actualidad están dentro de la jurisdicción del distrito de Carabayllo. La historia de Los Amautas empieza en 1980, cuando el Ministerio de Vivienda con recursos del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) propuso ejecutar -bajo la modalidad de contrato- el proyecto que comprendía la construcción de 345 unidades de vivienda unifamiliare. Las viviendas se construyeron en terrenos habilitados y ofertados por el contratista, y ocuparon 13,59 ha de extensión (INADUR, 1991b: 10). El proyecto se ubica entre las avenidas Trapiche-Chillón, Chimpu Ocllo y Universitaria, por las cuales se conecta con los distritos de Comas, Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres y Puente Piedra. La UP Los Amautas se orientó a satisfacer la demanda de pobladores de menores ingresos que tuvieran acceso a una vivienda económica, específicamente a los pobladores del segmento de trabajadores en condición dependiente -obreros y empleados- que aportaban al FONAVI. En 1983, el Gobierno se encarga de entregar los 345 módulos básicos a través de un sorteo público entre los aportantes, proyectando favorecer a 1 898 personas que significa un promedio de 5,5 personas por familia (INADUR, 1991b: 19).La trama parcelaria de las manzanas en el conjunto es de conformación pragmática y sus dimensiones son el resultado estricto del dimensionamiento estandarizado de los lotes y del racional acomodo para otorgarles una forma regular al igual que en las primeras UP. Las manzanas se acomodan a partir de los linderos del terreno dejando las áreas irregulares para parques de uso recreacional. La edilicia de base se acomoda de manera práctica a las manzanas regulares, mientras que la edilicia especial absorbe las formas irregulares que quedan como residuos de la anterior (ver plano n° 4).La racionalidad de la trama parcelaria responde a las dimensiones del lote, que en pro-medio tiene 9m de frente y 21m de fondo, ocupando el lote un área promedio de 190m2. La estructura vial se organiza acomodándose a la existente, ofreciendo una continuidad espacial para las avenidas principales y otorgando una mayor permeabilidad vehicular en el eje norte-sur del conjunto. Este acomodo produce que las manzanas se orienten hacia el eje noreste y que la permeabilidad vehicular disminuya en el eje este-oeste. El proyecto se planteó con una densidad de 136 hab./ha a pesar de que el Plan de Desarrollo Metropoli-

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Plano n° 4. Los Amautas. Carabayllo, 1979. Emplazamiento y trama parcelaria.Fuente: Empresa Nacional de Edificaciones-ENACE (1985): Revolución habitacional en democracia. Plan de vivienda del gobierno peruano 1980-1985. Lima: ENACE.Concepto y diseño: Luis A. N. Cabello Ortega, Marcos Paúl Aquino Casabona.Digitalización: Carlos Edwin Callupe Arias, 2006.

Fig. n° 3. Los Amautas. Carabayllo, 1979. Módulo típico.Fuente: Empresa Nacional de Edificaciones-ENACE. (1985): Revolución habitacional en democracia. Plan de vivienda del gobierno peruano 1980-1985. Lima: ENACE. Pág. 65.

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tano estipulaba una zonificación tipo R4, que admitía una densidad máxima neta de 500 hab./ha. La reducción de la densidad poblacional favorece el crecimiento expansivo y poco denso de la ciudad, característica de las UP construidas en este periodo. En el diseño de la vivienda, se plantea la construcción de un módulo básico habitacional de 46m2 de área construida, dotado de cinco ambientes: el estar, el comedor, la cocina, un dormitorio, un baño y un patio de servicio.El módulo de vivienda dispone del espacio necesario para la construcción de una segunda habitación en el primer piso y la construcción de un segundo piso, la cual sería autofinan-ciada por el propietario del terreno. El estado construyó 103 372 unidades de vivienda durante la década de 1970, lo que representó el 41% de del total construido y solucionó el 32% del déficit de vivienda durante esos diez años. El aporte estatal se caracterizó por el desarrollo de viviendas progresivas y lotes unifamiliares bajo la forma de lotes, lotes tizados, lotes con servicios y viviendas construidas. El crecimiento expansivo de la ciudad elevó los costos por instalación de la infraestructura de los servicios básicos: redes para la dotación de agua, desagüe y energía eléctrica. En 1981, durante el segundo gobierno de Belaúnde, se crea el Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda (ININVI), el cual asumió las funciones que cumplía la OIN. Se le otorgó el carácter de una institución pública independiente del Ministerio de Vivienda. Las líneas de investigación que el ININVI desarrolla para sus funciones y actividades son dos: la primera se centra en la búsqueda de conceptos y soluciones de diseño y tecnología novedosa o mejorada con el objetivo de reducir los costos de la vivienda y su equipamiento. Esta primera línea contempla la reducción del costo de ejecución de los servicios públicos y el de habilitación urbana. La segunda línea está orientada al estudio y desarrollo de las tecnologías tradicionales como el adobe, la quincha y la madera (Monzón, 1990:47).

3.3. La ciudad sin ciudad o el fin de las urbanizaciones populares (1980-1990)

Este corto período es muy importante dentro de la historia de la vivienda estatal popular. El inicio del segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry se caracteriza por la construcción de módulos básicos. En ese momento, el Estado deja de lado la construcción de vivienda progresiva con un mínimo de ambientes para dar paso a la construcción de unidades de habitación que cuenten con los ambientes más elementales: un solo espacio para concentrar todas las actividades y un baño. Belaúnde abandona la idea de que las clases populares deben habitar edificios compactos y de mayor altura, trasladando esta idea hacia la clase media de la sociedad. En el segundo gobierno de Belaúnde, se evidencia la gran diferencia entre el volumen de construcción en conjuntos residenciales de clase media en comparación con las UP de las clases populares. El proyecto más representativo del inicio de este período es el agrupamiento Pachacamac, tratándose de un caso atípico, en donde se construye una urbanización dentro de otra. El área que ocupa el proyecto está dentro de una zona no construida de Villa El Salvador. Su construcción se realiza entre 1980 y 1985 como un programa de vivienda de lotes y servicios que comprende 14 241 unidades de vivienda desarrolladas en cuatro etapas.

Durante este periodo de gobierno, se construye 7 069 unidades de vivienda, de las cuales 3 116 fueron lotes con servicios y núcleos básicos y 3 953, lotes con servicios. En el periodo 1985-1990 se continúa el proyecto dentro de la estrategia de habilitación progresiva, y en la tercera etapa, cuyo proceso de habilitación urbana estaba inconcluso, se construyó 1 550 núcleos básicos con vías de acceso “enripiadas”, sin veredas e instalaciones domiciliarias de servicios básicos. En el sector I, de la cuarta etapa se adjudicó 3 890 lotes con las mismas características técnicas en el proceso de habilitación urbana, y en el sector II, se ejecutó y adjudicó 5 622 lotes básicos

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(lotes tizados con instalaciones comunitarias en los servicios básicos). Pachacamac se integra vialmente con Lima Metropolitana a través de la avenida Pachacútec, que la comunica en forma relativamente fluida con los distritos de San Juan de Miraflores, Surco, Surquillo y La Victoria, y crea un enlace con centros industriales y de servicios importantes en la ciudad. También por esta misma vía se accede a la vía de Evitamiento y se permite la conexión con el Rímac, Comas y San Martín de Porres. Respecto de la integración con el entorno, la avenida Revolución resul-ta de importancia para el proyecto, pues por ésta se accede de forma inmediata a los servicios sectoriales más importantes: salud, educación, comercio y servicios.Al ocupar las áreas de expansión del distrito de Villa El Salvador, el agrupamiento mantiene en general una trama urbana consolidada, no constituye una unidad morfológica indepen-diente, es un conjunto de sectores adosados al complejo urbano existente. El proyecto se divide por etapas y cada etapa, en sectores. La escala de barrio para este caso estaría más adecuada a la de un sector por su tamaño, estructura vial y la organización de la masa edilicia (ver plano n° 5). A diferencia de los anteriores casos, la edilicia especial ocupa manzanas regulares enteras o se ubica como remate de las manzanas ocupadas por la edilicia de base. La edilicia especial se ubica siempre al centro de cada sector, pero ya no inserta dentro del espacio público, sino conformando calle y plaza, agrupándose en torno a la plaza principal. El sistema vial es perimétrico y los accesos a las área de parqueo es en forma de eslabón con la vía secundaria atravesando el estacionamiento, dando preferencia a un espacio público de carácter peatonal sobre el flujo vehicular que se disminuye al máximo. Las etapas III y IV se desarrollaron de manera dispersa; el cambio de uso de las unidades de vivienda hacia vivienda-comercio y vivienda-taller es la característica más resaltante en el conjunto. En las áreas de aporte para equipamiento, se produce cambios de uso a consecuencia de las invasiones de estos terrenos. Los espacios públicos mantienen sus características iniciales de vías afirmadas y losas deportivas en las plazas.La población proyectada para el proyecto fue de 78 325 habitantes, y la población adjudi-cada fue de 60 841 habitantes entre los años 1985 y 1990. De estos adjudicatarios, 8 525 corresponden a la III etapa del sector 1, habilitada con módulos básicos, y 52 316 a la IV etapa del sector 2, que cambió de módulos básicos a lotización tizada. Es decir, el 86,5% del proyecto pasó en el lapso de cuatro años, a convertirse en lotización tizada con autocons-trucción de vivienda. Al igual que este proyecto, todas las UP que se iniciaron durante este periodo como habilitación de módulos básicos terminaron en habilitaciones de lotización tizada. En 1978, el Gobierno promulga la Ley de Municipalidades, la cual incluye entre las funciones municipales la promoción de construcción de viviendas de tipo económico den-tro de terrenos municipales para cubrir las necesidades de la población. De esta forma, la Municipalidad de Lima Metropolitana se suma a la acción del gobierno central, en materia de vivienda popular mediante proyectos identificados como de “Gestión Municipal”, que apuntaron a la habilitación de 31 015 lotes sin servicios ni núcleos básicos. Los seis proyec-tos que se ejecutaron en una gestión conjunta entre los pobladores y la Municipalidad de Lima Metropolitana fueron: Laderas del Chillón en 1982 con 1 368 lotes, Arenal de Canto Grande en 1985 con 1 407 lotes, Panamericana Norte en 1986 con 3 146 lotes, Rinconada de Pamplona en 1986 con 845 lotes, Alfa y Omega en 1986 con 249 lotes y Huaycán en 1987 con 24 000 lotes.El proyecto Laderas del Chillón ocupa un terreno municipal de 30,2 ha y es de habilitación progresiva; fue formulado por la Municipalidad de Lima Metropolitana en el marco de las políticas de vivienda del gobierno municipal entre 1984 y 1986, y financiado por el INVERMET, aportes de los pobladores y la utilización de líneas de crédito del Banco de Materiales y el Banco de la Vivienda del Perú. El proyecto se ubica al norte del área urbana, en el distrito de Puente Piedra, que luego pasaría a la jurisdicción del distrito de Comas,

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Plano n° 5. Pachacamac. Villa el Salvador, 1981. Agrupamiento urbano.Fuente: Empresa Nacional de Edificaciones ENACE (1985): Revolución habitacional en democracia. Plan de vivienda del gobierno peruano 1980-1985. Lima: ENACE.Concepto y diseño: Luis A. N. Cabello Ortega, Marcos Paúl Aquino Casabona.Digitalización: Carlos Edwin Callupe Arias, 2006.

Fig. n° 4. Pachacamac. Villa el Salvador, 1981. Vista aérea de los módulos.Fuente: Empresa Nacional de Edificaciones ENACE (1985): Revolución habitacional en democracia. Plan de vivienda del gobierno peruano 1980-1985. Lima: ENACE. Pág. 81.

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a 24 kilómetros del centro de Lima, a 15 kilómetros del eje industrial de la carretera al norte y a 20 kilómetros del centro de servicios de las avenidas Zarumilla y Caquetá. La gran distancia con las zonas laborales y de servicios produjo que el servicio de transporte fuera un aspecto crítico para la población. La relación con el distrito de Puente Piedra es importante debido a su cercanía, que ofrece posibilidades de trabajo, comercio y servicios a pequeña escala, y lo más importante: allí se concentra el equipamiento sectorial y distrital que sirvió a los primeros pobladores de Laderas del Chillón.El proyecto está planteado en tres explanadas debido a las características propias del te-rreno, integradas por una vía que permite el acceso hacia la carretera Panamericana norte, ubicada a dos kilómetros. En cada explanada, se organiza el espacio urbano a través de supermanzanas de 88 lotes delimitadas por las vías vehiculares. El sistema de circulación peatonal divide las supermanzanas en cuatro grupos de veintidós lotes, y cada uno de éstos cuenta con un “núcleo sanitario” de servicio común. Laderas del Chillón y El Naranjal, proyectadas por el arquitecto Miguel Alvariño, constituyen uno de los mejores ejemplos en cuanto a la organización de la trama parcelaria y estructuración de las manzanas. Los lotes son todos de la misma dimensión al igual que en las UP anteriores y se agrupan en forma de cruz gamada, dejando accesos localizados en el medio de cada lado de estas manzanas cuadradas. Cada acceso lleva a un espacio interior a manera de cul de sac dejando un área de recreación interna, que en total suman cuatro por cada manzana.El sistema vial se organiza por medio de una avenida principal que se ramifica en dos vías menores conforme la habilitación avanza cuesta arriba por la difícil topografía. Estas dos avenidas menores terminan en una rotonda que marca el punto de retorno del circuito vehicular. A partir de la vía principal, se organiza las calles laterales y transversales que comunican a todo el conjunto. En Laderas del Chillón, se rescata la predominancia del circuito peatonal sobre el vehicular, de allí que el flujo vehicular se disponga de manera perimétrica a las manzanas dejando para el uso peatonal los espacios generados al interior de ésta. Se debe resaltar que la población ha tenido que dedicar mucho tiempo a la tarea de nivelar el terreno debido a que las curvas de nivel tomadas en cuenta para el diseño urbano no corresponden exactamente a las del terreno, al existir en él una cantera de mi-nerales no metálicos. De este modo, el proyecto original sufrió alteraciones en cuanto a su emplazamiento original, pero continuó con la organización tipo cul de sac y de la trama parcelaria dentro del lote.En el proyecto original, se observa dos grandes manzanas que serían ocupadas por la edilicia especial a diferencia de otras UP, en las que se proyectaban siempre en el centro de cada conjunto. En este caso, se repite la característica principal de las UP: manzanas de forma irregular no son ocupadas por la edilicia de base para evitar resolver lotes de diferentes tamaños y se ocupan con la edilicia especial (ver plano n° 6). La población programada fue de 7 436 habitantes, pero cuando se efectuó el proceso de adjudicación esta cifra se reajus-tó a 7 453. En 1990, se constató que los pobladores no habían abandonado el proyecto, debido a que existían 6 578 habitantes ya emplazados, es decir el 88,6 % de la población prevista. En 1984, la Municipalidad de Lima Metropolitana formula el Plan de Estruc-turación Urbana a 1996, que se aprobaría en 1986. Este plan menciona en el tema de la vivienda, el desarrollo de Proyectos de Habilitación Progresiva hacia un patrón urbano que configura un nuevo modelo de expansión con utilización intensiva del suelo. El plan determina también siete áreas de estructuración de las cuales el área de estructuración 1, de uso predominante residencial y densidad media de 150 a 280 hab./ha, estaba definida como área prioritaria tanto en la dotación de servicios y equipamiento, como en la locali-zación de asentamientos humanos municipales (INADUR, 1991c: 7).Ese año se aprueba el programa Techo Propio (TEPRO), y se declara de interés público y de prioridad nacional la habilitación de lotes de vivienda en terrenos eriazos. El primer gobier-

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Plano 6. Laderas del Chillón. Puente Piedra, 1982. Plano del conjunto.Fuente: Alvariño G., Miguel (1988): Vivienda y ciudad. Teoría de una propuesta. Lima: Instituto Nacional de Investigación de la Vivienda.Concepto y diseño: Luis A. N. Cabello Ortega, Marcos P. Aquino Casabona.Digitalización: Carlos Edwin Callupe Arias, 2006.

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no de Alan García (1985-1990) incidió en el problema de la vivienda con una producción anual de 4 185 unidades, muy por debajo de los gobiernos anteriores que llegaron a 8 000 unidades anuales entre 1975–1979, y a 5 000 unidades anuales en el período 1980–1985. La producción en el gobierno de García se caracterizó por ser de habilitación progresiva, sumando un 83% del total de unidades que se construyeron entre lotes básicos (23%), lotes con servicios (23%), lotes de vivienda (19%) y núcleos básicos (18%). Se planteó construir cinco proyectos: Ciudad Pachacútec con 18 500 unidades de vivienda, Agrupamiento Pachacamac con 14 241 unidades, Ciudad del Deporte con 4 259 unidades, Mi Perú con 3 713 unidades y La Merced con 492 unidades. De las 41 205 unidades de vivienda que se programó construir, sólo llegó a ejecutarse 20 927, lo cual representó apenas el 50,79% del total, dejando como lotización tizada 20 278 unidades que corresponden al íntegro de Pachacútec y a gran parte en Ciudad del Deporte (INADUR, 1991c: 9-10).Ciudad del Deporte (1984-1985) fue un proyecto sometido a concurso nacional por el Ministerio de Vivienda y Construcción, y el equipo ganador estuvo conformado por los arquitectos José Bentín, quien se encargó de los equipamientos deportivos; Alfredo Montagne, que estuvo a cargo de los planos de habilitación urbana; y Augusto Ortiz de Zevallos, quien se encargó de todos los detalles y del desarrollo de los espacios públicos. Este proyecto se ubica en el distrito de Ventanilla (Callao), hacia el lado derecho de la ave-nida Néstor Gambeta (carretera Ventanilla) aproximadamente a 20 kilómetros del centro del Callao (de la zona de servicios metropolitanos), a 20 kilómetros de la zona industrial comprendida por las avenidas Argentina y Colonial, y a 30 kilómetros del centro metropo-litano de Lima. Actualmente, el proyecto ocupa un área que formaba parte de los terrenos seleccionados en la década de 1960 para la denominada Ciudad Satélite de Ventanilla. En 1976, el Ministerio de Vivienda y Construcción formula el proyecto de habilitación urbana denominado “Proyecto Ventanilla B”, en un terreno de sesenta hectáreas de extensión. El proyecto fue considerado de segunda y tercera prioridad dentro de los criterios de reubi-cación de excedentes de pueblos jóvenes de Lima Metropolitana.En 1984, se inicia la ejecución del proyecto Ciudad del Deporte como parte del Plan Na-cional de Vivienda 1983-1985, cuya ubicación se inscribe en los denominados “bolsones eriazos” que rodeaban Lima. En ese momento, ya estaban instaladas la Ciudad Satélite de Ventanilla y la urbanización La Marina, pero no significó la conformación de una trama urbana continua debido a las limitaciones físicas del entorno. Entre el inicio de la ejecución del proyecto en 1984 y el año 1990, cuando se finaliza, no se producen cambios concer-nientes al entorno inmediato del proyecto. En la etapa de habilitación, se construye las primeras 113 viviendas y en una segunda etapa final, las 230 viviendas restantes sobre un área de 81,84 ha. Ciudad del Deporte continúa aislada de su entorno, al igual que su actividad económica. Los únicos centros laborales importantes que absorben mano de obra son la refinería de La Pampilla y el parque industrial, no así las extensas áreas destinadas a las actividades agropecuarias.El espacio urbano al interior se relaciona con la avenida Néstor Gambeta a través de un eje ordenador coincidente con la quebrada, en donde el diseño urbanístico ayuda a superar los condicionantes físicos del terreno. En los primeros años de habilitación, el proyecto no ofrece un buen servicio a la población debido a la insuficiente dotación de equipamiento comercial, pues las unidades comerciales proyectadas no se construyeron en su totalidad. El equipamiento de salud y educación tampoco logra abastecer a los primeros habitantes significando un obstáculo para su total conformación, motivando que hasta hoy no se consolide urbanísticamente. El proyecto se programó para satisfacer la demanda de los pobladores de menores ingresos, dentro del segmento de trabajadores en condición de-

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Plano n° 7. Ciudad del Deporte. Ventanilla, 1984. Plano del conjunto.Fuente: Empresa Nacional de Edificaciones ENACE (1985): Revolución habitacional en democracia. Plan de vivienda del gobierno peruano 1980-1985. Lima: ENACE.Concepto y diseño: Luis A. N. Cabello Ortega, Marcos P. Aquino Casabona.Digitalización: Carlos Edwin Callupe Arias, 2006.

Fig. n° 5. Ciudad del Deporte. Ventanilla, 1984. Vista parcial de la habilitación.Fuente: Ortiz de Zevallos, Augusto (1985): archivo personal.

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pendientes (obreros y empleados públicos y privados aportantes del FONAVI), del mismo modo que la Ciudad Satélite de Ventanilla. La conformación urbanística de Ciudad del Deporte está muy emparentada con el concepto de ciudad satélite, las diferencias en la distribución morfológica de la edilicia de base y especial se deben a la experiencia ganada en las dos décadas transcurridas entre los dos proyectos (ver plano n° 7).La organización de la trama parcelaria por medio de manzanas que forman octógonos escalonados y adecuados a la pendiente del terreno define espacios centrales a lo largo de una gran alameda. En este caso, las manzanas son de forma irregular, pero aún sujeta a las dimensiones de un lote estandarizado combinado con lotes de formas especiales entre triangulares y en “L”. El sistema vial que rodea los grandes octógonos, ayuda a reducir la pendiente del circuito vehicular y permite llegar con facilidad hasta el punto más alto del conjunto. La dificultad que genera el trazado de la vía vehicular a lo largo del conjunto hace que la misma seccione la alameda central, predominando el circuito vehicular sobre el peatonal, a diferencia del sistema perimetral de las primeras urbanizaciones populares. Esta jerarquía del sistema vehicular sobre el peatonal le da un carácter de urbanización de clase media, reforzado con la presencia de grandes zonas de estacionamiento. Las áreas de parqueo son muchas y están distribuidas a partir de las vías principales ingresando de manera axial a las manzanas octogonales.El sistema vial ocasiona el funcionamiento aislado de cada manzana, otorgando una lec-tura fraccionaria al conjunto. Como en los primeros casos, la edilicia de base se disgrega hacia los perímetros del conjunto y la edilicia especial se organiza a lo largo de éste, con la diferencia de que los usos principales se encuentran al final de la alameda y no al centro del conjunto. Ciudad del Deporte, al igual que Laderas del Chillón, se encuentra bajo la última modalidad de intervención estatal, que no ofrece núcleos básicos de vivienda y opta por solucionar el problema de la vivienda popular a través de la adjudicación de lotes de terreno individual, bajo la modalidad de lotización tizada. En este período, la política de vivienda se desarrolló bajo un discurso populista, y su objetivo principal era la atención de los problemas de habitación de los sectores más necesitados. La meta trazada fue impulsar la regionalización mediante un proceso de descentralización de la promoción y construc-ción de vivienda para las clases populares (INADUR, 1991c: 2). Asimismo el Ministerio de Vivienda y Construcción promovió y desarrolló un programa de habilitaciones urbanas progresivas de lotes con servicios y núcleos básicos pensado para familias de bajos ingre-sos. La meta del primer gobierno de Alan García a nivel nacional fue la construcción de 520 000 unidades de vivienda, de las cuales, 510 000 serían lotes con servicios y núcleos básicos. Esta exorbitante cifra nunca se llegaría a cubrir dando preferencia a su ejecución sólo en la capital. En la práctica, se desplaza el centro de interés en materia territorial y a diferencia de anteriores gestiones sólo se plantea cinco proyectos en Lima. El Estado continúa fomentando la autoconstrucción con sistemas convencionales y tradicionales, otorgando créditos supervisados por intermedio de la Empresa Nacional de Edificaciones (ENACE), organismo que en la práctica sólo licitaba y administraba los fondos del Estado.El Banco de Materiales fue el organismo encargado de otorgar créditos y asistencia técnica para la construcción de las viviendas populares. Otras instituciones que promovieron y dieron créditos para la construcción de viviendas económicas básicas fueron el Banco de la Vivienda del Perú, el Banco Central de Reserva, el Banco Central Hipotecario y las Mutuales (INADUR. 1991c: 5). Al final de este largo período, el Estado construye cada vez menos hasta llegar al gobierno neoliberal de Alberto Fujimori, que deja de construir totalmente y sólo se aboca a dictaminar políticas y lineamientos de intervención para el sector privado.

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4. Conclusiones

El análisis histórico-urbanístico, en función a una periodificación sistemática de las urba-nizaciones populares (UP) desde 1955 a la actualidad, pone en validez la existencia de una tradición histórica no registrada de esta modalidad urbanística. Las diferentes formas de intervención bajo esta modalidad buscaron durante 35 años solucionar el problema de la vivienda para sectores de bajos recursos económicos. El Estado crea sus propias “políticas de vivienda” a través de las cuales interviene de manera directa siempre con poco éxito, debido, en la mayoría de casos, al afán populista que caracterizó a los gobiernos militares de turno. En ese contexto, existieron esfuerzos aislados para plantear soluciones que intenta-ron involucrar directamente al sector privado como promotor de los proyectos de vivienda popular. Reconociendo sus propias limitaciones legales, para el caso de la disponibilidad de espacios y normativas en las cuestiones específicas, el Estado recurre a intervenciones de carácter privado mediante la construcción de proyectos especiales o proyectos experimen-tales. La intervención estatal fue cada vez más reducida desde 1945 y la construcción física de unidades de vivienda disminuyó hasta tal punto que la década de 1980 se caracteriza por la adjudicación de lotes de terrenos sin construcción de vivienda.Hacia 1990, el Estado deja de implementar con servicios básicos a las urbanizaciones po-pulares y las municipalidades se ven obligadas a intervenir cofinanciando la infraestructura de servicios con la misma población. Finalmente, en la década de 1990, bajo la política neoliberal de Fujimori, el Estado deja de intervenir en la construcción y habilitación de urbanizaciones populares y sólo se dedica a implementar normativas y delinear políticas de vivienda, dejando al sector privado la construcción de las mismas. Deja el interés por la construcción de viviendas para sectores populares y fija su objetivo en las clases medias y medias altas de la sociedad. Los 35 años en que el Estado asume el protagonismo en la solución al problema de la vivienda económica dirigida a las clases sociales más necesitadas se caracterizan por la constante reformulación de las políticas de vivienda dirigidas hacia este sector. El objetivo principal de todas ellas fue la descentralización de los programas de vivienda para los sectores populares. En la práctica, los programas emprendidos no llegaron a acoger a quienes realmente estaban dirigidos, y uno de los aspectos por el cual no llegaron al público objetivo fueron los requisitos de ingreso fijo mínimo impuesto en las modalidades de financiamiento.Al tratarse de una población pobre y sin empleo fijo, no estaba considerada como sujeto de crédito por las entidades bancarias; pero eso, no significaba la falta de ingresos económicos familiares. El Estado no llega a solucionar el problema de financiamiento, puesto que la población beneficiaria de los proyectos no logra demostrar los ingresos fijos mensuales ne-cesarios que sirven de aval para los créditos bancarios. Por este motivo, la construcción de viviendas económicas para los sectores populares se fue dejando de lado a medida que las alternativas de autoconstrucción ganaban terreno como una solución práctica, participativa y compartida entre el Estado y los pobladores.El entusiasmo inicial de otorgar una vivienda digna se familiarizó con el concepto de “vivienda ideal” para las clases populares, que distrae la atención del Estado sobre el problema real de la vivienda. No se trata de otorgar un módulo de vivienda ideal; debido a la explosión demográfica, se requería de una tipología que respondiera al crecimiento progresivo y al cambio en su estructura para adaptarla a usos comerciales. El cambio de uso residencial a vivienda con comercio responde a la falta de equipamiento a escala de barrio en los proyectos. Existen varios aspectos que identifican a las urbanización popular como una modalidad de intervención estatal de características propias: el sistema vial, la distribución de la masa edilicia, la edilicia de base y la edilicia especial. El sistema vial

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es perimétrico o atraviesa el conjunto y define las áreas de parqueo adjunto a las plazas principales. En las UP iniciales, las bolsas de estacionamiento se distribuyen en forma ramificada o en el borde del proyecto para no interferir con las actividades recreativas que se desarrollan al interior del conjunto, privilegiando el flujo peatonal sobre el vehicular. Hacia el periodo final, se elimina el estacionamiento y el sistema vial pasa de ser perimé-trico a ramificado y resulta más importante que el circuito peatonal; de esta manera, se invierte la jerarquía espacial. La masa edilicia se ordena dependiendo de las dificultades del terreno y de la manera más pragmática y funcional. Las áreas regulares se ocupan con la edilicia de base y las intersticiales o de forma irregular, producto del acomodo racional, con la edilicia especial. Se busca siempre, en medida que la topografía lo permita, tener un solo lote rectangular que organice la manzana y todo el conjunto, pues bajo esta lógica, se obtiene una mayor cantidad de lotes y una mayor población servida, producto del acomodo eficiente en términos inmobiliarios. La edilicia de base se distribuye en manzanas de forma regular, producto del ordenamiento pragmático de la lotización estandarizada, que busca una mayor eficiencia en el uso del suelo. Se privilegia el valor del suelo sobre el resultado físico de la intervención y se promueve el crecimiento extensivo de la ciudad a través de los programas de vivienda progresiva. La edilicia de base deja de construirse físicamente en la década de 1980 para habilitar lotes de terreno sin construcción de vivienda. La edilicia especial se distribuye a lo largo de todo el proyecto, concentrando los usos principales del conjunto: el local comunal, colegio, y jardín de infancia. Este equipamiento se emplaza en el centro del conjunto y dispersa los demás a lo largo del mismo. La edilicia especial se inserta dentro de las plazas o parques, ocupa el espacio público y disminuye el área verde de la habilitación.Según el concepto urbanístico, se puede ensayar una categorización de las urbanizaciones populares que no responden a un orden cronológico necesariamente. Existen seis moda-lidades de intervención desarrolladas por el Estado: la urbanización popular experimen-tal, la urbanización popular de interés social (UPIS), la urbanización popular satélite, la urbanización popular industrial, la urbanización popular fragmentaria y la urbanización popular como ciudad nueva.La urbanización popular experimental está representada por los proyectos PREVI PP1 y PP3; carentes de una propuesta urbanística, es el resultado de una aglomeración de pro-totipos arquitectónicos de vivienda mínima. El desarrollo del modelo de vivienda obedece a una industrialización de los materiales de construcción que permiten un ahorro signifi-cativo en el costo de producción. En este tipo de urbanización popular, el desarrollo de los módulos de vivienda va en desmedro de la conceptualización urbanística del barrio, que es prácticamente inexistente. El extremo interés por lograr un modelo ideal de vivienda mínima de crecimiento progresivo distrae la atención sobre la reflexión de la vida urbana en el conjunto; por tanto, existe construcción de vivienda sin constitución de ciudad.La urbanización popular de interés social (UPIS) es una habilitación que incluye todas las modalidades de construcción de vivienda: vivienda mínima, núcleos básicos de vivien-da, lotes con servicios y lotización tizada. El desarrollo de una tipología de vivienda de crecimiento progresivo se resuelve en su totalidad, pero la idea de constitución de barrio está contemplada desde su normatividad. Esta modalidad es desarrollada a partir de una reflexión en su base normativa y legal. Algunos proyectos que caracterizan este modelo son las denominadas UPIS (Perú, San Martín de Porres, Pamplona, Año Nuevo, Collique Condevilla Señor, El Rosario, Valdivieso, El Ermitaño, Tahuantinsuyo y El Planeta).La urbanización popular satélite se basa en el modelo ciudad satélite, que busca descentra-lizar las grandes aglomeraciones urbanas. Esta modalidad contempla, en teoría, el equipa-miento colectivo necesario que lo hace independiente del centro urbano. En la práctica, no

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se llega a construir este equipamiento por lo que resultan ciudades-dormitorio y producen una pérdida en la eficiencia del transporte debido a su lejanía de los centros laborales. Plantea el módulo básico como único tipo de construcción de vivienda y la habilitación por medio de lotización tizada. Éste el caso de la Ciudad Satélite de Ventanilla, que utiliza el módulo básico como principal modelo de desarrollo de vivienda de crecimiento progresivo, y Ciudad del Deporte, que sólo emplea habilitación de lotes individuales de vivienda sin construcción de la misma.La urbanización popular industrial es un modelo que busca el descongestionamiento de las áreas centrales y propone la construcción de una ciudad que basa su economía en la produc-ción industrial. En este caso, predomina la habilitación por medio de lotización tizada con autoconstrucción de vivienda y se sectoriza las áreas industriales para garantizar la cercanía de los centros laborales. De esta forma, se convierte en una ciudad independiente del área central. Los casos más representativos son Villa El Salvador y Ciudad Pachacútec I y II.La urbanización popular fragmentaria se trata de una urbanización dentro de otra y plan-tea la habilitación por medio de vivienda mínima y núcleos básicos de vivienda. Sigue el concepto urbanístico planteado en la urbanización original, sin representar aportes en el desarrollo del barrio. Se trata de una expansión urbana con mínima construcción de vivienda y sin constitución de ciudad. Los casos característicos de este modelo son Los Amautas y el agrupamiento Pachacamac.La urbanización popular, como ciudad nueva, responde a conceptos desarrollados a partir de una visión de barrio que rescata la vivencia del espacio público sobre los circuitos vehi-culares. Se trata de una ciudad autosuficiente en términos de equipamiento, se autoabas-tece y tiene un hábitat balanceado. La vida al interior es independiente en todo aspecto, se trata de conjuntos que prevén su propia industria, comercio, vivienda, colegios y áreas verdes (Bentín, 1967). En este caso, no se emplea módulos de vivienda mínima ni núcleos básicos, se explora con gran intensidad la vida de barrio al interior de las manzanas por lo que existe una constitución de ciudad sin construcción física de la vivienda. Los casos más representativos de esta modalidad son Laderas del Chillón y El Naranjal.Los cambios más significativos que sufren las UP se encuentran en las dimensiones del lote y el módulo de vivienda empleado. Las UP están signadas por una reducción en la cantidad de metros cuadrados de construcción en el módulo de vivienda a medida que pasan los años y se incrementa el déficit de vivienda en Lima Metropolitana. La historia de las UP en Lima resulta dramática al constatar que mientras mejor desarrollada y valiosa la pro-puesta urbanística, la propuesta arquitectónica, en relación inversa, decae hasta el punto de dejar de existir. El último periodo de vida de las UP tiene modalidades urbanísticas con una visión de vida en comunidad muy desarrolladas, pero sin construcción de viviendas, mientras que lo más rescatable de la producción arquitectónica se encuentra en la etapa primera de experimentación, pero sin construcción de barrio.

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